IEE, TEE, Ichitaip, diputados, regidores: La falsa austeridad del “amanecer”

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• El Diario, 27 de octubre de 2019
• Urge un nuevo diseño del gobierno y de los organismos autónomos
• Nuevo litigio en el Ichitaip
• La diputación de Morena cada vez peor
• El gobierno de Corral se desentiende de los dirigentes indígenas y los derechohumanistas. Los matan y nada pasa 

Luis Javier Valero Flores

Dos sucesos ocurridos en la semana pusieron nuevamente en la preocupación ciudadana el papel y el costo de los distintos órganos del gobierno:

La propuesta del presupuesto del Instituto Estatal Electoral (IEE), elaborada por los consejeros electorales y la reforma en el número de consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

¿Por qué no limitar el tiempo de labores de los consejeros electorales, de los diputados, de los regidores, de los magistrados electorales y, por consiguiente, pagarles solamente por el tiempo en que trabajen?

Para que esto ocurriera debieran aprobarse diversas reformas, entre ellas que durante el tiempo en que desempeñaran labores de estos cargos sus patrones -en caso de tenerlos- les otorgaran licencias y seguridad de la permanencia en su trabajos, de manera obligada.

Segundo, efectuar una drástica disminución de los emolumentos de los funcionarios públicos de estas categorías.

Va por partes: 

Los consejeros electorales solo trabajan de manera continua a lo más 3-4 meses del año electoral, incluidas las actividades previas al real inicio de las campañas electorales, en las que su trabajo es básicamente aprobar todas las actividades previas a la votación: La selección de personal que buscará a los funcionarios de casilla y su capacitación, la instalación de las asambleas municipales, etc. 

En estos casos se podría establecer una especie de pago por jornada efectuada y el pago completo durante los meses de trabajo continuo. En la actualidad, los consejeros electorales perciben ingresos por todo el año, incluidos los años en los que no hay procesos electorales. 

Esos ingresos se han convertido en auténticas becas para ellos.

Y no es una frase. A lo largo de los años, muchos de quienes accedieron a esos cargos y la mayoría de quienes se desempeñaron en la estructura burocrática -cuyos empleos se mantienen a lo largo del año- lo han aprovechado para estudiar las licenciaturas, quienes no las tenían, o para efectuar estudios de postgrado. No han sido poquitos los beneficiarios de este regalo de la época de las “elecciones competitivas”.

Por otro lado ¿Para qué necesitamos a diputados que simulan trabajar todo el año y prácticamente la mayoría sólo efectúa trabajo legislativo en las sesiones?

¿Porqué no restringir sus labores -y sus pagos- a solamente dos o tres meses al año, los necesarios para efectuar y aprobar las cosas que realmente necesitan conocer y resolver, con jornadas diarias a lo largo del período de sesiones, para lo cual, como ya se tiene, quienes deban preparar los estudios, dictámenes y demás, sean los equipos de asesores ya existentes?

No solamente los actuales diputados, todos los que pasan por ese cargo lo utilizan, preferentemente, para actividades político-partidarias y/o personales y no pocos lo han usado, como los consejeros electorales, para estudiar y capacitarse en las áreas de sus actividades privadas.

¿Y los regidores? N’ombre, esa sí que es una beca completa. 

Estos funcionarios tienen la obligación de acudir a las sesiones de cabildo -generalmente una al mes, y en los municipios más grandes, dos-, pero de ahí en más, si quieren, pueden acudir a las sesiones de sus comisiones (como los diputados), pero si faltan no pasa nada, igual que con los diputados y ganan verdaderas fortunas pues los regidores de las dos principales ciudades del estado ganan más de 60 mil pesos mensuales.

¿Por qué no hacer estos cargos casi honorarios y pagarles a quienes accedieran a esta función por trabajos desempeñados?

¿Se puede hacer lo mismo en el Ichitaip?

Claramente no, la función que debieran realizar los consejeros de este organismo es diferente, se realiza de manera permanente a lo largo del año y se pueden aplicar, eso sí, al igual que en toda la administración pública una aguda disminución de los salarios de los funcionarios de los primeros niveles e igualarlos a los que devengan los catedráticos más calificados de las principales universidades públicas de la entidad.

¿Porqué debemos pagarle más a un diputado, un regidor, un consejero electoral, un magistrado electoral o un consejero de transparencia, más que al más calificado de los catedráticos e investigadores universitarios?

Ahora bien, la reforma para disminuir a tres los consejeros del Ichitaip, en lugar de los cinco que existen actualmente, no tiene otro objetivo que el de ahorrarle al grupo gobernante el difícil trago de tener que negociar con el resto de las fuerzas políticas los nombramientos de los dos que debieran sustituirse al  final del año, en virtud del término del período de dos de las consejeras.

Como en todo el quinquenio del “Nuevo Amanecer”, las reformas legislativas las han efectuado en el filo de la navaja de la ilegalidad, con la comisión de posibles actos inconstitucionales, pues la reforma, debido a que es constitucional, aún deberá pasar por la aprobación de más de 20 municipios que posean más de la mitad de la población del estado, por lo que habrán violado la norma vigente que establece que la convocatoria para designar a los nuevos consejeros deberá emitirse por el gobernador del estado, el presidente del Tribunal Superior del Estado y el presidente de la mesa directiva del Congreso, con 45 días de anticipación al término del período de los que se van.

Así, el gobierno de Chihuahua se encamina a un nuevo litigio ante el Poder Judicial de la Federación, que muy probablemente perderá pues las violaciones constitucionales saltan a la vista, todo por el afán del gobernador Corral de mantener bajo su control a este organismo y hacer a un lado a quien fuera su primer presidente, Rodolfo Leyva, removido de manera ilegal y cuyo caso aún deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bueno, pues aún no se resuelve ese conflicto y el gobierno de Corral enfrentará otro y que, como el anterior, también perderá, en lo que es un completo desastre de su gobierno en materia jurídica.

Pospuesta la discusión y la aprobación, para hacerlo finalmente en la sesión del 22 de octubre, sin que se encontrara en la orden del día, y haciéndolo de manera por demás sorpresiva, el grupo mayoritario del Congreso obtuvo el apoyo de la casi totalidad de los grupos parlamentarios, incluido el de Morena. 

Veinticinco diputados votaron a favor de la reforma argumentando que era en favor de la austeridad promovida por el gobernador Javier Corral.

Es, como ha sido a lo largo del actual gobierno estatal, nuevamente una reforma legislativa a modo. De ahí la enorme responsabilidad y, sin duda alguna, afán entreguista del grupo parlamentario de Morena, que a pesar de los muy duros golpes recibidos por el corralismo, votó a favor de esta reforma sin tener a la mano un solo elemento para considerar que se favorecería el ahorro presupuestal.

Los diputados de Morena le hicieron el trabajo sucio al gobierno del Nuevo Amanecer y le favorecieron mantener en el órgano garante de la transparencia la misma vocación opacista del gobierno anterior, el de Duarte, y el actual, diferenciado solamente por el discurso enarbolado por el actual gobernante pero que en los hechos es el mismo patrón, que además de mantener la opacidad sobre el actuar gubernamental, continúa en la tendencia de que el titular del Poder Ejecutivo intenta mantener un control absoluto sobre los organismos autónomos, sobre los otros poderes y, en general, sobre toda la vida pública de la administración estatal.

ACTIVISTAS BAJO FUEGO.- A los viles asesinatos de los seis miembros de la familia de Julián Carrillo, cuya ejecución un año atrás fue recordado por sendos actos críticos con la participación de la organización Amnistía Internacional, se sumó el reciente asesinato del activista Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado en el municipio de Guazapares. 

Como los Carrillo, Soto Caraveo fue ultimado a pesar de contar con medidas de protección de los gobiernos estatal y federal.

No pasa nada, son vidas de desecho para el gobierno corralista…

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

La Ley de Publicidad Oficial, debate a la sociedad

El Diario, 24 de octubre de 2019

Luis Javier Valero Flores

Tema central en la construcción de un régimen democrático es la de la existencia de una sólida red de medios de comunicación, capaces de establecer el necesario vínculo entre la sociedad y la administración pública.

La decisión en torno al número de consejeros del Ichitaip, efectuada a contrapelo de los tiempos constitucionales y del interés que pudieran externar diversos ciudadanos y agrupaciones de la sociedad chihuahuense sobre tema tan importante no abonan a las expectativas democráticas.

Nadie, en el mundo de la vida democrática pudiera oponerse a un aspecto esencial del desarrollo democrático de una nación, como el de imponer una regulación al gasto gubernamental en materia de publicidad oficial.

Por ello, no podemos más que coincidir en la iniciativa cuando establece en la exposición de motivos que “La asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios de comunicación continúa siendo el principal medio de censura indirecta en México”, y que obstaculiza a la vida democrática la “Ausencia de un marco normativo que otorgue claridad a los fondos públicos destinados a la publicidad…”.

Pero, de entrada, al contrario de la ley federal que aborda el mismo tema, que se denomina “Ley General de Comunicación Social”, porque intenta regular un concepto más general, que abarca el total del quehacer gubernamental en esta materia, la iniciativa del gobernador Javier Corral se denomina “Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua”, lo que tiene un sentido claramente restrictivo, para la fiscalización ciudadana y hasta gubernamental, sobre el ejercicio del presupuesto en esta materia, ya que deja fuera de la normatividad propuesta el ejercicio en comunicación social, que debió haberse privilegiado a la hora de proponer un mecanismo regulatorio del gasto, no sólo en publicidad oficial, sino de la comunicación gubernamental, ya que la norma propuesta deja sin ningún control aspectos como el de las estaciones de radio y televisión y, por supuesto, deja fuera, también, el gasto efectuado en la impresión de revistas o periódicos por los entes públicos.

Se creará, en cada dependencia una “Unidad para la asignación de Publicidad Oficial” y como apoyo a estas unidades, se propone la creación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial”, integrado por 5 personas.

Este organismo, en la práctica, será nombrado por la Coordinación de Comunicación Social, que “podrá” nombrar un “comité especial de evaluación”, quien seleccionará a los integrantes del Consejo.

El establecimiento de un padrón de de medios de comunicación, con base en criterios “objetivos” deberá someterse, también, a criterios subjetivos, no de la autoridad, sino de un ente, una especie de Ombudsman de los medios de comunicación, de un consejo de especialistas que evalúen la trascendencia o importancia de un medio, no en base, solamente, en los que obtengan la mayor audiencia o el mayor rating, sino obedeciendo al derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a la información pública.

El gasto no deberá exceder del 0.5% del total del presupuesto del ente, pero le facultan para que puedan hacer ampliaciones o traspasos a ese gasto, que no deberá exceder otro 0.5%, lo que llevaría a todas las dependencias, en la práctica, a poder ejercer hasta el 1% del presupuesto en publicidad oficial.

Un aspecto, aparentemente, positivo, es el de que ningún medio podrá recibir más del 15% del presupuesto de publicidad oficial, o que un medio reciba más del 30% de la pauta total de una campaña en particular.

Eso lleva, otra vez, a plantearse que un medio podrá recibir hasta 48 millones y medio de publicidad oficial, o a acaparar el grueso del gasto de cualquier campaña publicitaria del gobierno estatal, lo que contribuirá fortalecer la monopolización de los medios de comunicación, pues por esa vía, por ejemplo, Televisa, Tv Azteca, junto con, ahora también, el Canal 28, el favorito del sexenio, a acaparar casi la mitad del presupuesto del gasto en publicidad oficial.

La iniciativa propone destinar un 20% de los ingresos en la capacitación de su personal, así como en el los salarios y prestaciones, lo que está claramente especificado en diversas regulaciones y que, además, es violatorio de los derechos de las empresas y/o propietarios de los medios.

Y aspecto esencial de esto es que, por ningún lado aparece el papel del Estado en la preservación y/o creación de los medios de comunicación alternativos, para lo cual es determinante el financiamiento público.

A esta iniciativa le hace falta un ingrediente, esencial para la concreción de la transición democrática, la participación de la sociedad y en este caso, de los integrantes de los medios de comunicación.

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Al poder le estorba el ejercicio libre y crítico del periodismo

Aserto.mx

22 de octubre de 2019

En la Semana del Humanismo, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Doctor José Luis Jáquez (Director de Palabra propia) convocó a los periodistas Adriana Ruiz, Luis Froylán Castañeda, Rodrigo Ramírez y el autor a abordar, el 22 de octubre, los temas de Situación y retos del periodismo. Crisis y retos del periodismo en Mexico. 

.¿Se han democratizado los medios?¿Hacia dónde vamos en materia mediática?

Aquí la intervención en ese evento.

Luis Javier Valero Flores

Buenos días, le agradezco a José Luis Jáquez la invitación y a ustedes su presencia.

Nos encontramos en medio de una auténtica revolución de los medios de comunicación. 

Se da al tiempo que persisten los viejos sistemas de dominación. Ciertamente la sociedad ha arrancado enormes jirones de poder a la clase política, pero esta aún, merced al enorme rezago económico, someten a amplias capas de la población más marginada, por un lado, y por el otro, gracias a las cada vez más sofisticadas maneras de manipulación -que estimulan el mercantilismo, el individualismo, la incultura y la violencia- tienen, aún, un amplio consenso en las capas medias de la población.

Tal situación pareciera haberse interrumpido -ojalá que no momentáneamente- con la llegada de López Obrador a la presidencia. No sé si esto continúe, si la interrupción de gobiernos absolutamente comprometidos con lo expresado en las primeras frases sea a largo plazo, lo cierto es que se abre un momento coyuntural que puede incidir en cambiar el viejo sistema de dominación en el país. Y esto tiene relación directa con los medios de comunicación, sin duda alguna.

En los últimos años hemos visto como los medios de comunicación cambiaron. Porque también lo hicieron sus lectores, radio escuchas y televidentes y apareció, avasallante, la internet y sus diversas plataformas, a las que denominamos “redes sociales”, las que poseen un inmenso poder, que pareciera no tener límites.

En la medida que cambiaba todo en materia de medios de comunicación, aparecían y se fortalecían los portales digitales, de todo tipo de información y de todas las especies: Noticias, búsqueda de placeres -de todos los tipos- portales de redes sociales, revistas; de juegos electrónicos, de búsqueda de empleos, etc.

De ahí que la información proporcionada por los periodistas también cambió. La inmediatez casi acaba con el periodismo de investigación; la crónica es una rara avis y con mucha frecuencia palidece frente a la cultura de la imagen -la foto y el video-; las entrevistas impresas disminuyen, son reemplazadas por las de multimedia y la nota informativa en muy pocas ocasiones podrá llenar los requisitos que tenían las del periodismo del pasado.

Al mismo tiempo, el control gubernamental, o el de los poderes fácticos y el de los más poderosos empresarios continúa ejerciéndose, de manera diferente, pero esencialmente igual: Controlar la información, bloquear la impertinente, incentivar la que se desea, etc.

Y los mecanismos son los mismos de antes; el poder económico, en el caso de los poderosos, y el manejo discrecional del presupuesto público de comunicación social y hasta del resto del presupuesto de los entes públicos por la clase política.

Se hace para favorecer una forma de informar, una forma de pensar, a un grupo de poder y para descalificar a los adversarios y se hace en un entorno extremadamente violento, en el que las fronteras entre los delincuentes y los aparatos policiales y militares están muy difuminadas -y hay ejemplos demoledores de esto, el de la batalla de Culiacán y la entrega de Ovidio Guzmán es uno de ellos- y la penetración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno, de los tres poderes, es inimaginable.

El crecimiento de los cárteles no es un fenómeno distanciado de quienes han ejercido el poder. Para llegar a los niveles en que estamos debieron crearse y fortalecerse infinidad de redes, relaciones, empresas, complicidades, corruptelas, omisiones y colusiones a todos los niveles del poder.

A semejante enredijo le estorba el ejercicio libre y crítico del periodismo, quizá ahora más que en los “dorados” años del país del régimen del partido hegemónico, o del partido casi único y hasta ahora, el de la alternancia, incluida la presente etapa, la de la 4T.

Somos, la clase periodística, un estorbo para los hombres del poder; nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos son materia extremadamente ácida para los políticos, de todos los colores.

Así, atrapados a varios fuegos, los periodistas ejercemos nuestro oficio entre la pretensión de informar verazmente, de opinar “asertadamente”, de “cronicar”, hasta con picardía algún evento de la clase política; de elaborar un reportaje que informe de todos los aspectos de un fenómeno, de un hecho, de un proceso.

Para ubicar esta nueva realidad, de acuerdo con una investigación del equipo de GRD Multimedia, más del 70% de la población se informa a través de las redes sociales y/o los portales, es decir, por internet, a través de los aparatos móviles (celulares, tablets, computadoras, lap top’s, etc.).

En Chihuahua, el porcentaje de ciudadanos que acceden a los portales digitales y las redes sociales es de los más altos del país, las estadísticas establecen que el 41.8 por ciento de los hogares cuentan con equipo de cómputo e Internet, por lo que aún hay un rezago importante, pero, en 2017, de acuerdo con el Inegi, el 72.2% de la población de seis años o más utilizaba el teléfono celular.

El crecimiento del número total de usuarios, en el país, que sólo disponen de un celular inteligente creció de 60.6 millones de personas a 64.7 millones de 2016 a 2017. También se incrementó de 89.0% en 2016 a 92.0 por ciento en 2017 el número de usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente.

Más. De los usuarios de celular inteligente, 36.4 millones instalaron aplicaciones en sus teléfonos: el 92.1% instaló mensajería instantánea, el 79.8% herramientas para acceso a redes sociales, el 69.7% instaló aplicaciones de contenidos de audio y video, mientras que 16.0% utilizaron su dispositivo para instalar alguna aplicación de acceso a la banca móvil.

No sólo eso, la mayoría de las personas “ven”, máximo, 5 segundos alguna página o algún portal; si se detienen más tiempo, será para compartir lo que “vieron”, sin detenerse a “mirar” su contenido, mucho menos a analizarlo.

Esto es, que se cumple con lo que es una máxima de la enseñanza, que los usuarios, tienen como principal herramienta, para informarse, las imágenes, muy por encima de los textos. 

De ahí el éxito de los “memes”, además, por supuesto, del inmenso ingenio de los mexicanos, que podemos editorializar con una imagen cualquier cosa.

Ahora bien, es cierto que las redes sociales constituyen la principal fuente de información para la mayoría de las personas, pero deberá tomarse en cuenta que los medios de comunicación “tradicionales” son la principal fuente de noticias de las redes sociales, que en ellas se reciclan, circulan, comparten, modifican, aumentan o deforman.

Lo que fortalece a los periodistas pues se necesita a los profesionales de los medios para informar, procesar la información, sintetizarla, investigarla, etc.

Para ejemplificar lo anterior tomemos el caso del gobernador Corral, quien realizó infinitos esfuerzos, a partir de su toma de posesión, para desacreditar a los medios de comunicación. 

Fue una ofensiva feroz, salvaje, pues contaba en esos momentos con la simpatía de la población. A todos nos descalificó, nos tachó de duartistas, sin parar mientes que algunos hicimos esfuerzos para abrir espacios a la oposición, en momentos en los que hacerlo era casi ponerse al pie del cadalso conducido por los gobernantes que encabezaba César Duarte.

Bueno, pues se le acabó a Corral ¿Dónde se informaban, ahora, los chihuahuenses? Sí, mayoritariamente en las redes sociales, sólo que, si nos detenemos tantito en la fuente de la información de ellas, son los medios de comunicación tradicionales los que la proveen mayoritariamente.

Corral se equivocó en muchas cosas, pero en una fue determinante, en desestimar el peso de los medios de comunicación “tradicionales”.

Claro que para que eso ocurriera tenía que haber sustento, esto es, que hubiese  una mala gestión de gobierno, que la hay, pero acrecentada por la percepción ciudadana, la que se manifiesta, hasta salvajemente en los mismísimos espacios del gobernador Corral, en sus páginas de Facebook y Twitter.

Sobre este mismo personaje se puede apreciar otro fenómeno. 

En la etapa previa, durante el duartismo, el canal 28 de televisión se convirtió en un innegable espacio para la oposición, que se acrecentó cuando el senador Corral les consiguió el apoyo de la fundación Telmex. Durante ese lapso los ratings de la televisora se fueron a las nubes, pero a la llegada de Corral al gobierno fueron cayendo drásticamente, pues prácticamente se convirtió en el canal de televisión del gobernante pues perdió su empuje crítico, se alienó y en la relación del gobierno del amanecer con esta empresa -y en otras- apareció nítida la concepción de Javier Corral sobre los medios de comunicación, la libertad de expresión y el uso de la publicidad oficial.

Vistas así las cosas, es evidente que los medios de comunicación tienen frente a sí un enorme reto, que no les compete exclusivamente a ellos, es, fundamentalmente, de la sociedad, si ésta no asimila que el desarrollo de la democracia pasa necesariamente por el fortalecimiento de los medios de comunicación, y no sólo del entorno individual de las redes sociales de cada uno de nosotros, entonces pasaremos, casi sin obstáculo, a una regresión democrática.

La batalla de Culiacán, perdida

El Diario, 20 de octubre de 2019

Luis Javier Valero Flores

No robar, no mentir, no traicionar. 

En las difíciles horas de la batalla de Culiacán, los responsables de la seguridad en el país le mintieron a los mexicanos. Cuando más se necesitaba certidumbre en las declaraciones del gobierno de la 4T, fallaron más. 

Todos.

En primer lugar, los integrantes del gabinete de seguridad y en segundo lugar el mismísimo presidente. Debió tomar la responsabilidad de informarle a los mexicanos el jueves por la noche.

Lo que ocurrió en materia de información es inaceptable. Se sumó a los innumerables errores cometidos por las fuerzas armadas y policiacas, en el objetivo de detener a Ovidio Guzmán López.

En ese mar de errores destaca uno -si hubiese alguno que tuviese esa calidad-: Alfonso Durazo, Secretario de Protección Ciudadana, acompañado de todos los integrantes del gabinete de seguridad, le mintió, -nos mintieron- a la sociedad mexicana el jueves por la tarde.

Ninguno desmintió a Durazo.

Dijeron que en un operativo de rutina, “al pasar por una vivienda” fueron atacados, lo que llevó a que los integrantes del operativo entraran a la vivienda y detuvieran a 4 personas y ¡Oh, sorpresa, uno de ellos, era, coincidentemente, Ovidio Guzmán!

A partir de ahí vino la tormenta de las balas y la sangre sobre la capital sinaloense.

No hay taxativas: Las fuerzas del orden fueron totalmente derrotadas. A raíz de ello vino la orden: ¡Libérenlo!

¿Sólo fueron derrotados militarmente? No, el Cártel de Sinaloa tuvo a su disposición un enorme consenso social -no de ahora-, lo que les otorga un crecido número de participantes en las actividades del grupo criminal, además de las prebendas que entrega a un buen número de sinaloenses.

Por ello, en cuestión de minutos pudo conjuntar a cientos de hombres armados con poderosos fusiles, decididos. Tuvieron la capacidad de cercar el cuartel y la zona habitacional militar para amenazar con agredir a los familiares de la tropa, si no liberaban al famoso hijo de El Chapo.

Regresemos a la mentira de Durazo ¿Cómo fueron capaces de declarar eso en la tarde del jueves, cuando todo Culiacán sabe que esa “vivienda” es la lujosa residencia del hijo del “Chapo” Guzmán? ¿Cómo creyeron que nos tragaríamos semejante falsedad? ¿Que iban  pasando por ahí y se encontraron con esa sorpresa?

Un día después, previo adelanto del presidente López Obrador, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, reconoció que fue un operativo para ejecutar una orden de aprehensión (y no provisional, como erróneamente afirmó López Obrador) con fines de extradición.

Es decir, sí intentaron aprehender a Ovidio.

Sandoval lo dijo con todas sus letras un día después: “Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada, sin autorización del Gabinete de Seguridad, tuvieron consecuencias en la población civil… (ya que) se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar el aseguramiento de Ovidio Guzmán López. Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada tuvieron consecuencias en la población civil””.

El General dijo que la patrulla que iba por el hijo de “El Chapo” estaba esperando la orden de cateo cuando fueron identificados por los criminales. Les dispararon. Y cuando estaban adentro de la casa se desató la violencia en la ciudad.

El saldo de esta “acción deliberada y mal planeada”, dejó como saldo 8 muertos, cinco de ellos de los delincuentes; 16 heridos (5 de ellos oficiales de la Guardia Nacional); ataques al cuartel militar, a la zona habitacional militar y 49 reos fugados, 39 del orden federal y 10 del común.

Un clamor corre por el país, incluso hasta con una gran carga de visceralidad en algunos círculos: ¿Cómo, porqué lo liberaron? ¿Es que AMLO tuvo miedo? 

Pero lo que vimos el jueves por la tarde fue un apretado y violento resumen de la dimensión del crimen organizado, que tiene exacta correlación con aquellas multitudinarias manifestaciones celebradas en Culiacán, después del apresamiento de El Chapo en Mazatlán; o de las numerosas ocasiones en que los funerales de algunos de los capos abatidos eran amenizados, no sólo por la música de las bandas sinaloenses, sino también por el acompañamiento de cientos de hombres disparando sus armas de alto poder al aire, al tiempo que cruzaban las calles más céntricas de las ciudades del norte de Sinaloa, incluida su capital.

¿Qué ocurrió en realidad? ¿Fue un muy mal montado operativo de aprehensión de Ovidio, o fue una operación que fue filtrada al Cártel de Sinaloa, de tal modo que pudieron echar mano, casi de inmediato, de cientos de efectivos y de decenas, quizá algún ciento de vehículos, todos fuertemente pertrechados?

No está difícil llegar a una conclusión por demás triste y preocupante: Las fuerzas del Estado fueron superadas militarmente por el Cártel de Sinaloa en esa batalla mal preparada, mal ejecutada y, por si fuera poco, seguramente filtrada a los mandos del Cártel por alguien de adentro: El juez que emitió la orden de aprehensión, el jefe que transmitió la orden de efectuar el operativo, los jefes que iban al mando de las tropas o incluso algunos soldados que forman parte del Cártel. 

La especulación tiene muchas posibilidades de ser realidad, el secretario de la Defensa informó que los integrantes del operativo se “precipitaron” y que no tenían la autorización de los mandos superiores.

¿Quién resolvió hacerlo de ese modo, precisamente en el primer operativo de las fuerzas del orden en contra del Cártel de Sinaloa en su santuario, ni más ni menos que en Culiacán, ahí en donde el altar del patrono de los narcotraficantes se encuentra a metros del Palacio de Gobierno?

Las fuerzas del Estado mexicano fueron derrotadas militarmente y los delincuentes, como en toda batalla, se apoderaron de pertrechos, vehículos, armas y se enseñorearon de los espacios de las fuerzas vencidas: Cuarteles, la fiscalía y zonas habitacionales.

Fue de tal dimensión la derrota que prácticamente toda la noche los convoyes del Cártel de Sinaloa patrullaron casi todas las vías principales de Culiacán, con la participación de cientos de sus integrantes, a bordo de más de un centenar de vehículos.

Deberemos de recordar, dolorosamente, que en las refriegas militares existe una realidad: La correlación de fuerzas.

Y cuando esta no favorece, entonces deberá ofrecerse la rendición, la que siempre se buscará hacerlo con el menor número de bajas y sin arriesgar a la población civil. Eso hizo el gobierno de López Obrador en la primera incursión que el Estado mexicano hizo al santuario del Cártel de Sinaloa. Nadie lo había intentado previamente, ni Calderón, ni Peña Nieto.

No le -nos- fue bien, porque lo hicieron mal, o porque fueron traicionados, pero que muestra -en palabras de Edgardo Buscaglia- que ahora hay un gobierno que intenta atacar al Cártel en su madriguera -así lo haga de manera “amateur”, como lo definió el especialista en crimen organizado- y que reveló otro aspecto igualmente preocupante, el de la falta de una estrategia adecuada para enfrentar al crimen organizado, la cual no debiera consistir solamente en “atacar las causas sociales”, de un fenómeno que va más allá de la pobreza y marginación social.

Así, no tienen razón los que se rasgan las vestiduras protestando por el hecho de que el gobierno liberó a Ovidio. 

No había opción. El operativo de su detención necesitaba que las fuerzas federales contaran con apoyo táctico, aéreo y cibernético para emprender la captura de un capo de la droga de esa dimensión, en Sinaloa. 

Ningún soldado del mundo se opondría a la liberación de un capo si sus fuerzas se ven superadas en gran número o en potencia de fuego, y que hacerlo podría desatar una masacre ‘inútil”, cuyas consecuencias recaerían fundamentalmente en la población civil.

En eso no se equivocó López Obrador, en lo que se advierte una enorme carencia es en la estrategia para enfrentar la incontenible ola de violencia.

Urge.

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Las chicanadas del “Nuevo Amanecer”

El Diario, 17 de octubre de 2019

Luis Javier Valero Flores

De acuerdo con la computación de días hábiles en el Gobierno de Chihuahua, el día de ayer venció el plazo para que los titulares de los poderes del estado emitieran la convocatoria, a fin de que inicie el proceso para sustituir a las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Alma Rosa Armendáriz Sigala y María Nancy Martínez Cuevas, que concluirán su encargo el 31 de diciembre de este año.

Aún al cierre de esta colaboración editorial no se había emitido. 

En cambio, apenas 6 días atrás, la diputada panista, Blanca Gámez,  presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reducir a 3 el número de consejeros. 

Es decir, no sustituir a las dos que se van. Pero como ha sido la característica del gobierno de Javier Corral, la del profundo desprecio -qué paradójico- por la actividad legislativa, los tiempos se les vinieron encima y pretendieron que la reforma propuesta por Gámez se discutiera y aprobara la víspera del día de la emisión de la convocatoria, esto es, el martes anterior.

Verdaderos chambones en materia legislativa, la iniciativa contiene un artículo transitorio, mediante el cual ordenaban que, por esta vez, no se emitiría la convocatoria en las fechas señaladas por la Constitución.

Los firmantes de la iniciativa, incluido el líder de la bancada de Morena, Miguel Colunga, proponían violar la Constitución de Chihuahua, la del país y diversas normas reglamentarias, todo en aras de ahorrarle al grupo gobernante de Chihuahua el tener que recurrir a la negociación con el resto de las fuerzas políticas a fin de lograr la designación de los nuevos consejeros, para lo cual se requiere mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión de la elección.

Peor aún, para obtener la designación de los dos consejeros el grupo gobernante tendría que aceptar que uno de los elegidos no sería de las filias del panismo ni, por supuesto, del gobernador Corral, con lo que se elevarían los grados de “riesgo” para éste, en virtud de la presencia, en el Consejo del Ichitaip, del más incómodo, para el gobernador, de los funcionarios públicos de Chihuahua, Rodolfo Leyva, cuya reclamación acerca de su ilegal destitución como presidente del Ichitaip aún está pendiente de resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que puede ser una repetición de las dosis propinadas por el máximo organismo judicial del país al gobierno del amanecer chihuahuense, en las que han quedado perfectamente evidenciados los constantes atropellos al orden jurídico por el grupo gobernante de Chihuahua.

En el momento en el que las evidencias del inocultable derroche del gobierno de Chihuahua, de todo tipo, nos inundan la legisladora arguyó que proponía tal reforma para estar en consonancia con el plan de austeridad impulsado por el gobernador Corral y a que “en 25 entidades del país ya se ha puesto en vigor”, pero sin presentar un estudio sobre el impacto que tendría en el órgano garante de la transparencia la disminución de consejeros, ni el modo en que se afectaría el diseño con el que se hizo, acerca de los nombramientos escalonados de los consejeros, con el fin, precisamente, de evitar que una sola fuerza política intentara nombrar, mediante su mayoría legislativa, a todos, o la mayoría de los consejeros de transparencia y con ello afectar la autonomía del organismo.

Sin embargo, en la pretensión “ahorradora” de los legisladores del PAN, no se advierte intención alguna de incorporar al resto de los organismos autónomos, ni la de proponer una ley de disminución de los ingresos de los funcionarios públicos de Chihuahua y mucho menos el de poner un hasta aquí a los derroches del Poder Ejecutivo de Chihuahua, cuyo titular, para viajar a lugares tan cercanos, como Satevó, emplea las aeronaves del gobierno de Chihuahua, las que prometió vender.

Nada. 

Las verdaderas intenciones de esa reforma interpuesta al 15 para las 12 no tenía la pretensión de disminuir el gasto del gobierno, sino el de cerrarle el camino a los opositores de Javier Corral, y no porque sean sus opositores personales, sino porque los actos de gobierno por él ejercidos son contrarios al ejercicio de un poder basado en la ley.

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Crucial elección morenista

El Diario, 13 de octubre de 2019

Luis Javier Valero Flores

En medio de una más que inquietante noticia, el presente fin de semana inició el complejo proceso eleccionario del partido gobernante en México, Morena. Ayer se realizaron los Congresos Distritales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco y el día de hoy se efectuarán los de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro.

En los siguientes dos fines de semana se realizarán el resto de las elecciones distritales. En cada una de ellas los morenistas elegirán a 10 consejeros, independientemente del número de afiliados en cada distrito federal.

La información corrió como un reguero de pólvora al tiempo que se celebraban las asambleas distritales del sábado. El ex aspirante a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, informó que “La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un falló en contra del Comité de Honor y Justicia del partido Morena y determinó que no podrán ser reelectos los dirigentes que ya fueron votados en 2012 y 2015”.

Esto significaría que dos de las más fuertes aspirantes a la dirigencia nacional, Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, y Bertha Luján, presidente del Consejo Nacional, quedarían descartadas de la lucha por la presidencia del partido.

La resolución SUP-JDC-1236-2019 de la Sala Superior del TEPJF mandató al partido a emitir una “nueva determinación relativa al citado criterio de interpretación en los términos de esta sentencia, esto es, que únicamente los miembros de la dirigencia que, de manera paritaria, sea electa en la asamblea del 20 de noviembre de 2019 tendrán derecho a ser postulados de manera sucesiva hasta en dos ocasiones consecutivas, excluyendo de tal supuesto (dos reelecciones consecutivas) a los integrantes que resultaron electos en 2012 y 2015”.

Las consecuencias de tal resolución fueron desechadas por las aspirantes al cargo nacional, “Es Bertha quien no puede competir”, aseguraron en mensaje de texto los integrantes del equipo de Yeidckol Polevnsky. A su vez, Bertha Luján aseveró que la resolución “No cuestiona el fondo. Así que no modifica nada. La interpretación es incorrecta”. (Nota de Expansión, 11/X/19).

De ser cierta la versión de Rojas y las notas informativas, aplicaría no solo en el ámbito nacional, sino también en el estatal, por lo que los aspirantes a la dirigencia de Morena en el estado, integrantes del actual Consejo Estatal, estarían impedidos de convertirse en los nuevos dirigentes del partido del presidente.

Este es el problema: En los estatutos del 2015 quedó establecida la prohibición a reelegirse en los órganos de dirección de Morena, en todos los niveles. Luego, en 2018 esta norma fue cambiada y se aprobó la reelección. Fue impugnada y ahora el tribunal estableció que sólo se podía aplicar a quienes resultaran electos a partir de la actual elección, la del 2019, debido a que no se podía aplicar retroactivamente a los actuales dirigentes.

De ser así, Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky quedarían fuera de la contienda pues no podrían repetir el cargo de consejeras nacionales, requisito indispensable para formar parte del Comité Nacional. Igual ocurriría con el actual presidente del Consejo Estatal, Omar Holguín, quien no podría ocupar un puesto en el nuevo Consejo Estatal.

No está dicha las última palabra.

Menudo problema que cruzará la estructura del partido gobernante. En la época de la plena competencia electoral, Morena deberá definirse ideológicamente, construir una sólida estructura orgánica, definir una identidad partidaria y, además, enfrentar la elección de diputados federales, la de 14 gubernaturas y la de cientos de alcaldes y diputados locales.

Una vez efectuados los congresos distritales, el total de Congresos estatales se realizará el 10 de noviembre y, finalmente, el Congreso Nacional, el 23 y 24 del mismo mes.

Quienes resulten electos en los congresos distritales elegirán a los dirigentes estatales.

Este complejo y largo proceso electoral lo protagonizará el partido que a pesar de su extremadamente corta existencia atraviesa por una profunda crisis, en la que arrostra, por si fuera poco, el reto de ser el partido gobernante en México y haber proveído al presidente de la república, que es, a diferencia de la mayor parte de los presidentes emanados del PRI y de la totalidad de los del PAN, el principal y casi único líder del partido y fuerza que lo llevó al poder.

Detrás de Andrés Manuel López Obrador y su triunfo electoral se encuentra un enorme bagaje político-electoral y de luchas de los mexicanos en contra de un régimen que lo fue casi todo, después de usufructuar durante décadas el legado del movimiento revolucionario de 1910 y que paulatinamente fue cediendo hasta convertirse en la otra faceta de la derecha mexicana, diferente  a la formación política clásica de la derecha mexicana, el PAN, pero que al cierre del siglo XX, no sólo parecían, lo eran, dos caras del pensamiento conservador del país. 

Sus posturas y hechos los retrataron nítidamente. En ese viraje los acompañó el PRD, ya sin el ropaje de partido de izquierda que aún le quedaba.

Dos serían los componentes -siendo esquemáticos- que llevaron al triunfo a López Obrador: Por un lado, las luchas de los agrupamientos de la izquierda y de la izquierda social a lo largo de las más de ocho décadas previas y, segundo, el inmenso hartazgo ciudadano ante la enorme corrupción del régimen y su enorme incapacidad para resolver los dos principales problemas de los mexicanos: La incertidumbre económica y la creciente inseguridad.

La conjunción de ambos catapultó al tabasqueño para obtener los 30 millones de votos y avasallar al resto de los partidos.

Pero habrá de tomarse en cuenta ese factor, el de que poco menos de la mitad de esos votos provienen de ciudadanos que se convencieron, no tanto por las propuestas del morenista, sino por los desaciertos y corruptelas de los partidos del régimen y que su hartazgo por la enorme corrupción encontró como su mejor cauce la figura del líder oposicionista. 

Eso es lo importante que, a partir de hoy y hasta casi fines de noviembre, el morenaje habrá de resolver. 

Llegar a la presidencia implicaba efectuar alianzas -algunas de ellas hasta inconfesables-, cuyas facturas podrían ser extremadamente costosas, no sólo en el número e importancia de las posiciones gubernamentales concedidas, sino, también, en las posturas frente a distintos fenómenos y problemas de la moderna sociedad mexicana.

Pero una cosa es el gobierno y otra la necesidad de convertirse en el partido de la izquierda que la sociedad mexicana requiere.

No parece fácil, tampoco parece ir en esa orientación, a juzgar por los pronunciamientos y posturas de sus principales liderazgos, los que se encuentran enfrascados en una reyerta callejera, en la que se advierte una descarnada lucha por las posiciones del poder gubernamental y los espacios de elección popular de las próximas etapas electorales.

Los retos son aún mayores pues, sin contar con una sólida capa dirigente, ya que el peso del liderazgo de López Obrador es inmenso, está obligado a conformarse en un auténtico partido de izquierda, lo que implica definiciones, no sólo programáticas, como hasta ahora ha sido el caso, sino las del largo plazo, las que van más allá del sexenio del tabasqueño y que, precisamente por el peso de éste, no han aparecido; vamos, ni siquiera ha surgido el debate sobre la definición ideológica y política de Morena.

Pero un problema, no precisamente menor, es el que inunda al morenaje, y es el de la muy aguda intolerancia; el del rechazo a la autocrítica y a la aceptación de la comisión de errores en el ejercicio gubernamental. Estos no son, ni pocos, ni menores, al contrario.

Y en el cogollo de ellos el procesamiento y asimilación de las concepciones de la democracia moderna, que pasan por el respeto y vigencia de los llamados derechos de tercera generación, del empoderamiento de la ciudadanía, del fortalecimiento del entramado social, ejes que quizá sean las más identificadas con la de la socialdemocracia -quizá el molde ideológico más asequible en la actualidad para nuestro país-, pero que es algo aparentemente lejano a la mayoría de los morenistas, a juzgar por los pronunciamientos de quienes buscaron ser consejeros estatales en Chihuahua.

Y si en el gobierno tiene no pocos inconvenientes dejar la operación de la 4T en manos de operadores del viejo régimen, peor será hacerlo en el partido gobernante.

Los resultados de tal orientación se aprecian en todos los ámbitos del poder ejercido por Morena; los escándalos por supuestas prácticas nepóticas son preocupantemente frecuentes, no sólo en Chihuahua; el malestar de las bases y dirigentes medios por la llegada al gobierno de auténticos heraldos del pasado crece con los días y lo peor es que en los programas estelares del gobierno federal, los errores, las fallas y la ineficiencia son cosa de todos los días.

Y las reyertas son el pan cotidiano, en la que la confrontación Loera-Cruz Pérez ocupa lugar central.

La falta de brújula es evidente, lo mismo en sus legisladores, que en los funcionarios gubernamentales y sus dirigentes. 

El partido gobernante no alcanza a contar con media docena de comités municipales en Chihuahua y está a meses de afrontar una vital elección en la que, paradójicamente, a pesar de que las encuestas lo ubican en el primer lugar de las preferencias electorales en Chihuahua -sin candidatos- pudiera ser que su real ubicación se encontrara por debajo de la de los candidatos del PAN y la del emergente polo independiente, encabezado por Armando Cabada, Alfredo Lozoya y Marco Adán Quezada.

Son muchos los retos ¿Podrá enfrentarlos la nueva dirigencia que surgirá a partir de la elección de ayer?

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