Epoca de informes y reformas

Aserto, 26 de septiembre de 2012 LUIS JAVIER VALERO FLORES Si en el ámbito nacional el último informe de Felipe Calderón transitó sin pena ni gloria, quizá porque la opinión pública ya no se interesaba tanto en el mandatario saliente sino en el entrante, por muy distintas y variadas razones, en el local crecen las expectativas, no tanto por lo que se vaya a informar, sino porque, a pesar de todo, los relevos en el Poder Legislativo y en las alcaldías empiezan a despertar el interés ciudadano, tanto para participar en alguna de las opciones, como para ratificar, en una buena parte del electorado, la decisión de no votar por ninguno de los candidatos propuestos. Y justamente al límite de los plazos para efectuarle reformas al marco legal electoral, la mayoría en el Congreso del Estado, después de abortar en agosto la reforma política impulsada por el actual gobierno estatal, en los primeros días de septiembre decidió proponer, de última hora, cambiar la fecha de inicio del proceso electoral, y con ello contar con el tiempo necesario para efectuar las modificaciones constitucionales que desea el grupo gobernante en Chihuahua. La modificación de la duración de las gestiones de alcaldes y diputados locales a 4 años y la disminución, por única vez, del período del próximo gobernador, a 5 años, es la razón para que de manera intempestiva se pretenda realizar tal modificación al calendario electoral. Al momento de redactar no se sabía del contenido del resto de las propuestas que se pretende aprobar antes del 15 de octubre, nueva fecha fatal para la aprobación de reformas electorales. Pero más allá de lo anterior, y del contenido de las iniciativas de ley propuestas, sigue sorprendiendo que la totalidad de los legisladores continúen legislando en esta materia sin tomar en cuenta a nadie más, y sin informar previamente a la sociedad de las pretendidas modificaciones. No es cosa menor. Por lo menos dos de los asuntos son trascendentales: El de meter a los candidatos a síndicos a la planilla de candidatos a alcaldes y regidores; y la de desaparecer la prelación en la designación de los diputados de representación proporcional. Si faltaran argumentos para impugnar tales pretensiones, basta uno: Ninguna de las fuerzas políticas existentes en Chihuahua tiene en su programa de gobierno, ni en sus propuestas de campaña tales modificaciones. No nos dijeron, cuando le pidieron el voto a los chihuahuenses que iban a hacer tales cambios. ¿Por qué realizarlos a destiempo y, peor aún, rebasados los tiempos para efectuarlas, deciden modificar la ley que determinaba los tiempos fatales? Y si es criticable tal conducta, en todos los partidos, más cuestionable lo es en el caso del PAN, pues este partido, cuando tuvo en sus manos la mayoría parlamentaria local, fue quien aprobó las figuras que hoy pretende desaparecer, y el PRD, autor de las más avanzadas reformas contenidas en la actual ley electoral, sorprende por su increíble inacción. Y si tal es la conducta de las fuerzas políticas existentes en el Poder Legislativo en estos asuntos, muy pocas expectativas levantarán en el enjuiciamiento de la labor desarrollada por gobernador y alcaldes y, por tanto, muy poca oportunidad tendrá la ciudadanía de contar con mayores elementos para evaluar adecuadamente la actuación de César Duarte, en el ámbito estatal, y de sus respectivos alcaldes. Aun es tiempo de recuperar algo de aquel empuje ciudadano que llevó a que los chihuahuenses gozaran, así fuera brevemente, de los visos de una vida republicana, en el sentido que las fuerzas de oposición evaluaban, comentaban, criticaban y se abrieron los cauces para que existiera una potente discusión política. Quizá sea tiempo de regresar a esos tiempos y mejorar la vida democrática de la entidad.