Invasión rusa a Ucrania. Sin justificación alguna

El Diario, 27 de febrero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

No hay justificación a la salvaje agresión del ejército ruso a Ucrania. 

Explicaciones habrá muchas, en especial una, la de que las viejas potencias hegemónicas no acaban de asimilar la nueva realidad mundial. 

Uno de los aspectos centrales de ella, es la de que el antiguo Pacto de Varsovia, jefaturado por la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas -URSS, o genéricamente llamada Unión Soviética- , cuya potencia hegemónica, absoluta, era lo que hoy constituye Rusia, desapareció hace cerca de 30 años. 

Frente a ese hecho, Estados Unidos y sus aliados, decidieron que persistiera la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), -nacida para hacerle frente a la URSS y sus aliados- y que en lugar de desaparecer, creciera con la incorporación de varios países que hasta antes de la desaparición de la Unión Soviética, estaban bajo la órbita de esta nación: (Polonia, Hungría, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia).

Además, a todo lo anterior se agrega el hecho de que Suecia y Finlandia han esbozado la posibilidad de unirse a la OTAN.

Así, Rusia se encontró, después del fin de la “guerra fría”, casi rodeada de países afines a EU, con innumerables consecuencias políticas, económicas y político-militares, contrarias.

Rusia, tanto bajo la conducción de Boris Yeltsin -presidente ante la caída del “Muro de Berlín”, la desaparición de la URSS y los países del “socialismo realmente existente”-, como ahora, durante el largo liderazgo de Vladimir Putin, nunca olvidó sus viejas pretensiones hegemónicas, con todos los países de la Europa oriental, así como de los países de Asia.

Durante esos 30 años, los conflictos de Rusia con sus vecinos, tanto los que iniciaron procesos democratizadores, como en los que persistieron viejo regímenes autoritarios, han sido la constante.

Así, frente al ascenso al poder del actual presidente ucraniano Volodimir Zelensky, y el anuncio de éste de solicitar la incorporación de Ucrania, tanto a la Unión Europea, como a la OTAN, revivieron los recelos de Rusia y sus pretensiones hegemónicas sobre Ucrania, a la que ubica como el origen de la antigua Rusia.

En esta nueva era, que los países intenten agruparse en bloques comerciales, es totalmente congruente con la realidad política-económica del mundo, pero que se pretenda el mantenimiento de los bloques militares, es contrario a todas las normas del derecho internacional. 

Tampoco puede alegarse que para preservar la defensa de la integridad de una nación (como lo argumenta Putin), decida apropiarse, invadir, o instaurar gobiernos proclives a su dirección política.

Por eso no es entendible, por un lado, la postura adoptada por los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de aplicar sanciones a Rusia, sin atender el fondo del conflicto.

Esto es, revisar la vigencia del pacto militar de Estados Unidos y sus aliados. Y eso debe pasar, sin duda alguna, por el cese de la invasión rusa a Ucrania.

No son entendibles las posturas, como la del gobierno mexicano, de declararse a favor de la paz, así, neutralmente, del cese de las hostilidades de las partes en conflicto, cuando lo que estamos viendo no es un conflicto bélico entre dos partes, en el que ambas resolvieran enfrentarse; no, lo que ahora vemos es una salvaje, artera e injustificable invasión de una de las naciones más poderosas del planeta, usando, seguramente, el segundo o tercer ejército más poderoso del mundo, en contra de una nación que ha optado por la construcción de una vía democrática.

Porque el actual presidente, Volodimir Zelensky, es fruto de ese proceso  democrático. Lo que ha ocurrido después de las elecciones en que obtuvo el triunfo, como ocurre en casi todos los países con un desarrollo democrático incipiente, es lo que lleva a la desilusión a grandes masas de sus electorados pues los elegidos, muy frecuentemente, no responden a las expectativas democráticas despertadas durante las campañas electorales.

A pesar de todo, el presidente ucraniano tiene ese origen y nadie tiene el derecho, y menos con el uso de la fuerza, a alterar la decisión de la mayoría de los electores de un país.

Por ello no le asiste la razón a Putin, cuando pretende instaurar un gobierno proclive a su conducción, o que llama a las fuerzas militares ucranianas a efectuar un golpe de estado, “con ustedes será más fácil ponernos de acuerdo”, dice quien es el principal saboteador de la muy incipiente democracia rusa. 

El mundo tiene razón al criticar y rechazar esta invasión, pero debiera, y a eso está obligado la ONU, a conducir las negociaciones que conduzcan al término de los pactos militares existentes, porque, finalmente, esa es la razón de los ataques rusos ahora.

No hay justificación alguna para la continuidad de la OTAN, ni mucho menos para su crecimiento a partir de países de la órbita ex soviética; lo que debiera propiciarse es la conformación de los bloques económicos que posibiliten el desarrollo de las democracias y las economías, con la convicción de que desarrollándose de manera conjunta, podríamos hacer que el mundo fuera mejor.

En ese sentido, por ejemplo, desde inicios de sus mandatos, el mandatario Putin lanzó la idea de que Rusia pudiera ser parte de la Unión Europea, y todavía, a mediados de la primera década del siglo XXI, lo ratificó.

Hacerlo, le daría el viejo continente europeo la posibilidad de un máximo desarrollo, que posibilitara, además del desarrollo económico de los antiguos países del pacto de Varsovia, así como los del centro de Asia la instauración de procesos democráticos, hoy por hoy, inexistentes en la mayor parte de ellos.

Y que los tratados comerciales que se instauraran le dieran seguimiento a los que hicieron posible el nacimiento de la Unión Europea en las que el conjunto de los países participantes favorecen el desarrollo de las economías menos desarrolladas.

A occidente no le quedan más armas, contra Rusia, que las de las sanciones económicas, que necesariamente deberán ser atenuadas dada la gran interdependencia económica del mundo global en el que hoy vivimos.

Vamos, hasta la producción agropecuaria mexicana depende de los fertilizantes rusos, según afirma Juan Rubén Barrio Aguirre, presidente del Consejo de Promotora Ganadera del Real y aspirante a la presidencia del Consejo Estatal Agropecuario, “… más del 50% de los fertilizantes nitrogenados que se ocupan para producir alimentos vienen de Rusia”. (Nota de Manuel Quezada, El Diario, 26/II/22).

Lanzarse bélicamente contra Rusia sería una catástrofe mundial; esa es la inquietante y triste realidad, los ucranianos están solos -desde el punto de vista de la participación militar de EU y y sus aliados- pero éstos debieran aportar algo más que las sanciones hasta ahora anunciadas.

No le servirán para detener la guerra, pero sí al mediano plazo afectarían seriamente a Rusia, pero impactarán, y no será moderadamente, al resto del mundo.

Así, estamos frente a la posibilidad de que, ante nuestros ojos, se repita la gesta del pueblo soviético en la batalla de Stalingrado (la hoy Volgogrado) en la II Guerra Mundial, pero, paradójicamente, los héroes de ahora serán los ucranianos, como antes lo fueron los rusos enfrentando a los ejércitos hitlerianos.

Desde el punto de vista militar, con toda seguridad el pueblo ucraniano combatirá casa por casa y Putin puede enfrentar en las vastas planicies de Ucrania a su propio Vietnam, incluida la oposición del pueblo ruso a participar en una guerra de auténtica conquista.

¿Cómo no evocar las grandes manifestaciones de los jóvenes norteamericanos en contra de la guerra de Vietnam a fines de los 60’s y principios de los 70’s?

Algo de eso ha empezado a movilizarse en el antiguo imperio ruso pues la cuasi dictadura de Putin, de poco más de 20 años en los que ha golpeado severamente a todas las fuerzas sociales y políticas de oposición, podrían ser el factor, acaso más importante en contra de la invasión a Ucrania.

La batalla de Kiev hará que recordemos la batalla de Stalingrado (la hoy Volgogrado) de la II Guerra Mundial. Paradójicamente, quienes protagonizaron esos hechos heroicos fueron los rusos, hoy son los agresores.

Así lo describió una reportera del New York Times: “La gente de pequeños pueblos y aldeas está construyendo puestos de control, cavando trincheras y bloqueando puentes. Hay tanques y atascos. Y el rugido de los jets en lo alto. Esta guerra ha convertido a Ucrania en una pesadilla”.

El presidente ucraniano Zelensky lo ha dicho claramente: “Las cosas son así: no vamos a dejar las armas. Protegeremos nuestro país, porque nuestras armas son nuestra verdad. La verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos, y los protegeremos a todos”, y le reclamó al resto del mundo su falta de apoyo.

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Incubación autogenerada

El Diario, 24 de febrero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Al dar origen al Capítulo Chihuahua de la organización derechista, Sí por México, y dar posesión al ex dirigente de Coparmex-Chihuahua, Carlos Reyes López, las fuerzas de la derecha política chihuahuense dieron un paso más en la conformación del polo que le hará frente electoralmente a las fuerzas encabezadas por el presidente López Obrador.

Tiene razón decirlo de esa manera pues Morena, con suerte para el presidente, no sería un estorbo, pero está claro que, hasta ahora, es un lastre pues no le ha servido a la 4T como instrumento organizador de la gente, ni como acopiador de votos y muy probablemente, conforme pasen los días y se acerquen las fechas de designación de candidatos a las gubernaturas del próximo año y, sobre todo, las de la candidatura presidencial, crecerán los enconos y las fracturas internas aumentarán, algo que ahora empieza a manifestarse con la candidatura del senador morenista, José Luis Pech, por Movimiento Ciudadano en Quintana Roo y a lo mejor en Oaxaca, con Susana Harp y José Ramón Enríquez en Durango.

No es un dato menor, en el 33% de las candidaturas a gobernador de este año, Morena sufrió la salida de alguno de sus precandidatos a gobernador.

Por estas razones, y las que el propio presidente aporta cotidianamente, es que se puede asentar válidamente que el principal factor de cohesión de las fuerzas oposicionistas -entre ellas destacadamente las de la derecha más extrema- es López Obrador, y no porque sus políticas gubernamentales agredan, o que su proyecto político incida seriamente en el status económico vigente, de tal manera que haya orillado a las fuerzas opuestas a alzarse en su contra como única opción, pero sí ha motivado a que, crecientemente, vayan conformando el polo opuesto al presidente.

Sin duda que si hubiese aplicado una política económica, tal y como se esperaba, claramente de izquierda, con profundos cambios estructurales en la economía del país, lo lógico es que concitara una muy severa respuesta de los grupos empresariales más poderosos del país, pero lo que ahora vemos es que los grupos políticos más a la derecha son los que se organizan para hacerle frente al presidente, mientras la clase empresarial vive una luna de miel de lujo con el tabasqueño.

Y se solazan viendo a López Obrador debatirse, un día sí, y otro también, en los escándalos, sobre todo aquellos que involucran a sus parientes.

En tal escenario nacional, Sí por México decide ungir a un antiguo líder empresarial de la Coparmex, -Carlos Reyes López- con estrechos vínculos con la derecha chihuahuense y los más poderosos empresarios locales, cuya raigambre ancla en el siglo XIX, al lado de algunos personajes menos conocidos del priismo.

Reyes formó parte de aquella oleada de dirigentes de la Coparmex que incursionaron audazmente en el PAN, tanto, que llegaron a tener alrededor de 50 diputados federales -promedio- que integraban a los grupos parlamentarios del blanquiazul en la Cámara de Diputados.

En esa camada empresarial podemos enlistar al ex alcalde de la capital, Juan Blanco, así como numerosos diputados locales panistas.

Por ello no sorprende que acudiera al llamado de los empresarios Claudio X González (hijo del líder empresarial del mismo nombre, ejecutivo de Kimberly Clark en México durante largas décadas y asesor empresarial de prácticamente todos los presidentes, hasta antes de AMLO) y Gustavo de Hoyos para hacerse cargo de la presidencia del Consejo Consultivo de Sí por México, Capítulo Chihuahua.

Como lo han sostenido desde la fundación, esta agrupación nació para “organizar un movimiento democrático que hiciera frente a Morena y quitar la mayoría absoluta en el Congreso” y se plantearon como objetivo central en esa ruta, tener una candidatura única de un hombre o mujer a la presidencia de la república en el 2024, que “instaure” un gobierno de Coalición. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 23 febrero 2022).

Entre los convocantes destaca la directora de la revista Siempre!, Beatrix Pagés, muy relevante en las décadas de los 50’s y hasta fines de los 60’s, bajo la dirección de su padre el periodista Regino Pagés.

Beatriz incursionó en el PRI y llegó a contar con una diputación federal.

Como en las elecciones del 2021, esta organización presionará fuertemente a los partidos PRI, PAN y PRD a fin de que conformen una alianza electoral, propongan un solo candidato presidencial y logren sumar a Movimiento Ciudadano en ese mismo propósito.

No están errados. De acuerdo con todos los pronósticos electorales, el presidente y su membrete, Morena, encabezan todas las preferencias ciudadanas y la única manera de que la oposición compita con alguna posibilidad de ganar será saliendo unida, y con un candidato capaz de galvanizar el descontento existente en algunas capas de la población que, contra todo lo que piensan el presidente y sus seguidores, sigue creciendo.

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Fondo de ahorros, debacle moral del PAN

El Diario, 20 de febrero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Se podrá alegar que quienes participaron en el escándalo del fondo de ahorros de los diputados de la anterior legislatura lo hicieron de manera personal, y se deberá aceptar, sin duda; pero lo que es irrefutable es que el total de los participantes son, algunos con una militancia de varias décadas, militantes del PAN y que los hechos imputados se hicieron bajo el cobijo de un gobierno emanado de ese partido.

A la luz de los hechos denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de alguien con una muy cercana relación con el ex gobernador Javier Corral, Héctor Acosta Félix, lo que le agrega mayor valor a las auditorías efectuadas con motivo de las denuncias presentadas por alrededor de ocho diputados de la anterior legislatura, quienes se presentaron como afectados, y los que se beneficiaron -todos los integrantes de la anterior legislatura- lo hicieron con base en una ilegalidad, así descrita por la ASE.

En los días posteriores a la denuncia de la ASE y al hallazgo del cadáver de René Villarreal Juárez (quien aparece como el principal operador del escándalo), tanto el salvaje asesinato de Villarreal, como los rumores de que había operado otro fraude, hicieron que el origen de estos hechos delictuosos perdiera presencia en la opinión pública.

No deberá olvidarse: Los diputados, todos, de todas las fracciones parlamentarias, incluidos los de Morena (que se precian de ser una especie de abanderados políticos y morales) también se sirvieron con la cucharada grande y engrosaron sus cuentas bancarias mediante los recursos derivados de un Fondo de Ahorro, conformado, para cada uno de los diputados, de ocho mil pesos procedentes de un fondo legislativo destinado a “apoyos de gestión” de los legisladores, el Congreso depositaba otros ocho mil pesos como “aportación patronal” a una cuenta de ahorro en Banorte.

Inobjetable, el Auditor Acosta Félix dictaminó que ese Fondo de Ahorros era -es- ilegal, por lo que los hechos delictuosos no son solamente que un grupo de funcionarios del Congreso se hubiesen quedado con el dinero correspondiente a ocho diputados -de varios partidos-, sino que el disponer de ese dinero, todos los diputados, fue un hecho ilegal.

Peor aún, todavía, hasta la fecha, la actual legislatura no ha precisado si ese fondo persiste y a cuánto asciende, en caso de existir.

El trabajo profesional de los auditores de la ASE y que para más señas su titular se le cataloga -¿catalogaba?- más cercano al blanquiazul señala que involucra a un buen número de ex funcionarios (algunos de los cuales fueron reciclados en el actual gobierno), todos militantes del PAN y que de muy extraña manera se les dio cabida en el gobierno de Maru Campos, en lugar de haberlos mantenido con la sana distancia que requería el hecho de haberse mantenido leales -y muchos de ellos muy leales- al ex gobernador Javier Corral.

La denuncia de la ASE devela, además, el desmedido apetito económico de, otra vez, todos los diputados, pues varios de ellos supieron en su momento que disponer de ese dinero, si bien no les aparecía como ilegal, sí era, por lo menos inmoral.

A pesar de ello dispusieron de él. Todo habría transcurrido “normalmente” si no es que a alguno de los implicados en el robo-jineteo del fondo de ahorros se le ocurrió que ese dinero podría usarse transitoriamente y luego devolverlo. Y resulta que no lo devolvieron a tiempo.

Pero no hay problema, a algunos de los “jefes” se les dió cabida en la nueva administración estatal lo que podría generar la necesaria impunidad.

Pues no fue así. Preocupados, algunos de los exdiputados (hay varios que repitieron en la actual legislatura) denunciaron que no les habían “caído” los dineros, y ahí ardió Troya.

Los exdiputados a quienes se les debe parte de su ahorro son Blanca Gámez, Francisco Mendoza, Jorge Soto, Humberto Chávez, René Frías y los actuales diputados Marisela Terrazas y Gustavo de la Rosa y algunos de ellos aún no tienen fecha para recibir “su” dinero.

Y si hicieran falta elementos que acreditaran la realización de los hechos delictuosos, ahí está la devolución que hiciera el ex administrador del Congreso, Jorge Issa, quien devolvió 3 millones de pesos y aún debe, dicen varias fuentes, 1 mdp al Congreso. (Nota de César Lozano T./El Diario de Chihuahua, 17/II/22).

Bueno, pues aún falta otro desfalco. 

El ex diputado René Frías, de Nueva Alianza, dio a conocer que desde octubre del año pasado le pidió a la presidenta del Congreso, Georgina Bujanda, que se constatara si se había aplicado la cantidad que se les descontó desde marzo hasta diciembre de 2019 por 16 mil pesos mensuales, como “aportación voluntaria” de cada legislador al Plan Emergente instrumentado por el Gobierno de Corral para atender la contingencia sanitaria y económica en la entidad a consecuencia de la pandemia de Covid-19; para que, en caso de no ser así, también les fuera devuelto.

Es la danza de las cifras milenarias que no conoce fronteras partidarias; lo mismo las reciben los legisladores de la “mafia del poder”, que los nuevos abanderados de la 4T, confirmando que el dinero no tiene fronteras, ni límites partidarios.

Y por si hicieran falta elementos en abono a la incertidumbre y al escepticismo, así como a la impunidad, ahí están las noticias que primero hablaban de que el cuerpo de Villarreal había sido incinerado -contrario la legalidad vigente- y luego el hecho de que todavía hasta el 18 de febrero no había acta de defunción de exfuncionario.

No es el único hecho “oscuro” en el asesinato de Villarreal. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 9 de febrero, identificado por un familiar y entregado al día siguiente a los deudos. Pero su desaparición fue desde el 18 de enero, y asesinado entre el 19 y 20 de enero del presente año.

Fue “visto por última vez el 18 de enero, cuando fue con uno de sus hermanos para pedirle dinero. Ese mismo día se recibió en el 911 una llamada de una persona desconocida que avisó que Villarreal se encontraba desaparecido, pero nadie acudió ante el Ministerio Público para levantar un reporte de ausencia”.

Villarreal Pérez fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de malversar recursos del fondo de ahorro del Congreso del Estado a través de su esposa, Alejandra Montañez Olivier, además de ser acusado públicamente por defraudar a trabajadores del organismo descentralizado del Gobierno estatal. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Chihuahua, 16/II/22).

Roberto Lara, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, director, a su vez, en tiempos de los hechos denunciados, de la Junta Municipal de Aguas, renunció a su cargo, para que fluyeran las investigaciones, pero uno de los presumiblemente mayormente involucrados, Fernando Álvarez Monje, coordinador de la bancada panista en el último trienio de Corral, y actualmente Director del Instituto de la Vivienda del Gobierno estatal, se deslindó de los hechos en una declaración pública, en la que afirmó que las “funciones que un servidor tenía en el Congreso del Estado no tiene (sic) manera de incidir por disposición legal normativa en la forma en que se trabajó en el Congreso”. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Chihuahua, 18/II/22).

Esa declaración va en sentido contrario a lo que sucedía en el Congreso en ese trienio. Jorge Issa, Secretario Administrativo del Congreso, Manuel Soledad, tesorero, y Alvarez Monje eran un equipo muy bien aceitado, en el que el coordinador tenía la voz cantante.

No solo eso, muchas de las decisiones administrativas del Congreso no solo pasaban por el arbitrio del entonces diputado, sino, también, del gobernador Corral; como por ejemplo el otorgarle, o no, una camioneta al coordinador de los diputados de Morena, Miguel Colunga. 

“Dales todo lo que pidan, pero manténlos controlados (a los de Morena)”, le habría dicho el gobernador al líder congresual.

No se puede afirmar, con sustento, que el gobernador estuviese al tanto de los movimientos del Fondo de Ahorros de los legisladores, pero sí del hecho de su aprobación, de su origen y de los recursos que aportaría el Congreso de su propio presupuesto.

Así que, siguiendo la lógica de las declaraciones de la gobernadora Campos, en las que afirma que el ex mandatario está involucrado en peculado y fraude, con la existencia de investigaciones penales y administrativas contra él, no sería nada raro que en las indagatorias del fondo de ahorros de los diputados, apareciera el nombre del ex gobernante atribuyéndole alguna orden.

Al dar a conocer lo anterior, la gobernadora hizo su aportación a la picaresca de la clase política mexicana al denominar a Javier Corral como “el gran simulador”.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

Incongruente

        

El Diario, 17 de febrero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

A un error, sigue otro en la conducta presidencial. El encono se eleva a niveles alarmantes.

El problema es que en la medida que intentan aclarar revelan más asuntos deplorables, extremadamente criticables en las relaciones del presidente con algunos de los empresarios más connotados, que develan los indudables conflictos de interés existentes en varias de las obras y acciones del gobierno de López Obrador.

Los hechos de los días recientes revelaron, además, una de dos cosas, a cual más de negativas:

Por un lado, su desconocimiento de los mecanismos institucionales que hacen posible la transparencia del ejercicio de la función pública y el derecho del acceso a la información pública; pero, por otro, si no lo desconoce, es peor, pues entonces estaremos ante una tremenda manipulación de la opinión pública, cometida por él, que se precia de salirle al frente a todas las situaciones y que presume de que la conferencia mañanera es un “diálogo circular”.

El Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) no tuvo problemas para responderle acerca de su pretensión de hacer públicos los ingresos, facturas y bienes de Carlos Loret de Mola, y de su familia: Lo tiene prohibido pues el periodista no es ente público y no maneja recursos igualmente públicos.

Los que están obligados a informar -siempre, en todo caso, al igual que los entes privados, protegiendo sus datos personales- son los funcionarios públicos.

En su respuesta, el INAI llega al grado de informarle, como si se tratara de un ciudadano desconocedor de los pasos para agenciarse algunos datos de la esfera pública, paso a paso del mecanismo a seguir. 

¡Sólo le faltó enviarle un video que le mostrara los pasos!

Lo más grave es el hecho de que el Jefe del Estado Mexicano, Jefe del gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe de la Guardia Nacional  y jefe del partido gobernante, lanzara una descomunal ofensiva en contra de un ciudadano, por más repudiable que le sea, él y su accionar periodístico. 

No puede, le está prohibido. 

Por congruencia democrática debiera rectificar, antes de que algún ciudadano, alguna organización o algún partido presente contra él una muy justificada demanda por la violación de un buen número de artículos constitucionales y de varias leyes reglamentarias, lo que debiera dar lugar a sanciones, hasta penales.

Preocupa, además, que para llevar al cabo sus pretensiones, el presidente usara la muletilla de que en “calidad de ciudadano” presentaba esa petición al INAI.

Otra vez el desconocimiento o la manipulación. El cargo de presidente de México es irrenunciable, salvo causa grave que no le toca al mandatario resolver.

No puede decir, en este momento soy presidente, y al ratito no lo es.

Por supuesto que el cargo conlleva un conjunto innumerable de facultades, responsabilidades y prebendas; pero también implica que muchas de sus libertades y derechos se acotan debido al desempeño de ese cargo.

El presidente pareciera ignorarlo, o hacerlo a un lado conforme a sus intereses del momento, en una actitud por demás deplorable, además de incongruente pues, por un lado, exige se den a conocer los datos personales del periodista, pero por el otro se enfurece porque una investigación da a conocer el tren de vida de su hijo mayor, que no afirma haber encontrado actos de corrupción, pero que sí devela la posibilidad de la existencia de descomunales conflictos de interés, que crecen en número y cantidades económicas, conforme, tanto el presidente, como José Ramón, su hijo, intentan aclarar que no están inmersos en la corrupción.

Y otra vez: ¿El presidente ignora el significado de “un conflicto de interés” contemplado en la legislación vigente?

¡Increíble! Tanto si lo sabe, como si no lo supiera.

Y es que son incontables los conflictos de interés que rodean al presidente en muchos de los proyectos de la 4T.

Deberemos precisar que no solo a él los rodean, podríamos sumar a varios de los más cercanos, tanto familiares, como integrantes del equipo de gobierno. (De eso escribiremos el domingo).

Es absolutamente descorazonador enterarse de tanto y saber que sus hechos echan por tierra lo que muchos mexicanos construimos a lo largo de décadas.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Si Loret es el “golpeador” ¿Quién se lo mandó, presidente?

El Diario, 13 de febrero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

"La crítica es un ingrediente básico en las democracias (...) el ejercicio del poder requiere miradas críticas y requiere ejercicios que no resultan simpáticos al poder, eso es parte de la naturaleza democrática”: Carmen Aristegui.

Son brutales las palabras del presidente López Obrador, lanzadas en el curso de los últimos días en contra de dos periodistas -Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola- a propósito de los reportajes acerca de las residencias de su hijo mayor, José Ramón.

Son inaceptables sus excesos verbales, además de que se encuadran, algunas de sus acciones, en la comisión de presumibles violaciones legales.

Convertido, por decisión propia, en el ente que determina cuál medio está con el pueblo y cuál no, pues asume que el pueblo lo ha ungido, también para esa tarea, según sus propias declaraciones; en el definidor de que deben, o no publicar los medios de comunicación, el presidente se ha lanzado en una airada ofensiva en contra de los periodistas que lo critican.

Furioso, llegó a niveles inaceptables para una sociedad democrática. 

Incapaz de detener la avalancha de críticas desatadas, no porque el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) hubiese revelado la comisión de corruptelas por su hijo mayor y/o su nuera, Carolyn Adams, pero que sí demostró la posibilidad cierta de que estemos frente a un probable conflicto de interés entre ellos y el ex ejecutivo de una empresa proveedora de Pemex, lo que afectó seriamente la imagen de honestidad del presidente, por un lado, pero por otro, el hecho de que la mayor de las descalificaciones a su discurso de austeridad -lanzado no tan sólo en la esfera pública, sino en la vida privada, y no sólo de los funcionarios públicos, sino en general de la población cuando hace llamados a tener solamente un par de zapatos- provino de la parte más íntima de su familia.

Ya no se trató de los hermanos, o de la prima, de los cuales no se responsabilizó en su discurso inaugural, sino de amero adentro, porque José Ramón no solo es su primogénito, sino que ha sido a lo largo de los últimos años uno de sus operadores más fiables; tanto, que en la campaña presidencial del 2018 fue el encargado de ella en el importantísimo Estado de México.

Pero el presidente se metió a un terreno por demás arriesgado, porque, una y otra vez ha acusado a Loret de Mola de ser un golpeador, un mercenario y si esto es cierto -en las concepciones presidenciales- significaría, entonces, que es el encargado de golpear al presidente. 

¿Por parte de quién, presidente?

Una posible respuesta la podría haber otorgado el presidente en la conferencia del viernes cuando mostró las supuestas fuentes de financiamiento del periodista en 2021. 

En ellas, sin dar crédito a la fuente -me hicieron llegar la información, dijo, al tiempo que mostraba una imagen con evidentes faltas de ortografía- exhibió una imagen en la que se asentaba el origen de los ingresos de Loret de Mola, pero que al mostrarla y comentar alrededor de ella acreditó su validez -para él-.

La paradoja es que, según esa gráfica, el principal “patrón” de Loret es Televisa (11.8 millones le pagó en 2021, afirmó), la empresa que recibe el mayor financiamiento de su gobierno, en materia de publicidad, de ahí el tono de reclamo a los “directivos de Televisa”, a los que casi amenazó con cuestionarles el porqué de ese pago, si Loret había salido de la empresa en 2019, cosa que argumentó el periodista, para evidenciar las mentiras del presidente.

Y al desgranar los supuestos ingresos del periodista, apareció Radiópolis, empresa que según el dicho presidencial es propiedad del grupo empresarial español editor del periódico El País (¿De ahí vendrá la ira presidencial en contra de España?), en la que, por si fuera poco, dijo que estaba el empresario Cabal Peniche y que en Latinus participa “el exgobernador Roberto Madrazo” y su familia (Estará cobrándose, de pasadita, los agravios del pasado remoto tabasqueño?).

¿Entonces detrás de Loret, según el presidente, están esos personajes e intereses?

¿O sea, ellos son los que animan el espíritu belicoso y golpeador de Loret? ¿También Emilio Azcarrága -hijo- socio mayor de Televisa? 

Pero resulta que un buen número de empresas y empresarios son, también, accionistas de la empresa televisiva ¿Las acusaciones a Loret van contra todos ellos?

¿Será cierto todo lo anterior, o se trata, solamente, de la ira desatada del mandatario, irrefrenable a tal grado que lo hace despotricar, insultar, calumniar, amenazar, descalificar carreras periodísticas como la de Carmen Aristegui? 

No hay, ni en la política de AMLO, ni en la cordial relación que mantiene con la élite empresarial -igual que antes, todos sus antecesores- el más mínimo rasgo de un enfrentamiento entre ellos, al contrario.

¿Y todo porque develaron el lugar en el que habita el más “político” de sus hijos?

No puede ser.

Mucho menos podemos aceptar, independientemente del juicio que nos merezcan los trabajos de Loret de Mola (y de todos los periodistas), que desde la tribuna del Estado Mexicano su titular se asuma como el “Hermano mayor” que todo vigila y todo califica y que, en aras de la supuesta transformación, se atreva a dictar que no se le puede criticar porque él es quien la está llevando al cabo, de ahí sus frases sobre lo que deben hacer los periodistas, pues, dice, “periodismo distinto es el que está  orientando, conscientizando… abrazo a los que defienden el proceso de transformación… tengo el apoyo de dos moneros, ¡Sólo dos!, pero que son de la gente más lúcida, comprometida…”.

O sea, todos los demás, los que no están con él, ni son lúcidos, ni están con el pueblo, porque ya no debe haber “medias tintas, no hay ni para dónde hacerse, ya no se puede simular…”.

¿Qué significan esas frases? ¿Qué, ya no se puede criticar al presidente? ¿Que si hay cosas criticables, o presumiblemente criticables, no se deben investigar?

Lo que mostró el presidente en estos días no es más que la continuidad de lo que ha evidenciado a lo largo de su gobierno. 

Si hay acusaciones públicas en contra de alguien de su equipo, él lo avala, lo defiende y acusa, de inmediato, a “los conservadores”. El presidente exculpa, bendice y descalifica a sus críticos, sin importarle si son mexicanos o extranjeros.

Y si hay necesidad de investigar la conducta de alguno de los suyos, entonces que lo haga -al mejor modo de Peña Nieto- alguno de sus otros subordinados.

De ahí la emisión del acuerdo de “la opacidad”, mediante el cual todas las compras y obras de su gobierno son de seguridad nacional, razón por la que no se podrá acceder a la información de ellas.

Peor aún, López Obrador se ha erigido en algo así como “La Congregación de la Fe” (la antigua Santa Inquisición de la iglesia católica) de la 4T, que se encarga de definir quien sí tiene “autoridad moral” para criticarlo, y quien no, pues “para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral, si no, no es posible…”.

¿Quién va a definir la autoridad moral de alguien como para permitirle que enjuicie a un funcionario público, así sea el de más elevada responsabilidad?

¿Puede o no un periodista como Loret de Mola criticar al presidente?

Esa es la verdadera pregunta. 

La respuesta se encuentra en las concepciones democráticas de una sociedad.

Por supuesto que sí.

Depende de los usuarios de sus medios, de los ciudadanos, creerle o no, tomar en cuenta sus informaciones o no, y sopesar si sus opiniones tienen sustento.

Parafraseando al presidente en la más deleznable e hipócrita de sus frases: “Con todo respeto” ¿Quién es el presidente López Obrador para definir quien tiene autoridad moral, o no, para cuestionarlo?

Y, luego, las amenazas. Le pedirá al IFAI y al SAT le den información sobre Loret en un clarísimo acto autoritario, represivo e ilegal, por si fuera poco lo anterior.

¿En qué poder se basa el presidente para pedirle al SAT, es decir a Hacienda, que le entreguen las cuentas de Loret de Mola, en este caso, o en el de cualquier ciudadano, sin que exista un mandamiento judicial que así lo ordene?

¿Quién le dijo que puede violar la ley?

Por eso tampoco se puede pasar por alto el tono admonitorio cuando dijo “… Me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, y voy a hablar con los directivos de Televisa, es que se supone que Loret ya no trabaja en Televisa y el año pasado le dieron 11 millones de pesos en un año”.

¿Con base en qué el presidente le puede pedir cuentas a alguien -así sea una empresa criticable por su actuación en la televisión y en la prensa mexicana- por encima del estado de derecho al que está obligado, no solo a respetar, sino a hacer que se respete?

Esas frases presidenciales hacen que se reciclen las especulaciones: ¿Tuvo algo que ver el presidente en el despido de Loret de Televisa?

Incontenible, la ira presidencial llegó al extremo de lanzar amenazas veladas al decir que lo dicho era “Sin meterme en otros bienes… por lo pronto, por ahora”, al tiempo que justificó su actuación al decir que “… lo hago porque está en juego la transformación…”.

“No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero represento un proceso de transformación para acabar con la corrupción en México”.

Es decir, que en aras de lo que supone es la defensa de su movimiento, es válido todo.

De ninguna manera.

Por supuesto que el trabajo de los periodistas, la línea editorial o incluso las consignas de un medio no deban ser exhibidas y cuestionadas, sólo que no le corresponde al Estado, o a los gobernantes, o a los políticos en turno dictar directrices profesionales o éticas a la prensa, hacerlo es atentar contra la reina de las libertades, la de expresión, sin ella no son posibles las demás y hoy el presidente está convertido en lo contrario que dijo sería al llegar a Palacio Nacional.

Y si la conducta presidencial en el caso de Loret de Mola es deplorable, en el de Carmen Aristegui ya no alcanza calificativos. 

Además de lanzarle una serie de epítetos, llegó al extremo de acusarla de haber “engañado” al movimiento pues, dijo, ha realizado “reportajes calumniosos”, la acusó de estar a favor del “bloque conservador”, que ha engañado “por mucho tiempo”, simulaba, afirmó y sostuvo que “está a favor del bloque conservador”.

¡Cuántas cosas dice y hace por defenderse de algo de lo que no puede hacer!

Como dijo Julio Scherer, el periodista, son cosas de la terca realidad.

Con esa se confronta el presidente, todo porque le pusieron un espejo enfrente.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)

Vacuna COVID, en busca de la endemia

El Diario, 10 de febrero de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Son cifras para preocuparse seriamente y que debieran concitar, además del más extendido respaldo social, una buena cantidad de acciones de los gobiernos municipales, así como del estatal y el  federal presididas por un objetivo central: Vacunar a casi la totalidad de la población en el estado.

Para ello se requiere de un mayor esfuerzo de coordinación entre ellas, que tenga como meta lo anterior, para intentar que la absoluta mayoría de chihuahuenses contemos con los niveles más altos de inmunidad frente al virus COVID 19.

Para quienes creen que el fin de la epidemia está cercano, será bueno recrear las cifras de vacunación otorgadas esta semana por la Delegación del Bienestar en Chihuahua, la delegación del gobierno federal:

“Han recibido al menos una dosis (de la vacuna del COVID 19) 2 millones 290 mil 840 personas en la entidad, lo que representa el 61.22% de la población de la entidad, según los datos proporcionados por la delegación de la Secretaría del Bienestar en el estado”. (Nota de Bernardo Islas, El Diario de Chihuahua, 09 febrero 2022).

En esas cifras se incluyeron otras, como la de que el 90% de la población mayor de 18 años ya fue inoculada, así como el 70% de los menores de 15 a 17 años.

De ese modo, de una población de 3 millones 741 mil, alrededor de 1 millón 450 mil chihuahuenses no han recibido, ni siquiera, una dosis de la vacuna. Ese número de personas es el equivalente al 38.78% del total de la población.

No es cualquier cifra, ni mucho menos para echar las campanas al vuelo, significa, números más, números menos, que 4 de 10 chihuahuenses no están vacunados, con la posibilidad de que se contagien -e infecten a los ya vacunados- es altísima.

Peor aún, las probabilidades de que los contagiados, no vacunados, caigan en la modalidad grave de la enfermedad son altísimas -igual que en las oleadas anteriores, dependiendo de su estado de salud y comorbilidades- así como la de que un porcentaje, considerablemente elevado, sufran la fase grave que los lleve al hospital y que, eventualmente, algunos mueran.

Además, como ya se ha informado exhaustivamente, la variante Ómicron es más contagiosa que las anteriores, por lo que las probabilidades de que los no-vacunados se infecten son proporcionalmente más altas que en el pasado. 

Más aún, tales probabilidades crecen debido a que la posibilidad de reinfectarse, ahora lo sabemos, está siempre presente, no obstante haberse vacunado o infectado previamente.

La otra certeza, tampoco menor, es de que de caer enfermo de COVID, y si se está vacunado, muy probablemente se padezca la modalidad menos seria de la enfermedad, que no es, como dijo el presidente, un “covidcito” pues las secuelas de la enfermedad, incluso las leves, son, al mediano plazo, en un buen porcentaje de quienes caigan enfermos, son impredecibles, razones que nos debieran llevar a que, desde el ámbito de lo individual -y social- sigamos en la tónica de protegernos debidamente y con ello impedir que cunda la enfermedad.

Pero deberán ser las instancias gubernamentales las que promuevan, con toda la fuerza y recursos del Estado, la inmediata vacunación del total de la población, estrategia dentro de la cual deberá contemplarse, sin ambages y sin tardanza, la vacunación de los mayores de 5 años, para evitar, primero, que caigan enfermos y, segundo, que si se enferman, ya que una buena proporción de los menores de edad que se infectan desarrollan la modalidad asintomática de la enfermedad, evitar que se conviertan en transmisores del virus.

Es un problema de salud pública de la mayor importancia; de no resolverse prontamente se perpetuará la situación actual y se retrasará indefinidamente el momento en el que la epidemia se transforme en endemia, es decir, como lo dice la Academia de la lengua, en una enfermedad “que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca”.

Lo que, traducido al lenguaje llano significará que estará presente, pero que no será tan contagiosa, ni tan grave como hasta ahora lo ha sido.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)