5 por ciento

El Diario, 12 de diciembre de 2012 Luis Javier Valero Flores El lunes, el gobierno federal publicó un decreto donde se establecen las medidas “para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos, y de las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración”, que contiene las medidas en concreto del programa de reajuste del gasto corriente anunciado días atrás por Enrique Peña Nieto. La cereza del pastel, en la visión del nuevo grupo gobernante, la constituyó el anuncio de que “el gasto en servicios personales de la Administración Pública Federal se reducirá 5 por ciento en el concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores”. Es decir, el decreto no señala, como todos las notas informativas divulgaron, que el salario de los funcionarios disminuirá, sino el total del gasto en ese rubro, de todo el gobierno federal. ¡Menuda sorpresa! Y ya todos nos apresurábamos a felicitarlos por tan valiente medida, reflejo del elevado nivel de compromiso para con la sociedad, por una parte, y por la otra, criticar lo menguado del porcentaje a disminuir los ingresos de los multipremiados funcionarios públicos mexicanos. ¡Vaya ingenuidad la nuestra! Pensar que por primera ocasión los beneficiarios del presupuesto público se atrevieran a bajarse el salario fue algo así como una utopía y, claro, ninguno de ellos ha salido a precisar que la disminución es en el total del gasto corriente, debido a que, como lo establece el decreto, desaparecerán los puestos con funciones duplicadas, no contratarán nuevo personal con pago por honorarios, no crearán nuevas plazas, se ahorrará en papel, teléfonos, viajes, viáticos, etc., todo ello muy bien, si lo hacen, pero de ahí a bajarse el salario ¡N’ombre! El ahorro por esa medida será de alrededor de 2 mil 423 millones de pesos, que ratifica el cálculo efectuado por el ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, cuando propuso la disminución del salario de esos niveles de funcionarios, y fue rebatido por varios funcionarios del gobierno federal de Felipe Calderón, quienes arguyeron que la desaparición de esos puestos sólo nos ahorraría esa cantidad. Ahora resulta que en el gobierno federal existen 71 mil 800 servidores públicos de esos niveles, lo que implicaría que si se desaparecieran muchos de ellos, ostensiblemente inútiles para el funcionamiento del gobierno, el ahorro sería infinitamente superior al arriba señalado. Anunciar tal medida es una tremenda bofetada para la abrumadora mayoría de los mexicanos, pues aunque se tomara sobre el total de los ingresos devengados por cada funcionario, es una ínfima disminución, dados los elevados salarios ganados por quienes ingresan a ese selecto grupo. Precisémoslo, los ingresos de los funcionarios de ese rango se componen del salario propiamente dicho, y de la “compensación”. Por pura coincidencia, el salario es mucho menor a la compensación y, además, sólo sobre el salario pagan impuestos. Además, reciben varias otras prebendas, entre ellas, seguros de gastos médicos mayores, “ayuda” para despensa, pago de celular, vales de gasolina, “apoyo” para comidas, etc., de donde puede provenir –ojalá que así fuera– el ahorro de los 2 mmdp. El decreto expone un amplio programa de austeridad en el que se disminuirán gastos operativos, se reducirá el uso del papel, desaparecerán fideicomisos instituidos con recursos públicos, se realizarán videoconferencias para evitar viajes de funcionarios, se prohíbe la adquisición de inmuebles, construcción o adecuación, salvo causa justificada de costo-beneficio, se replantearán las pólizas de seguros y, entre otras medidas, se venderán bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios. Todo ello a partir de la elaboración de un diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que cuentan las dependencias, sus procesos internos y el gasto de operación, incluyendo aquellos que se realizan en funciones sustantivas y administrativas, que deberá presentarse el último día hábil de abril. Con base en ese diagnóstico, la Secretaría de Hacienda presentará un programa de austeridad en el gasto corriente y los titulares de las dependencias deberán firmarlo, comprometiéndose, en un plazo límite de fines de noviembre. Tiene buena cara la propuesta, pero si los resultados son como su 5 por ciento…