Cierres de campañas

El Diario, 30 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores Si hubiese que buscar lo emblemático de la campaña electoral que culminará el próximo miércoles, sin duda alguna que lo serán los actos de cierres de campaña de los candidatos de las dos más importantes ciudades de Chihuahua, Juárez y la capital. Serán altamente reveladores del nivel político presentado a lo largo de los meses que duró la campaña y, también, reflejo de la sociedad chihuahuense, por desgracia. No solamente es el hartazgo de amplias capas de la población hacia la clase política, derivado de que los elevados niveles de competencia electoral alcanzados ahora, y de los indudables avances en esta materia –junto con la aparición de otros fenómenos igual de nocivos que los del pasado–, sino también del inocultable atraso político de la mayoría de los mexicanos. A tales causas se deberán las elevadas cifras de abstencionismo que se presentarán el próximo domingo y a que (imposible saberlo a vuelo de pájaro) en la práctica se redujeron a dos las opciones que tendrán frente a sí los electores. El miércoles culmina la campaña electoral que más crudamente mostró los niveles, los alcances, la degradación del sistema de partidos políticos en la entidad que otrora se manifestaba como el “laboratorio político” de la nación. La búsqueda por hacer “carrera política”, como única motivación para participar en la competencia electoral, con todos los beneficios particulares que genera tal pretensión, adquirió niveles de espanto con la elevada participación de familiares de dirigentes partidistas y funcionarios gubernamentales, como candidatos. Está haciendo crisis el sistema de partidos, lo que los chihuahuenses presenciamos es una profundización de la degradación de tales agrupamientos políticos. Las formas de designación de candidatos, la escasa capacidad de la mayoría, la pobreza de argumentos e ideas en los debates, las elevadas dosis de demagogia y el “nepotismo electoral” en niveles que no habíamos visto en Chihuahua no pueden ser estrictamente coincidencias. No es fenómeno que involucre solamente al partido en el gobierno, en mayor o menor grado afecta a todos, y nos afecta al conjunto de la sociedad porque es evidencia plena de los muy bajos niveles de desarrollo democrático de los partidos hoy existentes. De ahí que para convocar a la ciudadanía a los actos de cierres de campaña se recurra a la presentación de artistas, de mayor o menor convocatoria, según los recursos económicos empleados, para luego mostrar en grandes espectaculares y en los medios de comunicación el “enorme arrastre” de tal y cual candidato. Así, en los volantes de invitación al cierre de Miguel Riggs, candidato a la alcaldía de Chihuahua, la imagen de Francisco Barrio –invitado especial– está colocada apenas por encima de la de Julio Preciado, La Sonora Dinamita, Saúl “El Jaguar”, Bronco y Lorenzo de Montecarlo. Así ¿qué aficionado de tales artistas despreciará tal oportunidad? ¡Ah, pero es el mitin de Riggs! ¿Y él, quién es? A su vez, Javier Garfio, del PRI, realizará 5 actos de cierre –uno por distrito–. En uno se realizará una fiesta vaquera, de Rodeo; otro con un danzón; en el tercero, iniciarán la reforestación de lo que sería, de triunfar Garfio, el proyecto de las Tres Presas, El Rejón, El Chuviscar y La Chihuahua. El cuarto cierre será un evento deportivo con la presentación de peleas mixtas y “los famosos Jeeps” y el último con la presentación de la final del Concurso Construyendo Talentos. En tanto, la candidata del PAN a la alcaldía juarense anunció, como si fuera el anuncio de un “antro”, la presentación de “música en vivo”, en el acto que realizará en el Centro Cívico Paso del Norte, y Enrique Serrano, candidato del PRI, cerrará en el estadio Cruz Blanca, para lo cual “amenizarán” los Huracanes del Norte y la Sonora Dinamita (este grupo no tiene problemas, el sábado actuará con los panistas de la capital y el domingo con los priistas del antiguo Paso del Norte). ¿Se parecerán estos actos a los del pasado, de cuando la convocatoria establecía, únicamente, la participación de los candidatos y algunos dirigentes partidistas? Pero la culminación del proceso electoral se da en medio de eventos que, presumiblemente, afectarán la imagen de los dos partidos que disputarán palmo a palmo todos los espacios –y que lo han hecho a lo largo de tres décadas, sin que el arribo de uno u otro haya repercutido favorablemente, de manera sensible, en el modo de vida de la mayoría de los chihuahuenses–, pues en tanto la disputa de los senadores del PAN y la enorme sangría de sus filas, cuyo nivel más alto lo representan la salida de Miguel Jurado del partido, junto con las de Manuel Nárvaez y Emilio Flores (que ahora son candidatos por otros partidos), y la renuncia a la candidatura por Chihuahua de Antonio López, así como el anuncio de algunas decenas de renuncias de militantes al blanquiazul, al PRI lo afectará, no se puede predecir en qué grado, en primer lugar la difusión de un video en el que una militante panista de Balleza increpa a la señora Beatriz Gómez de Duarte, que realizaba proselitismo en favor del candidato priista a la alcaldía, en horas y días hábiles. Si bien hasta el momento de escribir sólo se sabía de la presentación mediática de tal video, y no de la presentación de una denuncia formal por parte del PAN, lo cierto es que en las redes sociales ha circulado profusamente y esto pudiera influir en la decisión electoral de una parte del electorado, la que no se identifica con ningún partido y decide con base en los candidatos y las campañas, grupo social que crece en cada elección. Despertará, además, una discusión sobre el papel de las esposas de los titulares del poder Ejecutivo, y de los organismos que dirigen. En sus alegatos Bertha Gómez establecía que ella es una funcionaria honoraria, es decir, que no percibe salario alguno (porque la ley lo prohíbe, pues es familiar en línea directa) pero se discutirá si en el organigrama de la institución está incluida, o si, por el contrario, el hecho de no percibir un salario público no se le podrá catalogar como servidora pública. Queda, por otra parte, abierta la discusión acerca del uso de recursos públicos para su traslado y custodia en la realización de actos de campaña. Y no sirve el argumento utilizado por algunos priistas para desestimar la acusación –que lo mismo hicieron Martha Sahagún y Margarita Zavala, esposas de los presidentes anteriores– pues en todo caso cometieron la misma falta y en su momento los priistas debieron presentar las denuncias correspondientes. Si el ánimo republicano es el que motiva estas discusiones, entonces llegó el momento de acabar con estos rescoldos de la cortesanía y ubicar a las cónyuges de los titulares del Poder Ejecutivo, no como las “primeras damas”, sino estrictamente como las esposas, desaparecer el DIF pues al fin y al cabo las labores de este organismo están duplicadas y entonces que las ejerzan las dependencias correspondientes. Ya en el pasado remoto una discusión sobre el tema versó sobre los salarios que ilegalmente le adjudicaban los alcaldes a sus esposas, violando flagrantemente la ley y que hasta la fecha la Auditoría Superior del Estado nos debe el informe acerca de cuáles señoras sí devolvieron los dineros entregados, condición erigida para no iniciar los correspondientes procesos administrativos y/o penales por tal adjudicación. Finalmente, los priistas recibieron una buena y otra mala de los órganos electorales. Por un lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les otorgó la razón en la repartición de votos en las alianzas y por otra parte, la Comisión de Quejas, del IFE, ordenó la inmediata suspensión de los spots de radio y televisión que se trasmitían promoviendo el Vive Bús de la capital. Si bien esto último es una transgresión a la veda electoral, el tema de fondo es la urgente reforma electoral a fin de que en las boletas electorales, en el caso de las alianzas electorales entre dos o más partidos, aparezcan los logos de todos ellos de manera diferenciada, a fin de que el ciudadano, además de votar por el candidato, también elija por cuál partido quiere hacerlo pues su voto determina la composición del Congreso del Estado, amén de la permanencia, o no, de tales o cuales partidos.

Despido “injustificado”

El Diario, 27 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores Cuando ya creíamos haber visto todo, la realidad –y la clase política– nos ubican, a veces de manera extremadamente brusca, a través de las indudables aportaciones que le realizan a la picaresca nacional sus integrantes. Ahora resulta que Sergio Cano Fonseca, ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, ha interpuesto una demanda laboral en contra de la dependencia por un monto de 2 millones 615 mil pesos, debido a que, dice, se le despidió injustificadamente, por lo que reclama la reintegración a su puesto y la devolución de las prestaciones otorgadas durante el ejercicio de su cargo, que incluyen el uso de un vehículo oficial “Ram” doble cabina y el pago de la renta de un teléfono celular. El señor incluye en su demanda, el pago de salarios caídos a razón de 7 mil 900 diarios. El angelito ganaba, al mes, 237 mil pesos, ¡casi 100 mil pesos más que el salario del gobernador de Chihuahua! Además, exige el pago de tres meses de salarios de indemnización por el despido que, ahora sabemos, fue justificado, por supuesto, a la luz de la opinión de la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué le pasó a los panistas? De veras, es un asunto que deberá investigarse, no solamente desde el punto de vista penal o administrativo, sino hasta desde el sociológico y, evidentemente, el sicológico en algunos casos particulares, cosa que escapa a las facultades sociales, pero que deberá abordarse como un tema de estudio del comportamiento del grupo político nacido como una alternativa al régimen de corrupción –así lo decían sus fundadores– instaurado por el Partido Nacional Revolucionario (PNR, el partido fundado por Plutarco Elías Calles) y que a lo largo de su historia como partido de oposición (nomás 61 años) se ostentó como la agrupación política en la que se encarnaba la honestidad política y la congruencia. Durante décadas, algunos de sus dirigentes fueron reconocidos, tanto por los gobernantes, como por la izquierda, como hombres probos. Así llegaron al poder. Sin embargo, en la misma noche de su triunfo en las elecciones presidenciales del 2000, la multitud arremolinada en el monumento al Ángel de la Independencia de la ciudad de México coreó en varias ocasiones un mensaje directísimo a Vicente Fox (y con él, a todos sus compañeros), sin ambages, sin lugar a interpretaciones: No nos falles. Vino luego la más larga época de riqueza petrolera, derivada del inusitado aumento de los precios del petróleo crudo. Ciertamente se elevaron como nunca las participaciones federales a estados y municipios (fruto, también, de la decisión de los priistas que, al saberse en posesión de la mayoría de los gobiernos estatales, tomaron provisiones para que no cesaran los recursos económicos a sus arcas), pero los ingresos brutos que tuvo en sus manos el primer gobierno panista sirvieron fundamentalmente para elevar estratosféricamente el gasto corriente, es decir, el rubro de salarios y prestaciones de los funcionarios federales. Entre más elevada la jerarquía, más altos los salarios y, ya sabemos, la desvergüenza. Así, no solamente los ministros de la “Tremenda” Corte de Justicia de la Nación se aumentaron a niveles de Alí Babá sus emolumentos, también la casta dorada azul lo hizo y le dio entrada a los parabienes del servicio público a decenas de miles de sus militantes. Ahora, uno de ellos, quizá el que más críticas ha recibido en Chihuahua por su desempeño, se niega a perder los privilegios, y si esa eventualidad se da –pensará– pues entonces que “me indemnicen millonariamente”. Es claro que a esos niveles no les es desconocido que sus cargos eran “de confianza”, que al momento de un cambio de partido en el gobierno deberían dejarlos de inmediato, una vez colmadas sus aspiraciones de “servir a la nación y a su pueblo”. Vamos, no solo con el cambio de partido en el gobierno, hasta con el cambio de presidente de la República, incluso del mismo partido, son cargos que deberán presentarse las renuncias al momento mismo de la elección. No, sus motivaciones no eran, para desgracia de todos nosotros, y sobre todo de sus electores, los que creyeron en ellos, no era satisfacer su vocación de servicio ¿Se acuerdan de los elevados salarios que pagó Fox a sus colaboradores antes de tomar posesión de sus cargos? Es por México, decía. Pobres, perdieron el gobierno y están a punto de perder el partido, también.

Tímida guerra de encuestas

El Diario, 25 de junio de 2013. Luis Javier Valero Flores A menos de dos semanas de la jornada electoral, la aparición de los resultados de las encuestas en las dos principales ciudades de la entidad, realizadas por empresas periodísticas y una empresa dedicada a ello -Mitofsky-, que mostraron muy amplias ventajas del Partido Revolucionario Institucional en las preferencias electorales, motivaron que los candidatos de Acción Nacional en ambas ciudades informaran de los resultados de encuestas efectuadas por empresas que no los hicieron públicos por su cuenta. Doce días atrás comentamos los resultados de la encuesta patrocinada por El Diario de Juárez la cual mostró una amplia ventaja del abanderado del PRI, Enrique Serrano, ante la candidata del PAN, María Antonieta Pérez, por un poco más del 22%. Por esos mismos días, la empresa editora del otro matutino de la capital chihuahuense, informaba de un “primer muestreo de preferencias electorales”, realizado por la empresa Consultora, Investigación y Desarrollo de Proyectos Sociales y Administrativos, S.C., en el que el candidato del PRI, Javier Garfio, obtenía el 50.5% de las preferencias, por el 21.9% de Miguel Riggs, del PAN. Sin embargo, la encuesta se había realizado sólo preguntando a 384 personas, en tanto que la de nuestra casa se efectuó cuestionando a mil 600 juarenses. Luego, la empresa Mitofsky publicó los resultados de una encuesta efectuada en el antiguo Paso del Norte. Los resultados fueron parecidos a los obtenidos por El Diario: Enrique Serrano, del PRI, 38.8% por 25.2 de Antonieta Pérez y 5.5 de Graciela Espejo. En este estudio, ni Federico Ziga, del Movimiento Ciudadano, ni Hugo Avitia, del PT aparecen. Las tres encuestas se efectuaron, prácticamente, a principios de junio. Pero la de la capital motivó que tres días después, el candidato del PAN informara, sin ofrecer la encuesta, la existencia de un “empate técnico”. A su vez, el equipo de la candidata del PAN en Juárez, Antonieta Pérez, dio a conocer el domingo anterior, a través de un comunicado de prensa, que ya aventajaba al candidato del PRI, Enrique Serrano, pues los resultados de la encuesta realizada por la empresa AIDI-Mercadotecnia, arrojaron un 33.4% de las preferencias electorales a su favor, por el 27.6% del priista. Lo que significa, de acuerdo con estas cifras, que Serrano habría perdido 12.2 puntos, respecto de la encuesta de Mitofsky, y 14.3 de la de El Diario, y Pérez habría ganado cerca de 15 puntos respecto a esta encuesta y poco más de 8 puntos de la de Mitofsky, en lo que, afirmaron, era uno de los llamados “cruces”, debido a la obtención de más simpatías que sus adversarios en los primeros días de la campaña. Nomás recordemos que el inicio de la campaña fue el 30 de mayo y que las encuestas se efectuaron, la más cercana, el 8 de junio. Querría decir que en solo poco menos de 15 días se habría realizado tal remontamiento en las diferencias entre los candidatos de Juárez. Puede ser, no se descarta de cualquier proceso electoral, pero que para que se presenten tales cambios en la percepción electoral tendría que registrarse un fenómeno electoral muy importante. No se aprecia así, más bien todo apunta a que los candidatos priistas a las alcaldías de las urbes más importantes de Chihuahua se enfilan al triunfo, si tomamos en cuenta los estudios anotados arriba. No son pocos los factores para la obtención de tales resultados, estamos frente a una vasta operación política, con la movilización en favor de los candidatos priistas de casi la totalidad de los empleados gubernamentales, muchos de ellos, efectivamente, presionados, pero seguramente la mayoría conscientes -o creyendo- que les va en juego la estabilidad laboral, o porque se han asumido como integrantes de su agrupación política. Lo hemos dicho aquí, que pareciera ser un asunto de cultura política, y efectivamente si es así; una buena parte de los militantes priistas piensa que el modo en que se resolvieron las candidaturas está bien, que les aseguró la unidad y, por lo tanto, la mayor cercanía a los triunfos electorales; que someter a elecciones internas la designación de candidatos es un enorme riesgo, pero piden, a cambio, que hubiese una mayor diversificación en la distribución de las candidaturas. Pero en la idea que prevalezca el método de la designación. Lo dicho, es un problema de cultura. En tanto, en la casa de enfrente, sigue la disputa y aparecen por todos lados las evidencias de la podredumbre política de la “trágica docena blanquiazul”. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Nueva operación del ejército, ahora en la sierra

El Diario, 23 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores En una sorpresiva y poco difundida visita del Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, éste anunció la puesta en marcha de “la mayor acción militar contra el tráfico de drogas que se haya desplegado en la Sierra de Chihuahua”, la que se extendería a las “zonas de conflicto del estado”, con operativos basados en la tecnología e inteligencia militares. No sólo los recientes y estrujantes sucesos ocurridos allá en las últimas semanas, sino a lo largo de varios meses -quizá años- exigían una atención especial de las autoridades y dependencias encargadas de la seguridad pública, de todos los niveles. Los acontecimientos sangrientos ocurren todas las semanas y hasta ahora no se sabe de la aplicación de medidas permanentes, ni de la puesta en marcha de una estrategia gubernamental para recuperar la gobernabilidad. Por eso sorprende el poco relieve otorgado a una medida que merecería toda la atención, no solo del gobierno, sino del conjunto de la sociedad chihuahuense. Ya es sabido que los militares no están preparados para procurar justicia y que uno de los errores fundamentales de la estrategia aplicada por el gobierno de Felipe Calderón fue el de asignarle al ejército tareas de policías (incluida la decisión de otorgarles a los mandos militares la conducción de las corporaciones policiacas, como si aquellos fueran especialistas en tales funciones), lo que originó la presentación infinidad de abusos. Y es que tal fenómeno, por desgracia, fue originado por los gravísimos excesos cometidos por algunos elementos militares, en lo individual, pero también en lo colectivo, en seguimiento a directrices que en nada tomaban en cuenta la vigencia del estado de Derecho en el país. No entendieron que su actuación no se daba en un territorio en guerra (por más que sí lo dijera Calderón y luego se desdijera), sino en medio de la población civil, aún en posesión del total de sus derechos ciudadanos. Sirva solo como recordatorio de tal desprecio por el orden vigente, la frase del Gral. Juárez Loera, expresada al entonces gobernante chihuahuense, José Reyes Baeza -La orden de cateo, gobernador, es el mazo que traigo-. Bueno, hasta el grado, no dicho abiertamente, de presumirse la aparición de comandos encargados de llevar al cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales. Y si las denuncias se hicieron fue porque los abusos fueron perpetrados en las zonas urbanas de la entidad, particularmente en Juárez, de ahí que despierte una razonable inquietud el anuncio del Gral. Cienfuegos de la puesta en marcha de un operativo en la sierra pues de hacerlo como en el pasado podrían ocurrir los excesos denunciados por todos los medios. Y que ya desde el año pasado, a pesar de no destinar un número mayor de elementos a la “zona de conflicto”, la Secretaría de la Defensa Nacional ocupa el segundo lugar en quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), generadas por acontecimientos ocurridos principalmente en Parral, Balleza, El Vergel, Madera y El Largo Maderal. Se necesita, urge, un operativo que regrese la seguridad pública a esa vasta zona de la entidad; las corporaciones policiacas municipales y estatales han sido superadas, no solo por la desventaja en recursos de todo tipo frente a las bandas criminales, sino porque están enfrentando problemas mayores a sus funciones y capacidades. De ahí que cuando cunden los rumores de que poblaciones enteras son controladas por horas por bandas criminales, la percepción generalizada es de que es cierto y que las autoridades gubernamentales han sido superadas. Por ello se requiere de un operativo distinto, con una estrategia diferente a lo hecho en el pasado, porque a contrario sensu del Gral. Cienfuegos, la más vasta operación militar en aquella región ya se realizó y la denominaron Operación Cóndor. Los resultados no fueron todo lo bueno que quisiéramos. Distintos mandos militares sostienen que su personal ha cambiado de concepciones, que han recibido la capacitación necesaria en materia de respeto al estado de Derecho, a los derechos humanos y en general, de procuración de justicia y que, por tanto, no se podría repetir lo acaecido en Juárez cuando se puso en marcha la Operación Coordinada Chihuahua, encabezada, primero, por el ejército, y luego por la Policía Federal, pero que juntas acumularon un total de mil 300 denuncias ante la CNDH. Y que motivó que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, considerara como “irresponsable” haber puesto al Ejército a realizar labores de policía, de investigador y de agente del ministerio público. En sus informes la CEDH estableció que tan sólo en 2009 recibió más de mil 450 denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. A su vez, otro reporte señalaba que “Entre el 2008 y el 2010, el número de quejas contra el Ejército fue de 170 al año, en promedio...”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, jueves 31 de mayo de 2012). Todas las denuncias coincidían. “Tortura y detención arbitraria, allanamiento de morada y cateos ilegales, trato cruel y robo, detención ilegal y amenazas, intimidación, desaparición forzada, daños en propiedad ajena, violaciones a la libertad y vulneración de la seguridad jurídica, son delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez del 2008 a la fecha y permanecen en la impunidad, denunciaron organizaciones defensoras de los derechos humanos”. (Nota de Luis Villagrana, Semanario, jueves 29 de diciembre de 2011). Igual había ocurrido en 2010. Casi al término del año, la CNDH había registrado 139 quejas en contra de los militares, 70 de la policía federal y 31 de la PGR, convirtiéndose de esa manera en la segunda entidad en la que se interpusieron más quejas en materia de seguridad. (Nota de Luis Alonso Fierro, El Diario de Chihuahua, domingo 26 de diciembre de 2010). De las 139 quejas, 83 correspondieron a denuncias por detención arbitraria; 81 por prestar indebidamente el servicio público; 60 relativas a trato cruel, inhumano o degradante; y 56 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Y del total, 126 le correspondieron al municipio de Juárez. Pero ya en mayo del mismo año, ante la CEDH, se habían interpuesto 169 quejas en contra de los militares. El 8 de diciembre de 2009, Amnistía Internacional (AI), la organización derechohumanista más importante del mundo, presentó su informe sobre los derechos humanos en México, motivado, sobre todo, por la decisión gubernamental de incorporar al ejército mexicano en la lucha contra el tráfico de drogas. En él asentaba que “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que en 2006 recibió 182 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); en 2007, 367 quejas; en 2008, 1.230, y durante los seis primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559. En 2006, la Comisión no formuló ni una sola recomendación contra la SEDENA respecto a violaciones de derechos humanos. En 2007, formuló 6 (tres casos relacionados con tortura y malos tratos y uno con una ejecución ilegal o extrajudicial), en 2008, 14 (6 relativas a tortura y malos tratos y 4 a ejecuciones ilegales o extrajudiciales) y al acabar octubre de 2009, otras 25 (15 relacionadas con tortura y otros malos tratos y una con desaparición forzada). Entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la CEDH y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez de la CNDH recibieron más de mil 300 quejas de abusos del ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y 8 de ejecución extrajudicial. Entre los casos más resonantes se destacó el de los detenidos en Ojinaga por elementos militares y que mereció una recomendación de la CNDH, que así describe los hechos en la recomendación No. 55: "... fueron encañonados, los hincaron en el suelo y los mantuvieron con los ojos cerrados, mientras los golpeaban en diversas partes del cuerpo, los amarraron y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para que no pudieran respirar, particularmente, ...a quien aplicaron toques eléctricos en el pie derecho, que derivó en la amputación de uno de sus ortejos (dedos), lo que constituyen actos de tortura, con objeto de que confesaran su participación en diversos ilícitos". Evitar la repetición de estas historias, los “daños colaterales” de Calderón ,es fundamental para recuperar la credibilidad en las instancias gubernamentales. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Protección de la SCJN a la opacidad

El Diario, 20 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores El del martes fue un día negro para la vida democrática del país. Finalmente, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron como integrantes leales de la clase política mexicana. Resolvieron que los servidores públicos no están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales porque, dijeron, son datos personales. Más aún, dictaminaron que el principio de ‘‘máxima publicidad’’, una de las máximas de la nueva legalidad en materia de transparencia, no opera para los diputados federales y que éstos tienen el derecho a oponerse a que sus declaraciones patrimoniales sean públicas, al resolver sobre un amparo, luego de una resolución del Ifai acerca de la petición de un ciudadano por conocer el estado patrimonial de los legisladores federales. Las consecuencias son funestas para el derecho del acceso a la información pública, pues ahora se ha cerrado la puerta para que los ciudadanos accedan a tales datos, centrales para saber si el patrimonio de un servidor público guarda congruencia con sus ingresos públicos. De este modo, por ejemplo, si algún elemento policiaco, del aparato judicial (un juez, por ejemplo, o un ministro de la SCJN), ostentan bienes que se presumen por encima de sus ingresos legales, ningún ciudadano podrá pedir esa información y deberá esperar a que un juez, por la denuncia de cualquier otro asunto, dictamine la apertura de los bienes patrimoniales del servidor público. Solo 3 de los ministros, el presidente, Juan N. Silva Meza, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío se pronunciaron por la inconstitucionalidad del precepto, pues dijeron todos los servidores públicos ‘‘nos debemos a la sociedad, tenemos el deber de rendir cuentas respecto del desempeño de nuestra función, sobre el destino y aprovechamiento de los recursos públicos que recibimos’’. (Notas de La Jornada y Reforma, 19/VI/13). Sostuvieron que declarar como información pública el estado patrimonial de los servidores públicos tenía una relación directa “con la función democrática de control de la gestión pública y de prevención y exposición de actos de corrupción, que puede ejercer la sociedad”. Expusieron, en contraposición a la postura de sus compañeros, que los servidores públicos son figuras públicas y que el interés general debería prevalecer sobre el derecho a su privacidad, con lo que se ubicaron en la postura enfrentada a la de Luis María Aguilar, quien sostuvo que los servidores públicos deberían ser considerados por la ley del mismo modo que el resto de los ciudadanos. Sí, nada más que el resto no tiene la oportunidad de acceder al ejercicio del servicio público y a las prebendas que genera, tanto las legales, como las ilegales. El proyecto del ministro José Ramón Cossío proponía establecer como pública la información de los funcionarios públicos de los ingresos por salario, por actividades empresariales, inversiones financieras o donaciones; deudas; inmuebles, vehículos u otros bienes muebles, con el valor de todos ellos y detalles sobre menaje, como joyas, obras de arte, entre otros. En cambio, seguirían siendo privados los datos sobre números de cuentas, ubicación de inmuebles, datos sobre familiares, o sobre terceros con los que se realicen operaciones financieras. Nada de eso se podrá indagar. Y como en política muy pocas cosas son coincidencias, ahora adquiere su verdadero peso la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no dar a conocer los montos de sus cuentas, ni el valor de las propiedades contenidas en la declaración patrimonial que hizo pública semanas atrás, ni la ubicación de las mismas, mucho menos el menaje de tales propiedades, ni el modo mediante el cual se las apropió (sí, porque de repente nuestra clase política quien sabe de qué artes se sirve y les donan millonada y media); así, de nada sirve que den a conocer un listado de cosas, sin dar a conocer el valor de todo ello para poder hacer un cálculo si guardan coherencia con los ingresos públicos declarados. Han extendido una visa a la corrupción de proporciones incalculables. Todo por defenderse. No es coincidencia, pues, que un ex presidente de tal organismo luego ofrezca espectáculos como el protagonizado por Genaro Góngora Pimentel. Gravísimo. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

En el único que sí fue debate, carencias

El Diario, 18 de junio de 2013 La columna de Aserto Luis Javier Valero Flores El viernes anterior, en una inédita sesión organizada por la Asamblea Municipal Electoral de Chihuahua (AMECh), se celebró el que pudiera considerarse como el primer debate organizado por un órgano electoral en nuestra entidad. Asentar tal afirmación tiene como sustento que, por primera ocasión la misma pregunta se les hizo a todos los candidatos, incluso repitiéndosela a cada uno de ellos. Lo mismo ocurrió al momento de presentar sus posturas ante cada uno de los temas abordados, en el debate protagonizado por un candidato a diputado, de cada uno de los siete partidos contendientes, en representación del conjunto de los candidatos de cada partido. Como todos los debates, tuvo una escasa difusión. Pero si bien el susodicho debate se convirtió en el mejor evento democrático de esta índole, también develó las enormes carencias de quienes buscan un lugar en el Congreso del Estado, en lo general, aunque deba asentarse que no así en el caso del PRI y del PAN. Pero en la construcción del marco legal democrático que aspiramos a contar, una pregunta, con sus respuestas, dejaron un muy mal sabor de boca. Quizá la más importante de las preguntas realizadas fue la de si se pronunciaban porque la Auditoría Superior del Estado (ASE) siguiera dependiendo del Congreso del Estado, es decir, para los entendedores, y eso se supone que son los aspirantes a las diputaciones, que si podría replicarse en la entidad las funciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que si bien informa a la Cámara de Diputados, no necesita el “visto bueno” de la Comisión de Vigilancia para el desempeño de sus funciones, ni tiene la obligación de presentarle un informe que ésta luego dictamina y presenta al pleno de la Cámara. No, la ASF realiza su trabajo, hace recomendaciones, señala fallas, exige devoluciones de dinero mal gastado por las dependencias que lo recibieron y presenta denuncias por las ilegalidades presuntamente cometidas por los servidores públicos. Fernando Reyes, de Movimiento Ciudadano, dijo que “técnicamente” la ASE no depende del Congreso, ajá… La candidata del Panal, Clara Victoria Montelongo, se enredó en una larguísima disertación, plena de lugares comunes y que se pronunciaba “a favor de transparentar los recursos públicos”. Luego, la candidata del PAN, María Eugenia Campos, dijo que sí, pero no abundó en su postura y en cambio puso el acento en la necesidad de adecuar el marco estatal a la ley de contabilidad gubernamental. Eloy García Tarín, del PRI, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización vigentes y aprovechó para insistir en que Campos consideraba a sus compañeros, los actuales legisladores, como incompetentes por aprobar un conjunto de cosas al lado del PRI, pero tampoco abundó sobre el tema. La candidata del PRD, Diana Rocío Carnero, mostró en su exposición la carencia de candidatos sólidos de este partido, no contestó la pregunta, leyó sobre otro tema. Más experimentado, el del PT, Rubén Sosa, simplemente, de manera socarrona dijo: “Así como está, está bien”. Julio Aranda, del PVEM, dijo que quieren hacer una propuesta más allá de la demagogia. Doble ajá… Pero si en estas respuestas nos quedaron a deber, en algunos momentos el debate alcanzó niveles de verdadera rispidez, como cuando María Eugenia Campos enderezó una contundente crítica al endeudamiento de Gobierno del Estado, a la construcción del balcón de Palacio, a los conciertos de Juan Gabriel, a la aprobación de las cuentas públicas, urge, dijo “ponerle luz al cuarto oscuro de las finanzas públicas”. Eloy García señaló que Campos insistía en el insulto y la denostación, y recordó que “sus compañeros han aprobado las cuentas públicas, los informes, las iniciativas y la estela de luz que nos dejó Calderón”. Sosa acusó a Eloy de ser el agresor de ejidatarios y vendedores ambulantes; Campos le preguntó a Reyes que a qué partido representaba y éste respondió que a su partido, pero que no negaba tener “querencias en el PRI” (su esposa es Teporaca Romero, candidata del PRI a diputada). Al final, García llamó al voto por su partido, pues nosotros, afirmó, tenemos como centro de las políticas públicas a la familia. Campos llamó a los electores a crear contrapesos (al Poder Ejecutivo), porque si no los hay podemos tener “otro Granier al frente del Gobierno del Estado”. No, blandito no estuvo este debate, pero así los necesitamos. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Debates: luz y sombra

El Diario, 16 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores La semana de los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) culminó con la celebración de dos que se convirtieron en sus extremos. El de los candidatos a alcalde de Juárez fue el súmmum de todo lo malo. No se recuerda una jornada peor, en materia electoral, a la de la noche del miércoles pasado. Todo falló, la conducción del acto, la transmisión por televisión y radio; la de internet se caía a ratos, la imposición de cortes comerciales de hasta 5 minutos y medio, como si el programa fuera el más atractivo de la noche y los televidentes estuvieran al punto del infarto esperando la reanudación del debate. Sin embargo, una luz de esperanza se abrió con el formato del debate de los representantes de los candidatos a diputados de Chihuahua, organizado por la Asamblea Municipal Electoral de Chihuahua (AMECh), pues por primera ocasión se atrevieron, a lo largo de todo el debate, a hacer una sola pregunta, o que discurrieran el mismo tema, todos los candidatos. Lógico, apareció el debate, el primero en la historia reciente de Chihuahua, organizado por un órgano electoral. Por ello, nuestro reconocimiento. Pero hasta este debate adoleció de la característica de todos los realizados: se celebraron casi en la clandestinidad. Si el día de las elecciones la máxima autoridad es la electoral, que hasta mando sobre los cuerpos policiacos tiene, no podemos entender por qué no utiliza todos sus recursos legales, su capacidad de convencimiento, y obtiene los que las instancias gubernamentales poseen a fin de lograr que los concesionarios de radio y televisión accedan (¡por el amor de dios!) a transmitir los debates. O se les plantean otros esquemas de utilización de los tiempos oficiales, ahora usados en cada estación para transmitir los spots de candidatos y partidos. Bastaría con el ahorro de transmisión de spots, de dos días, para que cada estación transmitiera el debate. Y es que los actos centrales de las campañas electorales, por lo menos para los órganos electorales, debieran ser los debates que está obligado a organizar. No hay ningún otro evento en el que la ciudadanía pueda apreciar a plenitud las capacidades de los candidatos ni que se pueda convertir en el mejor impulso a la participación, desde las facultades y atribuciones del órgano electoral. Pero si se deja al arbitrio de los concesionarios de radio y tv (por lo menos la mayoría) dará lugar a eventos que son una verdadera grosería a la sociedad en su conjunto y una afrenta a los órganos electorales, pues no hubo posibilidad alguna de que los electores pudieran seguir la transmisión, fue pésima. Y si a lo anterior le agregamos el factor del formato, con cinco candidatos y al que a uno le preguntaron de naranjas, al otro de tomates, al otro de sandías, a otro de mangos y al restante de nueces; para luego ofrecerles un tiempo para la réplica y la contrarréplica y los consabidos cortes comerciales, pues no hubo ciudadanos que estuvieran al pendiente, o que pudieran seguir el hilo del pensamiento de cada uno de los candidatos en un evento de poco más de 3 horas de duración. Un desastre. Es de tal magnitud, que los dirigentes municipales juarenses del PRI y del PAN solicitaron se realizara otro, y que éste sí contara con una adecuada cobertura radial y televisiva. Le agregaríamos, además, que se realizara bajo el formato de la misma pregunta y el mismo tema para todos los candidatos, sólo así se le podría llamar debate a los insulsos y aburridos actos de presentación de candidatos y propuestas. Es tan malo el formato, que les da oportunidad a todos los candidatos a leer sus propuestas, tanto en la exposición del tema, como en las réplicas y contrarréplicas. En el de Juárez, todos lo hicieron, salvo algunos momentos el del PRI, Enrique Serrano, y la del PAN Antonieta Pérez. El peor, Hugo Avitia, del PT, que en sus exposiciones hizo un largo listado de buenas intenciones y propuestas que pasaban por todos los niveles de gobierno, menos por el municipal. Luego, llamó la atención que todos los aspirantes a la alcaldía juarense hicieran énfasis en ser juarenses (y con pedigree), en una ciudad en la que cerca de la mitad tiene sus orígenes fuera de ella ¿Será porque le achacan a los “foráneos” haber sido los primeros en irse cuando arreció la ola homicida? Pero en este debate, y en todos los presenciados por el escribiente, salvo una excepción –Javier Garfio, del PRI en Chihuahua, y a momentos– todos los candidatos leyeron su presentación y los temas abordados; no hubo uno solo que pudiera discurrir su propuesta sin recurrir a la lectura, así ¿Cuál debate, si todos traen texto para leer, o responder, aunque lo escrito no venga al caso? De ese modo, sólo flashazos tuvimos en el debate. Serrano presentó como su mejor argumento para ser elegido, el de la experiencia, a lo que Pérez respondió que ella no era fruto de la imposición; ah, pero su asesor sí, diría momentos después el aspirante del Movimiento Ciudadano, Federico Ziga (que se refería a Javier Corral, aunque sin mencionarlo por el nombre). Momento, ¡Corte comercial! Cinco largos minutos. Enseguida vino un episodio de locura. En la ciudad que ocupó, durante largos años de tragedia, el primer lugar mundial de violencia, todos los aspirantes, como si no pertenecieran a los partidos de donde emanaron los gobernantes de todos los niveles que fungían en esa noche, se acusaron unos a otros. Bueno, hasta la del PRD, Graciela Espejo, ex panista de altos cargos, tanto en las administraciones municipales como federales de este corte partidario, fue capaz de criticar la inacción de los gobernantes, crímenes de lesa humanidad llamó a los homicidios ocurridos en el antiguo Paso del Norte, por desatención del gobierno, dijo. Antonieta Pérez llegó al colmo de decir que “ninguna autoridad” había blindado el centro de la ciudad. Y lo dice la candidata del partido que envió miles de soldados y policías federales a vigilar las calles de Juárez. Ante esta temática, Serrano respondió con la propuesta de crear jueces de paz. Y luego, corte comercial!!! Al regreso, Espejo, del PRD ¡defendió el esquema de seguridad pública de Calderón! No sería lo único, Antonieta Pérez dijo que ella no gobernaría con ocurrencias, ¡¡¡“como la del mando único”!!! ¡Por favor! que alguien le diga que esa es una propuesta de su compañero de partido, Genaro García Luna, secretario de Felipe Calderón, también su compañero de partido. Las ocurrencias son de su partido, le dijo Serrano, los juarenses las pagamos con sangre, respondió, quizá en su mejor momento de esa noche. Pero en la contrarréplica, Pérez logró, también, quizá, su mejor respuesta, trajo a colación aquella propuesta realizada por Serrano de penalizar a las víctimas que pagaran las extorsiones; Serrano adujo que ni siquiera había llegado a iniciativa y que había sido una propuesta del empresariado. Pérez leyó la nota del periódico Reforma, fecha incluida y acusó a los gobernantes priistas de haber destrozado la ciudad. Quien destrozó Juárez fue el gobierno de Calderón, respondió Serrano. Y justamente en este momento, en el que las críticas de Pérez eran más incisivas, el candidato de Movimiento Ciudadano, Federico Ziga, acusó de varias cosas a la del PAN, entre otras la de tener en su contra una acusación penal. Y ya plantados en el terreno de las promesas, Antonieta anunció que ella traería a los Indios de Juárez a la primera división del futbol mexicano, en tanto que Serrano prometió que en un año de su gobierno terminaría las obras del Plan de Movilidad Urbana y ya estaría funcionando el nuevo sistema de transporte urbano; además, dijo que no le faltarían recursos económicos a Juárez, pues él los gestionaría, porque sabe cómo hacerlo y llamó a los ciudadanos a confiar en él, pues es el candidato de las propuestas y el de las reformas aprobadas en el Congreso del Estado en la actual legislatura. A estas alturas ya le habían molestado a Antonieta las acusaciones de Ziga por lo que lamentó, dijo, que el PRI “haya traído ayuda”. Tal fue el tono de ese debate, pero lo prolongado, la falta de una buena transmisión y el escaso número de personas que lo siguieron harán que las tendencias previas no cambien; en esta ocasión el debate no le sirvió a nadie. De repetirse el ejercicio, es de desear que partidos y órganos electorales atiendan los reclamos de la sociedad. Ojalá.

Desazón en la sierra

El Diario, 13 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores Cuesta trabajo tratar de explicarse las razones por la cuales el candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Jaime Orozco, no contaba con protección a cargo de la Fiscalía General del Estado, a tal modo que, más allá de las consecuencias, funestas por desgracia, su caso ya pasó a formar parte de la larga e inquietante lista de quienes cayeron y que quizá no hubiese sido así si la FGE hubiera hecho su trabajo brindándoles la protección que necesitaban y que, en algunos de los casos, era más que evidente la necesidad de hacerlo. Así, sin ir más lejos y solo para recordar el más descollante de los casos, el de Marisela Escobedo, asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno y quien contaba, así lo dijo la FGE, con una "discreta" vigilancia, tan discreta que ni los asesinos, ni los parientes de la víctima, ni los guardias de Palacio lograron atisbar, vamos; era tan discreta que a la caída de la activista ni uno sólo de los elementos que debiesen estar custodiándola se apareció en aquella malhadada noche del 16 de diciembre de 2010. Por otras razones, pero igualmente de elevado riesgo es que no alcanzamos a explicarnos la falta de protección a Jaime Orozco Madrigal ¿O sí contaba con ella y no se ha informado, lo que resulta aún peor? Bastan unos cuantos antecedentes para darse cuenta que la conclusión en relación a la seguridad de este candidato era una sola, otorgársela. "Apenas el año pasado, Orozco Madrigal sufrió el secuestro tanto de su padre como de su hijo. Su papá fue secuestrado en enero de 2012, mientras que su hijo duró tres meses raptado hasta que lo liberaron el 12 de diciembre". (La Columna, El Diario de Juárez, 12/VI/13). Orozco formó parte de la actual administración municipal (Director de Obras Públicas), encabezada por José Rubén Gutiérrez Loera, quien debió sustituir a Ramón Mendívil, alcalde electo asesinado en 2010. Ahora sabemos, merced a la información proporcionada por el Gobernador del Estado, César Duarte, que los secuestradores intentaron comunicarse con la familia, lo que hablaría, entonces, de un secuestro en el que se buscaba el cobro de un rescate, algo lo que la familia ya había sufrido directamente y que, efectivamente, no pareciera ser una acción orientada ni a sabotear el proceso electoral, ni ha influir en la persona que debiese llegar al palacio municipal de tan golpeada comunidad chihuahuense. Las investigaciones que realice la FGE nos deberán demostrar, fehacientemente, que tal hipótesis es cierta y que los delincuentes solo buscaban hacerse malamente de un dinero, porque cuesta trabajo, sobre todo en esa localidad, que las bandas criminales de altos vuelos, las que sus finanzas adquirieron categoría internacional, no intenten influir en la elección de quienes deban dirigir el gobierno municipal. Y que, por tanto, estemos frente a otro caso en el que la falta de pensamiento prospectivo en la dependencia encargada de la seguridad pública en Chihuahua y la ausencia de la "inteligencia" aplicada en el combate al crimen organizado, sean la causa de otra tragedia familiar y social y del lógico enturbiamiento del proceso electoral, a pesar de las declaraciones de todos los gobernantes que intentan, obviamente, destensar el ambiente político en la entidad. Pero no debemos olvidar que a pesar de la abrupta disminución de los índices homicidas, prevalecen elevadas tasas de otros delitos y que, de ninguna manera, se han erradicado las causas que posibilitaron el boom delictivo y homicida que nos llevaron a ostentar, infortunadamente, el primer lugar en varias de las tasas delictivas más sensibles, de tal manera que, otra vez, acontecimientos trágicos en La Sierra Tarahumara nos llevan a exigir el replanteamiento de la estrategia en contra del crimen, apenas anunciada unos meses atrás, luego de otros crímenes acaecidos allá. DEBATES EN JUAREZ.- ¿Cómo está eso de que los consejeros ciudadanos de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez pueden votar el cumplimiento de la ley? Bueno, pues eso hicieron al someter a consideración de los representantes de los partidos si se celebraría o no el debate entre los candidatos a Síndico de Juárez. El artículo 144 de la ley electoral es muy claro, no se presta a interpretaciones, los órganos electorales están "obligados a organizar por lo menos un debate" y los candidatos están, también, "obligados a debatir públicamente". ¿Dónde está el resquicio que puede dar lugar a las interpretaciones?

Optimismo priista

El Diario, 11 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores No les faltaban razones a dirigentes, candidatos y militantes del PRI, para desplegar la intensa alegría mostrada la mañana del domingo en el acto celebrado en la capital del estado con la presencia de su dirigente nacional, César Camacho, pues si los resultados de las encuestas realizadas por la empresa Confirme, contratada por El Diario, se repiten en el resto de la entidad –y nada nos hace pensar que los resultados sean muy distintos– entonces estaríamos frente a la posibilidad de que el PRI obtenga “carro completo” en las elecciones del 7 de julio próximo. A un mes de las elecciones, se antojan apabullantes las ventajas otorgadas por la empresa a los candidatos del tricolor, pues le otorga una ventaja de poco más del 22 por ciento al candidato del PRI, Enrique Serrano, frente a la candidata del PAN, María Antonieta Pérez, (41.9 frente al 19.8 por ciento), en una muestra realizada a mil 600 electores juarenses. Ventaja parecida obtiene el candidato a síndico municipal, Fernando Martínez Acosta (PRI-Verde-Panal) –35.4 por ciento– frente al del PAN, Pedro Martínez Cháirez –16.6%. En cuanto al resto de los candidatos, también hay resultados sorpresivos para el PRD, cuya candidata, Graciela Espejo Alvídrez, aparece en un lejano tercer lugar con el 5.7 por ciento de la preferencia electoral, pero mayor a las votaciones alcanzadas por este partido en las elecciones municipales y que refleja de alguna manera la elevada votación obtenida por López Obrador en esta ciudad, pues el candidato a síndico, José Luis Barrios García, también obtuvo una cifra parecida, 5.6. Pero si estos resultados son contundentes, las de los ocho distritos arrojan victorias para los candidatos priistas frente a los panistas, que son los que más se les acercan, si las elecciones se hubiesen realizado entre el 27 y el 31 de mayo, con la sorpresa que los distritos que más frecuentemente arrojado triunfos electorales panistas en el pasado –el 03 y el 04, aunque ahora han cambiado parcialmente merced a la redistribución realizada– también muestran resultados favorables a los priistas. Son diferencias que se antojan insuperables a un mes de las elecciones. Y es que el candidato del distrito 02, Jesús José Díaz Monárrez, obtuvo el 44.2 por ciento de la intención de voto, por 20.5 de la candidata del PAN María García Sánchez. “En el distrito 03, el PRI va en alianza con el Partido Verde (PVEM) y con Nueva Alianza (Panal), y su abanderado Gerardo Manuel Antonio Andreu obtuvo el 33.1 por ciento de la intención de voto, en tanto que Rogelio Loya Luna, el aspirante del PAN, logró el 19.4 por ciento, es decir una diferencia de 13.7 puntos porcentuales entre ambos”. (Nota de El Diario, 4/VI/13). En el 04, Enrique Licón Chávez, (PRI-PVEM-Panal) obtuvo 36.2 por ciento, frente al 8.6 de Juan Carlos González, consiguió el 8.6 por ciento. A su vez, en el distrito 05, Laura Domínguez Esquivel, obtuvo el 34.3 por ciento, por 20.8 de la panista Yolanda Martínez Andrade. Porcentajes semejantes ocurren en los otros distritos. De este modo, en el distrito 06, la abanderada del PRI (PVEM y Panal), Gloria Porras Valles, obtuvo el 40.4, contra el 13.5 por ciento de Cecilia Hernández Gardea. Distancias semejantes ocurren en el distrito 07, en el cual la candidata del PRI y PT, Mayra Chávez Jiménez, obtuvo el 45 por ciento de la intención de voto, mientras que Marcela Molina Escápita, la aspirante del PAN, logró el 14.1 por ciento. En el distrito 08, Daniel Murguía Lardizábal, del PRI, obtuvo el 42 por ciento, mientras que Austria Galindo Rodríguez, el 13 por ciento, una diferencia de 29 puntos. Del mismo modo, el ex secretario de Educación y ex rector de la UACJ, Jorge Quintana, candidato del PRI en el distrito 09, alcanza el 31.7 por ciento de la intención de voto, por 15.9 que consiguió el panista Tomás Arturo Trejo Castillo, casi 16 puntos de ventaja. Frente a la marabunta de encuestas lanzadas el año pasado con motivo de la elección presidencial, el hecho de que no aparezcan más es una especie de mea culpa de las empresas dedicadas a esto, por ello es de destacar el hecho de que El Diario decidió arriesgarse y publicar las ahora comentadas. Sí, ya sabemos que las encuestas son una “fotografía” del momento, pero los resultados electorales no pueden variar mayormente de los obtenidos en encuestas bien realizadas, de ahí el optimismo priista. El bipartidismo volvió por sus fueros y ahora con el panismo en caída, casi libre.

Debates, ¿Hasta cuándo cambiarán?

El Diario, 9 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores El debate de candidatos a la alcaldía de la capital, celebrado el viernes, con el que se iniciaron los debates a realizar entre los candidatos a diputados, síndicos y alcaldes, mostró tajantemente el agotamiento del formato con el que se realizan, de tal manera que el acto central de la campaña -por lo menos eso debería ser- se convertirá en otro acto de campaña de los candidatos, y no como el evento que más le ayudara a la ciudadanía para normar su criterio al momento de votar. Más aún, inmersos en la tarea de estimular al máximo la participación ciudadana, los órganos electorales no fueron capaces de entender -o la dinámica del poder no se los permitió- que los debates son de los eventos que más contribuyen a ello y que el formato elaborado es la antítesis de tal objetivo. Ante procesos electorales tan cortos, en los que la concepción de la comunicación no va más allá de la presentación spots radiofónicos y televisivos, que poco le ayudan a los ciudadanos a conocer a los candidatos, la máxima difusión del debate debió ser la consigna central de los órganos electorales, y no solo los locales, con la incorporación de todas las radiodifusoras posibles y las repetidoras locales de las cadenas nacionales. Bastaba con ahorrarnos dos días de spots y así probablemente todas las difusoras hubiesen podido transmitir el acto central de la campaña. Para ello se necesitaba -se necesita- contar con una sólida concepción de que se deben priorizar los debates de los candidatos, como herramienta fundamental para la más amplia difusión de los programas de gobierno de los candidatos y, cosa no menor, para conocer de mejor manera la preparación, conocimientos, inteligencia y capacidad de improvisación, así como de la capacidad para transmitir sus ideas, de todos los candidatos, y no sólo de los que reciben la mayor atención de los medios de comunicación. Si para eso se necesita adecuar el marco legal para efectuar la transformación de las reglas electorales y de la difusión de los actos de campaña, concepción que deberá abarcar el tema de los debates, entonces debe convertirse en uno de los temas de la siguiente reforma electoral, al fin y al cabo que cada tercer día tenemos una nueva. Por ley (artículo 144 de la Ley Electoral de Chihuahua), todos los órganos electorales están obligados a organizar por lo menos un debate; y todos los candidatos están obligados a “debatir públicamente con sus contrincantes”. Pero el formato no ayuda a tal fin. Basado esquemáticamente (y seguramente con el fin de impedir que los candidatos pudieran caer en los dimes y diretes) en plantearles a los candidatos distintas temáticas, la exageración llega cuando a cada candidato se le hace una pregunta distinta, y luego, en el colmo de la contradicción a cada uno se le otorga un tiempo para la “réplica” ¿Pero de qué, de lo preguntado al que le toca responder, o de lo planteado por los otros candidatos? ¿O de qué? No obstante lo anterior, hay otro espacio de “contrarréplica”. Bueno, pues ahora sí que es para locos ¿Ese tiempo se lo dedico a qué, a quién, a cual tema de los cuatro (cuando son cuatro los candidatos) que plantearon en la exposición inicial? ¿O lo que dijeron, alguno de los cuatro, en la réplica; está bien, pero cual? Seguramente que no se necesitan muchos argumentos, pero bastaba con que a todos los candidatos se les preguntara lo mismo para que, de manera natural, se diera el debate, lo que todo mundo entiende como debate, es decir, la discusión sobre un tema, una cosa, una pregunta, pero que quienes participan deberán aportar su propia versión, quizá hasta opuesta a la de los demás, pero eso es lo que queremos, que nos muestren cuán distintos, o cuán parecidos son, los candidatos y sus propuestas y cuan preparados están para defender y explicar su forma de pensar o de abordar determinados temas y problemas. Pero con este formato no se puede; que permite, por ejemplo, que a un candidato se le pregunte una cosa y éste se ponga a leer sobre un asunto distinto, o que reanude su lectura, interrumpida en el segmento de réplica, en el de la contrarréplica ¿Y entonces, po’s que no dijimos que era, precisamente, de contrarréplica? Vamos, hasta con tal falta de “manejo de cámaras”, a ese candidato, que se le veía pasar las páginas de la lectura, incapaz de armar una sola idea improvisadamente, ni siquiera cuando se le cuestionó abiertamente de sus mensajes racistas y discriminatorios a través de Twitter. Eso hizo en el debate el candidato del PAN, Miguel Riggs. El formato se lo permite. Y este tema viene a cuento porque una de las cosas que más se le critican a los órganos electorales es el hecho de que no contribuyen al abatimiento del abstencionismo. En opinión del escribiente, esa no es la tarea fundamental de estos órganos, vamos, ni siquiera la principal de manera directa, su contribución a tal objetivo se obtiene con una actuación intachable en la conducción, preparación, celebración de la jornada electoral y el cómputo realizado en las casillas y órganos electorales distritales y municipales. Si lo hacen bien, es su mejor contribución al alejamiento del abstencionismo, pues no hay nada que aleje a los ciudadanos de las urnas electorales que la falta de certidumbre en los procesos electorales y en el cómputo de los votos; que se respeten lo votos, fue la consigna de los mexicanos durante décadas. El abstencionismo es obra de los partidos y los gobernantes emanados de éstos. Y de los debates que protagonizan. El de la capital se convirtió, finalmente, en la arena de la discusión sobre la crisis en el PAN y en la revancha política de quienes salieron de este partido para aceptar las candidaturas del PT y Movimiento Ciudadano, Manuel Narváez y Emilio Flores, respectivamente, que se convirtieron, por tales circunstancias, en las mejores armas -a lo mejor involuntariamente- del candidato priista, Javier Garfio. En las pocas oportunidades que se les aparecieron le dieron con todo, al candidato Riggs y al PAN y aquel solo alcanzó a criticar la poca calidad moral de quienes se salieron de este partido, criticables, entonces, ¡sólo por abandonar un partido y no por cualquier otra conducta inmoral! Válgame dios. Sacado de este debate, Garfio aprovechó el formato y el que lo excluyeran de esa discusión para abundar en sus propuestas, coincidentes, por lo demás, en las presentadas por todos, con algunos matices, pero que en lo general, por ejemplo, compartían la opinión sobre la policía municipal, aunque a nadie se le ocurrió abordar, extrañamente, el tema del tiempo de respuesta ante las llamadas de auxilio. Pero Garfio habría de ser tocado por Emilio Flores con el tema del ViveBus. Y este es uno de los temas que con otro formato hubiera servido para aclarar posturas, realidades y mitos sobre el nuevo sistema de transporte urbano de la capital, y ayudar al debate sobre el de Juárez. Flores preguntó acerca de la fecha en que se pondría en marcha el ViveBus, en lugar de criticar solamente las molestias que genera esta obra como lo hizo Riggs, sin que ninguno criticara la bondad o no de la obra, simplemente se hicieron eco de las molestias de la ciudadanía sobre el retraso de ella, pero nadie criticó la enorme suma millonaria gastada para beneficio, no solamente de los ciudadanos, sino también, y sobre todo, de los concesionarios del transporte. Garfio respondió que ahí estaba la obra y que éstas hablaban por sí solas poniendo de ejemplo la sede del debate (Salón de Seminarios de la FCA de la Uach). Pero nadie planteó la municipalización del transporte, o la del agua, o la de tránsito, rubros que son facultad exclusiva de los municipios y que, por otra parte, le podrían allegar a las arcas municipales no pocos ingresos; nada más hay que imaginarse los ingresos por las sanciones de tránsito, rubro que ha llegado a aportarle al gobierno estatal ingresos parecidos a los generados por la desaparecida tenencia vehicular. La perla del debate de los candidatos chihuahuenses: Riggs propuso que aviones no tripulados vigilen la ciudad, los mismos que se usan en las áreas de guerra debido a los riesgos que correrían los pilotos de aviones tripulados. No queda de otra, deberá cambiarse el formato de los debates, no le sirve a la ciudadanía para medir a los candidatos, ni nos sirven de referencia para otorgar el voto, y menos si son cuasi clandestinos y todavía peor si se celebran a la hora del fútbol o de las telenovelas. asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Dignidad y derechos

El Diario, 6 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores El hecho de que el Club Campestre y Carla Herrera llegaran a un acuerdo, para dar término al litigio entre ellos, y dar pie a que Herrera y su esposa, Lilia Victoria Aún Caraveo, pudieran acceder a las instalaciones del club con plenos derechos, como cualquier otra familia, representa un verdadero hito en el reconocimiento de los derechos humanos en Chihuahua y ayudará a poner un alto a los actos discriminatorios, lo que significa elevar el respeto a la otredad. La contundencia de los argumentos de Carla Herrera y sus abogados, basados en el marco legal existente en Chihuahua, que tipifica como delito la comisión de cualquier acto discriminatorio, obligó a la directiva del club –y a no pocos socios– a repensar su postura, pues el equipo de Herrera decidió demandar al club no solamente por la vía civil, sino también por la penal a los dirigentes del club, cuando éstos resolvieron negarles el acceso a sus instalaciones aduciendo que no se trataba de un matrimonio. Luego, aceptaron que Lilia Aún accediera al club, pero en calidad de “doméstica”. Ante la decisión de Carla de demandarlos y hacer público el litigio, la expulsaron. Avasallados por el cúmulo de evidencias y testimonios en su contra aceptaron un primer trato: que Lilia sí entre, pero Carla no. Ante esa actitud, Carla y Aún apremiaron a la Fiscalía General a que interpusiera la demanda y la presentara a un juez. Así, el peor de los escenarios se les presentó a algunos de los más poderosos de Chihuahua; peor, porque en el proceso fueron evidentes los rasgos extremadamente conservadores y autoritarios con los que se comportaron en el caso de la pareja matrimonial homosexual. Con el agravante de que ambas, Herrera y Aún, eran socias o usuarias del mismo club de muchos años atrás. En las semanas previas, diversos medios de comunicación, a través de sus columnas editoriales, “informaron” que la empresaria había solicitado, en las reuniones de avenimiento sostenidas por las partes, que le solicitaran un perdón público y que, además, había solicitado una indemnización económica. En una entrevista radiofónica, ofrecida la semana anterior (Aserto Radio, Antena FM 102.5, Chihuahua, 28/V/13) afirmó que de ninguna manera eran ciertas esas versiones y rechazó tajantemente que el litigio presentado obedeciera a la búsqueda de reflectores públicos; se trata de una lucha porque reconozcan nuestros derechos, dijo, lo que su abogado, David Peña, especialista en litigios de esta naturaleza, ratificó al sostener que “más allá del ingreso al Club, lo que buscaba Carla Herrera es el reconocimiento a los derechos y la validez del matrimonio de las personas del mismo sexo en el Estado de Chihuahua, con esta decisión se reconocen los derechos, se respeta el matrimonio y con esto quedaría en acuerdo que quede sin efecto la acusación penal… tenemos claro el objetivo, el respeto a los derechos del matrimonio homosexual, se logró, es un precedente que se sienta al interior del club Campestre y un mensaje en Chihuahua a los grupos conservadores que no se puede estar por encima de la ley”, dijo. Seguramente que para la resolución del litigio –en el cual Carla mostró la mayor mesura, rasgo finalmente adoptado por la dirigencia del club, acto que se deberá valorar adecuadamente– contó la postura de la Suprema Corte de Justicia que en un caso semejante presentado en Oaxaca, entidad en la que el Código Civil establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer –que se hace eco de las posturas de prácticamente todas las religiones– en la cual catalogó como discriminatorio tal texto y conminó a la legislatura a cambiarlo por el de que el matrimonio se celebra “entre dos personas”. Igual camino se seguía en un litigio en Yucatán, pero ante el curso de los acontecimientos, el Poder Legislativo decidió adelantarse y modificar el texto legal. Algo semejante puede ocurrir en nuestra entidad pues ya una pareja homosexual, a la que se le negó el registro como matrimonio en la capital, anunció que interpondrá los recursos legales para ser respetados en ese derecho. De ahí la importancia del desenlace del conflicto entre Carla Herrera y el Club Campestre de Chihuahua. Ahora deberemos esperar la debida tolerancia de sus socios y que se comporten con la civilidad del mundo del siglo XXI.

Estrés policiaco

El Diario, 4 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores Los cada vez más frecuentes incidentes violentos protagonizados por elementos policíacos, como el ocurrido apenas el fin de semana en el que la policía municipal juarense, Francisca Ofelia Hernández Ibarra, con 15 años de servicio, en un incidente vial decidió agredir al otro guiador involucrado con disparos de su arma de cargo –las que el jefe de la agrupación, Julián Leyzaola Pérez, había ordenado no se sacaran de las estaciones del agrupamiento– demuestra claramente la necesidad de poner atención a un problema que evaden todas las instancias de autoridad, pero que puede dar a un mayor número de tragedias como la que motiva la presente reflexión, pues la víctima recibió uno de los disparos en la cara. Este incidente es secundario a otro aún más grave en el que los tripulantes de una patrulla municipal –también juarense–, argumentando ser víctimas de los disparos de un mujer embarazada, respondieron con fatales consecuencias pues mataron al feto. La víctima de los disparos de los polimunicipales no podrá procrear más, además de presentar heridas en la cara producidas por las cachas de las pistolas de los agentes, en un inexplicable acto de salvaje violencia, ya que hasta el momento no han podido demostrar los balazos disparados en su contra. Hay más. En la noche del juego de la final de futbol mexicano, en un confuso incidente, otro polimunicipal asesinó a quien era fanático del equipo contrario. ¿Son algunos casos aislados los presentados por elementos de la Policía Municipal, y de otros agrupamientos policiacos, especialmente de las más grandes urbes, o se trata, por el contrario, de un fenómeno más extendido? Así parece ser, de acuerdo con los pocos estudios realizados, no solamente con los policías municipales de Juárez y Chihuahua, sino también con los integrantes de las fuerzas armadas y las policías federales. Según un estudio de tesis para maestría en psicología, “entre los policías y militares están los casos de violencia intrafamiliar más severa”, lo que llevó al Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPSI) de Chihuahua –lugar en el que se atiende a los oficiales de la capital– a informar que en el último año, “únicamente once oficiales han acudido a terapias con sus familias, ya que sólo acuden por órdenes de superiores y no porque busquen voluntariamente ayuda”, según declaraciones del psicólogo Alberto Rodríguez Cervantes, fundador del Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPSI), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). (Nota de Lourdes Díaz López, El Diario/Chihuahua, 16/IV/13). Y esta información devela una parte aún más negativa del problema, la de que las víctimas de cualquier desorden de tipo sicológico o psiquiátrico –quizá el que pudiera aparecer con mayor frecuencia, el estrés postraumático– se niegan a reconocer su padecimiento y, obviamente, a tratárselo. Así, coordinadores policiacos, entrevistados por la reportera, le revelaron “que los oficiales aprenden a desahogarse de sus problemas platicando unos con otros, pero pocos son los que buscan ayuda profesional, además de tener diversas actividades deportivas de forma permanente para quienes deseen participar, sin embargo, no existe un programa como tal, que revise el estado emocional de los oficiales. Pues los policías, junto con los dedicados a las profesiones y oficios relacionados con la seguridad pública “están expuestos a sufrir el trastorno postraumático, por los altos niveles de angustia, inseguridad y tensión que enfrentan a diario en su trabajo, por tener los problemas y en algunos casos hasta la vida de otras personas en sus manos”, aseguró Rodríguez Cervantes. Además, sostuvo, quienes presencian “la muerte, escenarios dramáticos, requieren de sesiones psicológicas semanales para evitar que lleguen a tener actitudes violentas en su entorno”. Por tanto, en estos casos, la preparación deberá enfatizar en el respeto a los derechos humanos, al marco legal de su actuación, “sin darles jornadas mayores a las doce horas, pues hacerlos trabajar sin el descanso adecuado, genera conductas violentas, y también es una exposición a que busquen drogas para poder aguantar altos jornales sin dormir… Un hombre violento está en todas las profesiones, sin embargo, cuando éste es policía o militar, es doblemente riesgoso, ya que tiene entrenamiento físico y autorización para el uso de armas”. (Ibídem). Casi diariamente, ya sea en Juárez, o en Chihuahua, tenemos casos que evidencian el fenómeno que se está incubando en los agrupamientos policiacos ¿A qué esperar?

Referéndum

El Diario, 2 de junio de 2013 Luis Javier Valero Flores La elección del próximo 7 de julio será lo más cercano a un ejercicio referendista que tengamos a la mano sobre la administración de César Duarte. Más allá de lo obvio –que no aparecerá en las boletas electorales–, evidentemente que la obra de su gobierno, su papel en la definición de las candidaturas, en la concreción de las alianzas y candidaturas comunes y en general, el rumbo de las campañas electorales, serán parte fundamental de lo que los ciudadanos evaluarán. Hay, además, otro factor que con cada elección crece, el porcentaje de electores que no se identifican con alguno de los partidos, la mayor parte de los cuales se convierte en el denominado voto “switcher”, es decir, aquel que vota de acuerdo con el desempeño de los partidos, de los candidatos y de la actuación de los gobernantes. Otra parte de éstos son atraídos exclusivamente por las campañas y los candidatos, por una gran cantidad de factores presentes en la campaña y que no necesariamente tienen que ver con el mayor desarrollo democrático de la sociedad. Además, pesará el hecho de ser una elección de mitad de sexenio, las que menor atracción ejercen sobre el electorado y que, por si faltara, las opciones se redujeron a prácticamente sólo dos: o el PRI y sus aliados, o el PAN, a pesar de que en la capital del estado el PT y Movimiento Ciudadano presentaron candidatos a la alcaldía, pero que pesa sobre ellos el hecho de haber sido, hasta los inicios del presente proceso electoral, militantes destacados del PAN. El ballezano se encuentra, quizá, en lo más alto del poder que se puede ejercer desde una gubernatura. Pasados –casi– los tres primeros años de su administración ha ubicado en la mayor parte de los cargos más importantes a quienes lo acompañaron en la ruta al Gobierno del Estado desde mucho tiempo atrás, después de distribuir cargos a quienes no formaban parte de su equipo compacto y de intentar el equilibrio de las distintas corrientes políticas al interior del priismo chihuahuense. Con motivo del presente proceso electoral buscó, y obtuvo, aparecer como el gobernador que concitó el apoyo de prácticamente toda la oposición local, incluidos sectores significativos del panismo, que eso significaron las candidaturas de los ex panistas Miguel Jurado (a la alcaldía de Parral, ahora candidato de todos los partidos, con la excepción del PAN), Manuel Nárvaez (a la alcaldía de Chihuahua, por el PT, permanente aliado, inconmensurable, del PRI) y Emilio Flores, también a la alcaldía de la capital, pero por el Movimiento Ciudadano, partido que en los hechos también es aliado del PRI. Y la cereza en el pastel, el PRD. Por lo menos en las candidaturas comunes de varios municipios –la capital y Parral preponderantemente– y en el distrito electoral 01. Temprano para hacer un balance global del actual gobierno, si es tiempo de calcular –especular– sobre el efecto que algunas acciones gubernamentales pueden ejercer sobre el electorado, o por lo menos sobre una parte, más allá de algunas acciones, posturas y actos realizados por el mandatario. Sobresale una de ellas, la de ordenar la instalación de la cobertura universal en la educación media, media superior y superior. Sus efectos en el ánimo de una parte del electorado serán inmediatos: a favor. El número de quienes pueden estar en esa tesitura no es menor, y como se trata de estratos medios y medios bajos –de los que más votan– los efectos beneficiarán, sin duda, al partido gobernante en Chihuahua. Pero los efectos de mediano y largo plazo se sentirán en toda la sociedad, si la medida se mantiene (y todo lo hace pensar que así será) pues crecerá de manera significativa la población que accederá a los niveles superiores de la educación, y cuando eso sucede –eso esperamos– todos los índices negativos de la sociedad decrecen. Y como se trata de plazos de larga data, sería iluso pensar que podría incidir en los índices delictivos de ahora; no, medidas como ésta podrán apreciarse a vuelta de 5-10 años en la disminución de la violencia; el total de ella, si recordamos que, en números cerrados, de 2008 a 2012 se presentaron 17 mil homicidios en la entidad, de los cuales la Fiscalía General ubicó como relacionados con el tráfico de drogas alrededor de 10 mil, por lo que el resto de la sociedad, la no vinculada a ese sector delictivo por cualquier razón, cometió la friolera de 7 mil homicidios en el mismo período, lo que denota la existencia de serios, muy serios problemas en aspectos como la tolerancia, la irritabilidad social, la confianza en las instituciones, el respeto a la otredad, el machismo, la homofobia, la misoginia, etc. Y es en esos aspectos en los que la cobertura universal instalada por César Duarte puede incidir, temas que poco incidirán en el resultado electoral de ahora, pero que estarán presentes en los chihuahuenses involucrados en la educación. No son pocos, pasar de 10 a 21 planteles del Colegio de Bachilleres y de lograr que las universidades públicas aceptaran al total de los solicitantes, significa incidir en no menos de 200 mil chihuahuenses; y si además tal incremento en la matrícula escolar se dio sin que el gobierno estatal hiciera una gran inversión, tan sólo aprovechando los resquicios que ofrece el presupuesto federal es, sin duda, un logro que deberá valorarse adecuadamente. Lo que se hará si los excesos en el ejercicio gubernamental no lo impiden. Asombra, por otra parte, que dicha medida no se diera en el pasado, dada la existencia de nichos presupuestales que lo permiten. En el caso de las universidades públicas, por ejemplo, existen los mecanismos presupuestales que les permiten abrir nuevas áreas o programas educativos para los cuales, casi de manera automática, se destinan partidas presupuestales, con el añadido que una vez autorizadas, se garantiza su financiamiento permanente por la federación, casi en el 100 por ciento de la inversión. Lo mismo sucede con el resto de las instituciones educativas, aunque en ellas el esquema es diferente pues el gobierno estatal deberá aportar el 50% de los gastos y en las cuales existe una especie de “ruta crítica”, mediante la cual se le da seguimiento al desarrollo de una nueva escuela-universidad, de tal manera que los esquemas de financiamiento ya tienen establecido, por año, las nuevas instalaciones que necesitan y deberán construirse en el plantel recién abierto, esquema que posibilitó la apertura de los nuevos planteles de las Utech’s en la entidad. Más aún, de acuerdo con distintas fuentes, la elevación de la matrícula escolar en las universidades públicas (UACH y UACJ) no implicó elevar el gasto sino solamente aprovechar de mejor manera las instalaciones y el personal académico. Y si se toman en cuenta todos estos factores, más el económico, es decir, la derrama de recursos, primero para la construcción de los planteles, y luego para su funcionamiento, sobre todo en los lugares menos poblados, podremos entender las repercusiones benéficas, para la sociedad de esos lugares en particular, y en otro ámbito, el político, para la administración que realiza tales acciones. Imposible saber si al momento de lanzar tales iniciativas –y concretarlas– se tenía como meta elevar los rendimientos electorales, pero de que influyen –e influirán– es inobjetable y ahí podrían ubicarse algunos de los factores que llevaron a que la encuesta realizada por Mitofsky, evaluando el desempeño de César Duarte, mostrara una aceptación superior al 70 por ciento, aunque lo sucedido el año pasado con todas las empresas encuestadoras es como para cuestionar sus trabajos de manera permanente, y más en épocas electorales. Otros serán los aspectos que serán más criticados por la oposición (¿cuál?) en la campaña, como los nuevos sistemas de transporte urbano en Juárez y Chihuahua, más que por la concepción, por los retrasos en su instalación, gravísimo en el caso de Juárez pues el atraso es de años, y que podría llevar a algunos electores a optar por la única oposición existente en el actual proceso electoral, pero cuyos errores les pueden impedir obtener mayores simpatías, como el del candidato a la alcaldía de la capital, Miguel Riggs, al momento de declarar que “(Juan) Blanco y (Carlos) Borruel son mis mentores”, quienes terminaron sus gestiones seriamente criticados. Bueno, pues a pesar de todo, esta elección tiene un elevado tufo referendista.