Lo climático, falla de los políticos

El Diario, 28 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Seguramente que muchos chihuahuenses recuerdan -más allá de los políticos, analistas y los periodistas- el momento político en el que César Duarte perdió la buena imagen popular que hasta entonces, maltrecha, pero se mantenía.

En el momento que las redes sociales empezaron a difundir las escenas de la celebración del cumpleaños de César Duarte en la Casa de Gobierno, festejado en primer lugar por Juan Gabriel y acompañado de toda la clase política priista de ese momento, en ese preciso instante se empezó a cavar la tumba política de quien es hoy, todavía, prófugo de la justicia norteamericana.

Ese climático momento sería clave para lo subsecuente en Chihuahua.

Lo fue.

No sería el único, al anterior siguieron otros, siempre in crescendo, en el que, ahora sí, los ciudadanos, en mayor o menor medida, empezaron a mostrarle al gobernante su rechazo y su repudio, hasta llegar a la rechifla de la noche del 15 de septiembre de 2014. A partir de ahí sólo se necesitaba que alguno de los protagonistas políticos asumiera el papel de líder antiduartista, se erigiera en candidato al gobierno y triunfara.

Otro de esos momentos ocurrió cuando la tragedia del Aeroshow, que no solo se abatió sobre los chihuahuenses -en especial sobre las víctimas, sus deudos y los familiares de los sobrevivientes- sino que marcó (por lo menos hasta ahora) la trayectoria política de Marco Adán Quezada.

Hasta momentos antes de ella, todo apuntaba a que, a pesar de Duarte, sería candidato al gobierno de Chihuahua, por su partido o por cualquier otra vía.

Ese doloroso momento trastocó todo, para las víctimas, y para el saliente alcalde capitalino.

Otro destacado momento de esa categoría -climático- sin duda lo fue aquel en que el noticiero de Carmen Aristegui dio a conocer el reportaje de los reporteros Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, sobre la propiedad de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, “La casa blanca”, regalada, según todas las evidencias, por uno de los empresarios más ligados al presidente Peña, y que había sido, beneficiario de la adjudicación de decenas de obras con importes superiores a los 30 millones de pesos, tanto en la gestión de Peña en el Estado de México, como en la presidencia de la república.

Todo por un reportaje de esa casa en la revista “Hola”.

Años después, esa misma revista daría pie a otro momento. La boda de César Yáñez recibió un trato semejante al de la casa blanca y con ello le daba una sonora descalificación a lo central del discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Y acá, en la “aldea” (nunca estará de más recordarlo, se usa esa frase porque en alguno de los coloquios convocados por el gobernador Corral, nos llamó a superar la etapa “aldeana” de nuestros divagaciones, debates y relaciones) Pablo Cuarón, con apenas unas horas de recibir el nombramiento como Secretario de Educación del gobierno del “Nuevo Amanecer”, lanzó su memorable: “Las promesas son del corazón, no de la razón”, al aludir la promesa de campaña de Javier Corral, de desaparecer las cuotas de inscripción en las escuelas públicas, incluidas las de nivel medio superior y superior.

Días más tarde, Corral trató de convencer a los chihuahuenses de que aceptaran, de nuevo, las fotomultas, contra las que se había alzado un vasto rechazo popular en tiempos de Duarte.

No son los únicos ejemplos, hasta llegar a la cena de la noche del 15 de septiembre último, las reacciones de rechazo, críticas, en las redes sociales crecieron a niveles no conocidos por el equipo de Corral, llegaron a uno  de los momentos más altos.

Algo semejante le ha ocurrido al equipo de la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos. 

Sorpresivamente, sin que existiesen otros elementos que llevasen a concluir que las finanzas del municipio de la capital del estado tuviesen graves problemas de liquidez o de falta de presupuesto para el próximo año, que le impidiesen llevar al cabo la obra pública, la requerida mínimamente y la que “vistiera” a su administración municipal, de cara al proceso electoral del 2021, en la que es evidente buscará la candidatura al gobierno de Chihuahua, sorprendió mediante la difusión de un video en el que ella personalmente anunció que habría un aumento en el impuesto predial “de hasta el 22%” para el próximo año.

No 5, no el 10, no el 15; no, hasta un 22%.

¿Con base en qué? ¿Es cierto que es para dotar de tomas domiciliarias de agua potable a 8 mil casas, además de la construcción de infraestructura de drenaje?

¿Por qué lanzarse de ese modo, a un incremento de la principal fuente de ingresos propios del municipio y, además, someterse a una previsible derrota política pues el presupuesto de ingresos de los municipios debe ser aprobado por el Congreso del Estado, en el que, ya se vió, no tiene mayoría una propuesta de ese carácter?

Bueno, pues ese anuncio puede convertirse en el peor momento climático de la alcaldesa, la que, al igual que Margarita Zavala en el período previo a las elecciones presidenciales, aparece como la más adelantada del panismo para la gubernatura de Chihuahua en 2021.

Y es que no tiene asidero, por ningún lado, ni por el de las aspiraciones políticas, ni por el de los ingresos buscados, ni por el de las economías de quienes son los más leales contribuyentes de las finanzas municipales, especialmente los que, casi como si fuera un ritual, abarrotan desde la madrugada, los primeros días del año (los más fríos) las cajas de las tesorerías municipales para pagar “el predial”.

Por supuesto que la mayoría de quienes acuden en esos días y horas son quienes mayormente podrían resentir un aumento desproporcionado en ese impuesto, al que, ya sabemos, deben sumárseles los del resto de mercancías y bienes del principio de año, de ahí la impertinencia de la elevación del impuesto predial de semejantes proporciones.

Lo peor, el daño, para la imagen de la alcaldesa, está hecho, aún con la rectificación, la que, por supuesto, le permitirá efectuar un control de daños y evitar que se convierta en un problema político electoral, lo que, de todos modos, no le ahorrará que en el futuro, cuando lo necesiten, sus opositores recrearán alegremente aquel anuncio.

El momento de ese video lo recordará la alcaldesa chihuahuense… y también los habitantes de la capital.

Algo parecido sufrirá en estos días el presidente electo de México. La consulta para definir la continuidad o no del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se convertirá en uno de los peores momentos a recordar por el equipo que se apresta a gobernar el país.

Más valía que se hubiese anunciado que la decisión la tomaría el tabasqueño, apoyado en las evaluaciones de su equipo, de todo tipo, no sólo las de carácter estrictamente técnico, sino las de tipo ético acerca del complejo y sospechoso proceso de la elaboración del diseño y las licitaciones, así como el de la construcción hasta ahora realizada.

La simple enumeración de las fallas de la realización de la consulta -algo inimaginable en este momento, dados los avances informáticos- acarrea una consecuencia peor para los planes y modos de gobernar de López Obrador: La desconfianza acerca de la credibilidad de un ejercicio como el actual, que debió contar con la participación de un conjunto grande de organismos de la sociedad civil, no identificados con los poderes fácticos, y que cuentan con una amplia experiencia en ejercicios ciudadanos, que le hubiesen imprimido una mayor calidad a uno de los primeros experimentos de lo que debiese ser uno de los caminos en la construcción de un sociedad democrática, en el pleno ejercicio de la democracia participativa.

¿QUIEN SIGUE?.- La noche del miércoles anterior fue asesinado Julián Carrillo, líder de la comunidad Coloradas de la Virgen, cuya lucha, de más de 20 años en contra de la “la explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales de la zona”, como informó Amnistía Internacional, por algunos terratenientes que se habían apropiado, de manera fraudulenta, “de las tierras pertenecientes a los rarámuris para entregarlas al crimen organizado” ha cursado por el desdén gubernamental, incluso ante la magnitud de la tragedia sufrida por la familia del líder rarámuri, hoy victimado.

A partir del 2014 la familia de Julián había sufrido el asesinato de 5 de sus integrantes y ahora el de Julián, a pesar de las denuncias presentadas por él, por las constantes amenazas sufridas que le llevaron a que su comunidad y él mismo quedaran bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para derechohumanistas que el Estado Mexicano (el gobierno de Chihuahua incluido) les debía otorgar.

De nada sirvió.

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Retos, como si fuera el lejano oeste

El Diario, 25 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Que las fuerzas estatales sufran 9 ataques criminales en 8 días, algunos de ellos en sus instalaciones; que el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, acuse -una vez más- a los policías estatales de estar involucrados en distintos hechos criminales y que el Fiscal de la Zona Occidente responda lanzándole “un reto” al alcalde para que le “compruebe” ese dicho, son solamente facetas de la extremadamente severa crisis de inseguridad pública existente en la entidad.

Pero que el mandatario chihuahuense se lance en una entrevista “banquetera” a desestimar las declaraciones del alcalde Tena y asentar que “solamente dará respuesta a las acusaciones que se sustenten en una denuncia”, en lugar de, como se presume ante un hecho tan importante, entablar una relación cercana con el edil y con los jefes de las corporaciones policiacas y militares necesarios para establecer una adecuada estrategia que permita enfrentar la ola criminal existente en la zona occidente de la entidad.

Más grave aún que el fiscal de esa región, en lugar de tomar al pie de la letra las denuncias realizadas por Tena, para tomarlas en cuenta, a fin de investigarlas, como es su obligación ¿Que se necesita la formalidad de la presentación de una denuncia? Obviamente, sí, pero las autoridades procuradoras de justicia en Chihuahua no están para, a bote pronto, acríticamente, salir en defensa de los elementos de la corporación estatal, ante las graves acusaciones de un presidente municipal que cuenta, además de la votación recibida en la elección de julio pasado, un amplio y luengo reconocimiento de la sociedad cuauhtemense.

Esos diferendos se dieron exactamente el día en que aparecieron 6 cadáveres decapitados en Creel que, aunque no se ubica en el municipio de Cuauhtémoc, forma parte de la, quizá, zona más devastada de Chihuahua por la violencia -durante años- y ante lo cual lo urgente, lo humanamente necesario, es que las autoridades, de veras, actúen coordinadamente y no escenifiquen los diferendos que ahora abordamos.

Porque los ataques a los policías -particularmente a los estatales- y sobre todo en Juárez, nos develan que estamos ante una escalada de la violencia delincuencial con un claro objetivo intimidatorio.

Sin duda podemos desestimar los dichos de la autoridad, en el sentido que las agresiones obedecen a los aciertos de las fuerzas de seguridad. Al contrario, el avance de las bandas criminales, los territorios que controlan, en constante crecimiento, las cifras homicidas, con incrementos verdaderamente preocupantes y el lento aumento de la mayor parte de los delitos concurrentes, o derivados, en el tráfico de drogas, nos obligan a rememorar la aciaga época del 2008-2011.

Más de un lector pudiera pensar que los ataques a los poliestatales no es un asunto tan serio, que finalmente son agresiones a los uniformados, pero nada más.

Lo sucedido es de la mayor gravedad, están pretendiendo sobajar la resistencia de las corporaciones -más allá de si están o no penetradas por las bandas criminales-. Los ataques son más que directos, a plena luz de día, hasta en los centros policiacos y eso conlleva un grave deterioro de la seguridad pública, situación que debería a las autoridades -a todas- a actuar con más mesura, a emitir posturas más reflexionadas y, por encima de todo, a actuar coordinadamente.

Y es que lo señalado por el alcalde de Cuauhtémoc es de la mayor seriedad: “la llegada del Mando Único (de las fuerzas estatales a Cuauhtémoc) solamente incrementó extorsiones y ataques contra los policías preventivos…”.

Y fue tajante: “No los necesitamos, mucho menos estarlos manteniendo”. (Nota del Staff, Diario de Chihuahua, 24/X/18). Al tiempo que reiteró que en el “levantón” de un policía municipal (Jesús Alejandro Andrade), los estatales “no quisieron apoyar, estamos investigando porque la línea de investigación que nosotros traemos, aún sin ser investigadores, indica que están involucrados ciertos policías y no son policías municipales”. 

No fue lo único, dijo: “Sé que va a causar cierto cosquilleo lo que estoy diciendo, pero lo tenemos que hacer público porque los medios deben saber lo que está sucediendo y si se fueron sin avisar (los policías estatales salieron de Cuauhtémoc sin aviso alguno, sin notificar a la alcaldía que se iban, nada), tampoco se van a quedar con los brazos cruzados y van a buscar alguna venganza contra la corporación”.

¿Son palabras que se responden con bravatas oficiales?

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Tortura policiaca, siempre presente

Mega Radio 860, Juárez; Aserto Multimedia, 22 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Nunca se va, ahí está, no nos deja, reaparece sólo para recordarnos que ese es un signo característico de la enorme debilidad institucional del país y de las gigantescas carencias en materia de procuración de justicia, fenómenos ante los cuales la incidencia criminal, la impunidad delictiva y la colusión oficial y policial son caras de lo mismo.

El último episodio de tal estado de cosas en la policía municipal de Juárez nos lo ofrecieron dos espectáculos dantescos, el del video en el cual unos  policías municipales torturaban a un detenido, supuesto sicario, y luego el asesinato del elemento que, supuestamente, hizo circular las imágenes, esto último descartado por la fiscalía zona norte, sin embargo, la coincidencia de los hechos; además de los rumores en la dependencia llevan a pensar en lo contrario.

Pero lo anterior ocurrió en los días en los que las fuerzas criminales desataron una intensa cacería en contra de los policías estatales, incluso hasta en los centros de mando de la corporación. En todas partes, a toda hora, cuyo mensaje es diáfano y estremecedor: No tendrán reposo, ni protección en lugar alguno.

Todo lo anterior ya nos había ocurrido, la sociedad juarense ya conoce esta película de auténtico terror, sólo que ahora existe una enorme diferencia: A de la oleada 2008-2011 las fuerzas federales brillan por su ausencia.

Si en esos años quienes encabezaron las prácticas de tortura fueron las fuerzas militares, ahora son los polimunicipales. 

Los resultados son los mismos: Se eleva el número de casos de personas torturadas, no se eleva el de los casos resueltos, al contrario, el involucramiento de policías con la delincuencia aumenta, por tanto, crece el número de hechos de sangre, de enfrentamientos, tanto, que empieza a afectar al resto de la sociedad en dos aspectos, centrales para la vida de la comunidad, el de que en los enfrentamientos caen víctimas no involucradas, ni en los hechos ni en las causas directas de las ejecuciones y, porque se eleva la incidencia delictiva de otros delitos, los cometidos por las bandas criminales en busca de mayores y crecientes fuentes de financiamiento ante los requerimientos de la guerra desatada.

Ante ello, la tortura aplicada por elementos policíacos es sólo una parte del problema, es su principal evidencia, porque pone bajo la luz pública, la salvaje colusión policial con las fuerzas del crimen organizado y el hecho de que estén involucrados altos mandos de la corporación, necesariamente debiera llevar a la autoridad municipal, primero, a poner un hasta aquí e iniciar una verdadera investigación y depuración de la fuerza municipal, sin duda fuertemente infiltrada por las bandas criminales, al grado que algunos de sus elementos fueron capaces de cometer los dos hechos criminales, centrales del comentario de hoy, la tortura y grabación al detenido y el asesinato de Miguel Ángel Salas López, segundo comandante del grupo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que, sin duda, devela un mar de corruptelas sin par al interior de la corporación.

Tal estado de cosas no puede dejarse de lado, debe iniciarse, de inmediato, una revisión de toda la fuerza policíaca municipal para aplicar todas las medidas correctivas necesarias, además de las sanciones a quienes hayan incurrido en alguna acción irregular.

Hacerlo es de la mayor urgencia, lo ocurrido en Acapulco recientemente no está tan lejano de nosotros, la intervención de las fuerzas militares, sustituyendo a la policía no es, en sí, negativo, lo malo es que refleja el grado de podredumbre a lo que llega una corporación municipal como para que sea relevada de sus funciones.

Lo anterior cobra vigencia, también, para las fuerzas estatales acantonadas en Juárez, los ataques sufridos por sus elementos, con saldos de varios heridos y muertos, es reflejo de la gravedad de la inseguridad en la entidad, ante lo cual, cuesta dolor decirlo, se advierte cuán poco se hace en esta materia.

El pasmo gubernamental da terror.

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Despidos, incongruencia al límite

El Diario, 21 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

El desmentido a las declaraciones del gobernador Javier Corral vino de una fuente inobjetable para él: 

“El Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) revirtió 150 despidos de personal que trabaja en los hospitales, luego de los problemas que se han suscitado en la prestación del servicio. A raíz de que fueron publicadas fotografías de médicos limpiando camas en el Hospital Central, el secretario de Salud, Enrique Grajeda, sostuvo una reunión con la dirigente del Sindicato de Ichisal, Sofía Calzadilla, y se acordó que 150 personas que fueron despedidas puedan regresar a sus puestos de trabajo en las próximas horas”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 18 de octubre de 2018).

Y es que el mismo día el gobernador Javier Corral había negado que se hubiesen tocado “áreas sensibles” en la ola de despidos de empleados del gobierno del estado. “Nosotros no vamos a despedir a ninguna enfermera, a ningún médico, a ninguno que ocupe un puesto sustantivo”. (Nota de Orlando Chávez, 18 de octubre de 2018).

La clasificación del gobernante de esas áreas, al parecer, es errónea, pues en el hospital de Cuauhtémoc los médicos y enfermeras debieron hacer trabajos de limpieza y de preparación de comidas, ante la decisión de despedir a varios empleados que desarrollaban tales servicios, fundamentales para el funcionamiento de las unidades médicas y en el hospital Infantil de Chihuahua escasearon los médicos especialistas el viernes.

Es incuestionable que el gobierno de Chihuahua deba disminuir sus gastos, la situación financiera es de verdadera emergencia, el endeudamiento dejado por el gobierno de César Duarte fue al límite, cuyas consecuencias ahora pagan los chihuahuenses.

Se usaron millonarias cifras para costear el gasto corriente -preferentemente-, una buena parte, quizá la mayor, en las áreas de salud, educación y seguridad pública, sin que existieran los ingresos necesarios para solventarlo y recurrieron al expediente del endeudamiento.

Ese déficit era -es- del orden de los 5 mil millones de pesos y las vías para enfrentarlo estaban -están- agotadas, de ahí que el gobierno de Javier Corral estaba obligado, al asumir el poder, a realizar una muy escrupulosa tarea financiera, para la que no contarían con el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre esas acciones, además del recorte del personal no necesario, de los trabajadores de base, debieron incluir un adecuado diagnóstico de los puestos de los primeros niveles y sus salarios, para ajustarlos a la baja, además de una drástica reducción de todos los gastos, y la eliminación de los suntuarios.

En lugar de lo anterior, aunque sí hubo despidos de personal, la realidad es que, en muchos casos, los despidos fueron acompañados de nuevas contrataciones y, por añadidura, con la creación de nuevas dependencias.

Por ningún lado apareció la disminución de salarios de los funcionarios de los primeros niveles. Y el mejor ejemplo de ello es que Javier Corral gana 39% más que César Duarte, casi 50 mil pesos mensuales más.

Los primeros meses del gobierno del amanecer fueron de escándalo. No se daba crédito al fenómeno que ocurría frente a los ojos de los chihuahuenses: De repente le brotaron capacidades, preparación e historial, además de unas enormes ganas de “servir” en la administración pública, a infinidad de esposas, hermanas, primos, primas, etc. de muchos funcionarios de los primeros niveles, que aparecieron en toda la estructura del gobierno de Chihuahua.

Estábamos frente a una nueva versión del nepotismo, el encubierto. 

Yo no la nombré, fue el argumento recurrente; no depende de mí; está en una área ajena a la del Poder Ejecutivo; ese nombramiento no encuadra en la figura del nepotismo, argumentos usados para justificar lo que fue un verdadero tsunami de los panistas sobre el gobierno.

No hubo nada de las medidas adecuadas pero sí un increíble número de conflictos de distintos sectores de trabajadores de las dependencias estatales: Maestros de educación básica; de la educación media y media superior; agentes estatales; personal de la fiscalía, de los penales; de los hospitales.

Todos bajo un denominador común, la falta de pagos, o de prestaciones en distintos momentos.

Nade eso coincide con la frase del gobernador Corral de trabajar para “los que menos tienen, los que menos pueden y menos saben”, actitud que, al empezar a conocer a detalle el perfil de muchos de los despedidos, cae estrepitosamente.

¿Con qué calidad moral se presiona a un trabajador, a punto de la jubilación, a que la acelere?

¿Con qué argumentos “humanistas” se presiona a los trabajadores más vulnerables de la administración estatal a que firmen su renuncia, en lugar de despedirlos de acuerdo con lo establecido en la ley?

¿Cómo justificar el despido de una persona con más de 10 años de antigüedad con sumas insultantes?

¿Cómo compaginar esta medida con las no pocas exhibiciones del despilfarro gubernamental, como la privada fiesta del 15 de septiembre, (en la que se gastaron casi ocho millones de pesos) o los distintos “encuentros” organizados por el gobernador Corral, además de las cuestionables sumas empleadas en la televisión local, en la impresión del semanario “Cambio 16”, o los gastos que algunos de los funcionarios del primer círculo derrochan; o los viajes a París hasta por 19 días de la secretaria de la Cultura ?

¿Cómo compaginar el despido de cientos de empleados, con la creación de una dependencia, la Coordinación del Gabinete, cuyos gastos rebasan los 30 millones de pesos al año; o con los eventos, como el más reciente, el “Encuentro Anticorrupción”, cuya celebración pudo hacerse en la ciudad de México -con el consiguiente ahorro- en virtud de que la sociedad chihuahuense estuvo ausente, tanto en las exposiciones, o como asistente, con un costo que rebasó los 4 millones de pesos?

Los casos anteriores son, solamente, ejemplos de la enorme gama de actos, eventos, plazas, programas que pudieron evitarse con el objetivo de disminuir, de verdad, el gasto ordinario del gobierno de Chihuahua, pero todo eso debía contar con la voluntad, auténtica, del grupo gobernante.

No existió y ya entrado en la segunda mitad de su gobierno, Javier Corral no parece que emprenderá ese camino, menos si, como se rumora, a juzgar por la ruta de sus acciones en el cultivo de las élites de la Ciudad de México, así como el de los medios de comunicación del centro del país, aspira a la candidatura presidencial en el muy lejano 2024.

Y si la medida es de por sí altamente reprobable, al momento de analizar al detalle saltan hechos verdaderamente deleznables que refutan el carácter “humanista” de quien gobierna a los chihuahuenses.

No de otra manera se puede catalogar el despido de Carlos García Chávez,  hermano de Jaime, el líder de Unión Ciudadana, quien fungía como supervisor en la Secretaria de Hacienda, con cerca de los 30 años de trabajo y a quien, al momento del despido les alcanzó para espetarle: “Y no creas que es por tu hermano”. No, ¿Cómo crees?

Interrogado Corral, además de negar que se tocaran “áreas sensibles”, develó ser el autor de la estrategia consistente en darle “prioridad a que se concreten jubilaciones, para reducir la nómina”!!!!. (Ibídem).

Además, refutó a la realidad al declarar que “el recorte que se está realizando es sólo en personal de confianza en áreas administrativas…”, para luego alcanzar cumbres muy altas en los recursos demagógicos al afirmar que la política de despidos en su gobierno “cumple con la política de reducción de personal y austeridad que ha planteado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”. (Ibídem).

¡Híjole, no hay medida!

Corral enfatizó en que les estaban dando “la alternativa a quienes ya estaban por jubilarse o que ya estaban jubilados”, además de darles “la opción de salir a quienes han expresado su deseo de hacerlo”. (Ibídem).

Ahí están, en unas cuantas líneas la estrategia de los despidos, expresadas por el máximo responsable de ellas quien, ante los múltiples casos de presuntas corruptelas, ha defendido a sus subordinados, tratando de esa manera de desvirtuar lo que es una realidad, la de que las finanzas estatales caen a pedazos y las consecuencias se empiezan a apreciar en la baja en los índices de salud y de educación y de los cada vez más elevados índices delictivos.

Y ahora nos aclara que, cuando prometió que no despediría a nadie, se refería a los trabajadores sindicalizados, por eso lanzan a la calle a quienes no tenían base, sólo contratos temporales, que no acumularon antigüedad, no sindicalizados -es decir, sin protección alguna- y que no eran, por supuesto, los empleados de confianza. De ese modo, no se malquistó con la burocracia sindical.

ADIOSES INCONSTITUCIONALES.- ¡Qué manera tan lamentable de terminar su gestión los consejeros electorales! Se despiden sirviéndose con la cuchara grande, con milenarios bonos por “término de gestión”, cometiendo una flagrante violación a la ley!

La obtención de esos bonos está prohibida en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado de Chihuahua (Art. 23, Frac. XXI) y en la de Presupuesto del Gobierno de Chihuahua (Art. 61).

No pueden alegar nada, se comprometieron a respetar la ley y hacerla respetar, hoy se van con el descrédito y la crítica de una sociedad que apenas asimila los despidos de centenares de empleados del gobierno, en tanto, la élite gana salarios de insulto.

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Pavos, cenas, fiestas… todo, en tanto despiden médicos

Aserto.mx, 20 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Son estrujantes los relatos, más el dolor y el sacrificio de los padres de familia que deben arrostrar, además del sufrimiento de ver el padecimiento de sus hijos, tener que soportar la gravísima indolencia y hasta el menosprecio de los gobernantes ante el sufrimiento de los dolientes.

Las escenas son del legendario Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, sin duda una de las instituciones médicas que mayor confianza y alivio le han proporcionado a los chihuahuenses a lo largo de décadas, merced a una de las cosas más preciadas para los padres: Observar cómo las manos de médicos y enfermeras logran sanar a sus hijos.

Pero para lograr la atención de un médico especialista, con cita hasta después de un mes, los padres debieron hacer largas filas y pasar la noche afuera del hospital, precisamente en los días recientes en los que arreciaron las bajas temperaturas, sin que autoridad alguna hiciera algo hospitalario al respecto.

En su defensa, el nuevo Secretario de Salud, Jesús Grajeda, adujo que sólo cuentan con un sólo médico de las especialidades de neurología, otorrinolaringología y paidosiquiatría ¡PARA TODO EL ESTADO! Pues ese hospital es el único en la entidad y que no existen médicos en todo el país para cubrir las plazas vacantes.

Pero el portal La Opción ha publicado dos sendas listas de médicos -la mayoría especialistas, algunos de ellos con tales especialidades- que fueron despedidos merced al recorte presupuestario de la semana.

Pero el otro aspecto, el de ofrecer alivio a los padres y acompañantes de los infantes, o siquiera un resguardo nocturno, y sillas en donde esperar a que les otorguen turno a sus pacientes, merece ser atendido de inmediato ¿De dónde obtener los recursos?

Sencillo, que este gobierno se declare sin dinero y, por lo tanto, que no habrá fiestas ni saraos para los privilegiados de Palacio y sus amigos.

En la celebración de los actos del 15 de septiembre del año anterior y el presente, el gobierno se gastó 13 millones de pesos; casi 4 en el Encuentro Anticorrupción; 1.5 mdp en la instalación de un ¡Viñedo!; empleará 3.6 millones de pesos en la compra de pavos para, no solamente los trabajadores del gobierno del estado, sino para enviar a los amigos del gobernador (el año anterior envió piernas de cerdo, acompañadas de los ingredientes necesarios que la receta que las acompañaba requería), en total, solo en estos rubros, ¡22 millones de pesos!

¿Podrían ser suficientes como para contratar médicos, construir un pequeño albergue y dotarlo del presupuesto necesario para que atienda a los papás foráneos del Hospital Infantil?

Y si querían ahorrar ¿Cómo justifican la compra e instalación de la mega pantalla al lado del Hospital de la Mujer en Juárez -con un costo de 4 millones de pesos- en tanto despiden médicos, enfermeras, maestros de música e intendentes?

Dos varas en el gobierno

El Diario,18 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Impactada la sociedad chihuahuense por la extensión, número y calidad de empleados de gobierno del estado despedidos a causa del grave quebranto de las finanzas estatales, la indignación corre pareja al conocerse diversas informaciones que dan cuenta de los desmesurados privilegios de la totalidad  de los integrantes de la clase gobernante local de los primeros niveles.

Claro que los gobernantes chihuahuenses no son la excepción, al contrario, en los días que corren se van quedando en minoría frente a los del resto del país ¡Qué paradojas de los que tanto presumen que somos “el laboratorio político del país!. Tal frase no resiste el menor análisis serio.

¿Cómo no comparar las escenas de decenas de personas despedidas, con las felices caras de nuestros gobernantes, a causa de sus escandalosos salarios y prebendas?

Y más cuando, como en los días que corren nos enteramos de las desmesuradas cantidades que recibirán por fin de año, los diputados, y por el término de sus actividades, los consejeros electorales. Enervan, aún más, las justificaciones de varios de ellos, y las explicaciones del porqué no las han disminuido.

Agréguele a esa explosiva información la de que el gobernador Javier Corral gana alrededor del 40% más que el ex gobernador César Duarte: “El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, percibe cerca de 50 mil pesos más que lo que percibía el mandatario estatal en el 2015, teniendo hoy en día un salario de 170 mil 73 pesos en sus manos cada mes, cuando hace tres años el cargo ostentaba un sueldo de 122 mil 379 pesos mensuales”. (Nota de El Diario de Chihuahua | Martes 16 Octubre 2018).

Igual ocurre en el caso del Secretario General de Gobierno, quien percibe 50 mil 323 pesos más de lo que percibía hace tres años el Secretario General de Gobierno. (Ibídem).

Si esa noticia es una bofetada, lo resuelto por los consejeros del Instituto Estatal Electoral es aún peor.

Los señores acordaron otorgarse un bono de 100 mil pesos, de despedida, para los tres consejeros que se van y, además, aprobaron recibir una compensación cercana a los 435 mil pesos, correspondientes a los tres años de su desempeño.

“Al término del encargo de las consejeras y consejeros Electorales del Consejo Estatal, así como de la persona titular de la Contraloría, tendrán derecho a una compensación de 90 días de salario y a una prima de antigüedad de 15 días por año”. Según consigna la reportera Itzel Ramírez, con base en el “acuerdo denominado Manual de remuneraciones y prestaciones para los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua”. (El Diario de Juárez, 17 de Octubre 2018).

Todo ello, a pesar de la prohibición expresa, para esos fines, aprobada por el Congreso del Estado, a iniciativa del entonces gobernador Patricio Martínez, luego de que los funcionarios de primero y segundo nivel del gobierno del panista Francisco Barrio se otorgaron millonarios bonos de despedida -por término de gestión- que implicaron un desembolso de poco más de 17 millones de pesos, de los de entonces.

Por los funcionarios electorales de Chihuahua no hay quebranto de finanzas que los alcance, tienen derecho, (también los trabajadores) según la normatividad interna, al bono por año electoral y del de término de funciones, “a un apoyo de becas, seguro de vida y de gastos médicos mayores”. (Ibídem).

Cosas de la congruencia de nuestros políticos, a esos bonos de despedida y de fin de gestión se opuso la representante ¡DEL PAN!

¿Sostendrá esa postura frente a la de sus compañeros diputados, a los que, con su trabajo y los votos de los chihuahuenses, hizo llegar a esos cargos y que ahora se despachan con la cuchara grande con los milenarios bonos de fin de año?

Por desgracia, los diputados del PAN no son los únicos, están acompañados en esa posición, por todos los diputados, y cuando decimos todos, son todos, incluidos los de Morena, que sí, han propuesto impulsar modificaciones en esos renglones pero hasta ahora ninguno ha anunciado su renuncia a las obscenas gratificaciones que recibirán por apenas tres meses de labores pues a sus ingresos de más de 160 mil pesos mensuales, sumarán 88 mil 420 pesos como gratificación anual o aguinaldo ¡Y un bono de productividad de mil 700 pesos cada uno!

¡No dejan ir una sola!

¿Se acuerdan del escándalo desatado por el bono de 100 mil pesos que se otorgó el entonces Secretario de Salud estatal, el doctor Ernesto Avila, que lo justificó, ¡Oh, pobrecito! achacándole a sus asesores que lo hubiesen convencido de aceptarlo, es que, “me dejé llevar”, dijo.

¡No puede ser!

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Las puertas de Palacio cerradas

El Diario, 14 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

¿Quién debió ser el principal expositor de la “cumbre anticorrupción” convocada por el gobernador Javier Corral?

¿Cuál experiencia es más emblemática del cómo una organización civil,  como repetidamente expresó la mayoría de los conferencistas del “Encuentro Nacional Anticorrupción”, descubre, investiga, procesa la información y presenta una más que documentada denuncia en contra de un gobernador en funciones?

Más aún, que esa denuncia se convierta en el catalizador de un enorme vuelco electoral, que lleva al gobierno del estado al legislador que más apoyó dicha denuncia.

¿Cuál de los muy destacados académicos, dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de los organismos autónomos y gubernamentales, asistentes a dicho encuentro, podría presumir de la construcción de un caso de corrupción, cuyas consecuencias son la base de un inmenso número de denuncias en contra del más grande grupo de ex funcionarios gubernamentales, acusados de corrupción los que, hasta el momento, todos han declarado ser culpables de los delitos imputados?

¿No sería lo más lógico que el autor de la principal denuncia en contra de César Duarte fuera uno de los principales expositores de una cumbre “nacional” anticorrupción”?

No es el único argumento. En su momento, el gobernante de Chihuahua, llegado a ese puesto, merced, fundamentalmente, a aquella denuncia, adujo que era una “robusta denuncia”, la que había obligado al ex gobernador a emitir una de las más escandalosas frases, la más emblemática del enorme cinismo de los gobernantes corruptos: “¡A lo macho que no me fijé!” (que había firmado un contrato por 65 millones de pesos).

Al paso del tiempo, las imágenes de aquel denunciante, impedido a acceder a la sede del “Encuentro” por un grupo de guardias, así destinados por el Gobernador Javier Corral para la custodia de ese evento, serán la viva imagen de la actual administración.

Sí, Jaime García Chávez debió darles una cátedra, práctica, a los brillantes teóricos (muchos de ellos protagonistas, también, de luchas concretas en contra de la corrupción) del “Encuentro” y relatarles cómo, desde la sociedad civil, se puede armar la acción ciudadana y empujar en la dirección correcta para combatir la corrupción, incluso en un entorno adverso, impregnado de violencia y represión, y del modo en que se puede construir una alianza con diversos sectores de la sociedad (incluidos amplios segmentos del entonces partido político opositor, el PAN) para pugnar porque la denuncia fuera procesada por las autoridades correspondientes.

La experiencia aportada por este caso es completa, porque llega hasta el momento en el que el nuevo gobernante pone toda la distancia posible de la organización ciudadana y se convierte en un paradigmático ejemplo de la incongruencia de la mayor parte de la clase política: “Las promesas son del corazón, no de la razón”, Pablo Cuarón dixit (Ex Secretario de Educación del gobierno de Javier Corral).

¿Cómo evaluarán, los muy renombrados invitados al “Encuentro”, las frases de Javier Corral quien, ante las preguntas de los reporteros sobre la protesta de Jaime y de Unión Ciudadana, declaró que era “irrelevante”?

¿Cómo puede declarar semejante cosa el gobernador que convoca a una reunión nacional contra la corrupción y que clama porque la sociedad civil se incorpore a dicha cruzada y le impide su participación a la principal y más importante organización de la sociedad chihuahuense en contra de la corrupción?

No hay defensa posible.

¿Y porqué le impidieron ese acceso al abogado García Chávez y a Unión Ciudadana?

Pues por las mismas razones que lo llevaron a denunciar a César Duarte; porque ha porfiado en que sean llevados a proceso judicial otros ex funcionarios del gobierno duartista, entre ellos el ex Secretario de Gobierno, Mario Trevizo, y el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, pero no solo, también porque ha insistido en que las prácticas de corrupción gubernamental son parte, también, de la actual administración.

“El Gobierno (de Javier Corral) es el más inútil, más ineficiente que registra la historia en los últimos 50 años”, dijo el otrora compañero de lucha del gobernante al inicio de una caravana realizada por Unión Ciudadana cuyo objetivo fue demandar “un alto a la justicia selectiva corralista y la corrupción política”. (“De barrer la corrupción a estar entre los acusados”, nota de Salud Ochoa, El Diario de Chihuahua, 12/X/18).

Y van a equivocarse los integrantes del grupo gobernante, como antes los duartistas. El número de participantes de las protestas no guarda relación con el grado de inconformidad social.

Debieran recordar que cuando gobernaba Duarte, un día se presentó García Chávez a “barrer” la corrupción en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Eran unos cuantos, nada de importancia, se dijeron los gobernantes. 

Menos de dos años después sufrían una de las peores derrotas en la entidad y la frase de campaña de Javier Corral, “llevaré a la cárcel al vulgar ladrón” galvanizó las preferencias electorales, luego de que Duarte fuera abucheado en infinidad de ocasiones, lo que evidenció el “humor social” en su contra.

Enfrentado a la mayor parte de los medios de comunicación locales, especialmente a quien fuera su casa editorial durante todos los años previos a la elección del 2016, El Diario, ahora Corral deberá arrostrar los numerosos trabajos periodísticos publicados en relación a su gestión, en los que se da cuenta de las corruptelas o excesos cometidos por una buena parte de los integrantes del grupo gobernante en Chihuahua.

“Entre foros, caravanas y mítines dedicados al tema del combate a la corrupción, el Gobierno de Chihuahua ha gastado millones de pesos que incluyen la compra de salmón, filetes y hospedajes en hoteles de alta gama para el círculo de políticos y analistas cercanos al gobernador Javier Corral. El desembolso incluye además los pagos por publicidad a medios, como Canal 28, que cobró más de 800 mil pesos por la transmisión de uno de los foros organizados por el mandatario el año pasado (“Encuentro Chihuahua”, celebrado en agosto del 2017)”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 11/X/18).

La lista de eventos es larga, todos documentados periodísticamente, la mayor parte de ellos obtenidos de las dependencias a las que se les ha solicitado la información vía Transparencia, e incluyen los suntuosos gastos de los invitados especiales, sus ingestas acompañadas de bebidas alcohólicas, los traslados, así como la difusión televisiva de los eventos, incluida la “Caravana por la Dignidad”; hasta la fastuosa celebración del pasado 15 de septiembre, en la que se gastaron casi ocho millones de pesos.

Todo ello en medio de las numerosas protestas y quejas de diversos sectores de la burocracia y magisterio estatales, por falta de pagos y/o prestaciones, o de pagos tardíos, así como de una elevada deuda a proveedores de gobierno del estado; y de una extensa lista de presumibles actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno corralista, entre los cuales se encuentran “múltiples casos de irregularidades por nepotismo, adjudicaciones directas superiores a los límites permitidos por la ley y conflictos de intereses, entre otros, (que) permanecen sin ser investigados ni sancionados”.

Los que iniciaron el mismísimo día de la toma de posesión cuando “su Gobierno inició la firma de contratos por 5.5 millones de pesos a una empresa de reciente creación y propiedad de la hermana del (entonces) síndico panista Miguel Riggs…”. (Nota de Itzel Ramírez/ El Diario, 10/X/18).

Luego, el ex secretario de Salud, Ernesto Ávila, acuñó otra de las frases emblemáticas de las corruptelas gubernamentales. Ante el cuestionamiento de la prensa, debido a que se había adjudicado un bono navideño de más de 100 mil pesos, con menos de tres meses en el cargo, adujo que “me dejé llevar”, por los consejos de sus subalternos, mientras crecían los rumores acerca de las corruptelas cometidas en su dependencia.

Vendrían después los escándalos de la contratación de la Coordinación de Comunicación Social, el uso lúdico de las aeronaves del gobierno de Chihuahua y otros casos no menos estridentes de una administración, cuyo titular le copió al ahora presidente electo una de sus frases más manidas: Gobernaremos sobre todo para los que menos tienen, menos saben y menos pueden.

No hay correlación con ella y la actuación del grupo gobernante.

Por lo pronto, nos quedamos con la más que profética fotografía de García Chávez. En la mañana del 4 de octubre del 2016, el día de la toma de posesión de Javier Corral, el activista se presentó a Palacio de Gobierno y abrió las puertas. La fotografía la publicó en su muro de Facebook con una frase: 

“No hay Estado ni gobiernos abiertos con puertas cerradas a los ciudadanos. Que nunca nadie, por ningún motivo, cierre las puertas de las instituciones representativas a los ciudadanos, origen soberano de todo poder político”.

Ahora se las cerraron (a él y a infinidad de ciudadanos) al evento del tema que ha sido su leit motiv de los últimos cinco años: La corrupción de los gobernantes.

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¡Ay, el fiscal Peniche!

El Diario, 11 de octubre de 2018

Luis Javier Valero Flores

Desatado el escándalo (bueno, no tanto, sólo en algunos sectores de la población, los más interesados en el devenir de la actual administración estatal) ante uno de los asuntos más escabrosos en el manejo de los recursos públicos y la actitud de los encargados estatales de procurar la justicia, como en muy pocas ocasiones un funcionario del más elevado nivel en la administración nos había ofrecido mayor prueba de incompetencia o de colusión que el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel.

El fiscal soltó unas inauditas frases con relación al tema: “Los recursos del fideicomiso (del Ficosec, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) no son públicos, pues se trata de aportaciones que los empresarios realizan y el Estado los administra (sic)”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua,10/10/2018).

¡Ay, mi licenciado Peniche! ¿Si no son públicos, entonces porqué los audita la Auditoría Superior del Estado? ¿Porqué el gobernador Javier Corral declara que los recursos del fideicomiso deben “transparentarse”? ¿Porqué el diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Fiscalización de la legislatura anterior, declaró que ese asunto ya era “pasado” y que si se quería hacer algo con ese tema, que presentaran “denuncia ante la fiscalía?

Nos podría dar una respuesta del porqué si tantos funcionarios PÚBLICOS, declaran sobre el destino y uso de los recursos económicos de ese fideicomiso, que sostienen que son PUBLICOS, usted sostiene lo contrario.

No sólo declaró lo anterior el fiscal acerca de las supuestas irregularidades encontradas en el ejercicio 2015, que involucrarían a Alejandra de la Vega, actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico,  a “los empresarios Luis Lara Armendáriz, Sergio Ochoa Muñoz, Luis Octavio Muñoz Corral, Cuauhtémoc García Hernández, Gabriel Gerardo Ortiz Hernán y Samperio, Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fornelli, Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson, todos miembros del comité técnico…”. (“Los amigos de Alejandra y la danza de los millones en FICOSEC”, Luis Rubén Salvador Trujillo, La Opción, 9/X/18).

Mario Dena es, además, el representante del gobierno de Chihuahua en Juárez.

Pero Peniche ya los exoneró pues estableció que “… hasta el momento se ha cumplido con los objetivos trazados tanto por el gobierno, como por el organismo empresarial”.

Y tales declaraciones las hace cuando se inaugurará el coloquio organizado por el gobierno de Javier Corral en contra de la corrupción. 

Para combatirla se necesitan, del principal encargado de hacerlo en Chihuahua, conocimientos jurídicos y voluntad política.

Es increíble que ante una denuncia pública, con muchos visos de una muy fuerte sustentación, el fiscal, casi de manera automática, exime de responsabilidades a los denunciados y al gobierno del cual forma parte y al cual defiende, incluso exhibiendo su ignorancia jurídica o su desarrollado reflejo condicionado para defender a la administración estatal y/o a los empresarios señalados en este caso.

No tiene defensa. Si cree que no son recursos públicos los manejados por el Ficosec, malo; si, sabiéndolo, afirmó lo anterior, peor.

No es cualquier cosa la denuncia:

En la auditoría 2015 al fideicomiso creado en 2012 para “fungir como instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminadas a apoyar la seguridad pública y la participación social ciudadana”, con los recursos recibidos por el pago de una sobretasa del 5% al impuesto sobre nómina, se encontró que los empresarios más connotados de Chihuahua ocuparon el Consejo Técnico, el órgano de gobierno del fideicomiso, y al mismo tiempo crearon “crearon nueve asociaciones civiles y contrataron asociaciones fideicomisarias, con sus propios nombres” a las cuales, rompiendo todas las reglas de ese organismo, les transfirieron cifras millonarias.

La fuente de la denuncia es inobjetable: El informe técnico de la auditoría de legalidad, efectuada por la Auditoría Superior del Estado.

Pero no hay problema, de acuerdo con el garante de la legalidad en Chihuahua, el fiscal Peniche, no cometieron ninguna irregularidad.

¿Con estos antecedentes habrá esperanza de que combatan la corrupción del actual sexenio, y presentarse como adalides de la cruzada anticorrupción?

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