jueves, 28 de septiembre de 2023

¿Más recortes y más deuda?



El Diario, 28 de septiembre de 2023

Luis Javier Valero Flores 

A pesar de todas las declaraciones presidenciales triunfalistas sobre el estado de la economía y lo promisorio del futuro cercano, lo cierto es que el entorno económico poco a poco empieza a convertirse en muy negros nubarrones.

Y ese será un tema en el que, como en prácticamente todos los asuntos públicos nos enfrentaremos a dos visiones, absolutamente encontradas, entre los que todo lo ven mal y los que todo lo aprecian muy mal.

Tema central -en el ámbito local- lo ocupa el monto de las transferencias federales al estado de Chihuahua y sus municipios -en el presente año- y lo que se le asignará en el próximo año en el presupuesto de egresos federal.

Mientras la oposición insiste, una y otra vez, en que se envían menos recursos al estado de Chihuahua, los dirigentes, funcionarios públicos y legisladores de Morena refutan a cada una de las expresiones opositoras y enfatizan que, al contrario, el gobierno de la 4T envía más recursos, año tras año.

En ese sentido, el diputado local de Morena, Benjamín Carrera, afirmó que, contra lo sostenido por los partidos de la oposición, «el estado de Chihuahua en 2024 recibirá más de 3 mil 500 millones de pesos en el presupuesto federal, en comparación al presupuesto del 2023». (Comunicado del Grupo Parlamentario de Morena, 25/9/23).

Si tomáramos como ciertas sus cifras, significaría que en 2023, el estado de Chihuahua recibirá un total de 67 mil 923 millones de pesos y que, de acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador, recibirá en 2024, 71 mil 452 mdp, es decir 3 mil 528 millones de pesos más, que significa un incremento del 5.11% que es, en realidad, un decremento pues esta cifra no toma en cuenta la pérdida por la inflación que, hasta el mes de mayo de este año, el Banco de México la ubicaba en 6%.

Deberá anotarse que el presupuesto federal tendrá un incremento del 4.3% real*, descontada la inflación, y si esa regla la aplicara en nuestro estado, las asignaciones totales, en 2024, deberían ser de alrededor de 6 mil 791 millones de pesos.

Pero ya estamos hablando del año próximo y aún está pendiente el resto del presente, en el que conforme pasan las semanas la federación aprieta más el cinturón ya que, de acuerdo con el Secretario de Hacienda, José Granillo, el estado de Chihuahua dejó de «recibir 189 millones de pesos en septiembre». (Nota de Miguel Ángel Silva, El Diario de Chihuahua, 27/9/23).

Tal recorte se suma al sufrido en los primeros 6 meses del año en los que se dejaron de recibir alrededor «de mil 500 millones de pesos que fueron recuperados con la activación del Fondo Estabilizador de los Ingresos a las Entidades Federativas (FEIEF)». (Ibídem).

Este escenario -de los recortes a los estados y la contratación de deuda por el gobierno federal, vía la bursatilización del FEIEF- ya se preveía en el primer trimestre del año pues, según el coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Manuel Guadarrama, luego de que «en abril las participaciones federales presentaron su peor resultado en casi tres años (baja de 14.6%)», afirmó que los siguientes meses serán complicados para los estados por  el estado de las finanzas federales y a que «… más del 82% de los recursos de las entidades provienen de las transferencias federales». (Nota de Camila Ayala, El Economista, 5/6/23).

Para compensar tal caída, Guadarrama anticipaba en esas fechas que el gobierno federal se vería obligado a recurrir nuevamente a la bursatilización del FEIEF, como en el 2020, para cubrir las participaciones estatales, debido a la disminución de los ingresos federales causada por «las presiones inflacionarias, la baja recaudación participable en IVA e ISR y el incremento del costo financiero». (Ibídem).

En otros términos, el gobierno federal recurrió al endeudamiento, en este caso interno, que se sumó al conjunto de indicadores que muestran la fragilidad de las finanzas públicas y que hace temer, para el resto del año, la aplicación de nuevos recortes a los estados.

Tal operación financiera del gobierno federal sería semejante a la realizada por varias entidades federativas, sobre todo las que acarrean endeudamientos mayores, de recurrir a los préstamos de corto plazo para solventar los compromisos del fin de año.

La afectación, debida a los recortes, es general; los aplicados en la primera mitad implicaron que el municipio de Chihuahua dejara de percibir 65 millones de pesos y Ciudad Juárez 93 mdp.

En esa fecha, Granillo cifró sus esperanzas en que la federación contratara un crédito que se destinara al FEIEF, «para cubrir el recurso que han dejado de recibir todas las entidades del país» y así Chihuahua pudiese recuperar, por lo menos, el 75% de las participaciones no entregadas hasta aquel mes. (Ibídem).

Sin embargo, Granillo descartó que hubiese alguna intencionalidad política en esos recortes, ya que, dijo, la distribución de los recursos federales se realiza mediante una fórmula.

Por esas mismas fechas, de acuerdo con un reporte periodístico, se informaba que Coahuila se convirtió en el «segundo estado más afectado por recortes federales», solo superado por la «Ciudad de México» como los que mostraron «las mayores variaciones negativas». (Nota de la redacción, Vanguardia, 21/5/23).

Es decir, a propios y extraños, lo que denota la seriedad de la situación.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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lunes, 25 de septiembre de 2023

Ahora, la disputa por las cifras presupuestarias



Aserto.mx, 25 de septiembre de 2023

Luis Javier Valero Flores 

En el afán de publicitar todo, absolutamente todo, en favor de su causa partidaria, los protagonistas de los dos bloques principales político-partidarios que se enfrentarán en las urnas el próximo año, llegan al extremo de, o mentir, o no decir completa la verdad.

Ahora el tema lo ocupa el de las transferencias que el gobierno federal hace al gobierno, municipios y oficinas federales ubicadas en el estado.

Mientras la oposición insiste, una y otra vez, en que se envían menos recursos al estado de Chihuahua, los dirigentes, funcionarios públicos y legisladores de Morena refutan a cada una de las expresiones opositoras y enfatizan que, al contrario, el gobierno de la 4T envía más recursos, año tras año.

Bajo la frase de «No te dejes engañar por el PRIAN», el diputado local de Morena, Benjamín Carrera, afirmó que, contra lo sostenido por los partidos de la oposición, «el estado de Chihuahua en 2024 recibirá más de 3 mil 500 millones de pesos en el presupuesto federal, en comparación al presupuesto del 2023». (Comunicado del Grupo Parlamentario de Morena, 25/9/23).

Los detalló: «… en participaciones llegaron 37 mil 497 millones de pesos, y para 2024 serán 39 mil 824 millones; en aportaciones en 2023 fueron 26 mil 749 millones, y en 2024 serán 27 mil 770 millones, y en convenios, mientras que en 2023 se presupuestaron 3 mil 677 millones, para 2024 serán 3 mil 858 millones de pesos». (Ibídem).

«Estos aumentos suman un total de 3 mil millones 528.82 millones de pesos más para Chihuahua».

Carrera no dice toda la verdad pues no aporta un factor que es central para evaluar adecuadamente estas cifras, el de la inflación.

Si tomáramos como ciertas sus cifras, significaría que en 2023, el estado de Chihuahua recibirá un total de 67 mil 923 millones de pesos y que, de acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador, recibirá en 2024, 71 mil 452 mdp, es decir 3 mil 528 millones de pesos más, que significa un incremento del 5.11% que es, en realidad, un decremento pues esta cifra no toma en cuenta la pérdida por la inflación que, hasta el mes de mayo de este año, el Banco de México la ubicaba en 6%, después de haber estado en 7.46% en el primer trimestre del presente año. (Según reporte del BdM, https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/resumenes-visuales/informe-trimestral-html/informe-trimestral-ene-mar-.html).

Si esto es así, que si al total recibido en 2023 le sumáramos ese porcentaje de inflación del presente año, entonces el estado de Chihuahua debería recibir en 2024, por el total de las transferencias federales, un total de 4 mil 075 millones de pesos y no los 3 mil 528. 

Con este presupuesto, los chihuahuenses recibirán 547 millones de pesos menos que en el presente año.

Peor aún, deberá anotarse que el presupuesto federal tendrá un incremento del 4.3% real*, esto es, ya se descontada la inflación, cosa que no hizo en lo que asignará a Chihuahua pues si esa regla la aplicara en nuestro estado, llevaría a que las asignaciones totales, durante el próximo año, deberían crecer a una suma de alrededor de 6 mil 791 millones de pesos.

Los 4 mil 075 millones de pesos (que se le otorgaran, en lugar de la cantidad mencionada por Carrera), apenas empatarían lo perdido por la inflación pero si se le agregara el crecimiento (real) del presupuesto federal, nos llevaría a que Chihuahua debería recibir 2 mil 716 más por ese concepto, lo que debería hacer un gran total, para el estado, en 2024, de un crecimiento real (descontada la inflación) de 6 mil 791 millones de pesos.



Es decir, casi el doble de lo que el diputado Carrera anunció y elogió al gobierno federal.

*Egresos de la Federación (PPEF) 2023 estima un gasto neto de: $8,299,647.8. millones de pesos. Este monto implica un incremento de 11.6% respecto del aprobado para 2022 y representa 26.4% del PIB. (https://ciep.mx/presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-2023reasignaciones-de-recursos-aprobados/).

Vaya que hay diferencias, se presentarán aún más en los meses restantes.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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domingo, 24 de septiembre de 2023

Libros de texto gratuitos: Callejón sin salida para Maru



 «En tremenda encrucijada se encuentra la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, al arribar a la 4ª semana en que su gobierno mantiene secuestrados los libros de texto gratuitos destinados a la educación básica de Chihuahua. Encrucijada porque sea cual sea el resultado, el escenario no pinta para nada bien ni para su imagen… »: Maestro Jesús Adolfo Trujillo Holguín

El Diario, 24 de septiembre de 2023

Luis Javier Valero Flores 

Casi 30 años atrás, en medio de la peor parte de la crisis de la cartera vencida a fines del siglo pasado, integrantes de El Barzón-Chihuahua anunciaron la celebración de una pelea de karate frente a Palacio de Gobierno, como una medida de presión para impedir la aprobación de una ley mediante la cual los bancos se apropiarían, casi automáticamente, de las propiedades embargadas de los deudores.

Sorpresivamente, en lugar de instalar el ring «hechizo» frente a Palacio, se introdujeron y en el patio central escenificaron la pelea entre la «Mujer Barzonista» y el verdugo «Fast Track».

Se prendieron las luces de alerta en los pasillos del poder y el líder del grupo mayoritario en el Congreso del Estado (el PRI), Etzel Maldonado les dijo a los manifestantes que los diputados dxi su partido no aprobarían la ley, para que «no vayan a poner en ridículo al presidente (Ernesto Zedillo)».



Unos días después, al llegar Zedillo a Chihuahua, saludó efusivamente al gobernador Francisco Barrio (PAN) -¡Quihubo, Pancho!, y enseguida se dirigió a Maldonado -¡¿Cuándo van a aprobar la (ley) Fast Track?!!-.

Situación semejante vive el gobierno de Maru Campos.

El viernes, un grupo de niños de primaria, encabezados por su maestro, Jesús Adolfo Trujillo Holguín, corearon «Queremos libros» en el patio central de Palacio, en lo que era, hasta esos momentos, una manifestación más de las acaecidas en las últimas semanas en las que maestros, académicos, padres de familia y estudiantes -y muy protagónicamente los legisladores y dirigentes de Morena- le han exigido al gobierno de Chihuahua la inmediata distribución de los libros de texto gratuitos (LTG).

La reacción de la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez Fierro, se sumó a la retahíla de errores cometidos por la administración estatal en este asunto pues emitió un comunicado en el que todo se circunscribió al anuncio de que sería «investigado» el maestro Trujillo, para ubicar las posibles sanciones que se le aplicarían por efectuar acciones fuera de su plantel y hasta para saber «además se indagará si se contaba con la autorización de los padres de familia de los estudiantes».

La reacción gubernamental fue catalogada por los maestros impulsores de la entrega de los LTG como «una acción de hostigamiento, intimidación y revanchismo en un contra del maestro» Trujillo Holguín, quien es reconocido como un destacado mentor.

La manifestación de los escolares se dio justamente cuando un nuevo escándalo se cernía sobre el grupo gobernante, el de la impresión de los cuadernillos ordenada por la secretaría de educación estatal, para sustituir provisionalmente los LTG.

Se imprimieron en una empresa privada, sin licitación de por medio y con el rumor -creciente, y según las fuentes consultadas, certero- de que la imprenta beneficiada es propiedad del secretario de Turismo, Edibray Gómez (quien, buscado por la prensa se negó a declarar cosa alguna) y con un costo, de acuerdo con la versión del diputado Benjamín Carrera, de Morena, de 37 millones de pesos, «no presupuestados».

Aún si fuera cierta esta especie, sólo le añadiría otros «negritos» al tema pues funcionarios de gobierno del estado, en primera instancia negaron la información, que luego fue confirmada por la mismísima secretaria de educación, quien adujo que no fue licitada debido a «la premura”.



«La secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, informó que no se llevó a cabo un proceso de licitación para escoger la empresa que estaría a cargo de la impresión de los cuadernillos de diagnóstico, así como del material didáctico para las escuelas. La funcionaria estatal manifestó que tampoco se tiene un monto de cuánto costó la impresión de los folletos… ». (Nota de El Pueblo, 20/9/23).

Peor aún, ante la propuesta morenista, en el Congreso del Estado, de que la secretaria Gutiérrez informara al Poder Legislativo, tanto del proceso, como del presupuesto aplicado a la elaboración de los cuadernillos, las fracciones del PAN y el PRI se opusieron, además de negarse a que tal propuesta fuera discutida.

¿Cómo, se niegan en el ámbito local a lo que exigen en el federal?

No, po’s así no.

La excepción a la licitación pudiera contenerse en el siguiente articulado de la Ley de Adquisiciones, pero incluso apelando a tal, no hay cabida a la irregularidad detectada:

«Art. 73

… XV. Que con motivo de caso fortuito, fuerza mayor o siniestro se vean afectadas las operaciones normales del ente público y no sea posible obtener mediante el procedimiento de licitación pública bienes o servicios en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate…

… Las contrataciones a que se refiere este artículo se realizarán preferentemente a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores..».

Lo mismo asienta el siguiente artículo y añade las precisiones en los montos:

«Artículo 74. Los entes públicos, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando el importe de la operación no exceda los siguientes montos:

  1. En adjudicaciones directas, el monto no podrá exceder la cantidad de treinta y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por partida presupuestal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (1 millón 363 mil 143 pesos).
  2. En invitaciones a cuando menos tres proveedores, el monto no podrá exceder la cantidad de cincuenta y cuatro veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por partida presupuestal sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (2 millones 44 mil 710 pesos)».

Pero, además los procesos de adjudicación directa (como dicen que fue el caso) deben cursar un procedimiento especial, que incluye la incorporación en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado, bajo la tutela de la Secretaría de la Función Pública -Art. 76-, procesos que, todos, deben ser, necesariamente, públicos en este caso pues no afectaba ningún aspecto de la seguridad pública o cosa parecida.

Es uno más de la cadena de errores pues, con meses de anticipación, seguramente la gobernadora no, o por lo menos no lo tenía en el radar, pero su secretaria de educación estaba -está- obligada a prever lo que podría ocurrir, ante la llegada de los nuevos LTG y los recursos jurídicos que presentarían, con las previsibles secuelas, ante las cuales el gobierno estatal debería tomar medidas, en previsión de cualquiera de los escenarios, tanto en el caso de que fuera admitido su recurso, como en el caso de ser rechazado.

Y esas medidas debieron tomarse muchos meses atrás, pues el recurso, ahora nos dice la secretaria Gutiérrez, que se interpuso, tanto a los LTG, como a los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Tal cúmulo de errores han llevado -coincidente con lo planteado por el maestro Trujillo- al gobierno de Maru Campos a una encrucijada, en la cual si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a favor de que se entreguen los libros de texto gratuitos, «habrá triunfado la justicia y se hará evidente una posición ególatra que se aprovechó de un tema de coyuntural para sacar ventaja política» (Del muro de Facebook de Adolfo Trujillo).

En caso contrario, como lo afirman los impulsores de la entrega de los LTG, si la Corte resolviera en contra de la entrega de los libros de texto gratuitos, dicen, se llevaría a los niños a «un retroceso educativo que, sumado a las consecuencias de la pandemia, nos colocarán en una posición de rezago educativo acentuado en las zonas y sectores de mayor vulnerabilidad, donde no será posible compensar con otros materiales educativos, ni con los cuadernillos elaborados por gobierno del estado. Qué decir del malestar social que esto desencadenará…». (Ibídem).

No se puede dejar de lado, en este tema, que, contra todo lo expresado por la clase política local, siempre debió mantenerse en la órbita de lo estrictamente educativo, que Trujillo, tal y como lo sostienen muchos maestros «de banquillo», es que los cuadernillos del gobierno estatal tienen «una secuencia didáctica, no se sabe en cuál Plan de Estudios se basaron, desaparecen las matemáticas, la geografía, la historia, las ciencias naturales…». (Ibídem).

Y asientan que « si bien, los nuevos libros de texto gratuito cuentan con una serie de errores que han sido detectados, es mejor trabajar con ese material, que no tener nada para el desarrollo de las clases», y que en ambos casos, asienta, será el  «profesionalismo de maestras y maestros lo que les dará la riqueza para su trabajo con el alumnado». (Ibídem).

Esta eventualidad -y necesidad- no fue contemplada por los responsables de la educación en Chihuahua.

Lo que ahora vemos -y sufrimos- son las consecuencias de la absoluta falta de previsión gubernamental, a lo que se suma un más que preocupante cariz del asunto: El de la opacidad en la impresión de los cuadernillos, que denota la posible comisión de una grave irregularidad en la adjudicación de su impresión, con consecuencias de carácter penal para varios de los funcionarios involucrados en el proceso.

Y no basta, ni justifica alegar que en el gobierno federal se hace lo mismo -o muy parecido pues, más del 82% de las compras y adquisiciones en el ámbito federal, se efectúan por la vía de la adjudicación directa, igualito que aquí en los cuadernillos- ya que, a la vista de los hechos, se presume la violación de varios ordenamientos de la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

¡Vaya encrucijada!

Le puede costar bastante en la materia (y única) que tanto preocupa a la clase política, la electoral; en las dos vertientes  mayoritarias que se presenta al día de hoy.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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jueves, 21 de septiembre de 2023

Migrantes, olvidados por todos



El Diario, 21 de septiembre de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

Inmersa la clase política en la contienda electoral del año entrante, bajo la creencia de que la sociedad mexicana -y más allá de ella- también está inmersa en tal asunto, para el que faltan largos 9 meses, dejan de lado la mayor parte de los asuntos en los que diariamente lidian los mexicanos y, en este caso, los chihuahuenses, pero no sólo, sino también a los miles de migrantes multinacionales que han abarrotado calles, vías, carreteras, trenes, aviones, autobuses, etc., en el afán de llegar a los Estados Unidos.

Ante tal problema, el gobierno de México -única instancia con las facultades y las capacidades, de todo tipo para afrontarlo- se desentiende del mismo y en lugar de promover activamente un acuerdo, si no latinoamericano, por lo menos centroamericano (que incluyera a Colombia y Venezuela, por lo menos) y los Estados Unidos, con el fin de abordar de mejor manera lo que ahora ya está convertida en una catástrofe humanitaria.

Vamos, ni siquiera en las negociaciones con el presidente Biden, el mexicano ha puesto en la mesa de las discusiones el tema de la situación de los migrantes mexicanos, el de los deportados y las condiciones en las que son detenidos durante largos meses.

Eso era hasta ahora porque, inusitadamente, ante la ocupación total de todos los albergues norteamericanos, en las ciudades fronterizas, las autoridades federales, en primer lugar la patrulla fronteriza, han resuelto liberar, por miles, a los migrantes detenidos en la frontera, porque, literalmente, ya no hay capacidad para hospedarlos.

«Los cruces irregulares a lo largo de la frontera sur han alcanzado niveles que no se habían visto en varios meses, agotando los recursos del Gobierno y llevando al límite a algunas comunidades locales donde un gran número de migrantes han sido liberados de la custodia federal». (Nota de The New York Times, 20 septiembre 2023).

«Cuando los refugios no pueden albergar a los migrantes, las autoridades comienzan a liberarlos en las comunidades. “La Patrulla Fronteriza básicamente está liberando a las personas mientras las procesan para descomprimir sus instalaciones. Esto está provocando liberaciones callejeras en todas partes”, dijo Diego Piña López, director de la red de refugios Casa Alitas en Tucson, Arizona». (Ibídem).

Claro, tal noticia ha llevado a que, incluso en la selva del Darién, en la frontera colombiana-panameña, se concentren decenas de miles de migrantes, los que, indefectiblemente, transitarán por territorio mexicano, fenómeno que nadie previó y, peor aún, el gobierno mexicano no afronta, ni con la prontitud, ni la atingencia necesarias y sólo atina a declarar cualquier cosa, pensando que todo lo que sucede en el mundo real tiene como objetivo desprestigiar a su gobierno.

De la catástrofe humanitaria no se escapa nuestro país pues resulta que «… Según los datos de la patrulla fronteriza, los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso representando entre el 30 y el 40% de esas detenciones». (Artículo de Jorge Santibáñez, «¿Y quién ve por los migrantes mexicanos?», Los Angeles Times, 4/5/23).

Si no ve por los propios, menos por los ajenos. 

De ahí las incongruentes declaraciones del presidente «de todos los mexicanos» en las que, ante una comunidad que observa, asombrada, como miles colman los trenes se atreve a declarar, ante el anuncio de Ferromex de parar a 60 trenes, que «lo que nos importa no son los trenes, nos importan los migrantes». (Nota de Claudia Guerrero y Antonio Baranda, Reforma, 20/9/23).

Y para que nos convenzamos de su preocupación, afirma que «Estamos trabajando con el tema migratorio constantemente, estamos trabajando en eso». (Ibídem).

Pero el tema migratorio es sólo una parte del problema pues las autoridades norteamericanas, al tomar medidas unilaterales -ante las cuales se extraña que no haya una postura del gobierno mexicano- que, sumadas al caos provocado por el número de migrantes y a la huelga de la industria automotriz en EU, han puesto en vilo la actividad económica de las ciudades fronterizas, en particular a Juárez, cuyas consecuencias las ilustran las imágenes de las largas filas de trailers detenidos en los pasos fronterizos, además de los contratiempos -acompañados de numerosas pérdidas- de diversas ramas de la economía, particularmente la manufacturera y la minera.

Pero las decisiones norteamericanas -de liberar a los migrantes detenidos en las fronteras- pudieran tener otra explicación: La carencia de mano de obra en EU en los sectores de la economía demandantes de la de baja escolaridad, es decir, la más barata, pues la contratan a menores costos (seguridad social, espacios escolares, menores salarios, etc.).

¡Ah, pero cómo nos ufanamos del incremento constante de las remesas de los paisanos!

Mientras, ni un solo peso a las autoridades de las ciudades y entidades fronterizas, con el cual pudieran paliar las consecuencias de tan milenaria migración.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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martes, 19 de septiembre de 2023

Quieren fuero postpresidencial para AMLO



Aserto.mx, 19 de septiembre de 2023 

Luis Javier Valero Flores 

No, no es de no creerse, quien sustituyó en la Cámara de Senadores a Ricardo Monreal, ex aspirante a la candidatura presidencial por Morena y hoy Coordinador Regional de Claudia Sheinbaum, Alejandro Rojas Díaz-Durán, ha propuesto que «los expresidentes de la República que concluyan su mandato puedan ser senadores por un periodo de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas, sin gozar de la dieta correspondiente, pero sí del fuero constitucional». (Nota de Luis Carlos Rodríguez/Víctor Gamboa, El Universal, 19/9/23).

Lo propuesto por este senador tiene el objetivo, dice, de «aprovechar la sabiduría» del presidente.

La iniciativa de quien es el principal operador de Monreal, y que seguramente actuará como tal en el cargo otorgado por Sheinbaum al zacatecano, no puede desligarse de la enorme sumisión de varios de los protagonistas más importantes de la 4T, en aras de obtener más y mejores espacios en la esfera del poder.

Así, la hija del zacatecano, Catalina Monreal, develó, apenas el 11 de septiembre, su pretensión de buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Cuauhtémoc, la misma que su padre ocupó en la década pasada y en la que mantiene un fuerte liderazgo.

La propuesta de Rojas Díaz Durán no tiene precedente en el parlamentarismo mexicano. 

No hay cosa que criticarle, por supuesto desde la óptica presidencial, pues le depararía a López Obrador un período postpresidencial sin sobresaltos por las previsibles denuncias que, sin duda se presentarán ya que hay suficientes evidencias de presuntas corruptelas cometidas en su mandato por varios de sus allegados, lo que motivará a sus adversarios de hoy a, por lo menos, presentar las denuncias, independientemente de quien emerja triunfador del proceso electoral del año próximo.

Se congració bien con el «máximo líder» de la 4T pues la reforma -por supuesto, de aprobarse- no aplicaría para Enrique Peña, Felipe Calderón y Vicente Fox.

La incongruencia es el signo de muchos de los liderazgos de la 4T pues pregonaron a todos los vientos que habían cambiado la legislación a fin de quitarle el fuero a los funcionarios públicos, pero se les «olvidó» incluir en ese apartado al presidente.

¡Pequeña cosa!

Son inefables.

En junio pasado, Marcelo Ebrard, al inicio de su recorrido en busca de convertirse en la «corcholata» mayor, propuso crear la «Secretaría de la Cuarta Transformación» y que, al llegar a la presidencia de la república, él nombraría a …. Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador!!!!

¡Ahí nomás!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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