La decisión del TEPJF, oprobio nacional

Aserto, 26 de septiembre de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES La resolución, y los argumentos expresados por los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para declarar válida la elección presidencial y desechar la impugnación presentada por el Movimiento Progresista, constituyen uno de los peores atentados al estado de derecho, la gobernabilidad y la estabilidad del orden institucional hasta ahora vigente. Los magistrados vieron otra elección, muy distinta a la que protagonizaron los mexicanos. No sólo eso, al desestimar las pruebas presentadas, y reprobar a los impugnadores por no presentar más pruebas, hicieron a un lado todas las facultades y atribuciones del marco electoral legal, concedidas al máximo órgano jurisdiccional en esa materia, para investigar si las denuncias presentadas tenían sustento, no sólo para darles, o no, la razón en sus alegatos, sino, cosa más importante, para garantizarle a la nación que las elecciones estaban dentro de la legalidad constitucional establecida en el país. Prácticamente todos los principales medios de comunicación y los más connotados analistas de ellos, desestimaron en sus análisis y comentarios un aspecto toral para evaluar si lo resuelto por el TEPJF caía en el ámbito de lo legal. Y es que, contrariamente al resto de los tribunales y jueces, el máximo órgano jurisdiccional en lo electoral es, como su nombre lo dice, un tribunal de plena jurisdicción, es decir, que tiene las suficientes facultades como para allegarse de todos los recursos necesarios para elaborar sus conclusiones, máxime en una discusión sobre el carácter de las elecciones presidenciales del pasado julio. Es decir, si éstas cumplieron con lo establecido en el marco constitucional, y no, como es la creencia generalizada, en entregarle el triunfo al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Eso era lo que estaba en discusión, así lo planteó la alianza que postuló a López Obrador, quien alegó que las elecciones no habían sido libres ni auténticas, en una impugnación sobre la calidad de la elección presidencial y no, como tanto insistieron muchos, desde el mismísimo presidente del IFE, Leonardo Valdés, en las violaciones numéricas de la elección. No se trataba solamente, como lo dijeron los ministros, en evaluar si el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, habría rebasado los topes de campaña, y si así hubiese sucedido, aplicarle una sanción económica al partido y al candidato… en los meses de febrero o marzo de 2013. De acuerdo con las evidencias públicas, el TEPJF tenía la obligación -y la facultad- de investigar si las presentadas por el Movimiento Progresista tenían razón o no, y para ello debería echar mano de sus facultades, que solamente el IFE y este tribunal poseen, la de pedir a los bancos, a la Comisión Nacional Bancaria, a la PGR, y a todas las instancias que así resolviera, los informes de los movimientos bancarios y económicos de los candidatos y entes físicos o morales para llegar a lo más cercano de la realidad en cuanto a lo realmente gastado por Peña Nieto. Y no era un asunto de topes de campaña, sino de la complejidad financiera con la que se hubiese allegado de recursos económicos porque entre más complejo fuera el mecanismo, más elementos tendrían para coincidir con el planteamiento de la alianza de izquierda, es decir, la falta de libertad y de autenticidad del proceso electoral, amén de la falta de equidad, además de los posibles delitos electorales cometidos en el desarrollo de la contienda. Los excesos de los magistrados, en defensa del resultado electoral, más allá de la génesis de la votación, fueron de tal grado que negaron que la mercadotecnia moderna tuviese utilidad para influir en la voluntad ciudadana. Los magistrados determinaron, para sostener esta tesis, que los electores no son “autómatas”, que no se les puede influir de manera mecánica con la propaganda, que, al contrario, el ciudadano mexicano votó “en plena libertad”. ¿Habrá alguien que coincida con tan pedestre argumentación? Peña Nieto no recibió la mayoría de los votos de los electores, al contrario, sus opositores la recaudaron; recordemos que obtuvo poco menos del 39% de la votación oficialmente aceptada, apenas 4 de cada 6 sufragantes lo hicieron por el priista, por tanto, nadie tiene que aceptar, per se, su programa político, y mucho menos si, como conciben 3 de cada 10 electores, es una propuesta contraria a los intereses de la nación mexicana. Y ahí estriba el meollo de la profunda crisis política hoy existente en México, la que se agravará en el futuro inmediato. Abarcará a todo el territorio nacional, existen numerosas evidencias que nos llevan a pensar que la “normalidad”, a la que muchos pensaron que regresaríamos una vez definida la contienda presidencial, no regresará, vamos en el sentido del agravamiento de las diferencias políticas y sociales pues los procesos electorales no están sirviendo para darles cauces. ¿Por qué sostener tal aserto? Sólo pongamos por ejemplos tres de los grandes argumentos de la izquierda, contenidos en la impugnación de la elección presidencial: El de las encuestas, el de la participación de los gobiernos estatales en apoyo de Peña Nieto y el del uso del dinero en la campaña del mexiquense. El tribunal dictaminó que las primeras no influyeron y ¡estuvieron bien hechas! Luego, que no se demostró la participación de las estructuras gubernamentales en apoyo de Peña Nieto. Sólo quien no quiso ver tal fenómeno no lo vio. El exceso de recursos económicos en esa campaña fue insultante y fue evidenciado por infinidad de medios de comunicación. En este aspecto, sólo por no dejar ¿Por qué no investigaron la movilización aérea de Peña Nieto? No sólo la izquierda presentó evidencias, también el PAN y por si fuera poco, el periódico Reforma publicó un detallado y documentado reportaje sobre las naves aéreas usadas por el mexiquense ¿Por qué no se investigó? Así, el TEPJF consideró que no hubo compra y coacción del voto; que los medios de comunicación actuaron con imparcialidad; que las encuestas no fueron manipuladas para favorecer al candidato priísta Enrique Peña Nieto y que tampoco existió una campaña encubierta de Televisa y otros medios en favor del mexiquense. Más aún, que el priísta no rebasó los topes de gastos de campaña, ni que hubo financiamiento ilícito y rechazó la existencia de injerencia en el proceso electoral de los gobiernos estatales de extracción priísta. Además, los magistrados, por unanimidad, decretaron que la alianza de la izquierda no probó que los monederos de Banco Monex o las tarjetas Soriana fueran utilizadas para comprar el voto, sin que se detuvieran a reflexionar que una parte importante de las funciones de este tribunal -y del IFE- es investigar si las denuncias presentadas por algún partido (o un ciudadano) tienen sustento, desconocieron el hecho de que los denunciantes no son los únicos que deben aportar las pruebas de la comisión de irregularidades por parte de alguno de los actores de los procesos electorales. Nada más debemos imaginarnos que aparezcan algunos indicios (como en este caso) de la existencia de financiamientos irregulares a alguno de los candidatos y que el denunciante deba presentar todas las pruebas ¿Cómo accederá a los estados de cuenta, movimientos bancarios, depositarios y beneficiarios de las cuentas bancarias del denunciado? Para eso existen las regulaciones electorales que facultan a los órganos electorales para investigar tales movimientos. Del mismo modo, si se sospecha de aportaciones a las campañas de algunos candidatos del erario ¿Cómo acceder a tales informaciones? En la lógica de los magistrados electorales, quien denuncia tiene la obligación de demostrar la comisión de tales irregularidades, y el TEPJF, al eludir sus responsabilidades y facultades, nos lleva a la conclusión que en adelante no habrá investigación alguna en este aspecto, esencial para la estabilidad democrática del país pues si eso es lo aceptado por el TEPJF, su resolución se convierte en algo así como la voz de arranque para el batidero en que se convertirán todos los procesos electorales. En el rebase de topes de campaña asumieron idéntica actitud, como si el IFE y sus estructuras fueran ajenos a la jurisdicción del TEPJF, al momento de evaluar si el priista había rebasado los topes de campaña, determinaron que esa era una investigación “en curso” y para evaluarla había que esperar, eludiendo, como en todo el curso del proceso, sus facultades. Tal argumentación era esencial en la impugnación de la elección, que consistió, no en el hecho de que se hayan contado mal los votos, sino en la calidad de la elección, que había estado pletórica de hechos que la volvieron inequitativa y que diversos aspectos de la misma habían impedido que la votación fuera “libre y auténtica”, argumentación que hubiese llevado a auténticos jurisconsultos a evaluar, como parte central de la investigación, si efectivamente se podía demostrar el uso de millonarias cantidades que hubiesen demostrado el rebase de los topes de campaña. Pero todo estaba determinado, por lo menos la postura del ministro Salvador Nava Gomar, de entrada, al iniciar la sesión, lo demostró pues sólo le faltó la matraca, al expresar que “Si ustedes tienen a bien aprobar esta sentencia y lo conducente de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, México tiene a un presidente electo por el pueblo, el ciudadano Enrique Peña Nieto”. (Nota de Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 31/VIII/12). Los ministros desestimaron, incluso, las declaraciones de Jesús Murillo Karam, representante jurídico de Enrique Peña Nieto, quien reconoció que las tarjetas de Monex se habían usado para entregarles dineros a sus representantes electorales en todo el país, pero que era parte del gasto corriente, lo que era un contrasentido pues la ley, expresamente, estipula que el gasto corriente no puede ser empleado en actividades electorales, y si se hace así, entonces deberá considerarse como parte de los gastos de campaña. No lo estudiaron, vamos, ni siquiera lo consideraron como un asunto a estudiar en el futuro, ni, como era obvio hacerlo, estudiar el monto de tales operaciones que superaban, por mucho los topes de campaña. Igual sucedió con el tema de las encuestas. Días después del fallo, Rafael Giménez, integrante de la casa encuestadora Arcop, ex director de estudios de opinión de la Presidencia de la República, denunció que en México los sondeos de opinión están lejos de ser neutrales, y que buena parte de los estudios realizados en el pasado proceso electoral tuvieron graves errores no sólo en el pronóstico final sino a lo largo de la campaña. (Nota de Georgina Salierna, La Jornada, 1/VIII/12). La descalificación de las encuestas, por parte de este especialista es contundente: Afirmó que adolecen de falta de transparencia en su patrocinio, por la persistencia de un error sistemático en favor del PRI, por la subestimación sistemática de la izquierda y del PAN, y un aspecto aún más grave, que los encuestadores que participan en los “war rooms” (cuartos de guerra) de las campañas, difunden su trabajo como sondeos de medios de comunicación. Así, el mensaje de los ministros a la nación es verdaderamente lamentable: Usa la televisión, todos los medios de comunicación que puedas, crea las empresas encuestadoras que puedas, usa todo el dinero que puedas (sólo encúbrelo suficientemente), utiliza el aparato gubernamental que tengas en tu poder y haz todo lo necesario para ganar la elección que todo eso, todo, se vale. ¡Qué grave! Y todavía se dan el lujo de sonreír a quien, en adelante, le aceptarán todo ¿Dónde el gesto serio, formal de quienes encarnan la máxima sabiduría en materia de derecho electoral y que son, formalmente, depositarios de la soberanía de los mexicanos pues fueron responsabilizados de ser el último valladar en contra de las violaciones legales? Por ello, lo más temido por los poderes fácticos ha sucedido. En su primer mensaje a los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil, pues “Las elecciones no fueron, ni limpias, ni libres, ni auténticas… no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las Leyes… el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco... (aceptar el fraude electoral), en las actuales circunstancias, solo puede significar arreglos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación. Ojalá se entienda que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y, como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la más mínima ventaja… La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo... El destino de México no tiene precio”. Al momento de cerrar la edición, se celebraba en el Zócalo de la Cd. de México el mitin convocado por AMLO para resolver su acción futura. En esta misma edición le daremos cuenta de las principales expresiones y decisiones.