El Diario, 27 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de tres integrantes más de la familia Reyes Salazar –Elías y Magdalena Reyes Salazar y Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías– así como los mensajes dejados en sus cuerpos, en los que amenazan de muerte a Marisela, le otorga un nuevo y preocupante cariz a la crisis de inseguridad pública existente en Juárez y el Valle de Juárez. Pone en el tapete de la discusión, con ribetes de extremada urgencia, la necesidad de poner un alto a la actual política gubernamental en el combate al tráfico de drogas y abre inquietantes líneas de investigación acerca de la conducta asumida por el total de las corporaciones encargadas de la procuración de justicia y prevención del delito.
Los mensajes dejados en sendas cartulinas, con notorias faltas de ortografía y textos que denotan conocimientos más allá de lo mostrado en esas cartulinas, como el de incluir el vocablo “sic”, o la acusación en contra de Marisela Reyes de pertenecer, o usar a su organización –el CDP– como instrumento para actuar de “alcón” denota la intención de denostarlos, de incriminarlos y sembrar la duda acerca de su participación en actividades del crimen organizado.
Es muy preocupante.
La familia Reyes Salazar dejó de participar en el Comité de Defensa Popular muchos años atrás, y sin la participación de ellos, nadie más podría haber impulsado la organización en Guadalupe Distrito Bravos. En masa, alegremente, ingresaron al PRD y desde allí impulsaron todas las actividades políticas a favor de ese partido. Por lo menos tres de ellos llegaron al cabildo y su participación como regidores le impregnó sentido social a las gestiones de los alcaldes, a muchos de los cuales enfrentaron con energía, creatividad y, sobre todo, con lealtad y honradez.
Trabajadores incansables, humildes, los ingresos familiares provenían, casi en su totalidad, de la venta de la panadería familiar. Nunca vivieron con excesos, pero como sucede en los núcleos familiares, y más si estos adquieren dimensiones tribales, uno de sus integrantes, aparentemente, se involucró en actividades delictivas, con el único grupo existente hasta unos años atrás en el Valle de Juárez, que controlaba toda la vida de esa región pues por esa zona el tráfico de toda clase de mercancías no sólo es abundante sino imparable. Por sus alrededores culminan –¿O inician? – todas las brechas que ligan a esa zona con la periferia de Villa Ahumada.
Tercos en la búsqueda de salidas sociales a los graves problemas del país, desolados en las campañas electorales se quejaban de que los votos se compraban en esa zona, y se pagaban con dosis de cocaína, cuya circulación era difusa, sobre todo entre los jóvenes.
Y a pesar de tan depauperado entorno fueron capaces de mantenerse alejados de la actividad más rentable del Valle de Juárez. No sólo eso, se convirtieron en una especie de valladar moral ante la creciente degradación causada por el incremento de las adicciones en la población.
Y cuando Calderón lanzó su “guerra”, ante los abusos evidentes, documentados, frecuentes, de las fuerzas armadas y los agrupamientos policíacos federales, los Reyes no se quedaron callados –no podían, formaba parte de su estructura mental, moral y política– y encabezaron las protestas de una población hastiada del doble hostigamiento, el de las fuerzas del “orden” y las bandas criminales.
Ahí destacó por encima de todos, Josefina, madre del joven acusado de participar en actividades delictivas y a quien le habían asesinado a otro de sus hijos. Pero su motivación iba más allá de las razones personales, entendía que la adicción a las drogas es el resultado de políticas gubernamentales, del sistema político y contra este enderezó sus baterías, y no sólo ella… Enfrentó a quienes controlaban el tráfico de drogas en el Valle de Juárez y deploró, a grito abierto, en cuanta tribuna tuvo al alcance, la inacción de las fuerzas gubernamentales en esa región, que muy poco, o nada hacían para evitar que el Valle se convirtiera en la zona más violenta del mundo entero, por encima, incluso, de Juárez, pues las cifras de ejecuciones estaban –están– muy por arriba de esta urbe al colocarse en alrededor de 700 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, muy superiores a las 238 alcanzadas por el antiguo Paso del Norte en 2010.
Protestaron como nadie ante las estrategias gubernamentales para enfrentar al narcotráfico y como muy pocos desnudaron la realidad que luego apreciamos todos: La violencia se incrementó con la participación de las fuerzas federales, en especial del ejército, de ahí las doloridas, desgarradoras y tajantes frases de Marisela, al momento de enterarse del hallazgo de los cadáveres de sus hermanos: “Que Calderón pare su pinche guerra”.
¿Qué esconden los mensajes dejados en los cadáveres de los Reyes Salazar? ¿De veras el mensaje de un grupo que se enfrenta a quienes considera integrantes de otra banda del mundo del crimen organizado? ¿O la maniobra, la estratagema para sembrar la duda y de ese modo “criminalizar”, como lo sostiene el periodista Javier Pizarro, a los activistas derechohumanistas, y en general a los activistas sociales, en el afán de desmantelar aún más el débil tejido social articulado hasta ahora para que nadie se atreva a protestar?
Porque el entorno, las condiciones, del lugar en que fueron secuestrados, primero, y encontrados luego sus cadáveres, obliga a plantearse muy inquietantes preguntas, las mismas que se plantearon miles de vallejuarenses obligados a emigrar en el curso de los últimos dos años y medio ¿Por qué, si aquí hay un despliegue militar y policiaco como en ninguna parte del país, la violencia no disminuye, al contrario, aumenta?
¿Por qué, si existen infinidad de retenes en la zona, no se han detenido a los vehículos que transitan por ella, cargados de armas e individuos inmersos en actividades criminales?
¿Cuáles fueron las razones de los sicarios –o sus jefes– para desenterrar los cadáveres y tirarlos en un lugar en el que fuesen rápidamente encontrados y cuyas cartulinas pudieran ser del acceso general, en clarísimo mensaje al resto de la familia Reyes, a los activistas y en general a la sociedad?
¿De veras creían los autores de los textos que se les pudiera creer que un hombre con graves secuelas de una embolia cerebral, su esposa (dedicada a atenderlo) y una ama de casa eran parte de un banda criminal, con funciones de “halcones” –es decir, de espías– o de sicarios, cuya pobreza era más que ostensible y nada, nada, denotaba su participación en el crimen organizado?
De ahí que las frases de Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) sean extremadamente certeras: “Nos preocupa que los hechos hayan sucedido ante la vista de los militares que están cuidando la zona. El asesinato no debe quedar en el mar de la impunidad que está ahogando a esta comunidad, se debe investigar a profundidad”, declaró a El Diario (25/II/11).
Da pavor, entonces, sospechar la intencionalidad de quienes pretenden sembrar el terror en la sociedad pues en varias ocasiones, en las cartulinas de marras, le restriegan a la familia Reyes que en los cuerpos inertes de sus integrantes caídos pueden encontrar la “justicia” que buscaban y enfatizan que solamente hay la de quienes perpetraron tan salvaje crimen.
Por ello duele más la insensibilidad oficial. Sólo hasta que la protesta llegó a la ciudad de México, frente al Senado, se incrementó la actividad policiaca y unos cuantos días después aparecieron los cadáveres ¿Casualidades?
Son muchas.
Basta recordar que al momento de su muerte, Marisela Escobedo luchaba por hacer que las policías detuvieran a Sergio Barraza, quien en ese momento era un prófugo de la justicia, sentenciado por el Tribunal de Casación a 50 años de prisión por el asesinato de Rubí Frayre y días después, en circunstancias por demás extrañas, fue asesinada Susana Chávez, otra activista social.
Puros hechos sin explicaciones ni respuestas y una violencia cuya ferocidad no amaina, por el contrario ¡Ah, pero que no asesinen a un funcionario norteamericano y en cuestión de horas ubiquen a los asesinos y detengan a cientos de integrantes de las bandas criminales... Pero en Estados Unidos ¿Por qué no hacen lo mismo acá?
PD.- Ojalá lo podamos hacer la próxima semana, este día comentaríamos la “licencia” de López Obrador al PRD. No lo pudimos hacer, ojalá, ojalá este país, esta Chihuahua nuestra regresara a la “normalidad” de antes en la que los asuntos importantes eran el no abordado el día de hoy.
domingo, 27 de febrero de 2011
jueves, 24 de febrero de 2011
Atentado a la educación
Luis Javier Valero Flores
El decreto emitido por Felipe Calderón, mediante el cual se podrá deducir el Impuesto Sobre la Renta de las colegiaturas que se paguen en la educación privada hasta el nivel medio superior, es un gravísimo atentado a la educación pública, y en general a toda la educación, pues el Estado mexicano tiene una altísima responsabilidad con la educación pública de la cual no puede deslindarse tan a la ligera.
El fisco federal dejará de percibir, según cálculos efectuados por distintas fuentes, alrededor de 13 mil millones de pesos por año. Esa cantidad representa, según lo ha afirmado el rector de la Unam, José Narro Robles, el doble de la cantidad que el año pasado solicitaron los rectores de las universidades públicas para fortalecer la educación impartida ¡en todo el país por esas instituciones
Es de tal magnitud el boquete que se le abrirá a la educación pública, que con la mitad de esa cantidad se podría erradicar el analfabetismo, según los cálculos de Narro Robles, o mejor aún, con los 13 mil millones de pesos podría iniciarse un programa que duplicara para el año 2020 la cobertura en las universidades públicas, (En el ciclo 2008-2009, las instituciones universitarias atendieron a poco más de 2.8 millones de alumnos. Las públicas cubrieron el 67 por ciento de esa matrícula total mientras las privadas cubrieron el otro 33 por ciento) en un país en el que siete de cada 10 jóvenes, –de acuerdo con el rector universitario, aunque otras fuentes la ubican en 4 de cada 10– no tienen posibilidad de acceso a las instituciones de educación superior.
Así, con tal de “cultivar” al electorado que presumiblemente votaría a favor de su partido, las capas medias y medias altas, Felipe Calderón nuevamente hace uso discrecional de los recursos públicos. Más aún, al explicar que las finanzas públicas no sufrirían merma alguna por la deducción del ISR, nos dio a conocer que el origen serían los ahorros realizados por la administración federal, que ascienden a 20 mil millones de pesos.
De ese modo, toda la argumentación esgrimida por el panismo gobernante a favor de la elevación del IVA (del 15 al 16 por ciento) cae por tierra pues cada punto de ese impuesto recaudado equivale a aproximadamente esa última cantidad; o los reiterados aumentos a la gasolina, con los cuales se ha golpeado seriamente a la economía de la mayoría de las familias.
¡Ah, pero la economía mexicana va bien, insisten en afirmar los más altos funcionarios federales Y como va bien, entonces el gobierno federal puede permitirle a las capas sociales más poderosas dejar de pagar impuestos, en momentos en que diversos fenómenos, a cual más de inesperados y perjudiciales golpean a numerosas regiones del país, lo que requeriría la canalización de ingentes recursos económicos para paliar sus efectos.
Pero tal conducta no puede pasar desapercibida por la sociedad mexicana, al discurso de campaña electoral, de bajar los precios de los energéticos y de impulsar una reforma fiscal progresiva nos encontramos con una conducta gubernamental totalmente contraria a tales discursos, justamente a unos cuantos meses del inicio de las actividades de la campaña presidencial del 2012, la que aparentemente se presentará en condiciones inéditas y absolutamente adversas.
Y es en este preciso momento que se deplora la falta de políticas de largo plazo, de Estado, que nos permitan afrontar los variados problemas hoy existentes en la sociedad mexicana.
Uno de ellos, crucial, es el de la educación y el futuro de la juventud y la niñez. Tal como se aprecia, por los resultados de la “guerra” de Calderón y la obstinación en mantenerla en los parámetros hasta ahora usados, no hay previsión alguna sobre el futuro mediato.
Eso es lo que criticó el rector universitario, al insistir en “que es tiempo de tomar decisiones de fondo a mediano y largo plazos en favor de la educación, el conocimiento científico, la investigación y la cultura. Pero ya no basta decirlo, necesitamos hechos concretos”.
No se necesitan más palabras.
El decreto emitido por Felipe Calderón, mediante el cual se podrá deducir el Impuesto Sobre la Renta de las colegiaturas que se paguen en la educación privada hasta el nivel medio superior, es un gravísimo atentado a la educación pública, y en general a toda la educación, pues el Estado mexicano tiene una altísima responsabilidad con la educación pública de la cual no puede deslindarse tan a la ligera.
El fisco federal dejará de percibir, según cálculos efectuados por distintas fuentes, alrededor de 13 mil millones de pesos por año. Esa cantidad representa, según lo ha afirmado el rector de la Unam, José Narro Robles, el doble de la cantidad que el año pasado solicitaron los rectores de las universidades públicas para fortalecer la educación impartida ¡en todo el país por esas instituciones
Es de tal magnitud el boquete que se le abrirá a la educación pública, que con la mitad de esa cantidad se podría erradicar el analfabetismo, según los cálculos de Narro Robles, o mejor aún, con los 13 mil millones de pesos podría iniciarse un programa que duplicara para el año 2020 la cobertura en las universidades públicas, (En el ciclo 2008-2009, las instituciones universitarias atendieron a poco más de 2.8 millones de alumnos. Las públicas cubrieron el 67 por ciento de esa matrícula total mientras las privadas cubrieron el otro 33 por ciento) en un país en el que siete de cada 10 jóvenes, –de acuerdo con el rector universitario, aunque otras fuentes la ubican en 4 de cada 10– no tienen posibilidad de acceso a las instituciones de educación superior.
Así, con tal de “cultivar” al electorado que presumiblemente votaría a favor de su partido, las capas medias y medias altas, Felipe Calderón nuevamente hace uso discrecional de los recursos públicos. Más aún, al explicar que las finanzas públicas no sufrirían merma alguna por la deducción del ISR, nos dio a conocer que el origen serían los ahorros realizados por la administración federal, que ascienden a 20 mil millones de pesos.
De ese modo, toda la argumentación esgrimida por el panismo gobernante a favor de la elevación del IVA (del 15 al 16 por ciento) cae por tierra pues cada punto de ese impuesto recaudado equivale a aproximadamente esa última cantidad; o los reiterados aumentos a la gasolina, con los cuales se ha golpeado seriamente a la economía de la mayoría de las familias.
¡Ah, pero la economía mexicana va bien, insisten en afirmar los más altos funcionarios federales Y como va bien, entonces el gobierno federal puede permitirle a las capas sociales más poderosas dejar de pagar impuestos, en momentos en que diversos fenómenos, a cual más de inesperados y perjudiciales golpean a numerosas regiones del país, lo que requeriría la canalización de ingentes recursos económicos para paliar sus efectos.
Pero tal conducta no puede pasar desapercibida por la sociedad mexicana, al discurso de campaña electoral, de bajar los precios de los energéticos y de impulsar una reforma fiscal progresiva nos encontramos con una conducta gubernamental totalmente contraria a tales discursos, justamente a unos cuantos meses del inicio de las actividades de la campaña presidencial del 2012, la que aparentemente se presentará en condiciones inéditas y absolutamente adversas.
Y es en este preciso momento que se deplora la falta de políticas de largo plazo, de Estado, que nos permitan afrontar los variados problemas hoy existentes en la sociedad mexicana.
Uno de ellos, crucial, es el de la educación y el futuro de la juventud y la niñez. Tal como se aprecia, por los resultados de la “guerra” de Calderón y la obstinación en mantenerla en los parámetros hasta ahora usados, no hay previsión alguna sobre el futuro mediato.
Eso es lo que criticó el rector universitario, al insistir en “que es tiempo de tomar decisiones de fondo a mediano y largo plazos en favor de la educación, el conocimiento científico, la investigación y la cultura. Pero ya no basta decirlo, necesitamos hechos concretos”.
No se necesitan más palabras.
martes, 22 de febrero de 2011
Cuasi renuncia
El Diario, 22 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
La solicitud de licencia, para militar en su partido, de Andrés Manuel López Obrador, en otro intento más por impedir la alianza del PRD y el PAN en las elecciones del Estado de México, pone al rojo vivo la posibilidad de la fractura final entre el ex candidato presidencial y el grupo hegemónico de la cúpula perredista.
Este hecho pone de relieve las agudas diferencias existentes al interior de ese partido, derivadas, no de las diferencias personales (es decir, individuales) de quienes las protagonizan sino de las muy diferenciadas posturas ideológicas y políticas entre Jesús Ortega (líder de la corriente hegemónica en el PRD, Nueva Izquierda, y presidente del comité nacional) y López Obrador.
Una es descollante, la diferencia de posturas frente al gobierno de Felipe Calderón, que se aprecia abismal y cuya génesis no es de ahora, sino que es continuidad de las adoptadas frente a los distintos problemas y hechos de la vida nacional.
Ortega decidió apostarle a lo que ha sido tónica de toda su vida política personal, es decir, a que el PRD actúe en función de ser una oposición leal, gradualista y frecuentemente elogiada por las cúpulas del poder económico y político, las que muy interesadamente le han dado en llamar la “izquierda inteligente” y la cual no tiene empacho alguno en pactar con Calderón.
AMLO, en cambio, decidió actuar como una fuerza opositora al actual régimen y desde ahí constituirse en una especie de freno a las políticas gubernamentales contrarias a la mayoría de la población e insistir en el carácter ilegítimo de la administración federal.
A lo largo del sexenio la confrontación ha sido casi en cada uno de los asuntos relevantes del país y en las definiciones políticas, pasando por la elección del presidente del comité nacional que, al igual que la elección presidencial, debió llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde el cual la mejor amiga de Margarita Zavala, la ahora magistrada presidenta María del Carmen Alanís, presidió la sesión en la cual se le otorgó la mayoría a Jesús Ortega, en detrimento de Alejandro Encinas, en una más que cuestionable decisión.
Momento cumbre de tal confrontación fue la oposición de López Obrador a la reforma petrolera que pretendieron panistas y priístas concretar. La influencia del perredista detuvo la maniobra, obligó a Nueva Izquierda a recular en su intención de aprobarla, y al final logró la realización de un debate, como no se había dado en México, sobre tema tan trascendente. Fue una confrontación más.
Ya el año pasado la discusión sobre la conveniencia o no de realizar alianzas electorales en elecciones locales los enfrentó, sobre todo por la inminencia de la elección del Estado de México y la influencia que ejercerá en la presidencial del próximo año.
Ortega parecía llevar la delantera al lograr que el consejo estatal mexiquense aprobara la alianza con el PAN, pero López Obrador obtuvo que Encinas se pronunciara por la candidatura con el aval de Marcelo Ebrard y la declinación de Yeidkol Polevsky, así como la participación, en la comida del “destape”, del mismísimo Ortega.
Parecía finiquitado el asunto pues Encinas obtuvo un respaldo generalizado al tiempo que se pronunciaba en contra de la alianza con el PAN. López Obrador parecía el triunfador, no habría alianza. El último episodio parece llevar al cisma al PRD. Ortega obtuvo el respaldo del consejo nacional (su grupo es mayoría en él desde hace tres lustros, por lo menos) a la alianza y López Obrador pidió licencia. No se la darán, porque no hay, sólo queda la expulsión.
En el aire está, sin embargo, el futuro del PRD en las elecciones presidenciales. Parecería que López Obrador tiene razón en la estrategia de mediano plazo. Pueden ir aliados PAN y PRD en las elecciones mexiquenses, pero se disminuyen las posibilidades de la recuperación electoral del PRD en esa región, que tan importante lo fue para este partido en el pasado reciente.
Recuperar el electorado del oriente mexiquense (en el que gobernó varios municipios, entre ellos el populoso Nezahualcóyotl), del sur (que colinda con Michoacán y Guerrero) y desbancar al PAN del norte de esa entidad, conurbado con el DF (en el que gobernó el municipio más poblado, Ecatepec) parecería ser mejor meta, además de intentar ganar por sí solos la gubernatura, que ir a la zaga de las políticas de Calderón.
No deberá olvidarse que el padrón electoral mexiquense supera los 10 millones, cualquier fuerza política que alcance porcentajes cercanos al 30 de ese filón electoral estará encaminada a competir seriamente por la Presidencia de la República.
Ese es el fondo de la controversia.
Luis Javier Valero Flores
La solicitud de licencia, para militar en su partido, de Andrés Manuel López Obrador, en otro intento más por impedir la alianza del PRD y el PAN en las elecciones del Estado de México, pone al rojo vivo la posibilidad de la fractura final entre el ex candidato presidencial y el grupo hegemónico de la cúpula perredista.
Este hecho pone de relieve las agudas diferencias existentes al interior de ese partido, derivadas, no de las diferencias personales (es decir, individuales) de quienes las protagonizan sino de las muy diferenciadas posturas ideológicas y políticas entre Jesús Ortega (líder de la corriente hegemónica en el PRD, Nueva Izquierda, y presidente del comité nacional) y López Obrador.
Una es descollante, la diferencia de posturas frente al gobierno de Felipe Calderón, que se aprecia abismal y cuya génesis no es de ahora, sino que es continuidad de las adoptadas frente a los distintos problemas y hechos de la vida nacional.
Ortega decidió apostarle a lo que ha sido tónica de toda su vida política personal, es decir, a que el PRD actúe en función de ser una oposición leal, gradualista y frecuentemente elogiada por las cúpulas del poder económico y político, las que muy interesadamente le han dado en llamar la “izquierda inteligente” y la cual no tiene empacho alguno en pactar con Calderón.
AMLO, en cambio, decidió actuar como una fuerza opositora al actual régimen y desde ahí constituirse en una especie de freno a las políticas gubernamentales contrarias a la mayoría de la población e insistir en el carácter ilegítimo de la administración federal.
A lo largo del sexenio la confrontación ha sido casi en cada uno de los asuntos relevantes del país y en las definiciones políticas, pasando por la elección del presidente del comité nacional que, al igual que la elección presidencial, debió llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde el cual la mejor amiga de Margarita Zavala, la ahora magistrada presidenta María del Carmen Alanís, presidió la sesión en la cual se le otorgó la mayoría a Jesús Ortega, en detrimento de Alejandro Encinas, en una más que cuestionable decisión.
Momento cumbre de tal confrontación fue la oposición de López Obrador a la reforma petrolera que pretendieron panistas y priístas concretar. La influencia del perredista detuvo la maniobra, obligó a Nueva Izquierda a recular en su intención de aprobarla, y al final logró la realización de un debate, como no se había dado en México, sobre tema tan trascendente. Fue una confrontación más.
Ya el año pasado la discusión sobre la conveniencia o no de realizar alianzas electorales en elecciones locales los enfrentó, sobre todo por la inminencia de la elección del Estado de México y la influencia que ejercerá en la presidencial del próximo año.
Ortega parecía llevar la delantera al lograr que el consejo estatal mexiquense aprobara la alianza con el PAN, pero López Obrador obtuvo que Encinas se pronunciara por la candidatura con el aval de Marcelo Ebrard y la declinación de Yeidkol Polevsky, así como la participación, en la comida del “destape”, del mismísimo Ortega.
Parecía finiquitado el asunto pues Encinas obtuvo un respaldo generalizado al tiempo que se pronunciaba en contra de la alianza con el PAN. López Obrador parecía el triunfador, no habría alianza. El último episodio parece llevar al cisma al PRD. Ortega obtuvo el respaldo del consejo nacional (su grupo es mayoría en él desde hace tres lustros, por lo menos) a la alianza y López Obrador pidió licencia. No se la darán, porque no hay, sólo queda la expulsión.
En el aire está, sin embargo, el futuro del PRD en las elecciones presidenciales. Parecería que López Obrador tiene razón en la estrategia de mediano plazo. Pueden ir aliados PAN y PRD en las elecciones mexiquenses, pero se disminuyen las posibilidades de la recuperación electoral del PRD en esa región, que tan importante lo fue para este partido en el pasado reciente.
Recuperar el electorado del oriente mexiquense (en el que gobernó varios municipios, entre ellos el populoso Nezahualcóyotl), del sur (que colinda con Michoacán y Guerrero) y desbancar al PAN del norte de esa entidad, conurbado con el DF (en el que gobernó el municipio más poblado, Ecatepec) parecería ser mejor meta, además de intentar ganar por sí solos la gubernatura, que ir a la zaga de las políticas de Calderón.
No deberá olvidarse que el padrón electoral mexiquense supera los 10 millones, cualquier fuerza política que alcance porcentajes cercanos al 30 de ese filón electoral estará encaminada a competir seriamente por la Presidencia de la República.
Ese es el fondo de la controversia.
domingo, 20 de febrero de 2011
Punto de quiebre
El Diario, 20 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pocos momentos como el actual son determinantes para el rumbo de la vida futura en la entidad. No es una exageración a pesar de lo vivido a lo largo de ya casi tres años de padecer una guerra como la suscitada en Chihuahua.
Los acontecimientos derivados de la muerte de Rubí Frayre, del asesinato de Marisela Escobedo y de su cuñado, han llevado a la crisis total, no solamente al aparato encargado de la procuración, también al de la aplicación de justicia y han puesto en grave riesgo la solidez del total de las instituciones públicas.
En un momento en el que el total de los esfuerzos de la actual administración estatal debiesen estar enfocados al combate al crimen y a la creación de las condiciones que cambien la situación económica, nos hemos enfrascado en un asunto –si bien importante per se– que nos ha llevado a la polémica, a la controversia y al alejamiento, por lo menos en la forma, hasta ahora, del marco legal establecido.
Digámoslo claramente, las posturas firmes y las declaraciones tajantes de los funcionarios públicos, especialmente del primer mandatario estatal, para hacerle frente a los delincuentes, especialmente a los del crimen organizado, son bien recibidas, pero hay asuntos que escapan de la esfera de sus facultades y funciones.
Con motivo del juicio seguido a Sergio Barraza hemos escuchado que desde las alturas del Poder Ejecutivo en la práctica se sentencia y se castiga, cuando en los hechos, ni el juicio político, ni la sentencia a Barraza son cosa juzgada.
Es entendible que se pretenda hacer eco del justo reclamo de una sociedad tan agraviada como la nuestra, pero ahí es en donde los estadistas deberán hacer su tarea y señalar el camino, dentro del Estado de Derecho, para no incitar a los linchamientos, así sean mediáticos, ni concitar la violación de la frágil división de poderes.
Más aún, en momentos como los actuales, el principal responsable de la conducción de la administración, más que nunca, y más que todos, deberá encontrar el tiempo necesario para reflexionar frecuentemente sobre la problemática cotidiana y allegarse opiniones, (más allá de las del equipo cercano) y sobre todo las más críticas, las más alejadas de quienes lo acompañan diariamente, si se quiere no para que las tome en cuenta pero sí para que le permita hacer distintas evaluaciones y lanzar, por tanto, a la sociedad los mensajes más mesurados, más equilibrados posibles, pues las condiciones sicológicas de los chihuahuenses no son precisamente las mejores.
Los acontecimientos de los últimos tres años han llevado a la sociedad chihuahuense a vivir en permanente zozobra. La posibilidad de un asalto o de presenciar disparos en la calle son cada vez más cercanas y eso ha hecho que la mayoría de las personas se encuentren en un estado de labilidad emocional muy crecido.
Por desgracia, el asunto del asesinato de Rubí Frayre ha venido a develar la podredumbre de las instituciones. La manera en que se ha abordado por parte de las máximas autoridades estatales no parece ser la mejor.
¿Son los jueces, que encontraron inocente a Sergio Barraza, responsables de las múltiples fallas de los seis agentes del ministerio público que llevaron el caso? ¿Son los culpables de haber aplicado la ley, la misma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado?
¿De veras es el abogado Joel Meneses, defensor público, y en este caso de Sergio Barraza, el funcionario corrupto sobre el cual deberá recaer todo el peso de la ley sólo porque hizo lo que debió efectuar meses atrás, es decir, solicitar el amparo a favor de su defendido?
¿Por qué el rasgamiento de vestiduras y las declaraciones tronantes en su contra? ¿Porque la justicia federal puede otorgarle el amparo a Barraza, con lo cual quedaría demostrado, no solamente que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez emitieron su veredicto de manera correcta, sino que el Ministerio Público falló? ¿Y que, por tanto, el Tribunal de Casación –que encontró culpable a Barraza– se equivocó, por acatar la consigna de enmendar lo efectuado por los jueces?
¿Y que, además, estuvo mal enfocar las baterías en contra de esos jueces, pues hasta el momento del asesinato de Marisela Escobedo, Sergio Barraza era legalmente culpable, se encontraba prófugo y las protestas de Marisela ya no eran tanto contra los jueces sino contra la ineficacia del aparato policial para ubicarlo y detenerlo, como ya había sucedido?
Lanzada la ofensiva en contra de los jueces, los amparos solicitados por éstos, y otorgados provisionalmente, han develado un rasgo inesperado en la nueva administración estatal, la de no aceptar que pueden existir determinaciones contrarias a sus deseos y opiniones y, por tanto, adelantar opiniones contrarias a las que está obligado quien debe preservar el Estado de Derecho.
Y esas declaraciones motivan otras igualmente lamentables, como las expresadas a lo largo de toda la semana por Jorge Neaves, titular de la Defensoría Pública, oficina, paradójicamente dependiente de la Secretaría de Gobierno, quien prácticamente linchó al defensor Joel Meneses por hacer exactamente para lo que fue contratado.
Tales afirmaciones concitaron el rechazo de numerosos sectores, que demostraron palmariamente que la agenda gubernamental se encuentra lejana de los problemas por los que atraviesa la entidad, o que la priorización de los asuntos está equivocada, pues ante las múltiples declaraciones gubernamentales en contra de los jueces y del abogado Meneses empezaron a descollar las que cuestionan la nulidad oficial para encontrar a los asesinos de todos los caídos en este asunto y las que muestran su preocupación ante los crecientes grados de intolerancia en el ámbito oficial.
Además, casos como el ahora comentado pusieron de relieve la grave equivocación de los autores del nuevo Sistema de Justicia Penal al sacar del Poder Judicial a los defensores públicos. De ese modo, ahora resulta que el Poder Ejecutivo es el jefe superior de los fiscales, encargados de llevar la acusación en contra de los indiciados, y es el jefe superior de los defensores públicos, es decir, quienes deben defender a los presuntos responsables de las acusaciones de los fiscales.
Así, como en el presente caso, el Ejecutivo puede determinar la conducta de ambas figuras en un proceso penal. Prevaricato le dicen en los medios judiciales cuando un abogado representa a las dos partes de un juicio. No se puede.
Más aún, el esclarecimiento del presente caso –y sólo para los efectos de la actuación de los jueces, que no para la impartición de justicia pues las muertes de Rubí y de Marisela, así como la desintegración de su familia son hechos irremediables– pudo servir para delimitar responsabilidades de un sinfín de funcionarios, empezando por los de la extinta Procuraduría General de Justicia, es decir, los agentes del Ministerio Público y sus jefes inmediatos, que no fueron capaces de allegar las pruebas y evidencias del modo que señalaba la nueva ley y a quienes, todavía hoy, no se sabe del inicio de investigación alguna para deslindar sus responsabilidades y que la presentación del amparo por Meneses sí llevaría a que este caso quedara como cosa juzgada, en cualquiera de sus términos.
Como lo dice Maclovio Murillo, el abogado defensor de los jueces, en la carta dirigida a refutar las aseveraciones de la columna Ráfagas de El Heraldo de Chihuahua: “La resolución del juicio de amparo, someterá al escrutinio constitucional la sentencia condenatoria dictada contra (Sergio) Barraza Bocanegra, para determinar si la misma es o no violatoria de garantías. Y en caso de que sea concedido el amparo, sí apoyaría lo argumentado por los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, en cuanto a que es correcta la absolución, pero si contrariamente a eso, es negado, independientemente de que ese hecho por sí solo no desarticula ni anula totalmente los argumentos defensivos de éstos, sí causaría por lo menos un impacto negativo en la percepción social y en los medios de comunicación, porque se aprovecharía la circunstancia para argumentar que eso confirma que los jueces actuaron ilegalmente, al dictar la tan cuestionada sentencia absolutoria. Es decir, la resolución de ese amparo, impone un riesgo compartido, para ambas partes en conflicto”.
De ese tamaño son las consecuencias de un proceso emblemático como el que más de la gravísima crisis de las instituciones, especialmente las dedicadas a la procuración y aplicación de la justicia.
PD.- Fanfarrias para Mirna Pastrana por haber obtenido el Premio Testimonio “Carlos Montemayor”, por su trabajo “Cuando las banquetas fueron nuestras”. Un abrazote.
Luis Javier Valero Flores
Pocos momentos como el actual son determinantes para el rumbo de la vida futura en la entidad. No es una exageración a pesar de lo vivido a lo largo de ya casi tres años de padecer una guerra como la suscitada en Chihuahua.
Los acontecimientos derivados de la muerte de Rubí Frayre, del asesinato de Marisela Escobedo y de su cuñado, han llevado a la crisis total, no solamente al aparato encargado de la procuración, también al de la aplicación de justicia y han puesto en grave riesgo la solidez del total de las instituciones públicas.
En un momento en el que el total de los esfuerzos de la actual administración estatal debiesen estar enfocados al combate al crimen y a la creación de las condiciones que cambien la situación económica, nos hemos enfrascado en un asunto –si bien importante per se– que nos ha llevado a la polémica, a la controversia y al alejamiento, por lo menos en la forma, hasta ahora, del marco legal establecido.
Digámoslo claramente, las posturas firmes y las declaraciones tajantes de los funcionarios públicos, especialmente del primer mandatario estatal, para hacerle frente a los delincuentes, especialmente a los del crimen organizado, son bien recibidas, pero hay asuntos que escapan de la esfera de sus facultades y funciones.
Con motivo del juicio seguido a Sergio Barraza hemos escuchado que desde las alturas del Poder Ejecutivo en la práctica se sentencia y se castiga, cuando en los hechos, ni el juicio político, ni la sentencia a Barraza son cosa juzgada.
Es entendible que se pretenda hacer eco del justo reclamo de una sociedad tan agraviada como la nuestra, pero ahí es en donde los estadistas deberán hacer su tarea y señalar el camino, dentro del Estado de Derecho, para no incitar a los linchamientos, así sean mediáticos, ni concitar la violación de la frágil división de poderes.
Más aún, en momentos como los actuales, el principal responsable de la conducción de la administración, más que nunca, y más que todos, deberá encontrar el tiempo necesario para reflexionar frecuentemente sobre la problemática cotidiana y allegarse opiniones, (más allá de las del equipo cercano) y sobre todo las más críticas, las más alejadas de quienes lo acompañan diariamente, si se quiere no para que las tome en cuenta pero sí para que le permita hacer distintas evaluaciones y lanzar, por tanto, a la sociedad los mensajes más mesurados, más equilibrados posibles, pues las condiciones sicológicas de los chihuahuenses no son precisamente las mejores.
Los acontecimientos de los últimos tres años han llevado a la sociedad chihuahuense a vivir en permanente zozobra. La posibilidad de un asalto o de presenciar disparos en la calle son cada vez más cercanas y eso ha hecho que la mayoría de las personas se encuentren en un estado de labilidad emocional muy crecido.
Por desgracia, el asunto del asesinato de Rubí Frayre ha venido a develar la podredumbre de las instituciones. La manera en que se ha abordado por parte de las máximas autoridades estatales no parece ser la mejor.
¿Son los jueces, que encontraron inocente a Sergio Barraza, responsables de las múltiples fallas de los seis agentes del ministerio público que llevaron el caso? ¿Son los culpables de haber aplicado la ley, la misma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado?
¿De veras es el abogado Joel Meneses, defensor público, y en este caso de Sergio Barraza, el funcionario corrupto sobre el cual deberá recaer todo el peso de la ley sólo porque hizo lo que debió efectuar meses atrás, es decir, solicitar el amparo a favor de su defendido?
¿Por qué el rasgamiento de vestiduras y las declaraciones tronantes en su contra? ¿Porque la justicia federal puede otorgarle el amparo a Barraza, con lo cual quedaría demostrado, no solamente que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez emitieron su veredicto de manera correcta, sino que el Ministerio Público falló? ¿Y que, por tanto, el Tribunal de Casación –que encontró culpable a Barraza– se equivocó, por acatar la consigna de enmendar lo efectuado por los jueces?
¿Y que, además, estuvo mal enfocar las baterías en contra de esos jueces, pues hasta el momento del asesinato de Marisela Escobedo, Sergio Barraza era legalmente culpable, se encontraba prófugo y las protestas de Marisela ya no eran tanto contra los jueces sino contra la ineficacia del aparato policial para ubicarlo y detenerlo, como ya había sucedido?
Lanzada la ofensiva en contra de los jueces, los amparos solicitados por éstos, y otorgados provisionalmente, han develado un rasgo inesperado en la nueva administración estatal, la de no aceptar que pueden existir determinaciones contrarias a sus deseos y opiniones y, por tanto, adelantar opiniones contrarias a las que está obligado quien debe preservar el Estado de Derecho.
Y esas declaraciones motivan otras igualmente lamentables, como las expresadas a lo largo de toda la semana por Jorge Neaves, titular de la Defensoría Pública, oficina, paradójicamente dependiente de la Secretaría de Gobierno, quien prácticamente linchó al defensor Joel Meneses por hacer exactamente para lo que fue contratado.
Tales afirmaciones concitaron el rechazo de numerosos sectores, que demostraron palmariamente que la agenda gubernamental se encuentra lejana de los problemas por los que atraviesa la entidad, o que la priorización de los asuntos está equivocada, pues ante las múltiples declaraciones gubernamentales en contra de los jueces y del abogado Meneses empezaron a descollar las que cuestionan la nulidad oficial para encontrar a los asesinos de todos los caídos en este asunto y las que muestran su preocupación ante los crecientes grados de intolerancia en el ámbito oficial.
Además, casos como el ahora comentado pusieron de relieve la grave equivocación de los autores del nuevo Sistema de Justicia Penal al sacar del Poder Judicial a los defensores públicos. De ese modo, ahora resulta que el Poder Ejecutivo es el jefe superior de los fiscales, encargados de llevar la acusación en contra de los indiciados, y es el jefe superior de los defensores públicos, es decir, quienes deben defender a los presuntos responsables de las acusaciones de los fiscales.
Así, como en el presente caso, el Ejecutivo puede determinar la conducta de ambas figuras en un proceso penal. Prevaricato le dicen en los medios judiciales cuando un abogado representa a las dos partes de un juicio. No se puede.
Más aún, el esclarecimiento del presente caso –y sólo para los efectos de la actuación de los jueces, que no para la impartición de justicia pues las muertes de Rubí y de Marisela, así como la desintegración de su familia son hechos irremediables– pudo servir para delimitar responsabilidades de un sinfín de funcionarios, empezando por los de la extinta Procuraduría General de Justicia, es decir, los agentes del Ministerio Público y sus jefes inmediatos, que no fueron capaces de allegar las pruebas y evidencias del modo que señalaba la nueva ley y a quienes, todavía hoy, no se sabe del inicio de investigación alguna para deslindar sus responsabilidades y que la presentación del amparo por Meneses sí llevaría a que este caso quedara como cosa juzgada, en cualquiera de sus términos.
Como lo dice Maclovio Murillo, el abogado defensor de los jueces, en la carta dirigida a refutar las aseveraciones de la columna Ráfagas de El Heraldo de Chihuahua: “La resolución del juicio de amparo, someterá al escrutinio constitucional la sentencia condenatoria dictada contra (Sergio) Barraza Bocanegra, para determinar si la misma es o no violatoria de garantías. Y en caso de que sea concedido el amparo, sí apoyaría lo argumentado por los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, en cuanto a que es correcta la absolución, pero si contrariamente a eso, es negado, independientemente de que ese hecho por sí solo no desarticula ni anula totalmente los argumentos defensivos de éstos, sí causaría por lo menos un impacto negativo en la percepción social y en los medios de comunicación, porque se aprovecharía la circunstancia para argumentar que eso confirma que los jueces actuaron ilegalmente, al dictar la tan cuestionada sentencia absolutoria. Es decir, la resolución de ese amparo, impone un riesgo compartido, para ambas partes en conflicto”.
De ese tamaño son las consecuencias de un proceso emblemático como el que más de la gravísima crisis de las instituciones, especialmente las dedicadas a la procuración y aplicación de la justicia.
PD.- Fanfarrias para Mirna Pastrana por haber obtenido el Premio Testimonio “Carlos Montemayor”, por su trabajo “Cuando las banquetas fueron nuestras”. Un abrazote.
jueves, 17 de febrero de 2011
La despedida
El Diario, 17 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
La decisión de Felipe Calderón de emitir un decreto para que las colegiaturas de los niveles educativos básicos y medio básico se puedan deducir del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), parece ser la primera de las medidas que su administración tomará de cara al término de la gestión, seguramente consciente que los resultados electorales del 2012 no les favorecerán, o peor aún, intentando atraer a segmentos electorales que en los últimos años les han retirado sus simpatías y ahora desplegarán infinidad de maniobras de todo tipo para atraerlos.
Tercamente insistentes en efectuar una reforma fiscal regresiva, los panistas en el poder ahora le asestan un duro golpe a las finanzas públicas, favorecen a los sectores con mayor poder adquisitivo, en los cuales han encontrado en el pasado a su voto “duro”, se congracian con la conservadora y filopanista Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y con, objeto fundamental, con la alta jerarquía de la Iglesia católica y por la vía del decreto presidencial, sin consulta alguna con nadie de la oposición o de los sectores educativos, aprueban una medida elevadamente regresiva.
Por pura coincidencia la medida operará a partir de 2012, incluirá desde nivel preescolar hasta medio superior. Son de antología los argumentos esgrimidos. Calderón dijo que es “un principio elemental de justicia distributiva, ya que los alumnos que asisten a escuelas privadas no representan un costo para el Estado en materia de educación, aun cuando sus familias siguen contribuyendo a financiar el gasto de educación pública a través del pago de sus impuestos”. Pero que no nos preocupemos pues “no tendrá impacto en los niveles de ingresos proyectados para el 2011, toda vez que en los hechos, el gasto deducible comenzará a operar a partir del próximo año”.
Además, afirmó que no incidirá en el presupuesto educativo pues se absorberá con “ahorros de la administración pública” ¿Y de dónde se obtendrán los ahorros? ¿En qué dependencias federales se ahorra dinero para subsidiar a las familias de más altos ingresos?
¿Y por qué no seguir ahorrando y el dinero que se dejará de percibir se usa, por ejemplo, en el fortalecimiento de las universidades públicas, particularmente aquellas que tienen los presupuestos más bajos por alumno?
Calderón y Ernesto Cordero, su secretario de Hacienda dicen que la medida no incidirá en las finanzas públicas, sin embargo, ya los especialistas calculan en alrededor de 13 mil millones de pesos la cantidad que el erario federal dejará de percibir por esta medida, a todas luces electorera para congraciarse con uno de los sectores más proclives al panismo.
La medida beneficiará, dijo, a 3 millones de alumnos en principio, ante la cual la UNPF mostró su regocijo pues había sido un insistente reclamo pero que representa una forma embozada para incrementar las preferencias y ganancias del sistema privado y aumentar la desigualdad y la exclusión en la educación. Y constituye, en la práctica, una forma de privatización de la educación. Por ello, el vocero de la Unión Nacional de Padres de Familia, Marco Tulio Mendoza, consideró que se trata de una acción “justa”, la cual “fortalece el derecho a decidir de los padres” sobre el tipo de escuela a la que enviarán a sus hijos, en lo que es una repetición de la consigna enunciada cientos de veces por la más alta jerarquía católica.
El agravio a la educación pública es severo pues en la práctica se transferirán recursos públicos a la iniciativa privada pues los colegios particulares viven en un “paraíso fiscal”, ya que no pagan impuesto sobre la renta (ISR), ni el empresarial a tasa única (IETU). Además, deberán contarse en tales prerrogativas las continuas concesiones efectuadas por los gobiernos locales a esas empresas, como la donación de terrenos, práctica común en Chihuahua en donde a las más variadas instituciones educativas privadas, particularmente las más ligadas a la jerarquía eclesiástica se les han otorgado tales prebendas.
De este modo, todo apunta a que Felipe Calderón intentará efectuar un paseíllo de despedida en el cual intentará otorgarle privilegios a los sectores afines al panismo antes de que se les aparezca de nueva cuenta el priísmo o que la izquierda logre aglutinarse y dar la sorpresa en el 2012.
Se subasta un país (Hecho trizas, pero, bueno, ahí está la oferta).
Luis Javier Valero Flores
La decisión de Felipe Calderón de emitir un decreto para que las colegiaturas de los niveles educativos básicos y medio básico se puedan deducir del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), parece ser la primera de las medidas que su administración tomará de cara al término de la gestión, seguramente consciente que los resultados electorales del 2012 no les favorecerán, o peor aún, intentando atraer a segmentos electorales que en los últimos años les han retirado sus simpatías y ahora desplegarán infinidad de maniobras de todo tipo para atraerlos.
Tercamente insistentes en efectuar una reforma fiscal regresiva, los panistas en el poder ahora le asestan un duro golpe a las finanzas públicas, favorecen a los sectores con mayor poder adquisitivo, en los cuales han encontrado en el pasado a su voto “duro”, se congracian con la conservadora y filopanista Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y con, objeto fundamental, con la alta jerarquía de la Iglesia católica y por la vía del decreto presidencial, sin consulta alguna con nadie de la oposición o de los sectores educativos, aprueban una medida elevadamente regresiva.
Por pura coincidencia la medida operará a partir de 2012, incluirá desde nivel preescolar hasta medio superior. Son de antología los argumentos esgrimidos. Calderón dijo que es “un principio elemental de justicia distributiva, ya que los alumnos que asisten a escuelas privadas no representan un costo para el Estado en materia de educación, aun cuando sus familias siguen contribuyendo a financiar el gasto de educación pública a través del pago de sus impuestos”. Pero que no nos preocupemos pues “no tendrá impacto en los niveles de ingresos proyectados para el 2011, toda vez que en los hechos, el gasto deducible comenzará a operar a partir del próximo año”.
Además, afirmó que no incidirá en el presupuesto educativo pues se absorberá con “ahorros de la administración pública” ¿Y de dónde se obtendrán los ahorros? ¿En qué dependencias federales se ahorra dinero para subsidiar a las familias de más altos ingresos?
¿Y por qué no seguir ahorrando y el dinero que se dejará de percibir se usa, por ejemplo, en el fortalecimiento de las universidades públicas, particularmente aquellas que tienen los presupuestos más bajos por alumno?
Calderón y Ernesto Cordero, su secretario de Hacienda dicen que la medida no incidirá en las finanzas públicas, sin embargo, ya los especialistas calculan en alrededor de 13 mil millones de pesos la cantidad que el erario federal dejará de percibir por esta medida, a todas luces electorera para congraciarse con uno de los sectores más proclives al panismo.
La medida beneficiará, dijo, a 3 millones de alumnos en principio, ante la cual la UNPF mostró su regocijo pues había sido un insistente reclamo pero que representa una forma embozada para incrementar las preferencias y ganancias del sistema privado y aumentar la desigualdad y la exclusión en la educación. Y constituye, en la práctica, una forma de privatización de la educación. Por ello, el vocero de la Unión Nacional de Padres de Familia, Marco Tulio Mendoza, consideró que se trata de una acción “justa”, la cual “fortalece el derecho a decidir de los padres” sobre el tipo de escuela a la que enviarán a sus hijos, en lo que es una repetición de la consigna enunciada cientos de veces por la más alta jerarquía católica.
El agravio a la educación pública es severo pues en la práctica se transferirán recursos públicos a la iniciativa privada pues los colegios particulares viven en un “paraíso fiscal”, ya que no pagan impuesto sobre la renta (ISR), ni el empresarial a tasa única (IETU). Además, deberán contarse en tales prerrogativas las continuas concesiones efectuadas por los gobiernos locales a esas empresas, como la donación de terrenos, práctica común en Chihuahua en donde a las más variadas instituciones educativas privadas, particularmente las más ligadas a la jerarquía eclesiástica se les han otorgado tales prebendas.
De este modo, todo apunta a que Felipe Calderón intentará efectuar un paseíllo de despedida en el cual intentará otorgarle privilegios a los sectores afines al panismo antes de que se les aparezca de nueva cuenta el priísmo o que la izquierda logre aglutinarse y dar la sorpresa en el 2012.
Se subasta un país (Hecho trizas, pero, bueno, ahí está la oferta).
martes, 15 de febrero de 2011
Medios de comunicación en jaque
El Diario, 15 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
A las múltiples consecuencias de la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico (sí, ya sabemos que se desdijo de un hecho incontrovertible) se sumaron muy tempranamente los embates de los grupos criminales a los medios de comunicación, y no solamente las agresiones físicas, mortales o no a numerosos periodistas en los muy diversos lugares de la geografía nacional.
Tales consecuencias se derivan de la existencia de una situación bélica, en la que quien la declaró no asume las responsabilidades de ese hecho y ha dejado en la indefensión, no solamente al total de la población civil sino también, y en los tiempos que corren es un asunto toral para la existencia de una sana vida democrática, a los medios de comunicación.
Las agresiones a los medios de comunicación han sido de todo tipo, desde la simple llamada a las redacciones para intentar determinar el contenido de la información a publicar, como el de amenazar a quienes recopilan y/o redactan la información, así como para quienes opinan sobre los eventos cotidianos de nuestros días, lo que ha motivado la aparición de distintas prácticas con el objeto de proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación, así como a los mismas empresas de este ramo.
Pero no solo en esos aspectos se pone en tensión a los medios de comunicación, hechos como el de la difusión del video de la tortura aplicada al abogado Mario González Rodríguez ponen en el tapete de la discusión el dilema de hacerlo o no, como bien lo ha planteado El Diario, edición Juárez, medio que lo hizo en su portal digital.
¿Debió publicarse el video de la tortura aplicada a Mario González Rodríguez?
Las estrujantes, salvajes e inhumanas imágenes ponen en el tapete de la discusión los límites de la libertad de prensa y de expresión, así como la orientación de los contenidos de los medios de comunicación, cuyo papel en la conformación de la personalidad ciudadana es fundamental y en la cual se deja de lado que en esa conformación juega un papel determinante la televisión, medio privilegiado por excelencia por la élite en el poder y a la cual no se le marcan, como sí sucede en el mundo desarrollado, algunos límites o mecanismos para la mejor contribución de este medio a la formación equilibrada, adecuada de la niñez y juventud a las cuales se les debe formar en los mejores valores cívicos.
Por ello es de aplaudir la decisión de El Diario, edición Juárez, de convocar a “una mesa de intelectuales, académicos, expertos e interesados en el tema de la deontología periodística en la era digital, en un contexto de violencia que trastoca cualquier parámetro conocido con anterioridad”, con el fin de discutir la pertinencia, o no, de publicar videos como el ahora comentado, cuya existencia pone de relieve la enorme incapacidad gubernamental para acometer el fenómeno del tráfico de drogas y que ahora amenaza –Los norteamericanos dicen– a la existencia misma del Estado de Derecho, por lo menos en el norte de México.
Ejercer la libertad de expresión para pronunciarse por la publicación de documentos como el mencionado es irrenunciable, y los medios deberán –deberían– alertar a sus usuarios de los riesgos que conlleva el acceso a tales imágenes y documentos –tal como lo hizo El Diario respecto a la difusión del video en cuestión, al advertir prudencia a quienes accedieran a ese contenido– y actuar en consonancia con sus propias concepciones editoriales, atenidos a que serán los lectores quienes, con su preferencia o rechazo, determinen la justeza de las mismas.
Pero debatir sobre estos asuntos sería un asunto teórico si no fuese porque la realidad del México que nos tocó vivir, el del más acendrado salvajismo, nos ha llevado al límite de plantearnos asuntos como el ahora comentado.
Por ello duele la actitud persecutoria de la actual administración federal a las voces discordantes, o simplemente profesionales, como la de Carmen Aristegui que no ha hecho más que hacerse eco de lo sucedido en una sociedad tan agraviada como la nuestra.
Luis Javier Valero Flores
A las múltiples consecuencias de la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico (sí, ya sabemos que se desdijo de un hecho incontrovertible) se sumaron muy tempranamente los embates de los grupos criminales a los medios de comunicación, y no solamente las agresiones físicas, mortales o no a numerosos periodistas en los muy diversos lugares de la geografía nacional.
Tales consecuencias se derivan de la existencia de una situación bélica, en la que quien la declaró no asume las responsabilidades de ese hecho y ha dejado en la indefensión, no solamente al total de la población civil sino también, y en los tiempos que corren es un asunto toral para la existencia de una sana vida democrática, a los medios de comunicación.
Las agresiones a los medios de comunicación han sido de todo tipo, desde la simple llamada a las redacciones para intentar determinar el contenido de la información a publicar, como el de amenazar a quienes recopilan y/o redactan la información, así como para quienes opinan sobre los eventos cotidianos de nuestros días, lo que ha motivado la aparición de distintas prácticas con el objeto de proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación, así como a los mismas empresas de este ramo.
Pero no solo en esos aspectos se pone en tensión a los medios de comunicación, hechos como el de la difusión del video de la tortura aplicada al abogado Mario González Rodríguez ponen en el tapete de la discusión el dilema de hacerlo o no, como bien lo ha planteado El Diario, edición Juárez, medio que lo hizo en su portal digital.
¿Debió publicarse el video de la tortura aplicada a Mario González Rodríguez?
Las estrujantes, salvajes e inhumanas imágenes ponen en el tapete de la discusión los límites de la libertad de prensa y de expresión, así como la orientación de los contenidos de los medios de comunicación, cuyo papel en la conformación de la personalidad ciudadana es fundamental y en la cual se deja de lado que en esa conformación juega un papel determinante la televisión, medio privilegiado por excelencia por la élite en el poder y a la cual no se le marcan, como sí sucede en el mundo desarrollado, algunos límites o mecanismos para la mejor contribución de este medio a la formación equilibrada, adecuada de la niñez y juventud a las cuales se les debe formar en los mejores valores cívicos.
Por ello es de aplaudir la decisión de El Diario, edición Juárez, de convocar a “una mesa de intelectuales, académicos, expertos e interesados en el tema de la deontología periodística en la era digital, en un contexto de violencia que trastoca cualquier parámetro conocido con anterioridad”, con el fin de discutir la pertinencia, o no, de publicar videos como el ahora comentado, cuya existencia pone de relieve la enorme incapacidad gubernamental para acometer el fenómeno del tráfico de drogas y que ahora amenaza –Los norteamericanos dicen– a la existencia misma del Estado de Derecho, por lo menos en el norte de México.
Ejercer la libertad de expresión para pronunciarse por la publicación de documentos como el mencionado es irrenunciable, y los medios deberán –deberían– alertar a sus usuarios de los riesgos que conlleva el acceso a tales imágenes y documentos –tal como lo hizo El Diario respecto a la difusión del video en cuestión, al advertir prudencia a quienes accedieran a ese contenido– y actuar en consonancia con sus propias concepciones editoriales, atenidos a que serán los lectores quienes, con su preferencia o rechazo, determinen la justeza de las mismas.
Pero debatir sobre estos asuntos sería un asunto teórico si no fuese porque la realidad del México que nos tocó vivir, el del más acendrado salvajismo, nos ha llevado al límite de plantearnos asuntos como el ahora comentado.
Por ello duele la actitud persecutoria de la actual administración federal a las voces discordantes, o simplemente profesionales, como la de Carmen Aristegui que no ha hecho más que hacerse eco de lo sucedido en una sociedad tan agraviada como la nuestra.
domingo, 13 de febrero de 2011
Celebraciones infaustas
El Diario 13 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Derrochaba alegría Felipe Calderón en las instalaciones militares de Santa Gertrudis. No sólo, también un espíritu patriótico a prueba de todo y una defensa a ultranza de su “guerra” contra el narcotráfico.
Pero tales manifestaciones podrían encuadrarse en el afán de aparentar más tranquilidad y ecuanimidad que la real. La semana recién terminada no fue de lo mejor para quien llegó a la Presidencia de la República “haiga sido como haiga sido”. La avalancha en su contra por el sorpresivo y desagradable retiro del aire del noticiero de Carmen Aristegui, y sus acusaciones, lanzadas directamente al Poder Ejecutivo federal, y señalar que en esas oficinas se pergeñó la decisión de cancelar su programa radiofónico, dieron inicio a una semana especialmente difícil para Calderón.
Vendrían luego las noticias acerca del incremento de las ejecuciones en el país; las declaraciones de Joseph Westphal, el subsecretario del Ejército norteamericano; la filtración al periódico capitalino La Jornada de los cables de WikiLeaks conteniendo las conversaciones entre los funcionarios norteamericanos y distintos protagonistas mexicanos, así como los informes de los estadounidenses que confirman las preocupaciones de su gobierno acerca de la capacidad del mexicano para enfrentar a las bandas de narcotraficantes y que, en el fondo, no hicieron más que traslucir las viejas tendencias injerencistas de la élite norteamericana y la nada nueva actitud sumisa de la mexicana ante aquella.
Y para terminar la semana, el anuncio del enfriamiento de la relación con Francia a raíz del caso de Florence Cassez, que en el fondo tiene la severa descalificación francesa al sistema de justicia y en particular a uno de los funcionarios más cercanos a Calderón, como lo es Genaro García Luna, autor del montaje televisivo en el que quisieron hacernos creer que las fuerzas federales se habían vestido de gloria con la detención de la francesa y sus supuestos cómplices en el secuestro de varias personas.
Son de tal gravedad tales hechos que concitaron la respuesta de Calderón, en un giro por demás demagógico pues, sin mencionarlo, apeló al viejo sentimiento antinorteamericano para defender al Ejército Mexicano ante las graves descalificaciones efectuadas por los norteamericanos, tanto las implícitas de Westphal, como las contenidas en el material de WikiLeaks.
De ahí las incomprensibles argumentaciones de Calderón cuando afirmó, que las Fuerzas Armadas “no están invadiendo ningún territorio extranjero, están defendiendo nuestro propio territorio”, ni “están ambicionando apoderarse de recursos naturales ni de otra índole que no nos pertenecen, están defendiendo el patrimonio de las familias mexicanas. No están atentando contra la vida o los derechos de otros, defienden la vida y la libertad de los mexicanos”.
Y como si la participación de las fuerzas armadas hubiese contribuido a enfrentar al crimen organizado y a bajar los índices de violencia y delincuencia, dijo que sin ellas “los ciudadanos estarían indefensos y a expensas de la criminalidad”. El balance es absolutamente contrario a tan optimistas declaraciones.
Pero si el contexto nacional e internacional de la visita de Felipe Calderón a Chihuahua le era desfavorable, lo efectuado en nuestra entidad es verdaderamente escandaloso. Incapaz de arrostrar la crítica y la verdadera rendición de cuentas, hizo de todo para evitar darle la cara a los juarenses en el aniversario de la masacre de Villas de Salvárcar, en lo que, a todo mundo parecía natural que se presentara a hacer un balance de lo realizado por su gobierno a lo largo de un año.
Parecía lógico que así fuera dado el antecedente de la realización de las jornadas en las que los representantes de la sociedad juarense le expusieron –a él y a todos los gobernantes– sus reclamos y a los que les enlistó las cosas que efectuaría su gobierno para enfrentarlos.
Pasado ese lapso el principal reclamo no sólo no fue atendido sino, que aún peor, la matazón y la inseguridad crecieron a niveles indecibles y la crisis de seguridad pública –y por supuesto, la económica– es la peor de toda la historia del antiguo Paso del Norte.
Salvo la construcción de unas cuantas instalaciones y la ampliación de algunos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, la llamada reconstrucción del tejido social quedó en el discurso de los gobernantes federales. Terminada la campaña electoral del año pasado, prácticamente se desaparecieron los secretarios de Estado y sólo reaparecieron en vísperas del primer aniversario del multihomicidio; y la esposa de Calderón, Margarita Zavala, sólo para develar los bustos de algunos de los caídos el año anterior.
Vamos, ni siquiera el asunto de los carros ‘chuecos’ han logrado resolver, ya no digamos la amnistía fiscal solicitada por los dirigentes empresariales. No habrá regularización de los autos internados ilegalmente sino “hasta que se pongan de acuerdo los tres órdenes de gobierno”. ¿Hasta que aparezca la siguiente masacre emblemática como la de Villas de Salvárcar?
Pero la insensibilidad oficial es enorme –¿O el cálculo político?– pues ante la descripción de los daños sufridos por los chihuahuenses, a consecuencia de la onda gélida de la semana anterior, Calderón solo anotó y nos envió un alentador mensaje: “Chihuahuenses: no bajen la guardia; no están solos”. Y dijo que vino a Chihuahua a “ofrecer el respaldo a todas las familias afectadas por este frente frío”.
Pero hay cosas concretas. Ante el informe de los daños sufridos, por el orden de los mil 250 millones de pesos, que llevó a decretarse la emergencia en 15 municipios, –aunque el gobierno estatal ha planteado la declaratoria en ocho más– el gobierno federal no emitió opinión alguna.
¡Ah, pero ante el desastre del campo sinaloense, gobernado ahora por un hombre que aceptó la candidatura de PAN y PRD, Calderón se desgañitó y a voz en cuello anunció que la campiña sinaloense se resembraría en quince días, para lo cual su gobierno encontraría recursos económicos de donde fuere para afrontar esa tan grave situación
¿Por qué no tuvo esa actitud en los actos realizados en Chihuahua? Y hablamos de los verdaderamente importantes, es decir, la reunión de evaluación de los daños producidos por la contingencia ambiental. Dan ganas de pensar que la diferencia en la actitud la causa el origen partidista de quienes gobiernan.
Asombra tal insensibilidad, la situación en Chihuahua es inconmensurablemente peor a la de doce meses atrás y las autoridades federales actúan como si lo existente fuera la “normalidad”, pero la gravedad lleva a los gobernantes norteamericanos a elaborar diagnósticos tan drásticos, especialmente el de que el crimen organizado ha llegado a niveles de “narco insurgencia” y que lo puede llevar a asumir el gobierno.
Pero si esas son las expresiones públicas, las realizadas en las instalaciones militares de Santa Gertrudis, de pleno respaldo a la capacidad de las fuerzas armadas, las contenidas en las conversaciones privadas y los informes oficiales de los funcionarios norteamericanos acerca de la situación en México concitan algo más que sospechosismo acerca de la real capacidad de las fuerzas militares y policiacas mexicanas pues en privado todos coinciden en su incapacidad para hacerle frente a los cárteles de la droga.
Los norteamericanos ya llegaron a esa conclusión pues ahora sabemos –gracias a WikiLeaks– que no sólo prestan asesoría y capacitación a las policías mexicanas sino que hasta son los encargados de ¡levantar evidencias de las escenas de los crímenes y de informarles a los policías locales acerca de la comisión de algunos delitos, como sucedió en Nuevo León ante el rumor de un atentado en contra del entonces gobernante regio, Natividad González Parás, que las policías locales llamaron al Consulado norteamericano para preguntar sobre la veracidad de tal noticia.
Y esa actitud es la que nos explica, por ejemplo, la presencia del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Juárez apenas el año pasado.
¡Y luego sale Calderón con discursos inflamados de fervor patriótico
Luis Javier Valero Flores
Derrochaba alegría Felipe Calderón en las instalaciones militares de Santa Gertrudis. No sólo, también un espíritu patriótico a prueba de todo y una defensa a ultranza de su “guerra” contra el narcotráfico.
Pero tales manifestaciones podrían encuadrarse en el afán de aparentar más tranquilidad y ecuanimidad que la real. La semana recién terminada no fue de lo mejor para quien llegó a la Presidencia de la República “haiga sido como haiga sido”. La avalancha en su contra por el sorpresivo y desagradable retiro del aire del noticiero de Carmen Aristegui, y sus acusaciones, lanzadas directamente al Poder Ejecutivo federal, y señalar que en esas oficinas se pergeñó la decisión de cancelar su programa radiofónico, dieron inicio a una semana especialmente difícil para Calderón.
Vendrían luego las noticias acerca del incremento de las ejecuciones en el país; las declaraciones de Joseph Westphal, el subsecretario del Ejército norteamericano; la filtración al periódico capitalino La Jornada de los cables de WikiLeaks conteniendo las conversaciones entre los funcionarios norteamericanos y distintos protagonistas mexicanos, así como los informes de los estadounidenses que confirman las preocupaciones de su gobierno acerca de la capacidad del mexicano para enfrentar a las bandas de narcotraficantes y que, en el fondo, no hicieron más que traslucir las viejas tendencias injerencistas de la élite norteamericana y la nada nueva actitud sumisa de la mexicana ante aquella.
Y para terminar la semana, el anuncio del enfriamiento de la relación con Francia a raíz del caso de Florence Cassez, que en el fondo tiene la severa descalificación francesa al sistema de justicia y en particular a uno de los funcionarios más cercanos a Calderón, como lo es Genaro García Luna, autor del montaje televisivo en el que quisieron hacernos creer que las fuerzas federales se habían vestido de gloria con la detención de la francesa y sus supuestos cómplices en el secuestro de varias personas.
Son de tal gravedad tales hechos que concitaron la respuesta de Calderón, en un giro por demás demagógico pues, sin mencionarlo, apeló al viejo sentimiento antinorteamericano para defender al Ejército Mexicano ante las graves descalificaciones efectuadas por los norteamericanos, tanto las implícitas de Westphal, como las contenidas en el material de WikiLeaks.
De ahí las incomprensibles argumentaciones de Calderón cuando afirmó, que las Fuerzas Armadas “no están invadiendo ningún territorio extranjero, están defendiendo nuestro propio territorio”, ni “están ambicionando apoderarse de recursos naturales ni de otra índole que no nos pertenecen, están defendiendo el patrimonio de las familias mexicanas. No están atentando contra la vida o los derechos de otros, defienden la vida y la libertad de los mexicanos”.
Y como si la participación de las fuerzas armadas hubiese contribuido a enfrentar al crimen organizado y a bajar los índices de violencia y delincuencia, dijo que sin ellas “los ciudadanos estarían indefensos y a expensas de la criminalidad”. El balance es absolutamente contrario a tan optimistas declaraciones.
Pero si el contexto nacional e internacional de la visita de Felipe Calderón a Chihuahua le era desfavorable, lo efectuado en nuestra entidad es verdaderamente escandaloso. Incapaz de arrostrar la crítica y la verdadera rendición de cuentas, hizo de todo para evitar darle la cara a los juarenses en el aniversario de la masacre de Villas de Salvárcar, en lo que, a todo mundo parecía natural que se presentara a hacer un balance de lo realizado por su gobierno a lo largo de un año.
Parecía lógico que así fuera dado el antecedente de la realización de las jornadas en las que los representantes de la sociedad juarense le expusieron –a él y a todos los gobernantes– sus reclamos y a los que les enlistó las cosas que efectuaría su gobierno para enfrentarlos.
Pasado ese lapso el principal reclamo no sólo no fue atendido sino, que aún peor, la matazón y la inseguridad crecieron a niveles indecibles y la crisis de seguridad pública –y por supuesto, la económica– es la peor de toda la historia del antiguo Paso del Norte.
Salvo la construcción de unas cuantas instalaciones y la ampliación de algunos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, la llamada reconstrucción del tejido social quedó en el discurso de los gobernantes federales. Terminada la campaña electoral del año pasado, prácticamente se desaparecieron los secretarios de Estado y sólo reaparecieron en vísperas del primer aniversario del multihomicidio; y la esposa de Calderón, Margarita Zavala, sólo para develar los bustos de algunos de los caídos el año anterior.
Vamos, ni siquiera el asunto de los carros ‘chuecos’ han logrado resolver, ya no digamos la amnistía fiscal solicitada por los dirigentes empresariales. No habrá regularización de los autos internados ilegalmente sino “hasta que se pongan de acuerdo los tres órdenes de gobierno”. ¿Hasta que aparezca la siguiente masacre emblemática como la de Villas de Salvárcar?
Pero la insensibilidad oficial es enorme –¿O el cálculo político?– pues ante la descripción de los daños sufridos por los chihuahuenses, a consecuencia de la onda gélida de la semana anterior, Calderón solo anotó y nos envió un alentador mensaje: “Chihuahuenses: no bajen la guardia; no están solos”. Y dijo que vino a Chihuahua a “ofrecer el respaldo a todas las familias afectadas por este frente frío”.
Pero hay cosas concretas. Ante el informe de los daños sufridos, por el orden de los mil 250 millones de pesos, que llevó a decretarse la emergencia en 15 municipios, –aunque el gobierno estatal ha planteado la declaratoria en ocho más– el gobierno federal no emitió opinión alguna.
¡Ah, pero ante el desastre del campo sinaloense, gobernado ahora por un hombre que aceptó la candidatura de PAN y PRD, Calderón se desgañitó y a voz en cuello anunció que la campiña sinaloense se resembraría en quince días, para lo cual su gobierno encontraría recursos económicos de donde fuere para afrontar esa tan grave situación
¿Por qué no tuvo esa actitud en los actos realizados en Chihuahua? Y hablamos de los verdaderamente importantes, es decir, la reunión de evaluación de los daños producidos por la contingencia ambiental. Dan ganas de pensar que la diferencia en la actitud la causa el origen partidista de quienes gobiernan.
Asombra tal insensibilidad, la situación en Chihuahua es inconmensurablemente peor a la de doce meses atrás y las autoridades federales actúan como si lo existente fuera la “normalidad”, pero la gravedad lleva a los gobernantes norteamericanos a elaborar diagnósticos tan drásticos, especialmente el de que el crimen organizado ha llegado a niveles de “narco insurgencia” y que lo puede llevar a asumir el gobierno.
Pero si esas son las expresiones públicas, las realizadas en las instalaciones militares de Santa Gertrudis, de pleno respaldo a la capacidad de las fuerzas armadas, las contenidas en las conversaciones privadas y los informes oficiales de los funcionarios norteamericanos acerca de la situación en México concitan algo más que sospechosismo acerca de la real capacidad de las fuerzas militares y policiacas mexicanas pues en privado todos coinciden en su incapacidad para hacerle frente a los cárteles de la droga.
Los norteamericanos ya llegaron a esa conclusión pues ahora sabemos –gracias a WikiLeaks– que no sólo prestan asesoría y capacitación a las policías mexicanas sino que hasta son los encargados de ¡levantar evidencias de las escenas de los crímenes y de informarles a los policías locales acerca de la comisión de algunos delitos, como sucedió en Nuevo León ante el rumor de un atentado en contra del entonces gobernante regio, Natividad González Parás, que las policías locales llamaron al Consulado norteamericano para preguntar sobre la veracidad de tal noticia.
Y esa actitud es la que nos explica, por ejemplo, la presencia del embajador norteamericano, Carlos Pascual, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Juárez apenas el año pasado.
¡Y luego sale Calderón con discursos inflamados de fervor patriótico
jueves, 10 de febrero de 2011
Los Reyes
El Diario, 10 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Tres sucesos de los dos últimos días son de espanto. Por distintas razones merecerían ser el tema central de las reflexiones y los reclamos de una sociedad agotada, carente de justicia y paz.
El secuestro de Elías y Malú Reyes Salazar, así como de la esposa del primero, Luisa Órnelas, –en el Valle de Juárez– familiares de Josefina y Rubén, estos dos últimos asesinados, la primera en enero del año pasado y Rubén en agosto, ha puesto a esta familia en la peor de las condiciones.
Por otra parte, el asesinato de Álvaro Sandoval y su cónyuge, quienes apenas quince días atrás se habían convertido en héroes por haber asesinado a tres individuos que les habían querido asaltar, –en Palomas– inermes ante el salvaje ataque de integrantes, seguramente, de la misma banda a la que pertenecían los victimados por Sandoval en defensa propia, concita la indignación ante la inexplicable decisión de los funcionarios de la Fiscalía General de no otorgarle protección –no la quería, dicen en una segunda versión, porque su presencia le “ahuyentaba la clientela” –,versión que choca con la aportada por El Diario (9/II/11) pues en esta se asegura que “Ministerios públicos informaron que las víctimas iban saliendo de su domicilio para realizar un trámite y los agentes estatales encargados de su seguridad ‘se adelantaron unos metros’ mientras que la pareja se regresó al domicilio; en esos momentos los sicarios dispararon”.
No menos preocupante es el tercer asunto el día de hoy abordado, el del que un centenar de soldados sitió la colonia Melchor Ocampo y cateó viviendas a diestra y siniestra “en busca de secuestradores”. (Nota de El Diario, 7-II-11).
La información es espeluznante: “Un centenar de soldados realiza cateos en algunas viviendas y tiene rodeadas varias cuadras de la colonia Melchor Ocampo, supuestamente en busca de una banda de secuestradores a quienes apodan ‘Los Pelones’. Hasta el momento los militares han ingresado a cuatro casas y tienen cercadas varias manzanas, sin permitir que los vecinos salgan del sector y sin dejarlos siquiera asomarse a la calle”.
¿Con el permiso de quién? ¿Con la paciencia de quién? ¿No es suficiente lo hasta ahora sufrido? ¿Ya declararon el toque de queda y la consiguiente suspensión de las garantías individuales? ¿Ya entregaron los mandos civiles el control de Juárez –nuevamente–? ¿Quién responderá ante la población de la actuación de las fuerzas castrenses hoy convertidas en policía, agentes del ministerio público, jueces (por la expedición de órdenes de aprehensión y de cateo, recordemos las inefables expresiones del general Juárez Loera, el primer jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, aquellas de cuando le dijo al gobernador Reyes Baeza y sus acompañantes, –aquí traigo la orden de cateo, mostrando un gran mazo y todos rieron–?
¡Ah, qué tiempos nos tocó vivir
Y la autoridad ¿Dónde, dónde, dónde está?
¿Cómo entender que no se protegiera a un hombre cuya vida pendía de un hilo ante la magnitud de las fuerzas a las que se había enfrentado? ¿No se entiende que la custodia “discreta”, como la de Marisela Escobedo, no sirve de nada? ¿No hay alguien que tenga un mínimo de cordura para que a personas como Álvaro Sandoval se les proteja?
Si a héroes civiles –o simplemente ciudadanos hartos de la inseguridad y de la ineficiencia gubernamental–, brotados de la nada, no se les protege, menos a los integrantes de una familia como la de los Reyes del Valle de Juárez, por muchos aspectos una de las más valiosas de esa región, por su compromiso popular, por su valentía ciudadana pues por muchos años fueron el único valladar al crecimiento de los grupos delictivos que hacían del “Valle”, a ciencia y paciencia de todas las autoridades, su feudo para acceder al rico mercado norteamericano de las drogas.
Ahí, en medio de la podredumbre, los Reyes soñaban con un mundo distinto, con la ilusión de asaltar el cielo, desde la óptica de los militantes del socialismo, luego tuvieron que comprometerse en la lucha por hacer que las corporaciones policiacas y militares respetaran la ley. En esa lucha cayó Josefina. Hoy las mismas fuerzas oscuras intentan dar otro zarpazo.
¿Acaso no es ya suficiente?
Luis Javier Valero Flores
Tres sucesos de los dos últimos días son de espanto. Por distintas razones merecerían ser el tema central de las reflexiones y los reclamos de una sociedad agotada, carente de justicia y paz.
El secuestro de Elías y Malú Reyes Salazar, así como de la esposa del primero, Luisa Órnelas, –en el Valle de Juárez– familiares de Josefina y Rubén, estos dos últimos asesinados, la primera en enero del año pasado y Rubén en agosto, ha puesto a esta familia en la peor de las condiciones.
Por otra parte, el asesinato de Álvaro Sandoval y su cónyuge, quienes apenas quince días atrás se habían convertido en héroes por haber asesinado a tres individuos que les habían querido asaltar, –en Palomas– inermes ante el salvaje ataque de integrantes, seguramente, de la misma banda a la que pertenecían los victimados por Sandoval en defensa propia, concita la indignación ante la inexplicable decisión de los funcionarios de la Fiscalía General de no otorgarle protección –no la quería, dicen en una segunda versión, porque su presencia le “ahuyentaba la clientela” –,versión que choca con la aportada por El Diario (9/II/11) pues en esta se asegura que “Ministerios públicos informaron que las víctimas iban saliendo de su domicilio para realizar un trámite y los agentes estatales encargados de su seguridad ‘se adelantaron unos metros’ mientras que la pareja se regresó al domicilio; en esos momentos los sicarios dispararon”.
No menos preocupante es el tercer asunto el día de hoy abordado, el del que un centenar de soldados sitió la colonia Melchor Ocampo y cateó viviendas a diestra y siniestra “en busca de secuestradores”. (Nota de El Diario, 7-II-11).
La información es espeluznante: “Un centenar de soldados realiza cateos en algunas viviendas y tiene rodeadas varias cuadras de la colonia Melchor Ocampo, supuestamente en busca de una banda de secuestradores a quienes apodan ‘Los Pelones’. Hasta el momento los militares han ingresado a cuatro casas y tienen cercadas varias manzanas, sin permitir que los vecinos salgan del sector y sin dejarlos siquiera asomarse a la calle”.
¿Con el permiso de quién? ¿Con la paciencia de quién? ¿No es suficiente lo hasta ahora sufrido? ¿Ya declararon el toque de queda y la consiguiente suspensión de las garantías individuales? ¿Ya entregaron los mandos civiles el control de Juárez –nuevamente–? ¿Quién responderá ante la población de la actuación de las fuerzas castrenses hoy convertidas en policía, agentes del ministerio público, jueces (por la expedición de órdenes de aprehensión y de cateo, recordemos las inefables expresiones del general Juárez Loera, el primer jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, aquellas de cuando le dijo al gobernador Reyes Baeza y sus acompañantes, –aquí traigo la orden de cateo, mostrando un gran mazo y todos rieron–?
¡Ah, qué tiempos nos tocó vivir
Y la autoridad ¿Dónde, dónde, dónde está?
¿Cómo entender que no se protegiera a un hombre cuya vida pendía de un hilo ante la magnitud de las fuerzas a las que se había enfrentado? ¿No se entiende que la custodia “discreta”, como la de Marisela Escobedo, no sirve de nada? ¿No hay alguien que tenga un mínimo de cordura para que a personas como Álvaro Sandoval se les proteja?
Si a héroes civiles –o simplemente ciudadanos hartos de la inseguridad y de la ineficiencia gubernamental–, brotados de la nada, no se les protege, menos a los integrantes de una familia como la de los Reyes del Valle de Juárez, por muchos aspectos una de las más valiosas de esa región, por su compromiso popular, por su valentía ciudadana pues por muchos años fueron el único valladar al crecimiento de los grupos delictivos que hacían del “Valle”, a ciencia y paciencia de todas las autoridades, su feudo para acceder al rico mercado norteamericano de las drogas.
Ahí, en medio de la podredumbre, los Reyes soñaban con un mundo distinto, con la ilusión de asaltar el cielo, desde la óptica de los militantes del socialismo, luego tuvieron que comprometerse en la lucha por hacer que las corporaciones policiacas y militares respetaran la ley. En esa lucha cayó Josefina. Hoy las mismas fuerzas oscuras intentan dar otro zarpazo.
¿Acaso no es ya suficiente?
martes, 8 de febrero de 2011
Tragos
El Diario, 8 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pudiera parecer una exageración ocuparnos de temas aparentemente tan triviales, o acaso del ámbito estrictamente personal, como lo pudiera ser el extendido rumor acerca de los excesos en la ingesta de bebidas embriagantes de Felipe Calderón.
A la luz de los últimos acontecimientos tal tema pasó de aquel ámbito al de la función pública, amén de que el equilibrio mental de quien tiene en sus manos la conducción del país, con todo y sus fuerzas armadas, debe ser –es– preocupación de los mexicanos, y ha despertado las naturales preocupaciones de los mandatarios norteamericanos, en este caso, es bueno reconocerlo, no tanto por la ingesta de esos líquidos, sino por la tensión a la que se supone debe estar sometido quien llevó al país a la actual confrontación con el crimen organizado.
Pero hete aquí que unos diputados del PT, todos ellos identificados por ser del grupo más afín a López Obrador, colocaron en la tribuna de la Cámara de Diputados, la semana pasada, una muy ilustrativa, provocadora y hasta vulgar manta con una leyenda que motivó la salida de la bancada del PAN. Decía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué le dejas conducir el país?”
Al día siguiente, Carmen Aristegui, en su programa radiofónico abordó el tema e insistió en que la Presidencia de la República estaba obligada a ofrecer una postura oficial en el sentido que, si bien las distracciones de Calderón no son de interés público, las derivadas de una, así sea moderada adicción, sí lo son del colectivo, por las gravísimas responsabilidades depositadas en quien decidió ceñirse la banda presidencial.
Y ahí empezaron a aparecer los negros nubarrones desatados por tan singular manifestación. Desde el domingo por la noche la empresa MVS, propietaria del espacio de Aristegui, anunció que se había rescindido el contrato “por faltar a las reglas de la ética de la empresa”, sin especificar el motivo, el incidente y las razones de los empresarios y, a su vez, las argumentaciones de la periodista.
El incidente es aún más grave pues la empresa MVS no firma, aún, la renovación de su concesión mediante la cual “sube” su señal de audio y video y la periodista se ha destacado por su labor no siempre bien recibida por la élite en el poder.
Es decir, no aclaran un asunto que concita el interés de unos legisladores y por otra parte se acumulan todos los indicios que nos llevan a pensar en una medida represora de la libertad de prensa.
Andrés Manuel López Obrador, rápido, se deslindó del asunto y en la práctica les trató de enmendar la plana a los diputados federales al afirmar que esos asuntos correspondían al ámbito privado y que el defecto de Calderón estriba en su ilegitimidad.
Pero importa detenerse en quienes osaron pararse al frente de las curules y sostener la manta. Entre ellos estaba Gerardo Fernández Noroña, personaje que ha logrado concitar el rechazo, hasta irracional, de numerosos integrantes de las capas medias norteñas y cuyas manifestaciones no siempre se encuadran en la ortodoxia. Pero estaba acompañado de Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas, sin duda dos de los colaboradores más prestigiados de López Obrador, el primero como uno de los más reconocidos especialistas en finanzas públicas y el segundo destacado analista y ex consejero ciudadano electoral.
¿A qué niveles ha llegado el hartazgo, ya no de amplios sectores de la población, como para que académicos de estos niveles se hayan manifestado de tal manera?
Cuentan los antecedentes, y uno por demás interesante, es el aportado por Carlos Castillo Peraza, tutor político e ideológico de Felipe Calderón, y presidente nacional del PAN, quien advirtiera muy tempranamente del “gusto” del michoacano pues los episodios de exceso de “tragos” eran conocidos por todos los colaboradores personales de quien se desempeñaba entonces como presidente nacional de su partido. “Entendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de la 10 de la mañana en el CEN (del PAN)”, le comentó Castillo Peraza a Julio Scherer, quien lo escribió en su libro Secuestrados.
Aclarar los dos aspectos citados hoy –que cientos lo hacen en los medios de comunicación “tradicionales” y miles en el ciberespacio– es obligatorio para quien presume ser el conductor de los “esfuerzos nacionales”.
Luis Javier Valero Flores
Pudiera parecer una exageración ocuparnos de temas aparentemente tan triviales, o acaso del ámbito estrictamente personal, como lo pudiera ser el extendido rumor acerca de los excesos en la ingesta de bebidas embriagantes de Felipe Calderón.
A la luz de los últimos acontecimientos tal tema pasó de aquel ámbito al de la función pública, amén de que el equilibrio mental de quien tiene en sus manos la conducción del país, con todo y sus fuerzas armadas, debe ser –es– preocupación de los mexicanos, y ha despertado las naturales preocupaciones de los mandatarios norteamericanos, en este caso, es bueno reconocerlo, no tanto por la ingesta de esos líquidos, sino por la tensión a la que se supone debe estar sometido quien llevó al país a la actual confrontación con el crimen organizado.
Pero hete aquí que unos diputados del PT, todos ellos identificados por ser del grupo más afín a López Obrador, colocaron en la tribuna de la Cámara de Diputados, la semana pasada, una muy ilustrativa, provocadora y hasta vulgar manta con una leyenda que motivó la salida de la bancada del PAN. Decía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué le dejas conducir el país?”
Al día siguiente, Carmen Aristegui, en su programa radiofónico abordó el tema e insistió en que la Presidencia de la República estaba obligada a ofrecer una postura oficial en el sentido que, si bien las distracciones de Calderón no son de interés público, las derivadas de una, así sea moderada adicción, sí lo son del colectivo, por las gravísimas responsabilidades depositadas en quien decidió ceñirse la banda presidencial.
Y ahí empezaron a aparecer los negros nubarrones desatados por tan singular manifestación. Desde el domingo por la noche la empresa MVS, propietaria del espacio de Aristegui, anunció que se había rescindido el contrato “por faltar a las reglas de la ética de la empresa”, sin especificar el motivo, el incidente y las razones de los empresarios y, a su vez, las argumentaciones de la periodista.
El incidente es aún más grave pues la empresa MVS no firma, aún, la renovación de su concesión mediante la cual “sube” su señal de audio y video y la periodista se ha destacado por su labor no siempre bien recibida por la élite en el poder.
Es decir, no aclaran un asunto que concita el interés de unos legisladores y por otra parte se acumulan todos los indicios que nos llevan a pensar en una medida represora de la libertad de prensa.
Andrés Manuel López Obrador, rápido, se deslindó del asunto y en la práctica les trató de enmendar la plana a los diputados federales al afirmar que esos asuntos correspondían al ámbito privado y que el defecto de Calderón estriba en su ilegitimidad.
Pero importa detenerse en quienes osaron pararse al frente de las curules y sostener la manta. Entre ellos estaba Gerardo Fernández Noroña, personaje que ha logrado concitar el rechazo, hasta irracional, de numerosos integrantes de las capas medias norteñas y cuyas manifestaciones no siempre se encuadran en la ortodoxia. Pero estaba acompañado de Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas, sin duda dos de los colaboradores más prestigiados de López Obrador, el primero como uno de los más reconocidos especialistas en finanzas públicas y el segundo destacado analista y ex consejero ciudadano electoral.
¿A qué niveles ha llegado el hartazgo, ya no de amplios sectores de la población, como para que académicos de estos niveles se hayan manifestado de tal manera?
Cuentan los antecedentes, y uno por demás interesante, es el aportado por Carlos Castillo Peraza, tutor político e ideológico de Felipe Calderón, y presidente nacional del PAN, quien advirtiera muy tempranamente del “gusto” del michoacano pues los episodios de exceso de “tragos” eran conocidos por todos los colaboradores personales de quien se desempeñaba entonces como presidente nacional de su partido. “Entendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de la 10 de la mañana en el CEN (del PAN)”, le comentó Castillo Peraza a Julio Scherer, quien lo escribió en su libro Secuestrados.
Aclarar los dos aspectos citados hoy –que cientos lo hacen en los medios de comunicación “tradicionales” y miles en el ciberespacio– es obligatorio para quien presume ser el conductor de los “esfuerzos nacionales”.
domingo, 6 de febrero de 2011
¿Qué pasó en un año?
El Diario, 6 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
A un año de la masacre de Villas de Salvárcar ¿Qué pasó, en términos del esclarecimiento de esos crímenes y del reclamo efectuado por los representantes de Juárez a Felipe Calderón, en las históricas jornadas posteriores?
En esos aspectos, prácticamente nada, pero en el transcurso de ese año a los chihuahuenses nos pasó de todo; lo sucedido superó, nuevamente, lo acontecido el año anterior.
¿Por qué detenerse en esos hechos si el baño de sangre no sólo continuó sino, incluso, arreció, abarcando al total del territorio estatal?
Por varias razones, la primera fue que la irresponsable inicial declaración de Calderón –fue un pleito entre integrantes de distintos grupos criminales– contraria absolutamente a la realidad, le reveló al país la magnitud de la tragedia y lo endeble de los argumentos oficiales en el sentido que los “malos” se estaban matando entre ellos.
Las características de las víctimas del 30 de enero de 2010 funcionaron como catalizadores de la protesta y hartazgo de la sociedad –y no sólo la juarense– ante la ineficiencia de todos los cuerpos policiacos y militares, en lo que se suponía era el enfrentamiento del Gobierno Federal al crimen organizado.
Luego, ante la magnitud de las protestas, Calderón reaccionó sorpresivamente, acudió a enfrentar (y sólo en la primera ocasión, en las posteriores el aparato oficial funcionó como siempre, escogiendo a los interlocutores y tratando de desechar a los más críticos) los reclamos de quienes pudieron participar en las mesas de trabajo de lo que pomposamente la administración federal denominó “Todos somos Juárez”, en una parodia del lema del actual dirigente estatal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, cuando fue candidato a la alcaldía, y que hizo recordar el primer ejercicio en ese sentido de cuando una manifestación en el DF se proclamó “Todos somos Marcos”, ante la embestida del gobierno de Zedillo, en febrero de 1995 en contra del EZLN, a pesar de haber pactado una tregua entre ambos.
Sin embargo, ese ejercicio, en el que distintos actores plantearon infinidad de cosas, sirvió para que el Gobierno Federal tuviese de primera mano el sentir de todos los juarenses y la inmejorable oportunidad de elaborar y concretar el más ambicioso de los proyectos en la urbe más castigada por la violencia.
De nada sirvieron, o quizá de algo, pero debemos recordar que el principal reclamo no fue la “reconstrucción del tejido social”, frase con la cual los funcionarios federales adornaron sus discursos y sus iniciales frecuentes visitas a Juárez. El reclamo mayor era –es– los elevados grados de impunidad en esta ciudad, se clamaba justicia, eficiencia de los aparatos policiales para enfrentar a los criminales, todo ello en primer lugar.
Y la lógica –y los especialistas también lo dijeron en todos los tonos– indicaba que lo primero era afrontar la ola de violencia y luego enfilarse a resolver los gravísimos problemas sociales de Juárez.
¿Y qué pasó?
No sólo se incrementaron los asesinatos –y un conjunto de índices delictivos de todo tipo– en Juárez, para conservar nuevamente el título de la ciudad más violenta del mundo, sino que ahora la capital del estado, en ese año de “grandes” preocupaciones federales acerca de la vida de los chihuahuenses, Chihuahua, se convirtió en la quinta urbe más violenta del planeta, pues fue el escenario de otra fase más de agudos enfrentamientos entre los grupos criminales, además del escandaloso incremento de delitos como el del robo de vehículos a mano armada.
Amén del ingreso de Camargo al grupo de los municipios más inseguros del país.
“El año 2010 fue, según cifras oficiales, el más violento en la historia reciente del estado de Chihuahua, el cual concentró el 30 por ciento del total de los homicidios dolosos ocurridos en el país, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal”, y a pesar de poseer esa calidad, durante ese período sólo encarcelaron a mil 694 personas en 2010 (Nota de Alejandro Salmón Aguilera/Corresponsal, El Diario, 28/01/11).
¿Y por qué el mote de más violentas del mundo? Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Juárez se registraron 3 mil 186 homicidios, poco más de 500 por encima del año anterior, con lo que la tasa de homicidios se elevó a la siniestra cifra de 245.07 por cada 100 mil habitantes. A su vez, en Chihuahua hubo mil 261 homicidios, lo que nos llevó a una tasa de 180.14 por cada 100 mil habitantes, cifras que ni por asomo pensamos algún día que podría alcanzar la capital del estado.
Y es que el pasado 12 de enero, el vocero del gabinete de seguridad pública federal, “Alejandro Poiré, dijo que en todo el país ocurrieron 15 mil 273 homicidios durante el año 2010, y de ese total, el 30 por ciento se concentraron en el estado de Chihuahua”.
Si así fuera, a pesar de los indudables diferendos en las cifras de mortalidad, querría decir que esa dependencia acepta que en el estado de Chihuahua ocurrieron 4 mil 581 homicidios, cifra que no concuerda con los datos federales y estatales pues si sumamos los homicidios de Chihuahua y Juárez (3 mil 186 en Juárez, más mil 261 en Chihuahua, sumarían 4 mil 447) lo que significaría que en el resto de la entidad solo se presentaron, según estas cifras, 134 homicidios, algo que ni remotamente soporta la ola violenta sufrida por los chihuahuenses.
A pesar de tales incongruencias, si se tomara como cierta esa cifra significaría que en el estado de Chihuahua la tasa de homicidios llegó a niveles de verdadera monstruosidad –138.81 homicidios por cada 100 mil habitantes– situación que debió llevar a quienes dirigen la administración federal a adoptar medidas de verdadera emergencia, no sólo con motivo de las visitas presidenciales del año anterior.
¡Ah, pero el esquema federal es el de construir estadios y canchas en zonas paupérrimas –que, por supuesto, también se necesitan– y ampliaciones de los programas en curso Pero el tejido social no se reconstruye (o para decirlo mejor, se construye) a partir de la construcción de tales obras o instrumentación de esos programas, sino modificando el entorno social y ese, en Juárez, requiere inversiones multimillonarias y diseños distintos a los ahora aplicados, tomando en cuenta, sobre todo, la ingente experiencia de vastos sectores de la sociedad juarense, la misma que eficiente y diligentemente esbozó en las jornada citadas arriba.
Y si hubiera que refutar la línea oficial, o el pensamiento gubernamental que sustenta tales obras y programas, ahí están las nuevas masacres, acaecidas ¡Oh paradojas de la vida En canchas deportivas, pues tal parece ya les da lo mismo a los ejércitos de sicarios ejecutar a las personas en los bares, que en las canchas, que en cualquier lugar de las urbes chihuahuenses.
Así, los poco más de 3 mil millones de pesos de inversiones federales a derramar en Juárez (cuyo monto verdadero nunca lo supimos) se antojaron insuficientes –y cualquier otra cantidad– si antes no se ponía el acento en el combate a la violencia desatada en la entidad (por supuesto, iniciando en Juárez) pues la impunidad con la que actúan los criminales impedirá la ejecución de cualquier programa relevante en el antiguo Paso del Norte, incluso ahora mismo, ante el anuncio de la puesta en marcha de otro programa de capacitación de policías, aún queda pendiente la promesa de Calderón de enviar a más de 80 agentes del ministerio público federal, prometidos desde el arranque del Operativo Conjunto Chihuahua (A propósito ¿Cuándo murió este mamotreto?)
Quizá por todas las razones anteriores Felipe Calderón decidió no venir a Juárez a dar cuenta de los avances de los programas y obras que él ordenó ejecutar, vamos, ni siquiera el de los vehículos ‘chuecos’, ni el de la declaratoria de emergencia fiscal, a consecuencia de una catástrofe social de la envergadura como la sufrida por los chihuahuenses.
Y probablemente ni siquiera con la desatada por las condiciones climáticas tan adversas de los últimos días, algo en lo que deberemos reflexionar, suponiendo que tal ejercicio sirva de algo en la elaboración y ejecución de acciones gubernamentales, sobre todo federales, que las autoridades de este nivel son quienes administran los recursos necesarios para afrontar una emergencia como la ahora relatada.
Luis Javier Valero Flores
A un año de la masacre de Villas de Salvárcar ¿Qué pasó, en términos del esclarecimiento de esos crímenes y del reclamo efectuado por los representantes de Juárez a Felipe Calderón, en las históricas jornadas posteriores?
En esos aspectos, prácticamente nada, pero en el transcurso de ese año a los chihuahuenses nos pasó de todo; lo sucedido superó, nuevamente, lo acontecido el año anterior.
¿Por qué detenerse en esos hechos si el baño de sangre no sólo continuó sino, incluso, arreció, abarcando al total del territorio estatal?
Por varias razones, la primera fue que la irresponsable inicial declaración de Calderón –fue un pleito entre integrantes de distintos grupos criminales– contraria absolutamente a la realidad, le reveló al país la magnitud de la tragedia y lo endeble de los argumentos oficiales en el sentido que los “malos” se estaban matando entre ellos.
Las características de las víctimas del 30 de enero de 2010 funcionaron como catalizadores de la protesta y hartazgo de la sociedad –y no sólo la juarense– ante la ineficiencia de todos los cuerpos policiacos y militares, en lo que se suponía era el enfrentamiento del Gobierno Federal al crimen organizado.
Luego, ante la magnitud de las protestas, Calderón reaccionó sorpresivamente, acudió a enfrentar (y sólo en la primera ocasión, en las posteriores el aparato oficial funcionó como siempre, escogiendo a los interlocutores y tratando de desechar a los más críticos) los reclamos de quienes pudieron participar en las mesas de trabajo de lo que pomposamente la administración federal denominó “Todos somos Juárez”, en una parodia del lema del actual dirigente estatal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, cuando fue candidato a la alcaldía, y que hizo recordar el primer ejercicio en ese sentido de cuando una manifestación en el DF se proclamó “Todos somos Marcos”, ante la embestida del gobierno de Zedillo, en febrero de 1995 en contra del EZLN, a pesar de haber pactado una tregua entre ambos.
Sin embargo, ese ejercicio, en el que distintos actores plantearon infinidad de cosas, sirvió para que el Gobierno Federal tuviese de primera mano el sentir de todos los juarenses y la inmejorable oportunidad de elaborar y concretar el más ambicioso de los proyectos en la urbe más castigada por la violencia.
De nada sirvieron, o quizá de algo, pero debemos recordar que el principal reclamo no fue la “reconstrucción del tejido social”, frase con la cual los funcionarios federales adornaron sus discursos y sus iniciales frecuentes visitas a Juárez. El reclamo mayor era –es– los elevados grados de impunidad en esta ciudad, se clamaba justicia, eficiencia de los aparatos policiales para enfrentar a los criminales, todo ello en primer lugar.
Y la lógica –y los especialistas también lo dijeron en todos los tonos– indicaba que lo primero era afrontar la ola de violencia y luego enfilarse a resolver los gravísimos problemas sociales de Juárez.
¿Y qué pasó?
No sólo se incrementaron los asesinatos –y un conjunto de índices delictivos de todo tipo– en Juárez, para conservar nuevamente el título de la ciudad más violenta del mundo, sino que ahora la capital del estado, en ese año de “grandes” preocupaciones federales acerca de la vida de los chihuahuenses, Chihuahua, se convirtió en la quinta urbe más violenta del planeta, pues fue el escenario de otra fase más de agudos enfrentamientos entre los grupos criminales, además del escandaloso incremento de delitos como el del robo de vehículos a mano armada.
Amén del ingreso de Camargo al grupo de los municipios más inseguros del país.
“El año 2010 fue, según cifras oficiales, el más violento en la historia reciente del estado de Chihuahua, el cual concentró el 30 por ciento del total de los homicidios dolosos ocurridos en el país, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal”, y a pesar de poseer esa calidad, durante ese período sólo encarcelaron a mil 694 personas en 2010 (Nota de Alejandro Salmón Aguilera/Corresponsal, El Diario, 28/01/11).
¿Y por qué el mote de más violentas del mundo? Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Juárez se registraron 3 mil 186 homicidios, poco más de 500 por encima del año anterior, con lo que la tasa de homicidios se elevó a la siniestra cifra de 245.07 por cada 100 mil habitantes. A su vez, en Chihuahua hubo mil 261 homicidios, lo que nos llevó a una tasa de 180.14 por cada 100 mil habitantes, cifras que ni por asomo pensamos algún día que podría alcanzar la capital del estado.
Y es que el pasado 12 de enero, el vocero del gabinete de seguridad pública federal, “Alejandro Poiré, dijo que en todo el país ocurrieron 15 mil 273 homicidios durante el año 2010, y de ese total, el 30 por ciento se concentraron en el estado de Chihuahua”.
Si así fuera, a pesar de los indudables diferendos en las cifras de mortalidad, querría decir que esa dependencia acepta que en el estado de Chihuahua ocurrieron 4 mil 581 homicidios, cifra que no concuerda con los datos federales y estatales pues si sumamos los homicidios de Chihuahua y Juárez (3 mil 186 en Juárez, más mil 261 en Chihuahua, sumarían 4 mil 447) lo que significaría que en el resto de la entidad solo se presentaron, según estas cifras, 134 homicidios, algo que ni remotamente soporta la ola violenta sufrida por los chihuahuenses.
A pesar de tales incongruencias, si se tomara como cierta esa cifra significaría que en el estado de Chihuahua la tasa de homicidios llegó a niveles de verdadera monstruosidad –138.81 homicidios por cada 100 mil habitantes– situación que debió llevar a quienes dirigen la administración federal a adoptar medidas de verdadera emergencia, no sólo con motivo de las visitas presidenciales del año anterior.
¡Ah, pero el esquema federal es el de construir estadios y canchas en zonas paupérrimas –que, por supuesto, también se necesitan– y ampliaciones de los programas en curso Pero el tejido social no se reconstruye (o para decirlo mejor, se construye) a partir de la construcción de tales obras o instrumentación de esos programas, sino modificando el entorno social y ese, en Juárez, requiere inversiones multimillonarias y diseños distintos a los ahora aplicados, tomando en cuenta, sobre todo, la ingente experiencia de vastos sectores de la sociedad juarense, la misma que eficiente y diligentemente esbozó en las jornada citadas arriba.
Y si hubiera que refutar la línea oficial, o el pensamiento gubernamental que sustenta tales obras y programas, ahí están las nuevas masacres, acaecidas ¡Oh paradojas de la vida En canchas deportivas, pues tal parece ya les da lo mismo a los ejércitos de sicarios ejecutar a las personas en los bares, que en las canchas, que en cualquier lugar de las urbes chihuahuenses.
Así, los poco más de 3 mil millones de pesos de inversiones federales a derramar en Juárez (cuyo monto verdadero nunca lo supimos) se antojaron insuficientes –y cualquier otra cantidad– si antes no se ponía el acento en el combate a la violencia desatada en la entidad (por supuesto, iniciando en Juárez) pues la impunidad con la que actúan los criminales impedirá la ejecución de cualquier programa relevante en el antiguo Paso del Norte, incluso ahora mismo, ante el anuncio de la puesta en marcha de otro programa de capacitación de policías, aún queda pendiente la promesa de Calderón de enviar a más de 80 agentes del ministerio público federal, prometidos desde el arranque del Operativo Conjunto Chihuahua (A propósito ¿Cuándo murió este mamotreto?)
Quizá por todas las razones anteriores Felipe Calderón decidió no venir a Juárez a dar cuenta de los avances de los programas y obras que él ordenó ejecutar, vamos, ni siquiera el de los vehículos ‘chuecos’, ni el de la declaratoria de emergencia fiscal, a consecuencia de una catástrofe social de la envergadura como la sufrida por los chihuahuenses.
Y probablemente ni siquiera con la desatada por las condiciones climáticas tan adversas de los últimos días, algo en lo que deberemos reflexionar, suponiendo que tal ejercicio sirva de algo en la elaboración y ejecución de acciones gubernamentales, sobre todo federales, que las autoridades de este nivel son quienes administran los recursos necesarios para afrontar una emergencia como la ahora relatada.
jueves, 3 de febrero de 2011
¿El mismo espíritu electorero de siempre?
El Diario, 3 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Prácticamente sin advertirlo, seguramente por la dimensión de la matazón juarense, el resto de la entidad se convirtió en una especie de clon de lo acontecido en la mayor de las urbes chihuahuenses a lo largo de la actual administración federal. El baño de sangre asola a todo el territorio estatal, con cifras de escándalo pues las tasas de ejecuciones (importa repetirlo, no contemplan el resto de causales de homicidios), en la mayor parte de los municipios más poblados rondan, o superan los 40 por cada 100 mil habitantes, ubicándose de este modo en los rangos de los países centroamericanos, Colombia, Venezuela y de entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Veracruz.
Pero si lo anterior es elevadamente inquietante, lo sucedido en la capital del estado supera con creces lo anterior. Ahora acompaña a Juárez en los primeros lugares mundiales en la categoría de las más violentas ciudades, y Chihuahua ocupa el quinto lugar, a consecuencia del recrudecimiento de los asesinatos, presumiblemente atribuidos a las disputas del crimen organizado, en la segunda mitad del año anterior, con lo que puede ubicarse en alrededor de 100 personas ejecutadas por cada 100 mil habitante.
Bueno, a pesar de tan siniestra realidad, los diseñadores de las políticas de seguridad pública federal resolvieron que para hacer la distribución de los recursos asignados a los municipios en esa materia, es decir, los recursos del Subsidio de Seguridad para Municipios (Subsemun), tomar en cuenta los datos delictivos del ¡2007
Sí, se leyó bien, el número de homicidios, robos, asaltos a mano armada, etc., decidieron que se distribuirían los recursos con esa base. De ese modo, de los 90 millones de pesos que la administración municipal de Chihuahua esperaba recibir, solamente le adjudicarán 53 (Nota de Alejandro Salmón Aguilera/Corresponsal, El Diario, 2/02/11).
No sólo eso, con base en lo declarado por el alcalde, Marco Adán Quezada, ahora resulta que los índices tomados en cuenta por la Secretaría de Seguridad Pública Federal son los de la cantidad de condenas emitidas y no en el número de eventos delictivos.
Asombra saber que, por el contrario, a más de una decena de municipios mexiquenses, con índices delictivos por debajo de la capital del estado, se les incrementen los recursos (qué bueno), lo cual sucede, también, con más de 15 municipios del estado de Guanajuato ¿Por qué?
¿Será acaso porque la nueva administración municipal de Chihuahua ya no es de origen blanquiazul? No solo enerva sino que pone los pelos de punta llegar a semejante conclusión pues no tiene, en absoluto, repartir recursos federales con esa lógica (que, por supuesto, no la tiene) que sólo atiza la percepción que priva un sentido electorero en la conducción del país y más en un ámbito que debiera permanecer ajeno a tales pretensiones electorales.
Máxime si, como es del dominio generalizado en la ciudad de Chihuahua, a partir de mediados de octubre pasado, se dice, que ahora sí la policía municipal desarrolla tareas de patrullaje en la ciudad, algo que llegó al colmo de que al término de la anterior administración un considerable número de patrullas municipales se quedaron varadas por falta de gasolina.
Con tales antecedentes, es irremediable recordar lo sucedido en Juárez el año anterior, particularmente a partir de la masacre de Villas de Salvárcar, cuando a las visitas presidenciales les sucedieron incontables giras de los funcionarios federales, hasta el grado de que a unos cuantos días de las elecciones estatales, se presentaron cuatro secretarios del gabinete presidencial, después de largas semanas de ausencia y que desaparecieran inmediatamente después de los comicios locales del primer domingo de julio pasado y sólo hasta la cercanía del aniversario de aquella masacre, nuevamente se apersonaron los más altos funcionarios federales, con la honrosa excepción, hasta ahora, de Felipe Calderón
¿Qué pasó, entonces? ¡Ah, es que ahora no hay elecciones
Luis Javier Valero Flores
Prácticamente sin advertirlo, seguramente por la dimensión de la matazón juarense, el resto de la entidad se convirtió en una especie de clon de lo acontecido en la mayor de las urbes chihuahuenses a lo largo de la actual administración federal. El baño de sangre asola a todo el territorio estatal, con cifras de escándalo pues las tasas de ejecuciones (importa repetirlo, no contemplan el resto de causales de homicidios), en la mayor parte de los municipios más poblados rondan, o superan los 40 por cada 100 mil habitantes, ubicándose de este modo en los rangos de los países centroamericanos, Colombia, Venezuela y de entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Veracruz.
Pero si lo anterior es elevadamente inquietante, lo sucedido en la capital del estado supera con creces lo anterior. Ahora acompaña a Juárez en los primeros lugares mundiales en la categoría de las más violentas ciudades, y Chihuahua ocupa el quinto lugar, a consecuencia del recrudecimiento de los asesinatos, presumiblemente atribuidos a las disputas del crimen organizado, en la segunda mitad del año anterior, con lo que puede ubicarse en alrededor de 100 personas ejecutadas por cada 100 mil habitante.
Bueno, a pesar de tan siniestra realidad, los diseñadores de las políticas de seguridad pública federal resolvieron que para hacer la distribución de los recursos asignados a los municipios en esa materia, es decir, los recursos del Subsidio de Seguridad para Municipios (Subsemun), tomar en cuenta los datos delictivos del ¡2007
Sí, se leyó bien, el número de homicidios, robos, asaltos a mano armada, etc., decidieron que se distribuirían los recursos con esa base. De ese modo, de los 90 millones de pesos que la administración municipal de Chihuahua esperaba recibir, solamente le adjudicarán 53 (Nota de Alejandro Salmón Aguilera/Corresponsal, El Diario, 2/02/11).
No sólo eso, con base en lo declarado por el alcalde, Marco Adán Quezada, ahora resulta que los índices tomados en cuenta por la Secretaría de Seguridad Pública Federal son los de la cantidad de condenas emitidas y no en el número de eventos delictivos.
Asombra saber que, por el contrario, a más de una decena de municipios mexiquenses, con índices delictivos por debajo de la capital del estado, se les incrementen los recursos (qué bueno), lo cual sucede, también, con más de 15 municipios del estado de Guanajuato ¿Por qué?
¿Será acaso porque la nueva administración municipal de Chihuahua ya no es de origen blanquiazul? No solo enerva sino que pone los pelos de punta llegar a semejante conclusión pues no tiene, en absoluto, repartir recursos federales con esa lógica (que, por supuesto, no la tiene) que sólo atiza la percepción que priva un sentido electorero en la conducción del país y más en un ámbito que debiera permanecer ajeno a tales pretensiones electorales.
Máxime si, como es del dominio generalizado en la ciudad de Chihuahua, a partir de mediados de octubre pasado, se dice, que ahora sí la policía municipal desarrolla tareas de patrullaje en la ciudad, algo que llegó al colmo de que al término de la anterior administración un considerable número de patrullas municipales se quedaron varadas por falta de gasolina.
Con tales antecedentes, es irremediable recordar lo sucedido en Juárez el año anterior, particularmente a partir de la masacre de Villas de Salvárcar, cuando a las visitas presidenciales les sucedieron incontables giras de los funcionarios federales, hasta el grado de que a unos cuantos días de las elecciones estatales, se presentaron cuatro secretarios del gabinete presidencial, después de largas semanas de ausencia y que desaparecieran inmediatamente después de los comicios locales del primer domingo de julio pasado y sólo hasta la cercanía del aniversario de aquella masacre, nuevamente se apersonaron los más altos funcionarios federales, con la honrosa excepción, hasta ahora, de Felipe Calderón
¿Qué pasó, entonces? ¡Ah, es que ahora no hay elecciones
martes, 1 de febrero de 2011
Franquicias electorales
El Diario, 1 de febrero de 2011
Luis Javier Valero Flores
Bueno, pues a pesar de las eufóricas frases del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a propósito del triunfo del candidato de su partido al gobierno de Guerrero (dijo que la victoria de Ángel Aguirre era “de la izquierda”) la realidad es otra, la que, por su lado el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, sí clasificó bien el resultado de las elecciones del domingo pasado en la entidad suriana pues se pronunció por evitar la fractura de su partido, de cara ante las últimas derrotas sufridas por su partido, paradójicamente a manos de ex compañeros suyos y, rechazó la posibilidad de la repetición de tales resultados en el Estado de México.
Así, a las derrotas del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa y a la cuasi derrota en Durango del año anterior, viene a sumarse la de Guerrero, todas ellas a manos de ex priístas (así se argumente, y con razón, que en Oaxaca fue diferente) pues Gabino Cué hace más de una década que abandonara el tricolor para enfilarse a la alcaldía de la capital oaxaqueña, primero, y luego a la candidatura al gobierno estatal, perderla en la primera ocasión y en la segunda oportunidad alcanzarla.
Pero en todos los casos, y el de Aguirre en Guerrero no es la excepción, esas derrotas del priísmo las encabezaron ex militantes de ese partido y llevaron al PRI a un escenario no imaginado hace apenas un año, es decir, que el paso triunfal de este partido en los dos últimos años, en las elecciones locales y en las federales del 2009, pudiera ser entorpecido por resultados adversos y pudieran constituirse en llaves para dejar de pensar en que su triunfo en las elecciones presidenciales del 2012 es inminente.
Pocos le apostaron a un inexplicable giro en la conducción del partido gobernante, el PAN, que decidió convertirse en una especie de franquicia electoral –y en eso convenció a la dirigencia perredista– apostarle a la fractura del PRI más que a la fortaleza propia, o la del PRD, impulsar la concreción de alianzas con el PRD, aunque en el caso de Guerrero fueron más lejos pues apenas despuntaba el nuevo año, cuando ya se reunía Felipe Calderón con el candidato panista en esta entidad, seguramente para discutir la posibilidad de la declinación a favor del abanderado perredista, en lo que se antoja clara la intención de impulsar la alianza en el Edomex.
Sin embargo, la dirigencia panista ha intentado hacer pasar como triunfos suyos los alcanzados por dichas alianzas, pero pocos argumentos válidos existen para creer eso. En Puebla, Oaxaca y Sinaloa quienes están gobernando son ex priístas, con los programas gubernamentales que a lo largo de su vida política asimilaron y de ninguna manera se puede afirmar que sus gestiones serán el resultado de las coincidencias programáticas de los partidos postulantes.
Fenómeno semejante ocurrirá en Guerrero, Ángel Guerrero no es un hombre de izquierda; pero una cosa es cierta, esa entidad es uno de los electorados más a la izquierda de todo el país, seguramente superado por el del DF y tal realidad sin duda alguna influirá en el nuevo gobierno, así como el conservadurismo de la sociedad poblana (estamos hablando, por supuesto, de la mayoría de los integrantes en ambos casos) influirá en el recién ascendido Rafael del Valle, quien sucede a Mario Marín.
Sin embargo, el resultado guerrerense y la postulación de Alejandro Encinas, así como las dificultades del priísmo mexiquense para designar a su candidato en el Estado de México, están configurando condiciones totalmente inesperadas hasta apenas unas cuantas semanas atrás pues amplias zonas de esta entidad están fuertemente influidas por las vecinas de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal lo que volverá fuertemente disputadas las elecciones mexiquenses.
No está por demás anotar que este resultado favorece a la dirigencia perredista, la misma que afronta una fortísima oposición de López Obrador y le abona el terreno para que éste no sea el candidato del PRD y abrirle camino, entonces, a un candidato cómodo para el electorado panista pues todo hace suponer que la más alta dirigencia del blanquiazul ya llegó a la conclusión que si no intentan maniobras como las anteriores nada impedirá el regreso del PRI a Palacio Nacional.
¿Será?
Luis Javier Valero Flores
Bueno, pues a pesar de las eufóricas frases del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a propósito del triunfo del candidato de su partido al gobierno de Guerrero (dijo que la victoria de Ángel Aguirre era “de la izquierda”) la realidad es otra, la que, por su lado el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, sí clasificó bien el resultado de las elecciones del domingo pasado en la entidad suriana pues se pronunció por evitar la fractura de su partido, de cara ante las últimas derrotas sufridas por su partido, paradójicamente a manos de ex compañeros suyos y, rechazó la posibilidad de la repetición de tales resultados en el Estado de México.
Así, a las derrotas del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa y a la cuasi derrota en Durango del año anterior, viene a sumarse la de Guerrero, todas ellas a manos de ex priístas (así se argumente, y con razón, que en Oaxaca fue diferente) pues Gabino Cué hace más de una década que abandonara el tricolor para enfilarse a la alcaldía de la capital oaxaqueña, primero, y luego a la candidatura al gobierno estatal, perderla en la primera ocasión y en la segunda oportunidad alcanzarla.
Pero en todos los casos, y el de Aguirre en Guerrero no es la excepción, esas derrotas del priísmo las encabezaron ex militantes de ese partido y llevaron al PRI a un escenario no imaginado hace apenas un año, es decir, que el paso triunfal de este partido en los dos últimos años, en las elecciones locales y en las federales del 2009, pudiera ser entorpecido por resultados adversos y pudieran constituirse en llaves para dejar de pensar en que su triunfo en las elecciones presidenciales del 2012 es inminente.
Pocos le apostaron a un inexplicable giro en la conducción del partido gobernante, el PAN, que decidió convertirse en una especie de franquicia electoral –y en eso convenció a la dirigencia perredista– apostarle a la fractura del PRI más que a la fortaleza propia, o la del PRD, impulsar la concreción de alianzas con el PRD, aunque en el caso de Guerrero fueron más lejos pues apenas despuntaba el nuevo año, cuando ya se reunía Felipe Calderón con el candidato panista en esta entidad, seguramente para discutir la posibilidad de la declinación a favor del abanderado perredista, en lo que se antoja clara la intención de impulsar la alianza en el Edomex.
Sin embargo, la dirigencia panista ha intentado hacer pasar como triunfos suyos los alcanzados por dichas alianzas, pero pocos argumentos válidos existen para creer eso. En Puebla, Oaxaca y Sinaloa quienes están gobernando son ex priístas, con los programas gubernamentales que a lo largo de su vida política asimilaron y de ninguna manera se puede afirmar que sus gestiones serán el resultado de las coincidencias programáticas de los partidos postulantes.
Fenómeno semejante ocurrirá en Guerrero, Ángel Guerrero no es un hombre de izquierda; pero una cosa es cierta, esa entidad es uno de los electorados más a la izquierda de todo el país, seguramente superado por el del DF y tal realidad sin duda alguna influirá en el nuevo gobierno, así como el conservadurismo de la sociedad poblana (estamos hablando, por supuesto, de la mayoría de los integrantes en ambos casos) influirá en el recién ascendido Rafael del Valle, quien sucede a Mario Marín.
Sin embargo, el resultado guerrerense y la postulación de Alejandro Encinas, así como las dificultades del priísmo mexiquense para designar a su candidato en el Estado de México, están configurando condiciones totalmente inesperadas hasta apenas unas cuantas semanas atrás pues amplias zonas de esta entidad están fuertemente influidas por las vecinas de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal lo que volverá fuertemente disputadas las elecciones mexiquenses.
No está por demás anotar que este resultado favorece a la dirigencia perredista, la misma que afronta una fortísima oposición de López Obrador y le abona el terreno para que éste no sea el candidato del PRD y abrirle camino, entonces, a un candidato cómodo para el electorado panista pues todo hace suponer que la más alta dirigencia del blanquiazul ya llegó a la conclusión que si no intentan maniobras como las anteriores nada impedirá el regreso del PRI a Palacio Nacional.
¿Será?
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