El Diario, 30 de noviembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
¿De veras creen que desapareciendo a las policías municipales y el establecimiento del “mando único” bastará para afrontar la crisis de seguridad pública que padecemos?
¿Pues qué no los que ahora proponen eso se opusieron en el sexenio anterior?
Es de tal magnitud la crisis de credibilidad, detonada por la tragedia de Iguala, que obligó al actual grupo gobernante a un cambio diametral. Durante dos largos años dejaron de lado en el discurso y el manejo mediático la gravísima crisis de seguridad pública existente en el país y se conformaban -y usaban demagógicamente- la notoria disminución de los niveles homicidas de Juárez (y debemos recalcar, los niveles homicidas) para simular que la estrategia asumida por el gobierno de Peña Nieto era exitoso en esa materia.
No lo es. Y los muchachos de Ayotzinapa, dolorosamente, lo evidenciaron ante el mundo entero.
Se necesitaron casi dos años para que el Presidente Enrique Peña Nieto nos repitiera la misma receta de su antecesor, Felipe Calderón.
Sin desconocer el hecho de que una buena parte de las corporaciones policiacas están altamente penetradas por el crimen organizado ¿De veras las policías municipales son el centro de la inseguridad pública? ¿Qué el problema, el principal, no era que somos el país por el que ingresa la droga a EU?
Bastaría con hacer sencillos ejercicios de lo realizado por las corporaciones federales ¿Por qué no preguntarle a los juarenses cómo les fue cuando los policías federales fueron llevados al antiguo Paso del Norte “quesque” a combatir a los criminales en la racha homicida 2008-2011?
Como por arte de magia, en cuanto salieron de la ciudad, los índices de extorsiones y secuestros se abatieron a niveles de los de ahora.
Debemos esperar las iniciativas en concreto de lo anunciado por el presidente, pero con lo que informó no se aprecia un enfoque distinto a lo hasta hecho. Los resultados están a la vista.
Más aún, la desaparición de las policías municipales y la sustitución por policías estatales y el mando único atravesará por innumerables problemas. Uno de esos problemas es el del financiamiento de los cuerpos policíacos ¿Le quitarán a los municipios los recursos con los que ahora sustenta parcialmente el gasto en seguridad pública? ¿Es decir, los centralizará, como ahora empezará a hacer en la educación?
¿De veras creen que aumentarán las denuncias ciudadanas si cambian los teléfonos por el “911”? ¿O que el establecimiento de la clave única de identidad se convertirá en extraordinario mecanismo para atenuar la ola delictiva?
Es evidente que algunas de estas medidas no sobran, o que la aprobación de diversas leyes, algunas de ellas muy necesarias, pueden incidir en los índices delictivos, pero la propuesta de Peña Nieto es extremadamente pobre.
¿Fue la corrupción de la policía municipal de Iguala la fuente de lo que hoy lamentamos?
¿Qué no tenían en su poder, autoridades de todos los niveles, incluido el ejército mexicano (que “donó” parte de sus terrenos a José Luis Abarca, para que éste construyera la única plaza comercial de Iguala) la suficiente información como para sospechar que en esa ciudad y su región aledaña ocurría una monstruosa matazón, evidenciada, ahora, por las innumerables fosas encontradas ahí?
Ahora resulta que los policías municipales de Iguala y Cocula eran poco menos que el monstruo de Tasmania y nadie se daba cuenta, ni la policía estatal, ni la federal, ni la PGR, ni la Siedo, ni el batallón militar acantonado en Iguala y que, según el Secretario de la Defensa Nacional, la noche de los asesinatos y secuestros estaba “franca” la mayoría de sus integrantes? N’ombre, son simples coincidencias.
Y luego, el presidente que más evidencias tiene en su contra por las corruptelas, viene a proponer una serie de medidas (quizá, la mayoría, aceptables) para combatir la corrupción de los funcionarios gubernamentales y de las empresas, pero que no es capaz de abordar, ni siquiera tímidamente, el principal escándalo de su administración y no es capaz, tampoco, de referirse al informe de su procurador en el caso que ha conmocionado al país y sólo alcanza a usar, demagógicamente, la principal consigna de nuestros días: “Todos somos Ayotzinapa”. Y sin que haga referencia a la otra mitad de las consignas de todo el país, por lo menos aquel que se moviliza: “Fuera Peña”.
Es tan parecido a lo propuesto por el panista Felipe Calderón, que éste ya denunció que los gobernadores (mayormente priistas) se opusieron a una reforma semejante a la propuesta por Peña Nieto.
Al reconocer que la corrupción se ha convertido “en uno de los principales desafíos para la vigencia plena del estado de derecho”, Peña no fue capaz de referirse, en ningún momento, de la Casa Blanca. Luego de las aclaraciones de su esposa, que los enredaron aún más en una de las peores y más evidentes madejas de corrupción que haya envuelto a presidente alguno, Peña Nieto no le ha ofrecido, así sea una mediana explicación, a la sociedad mexicana.
El silencio presidencial acerca de este tema es ofensivo, más cuando se atreve a proponer diversas iniciativas para “combatir” a la corrupción. Pues sí, la ajena, pero la propia, que siga.
Lo peor vino cuando habló de aplicar “sanciones ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que caigan en corrupción” pues inevitablemente los informados pensaban en las empresas de su amigo Juan José Hinojosa, el constructor de la Casa Blanca.
Y más falso sonaba cuando habló de que “se alentarán los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovaciones, esenciales en un gobierno abierto, como México se lo ha propuesto ser”. Ajá.
Pero no fue lo único preocupante en el discurso de presentación de las medidas en materia de seguridad pública, en lo que fue una postura diametralmente a lo sostenido por esta administración federal, pues habían optado por no mencionar los elevados índices delincuenciales, por encima de los sufridos en igual período de Felipe Calderón y muy cercanos a los de los últimos dos años de ese sexenio.
Habían puesto el acento (y varios medios de comunicación, los más importantes, dejaron de llevar, por ejemplo, el ejecutómetro, a pesar de que las cifras de homicidios se mantenían en niveles que merecían mantenerlo) en materia económica, pero Ayotzinapa cambió el rumbo del país, y de la administración de Peña Nieto.
Y ya sabemos como discutirán las propuestas del presidente. César Camacho Quiroz, el líder priista, al salir apresuradamente de Palacio, anunció que su partido garantizaba “sin matices, los votos legislativos” a las iniciativas presidenciales.
Habremos de volver al tema, una vez presentadas las iniciativas de ley.
Pero dos hechos, presentados al final de la semana, concitan el optimismo.
Por una parte, el Juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora (oootra vez), resolvió en favor de la comunidad de Repechique el amparo solicitado en contra de actos de la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico, del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, del Banco Santander, como institución fiduciaria a cargo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación a la construcción del aeropuerto de Creel.
La otra, es la masiva concurrencia a la creación del Movimiento de Unidad Ciudadana, convocada, entre otros, por Jaime García Chávez y Javier Corral.
La sentencia en el caso de Repechique obliga al Estado mexicano a realizar la consulta a la comunidad referida acerca del aeropuerto, la que debe hacerse “adecuadamente, esto es, a través de sus representantes tradicionales a fin de respetar sus costumbres y traiciones; y de manera informada haciéndoles de su conocimiento los posibles riesgos, incluidos, los ambientales…”. Además, que la consulta debe constituirse en un mecanismo de participación y de diálogo con la comunidad indígena.
Y que en caso de no poderse dar marcha atrás a lo reclamado, entonces debiera hacerse una plena restitución. “De no ser esto posible, previa ponderación de intereses, cabe la posibilidad de determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y, en su caso, se restablezca el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”.
Así la obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos “alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios” por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado mexicano, “invocando disposiciones de su derecho interno, puesto que las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Y, luego, su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial”.
Va más allá, indica que “la forma de reparación deba ser consultada con la comunidad afectada, pues de ninguna manera pueden quedar sujetas a criterios meramente discrecionales del Estado”.
Además condena a que la construcción del aeropuerto continúe, “excepto en toda la superficie afectada por la malla ciclónica, incluida la pista de aterrizaje, ello porque en esta parte se encuentra el aguaje según tapado con escombro, los sitios de obstrucción de caminos reales y veredas y los lugares donde se realizarán de manera exclusiva, según las particularidades culturales, las acciones de prevención y mitigación que incidirán en la subsistencia de la comunidad indígena precisados en el plano que exhibió…”.
Triunfo para los rarámuris en toda la línea.
La creación de la Unión Ciudadana, deberá ser parte, necesariamente, de nuestras reflexiones, a ella volveremos.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx
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