Chihuahua, 4o lugar en homicidios. 15 años y seguimos en las mismas

El Diario, 28 de agosto de 2022

Luis Javier Valero Flores 

• Militarizar a la Guardia Nacional ¿Para qué?
• AMLO enviará esa propuesta como “iniciativa preferente”
• Pretende eludir la prohibición constitucional
• Chihuahua es ejemplo de las fallidas estrategias de seguridad pública. Lo fue antes, también con la 4T
• Más de 3 años de la GN en Chihuahua, su fracaso se llama “Chueco”

No hay duda que el presidente López Obrador argüirá que su propuesta de dejar en manos del ejército es para cuando “él ya no esté”.

No tiene marcha atrás, el presidente más militarista de la época moderna desea, por cualquier vía, colocar bajo la égida del ejército a la Guardia Nacional (GN) y lo hará violando el marco constitucional-legal, a través de reformar algunas normas secundarias, por medio de la presentación -y aprobación, pero, por supuesto, de los legisladores morenistas federales, sin cambiarle una “sola coma”- de una iniciativa “preferente” que, por ese carácter, el Congreso de la Unión deberá  discutirla y aprobarla inmediatamente.

¡Claro que si lo hacen antes del 16 de septiembre, el presidente se los agradecerá infinitamente, ya que entonces podrá inflamar de orgullo patriótico a sus seguidores, en el mensaje que enviará conteniendo este tema y el del abierto “desafío” al gigante norteamericano a propósito del TMEC! … Y, por supuesto, la élite militar estará de plácemes.

No hay argumento sólido que sustente su propuesta. 

México está inmerso en una espiral de violencia: Van 18 mil 93 homicidios dolosos en México durante 2022, un promedio de 85 diarios, Igual que el año anterior, las entidades más violentas son Guanajuato (mil 864); Michoacán (mil 587); Baja California (mil 567); Estado de México (mil 475); Jalisco (mil 218); Chihuahua (mil 232).

Reacio a aceptar, ya no cualquier crítica, sino estadística que contradiga sus dichos, ante el infierno vivido en varias entidades en los primeros días de agosto, el presidente dijo que ese período “fue de los fines de semana (sic) con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra”.

Sin embargo, el primer fin de semana de agosto (del 5 al 7) fue el segundo con el mayor número de homicidios de este 2022, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Pero los otros datos hunden el optimismo presidencial. 

Ante esos episodios, el gobierno norteamericano emitió una alerta de viaje en la que exhortó a sus conciudadanos a no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Y recomendó “reconsiderar” visitar a Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Sonora y Jalisco.

Más. En 2022, la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, fue de 28; un año antes fue de 29, período en el que ocurrieron 35 mil 625 homicidios, una mínima disminución que, sin embargo, es revelador de la inmensa tragedia que sufren los mexicanos.

Persistente en esa lista, Chihuahua, igual que en los 14 años anteriores, se colocó (en 2021) como una de las 6 entidades que aportaron, en conjunto, la mitad de los homicidios nacionales.

Chihuahua es ejemplo de las fallidas estrategias en seguridad pública, antes, pero también ahora con la 4T, la que se encamina al cuarto año en el poder, suficiente tiempo para evaluarla.

Disculpen tantas cifras, son necesarias.

Estos son los homicidios en Chihuahua desde el 2011: 

2011, 4 mil 500; 2012, 2 mil 772; 2013, 2 mil 133; 2014, mil 755; 2015, mil 540; 2016, mil 788; 2017, 2 mil 248; 2018, 2 mil 978; 2019, 2 mil 936; 2020, 3 mil 468; 2021, 2 mil 743.

Según el Informe de Seguridad, de enero a julio, Chihuahua sufrió  mil 132 homicidios dolosos y si las cifras hasta julio se proyectan al año, los homicidios rondarían los 2 mil, lo que arrojaría una tasa de 51.77 por cada 100 mil habitantes, casi el doble que la tasa nacional.

Juárez había sufrido, hasta el 26/08/22, 101 homicidios, lo que llevaría a que agosto se convierta en el mes más violento del año y sería el tercer mes del año en que se presentan más de 100 asesinatos. 

También en Chihuahua, por tercer mes consecutivo (hasta julio) registró más de 40 homicidios dolosos, con los cuales se acumularon 243 a lo largo de 2022, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que es una disminución del 2.8% comparado con el mismo periodo de 2021.

¿Frente a estos hechos, en qué ha influido la presencia de la GN en Chihuahua? 

En nada, fuera de los escasos momentos posteriores a los hechos de sangre.

El número de elementos de la GN en Chihuahua, en comparación a los que tiene la Cd Mx., puede ilustrar. 

La capital del país, al igual que Chihuahua se ha ubicado dentro del grupo de las 10 entidades con el mayor número de homicidios, sin embargo, con datos hasta marzo de este año, en tanto que en Chihuahua ascendían a 6 mil 875 los homicidios, en la CdMx habían asesinado 3 mil 999.

Pero allá tenían destinados 13 mil elementos de la GN, contra 2 mil 600 elementos acantonados en Chihuahua ¡Tres veces más soldados allá, con apenas poco más de la mitad de los muertos acá!

¿Y entonces?

No es lo único, a diferencia de los años 2008-2012, en el que la PGE informó que la mitad de los asesinatos estuvo involucrado el crimen organizado, ahora, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, afirmó que más del 90% de los homicidios están relacionados con temas de narcomenudeo, y si hay este, existe el crimen organizado, de la competencia federal. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 2/08/22).

Esta serie de hechos reflejan la ola de violencia de México, que registró 33 mil 315 homicidios en 2021, después de los dos años más violentos de su historia, con 34 mil 690 víctimas en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

Si hubiese un dato que evidencie palmariamente el fracaso de la política de seguridad, es el hecho de que ya suman 18 detenidos los ligados con ‘El Chueco’, de acuerdo con las informaciones oficiales, pero que ninguno (si acaso uno o dos) de ellos está relacionado con los asesinatos de los sacerdotes y el presunto asesino de Cerocahui está libre.

No solo han fracasado en detenerlo, las aprehensiones realizadas demuestran, de ser ciertos y confiables los procesos seguidos, que esas zonas eran tierras sin ley.

¿Cuando se vayan dejarán a las fuerzas estatales la responsabilidad exclusiva de garantizar la seguridad pública en esa zona, y en el resto de La Tarahumara?

¿Qué no hay el suficiente conocimiento policiaco que les diga que la única fuerza que lo puede hacer, es una corporación policiaca civil?

¿Acaso no sostiene el presidente que la criminalidad debe atacarse yendo a las causas?

¿Acaso no es una razón más que suficiente, de esos elevados niveles criminales, la inexistencia de cuerpos policiacos capaces, entrenados, numerosos, bien pagados, probos y profesionales?

A cambio, López Obrador se va por la salida fácil, la de apostarle a los mandos militares, que no cuentan con el arsenal de inteligencia necesaria para afrontar el enorme desafío de la seguridad pública en el país, y un reto imposible de afrontar por las policías estatales y municipales.

El principal problema de seguridad pública en México es la profunda debilidad institucional de las policías municipales y estatales, mismas que, además, carecen del número suficiente de elementos adecuadamente equipados y capacitados para hacer frente a la delincuencia, sostiene Álvaro Vizcaíno Zamora, Exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (Nexos, 3/01/19).

Nos hacen falta, cuando menos, 100,000 mil policías a nivel estatal y la mitad de los municipios del país tienen menos de 10 o ningún policía.

Pero sin dinero, no se puede. El  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública destinado a las Entidades Federativas (FASP), tuvo un monto, en 2018, de casi 7 mil millones de pesos, pero inferior en 22.8% al de 2015. (Ibídem).

Así no se puede.

La tendencia internacional es que las gendarmerías o guardias civiles o nacionales, con origen militar en la mayoría de los casos, tengan mando civil. 

La principal razón ha sido evitar violaciones a Derechos Humanos, ante la diferente formación de policías y soldados. En caso de trasgresión de las leyes, los primeros actúan ante ciudadanos y los segundos ante enemigos. 

El único país que ha fusionado policías y militares es Austria, en 1849, que cuenta con una estructura y organización militar, con misiones de vigilancia del orden y de seguridad pública, pero de carácter civil y con dependencia del Ministerio del Interior.

“Si los ataques frontales y la militarización del país producen más violencia, ¿No deberíamos buscar otras políticas para solucionarla, pues está demostrado que la militarización de la seguridad pública, acompañada del prohibicionismo de las drogas ilícitas es el peor escenario posible?”: Laura Atuesta Becerra, Profesora-investigadora del CIDE.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Adriana Terrazas ¿Regreso al origen?

El Diario, 25 de agosto de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Justamente a unos días del primer informe de la gobernadora Maru Campos, el Congreso se ha quedado, no ingobernable pues decir eso sería un exceso, pero sí está ante una situación no totalmente inédita ya que es muy semejante a la generada por el ex gobernador Javier Corral,  con mucho menos tacto político que el empleado por el ex gobernador César Duarte para hacer lo mismo: Expulsar a la principal oposición de los órganos de gobierno.

Sí, el PAN ahora preside la Junta de Coordinación Política, y por la vía de la neomorenista (¿aún?) Adriana Terrazas, -de quien hemos señalado algunos de sus rasgos políticos más sobresalientes, totalmente ligados a los del grupo gobernante de Chihuahua, y especialmente en Juárez, durante el gobierno del ballezano Duarte- dirigen la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que regirá al Poder Legislativo a lo largo de un año a partir del 1o de septiembre.

Lo hicieron en abierta oposición a la mayoría de Morena en el Congreso, cuyos integrantes, con la excepción de Terrazas, abandonaron la sesión y emitir un duro cuestionamiento.

La maniobra panista tiene como sustrato, incontrastable, la de perseguir tener una mayoría legislativa, con una directiva a modo para lo que resta del año, que es, sin duda, muy importante para la gobernanza del estado.

A lo mejor es una simple coincidencia, o quizá no, en virtud de la ruta trazada por el actual grupo gobernante, pero no podría descartarse en esta acción que el equipo presidencial no invitó a Maru, nuevamente, a la reunión presidencial con los alcaldes fronterizos de Sonora y Chihuahua. 

¿Porqué no convocarla?

Puede no estar lejos la respuesta -¡Ah, po’s porque se trata de una maniobra política-electoral y nada más-.

¿Tuvo algo que ver, en la no invitación presidencial, la permanente postura beligerante de Juan Carlos Loera? Probablemente. Imposible saberlo tan pronto.

¿Qué frente a eso reaccionó la gobernadora y su equipo, llamando a una de las de “confianza” en Morena, que es casi como propia del eje gubernamental en Chihuahua, es decir, del PRI-PAN, y todavía más, de las confianzas de César Duarte, pero, sobre todo de Enrique Serrano?

No tenemos la información al momento, pero seguramente los hechos reales ocurridos se desgranarán con los días.

Por otro lado, este episodio demuestra, una vez más, la enorme equivocación cometida por el presidente López Obrador, de buscar, a como dé lugar, a los integrantes del partido del antiguo régimen para aliarse con ellos.

Por “ética y disciplina” partidaria rechazaron Magdalena Rentería y Rosana Díaz “subir” a la Mesa Directiva y en consonancia, el total de los restantes 10 diputados de Morena abandonaron el recinto de la asamblea legislativa, sólo la nueva ungida se quedó ahí, presta a recibir las felicitaciones de …. priistas y panistas… y los arrimadijos políticos existentes ahí, a los que la principal fuerza política en turno -ya sea en el ámbito federal, o en el estatal- les da cobijo, que es mucho más que eso.

“Debido a la intromisión política por parte de diversas fuerzas políticas de este Congreso, quienes bajo la necesidad de detentar el poder han violentado la vida interna de Morena, la autonomía partidaria, el derecho a la auto organización, a la autodeterminación y a la autorregulación de los partidos políticos”, argumentaron las morenistas.

La mesa directiva propuesta por el PAN y el PRI no puede ser aceptada, sostuvieron.

Lo efectuada por la mayoría parlamentaria actual, conformada por el resto de los partidos, con la excepción de Morena, es una grave violación a la autonomía partidaria al pretender imponerle a una fuerza parlamentaria, cualquiera que ésta sea, los acuerdos de la mayoría que, en este caso, no tenían jurisdicción y, además, con su propuesta, reconocieron que el texto constitucional, que la rotación de acceso a los cargos legislativos debe ser prioritariamente entre las dos primeras fuerzas -PAN y Morena- en el Poder Legislativo.

Con esta decisión precipitarán la agudeza de los conflictos, nada más ¿Qué tanto perdían en entregarle a cualquier diputado del partido minoritario -frente a la mayoría multipartidaria- la presidencia si al fin y al cabo tienen los votos mayoritarios?

PD. No se tardaron tanto los morenistas: El nuevo presidente del Consejo Estatal se pronunció en favor de Adriana Terrazas, en postura radicalmente contraria a la absoluta mayoría de los diputados del morenaje.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

¡Inaudito! Se pusieron de acuerdo en MORENA

El Diario, 21 de agosto de 2022

Luis Javier Valero Flores 

¿Qué prevaleció en las elecciones de ayer en MORENA para designar a los integrantes del Comité Estatal?

¿La búsqueda de acuerdos, de consensos, con los que ha actuado hasta la fecha el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; o el de la confrontación interna y externa, a la que es tan afecto el delegado Juan Carlos Loera, ya sea contra Pérez Cuéllar o contra la gobernadora Maru Campos? 

Presos de la tendencia marcada por el presidente López Obrador, los morenistas eligieron como sus dirigentes a los propuestos por dos grupos, los hegemónicos al interior del partido gobernante en Chihuahua.

A diferencia de una de las características de la izquierda socialista, los consejeros de MORENA no debieron optar entre dos grupos con una diferenciación programática, sino entre quienes se alinean a los dos principales funcionarios públicos morenistas en Chihuahua, el delegado federal, Juan Carlos Loera, y el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Eso se reflejó en todas y cada una de las votaciones, celebradas para elegir al presidente, secretario general y las 7 carteras que habrían de definirse: Sólo existieron dos candidatos para cada posición, los pertenecientes a esos dos alineamientos.

Así los “loeristas” se quedaron con la presidencia del Comité Estatal, con la sobrina del delegado, Brighite Granados de la Rosa, en tanto que los “crucistas” ganaron la presidencia del Consejo Estatal con Hugo González, (ex asesor de los diputados locales de Morena), además, el segundo cargo partidario, la Secretaría General, recayó en el también crucista, Omar Holguín, ex presidente del Consejo Estatal, ex director de Gobernación federal, con 41 votos.

Granados de la Rosa ganó con un total de 47 votos frente a los 43 de la exdiputada local y actual regidora juarense, Ana Carmen Estrada, de filiación crucista. Kevin Mares, será el nuevo secretario de organización y Luisa Rey de Formación Política; en Comunicación, Javier Zubía y en la de Mujeres, Valeria Cruz.

Aparentemente, y de acuerdo con las primeras declaraciones de Pérez Cuéllar, las votaciones fueron divididas y los resultados beneficiaron  a uno y otro grupo.

En cambio, Loera de la Rosa, en un mensaje en las redes sociales, con la foto de la nueva dirigente, Brighite Granados, sin mencionar a ninguno de los recién elegidos, escribió que “El rumbo en Chihuahua para Morena será legítimo y con apego al Pueblo (sic). Tenemos presidenta de Izquierda”.

De esta forma, a pesar de que los nuevos principales dirigentes estatales de Morena sean de la más larga data al interior del morenismo, incluso fundadores, su arribo obedece al influjo de la oleada neomorenista que ha llegado avasallando la escasa estructura y formación política-ideológica existente, pues quienes los eligieron son fruto de la altamente cuestionada elección efectuada el 31 de agosto en la que, según denuncias de los mismos morenistas, prevalecieron el acarreo de votantes, con listas previamente elaboradas, chantajes y extorsiones a fin de que votaran por determinadas fórmulas (un hombre y una mujer).

Los fundadores y todos los miembros de las primeras etapas de Morena han sido arrasados, quienes hoy llegan a la dirigencia son el fruto de las acciones que durante décadas tanto rechazaron.

El pragmatismo llegó para quedarse en el partido de López Obrador. No podía ser de otra manera, esa fue la tónica imprimida al partido por su principal creador, hoy primer mandatario nacional emergido de la izquierda.

Ausente de este partido la discusión política, desde los tiempos de AMLO como presidente del mismo, en la que nunca fue sometida al escrutinio de los consejeros nacionales, ni la política en general del partido, ni sus estrategias; vamos, nunca se discutió en algún Congreso o Consejo Nacional la disyuntiva planteada desde su inicio por algunos de sus integrantes, la de continuar como “movimiento” o como partido, pero tampoco las posturas o posiciones frente a las coyunturas que se les presentaban.

Todo lo resolvía AMLO, y las reuniones del Consejo Nacional eran, solamente, la ocasión para transmitirles a los dirigentes estatales las “instrucciones” de lo que que deberían hacer en el siguiente período.

No podía haber discusión alguna, Morena nació para llevar a la presidencia de la república a su principal animador y a su único dirigente, quien hoy reside en Palacio Nacional, pero la ruta para llegar a ese lugar no implicó, nunca, la discusión de qué hacer al llegar al poder, eso fue determinación exclusiva del tabasqueño.

Lo que hoy ocurre es una etapa más de la plena continuidad del accionar de la izquierda que concibió la posibilidad -en los lejanos tiempos de fines de los 70’s y principios de los 80’s del siglo pasado- de unirse para derrotar al régimen del partido casi “único”, pero dejaron de lado la discusión el proyecto de país que habrían de concretar, en caso de acceder al poder.

Hoy MORENA transita de ese modo, presa del pragmatismo, que funcionará en la medida de que sus principales dirigentes -los reales, no los formales- puedan llegar a acuerdos, en lo general y en lo concreto, pero ausentes de tal práctica las tareas de largo plazo.

Los resultados denotan lo que se intuía, la cerrada competencia entre los dos grupos, prácticamente empatados, que lo superan al obtener entre 3 o 4 votos de los consejeros neutrales, lo que puede ser la tónica que se dará a lo largo de las definiciones que habrán de presentarse en los próximos años, especialmente en la de las candidaturas del 2024, en las que habrán de designarse candidatos a diputados federales, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos.

Pero, además, y no es poca cosa, definirán la postura de Morena frente al gobierno de Maru Campos, oscilante ahora entre la asumida por Pérez Cuéllar -la de la institucionalidad- y la de Loera de la Rosa -la de la confrontación, prácticamente en el lindero de las posturas estrictamente partidarias, a pesar de ser el representante del gobierno federal.

Desconocida en los ámbitos políticos más allá de Morena, Granados de la Rosa, por sus relaciones personales, familiares, se le podría etiquetar como la dirigente que intentaría transitar en la ruta trazada por Loera de la Rosa, de estrecha cercanía al ex gobernador Javier Corral, a contrapelo de las múltiples evidencias políticas de que el actual grupo gobernante en Chihuahua se siente cómodo con quienes formaron parte -cerca o lejanamente- de la administración del ex gobernador César Duarte.

¡Quien lo fuera a decir, que en el sexenio de Maru Campos, las posturas de su principal opositor, Morena, transitaran entre las filias a uno ú a otro exgobernador!

Y esa será la divisa del morenismo local, la obligación de tener que definirse ante cada encrucijada que se le presente, como la que ahora tiene en el Congreso del Estado, en el que, ante la decisión unánime de sus diputados para llevar a la presidencia del Congreso a Benjamín Carrera, posición que legalmente les corresponde, por demás que PRI y PAN argumenten que pueden evadir el señalamiento del texto constitucional que claramente señala la “prioridad” en la que deban distribuirse los cargos en el Poder Legislativo y que, tramposamente, pretenden escamotearle nuevamente a MORENA, como en tiempos de Corral, para nombrar a la neomorenista Adriana Terrazas, de larga militancia priista, al lado del juarense Enrique Serrano y del ex gobernador César Duarte.

Sin embargo, en un vuelco sorprendente, Terrazas -quien formó parte del equipo de Enrique Serrano, el ex candidato a gobernador priista en 2016, de quien fue su coordinadora de campaña- “indicó que aún no ha tomado una decisión sobre aceptar encabezar la mesa directiva” y expresó “le gustaría contar con al apoyo de su coordinador y de la bancada, sentir pertenencia y orgullo por el proyecto de la 4T”.

En cambio, Carrera, en lugar de lanzar un mensaje a las otras fracciones, en el sentido de que habría una conducción institucional en el Congreso del Estado, y que él la garantizaría, dijo que “… vieran qué bien se siente que ni el PAN ni el PRI te vean de su lado, es algo que les contaré a mis nietos”.

¡Se le olvida que resolvieron participar políticamente en este régimen de partidos políticos y no por la vía revolucionaria de destruirlo!

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Cuento de nunca acabar. La disputa por la directiva del Congreso

El Diario, 18 de agosto de 2022

Luis Javier Valero Flores 

No obstante la lejanía en la que se aprobó la manera en que deben integrarse los diversos órganos directivos del Congreso del Estado, una y otra vez las fuerzas parlamentarias intentan, a como dé lugar, asumir los espacios de poder, a pesar de la existencia de un conjunto de reglas que definen la manera en que deben integrarse los órganos directivos del Congreso.

En esa disputa lo que asoma es la inveterada tendencia de la clase política a eludir, de cualquier manera, las reglas establecidas, en todo y para todo.

Así ocurre hoy, al igual que en la legislatura pasada en el gobierno de Javier Corral, al momento en que la primera fuerza legislativa -el PAN- debe dar paso a la segunda en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

No hay lugar a dudas, el art. 61 de la Constitución de Chihuahua establece que:

“ARTÍCULO 61. El Congreso del Estado tendrá una Mesa Directiva que será el órgano encargado de dirigir sus trabajos.

…

La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política”.

De ese modo, algún diputado de Morena debería presidir los trabajos del siguiente período de sesiones, sin embargo, al igual que hace tres años y que hace casi seis, el partido gobernante en Chihuahua se opone a cumplir con lo preceptuado constitucionalmente y echa mano, como en aquellos momentos, de los partidos que integran el bloque hegemónico.

En este caso, el PRI ha resultado beneficiario de tal pretensión y se han desatado las pasiones entre sus diputados locales por ocupar ese lugar.

El problema, como ocurre en el ámbito nacional, y no solo en estos tiempos, es que ese bloque muestra su poco respeto por la legalidad vigente. Con tal de evitar la llegada de los morenistas a los cargos directivos congresuales, son capaces de efectuar cualquier maroma legaloide.

A lo anterior se deberá sumar el hecho de que fueron los votos ciudadanos los que determinaron la representación de cada fuerza política, por tanto, el hecho de negarle -ú obstaculizarle- a Morena, y a cualquier otro partido, las posiciones derivadas de la confianza que los electores depositaron en todos y cada uno de esos partidos, es faltarle a la voluntad ciudadana.

No solo eso, hay, además, un acuerdo pactado al principio de la legislatura mediante el cual se estableció el orden en que cada partido accedería a los puestos directivos del Congreso. Hoy pretenden violar ese acuerdo faltando a su palabra.

No es todo. A cada disputa, a cada momento definitorio, las fuerzas políticas exhiben su incongruencia -unas más, otras menos, pero al fin y al cabo, todas-. 

Tomemos de ejemplo, el más reciente, el de la propuesta de López Obrador, de adjudicar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que viola preceptos constitucionales y tratados internacionales, y que es violatoria, además, del acuerdo pactado por todos los partidos políticos, al que se sumó el presidente, de que la GN se mantendría como una corporación civil.

Así, el presidente y su partido se desdicen de lo que pactaron, firmaron y votaron.

Pero ahí los partidos de oposición, por supuesto el PAN y el PRI, le exigen al bloque gobernante que ¡Respete la ley y los acuerdos alcanzados!

¿Cómo entenderlos?

Sólo hay una manera: La de que en su pretensión de hacerse del mayor número de posiciones de poder, se vale de todo, hasta la de faltar a su palabra y principios.

Más aún. 

Los chihuahuenses venimos de dos experiencias a cual más de traumáticas, en los gobiernos de César Duarte y Javier Corral, en la que lo hoy abordado fue moneda corriente, además de la infaltable ausencia de la necesaria, republicana y democrática división de poderes.

Un episodio más de lo anterior es deplorable.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

No a la militarización

 

• Juárez bajo fuego
• Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Zacatecas… ¿Cuántos más?
• ¿Acciones separadas o concierto criminal?
• Infundir terror ¿Para qué? ¿Para legitimar la militarización total de la seguridad pública?
• ¿Para qué profundizar en la militarización si ha sido un completo fracaso esta estrategia, vigente desde la Operación Cóndor en los ’70’s?

El Diario, 14 de agosto de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Hipotético intercambio entre un seguidor de López Obrador y un crítico de él: 

-Crítico: “Los cocodrilos vuelan”

-Seguidor: “Eso no es posible, no es cierto”

-Crítico: “El presidente López Obrador dijo que volaban”

-Seguidor: “¡Ah, bueno! ¡Sí vuelan, bajito, bajito, pero sí vuelan!”

No es el único pasaje que retrata lo que ocurre hoy en el país.

Hay otro, el escenificado por el entonces recién estrenado Secretario de Educación de Javier Corral, Pablo Cuarón. 

El mismísimo día de la toma de posesión de aquel, los periodistas le preguntaron que a partir de cuando dejarían de cobrarse las cuotas de inscripción y colegiaturas como había prometido Corral. Cuarón, sin amilanarse un ápice, contestó orondamente -¡Ah, es que las promesas son del corazón, no de la razón!

Así le ocurre hoy al presidente López Obrador, va en el sentido exactamente opuesto a lo que le prometió al “pueblo bueno y sabio”.

Dijo que no se tardaría ni “seis meses” en regresar al ejército a los cuarteles. Por supuesto, sus seguidores acudieron al ejemplo de aquel asistente de Porfirio Díaz, a quien le preguntó -¿Qué horas son? -Las que usted, diga, señor presidente.

Lo es el único, ni el mayor, de los problemas generados por al cambio de postura presidencial al pretender adscribir a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque resulta que no solo le está mintiendo a los mexicanos, sino que al intentar eludir el precepto constitucional que ordena la categoría de “civil” de la GN, viola un acuerdo parlamentario que permitió aprobar la creación de ella, por unanimidad.

“Los conservadores”, creyendo en su palabra, votaron a favor de su propuesta, hoy pretende desdecirse, deshonrándola.

El problema mayor es que ahora le dice a la nación que es la única vía para enfrentar el enorme desafío por la delincuencia, que sean los militares los responsables de la seguridad pública en el país, echando por tierra cualquier esperanza de la construcción de una fuerza policiaca civil, dirigida por mandos civiles.

No hay argumentación que le dé sustento a esa pretensión.

El principal referente de los “delitos de alto impacto” son los homicidios.

Los resultados son espeluznantes.

¿Es cierto que el gobierno de López Obrador mantiene una política en contra de los criminales sintetizada en la frase ‘abrazos, no balazos’?

La GN tiene casi 114 mil elementos, al 20 de enero de 2022, y una fuerza operativa de 104 mil 496 efectivos y, de éstos, se encuentran desplegados 91 mil 656. Se espera termine el año con 126 mil 776 efectivos.

Apresurar el paso de la GN a la Sedena pareciera ser el reconocimiento de que su estrategia de seguridad fracasó y entonces solo queda el ejército para pacificar el país.

La Guardia Nacional ha sido militar desde su creación, en 2019. Su integración fue con soldados, su comandancia recayó en un general y toda la estructura de mando está encabezada por oficiales que le rinde cuentas al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Y aunque sean números muy fríos, servirán para dimensionar la tragedia sufrida por los mexicanos.

Comparada con la Policía Federal, por sus resultados, la Guardia Nacional ha sido un fracaso pues ésta tiene un despliegue territorial casi cinco veces mayor que la corporación dirigida por Felipe Calderón y Peña Nieto (pues tuvo, en el mejor momento, 40 mil elementos y de éstos solamente la mitad, 20 mil estaban desplegados). El número de homicidios presentados en el actual sexenio es absolutamente superior a  los que en cualquiera de los precedentes.

Con mucho mayor fuerza desplegada en el país, en los primeros 45 meses del gobierno de López Obrador se registraron 130 mil 373 homicidios dolosos, contra 60 mil 319 en el de Calderón y 81 mil 299 en el de Peña Nieto (La guerra en números, TReasearch, 11/VIII/22).

Homicidios por sexenio:

Carlos Salinas, 76,767; Ernesto Zedillo, 80,671; Vicente Fox, 60,280; Felipe Calderón, 120,463; Enrique Peña, 156,066; AMLO, 130,518 (Hasta 31 de julio ’22).

El promedio diario de 2022 es de 82; si lo anualizamos, al final del año llegaremos a los 29,930 homicidios, ciertamente por debajo de los años precedentes (2019, 36,661; 2020, 36,773; 2021, 35,625) y si se proyecta a 2023 y 2024, con esta disminución, al término del sexenio, llegaremos a los alrededor de 200 mil homicidios en el gobierno de la 4T.

Esto significará que en el curso de 6 sexenios se habrá asesinado a poco más de 700 mil mexicanos, sin contar con los desaparecidos y las decenas de miles de víctimas fatales no identificadas.

¡Fracaso absoluto!

Pero la militarización de la seguridad pública empezó mucho antes. 

En 1975 la PGR anunció la ejecución de un “redoblado esfuerzo de erradicación” (de la producción de mariguana) en el que se incorporó públicamente al Ejército en varios niveles. La Operación Cóndor significó tanto un despliegue sin precedentes de elementos castrenses sobre el territorio nacional, como la subordinación de la autoridad civil al mando militar.

Lo que ahora pretende López Obrador es la más reciente de la vuelta de la tuerca iniciada en esos años.

Durante los últimos treinta años se ha hablado de que el saneamiento de las policías es la única manera civilizada de combatir a la delincuencia, el fracaso es evidente, porque la incapacidad de la clase política para diseñar, acordar, instrumentar y asumir una política de seguridad pública transexenal lo ha impedido.

Hoy lo vemos en los hechos del “Jueves Negro juarense”.

Una riña entre presuntos integrantes de las bandas criminales Los Mexicles y Chapos en el Cereso número 3, con saldo de tres reos muertos y al menos 20 lesionados, mostró lo que a veces se olvida, el control de las bandas criminales sobre los penales.

A partir de ahí se desató el infierno, a manos de sicarios enloquecidos sin orden, ni concierto que, a diferencia de los sucesos de Jalisco, Guanajuato y BC enfilaron sus baterías en contra de los civiles (aunque también allá se presentaron ese tipo de hechos) mostrando, como en Culiacán en 2019, su poderío y fuerza.

Deberá destacarse la acción de los polimunicipales, que respondieron adecuadamente, aunque, también, es de apreciarse la participación de las otras corporaciones.

Podrá especularse acerca de la posibilidad de acciones concertadas en todos los episodios violentos de tales entidades, sin embargo, con la información disponible, hasta el momento, podría descartarse, a menos que se piense de algún poder extraestatal interesado en hacer crecer la percepción de que se necesita militarizar a la GN.

El presidente no necesita tal.

Después de las acciones de los delincuentes, como era de esperarse, las corporaciones montaron operativos para “resguardar” todas las instalaciones. Orgullosamente las autoridades pregonaron que “todo está en paz”, que “los juarenses pueden estar tranquilos”.

Es lo mismo que en Cerocahui, Guadalajara, Fresnillo, Guerrero, etc. Una vez finalizados los “raids” criminales, sus autores regresan a sus casas de seguridad, a sus áreas de confort y vuelta a la “normalidad”.

En ella, el crimen organizado ha expandido y diversificado sus actividades de todo tipo, elevado el número de giros comerciales y delincuenciales, con una indudable mejoría y especialización empresarial, al tiempo que ha ido extendiendo, tanto los territorios dominados, como su base social, que lo ha llevado a sustituir o reemplazar al Estado. 

Y la cereza en el pastel: Ha mejorado su infiltración y relación con la clase política.

¿Qué hacer entonces con el ejército?  

En palabras del presidente es más claro: “¿Qué me preocupa hacia adelante? Que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo, creando la GN, vuelva a como estaba antes, quede en Gobernación, quede en Seguridad Pública”.

¿Y si los mexicanos deciden otra cosa en 2024, o después?

Sin las fuerzas armadas en esas tareas, dijo López Obrador, el Estado mexicano no podrá garantizar la seguridad pública.

La respuesta es rápida y sencilla: Lo que hizo la policía municipal, buscar y detener a los responsables.

La intervención militar en seguridad sólo es aceptable si es extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Puede tener razón AMLO, pero lo que está en juego debería discutirse entre todos y no solo desde Palacio.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)