Traslados, el atropellamiento de la ley

El Diario, 1 de febrero de 2018

Luis Javier Valero Flores

Planteada la discusión al amparo de la caravana de Javier Corral, el traslado de Alejandro Gutiérrez -el operador financiero del Comité Nacional del PRI- a un penal federal, es la viva imagen de las peores características de la mayoría de la clase política.

La controversia la escenifican dos de los actores principales del momento: El Secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Ambos le han mentido al país, casi sin atenuantes, y los dos incurren en una gravísima violación a la Constitución General de México, a los Códigos Penal, al de Procedimientos Penales y al debido proceso de cualquier imputado.

¿De dónde acá el secretario de Gobernación o el gobernador de una entidad sacan facultades para mover de un penal a otro a una persona sometida a juicio?

¿De dónde acá el Secretario de Gobernación puede pasar por encima de los derechos de un ciudadano? ¿Y lo mismo, el gobernador Corral?

Ambos funcionarios, y eso es lo grave, olvidan que Gutiérrez está bajo la jurisdicción de un juez de la ciudad de Chihuahua, lugar en donde se cometió el presunto ilícito y, por tanto, el acusado deberá ser encarcelado en un penal de esta ciudad, a menos que le solicite al juez que está “viendo” su causa, el traslado a uno de la ciudad de residencia, como lo señala el artículo 18 Constitucional.

Es decir, que los dos violan la división de poderes, transgreden la autonomía del Poder Judicial y se convierten, ambos, en representativos de lo que tanto han repudiado en sus anteriores cargos públicos, el de legisladores, en el que tanto exigieron que fuera respetada la autonomía y tanto abogaron por el cumplimiento del Estado de Derecho.

Se les olvida una de las máximas del “filósofo” de Rubio, Artemio Iglesias, quien decía, refiriéndose a las tareas electorales, que la “gente no son manzanas, para que las muevan como quieren, de un cajón a otro”.

¿En qué manos estamos que dos experimentados políticos, con una luenga carrera parlamentaria, se olvidan de reglas tan elementales de los derechos de los imputados y de los acusados?

Vamos, que sus equipos, en los que deben participar destacados jurisconsultos, olviden lo mismo y no sean capaces de asesorarlos y decirles que el asunto del traslado de Alejandro Gutiérrez están en manos del juez de su caso y, también, en la voluntad del detenido que, quizá, quisiera cursar su juicio ¡en Saltillo!

¿Cuál es la razón por la que “olvidan” semejantes reglas jurídicas?

Por una sola razón, la que argumentara recientemente Ignacio Manjarrez, expresidente de Coparmex Chihuahua y responsable nacional de este organismo patronal en materia de seguridad pública, que dijera que en Chihuahua no hay una división de poderes.

¡Vóytelas!

Bueno, pues le agregamos que tampoco en el país y el caso de Gutiérrez es viva muestra.

Más aún, el episodio muestra otra faceta que en el pasado no habíamos visto de manera tan tajante: La revelación de tantos acuerdos, pactados en el curso de las reuniones sostenidas entre ambos personajes, y ahora tan salvajemente violentados, hechos públicos y mandados al -perdonen la expresión- diablo por los dos.

¿Cómo creerles en adelante a quienes jugarán papeles tan importantes en el futuro inmediato -en el caso de Navarrete- y durante los próximos, por lo menos, cuatro próximos años?

Navarrete pidió el traslado del reo -por obvias razones, y alegando tortura en contra de él-; Corral accedió a ello, por eso un funcionario menor de la Fiscalía de Chihuahua expidió el documento; luego, Corral algo intuyó o supo y dio marcha atrás a la orden, no sin antes lanzar verdaderos obuses mediáticos en contra del gobierno federal que pretende, dijo, extender el “manto de impunidad y corrupción”, frases respondidas puntualmente por el titular de Gobernación, quien dijo saber de la existencia de “indicios” de tortura a Alejandro Gutiérrez y afirmó que Corral “no puede negociar políticamente” con el tema.

¡Increíble! Nunca había visto que un par de integrantes de la clase política mexicana faltaran tan flagrantemente a lo que es una regla de oro de cualquier negociación política seria: No cumplir los acuerdos pactados.

¡Ahora sí que estamos en una crisis de desfondamiento del régimen político!!

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Jaques de Corral al régimen

El Diario, 28 de enero de 2018

Luis Javier Valero Flores

Lo que parecía, ante el anuncio de la celebración de la caravana, una simple jugada político-electoral, justa en sus reclamos, impregnada de tintes políticos por sus antecedentes -y de éstos, no los referentes a la detención y enjuiciamiento de Alejandro Gutiérrez, sino al de la reunión promovida por el gobernador Corral, denominada “Diálogos”, en los que la principal conclusión fue la concreción de la alianza electoral entre el PAN y el PRD- pero al fin y al cabo en una operación que podría tener conclusiones positivas para la actual administración estatal, ha resultado ser la acción más desastrosa para el PRI y su gobierno.

Ese es el principal resultado, hasta ahora, de la sorpresiva ofensiva, -por sus características- de Javier Corral quien ha logrado esgrimir dos temas -la tardanza del gobierno de Peña Nieto en tramitar la extradición de Duarte y la discrecionalidad en la distribución de los recursos federales, en plena contraposición al federalismo- que lo han colocado, de golpe y porrazo, entre los políticos que mayor atención y simpatías han acaparado en las últimas semanas.

Para ello ha contado con las no menos sorpresivas reacciones de los personeros del gobierno federal. 

Aterrados, apenas al iniciar la caravana, literalmente, daban a conocer que la extradición ya iba en camino, pero acotadas las órdenes de aprehensión a solo tres. Luego, en sentido contrario al de aquella resolución, anunciaban la atracción, por la Fepade, del caso de Alejandro Gutiérrez, inmediatamente rechazada por el gobernador. 

Y, otra vez, a recular, a aceptar que la dependencia federal solo vería los posibles delitos federales y el gobierno de Chihuahua, los del fuero común, luego de que Navarrete defendiera la facultad legal de la PGR. 

Tuvo que recular.

Enseguida las negociaciones, de las que emergieron acuerdos, a pesar de las posturas oficiales, emitidas en comunicados de prensa, negando la existencia de acuerdos -que les sirvieron para, nuevamente, descalificar a El Diario, en lo que es una inexplicable e inaceptable postura frente a un medio de comunicación- en las que, aparentemente, van camino a resolverse los diferendos que, nuevamente, son saboteados por ambas partes, a juzgar por los acontecimientos de Gómez Palacio y la denuncia de Corral acerca del retiro de garantías de Banobras a los créditos de Chihuahua.

Ufff…

Así de complicada está la situación. Y en medio de todo la aún más complicada situación local, en la que los conflictos sociales, de todo tipo, están al alcance de la mano, además de los innegables apetitos personales generados por el ya presente proceso electoral, aspecto del que no se puede deslindar el coordinador del gabinete, Gustavo Madero, principal objetivo de las agresiones de los priistas de La Laguna, de lo cual Corral ha responsabilizado al Comité Nacional del PRI, en lo que es una secuela de los enjuiciamientos efectuados a raíz de la detención de Alejandro Gutiérrez.

Como en pocas ocasiones el escenario político no podía estar más enredado. Pero a medida que pasan los días y llegan las respuestas del régimen, desde que les condicionaron la entrega de recursos derivados de los convenios del fin de año, hasta la corretiza de Madero en Gómez Palacio a manos de los priistas, el encono de Corral crece. 

Ya abarcó en ese sentido hasta a sus propios compañeros, los gobernadores emanados del PAN, pasando, antes, por el total de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la que, dijo, no sirve para efectos de la existencia de un auténtico federalismo.

Y las críticas de Corral abarcaron hasta al gobernador duranguense, José Rosas Aispuro, (ex militante del PRI, hechura política del ex gobernador y ex secretario general, nacional, de la CNC, Maximiliano Silerio, renunciante del PRI para convertirse en candidato perdedor, por el PAN, en 2010; senador por este partido y ahora gobernante local) pues lo acusó de no evitar las agresiones sufridas por los integrantes de la caravana, a su llegada a los territorios de la última gobernante del clan priista creado por el ex presidente municipal gomezpalatino, Carlos Herrera.

Causa un cierto escozor que fueran supuestos militantes de la CNC los protagonistas de la agresión a la caravana corralista.

Y justamente en estos momentos, Corral decidió celebrar la subasta de la renegociación de la deuda directa de Chihuahua. 

Aparentemente, de tal operación financiera los resultados son positivos; no negociaron al alza, ni el monto del crédito, ni los plazos de la deuda -cosas que, además, impide la actual legislación en materia de deuda- y, además, de acuerdo con sus informaciones (las que deberemos confrontar con los registros oficiales de la deuda en los portales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) se logrará un ahorro anual de 325 millones de pesos.

Es de tal magnitud el encono de Corral al régimen -en estos momentos- que deseó que, si no ganase Anaya la presidencia de la república -expresiones violatorias de la norma electoral- no estaría tan malo el triunfo de López Obrador.

A tantos motivos de agravio, Corral sumó uno nuevo. Se sabía de la determinación de los directivos de Banobras de no otorgar la Garantía de Pago Oportuno necesaria para la renegociación de la deuda, pues la secretaría de hacienda había previsto ofrecerla, lo que llevó a la empresa calificadora de deuda -Moody’s- a disminuir la calificación de la deuda directa de Chihuahua, que podría llevar a que los bancos exigieran peores condiciones en la operación.

Ese hecho fue retomado por el gobernador Corral quien acusó al mismísimo Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, de “boicotear” la renegociación de la deuda local: “Nos trató de boicotear Hacienda y todo el boicot que González Anaya nos hizo y bajó a BANOBRAS (la no prestación de su aval), pero sacamos adelante el proceso, transparente y con reducción en el pago de intereses”. (Nota de Pedro Fierro S., Tiempo.com.mx, 26/I/18).

Bueno, pues todo eso es historia, faltos de una visión estratégica para afrontar un reto de corte absolutamente político, como el planteado por Corral a lo largo de estas semanas, los gobernantes y su candidato están en el peor de los escenarios: Aparecen como protectores del ex gobernador Duarte; quisieron llevarse al ámbito federal al operador financiero del PRI, para no descobijarse; los “balconearon” como extorsionadores en la entrega de recursos federales; boicoteadores de las renegociaciones de las deudas y, por si faltara algo, se revelan como golpeadores de caravanas o marchas, justas o injustas, con motivaciones políticas o no, pero al fin y al cabo, pacífica como la convocada por el gobierno de Chihuahua, lo que envía uno de los más graves mensajes de frente a la sucesión presidencial.

Y aquí debiéramos detenernos.

Uno de los argumentos más frecuentes entre los ciudadanos, en lo general,  es el de que López Obrador puede ganar la elección presidencial, pero los simpatizantes de éste aseguran que será la tercera ocasión en la que le esquilmen el triunfo.

Unos y otros coinciden: “Puede ganar la elección, pero no lo van a dejar que llegue a la presidencia”. Actos como el escenificado por las turbas priistas gomezpalatinas lanzan el peor de los presagios y podría explicar la frase del gobernador chihuahuense, no en el sentido de la simpatía por su candidatura, sino en la orientación de que formaría parte, de todos modos, de la oposición al PRI.

Culmina, así, una exitosa semana para Javier Corral. 

Lanzó una ofensiva política, galvanizó la mayoría de las simpatías a su favor, y no solo en el ámbito local: Apresuró la extradición de Duarte (lo que le dará un formidable golpe al priismo local); le entregarán el dinero reclamado; sacó la subasta de la renegociación de la deuda con mejores condiciones; develó las triquiñuelas de Hacienda, además de descubrirlos como instrumento político del grupo gobernante; ratificó su protagonismo en los medios de comunicación de la capital del país; puso contra las cuerdas al gobierno de Peña Nieto, sacó del escenario al candidato José Antonio Meade -incluso hizo que se olvidara a su candidato, Ricardo Anaya-, le lanzó un guiño al lopezobradorismo y, con toda seguridad, con su empuje, un buen número de los candidatos del PAN podrán salir adelante en los procesos electorales.

Por si fuera poco, logró recuperar simpatías perdidas; por supuesto, no todas, ni en la misma dimensión de hace dos años pues los pendientes de su gobierno son muchos; uno de ellos, el de la seguridad, crece con los días ante el cual no pareciera hacer esfuerzo alguno, ni llevar a cabo estrategia que siente las bases de, por lo menos a mediano plazo, pudiera atenuarla.

Y hay un frente, el que por ninguna parte parece ser tema prioritario para la actual administración. El del uso de los recursos públicos, en particular la nómina que no disminuye en los más altos mandos, el de los gastos y viáticos  y el de los numerosos casos en los que se advierten serias violaciones a la ley de adquisiciones, cosas que, recuerden el caso Duarte, a los chihuahuenses les gusta castigar en las urnas, en los procesos electorales locales.

Ojalá lo recordaran.

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Terror en el PRI

El Diario, 25 de enero de 2018

Luis Javier Valero Flores

Algunos pensarán que es por la justeza de los motivos que llevaron al gobernador Javier Corral a convocar a la realización de la “Caravana de la dignidad”, y otros pensaremos que la verdadera explicación a los traspiés del gobierno federal, al tratar de responder a ella, obedecen, fundamentalmente, a motivaciones electorales; a que su candidato, José Antonio Meade, no levanta, que se mantiene, firme, en el tercer lugar de las preferencias electorales de la contienda presidencial.

Pero no solo, también está en el aire la develación del mecanismo utilizado por el gobierno de la república y el PRI para financiar las campañas electorales, y no solamente las locales del 2016, como se asienta en la denuncia que tiene en la cárcel al ex Secretario General Adjunto del Comité Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, sino las federales, incluida, por supuesto, y de ahí la preocupación y respuestas del gobierno federal, la de Peña Nieto en 2012, en la que accedió a la presidencia de la república.

Y, además, como se infiere de las declaraciones de Javier Corral y de Gustavo Madero, el Coordinador del Gabinete estatal, a la protección de Isaac Gamboa, el jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, el funcionario que firma los convenios con las entidades, uno de los cuales sirvió para que Gutiérrez accediera al dinero que hoy lo tiene en la cárcel.

Todo ello, junto, es lo que ha originado los traspiés, las equivocaciones, las contradicciones y el ridículo comportamiento del gobierno de Peña Nieto. 

Son de tal magnitud que los llevaron a, forzados, presentar la solicitud de extradición de César Duarte ante el gobierno norteamericano, pero solo por tres órdenes de aprehensión; a que la Fepade saliera a informar de la atracción de la denuncia en contra de Gutiérrez y, luego, ante la insistencia de Corral, a aceptar que investigarían, solamente, los delitos electorales; a que el Secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete Prida, vulnerara la supuesta autonomía de la Fepade para justificar la medida anunciada por el nuevo titular de la misma, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, para, a continuación, aceptar que el gobierno de Chihuahua continúe con el esclarecimiento de los presuntos delitos del orden común.

Total, terror puro el del gobierno federal. 

Miedo a que una caravana, que debiera concitar un apoyo masivo en su realización y no solo en el tibio acompañamiento ciudadano que le brindan en los actos de recepción y despedida de las ciudades chihuahuenses abordadas, pudiera, en una nada, concitar más entusiasmo en las ciudades a las que llegará, más allá de los límites de nuestra entidad, entusiasmo que pondrá, todavía más, en grave entredicho al candidato del PRI y al grupo político que lo impulsa.

Grupo que no se circunscribe al denominado por Corral como el de la “aristocracia hacendaria”, de la que forman parte José Antonio Meade Kuribreña, Luis Videgaray Caso y José Antonio González Anaya, los tres últimos ex titulares de la SHCP, sino que abarca al más extenso y poderoso de los grupos políticos existentes en el país, el del Estado de México, conocido como el de Atlacomulco, cuyos intereses y relaciones se entreveran estrechamente con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Y los vasos comunicantes son muchos. Luis Videgaray es el alumno más destacado del ex Secretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe, el ideólogo de los alumnos y egresados del ITAM, dueño de la empresa encargada de operar las deudas públicas de la mayoría de las entidades, incluidos los fideicomisos, como el de las carreteras de Chihuahua.

“Pepe Toño”, José Antonio González Anaya, como le dicen, el Secretario de Hacienda, es concuño de Salinas.

Por su parte, Meade pertenece a los más selectos círculos de la comunidad libanesa -o de ascendientes de esa nacionalidad- entre los cuales se encuentra uno de los más destacados e importantes del grupo mexiquense, Emilio Chuayffet, uno de los priistas con más “ex” en la actualidad y que ven, con terror, la posibilidad de que su delfín, el único emanado de esa comunidad, que había llegado a la posibilidad de ser presidente, no lo sea por la conjunción de varios factores, el principal de ellos, el mantenimiento de López Obrador en las preferencias electorales y el apoyo recibido diariamente a su causa -de distintos orígenes y variadas malas cataduras- y el del posible crecimiento de la caravana de Corral.

Había que salirles al frente, por lo menos a la última.

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Corral-Cabada, en los extremos

Luis Javier Valero Flores

Mega Radio 860, Juárez, 22 de enero de 2018

Inmersos en la contienda electoral, prácticamente desde el inicio de sus respectivas gestiones, los mandatarios Javier Corral, en el estado, y Armando Cabada, en el municipio, se encaminan a dos muy diferentes escenarios.

Mientras el gobernador Corral encabeza una caravana que da traspiés por la ridícula cantidad de participantes -aunque no solamente, a juzgar por las fotos difundidas en redes sociales en las que la hidratación es a base de cerveza, precisamente de la marca que distribuye y vende la familia de la Secretaria de Economía, Alejandra de la Vega-, y por el inmenso derroche de recursos empleados en ella, así como por los numerosos resbalones declarativos de varios de los funcionarios estatales acerca de los objetivos y ciudades que tocará la caravana; en tanto, Cabada, con apenas un moderado equipo de recolección de firmas, logró superar, en unos cuantos días, el número de las requeridas para solicitar su registro como candidato a la presidencia municipal.

Son dos realidades que se contrastarán en el desarrollo de las campañas electorales pues es probable que la caravana “light” efectuada por el equipo del gobernador alcance, de veras, los niveles de ridícula, en unos aspectos, los centrales de cualquier manifestación ciudadana que opte por hacer una de este tipo: El número de participantes es ínfimo, de acuerdo con los argumentos para realizarla; la mayoría de quienes han participado en los actos son funcionarios o empleados gubernamentales; el enorme dispendio de recursos, además de los salarios de los funcionarios implicados que, necesariamente, deben distraer su tiempo en la realización de la caravana que abarca el tipo de vehículos empleados (puros camiones de lujo, y pocos); el financiamiento a costa del erario estatal.

Y lo  más importante, la incongruencia. La marcha fue convocada por el gobernador Corral para que se diera cumplimiento, por el gobierno federal, a dos cosas: La extradición de César Duarte y la entrega de casi 800 millones de pesos de unos convenios firmados entre el gobierno de Peña Nieto y el de Corral.

Bueno, pues el viernes, al presentar la caravana en una conferencia de prensa, Gustavo Madero, Coordinador del Gabinete y Víctor Quintana (Secretario de Desarrollo Social), declararon que la caravana seguiría ¡A pesar de que se solicitara la extradición y a pesar de que les entregaran el dinero motivo de la confrontación!

¿Y entonces?

¡Ah, pues que la caravana seguiría a fin de combatir el cáncer que destruye al país, la corrupción; que lucharán por la patria!

Como dicen los jóvenes, -Neta, así lo dijeron- y, además, lo informaron mediante sendos comunicados de prensa.

Y luego, el hecho de que la caravana vaya a tocar ciudades tan alejadas de las rutas tradicionales de las manifestaciones efectuadas en el pasado como Tepic, Saltillo, Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca, lo llevan a uno a preguntarse ¿Para qué?

En esa lógica, po’s les faltan Mérida y Tuxtla Gutiérrez, digo, ¿no?

Frente a tales hechos, aparece, irrefutable, que la caravana podría tener motivaciones político-electorales, cuyo beneficiario no necesariamente sería Ricardo Anaya, el candidato del PAN, como bien se puede presumir, dados los acuerdos políticos celebrados entre él y Corral, a juzgar por las diversas manifestaciones políticas de los últimos meses, en las que se evidencia un acercamiento y hasta se podría inferir la obtención de acuerdos políticos entre ellos de largo plazo.

Ahora bien, si Anaya no se  beneficiara, lo cierto es que el afectado sí lo es el candidato del PRI, José Antonio Meade, que llegó hasta la desmesura, en él, de calificar a Corral como gobernador mentiroso y torturador.

Y, por otra parte, Peña Nieto reaccionó solicitando la extradición solo por tres órdenes de aprehensión, y no por las 10 denuncias presentadas por Corral, con lo que se abre la posibilidad de que la extradición sea, solamente, por delitos calificados por la legislación vigente, como no graves, a pesar de la cuantía del dinero supuestamente extraído de las arcas estatales y que, además, el gobierno de Corral tendría que demostrar, ante los tribunales norteamericanos, que Duarte se benefició de ello.

No está fácil, a pesar de nuestra percepción en lo contrario.

En tanto, el alcalde Cabada cabalga en caballo de hacienda y con su bagaje político-electoral arrastra a un conjunto de aspirantes a las diputaciones, también independientes, que podría llevarlos al nada desdeñable escenario de alzarse con 4-5 diputaciones y reelegirse en la alcaldía, con lo cual el camino a la candidatura al gobierno de Chihuahua, en 2021, sería la segunda etapa.

No, pues si se encuentran en extremos distintos.

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Turbulencias políticas

El Diario, 21 de enero de 2018

Luis Javier Valero Flores

Como en la mayor parte del actual sexenio, los acontecimientos políticos avasallan y rebasan la capacidad de análisis, reforzados por los generados por la sucesión presidencial y, sin duda, prácticamente todos, por lo menos los acaecidos en el curso de la semana, están influidos por tal hecho político, que pareciera encaminarse a uno de los más importantes, no sólo por el nivel de la confrontación, sino por las nuevas condiciones que generará y, también, en las que se realiza.

El grupo gobernante en Chihuahua lanzó un temerario reto al de la república. El anuncio de la marcha -luego convertida en caravana- para exigirle al gobierno de Peña Nieto solicite la extradición de César Duarte, fue respondido puntualmente en dos pistas: Primero, funcionarios del tercer nivel de la Secretaría de Hacienda salieron a medios a informar que de los 700 millones de pesos debería olvidarse el gobierno de Corral y, segundo, el mismísimo Procurador de la República, Alberto Elías Beltrán, -así sea el subprocurador en funciones de titular- anunció personalmente que se pediría la extradición del ex gobernador por dos órdenes de aprehensión del fuero común y una del federal, todas iniciadas por el gobierno de Corral.

Luego, el viernes, se filtró la información que la PGR ya habría solicitado formalmente la extradición de Duarte, por esas denuncias y que estudiaban la posibilidad de incluir el resto de las iniciadas por el gobierno de Chihuahua. De confirmarse tal información querrá decir que la detención de Duarte es inminente.

Lo anterior se informaba al tiempo que el gobierno de Corral anunciaba el itinerario de la caravana “revolucionaria”, en el que se incluye a las ciudades de Saltillo, Monterrey, Tepic, Cuernavaca, Morelia y Guadalajara, urbes alejadas de la ruta de las marchas y caravanas de todas las realizadas a la fecha que pretendían modificar las resoluciones del mandamás mexicano.

Y si las inferencias no nos fallan, tales acciones podrían inscribirse dentro de las pretensiones políticas, no sólo del aspirante presidencial del PAN, Ricardo Anaya, sino, fundamentalmente, de Javier Corral, quien, paso a paso, construye su propia candidatura para el 2024. Pero si en el camino se encuentra la del 2018, po’s ni modo.

Pero no fue la única respuesta del régimen al gobernante chihuahuense.  Se puede dar la coincidencia (¿Lo será?) de que dos ex gobernadores, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, aparezcan en las boletas electorales al mismo tiempo, lo que significaría que el PRI -y José Antonio Meade- han decidido echar toda la carne al asador, en una jugada política que podría advertirse como la extrema, dadas las condiciones políticas en que se encuentra el PRI chihuahuense, amén de lo que le aportan las bajas calificaciones del presidente Peña Nieto.

Manejada insistentemente en algunos periódicos digitales de la capital, finalmente se concretó. El ex gobernador Martínez, cuyo respaldo a la candidatura y al gobierno de Duarte fueron cardinales -si bien en la parte final del sexenio anterior ya no fue tan notorio- apareció como el candidato a la alcaldía, en un movimiento político incomprensible para el escribiente pues el PRI no tiene las mejores condiciones en la capital y se encamina a una segura derrota.

Por ello sorprende la decisión de Patricio. Que los estrategas de su partido piensen que pueden ganar en Chihuahua, es una muy equivocada apuesta, y eso es, una apuesta, muy alejada de la realidad político-electoral del antiguo San Felipe el Real.

Más aún, a la muy equivocada decisión del dirigente estatal, Omar Bazán, de aprovecharse del cargo para colocarse en el primer lugar de la lista plurinominal de candidatos a diputados -cosa que prometió no hacer y que casi motiva la renuncia del ex dirigente estatal, Miguel González-, la determinación de postular a Patricio empujó al diputado federal, Alejandro Domínguez, a casi deslindarse de la campaña del exgobernador, en una conferencia de prensa acompañado ¡de la presidenta del Comité Municipal, Teokali Hidalgo, cercana, muy cercana dirigente al ex alcalde chihuahuense, Marco Adán Quezada, que hoy forma parte sustancial del grupo de Reyes Baeza, con lo que puede configurarse la lejanía de los baecistas y seguidores del ex alcalde Quezada del presunto candidato Patricio. 

No aparecerán en la campaña apoyándolo.

Y en cambio, Reyes aparece como quien pudiera ocupar la primera fórmula de candidaturas al senado de la república, esto es, la búsqueda de la candidatura por tierra, en un momento en el que el PRI no aparece como favorito para ocupar el primer lugar en las votaciones en la entidad, hecho que el grupo gobernante en Chihuahua no está dispuesto a poner en entredicho, de ahí otra de las razones de la marcha-caravana, la de intentar preservar la hegemonía local, sabedores de la notoria pérdida de simpatías electorales, merced a diversos factores, la mayoría atribuibles a sus propias decisiones como gobernantes.

De ahí que pudiera darse el caso que Reyes y Patricio aparecieran juntos en los actos de campaña, luego de que el ahora aspirante a la alcaldía chihuahuense exhibiera ostensiblemente su apoyo al gobernador César Duarte, precisamente cuando éste lanzaba los más fuertes misiles políticos en contra de Reyes, acusándolo de ser el auténtico generador de la inmensa deuda de Chihuahua.

De este modo, la estrategia de Corral no tiene desperdicio: Por un lado lanza a los chihuahuenses la consigna de exigir la extradición; convoca a una caravana que le concitará simpatías a él y a Ricardo Anaya y lo contrario a Peña Nieto y a Meade; prepara su postulación para el 2024, fortalece a sus candidatos para la actual campaña, prepara la posibilidad de mantener mayoría en el Congreso local y socava las posibilidades de la reconstrucción del PRI en el estado.

Pero no todo es coser y cantar para el panismo local, y de eso dan cuenta las inexplicables declaraciones del coordinador del gabinete de Corral, Gustavo Madero, lanzadas apenas el viernes, en las que dio a conocer que el gobierno del estado ya no pretende la extradición de Duarte, que la cambió por la petición al gobierno de Donald Trump ¡De la deportación del ex gobernante!

Porque, dijo, el gobierno de Corral desea que la orden de extradición sea por las 10 órdenes de aprehensión lanzadas contra el ballezano. Y en esa parte tienen razón, una vez extraditado Duarte, no se le podrán fincar más cargos, ni ser enjuiciado por más causas penales que las expuestas en la orden de extradición. (Nota de La opción.com.mx, 19/I/18).

Pero de cambiar en ese sentido su postura resultará que la posibilidad de que Duarte sea enjuiciado en Chihuahua ¡Dependerá de la voluntad del gobierno de Trump! 

¿También se haría una marcha a Washington?

¡Híjole!

Todo ello en medio de una increíble campaña mediática, lanzada por el gobierno de Javier Corral, que incluía la exhibición en anuncios espectaculares de la exigencia al gobierno federal de extraditar a Duarte, al que denominaron, en esos anuncios, “Prófugo” y que, efectivamente, podrían ser usados por la defensa jurídica del ex gobernador para argüir persecución política por el gobierno de Corral, anuncios que, por otra parte, el mandatario anunció que se aumentaría el número de ellos en la entidad. (Nota de El Diario de Chihuahua, 18/I/18).

¿Será, por tanto, la elección de julio próximo, una contienda semejante a las previas, una parejera entre PRI y PAN? Pareciera ser que no, la presencia de López Obrador crece en la entidad -a pesar de las erróneas alianzas pactadas- y pudiéramos estar frente a la posibilidad de una cerrada contienda entre tres fuerzas políticas, todas con posibilidades reales del ganar.

Y si nos guiáramos por las percepciones generadas a partir de los acontecimientos al interior del PRI, éste pudiera ser quien obtuviera el tercio menor de las votaciones, partido al que todavía deberá comentarse lo resuelto en la candidatura a la alcaldía, en favor del grupo de Enrique Serrano en la persona de Adriana Terrazas, su mano derecha a lo largo del último sexenio, a pesar de los múltiples escabrosos episodios políticos protagonizados por la ahora aspirante única a la presidencia municipal de Juárez.

En virtud del escenario aquí descrito ¿Podrá alguien, válidamente, argüir que no tienen motivaciones electorales las movilizaciones convocadas por el gobierno de Chihuahua?

Y ni duda cabe de la justeza de las reclamaciones; nadie podría oponerse a la exigencia de la extradición de Duarte, ni al reclamo de acabar con la discrecionalidad en la distribución de los recursos del presupuesto federal, lo malo es que subyace en todo ello la motivación político-electoral, situación en la que el gobierno de Peña Nieto ha sido pescado nuevamente pues resulta, hasta ridículo, que a unos días del anuncio de la celebración de la marcha-caravana hayan resuelto solicitar la extradición, con aquellas características.

Lo que, por otra parte, salvará a Duarte de responder ante la denuncia presentada por Jaime García Chávez, ¿se acuerdan -a lo macho, no me fijé que firmaba-? esto es, la acusación de enriquecimiento ilícito, demanda que nunca fue apoyada por el ahora gobernador Javier Corral, y sí en la etapa en la que era un aspirante al puesto que ahora ocupa.

Bien, ya llegamos a la campaña electoral 2018!

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