El Diario, 19 de febrero de 2023
Luis Javier Valero Flores
El juicio que se le sigue a Genaro García Luna, secretario de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, está lleno de, por lo menos, cosas extrañas, estrambóticas, ilógicas.
Tal pareciera que la fiscalía de los Estados Unidos, a pesar del cúmulo de pruebas, evidencias, grabaciones, etc. que había afirmado contar con ellas, sólo hizo uso de las declaraciones, en su mayoría, de testigos protegidos o acogidos a alguno de los beneficios otorgados por el gobierno norteamericano a fin de que declararan en el juicio, incriminando a García Luna.
Lo contrario ocurrió en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ahí se presentaron material grabado y fotografías. Fue sentenciado a Caden perpetua.
De principio a fin -el martes podría conocerse el veredicto del jurado, que deberá concluir por unanimidad en cualquiera de los sentidos, culpable o inocente y si no sucede así, el jurado será disuelto y se efectuaría un nuevo juicio- el juicio transitó por veredas inesperadas desde que García Luna decidió apostarle a la celebración del mismo, antes que pactar algún acuerdo con la fiscalía.
Tal pareciera que los fiscales del caso decidieron dejar asentado en el ánimo del jurado que estaban frente a uno de los responsables de la gigantesca introducción de drogas a los EU y que, para demostrarlo, no necesitarían mayores soportes documentales.
Si lograron despertar ese ánimo en el jurado, entonces lo declararán culpable porque, importa insistir en ello, sus integrantes -en la mayor parte de los casos- no tienen el conocimiento jurídico que los llevara a emitir un dictamen con base en las declaraciones, pero soportadas por las evidencias de todo tipo que las sustentaran.
Si lo declaran culpable, entonces, en la segunda instancia, el ex Secretario de Seguridad Pública puede correr con mejor suerte porque ahí enfrentaría la determinación de un tribunal -de jueces- que valoraran todas las pruebas presentadas en la primera etapa.
Con una ventaja para él: Ninguna de las partes podría presentar nuevas evidencias de los cargos que levantaron:
Tres cargos por conspiración de narcotráfico (un cargo por conspiración para la distribución internacional de cocaína, otro por conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y otro por conspiración para importar cocaína), además, uno por participación continua a una organización criminal y uno por emitir declaraciones falsas a autoridades de Estados Unidos cuando solicitó la ciudadanía estadounidense en 2018.
Por ellos podría recibir una condena de 55 años o más en cárcel.
La defensa de García Luna criticó la “escandalosa falta de pruebas”. En el alegato insistió en la estrategia que aplicó a lo largo de todo el juicio: Desacreditar a los testigos de la fiscalía pues son “criminales que han mentido toda su vida”, más dos policías mexicanos que hablaron de corrupción dentro de las filas de la Policía Federal.
Las declaraciones, dijo el abogado De Castro -que es defensor de oficio, no contratado por García Luna- “son inconsistentes y desafían el sentido común”.
En cuanto a la falta de pruebas, la fiscal arguyó que “habiendo sido el acusado nada menos que el secretario de Seguridad, lo raro habría sido que dejara rastros de sus delitos”. ¡Híjole!
¡Reconoció la falta de evidencias para sancionar a García Luna!
¿Cómo puede ser eso?
Además, como lo pudo demostrar la defensa en varios casos, los testigos incurrieron en numerosas contradicciones en las declaraciones rendidas en otros juicios y el de García Luna. Sobresalieron las de Jesús “Rey” Zambada que ante cada contradicción solo espetaba un seco “no lo recuerdo”.
El desenlace de la causa contra García Luna, por supuesto, caerá como balde de agua fría en una buena parte de los mexicanos.
Fuimos testigos y víctimas de la equivocada estrategia de seguridad publicada aplicada por el dúo García Luna-Felipe Calderón, particularmente los chihuahuenses, aunque, por desgracia, no fuimos los únicos afectados por la más que evidente colusión de García Luna con el Cártel de Sinaloa.
El periodista Alejandro Páez aportó una información, que secundó la publicada en este espacio años atrás. Páez escribió que le “contó entonces (sexenio de Calderón) un especialista en seguridad –que luego tuvo que exiliarse–, que ‘Gente Nueva’, un grupo mercenario al servicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el Cártel de Sinaloa, traía ‘una lista de los líderes de La Línea, de tal forma que los sicarios llegaban a un domicilio, tocaban la puerta, confirmaban el nombre y luego disparaban”. (La Verdad de Juárez, 17/II/23).
Tal información coincide con la aportada al escribiente por una fuente digna de todos los créditos, consistente en que el ahora detenido, Luis Cárdenas Palomino, Director de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, con García Luna, intentó convencer a los integrantes de la Mesa de Seguridad de Juárez de apoyar la estrategia calderonista de propiciar la derrota y extinción de los integrantes del Cártel de Juárez, para “luego, ya con un solo cártel en la plaza -el del Chapo Guzmán- controlarlo y terminar con él”, dijo.
No era lo único, en esos años El Diario publicó, en varias ocasiones, que las detenciones de supuestos criminales, efectuadas por los 3 órdenes de gobierno, guardaban una desmesurada proporción de 3 a1 o hasta 4 a 1, en favor del Cártel de Sinaloa.
Y no solo fue esa parte, sino, también, la monstruosa colusión de numerosas autoridades, de todos los niveles, con las bandas del crimen organizado, entre las que sobresalieron las presuntas corruptelas y acciones atrabiliarias achacadas a García Luna, aquí, en México.
Por eso sorprende que el actual gobierno mexicano, tan enfrentado a Felipe Calderón, no hubiese iniciado lo necesario para llevar ante los tribunales nacionales a ambos personajes, y ahí, se demostrara la culpabilidad de ellos, de acuerdo con las pruebas aportadas por la fiscalía de Alejandro Gertz Manero.
En lugar de hacer lo que la ley les faculta, decidieron apostar su suerte -en este caso- a la justicia norteamericana, la que, obviamente, no señaló a ninguna autoridad de ese país como participante de la extensa red del narcotráfico que hizo posible, en sus alegatos en este juicio, la introducción de la droga a su territorio, sin la ayuda, o participación de agentes o dependencias de los EU.
Así, la sorpresiva cobertura de la presidencia de la república al juicio puede llevar a que el gobierno de López Obrador se tope con una realidad que debió, estaba obligado, prever antes de apostar su resto a que los tribunales de EU hiciesen lo que debió hacer el ahora encabezado por el tabasqueño.
Porque, ni allá, ni acá, en ese juicio fue sometida al escrutinio judicial -fuera de García Luna- ninguna autoridad mexicana o norteamericana.
Al presidente no le gustó que el abogado del exsecretario de Seguridad Pública le preguntara a Jesús Reynaldo, el Rey Zambada, que fue quien acusó a García Luna de trabajar para el Cártel de Sinaloa, si le había dado 7 millones de dólares en 2005 para una campaña contra el presidente Vicente Fox, y hasta llegó a considerar como menos malo al narcotraficante. “Este abogado falsario, calumniador, chueco… resultó más derecho Zambada”.
El abogado César de Castro le preguntó a Zambada sobre esa acusación, con base en una declaración que hizo el narcotraficante ante los fiscales estadounidenses en 2013.
Tal declaración la repitió en 2019, como testigo de la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán. En ese entonces la fiscalía norteamericana intervino para que no se mencionara al ya para entonces Presidente.
Ahora Zambada se retractó.
Los mexicanos esperaban -esperamos- que se aplicara la justicia y se condenara al operador de la estrategia de Felipe Calderón y que, al mismo tiempo, abriera la oportunidad de iniciar los necesarios procesos a los funcionarios federales, y por supuesto, muchos estatales, responsables de la increíble y gigantesca colusión con el crimen organizado.
Pero los primeros indicios de lo guajiro de ese sueño los dió precisamente el gobierno que más empeño -mediáticamente- ha puesto en que se castigue a esos dos ex funcionarios y en orearse como el del sexenio en el que se acabó la corrupción:
Cuando el gobierno norteamericano accedió a expulsar al Gral. Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa con Peña Nieto, bajo la promesa de que acá se le investigaría y se le procesaría por los cargos levantados por EU, más los que acá se acumularan.
En cuanto tocó tierra Cienfuegos, fue liberado.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
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