¿Y “Chacho” Barraza qué?

El Diario, 31 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

La posibilidad cierta de que el empresario José Luis Barraza alcance el número de firmas necesario para obtener la candidatura independiente al gobierno de Chihuahua está muy cercana. El viernes pasado informó contar con poco más de 71 mil, de las 76 mil exigidas por la ley.

Si bien no alcanza las dimensiones sociales del “Bronco” Rodríguez en Nuevo León, el hecho de reunir tantas adhesiones a su candidatura lleva a muchas conjeturas y a varias conclusiones, por demás importantes para el momento político actual.

A principios de la semana (luisjaviervalero.blogspot.com) nos hacíamos la siguiente pregunta: “¿Cuál es la razón por la cual un empresario, llegado a las grandes ligas empresariales del país de manera tan cuestionada, José Luis (Chacho) Barraza, decide lanzar su candidatura independiente al Gobierno de Chihuahua, sin contar con antecedentes sociales o políticos que lo llevaran a creer que la ciudadanía se pudiera volcar en su candidatura?

Quien sabe”.

Conforme pasan los días va confirmándose la percepción de que las varias regulaciones establecidas para acceder a las candidaturas independientes sólo pueden ser superadas por dos mecanismos: Uno, el de contar con una auténtica base social, esto es el de estar frente a un auténtico fenómeno social y, dos, el de poseer (de manera propia o porque quienes apoyen al aspirante cuenten con suficientes recursos) una fortuna propia.

Y si nos apuran, para acceder a una candidatura en los grandes centros urbanos o en una entidad, se requiere una mezcla de ambos factores.

Sin embargo, y dado lo que hasta el momento se ha presentado en la entidad, es evidente que en muchos casos privará el de contar con una elevada fortuna para acceder a la candidatura independiente.

Si hasta unos días atrás uno pudiera colegir que detrás del proyecto de Barraza había un fuerte respaldo empresarial, hoy, con sus declaraciones y lo sucedido en los días recientes, así como las informaciones que le van llegando al escribiente, nos llevan a la conclusión que estamos frente a un proyecto empresarial, de cuyos integrantes y objetivos nos enteraremos, quizá, después de las elecciones.

Si el anuncio que hiciera en el Encuentro Empresarial de Coparmex (en octubre pasado), en el que anunció la creación de una iniciativa -“Chihuahua Primero”- llamó la atención que se realizara en el seno de esa reunión nacional, clausurada el mismo día por el Presidente Peña Nieto, en lo que llevaba implícito el apoyo de la cúpula empresarial que le da trabajo al 36% de la planta laboral en el país y cuya cercanía con el panismo lo llevó a que en algún momento -2003 al 2006- más de 30 de los diputados federales del blanquiazules tenían como antecedente el haber sido dirigentes del organismo empresarial y que hoy mismo la aparición de Barraza, en primer lugar, y luego la de Luis Enrique Terrazas, como aspirante a la alcaldía de Chihuahua, nos llevan a pensar, o en una ruptura del PAN con el sindicato patronal, o en una jugada en la que todo apunta a que los empresarios deciden utilizar, por sí y para sí, los resquicios que les ofrece la legislación electoral, sin las molestias de los filtros partidistas y sin el desprestigio de los partidos políticos.

De veras: 

¿A poco podemos creer que, de repente, un día se levantó José Luis Barraza con la convicción de que su participación era necesaria para cambiar al país y que en ese proyecto no tenían, por lo menos conocimiento, algunos de los personajes del mundo de las finanzas y los negocios con los que mantiene relación desde hace años y que son, por puritita coincidencia, algunos de los hombres más ricos de México?

¿A qué viene a Chihuahua un rico empresario, que goza de las confianzas de la élite empresarial al grado de haber encabezado el Consejo Coordinador Empresarial, la misma que se espantó ante la posibilidad del triunfo electoral de Lopez Obrador en 2006 y entonces le abrieron la chequera para que contratara una campaña millonaria -exitosa- en contra del tabasqueño?

¿A qué viene a Chihuahua, entidad en la que los índices de credibilidad hacia los dos partidos mayoritarios no caen a los abismos en que se encontraban en Nuevo León y, por tanto, por fuerza, su aparición “le robará” votos al partido opositor, en este caso el PAN?

¿Acaso tienen estudios demoscópicos que los lleven a la conclusión de una estrepitosa caída electoral del PRI?

¿O están pensando en ganarle la delantera al candidato panista y entonces obligarlo a sumarse al proyecto de Barraza?

En cualquiera de los escenarios prevalece el principal cuestionamiento. 

¿Cuál es la razón para que una parte del empresariado haya resuelto lanzar a uno de los suyos a dirigir la entidad lideresa de la industria maquiladora, que mantiene el nivel de crecimiento económico más elevado del país y, ojo, crecimiento, no desarrollo económico?

Y si antes teníamos algunos indicios, la entrevista concedida por el aspirante al portal digital laopción.com (30/I/16) nos ofrece mayor información.

En ella, Barraza afirma que Jaime Rodríguez (El Bronco) fue quien le llamó para exhortarlo a que lanzara su candidatura y que Carlos Slim lo apoya en su intención de convertirse en gobernador de Chihuahua.

Ahora ya es del conocimiento público que el lanzamiento de “El Bronco” tuvo como respaldo a una parte importante del empresariado neolonés, entidad en la que residen la mayor parte de los empresarios más poderosos de México ¿Les llegó el momento, habrán pensado los capitanes de la industria y las finanzas, los ex propietarios de los bancos más importantes del país y que luego vendieron al extranjero para convertirse, solo, en socios y ejecutivos, de hacerse cargo de la administración pública?

¿Que hay en el futuro de Chihuahua, ahora tan apetecido por un sector de los empresarios mexicanos?

Cierto, hay un enorme rechazo, en amplias capas de la población, hacia los partidos, los políticos, los gobernantes y sus ambiciones; de tal magnitud, que nos han llevado hasta la actual coyuntura, pero, igual, quienes aspiran a los más elevados puestos de elección popular deberán esclarecer sus objetivos, plantear sus programas y planes de gobierno; no basta con levantar denuncias en lo general contra la corrupción y lo malo que está el país para llamar a la sociedad a apoyar a tal o cual prohombre.

No está fácil desentrañar lo que hoy ocurre en el proceso electoral, si Barraza obtiene el número de firmas necesario, y le son validadas por el IEE, entonces será un fuerte competidor del PAN en la obtención del voto opositor y dependiendo del candidato del PAN, lucharán a brazo partido por, incluso, una buena parte del voto panista, en tanto, con el voto duro del PRI -entre el 25 y el 30% de los votantes, no del electorado, incluso más cercano a la última cifra que a la primera- más los votos del PANAL, Verde y PT pueden contar con algo más del 37% de los votos que, ante la fragmentación de los otros dos adversarios de la derecha (PAN y Barraza) y habida cuenta que Movimiento Ciudadano obtenga alrededor del 2%, al igual que el PRD y un 3% de Morena, más el 1% de PES y 4% de votos nulos, lo que, en el papel, le daría el triunfo a Enrique Serrano.

Y eso, en el escenario pesimista para el PRI y, obviamente, optimista para los candidatos de la oposición, pero si el priismo logra neutralizar la emisión del voto opositor en Chihuahua (en la que le pesará al PAN, aún más, la candidatura independiente de Luis Enrique Terrazas a quien un numeroso grupo de panistas está apoyando) y en Juárez, con los equipos de Lucy Chavira-Marco Adán Quezada y Héctor Murguía, respectivamente, las cuentas, finalmente, le pueden salir muy alegres al priismo y al principal hacedor de esa estrategia, César Duarte.

Escenario tan favorable para el PRI en la capital pudiera ser mejor en el antiguo Paso del Norte pues en éste la aparición de varios candidatos independientes puede fragmentar aún más el voto opositor y permitirle al PRI salir avante el 5 de junio, no sólo con la votación a la gubernatura, sino también a la alcaldía, y llevar a Murguía a su tercera gestión municipal.

Más aún, en la frontera pareciera tener menor peso la posible candidatura de Chacho Barraza, además de que la votación del PAN está en un franco declive, a menos que la candidatura de Vicky Caraveo lograra prender -¡Otra vez este tema!- al voto opositor, cosa que sólo se apreciaría en el curso de la campaña; tienen a su favor, en Juárez, los candidatos opositores, que el porcentaje de votantes no identificados con partido alguno es mayor -el llamado voto switch- y que en el curso de las campañas puede optar por alguna de las candidaturas, ya sean partidistas o independientes, ajenas al PRI.

Por lo pronto, aún deberemos esperar para saber quienes serán los candidatos independientes (además del candidato del PAN a la gubernatura, cuya indefinición les podrá costar muy cara) pues hasta ayer ya eran 27 los aspirantes a diputaciones, sindicaturas y alcaldías.

Deberemos esperar un mes.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Pobres expectativas para los nuevos gobernantes

Editorial

Aserto 150-Enero 2016 

2016 es un año clave para la sociedad chihuahuense, es año de renovación de los órganos de gobierno locales, pero desafortunadamente no pareciera ser momento de la renovación, ni de los modos de gobernar, ni del modo de actuar de quienes aspiran a gobernarnos.

A pesar de los dichos de la actual administración estatal, encabezada por el ballezano César Duarte, el relevo no se hará en los mejores términos para la siguiente, independientemente del partido del que emerja el sucesor, pues tendrá serios impedimentos para darle cauce a las numerosas exigencias societarias que debe cumplir el gobierno estatal.

Ciertamente deberán reconocerse algunos de los logros más reclamados por el Gobernador Duarte, alcanzados por su desempeño, pero ellos mismos encarnan serios retos para la siguiente administración. El presupuesto estatal creció de 41 mil 800 millones de pesos, en 2011, el primer año de la actual administración, a 62 mil millones en 2016, el último, con un crecimiento, en términos reales, aproximado al 32%, descontando la inflación promedio presentada a lo largo del sexenio.

Este crecimiento -de una tercera parte- ha servido, según las afirmaciones, tanto del Gobernador Duarte, como de su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, para sustentar el gasto realizado en la construcción de los nuevos planteles y en educación; lo aplicado en materia de seguridad y, finalmente, en salud.

La apertura de los nuevos centros de educación y de salud -que acarrea más gastos de operación- obligará al nuevo gobierno estatal a restringir el ámbito de nuevos proyectos y nuevas obras, porque tendrá un muy escaso margen de crecimiento, tanto en el nuevo endeudamiento, como en el de la búsqueda de ingresos propios.

En el primer caso, de acuerdo con la nueva ley federal de deuda pública, la entidad ha llegado al tope del nuevo endeudamiento avalado por las participaciones federales, parámetro casi único utilizado por las empresas calificadoras y las otorgadoras de crédito, para otorgar nuevos empréstitos -en el caso de las segundas-, y para emitir buenas calificaciones a la capacidad crediticia, en el caso de las primeras.

Y en el segundo rubro, el de las fuentes propias, prácticamente está agotado pues no hay grandes resquicios que pudiera aprovechar el nuevo gobernante, que le permitiera iniciar grandes proyectos de nueva obra pública, ya que deberá emplear más de 3 mil millones de pesos al año para pagar la deuda, tanto la deuda directa, como la del fideicomiso carretero, -que ascenderá a cerca de los 50 mil millones de pesos al término del actual gobierno- lo que le limitará seriamente.

Ahí estriba una buena parte de la argumentación para criticar el desempeño de la actual administración, podrá coincidirse en que el endeudamiento no es malo, el problema está en qué tanto se comprometen los recursos con los que debieran contar las futuras administraciones, además del porcentaje de las finanzas públicas empleado para endeudarse.

Es en esta parte de la administración pública en la que mayores argumentos se pueden esgrimir para criticar el desempeño de todos los partidos políticos en Chihuahua pues una buena parte del endeudamiento fue aprobada por unanimidad, el PAN incluido, conducta que cambió en la segunda parte del sexenio, en la medida que se desataban los escándalos acerca de los supuestos malos manejos del actual gobierno y crecía la crítica a las distintas operaciones del financiamiento del gobierno estatal.

Queda para el rechazo ciudadano el proceso mediante el cual -y no sólo el PRI- se están designando a los candidatos al gobierno de Chihuahua. Adquiere mayor relevancia el del PRI, por obvias razones, pues es el partido gobernante en la entidad y la mayor parte de las alcaldías, además de ser la fuerza mayoritaria en el Congreso del Estado.

El suyo ha sido uno de los procesos más antidemocráticos del que se tenga memoria e hizo recordar, nítidamente, al partido del siglo anterior, el mismo que, fruto de sus errores, debió entregarle el poder al PAN, hoy repite las mismas prácticas. El problema es que el resto de los partidos le compiten seriamente en ese modo del quehacer político.

Serrano, candidato ¿El continuismo sin continuidad?

Aserto 150, enero 2016

Luis Javier Valero Flores

Compañero del actual gobernador César Duarte durante muchos años, de épocas en las que no todo era coser y cantar, el ahora precandidato único del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, representa vívidamente la hegemonía ejercida por el grupo gobernante; las viejas formas del aparato de poder del priismo y significa el demoledor triunfo del gobernador César Duarte en la lucha por el poder al interior del PRI.

Compañero de Duarte en la diputación federal del 2006 al 2009, a la llegada de aquel a la gubernatura se convirtió en diputado local y líder de la bancada priista; luego, en 2012, al impulso de Duarte fue nombrado coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en Chihuahua, sin abandonar sus responsabilidades en la legislatura local, y luego del intento por designarlo candidato al senado -debió ceder su lugar a Lilia Merodio, debido al porcentaje de candidaturas de género- finalmente se convirtió en candidato a senador suplente de la fórmula de representación proporcional, encabezada por el líder petrolero, Eduardo Romero Deschamps.

Con esos antecedentes inmediatos, su candidatura a la alcaldía de Juárez era inevitable. El desfondamiento del PAN en el antiguo Paso del Norte le permitió ganar sin problemas la presidencia municipal. 

Se abría, así, el camino de ensueño que hoy se ha concretado, es el candidato del PRI al Gobierno de Chihuahua para el período acortado de 5 años para que en adelante las elecciones de gobernador se realicen al mismo tiempo que las elecciones de mitad de sexenio federal.

Un episodio anecdótico

Serrano fue impulsado fuertemente por el gobernador Duarte, contra viento y marea, por una razón, la de su extrema lealtad, no obstante los momentos en que aparentemente Javier Garfio o Héctor Murguía estaban más cercanos al gobernante.

Del talante de esa relación da cuenta un episodio, protagonizado por ambos en la presentación del I Informe de César Duarte en el Congreso del Estado.

Al término de la intervención del gobernante, los diputados del PAN se reunieron en el fondo del salón de sesiones. Duarte los vio, bajó del atril y recibió las felicitaciones de los diputados del PRI y de los otros partidos, luego caminó, por el pasillo central, al fondo del salón a buscar a los panistas, acompañado, apenas medio paso atrás, por Enrique Serrano, quien había recibido, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, el informe gubernamental.

Mientras caminaban, un asistente le entregó a Serrano un ejemplar de El Heraldo de Chihuahua de ese día.

Al llegar con los legisladores del PAN, Duarte los saludó y uno a uno, después de saludarse, aquellos se fueron retirando. Al final, otra vez, quedaron Duarte y Serrano solos; el gobernador empezó a caminar por el pasillo lateral y en ese trayecto, Serrano le mostró la última página de la primera sección del periódico; Duarte la vió, displicente, con un gesto y un ligero asentimiento de cabeza, la hizo a un lado.

En esa página, el Congreso del Estado felicitaba al gobernador César Duarte por la presentación del I Informe de Gobierno.

La designación de Serrano representa, además, por el modo en que las distintas fuerzas internas del partido en el poder se repartieron las responsabilidades (y las posiciones políticas en caso de ganarlas) en la campaña electoral, un enorme espaldarazo del gobierno de Peña Nieto a la administración de Duarte, al que le reconoció que su obra de gobierno le da grandes posibilidades de garantizar la continuidad del PRI en Chihuahua, basados en que, de acuerdo con todas las versiones sobre las encuestas efectuadas por el gobierno federal, en cualquier panorama político-electoral, le favorecen al partido gobernante en Chihuahua y el país, de ahí el “atrevimiento” de la dirigencia nacional de postular a quien ocupaba entre el 3o. y 4o. lugar de los aspirantes priistas en las preferencias electoral de los chihuahuenses.

La forma en que realizaron las designaciones, pues incluyeron las de las alcaldías de Juárez y Chihuahua, (Héctor “Teto” Murguía para Juárez y Lucía Chavira para Chihuahua) en un franco agravio al priismo de ambas ciudades es la representación del PRI de todas las épocas, en las que lo importante, al final, es el mantenimiento de posiciones, quedarse en alguno de los equipos de gobernantes, no quedar fuera del presupuesto, pues, que se evidenció con el inescrupuloso reparto de posiciones, al que rechazaran las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz, sobre todo ésta, cuando declaró que “soy senadora, he sido dirigente nacional y estatal del partido. Jamás he condicionado al partido. No pedí nada y vuelvo al Senado” y el ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, Víctor Valencia de los Santos.

Es de tal manera asumida la participación en el partido gobernante que sólo tímidamente y con algunas declaraciones, los aspirantes a la candidatura de la alcaldía de Chihuahua expresaron su inconformidad, luego, todos aceptaron la determinación de su dirigencia nacional. 

Puede ser que el PRI tenga ventaja sobre el resto de los partidos en el estado, pero la decisión de postular a Murguía en Juárez y Chavira en Chihuahua es la aceptación de la necesidad de contar con las candidaturas que más votos le genere al PRI, a pesar de la “molestia” política de que ninguno de los dos pertenece al grupo gobernante y que, en el caso de Chavira, es integrante de un grupo claramente opositor al del Gobernador Duarte.

Y el equipo de Murguía no es el del gobernador Duarte, ni el del candidato Serrano; se mueve con sus propias dinámicas y en aras de pretender la candidatura para el 2021, invertirá absolutamente todo.

Lo mismo sucederá en la capital del estado -de ganar Lucy Chavira- pues entonces los bonos políticos de este grupo se elevarán sustancialmente y le aportará suficiente “sangre” nueva al más consolidado de los grupos políticos internos del PRI en la entidad, el de los Baeza de Delicias.

La designación de Serrano sacó de la escena política directa al aspirante que probablemente tuviera más simpatías, no sólo en el priismo, sino en el electorado en general, al ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada, al que le ocurrió (por lo menos en los actos previos a las designaciones) lo mismo que a José Reyes Baeza  un sexenio atrás, pues es el priista que más simpatías despierta en la base de su partido, cosa refrendada en el mismísimo acto de registro de la precandidatura de Serrano en el que le prodigaron una ovación mayor que al precandidato.

Sin embargo, a ese grupo le endilgaron la peor y más cruel de las tareas. No obstante haber sido severamente golpeado, le han responsabilizado de obtener el triunfo en la capital y con ello posibilitar la victoria, también, en la candidatura al gobierno estatal.

Se trata de la más difícil de las tareas electorales para el priismo; no es una novedad asentar que en la ciudad de Chihuahua el PRI y el gobernador Duarte arrastran las peores calificaciones de la ciudadanía.

Por supuesto que proponer a Chavira -ahora, como en el pasado, tenía la intención de evitar, como fue a lo largo de la gestión de Quezada, el crecimiento político de éste- el fatal accidente del Aeroshow le ofreció a Duarte una oportunidad de oro para concretar sus decisiones futuristas. Lo intentaría a lo largo de los más de los dos años transcurridos desde la tragedia.

Ahora, el duartismo arrostra la posibilidad de que los Quezada-Chavira ganen la alcaldía de la capital y busquen -quizá con mayores posibilidades que ahora- la reelección inmediata.

¡Gobernarían 5 años y estarían “a punto” de buscar la candidatura del PRI al gobierno de Chihuahua. Lo mismo podría acontecerle a Héctor Murguía!

No es el único escenario adverso para el precandidato Serrano y su equipo. Uno de ellos deriva de la decisión de nombrar al ex alcalde chihuahuense, Javier Garfio, como coordinador de su campaña, quien deberá tender los puentes con el grupo más consolidado en la capital, el de Marco Adán Quezada, luego de haber sostenido una soterrada confrontación.

Algo semejante realizaron en Juárez con la también adelantada designación de Teto Murguía por tercera ocasión, lo que abre la posibilidad, si ganara, de una cuarta, en virtud de que podría reelegirse y aparecer, con toda la fuerza del gobierno municipal juarense, como un muy serio aspirante en el aparentemente lejano 2021.

Por si fuera poco, al resolver la candidatura de Murguía, la dirigencia nacional ratifica su predilección por el populismo para mantener su hegemonía; “apapachar” a las masas más depauperadas, con menores niveles de cultura democrática, con bajos niveles socioculturales, es la base fundamental del voto del PRI en Juárez.

Además, el PRI afronta una situación semejante a la de la capital. Durante meses, los primeros de la administración municipal, el equipo de Serrano se enfrentó al de Murguía. Hoy están obligados a actuar acompasadamente para ganar la alcaldía y asegurar la mayoría en el Congreso del Estado ya que, con la nueva distritación, Juárez tiene ahora 8 distritos locales.

Así, el "piso parejo" solicitado, sobre todo por Marco Adán Quezada, se convirtió en un encementado camino para Enrique Serrano.

Quien, además, será el primer aspirante priista, integrante del círculo más estrecho del gobernante en funciones, que se convierte en candidato. Lo prevaleciente es lo contrario, que el candidato no sea integrante del grupo gobernante.

De este modo, quienes se encuentran en los primeros lugares de las simpatías electorales (y sus equipos), en las ciudades que representan el 62% del padrón electoral, recibieron la responsabilidad de ganar la elección. 

Valiente acuerdo, a Murguía y Quezada les dan la responsabilidad de ganar en Juárez y Chihuahua, enfrentar el rechazo de una parte importante del electorado a la actual administración estatal y arrostrar las críticas a los aspectos más controversiales de la obra de gobierno de César Duarte, el del monto y características de la deuda pública del gobierno estatal y la del municipio de Juárez, además de los señalamientos por la presunción de las corruptelas cometidas en la actual gestión estatal. 

Y con el objetivo de impedir cualquier ánimo insubordinado de los aspirantes derrotados, la dirigencia nacional del PRI, al resolver las candidaturas a las alcaldías de Juárez y Chihuahua, le quitó al candidato Serrano y al Gobernador Duarte una de las canonjías que tradicionalmente se otorgaban mutuamente, candidato y gobernante saliente, -en una especie de pesos y contrapesos- de designar, cada uno, al candidato de uno de los municipios, por una parte, el de la capital económica y por la otra, el de la capital política.

Pero si por sus propias dinámicas al priismo le permite avizorar con optimismo las elecciones de junio próximo, la decisión de una parte del empresariado, el ligado al panismo (o por lo menos de una parte), de buscar diversas candidaturas independientes le abre la posibilidad cierta de ganar pues el voto que se disputan será el del blanquiazul.

A menos, claro está, que José Luis Barraza, ex director de AeroMéxico (hace algún tiempo dejó de serlo y nunca figuró como el principal accionista, hoy lo es el dueño de la poderosa empresa lechera, Lala, Eduardo Tricio, y el Presidente del Consejo de Administración es el ex director del Fobaproa, Javier Arrigunagua) ya declarado oficialmente candidato independiente al gobierno estatal, se constituya en la sorpresa electoral del presente año.

Sus filias y servicios fueron claramente al panismo, que muy bien le retribuyó sus servicios en la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 2006 al nombrarlo, primero, director general de Aeroméxico, luego privatizar esta empresa y, enseguida, quitarle a la competencia en el mercado aéreo nacional, Mexicana de Aviación. 

De no llegar a acuerdo alguno con el PAN, se convertirá en receptor de una porción del descontento popular, especialmente el del votante panista, el que podrá fragmentarse si se mantienen esas candidaturas, las del Frente Democrático impulsado por Gustavo Madero, Javier Corral, Jaime García Chávez y Víctor Quintana, las de Morena y la del PAN. 

Frente a ellas, la del PRI podría alzarse, fácilmente, con el triunfo. 

A pesar de todo, Serrano no tendrá un camino fácil, arrastrará, por ejemplo, el desprestigio de llevar como aliado al PT, cuyo dirigente, Rubén Aguilar, le alzó el brazo a Serrano en el acto de registro y de ser señalado como la plena continuidad del gobierno de César Duarte, el que dijo cerrará su administración “a tambor batiente", además de declararlo “el mejor gobernador de la Historia de Chihuahua” (en una enorme torpeza política pues en el acto se encontraban los 3 últimos ex gobernadores priistas, Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza), el que, dijo, dejó "una vara muy alta, difícil de saltar", tan alta que “deja el lugar para escribir una nueva historia de los chihuahuenses”. 

Finalmente, a pesar de las declaraciones de unidad a toda costa y de la aparición de los 9 aspirantes en el acto de registro, van a necesitar operar con eficiencia la cicatrización. 

Por supuesto que la necesitan, a pesar de los dichos de Serrano cuando afirmó, en el mismo discurso, que "no hay heridas”. 

Pues esa es una de sus aspiraciones, sin duda, porque de las primeras declaraciones de Quezada se puede inferir que deberá trabajar en ese sentido, pues el ex alcalde afirmó que sus simpatizantes lo fueron, “a pesar de las amenazas y despidos”.

Y si el PAN logra un acuerdo con José Luis Barraza y éste se convierte en su candidato ¿Se sentirá seguro el PRI, de su triunfo al gobierno de Chihuahua?

Beltrán del Río, jugada de dos bandas

El Diario, 28 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

Aclaración para algunos lectores, que no tuvieron la fortuna de jugar pool o billar, entretenimiento fundamental del pasado, sobre todo en los poblados menores. La mencionada jugada era aquella en la que la bola blanca tocaba dos bandas de la mesa.

Eso es lo que hizo el alcalde de Delicias -con licencia-, Jaime Beltrán del Río. Le causó un agravio indeterminado al PAN, su partido, al renunciar, no sólo a la búsqueda de la candidatura, sino al partido mismo; y al anunciar su pretensión de buscar la nominación en el PRD, se convirtió en un obstáculo más para la concreción de la candidatura común con el PAN.

Pero su partida del blanquiazul se convierte en un episodio más -de los muchos que han protagonizado últimamente, sobre todo, los militantes del PAN- de la cuantiosa contribución que le han hecho al descrédito popular hacia la clase política.

A mediados del mes denunció que el mecanismo ideado por la dirigencia estatal -y avalado por la nacional- de designación del candidato del PAN a la gubernatura era “un vil dedazo, eso está armado para sacarme de la jugada”, pero que, no obstante “yo no me voy a rajar”, y casi al terminar el primer mes del año anunció su renuncia al blanquiazul, por oponerse a los “dedazos”, para, sólo dos días después, anunciar su pretensión de buscar la designación al mismo puesto por el PRD. (Nota de Óscar Rodríguez Castro, El Diario, 11/I/16).

Esa es la incongruencia misma ¿Quién, a estas alturas, que participe medianamente en política en Chihuahua, cree que los métodos de designación de candidatos en el PRD son más democráticos que en el PAN?

El alcalde deliciense sabe, como muchos chihuahuenses, que el PRD local es, para decirlo eufemísticamente, aliado del PRI y, sobre todo, del Gobernador César Duarte, y que su decisión de convertirse en candidato de ese partido abonará, pero en serio, a la candidatura del priista Enrique Serrano.

Para saber lo anterior, basta con tener los más elementales conocimientos de aritmética, algo que el contador Beltrán del Río, socio de Unión Progreso, sabe con holgura.

¿Se aplaude con esto el mecanismo del panismo para encontrar a su candidato, lo que ocurrirá, seguramente, en los dos próximos días?

Por supuesto, no, los partidos políticos mexicanos están inmersos en una profunda crisis -y con ellos, el sistema de partidos existente- en la que el principal problema es su absoluta falta de democracia interna, pero de ahí a que no atinemos a escudriñar los verdaderos propósitos de quienes participan protagónicamente en el Chihuahua de nuestros días, hay un mar de diferencia y concediéndole razón cuando afirmó que la elección de ese método es un “retroceso para el panismo en Chihuahua”.

Más aún, en aquella ocasión afirmó que no saldría del partido, a pesar del método aprobado ¿Qué cambió que lo hizo modificar su postura, a tal grado que al aceptarla, primero, luego la criticó pues, dijo, “La designación de esta forma, aunque me favoreciera, no la comparto y por ello decido hacerme a un lado”, para a continuación, casi sin respiro, aparecer como el abanderado de uno de los partidos más ligados al actual mandatario?

Pues aunque queramos, resulta totalmente inexplicable para al ciudadano común, posturas como las ahora comentadas y que sólo aumentan el descrédito ciudadano hacia los partidos políticos, que se convierten en una enorme concesión a los verdaderos poderes pues los alejan, en un buen número, de la participación política.

La doble ventaja, para el PRI, en el “affaire” de Beltrán del Río, es que la legislación local -impugnada también en ese aspecto- establece la posibilidad de la concreción de candidaturas comunes, algo que las dirigencias nacionales del PAN y PRD (y ésta sólo una parte de ella) habrían estado explorando que, al postular a Beltrán del Río, prácticamente se desvanece.

¿Es mucho elucubrar? A lo mejor, pero las aritméticas electorales así lo denotan, algo que, a lo mejor, o a lo peor, puede ocurrir con los candidatos independientes, particularmente en el caso de la gubernatura.

A lo mejor, diría más de un priista, preocupado por el destino electoral de su partido.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Las razones inexplicables

Mega Radio Juárez, 25 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

¿Cuál es la razón por la cual un empresario, llegado a las grandes ligas empresariales del país de manera tan cuestionada, José Luis (Chacho) Barraza, decide lanzar su candidatura independiente al Gobierno de Chihuahua, sin contar con antecedentes sociales o políticos que lo llevaran a creer que la ciudadanía se pudiera volcar en su candidatura?

Quien sabe.

¿Qué llevó a otro político de primer nivel en el ámbito local, joven, parte fundamental del grupo gobernante, a renunciar a una promisoria (y no tan promisoria, sino real, tangible) carrera política, Marcelo González Tachiquín, que tenía en sus alforjas la posibilidad de alzarse con la diputación local y la coordinación de sus compañeros diputados, además de tener a la mano de la reelección en 2018 y acariciar la posibilidad de ser candidato de su partido, el PRI, al puesto que hoy tiene César Duarte?

Quien sabe.

¿Cuáles fueron las razones verdaderas del alcalde deliciense, Jaime Beltrán del Río, a renunciar a su partido, el PAN, en protesta por el método acordado por la dirigencia nacional, consistente en el levantamiento de una encuesta y la designación consecuente por el Comité Nacional, luego que, varios meses atrás buscara a las dirigencias de Morena y del PRD, quesque para “conversar” y que ahora, denunciante de los “dedazos” en el PAN va en busca del que le pueda ser favorable en cualquier otro partido, cualquier otro, como dijo?

Quien sabe.

A medida que avanza el actual proceso electoral siguen presentándose hechos, quizá no inéditos, pero sí llamativos, ilustrativos de la profundidad de la crisis política por la que atravesamos, que llega no sólo, como cabría esperar, al interior de los partidos, sino, también, a un buen número de ciudadanos.

Durante muchos años las fuerzas democráticas pugnaron por entregarle a los mexicanos un derecho hasta entonces sólo plasmado en el texto constitucional, el derecho a ser votados.

Se buscaba no solo por llevarlo a la realidad sino también para arrebatarle a los partidos el monopolio de las candidaturas, y por consiguiente, el del ejercicio del gobierno.

Se coincide en que el sistema de partidos es lo más conveniente para la existencia de un régimen democrático, pero los agrupamientos partidarios deberán gozar de esa cualidad, el de ser entes democráticos.

Por desgracia, los partidos mexicanos no lo son. Hoy, con restricciones, con infinidad de candados, las candidaturas independientes son una realidad, pero están hechas de tal manera que sólo quienes cuenten con cierto respaldo económico tienen a la mano la posibilidad de alcanzarlas, por ello es que la mayoría de quienes las buscan son de origen empresarial.

Pero hay otro hecho, apreciable en la mayoría de los aspirantes: La falta de un mínimo de espíritu autocrítico, de una absoluta falta de apreciación acerca de su propia persona. De repente, alguien se creyó que podía contar con la simpatía de sus conciudadanos, sin haber tenido una mínima aparición ciudadana, o de haberla tenido, ésta es mínima y empiezan a hablarnos como auténticos padres de la patria.

Y nos atosigan de su indeclinable vocación de servicio, de su “amor por Chihuahua”, ¡Igual que los políticos! a los que emulan -la mayoría- en su marcadísima egolatría, olvidando que en todo momento, la transformación de la sociedad es un asunto, precisamente, social, que las grandes transformaciones del país sobrevinieron, no por la actuación de los míticos héroes, sino por la masiva participación de los mexicanos.

Ojalá avanzáramos en ese sentido.

Renunciantes e independientes

El Diario, 24 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

Pletórico de sorpresas, el actual proceso electoral no da oportunidad a la reflexión sobre el suceso más reciente cuando ya, otro, de igual o mayor importancia, ocupa la atención.

En el curso de la semana tres acontecimientos lo hicieron: 

Por un lado, el informe de José Luis Barraza, aspirante a candidato independiente al gobierno estatal, acerca del avance  en la obtención de firmas en una semana, más de 23 mil, lo que, de ser cierto, es un buen inicio para sus aspiraciones; 

Luego, casi simultáneamente, la renuncia de Marcelo González Tachiquín al PRI y, finalmente, el anuncio de Javier Corral de su incorporación al grupo de aspirantes a la candidatura del PAN a la gubernatura.

Previamente, ya lo había efectuado el ex candidato Carlos Borruel.

Finalmente, Jaime Beltrán del Río, el alcalde panista con licencia, de Delicias, decidió retirarse de la contienda por el mismo puesto que los anteriores.

Vayamos por pasos.

La renuncia de González Tachiquín representa, por la importancia que tuvo en el equipo gobernante, la crítica más acerba que se le haya realizado al Gobernador César Duarte y a su partido; no necesitaba (aunque conocer el origen de su decisión sí sea de la mayor importancia) emitir pronunciamientos críticos hacia el gobierno de Chihuahua o al PRI, bastan su postura y su trayectoria, particularmente la de los últimos años, para considerar que se trata del más rotundo mentís a la forma en que el PRI procesó la designación de Enrique Serrano como candidato al gobierno de Chihuahua, y la de Héctor Murguía y Lucía Chavira a las alcaldías de Juárez y Chihuahua.

Y fueron, precisamente, sus pronunciamientos carentes de crítica al PRI y al Gobernador Duarte, los que dieron pie a un mar de rumores en los escasos días transcurridos a partir de la renuncia. Se le ubicó en la campaña de “Chacho” Barraza; como candidato de cualquier otro partido, del PANAL, o de Movimiento Ciudadano, o hasta de candidato independiente a la alcaldía de la capital.

Los datos aportados por el denunciante no son suficientes para explicar la dimensión de la acción realizada. 

González Tachiquín confirmó que se le había ofrecido la candidatura por alguno de los distritos capitalinos y hasta la coordinación del nuevo grupo parlamentario, como fruto de las negociaciones políticas realizadas por la dirigencia nacional priista y los 10 aspirantes; dijo que no tenía opiniones críticas para su partido, o para el gobernador, pero sí arguyó que renunciaba “por congruencia, (porque) el PRI no es lo que era antes, (y porque) la gente ya no quiere saber nada de los partidos políticos”.

Que tales argumentos los expusiera algún militante con una trayectoria de críticas hacia la dirigencia, o de enfrentamiento, o quien hubiese esbozado la más elemental disidencia, se pueden aceptar como naturales, no en quien fue uno de los hombres más poderosos del actual gobierno.

Marcelo fue, durante distintos momentos del sexenio, uno de los hombres de mayor confianza de César Duarte; por sus distintos despachos del gobierno (como jefe de la oficina del gobernador, secretario particular, Director de Pensiones Civiles y como Secretario de Educación) pasaron varias de las decisiones más trascendentales; fue portavoz de muchos de los asuntos más escabrosos de la actual administración, tanto, que dio pie para que el entonces Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, acuñara la famosa frase de “Pregúntenle a Tachiquín”, con lo que evidenció que las decisiones del gobierno no pasaban por su oficina, sino por la de Marcelo González.

Fue tal su protagonismo que lo llevó a adelantar sus pretensiones y anunciarlas para el presente año. Muchos pensamos que su determinación de incorporarse al grupo de los 10 aspirantes no fue consultada con el Gobernador Duarte, era evidente que el ballezano, hacía rato, tenía puestas sus esperanzas en el actual candidato, Enrique Serrano, a él lo empujó con toda su fuerza.

Con  tales antecedentes, cuesta trabajo creerle que el PRI, en el cual era pieza fundamental (por aquello de que, como en el pasado, gobierno y partido se fundieron), se hubiera transformado en el curso de unas cuantas semanas.

Por supuesto, no. 

Las razones de su renuncia deberemos buscarlas en otros rumbos, quizá más en el episodio de la licencia de José Miguel Salcido a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y su arribo a la Secretaría de Educación, sin duda el puesto de mayor relevancia que ocupara González Tachiquín (y no sólo en la actual administración estatal) al que debió dejar para dar paso a otro de los personajes más ligados a Duarte.

Se rumora que el último viaje del gobernante a Francia fue la ocasión para plantearle el relevo en Educación, algo que no le gustó a González. Quizá allá debiésemos ubicar las razones de una renuncia, la más destacada del actual gobierno estatal.

Por otro lado, le asiste una parte de la razón al renunciante, cuando asevera que la gente está cansada de los partidos políticos, lo que es cierto para un gran número de ciudadanos, pero que para otra, y no menor, los partidos siguen siendo instrumentos para actuar políticamente, para muestra ahí está la más reciente elección estatal, la extraordinaria de Colima, en la que votó el 56% del electorado, porcentaje que seguramente votará acá en junio próximo

Regresarse al ámbito de la ciudadanía, está bien, bienvenido, pero le costará trabajo al renunciante ser considerado como simple integrante de ella; su paso por el gobierno fue descollante y muy cercano al gobernante; se le dificultará transitar por el mundo de la política y la sociedad sin hacer un deslinde de su reciente actuación en la administración pública.

¿Acaso no creyó en que se cumplieran los compromisos realizados por la dirigencia nacional? ¿Discrepó de los acuerdos tomados, en particular el referente a la alcaldía de Chihuahua? ¿Expresó su interés en regresar al gobierno de Chihuahua? ¿O creyó llegado el momento del relevo de la presidenta estatal, Karina Velázquez, de ahí su frase de que “el PRI ya no es lo que era antes”?

¿Antes era más democrático, más incluyente?

No, la diferencia es que antes las cosas se hacían igual que ahora, pero en nombre de la Revolución Mexicana.

Por lo pronto, es una ruptura en todo lo alto; saber la magnitud de la sangría  partidaria llevará unas cuantas semanas, no parece ser mayor, pero se constituye en otra evidencia de una realidad: El sexenio de Duarte toca a su fin y las rupturas, o los distanciamientos, crecerán con los días, en la medida en que el equipo del candidato se conforme, empiece a tomar decisiones y a discrepar de las que se adopten en Palacio.

En tanto, ante la posibilidad de que la candidatura independiente de Barraza capitalizara en mayor medida el voto opositor, el del rechazo al gobierno de Duarte, el PAN cambió toda su estrategia. Por una abrumadora mayoría del Consejo Estatal desecharon la elección, propusieron la realización de encuestas y delegar en el Comité Nacional la designación

Además, decidieron incorporar a los dos panistas que mayores simpatías tienen en el electorado, el ex alcalde Carlos Borruel y el senador Javier Corral, en el intento de contar con una candidatura cuyo discurso permita capitalizar el voto de castigo al gobierno, en una determinación que le favorece al senador Corral, quien seguramente saldrá adelante en la encuesta que se levantará en el presente  fin de semana.

De ser así, es probable que para fin de mes fuera designado candidato del PAN por segunda vez, con una enorme diferencia frente a aquella ocasión, en la que contendió con Reyes Baeza, que el priista llegaba con muy elevadas simpatías electorales, fruto del rechazo que una buena parte del priismo y la sociedad tenían hacia el gobierno de Patricio Martínez y que el deliciense capitalizó a su favor.

Hoy, ese factor es muy importante, a tal grado que la dirigencia nacional del PAN debió valorar los riesgos que les representa la candidatura de José Luis Barraza quien, es cierto, puede quitarle votos al PAN, del llamado “voto duro”, pero que les representa un enorme peligro en la captación del voto de castigo al PRI. Necesitan un candidato que fácilmente sea reconocido como “antiduartista” y capte los votos de los ciudadanos, más allá de las filias panistas.

Y en ese sentido, dos de los aspirantes, (uno de ellos, ya, ex aspirante) Jaime Beltrán y Juan Blanco les representaba alguna disminución en el perfil opositor, habida cuenta que ambos son empresarios con vínculos con Unión Progreso, el próximo banco, señalado por Jaime García Chávez y Javier Corral como el instrumento de supuestas corruptelas cometidas por el Gobernador Duarte.

Así, el aspirante a la candidatura independiente, José Luis Barraza, se convirtió en uno de los repulsivos al interior del PAN.

A él volveremos ¿Por qué Chacho Barraza, de repente, en medio de la reunión nacional de Coparmex, anunció su proyecto político? ¿Porqué Chacho decidió buscar la candidatura independiente?

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Alertas

El Diario, 21 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

No sólo le empezó mal la semana al Gobernador de Chihuahua, César Duarte; el miércoles le sobrevino un episodio más de la crisis al interior del grupo gobernante, con la renuncia de Marcelo González Tachiquín al PRI. 

Dos hechos le incomodaron apenas el lunes. A los dos respondió vehementemente: Primero, el periódico Reforma publicó un reportaje, en primera plana, en el que informa que los gobernadores salientes de las 12 entidades en las que habrá elecciones este año, heredarán “deudas millonarias”. 

Ubicó en primer lugar al gobierno de Chihuahua; luego, el Departamento de Estado de los EU publicó las “alertas” sobre las zonas del país en las que los ciudadanos norteamericanos deberían adoptar una serie de medidas de seguridad, en virtud del peligro que les representan, generadas fundamentalmente por las bandas del crimen organizado, entre las que señaló zonas de Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Chihuahua, además de la sierra Tarahumara.

Necesariamente habremos de volver a la renuncia de González Tachiquín el fin de semana, pues preocupa sobremanera el asunto del anuncio del gobierno norteamericano y la respuesta del de Chihuahua.

La alerta, en la parte referente a Chihuahua, dice así (traducción propia, para la consulta vean: http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/enero16/Mexico%20Travel%20Warning.pdf):

“Chihuahua: Ciudad Juárez, Chihuahua, y las Barrancas del Cobre son las principales ciudades/destinos de viaje en Chihuahua - Tener precaución al viajar a los distritos de negocios y compras en la sección noreste de Ciudad Juárez y sus principales parques industriales; la sección del centro y principales parques industriales en la ciudad de Chihuahua, la ciudad de Palomas, el área urbana de la ciudad de Ojinaga, y las ciudades de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes y sus alrededores inmediatos. 

Los viajes a la zona de Nuevo Casas Grandes debe ser a través del puerto Palomas de entrada (POE) en la autopista US 11, continuando hacia el sur hasta llegar a la autopista México 2 al oeste de Nuevo Casas Grandes. 

Viaje a Ojinaga debe ser por el lado de Estados Unidos a través de la autopista US 67 a través del Presidio POE. Aplazar los viajes no esenciales a otras áreas en el estado de Chihuahua y viajar entre ciudades sólo en las principales autopistas y sólo durante las horas de luz. Crimen y la violencia siguen siendo problemas graves en todo el estado de Chihuahua, sobre todo en la parte sur del estado y en las montañas de la Sierra, incluyendo las Barrancas del Cobre”.

Tal anuncio fue descalificado por el gobernador Duarte, y contra la percepción del gobierno norteamericano, aseguró que “la seguridad en la región de la Sierra Tarahumara es mucho más sólida afortunadamente…  ya que es una noticia muy retrasada (la del gobierno norteamericano), cuya situación actual es mucho muy diferente a lo que sucedió anteriormente”.

El mandatario afirmó que la Tarahumara tiene toda su atención y que los “eventos” (sic) que “han sucedido se deben a los efectos de las mismas detenciones de delincuentes, de las incautaciones de droga y de los enfrentamientos entre los mismos grupos delincuenciales”.

El problema de discrepar con el Departamento de Estado estadounidense es que se desestima, para estos efectos, la información que el resto de las agencias del gobierno de EU acumula y que para otros efectos, por ejemplo, para la detección y captura de los criminales más perseguidos por los gobiernos de ambos países, y que tantos elogios despierta en el gobierno de Peña Nieto, se convierte en el principal factor para su detención.

Si esa información es cierta y sus fuentes son las mismas ¿Porqué descalificarla ahora que con tanta precisión señala las zonas de algunas de las ciudades en las que correrían riesgos los ciudadanos norteamericanos (y por supuesto los mexicanos)?

La explicación ofrecida por el mandatario chihuahuense, acerca de las ejecuciones -y otros hechos criminales en la la sierra- ocurridas recientemente consiste en que fueron “los decomisos de droga en la Sierra de Chihuahua, que ocasionaron conflictos y venganzas entre bandas criminales, los que generaron varios eventos de sangre”, explicación que los gobernantes mexicanos llevan ofreciendo, por lo menos, 45 años. 

¡Casi medio siglo de esta forma de enfrentar al narcotráfico y el resultado es un completo fracaso!

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Impunidad de cuello blanco

Luis Javier Valero Flores

MegaRadio Juárez, 18 de enero de 2016

La detención del ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, por autoridades españolas ha puesto en jaque la aplicación de justicia en el país y lleva a la administración federal de Enrique Peña Nieto en el escaparate mundial, pero por solapadores de la corrupción en las más altas esferas de la administración pública en México.

Nadie podría decir, por lo menos públicamente, que Moreira es culpable, se le ha detenido por la transferencia de cientos de miles de dólares a sus cuentas en España y deberá responder a los serios y sustentados cuestionamientos acerca del origen del dinero, hasta en tanto no suceda eso, o que la autoridad demuestre la ilegalidad, no se le podrá sentenciar públicamente.

Pero de que hay suficientes evidencias como para sospechar de un gran número de irregularidades, es cierto, de que existen, ya en este momento, pruebas de la falsificación de documentos oficiales, que alteran el monto de la deuda pública de Coahuila, también es cierto.

Que hay suficiente documentación como para iniciar procesos contra el ex gobernador coahuilenses, también es cierto.

Y todo ello ya no es una especulación en las redes sociales, ya existen autoridades de dos países -España y Estados Unidos- que ha encontrado suficiente evidencia como para iniciar sendos procesos judiciales, en contra del ex tesorero de Moreira y contra el mismo ex mandatario.

Entonces ¿Por qué las autoridades mexicanas, de algún nivel de gobierno, no han iniciado, por lo menos, las indagatorias derivadas de las denuncias presentadas en el extranjero?

¿Será, como corren los miles y miles de comentarios y memes en las redes sociales, que no se le inicia proceso en México sólo porque pertenece a lo más “selecto” de la clase política mexicana?

¿Será porque bajo su dirigencia se prohijó la candidatura de Enrique Peña Nieto? ¿O porque era uno de los protegidos de la maestra Elba Esther Gordillo?

¿Será por eso que Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional del PRI, ofreció darle respaldo jurídico a quien detuvieron por lavado de dinero, malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho y que, además, como lo ha demostrado el periódico Reforma, que triangulaba el dinero con empresas fantasmas, cuyos domicilios son inexistentes?

¿A ese militante están dispuestos a apoyar, que vivía en Barcelona en residencias de lujo, pagadas con becas otorgadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otra del gobierno federal, otorgada cuando el secretario era Emilio Chuayffet?

¿Cómo se queda callado el gobierno mexicano ante la evidente ironía de la Policía Nacional de España, cuando, en el comunicado oficial a través de Twitter plasmó la frase “misión cumplida”, en clarísima referencia a la que usó Peña Nieto en la detención del Chapo Guzmán?

La burla es evidente, ante ella el gobierno mexicano se queda callado y el dirigente del partido gobernante notifica que lo auxiliarán, si lo solicita, y además confió en que Moreira “sea capaz de justificar su conducta para responder ante las acusaciones que se le imputan”.

Y nos llamó a que tengamos “serenidad y, al mismo tiempo, evitar hacer prejuicios que estén lastimando a las personas”, como si las autoridades fiscales y penales de España hubiesen iniciado el proceso judicial sólo para causarle daño al PRI.

Si algún mexicano tuviera dudas sobre el respaldo de la dirigencia priista a Moreira, Beltrones las despeja. Dijo que ”En el PRI no tenemos una acusación al respecto, no generamos prejuicios, pero tampoco exoneramos a las personas. Esperaremos a que la justicia, en el lugar en donde actúe, lo haga con puntualidad, pero también con un esmero de privilegiar las pruebas”.

¡Válgame, y creíamos que ya habíamos visto todo!

Pa´ tras la ley anti “Bronco”

El Diario, 17 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

Inopinada, sorpresivamente, el Tribunal Estatal Electoral (TEE), apenas estrenado, resolvió el viernes declarar inconstitucional lo central de la contrarreforma electoral aprobada en agosto del año pasado por el Congreso del Estado, que le cerraba el paso a los militantes de los partidos políticos que aspiraran a registrarse como candidatos independientes.

Tal determinación, emitida apenas unas cuantas semanas después de que la Suprema Corte de Justicia desechara, por inconstitucional, la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua, que aumentaba a 36 diputados la nueva bancada y disminuía a 2% el número de votos necesarios para que los partidos conservaran su registro electoral, viene a darle la puntilla a prácticamente el total de esa reforma, impugnada en todos los tonos por partidos, académicos, analistas y ciudadanos en general.

Después de tales resoluciones, que se suman a un inmenso número (por la importancia de ellas) de asuntos en los que los órganos federales o los tribunales desechan las reformas y actos de gobierno de la actual legislatura (y en parte, también, la inmediata anterior) será recordada como una de la más incompetentes del país.

Es probable que ninguna legislatura local haya recibido tantos reveses jurídicos como la chihuahuense.

En un desmesurado intento por evitar la sangría, ante la posibilidad de que los militantes de los partidos, aspirantes a los puestos de elección popular buscaran las candidaturas independientes, en virtud de los elevados niveles antidemocráticos existentes en los partidos, particularmente en el gobernante en Chihuahua; y para cerrarle el camino, conjeturaban un buen número de ciudadanos, al ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada, a quien muchos ubicaban como un fuerte candidato independiente -a pesar de sus reiterados y repetitivos pronunciamientos de buscar la candidatura por su partido, el PRI- el grupo gobernante en Chihuahua decidió imponer una serie de “candados” a las candidaturas independientes.

Entre ellos incluía la arbitraria elevación de los porcentajes del padrón electoral, en los municipios menores, de las firmas de ciudadanos que deberían respaldar a los candidatos a las alcaldías.

La intención era más que evidente; impedir, a como diera lugar, que las candidaturas independientes se convirtieran en la expresión del rechazo de los militantes a los antidemocráticos métodos de designación de candidatos.

El TEE, al concederle la razón a un ciudadano, y resolver que debería “inaplicarse” lo establecido en el artículo 21, Fracción II, de la Constitución de Chihuahua, en la “porción normativa tocante a militante, afiliado o su equivalente; así como lo asentado en el artículo 205, numeral 1, inciso e), de la Ley en lo concerniente al cuatro por ciento”, lo que significa, en términos llanos, que los militantes de los partidos podrán inscribirse como candidatos independientes -de alcanzar los otros requisitos- sin que debieran haber renunciado a sus partidos con 3 años de antelación al proceso electoral, tal y como lo exige la modificación constitucional, le enmienda la plana al grupo gobernante en Chihuahua.

Más aún, como el ciudadano querellante aspira a registrarse como candidato independiente a alcalde en Delicias, se quejó del número de firmas que debería obtener, establecido en la ley electoral, superior al de Juárez y Chihuahua, al de las candidaturas a gobernador y al de las diputaciones, en las que el porcentaje exigido es del 3%. 

En cambio, para Delicias y otras ciudades, Cuauhtémoc, Parral y Camargo la ley exige el 4%. El TEE desechó tal requisito, lo declaró inconstitucional y le ordenó al Consejo General del IEE cambiar los lineamientos de las convocatorias.

No sucedió lo mismo para el resto de los municipios, en los que la ley exige, en razón del escaso número de electores en ellos, adujeron los diputados locales al momento de efectuar las reformas, porcentajes mayores, que llegan a ser del orden del 10% en los municipios más pequeños.

Deja vivas, sin embargo, las otras impedimentas: Para quienes fueron dirigentes partidistas -en cualquiera de sus niveles- en los 3 años previos, o los que fueron candidatos en el proceso electoral inmediato anterior.

Esto es así porque hasta ahora ningún aspirante, que se encuentre en esas condiciones, ha interpuesto recurso legal alguno; de presentarse al momento de solicitar su registro como aspirante a candidato independiente, y serle negado por el órgano electoral, entonces podrían iniciar el proceso legal y, de haber congruencia en los órganos electorales, se abriría la puerta para que el total de las restricciones establecidas por el Congreso del Estado a los candidatos independientes fueran desechadas por los órganos jurisdiccionales electorales competentes.

Y es que el TEE resolvió sobre lo impugnado en el caso que abordamos ahora, pero el resto de la fracción constitucional impugnada podría sufrir el mismo tratamiento por el tribunal:

ARTICULO 21. Son derechos de los ciudadanos chihuahuenses:

1. …

II.  Poder ser votados para todos los cargos de elección popular y nombrados para cualquier empleo o comisión, teniendo las demás cualidades que las leyes establezcan. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y que acrediten no ser ni haber sido presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante afiliado o su equivalente, de un partido político, en los tres años anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que pretendan postularse, ni haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior… ;

Era tan evidente la intención de evitar las sangrías de militantes que en la exposición de motivos, -en las que deben plasmarse los principales y mejores conceptos de los propósitos de las iniciativas presentadas- los promotores de los candados a las candidaturas independientes asentaron que la reforma propuesta era para evitar la aparición de los “tránsfugas de partidos políticos”!!!

Tales excesos encontraron una documentada y muy sustentada respuesta del tribunal electoral: 

“… la norma impugnada ubica a los ciudadanos ex militantes de un partido político en un estado de desigualdad y desproporcionalidad en relación con quienes pudieran ser postulados por un partido político, lo que resulta evidentemente discriminatorio para los actores al encontrarse en dicha hipótesis. 

En consecuencia, es evidente que la restricción prescrita por el legislador en el sentido de que no podrán ser candidatos independientes personas que sean o hayan sido militantes, afiliados o su equivalente, es contraria a la Constitución Federal por ser desproporcional, excesiva y restrictiva del derecho humano a ser votado; por ello, se debe declarar su inaplicación, sobre todo si se toma en cuenta que los propios estatutos de los distintos partidos políticos son claros al señalar que los militantes o afiliados por sí no detentan ningún poder, ni ejercen ningún cargo que lleve a suponer una predisposición del electorado a su favor; por el contrario la militancia y la afiliación son derechos vinculados directamente a los político-electorales, en su vertiente de afiliación, sin que se advierta que el ejercicio de este derecho provoque que se haga nugatorio el ejercicio de los ciudadanos a ser votados como candidatos independientes, pues por naturaleza el ser humano es un ser político y el hecho de que se encuentre afiliado a algún instituto político, en forma alguna, puede generar una inequidad en la contienda”.

Además, dicen los magistrados electorales, “la Constitución Federal exige que no existan otras que resulten menos lesivas para el derecho sacrificado. En este sentido, el simple cotejo de las personas afiliadas a un partido político es suficiente para analizar si una persona es, o no, independiente del mismo”.

Y abona a la discusión acerca de las candidaturas independientes, a las que muchos le buscan sean independientes de los partidos políticos, de los grupos económicos, de las agrupaciones sociales, etc. 

No, el TEE -y se coincide con él- señala “que las candidaturas independientes tienen una naturaleza meramente instrumental para permitir el ejercicio del derecho a ser votado. Esto quiere decir que una candidatura independiente no tiene cualidades intrínsecas que exijan un cierto grado de independencia o autonomía frente a los institutos políticos… (pues) la Constitución Federal no exige que los ciudadanos sean más o menos independientes de un partido político, sino que su nominación se realice por una vía distinta a la partidista… ”.

¡Vóytelas, una derrota jurídica más!

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Trivialización extrema

El Diario, 14 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

Adecuadamente, El Diario publicó la información difundida por distintas agencias informativas y medios de comunicación extranjeros acerca de la composición e influencia de las distintas bandas criminales, presuntamente dirigidas por Joaquín “Chapo” Guzmán Loera; tres de las cuales, afirma el periódico español, El País, se asientan en territorio chihuahuense: Gente Nueva, Artistas Asesinos y Los Mexicles.

En el contexto de una extrema trivialización de la detención de Guzmán, del relieve de las informaciones aparecidas y de la dosis que le agrega la administración federal al tema, recordar, o enfatizar acerca del papel jugado en la matazón por este personaje es de la mayor importancia.

Significa reflexionar acerca del fallecimiento de alrededor de 30 mil chihuahuenses en el curso de un quinquenio; del desmantelamiento de miles de empresas, del desplazamiento de más de 100 mil juarenses; del desplome del aparato de justicia y del intenso acrecentamiento de la degradación social en la entidad.

No se trata, solamente, de indagar en qué habitación se hospedaron los actores, convertidos en periodistas en ciernes, Kate del Castillo y Sean Penn; estamos abordando la tragedia que enlutó a cientos de miles de mexicanos, producto, en el caso de Chihuahua, de la responsabilidad directa de por lo menos tres personajes: Joaquín Guzmán, Vicente Carrillo y Felipe Calderón.

Los dos primeros, por ser los principales jefes de las bandas criminales que convirtieron a la entidad en el escenario de las ejecuciones milenarias, que en nada se pueden clasificar como una guerra, porque en éstas los contendientes se encuentran de frente y las más de 20 mil ejecuciones, fueron eso, vil ejecuciones, en donde lo significativo era sorprender al enemigo, no enfrentarlo.

Y el tercero, Calderón, por haber actuado ciegamente, creyendo -si es que era de “buena fe” su convicción de atacar, primero, a uno de los grupos criminales (el del Cártel de Juárez), para luego “acabar” al otro, el del Chapo- como lo sostuvieron los jefes policiacos y militares que tuvieron bajo sus mandos a más de 10 mil efectivos, durante meses, en Juárez, en la ciega y obsesiva determinación de combatir el tráfico de drogas por los métodos más violentos.

Hoy tenemos a la vista los resultados.

El problema es que, casi, hemos regresado, socialmente, al punto de partida  de antes de la masacre, ante el cual, como lo podemos constatar con la reciente visita de los secretarios de Gobernación y de Desarrollo Urbano, Miguel Osorio Chong y Rosario Robles, a Juárez, quienes, en un acto por demás demagógico, luego de recorrer a pie unas calles, preparadas concienzudamente para recibirlos, -acompañados del Gobernador César Duarte- pues le dieron el mantenimiento que el resto de las calles de la colonia Puerto La Paz no tiene, declararon que lo siguiente para Juárez será “construir una seguridad duradera”.

Y como si estuviera en medio de los representantes de la sociedad juarense -por lo menos de muchos habitantes del antiguo Paso del Norte y algunos de ellos representativos de segmentos de la sociedad- aseveró que “de eso se trata esta reunión, vamos a platicar, vamos a dialogar, el Presidente Enrique Peña Nieto nos manda a eso, a construir con ustedes, hacer lo que hoy es nuestro objetivo: seguridad duradera”, en el curso de una reunión denominada “Ciudades Seguras para las Mujeres. Derecho a la Ciudad”, con la presencia de algunos habitantes de las colonias Pánfilo Natera, Azteca, Toribio Ortega, Felipe Ángeles, preparada  intempestivamente para aprovechar su visita a la frontera, a la que vinieron, en realidad, para supervisar los preparativos de la visita del Papa Francisco.

Vinieron a una ciudad que presume, sí, la de tener empleo total, pero en la que los cerca de 275 mil trabajadores de la industria maquiladora juarense ganan los salarios más bajos del país, factor que se convierte en uno de los principales detonadores de la degradación social, de la inmensa oferta de mano de obra barata, no sólo para la empresa formal, sino, fundamentalmente, para el gran negocio del tráfico de drogas.

Mientras no cambien esa realidad, compuesta por dos aspectos centrales, el poder adquisitivo de las familias y el consumo de drogas en Estados Unidos, sólo nos restará seguir escuchando discursos demagógicos.

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¿Triunfo del Estado Mexicano?

MegaRadio Juárez, 11 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

La reaprehensión del jefe criminal más buscado de Norteamérica, Joaquín "Chapo" Guzmán, ha sido presentada como un triunfo del Estado Mexicano, fruto, dijeron los más altos funcionarios del gobierno, de la coordinación entre las distintas corporaciones y de la inteligencia, entendida ésta como las diversas actividades, programas, estrategias, etc., necesarias para, por ejemplo, detectar la actividad de un grupo criminal, de sus operaciones financieras, delictivas y de toda índole.

Pero todavía no pasaban los ecos de la captura -"misión cumplida", le llamó Peña Nieto- cuando ya se avistaban los preparativos para extraditarlo a los Estados Unidos.

De hacerlo, sin que antes Guzmán haya compurgado las sentencias emitidas por los tribunales mexicanos, debido a los numerosos delitos que se le acreditan, será el peor de los fracasos de, precisamente, el Estado Mexicano, pues evidenciará palmariamente la plena subordinación del gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto a los dictados del imperio norteamericano, dicho lo anterior sin un pelo de exageración.

Y tienen prisa, antes de que la opinión pública los presione por una determinación que rompe con toda su estrategia de ser los defensores del Estado de Derecho, apenas dos días después de la detención, dieron entrada al proceso de extradición. 

Demostrarán que, en términos reales, las fronteras de los Estados Unidos llegan, bajo este gobierno -y también los dos anteriores, y el anterior, hasta el río Suchiate, allá en el sur de México- pues se estarán plegando a uno de los muy pocos países que no han aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, lo que le ha permitido a EU  evadir la correcta aplicación de la justicia en el ámbito internacional, pero, en cambio, ellos sí se la aplican a cualquier país, como el nuestro, que se subordina a sus dictados y eso, señores, no se puede aceptar.

Será, también, la aceptación de la ineficacia de los distintos cuerpos policíacos, militares, de seguridad pública y los de inteligencia para controlar, encarcelado, a un hombre que los ha exhibido.

Y vaya que no lo necesitan, para prueba más que evidente ahí están las imágenes de los dos más importantes jefes militares -los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina- aventándose, literalmente, para salir en la foto más cerca del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, principal responsable de la última de las fugas de Guzmán, sin que nadie le haya fincado, siquiera, en el mundo oficial, la menor de las reclamaciones a la falta de sus funciones.

Y ahora sí, bueno, del mismo modo que antes, nos informan que en el penal de Almoloya (que es su verdadero nombre y no, el oficial, eufemísticamente, denominado, el "Altiplano") es monitoreado en su celda, permanentemente, por personal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Además, conforme pasen los días quedará demostrado que la brillante operación del gobierno mexicano, basada en la inteligencia, resultará ser solamente una casualidad, que iban por otros y en el camino se encontraron al afamado delincuente.

Salcidazo

El Diario, 10 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

¿Cuáles fueron las causas de la gravísima desavenencia entre el magistrado José Miguel Salcido y el Gobernador César Duarte, que originó el empeoramiento de la más seria de las crisis institucionales en el Chihuahua moderno y, a su vez, en el seno del grupo gobernante?

¿Pueden mantenerse en el ámbito de lo privado, entre ambos personajes, como lo sostuviera Salcido en el curso de una entrevista radiofónica, (Aserto Radio, 4/I/16) al informar que él y Duarte habían conversado durante dos horas en la tarde del lunes anterior, justamente cuando el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le cambiaba el carácter de la licencia concedida y una mayoría aplastante de magistrados obsecuentes ratificaba a Gabriel Sepúlveda como magistrado presidente?

¿Cómo pueden ser privadas las razones de dos de los funcionarios públicos más importantes de la entidad, cuando abordan uno de los asuntos más públicos posibles, como lo son el respeto a la división de poderes, la aplicación de justicia y la operación del Poder Ejecutivo y el Judicial en Chihuahua?

Muchos años atrás, al conocerse el contenido de las conversaciones sostenidas por el presidente norteamericano Richard Nixon con varios de sus subordinados, dio paso al Watergate y que culminó con la renuncia de Nixon.

Todo porque la legislación norteamericana establecía que todas las conversaciones sostenidas por el presidente debían ser grabadas, porque se trataba de asuntos públicos, en su carácter de primer mandatario.

Y que debían mantenerse secretas solamente las que implicaran un riesgo para la seguridad nacional.

¿Acaso tendrán razón los insistentes rumores acerca de la negativa de Salcido a recibir las instalaciones del Centro Judicial, debido, se dice, a las numerosas irregularidades que presentó su construcción y su puesta en marcha?

¿Cómo explicar la muy extraña visita, el mismísimo “lunes negro”, del empresario Jaime Galván, -a quien se le involucra en esos rumores como el beneficiario de las irregularidades- descrita por la reportera Patricia Mayorga?

Así lo consignó: “Luego llegó el empresario de Delicias, Jaime Galván Guerrero para entrevistarse con José Miguel Salcido y al salir aseguró que fue a enviar saludos a su esposa porque también es de Delicias y Salcido aseguró que Galván buscaba a Sepúlveda. Ambos se contradijeron”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 6/I/16). 

José Miguel Salcido era una de las pocas personas que podía decirle no al Gobernador Duarte; contaba -no sabemos si aún- con el afecto construido a lo largo de prácticamente toda la vida y el reconocimiento del gobernante a sus méritos en el ámbito de lo jurídico.

Decidieron, violentando las formas, que ocupara la Presidencia del TSJ. 

Su nombramiento podía ser el emblemático de la actual administración; los escándalos de principios del sexenio, cuando el gobernador Duarte enfiló sus baterías en contra de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, integrantes del tribunal  oral que exculpó a Jaime Barraza del asesinato de Rubí Frayre y los subsecuentes episodios de los magistrados y jueces, -que no ratificaron o despidieron, en contra de las regulaciones existentes- precipitaron la crisis de confianza hacia el Poder Judicial y hacían necesario que quien llegara al TSJ reivindicara el principio constitucional de la división de poderes y actuara como el necesario contrapeso al titular del Poder Ejecutivo, con lo cual, no sólo saldrían ganando los chihuahuenses, sino, incluso, el mismo grupo gobernante y más si quien llegara contara con la confianza del gobernador Duarte.

Lo ocurrido fue lo contrario. 

Y sí, va a representar al sexenio. De la peor manera.

Regreso para reivindicar la división de poderes, dijo Salcido al momento de anunciarle a los medios de comunicación que renunciaba a la Secretaría de Educación, luego de haber sido acusado, hasta por la vía judicial, de violentar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, además de la división de poderes, cuando, por no decirle que no al gobernador Duarte aceptó convertirse en Secretario de Educación, con lo que forzó la salida de Marcelo González Tachiquín, al grado de que éste anunciara de manera intempestiva y fuera de los cánones priistas su aspiración a la candidatura al gobierno.

A pesar de ello, Salcido sostuvo que mantienen buenas relaciones, al interrogársele sobre su amistad de muchos años con el Gobernador Duarte.

Durante unos minutos, quizá algunas horas, los poderes de Chihuahua vivieron una situación inédita y por demás deplorable, al asumirse dos magistrados la titularidad del Poder Judicial. 

Mientras uno asumía, de nuevo, la presidencia, el otro, Gabriel Sepúlveda, acompañando al gobernador Duarte, presidía un acto del Colegio de Periodistas que dirige Norma Gómez, que por azares de la vida también enfrenta una disputa por la titularidad de la presidencia, pues existe otro grupo que reclama ser la verdadera directiva del mismo.

Luego, mientras Sepúlveda asistía al Pleno de magistrados, Salcido, fue llamado a conversar a Palacio de Gobierno. En su ausencia, Sepúlveda recibía la ratificación como presidente del total de los magistrados, salvo dos.

Salcido regresó al Centro Judicial en tanto el Pleno se desarrollaba y ahí recibió la visita del empresario deliciense, Jaime Galván, contra el que se tejen infinidad de rumores.

Las declaraciones de Salcido fueron tronantes: “Más que proyectos personales, hay que asumir la responsabilidad de las instituciones”, al referirse a Sepúlveda. (Idem).

Las críticas de Salcido abarcaron prácticamente todas las áreas y actividades del TSJ. Afirmó que la puesta en vigor del sistema civil y familiar estaba atrasada, por lo que resultaría difícil se haga en la fecha prevista del 28 de febrero.

Adujo la “sensible” disminución del trabajo en el sistema penal acusatorio, “tanto en la gestión judicial como en el Instituto de Justicia Alternativa” y permitió vislumbrar, con sus declaraciones, el mar de fondo que muchos actores asumen que dio origen al diferendo con el gobernador, Salcido adujo que “La administración de recursos es discrecional, se había dado instrucción (Sepúlveda) para que quienes ocupan juzgados tradicionales civiles y familiares y de justicia penal, ya se integraran a este edificio, cuando éste debe ser revisado; ya ha habido percances que si hubiera estado ocupado, hubiera habido daños a personas”. (Ibídem).

Dos de las aseveraciones más fuertes del ex presidente del TSJ no pueden dejarse de lado, sólo porque él decidió retirarse y jubilarse.

Afirmó que la decisión del Pleno del Poder Judicial, en cuanto a su licencia como presidente del TSJ era ilegal, y que el presidente de éste, Gabriel Sepúlveda, había sido designado ilegalmente “y eso, por congruencia, no lo voy a permitir”, dijo.

Lo más prudente, sostuvo, es “retirarme e insistir que el Tribunal retome el cause de legalidad”.

Bueno, pues su retirada no lo resuelve; ni le da legitimidad a quienes hoy lo dirigen -en el supuesto que Salcido tuviese razón- y, al contrario, al optar por no combatir jurídicamente esas decisiones, deja ir la mejor oportunidad que pudo tener para aportarle a la vigencia del Estado de Derecho en Chihuahua, gravemente cuestionado por haberse vulnerado la división de poderes en la entidad y haber sido el protagonista de uno de los hechos más desafortunados de la actual administración estatal.

“Como no estoy dispuesto a participar en un Pleno cuya presidencia es ilegal, he tomado la determinación de jubilarme y retirarme del Tribunal Superior de Justicia, decisión que creo ayudará a restablecer la normalidad, con la esperanza de que también se abra un espacio para que el Poder Judicial regrese al camino de la legalidad”.

La oportunidad es de oro, lo sostenemos porque la confianza de la sociedad en la vigencia del marco jurídico solamente se la pueden otorgar quienes son los encargados de aplicarlo y, si en una situación extremadamente conflictiva, como la que hemos presenciado, los actores -preferentemente abogados y magistrados- deciden negociar políticamente la salida, en lugar de hacer uso de los instrumentos jurídicos que, suponemos, son quienes mejor los conocen, le envían un clarísimo mensaje de que no es la mejor vía para solucionar los conflictos, que las soluciones “arregladas”, tras bambalinas, son las únicas posibles, por lo menos las ocurridas en los grupos gobernantes.

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¿Ignorancia o mala fé?

El Diario, 7 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

A reserva de abordar con amplitud la gravísima crisis institucional del gobierno de Chihuahua, a raíz de la renuncia de José Miguel Salcido a la Secretaría de Educación, su fallido intento de regresar a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y ahora su renuncia a la magistratura y jubilación, una de las facetas más graves es, indudablemente, el desaseado manejo del marco jurídico o, todavía más grave, la ignorancia sobre él, de una buena parte de los principales integrantes del actual grupo gobernante.

Y, sin duda, de los rupestres intentos de varios de ellos por encubrir, edulcorar o negar los hechos ocurridos en los días previos.

Sorprende, entre esas declaraciones, las de la diputada Presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Mayra Chávez Jiménez, quien, para negar que la disputa por la presidencia del TSJ “evidencie la falta de división e independencia de los poderes en la entidad… Al contrario, creo que es una buena señal que (José Miguel Salcido Romero) haya aceptado como individuo un cargo en el Poder Ejecutivo, pero que, además, que en el momento en el que decide reintegrarse al Pleno del Poder Judicial lo haga, creo que eso muestra lo que marca nuestra Constitución: que las garantías están salvaguardadas para todos los ciudadanos del estado de Chihuahua y los que integran cualquier tipo de poder”.

¡Inaudito!

Si lo que estamos presenciando -y ojalá no debamos sufrir consecuencias severas de ello- deriva de la decisión del titular de uno de los poderes, para irse de subordinado al titular de otro de los poderes ¿Eso es división de poderes? 

Por favor.

Y ahí continuó la feria de desaguisados jurídicos. Sostuvo que el Congreso no debía pronunciarse sobre el término de la licencia otorgada al Lic. José Miguel Salcido, porque debería ser a petición de parte, es decir, del magistrado, en lo que le asiste la razón pues la licencia le fue otorgada “hasta por 6 meses”. (Nota de Gabriela Minjáres/El Diario, 6/I/16).

En cambio, el ratificado presidente del Tribunal Superior del Congreso -pues aún está pendiente si Salcido impugnará judicialmente la decisión del Pleno realizado el martes 5 de enero-, Gabriel Sepúlveda Reyes, insistió en que debería ser el Congreso quien revocara o no la licencia de Salcido y afirmó que el Congreso debería emitir otro “decreto de revocación” de la licencia.

Y se basó en el artículo 77 de la Constitución de Chihuahua para sostenerlo, el que a la letra dice:

“ARTICULO 77. En la abrogación, derogación, reforma o adición de cualquier ley o decreto, se observarán los mismos requisitos que para su formación, salvo cuando la derogación sea consecuencia de los resultados de un referéndum, en cuyo caso se dispensarán los trámites respectivos”.

Pero el problema es que el Congreso otorgó la licencia “hasta por 6 meses”. En otra irregularidad, pues dejó en manos de Salcido la facultad de determinar  su duración.

Inmersos en la avalancha de desaciertos, pifias y chicanadas, nadie atinó a preguntar si la presidenta del Congreso del Estado ya le había enviado al TSJ la notificación del término de la licencia, que debiera ser, sólo, un asunto de trámite y con él en sus manos, el Pleno del TSJ resolver si le devolvía, o no, la presidencia a Salcido.

En ello tenía parte de la razón Sepúlveda al afirmar que “el pleno del Tribunal no estaba notificado, ni está notificado de que el trámite del decreto se haya realizado”.

¡¡¡¿Y entonces?!!!! ¿Porqué hubo una nueva designación de presidente del TSJ? ¿Porque, como dicen, la licencia que otorgaron en diciembre por unanimidad “ya no vale”? ¿Quesque porque Salcido se “ausentó”?

¡Válgame!

¿Entonces, debemos entender que en casi un mes -del 8 de diciembre al 5 de enero- no hubo presidente magistrado?

Pero ahora resulta, de acuerdo con las declaraciones de Gabriel Sepúlveda, que el Pleno del TSJ no está facultado para otorgarle licencia a sus presidentes, sólo renuncias ¿Y luego, cómo se la otorgaron en diciembre, criaturas?

En tanto, el Gobernador Duarte nos anunció que “la Secretaría de Educación está en una etapa de relanzamiento”.

¿Y ahora, con quién al mando?

Y Salcido se va a la vida privada.

¡Ya, por favor, decreten vacaciones a los del gobierno de Chihuahua! ¡Por lo menos de aquí al sábado para tener tiempo suficiente y poder reflexionar sobre sus actuaciones!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Contra los más pobres de las urbes

El Diario, 3 de enero de 2016

Luis Javier Valero Flores

Sin preámbulos, el Gobierno del Estado autorizó el incremento de las tarifas del transporte urbano en la entidad a 7 pesos -lo que significa un aumento del 16.6%-. 

En la capital, el esquema de pago será de 7-2-0 ( Es decir, que el primer viaje será de 7 pesos, el segundo de 2 y el tercero no se pagará, por lo menos en la teoría) a pesar de las reiteradas declaraciones efectuadas por prácticamente todos los funcionarios relacionados con la actividad, incluido el mismísimo primer mandatario estatal, de que no se aumentaría la tarifa.

Además, para las tarjetas verdes o preferenciales el aumento será de 50 centavos, es decir 3 pesos con 50 centavos en el primer camión, un peso en el segundo y cero el tercero, en el caso de Chihuahua.

El incremento se da no obstante que adujeron sería necesario tener en las manos el estudio de las operaciones del transporte urbano, porque desconocían los verdaderos ingresos y la magnitud de los egresos de las empresas del transporte urbano.

Durante meses, en los que una parte importante de los habitantes de la capital soportó el empeoramiento en la prestación del servicio, (porque los juarenses sólo han tenido una leve mejoría, proporcionada por la única ruta troncal del Vive Bus que, a decir de sirios y troyanos, es eficiente y cómoda) las autoridades estatales se desgarraron las vestiduras diciendo que no cederían a las presiones de los concesionarios los que, una y otra vez, exigieron el incremento de tarifas.

Así lo sostuvo el director de Transportes del Estado, Gustavo Morales, “No nos doblamos ante los concesionarios”. (Nota de Orlando Chávez/El Diario de Chihuahua, 2/I/16).

No son las únicas malas noticias, el incremento de tarifas se elevará a 8 pesos si el autobús al que usted se suba es modelo 2016 (y equipado con clima e Internet).

Además, como el gobierno adquirirá unidades nuevas (dijeron que 80 para la Ruta Troncal 1 de Chihuahua) en la práctica nos estamos enfrentando a una elevación de las tarifas a 8 pesos, un incremento del 33% a los gastos, en materia de transporte, a los que menos ganan en las ciudades mayores de Chihuahua.

Y como todas las responsabilidades son de los anteriores gobernantes, el gobernador Duarte “explicó que la pasada administración renovó las concesiones por 15 años, lo que dejó a su gobierno sin formas de presionar a los concesionarios para que mejoren el servicio, por lo que durante cinco años se negó el aumento”. (Idem).

Y trató de justificarlo: “Por más de 7 años no se había incrementado la tarifa del transporte… Había habido incrementos muy importantes en el valor de los energéticos, llantas, de los servidos y nosotros lo que hemos exigido es que se eleve la calidad del servicio”. (La Opción de Chihuahua, 1/I/16).

Es de tal modo la supeditación de la autoridad estatal que en la reunión del Consejo Consultivo del Transporte acordaron que los concesionarios presentarían  los estudios “para revisar en cuáles rutas existe la posibilidad de adquirir camiones 2016 y subir el precio a 8 pesos”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 1/I/16).

Bien, entonces ¿Podrían decirnos cuándo es que se elevó la calidad del servicio? ¿Podrían dar a conocer los estudios realizados, los que el Secretario de Desarrollo Urbano, Maurilio Ochoa, afirmó (Declaraciones a Aserto-Radio, 23/XI/15) se estaban realizando para tener pleno conocimiento de las condiciones del transporte?

Sin embargo, de las propias declaraciones del Gobernador Duarte podríamos inferir que tal aumento no se justifica pues en sostuvo que “debido a diversos problemas los concesionarios dejaron de recaudar alrededor de 150 millones de pesos al año, por lo que el objetivo es que el sistema sea rentable, sin afectar a los usuarios”. (Nota de Orlando Chavarría, El Diario de Chihuahua, 1/I/16).

Además, agregó que la decisión se tomó en el Consejo Consultivo “formado por empresarios, concesionarios, funcionarios y la federación de estudiantes, luego de escucharse propuestas por parte de los transportistas sobre un incremento de hasta 13 pesos”, pero en el que existe una marcada mayoría de funcionarios estatales, cuyo superior jerárquico es el titular del Poder Ejecutivo, por lo que nadie podría alegar autonomía de este órgano de consulta.

El incremento se da a pesar de que todas las opiniones sobre la prestación del servicio coinciden: Es pésimo, faltan unidades, la mayoría de los camiones están en pésimas condiciones, con los vidrios quebrados, lo mismo que las ventanas en la parte superior y algunos asientos descompuestos; los tiempos de espera en las rutas alimentadoras se alargaron; además de que el aumento se da a pesar de la disminución en el precio de la gasolina y que la inflación apenas llegó al 3%.

No obstante, el sempiterno dirigente de los concesionarios capitalinos, Francisco “El Güero”, Lozoya, líder del ala cetemista del transporte urbano, afirmó que “La operación del transporte ha sido eficiente durante estos días, sin embargo los costos siguen siendo sumamente elevados, es necesario replantear las tarifas”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 1/I/16). 

Y como siempre que se autoriza un incremento al precio del pasaje (aunque debemos reconocer que casi se nos olvidaba) los empresarios ligados al oficialismo y otros sectores sociales exigen “mejoras sustanciales al servicio”, como ahora lo hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la capital, Francisco Santini Ramos, al aprobar el incremento de un peso en el primer pasaje del transporte urbano. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 1/I/16).

Es de tal manera injustificado realizar tal incremento que el Arzobispo Constancio Miranda Weckman, en el típico modo de decir de la jerarquía católica, declaró que “se debe ver primero por el bienestar de los ciudadanos”; que para efectuar un incremento era fundamental “basarse en un estudio pertinente donde arrojen resultados en los que indiquen que es mejor para el pueblo”, debido a que quienes utilizan este transporte “son familias que viven el día a día”, además de que, dijo, “si es un buen servicio debe mejorar con el paso del tiempo, pero por otra parte se ve en la incógnita de saber hasta qué punto es benéfico incrementarlo”. (Nota de Natalia [sic], La opción.com, 1/I/16).

Es inexplicable el cambio de actitud del gobierno estatal. 

Apenas unos meses atrás, sostenían exactamente lo contrario de ahora.

“Las deplorables condiciones en que se encuentran las ruteras de Ciudad Juárez no son propicias para aprobar un incremento en la tarifa del pasaje”, declaraba en octubre el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar.

Decía que en tanto no se modernizara el servicio, “nadie tiene cara para exigir un incremento en la tarifa, ni en Ciudad Juárez ni en el resto del estado”. (Nota de Samuel García, Norte de Ciudad Juárez, 22/X/15).

En septiembre, “el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección de Transporte, dio a conocer que en acuerdo con los concesionarios asumía el control del Vivebús, sin que se contemple el aumento de tarifas”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 11/IX/15).

A fines de abril del año anterior, el dirigente estatal de la CTM, Doroteo Zapata, erigido en vocero de los concesionarios de la entonces Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) que prestaba el servicio al Vive Bus, planteó la elevación de las tarifas como solución a la viabilidad del nuevo sistema de transporte.

Todo lo anterior sucede a pesar de que no hace mucho, en noviembre, al crear el Fideicomiso Público de Control Tarifario (y su posterior puesta en funcionamiento) los gobernantes aseveraron que con esa medida se buscaría “transparentar los ingresos del transporte urbano” a fin de evitar “tener que elevar tarifas y que el gobierno y la ciudadanía deje de pagar la ineficiencia operativa hasta ahora registrada”. ¡Orale!. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 18/XI/15).

Entre las medidas que se adoptarían estaba la de pagarle a los concesionarios únicamente las veces que las tarjetas electrónicas pasaran por el detector, lo que obligaría a la disminución en el número de usuarios sin pagar.

Al anunciar la puesta en vigor del fideicomiso, Maurilio Ochoa afirmó que el transporte público en Chihuahua capital generaba ganancias anuales por encima de los 200 millones de pesos y que “al incorporar los métodos de medición, que van desde cuánto cuesta cada kilómetro del transporte, incluido combustibles, mantenimientos, choferes, tipo de unidades, recorridos, rutas, etcétera, podrá dejar en claro que no es aceptable un incremento a la tarifa”. (Idem).

En esa ocasión, Maurilio Ochoa Millán, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, estimaba en 40 millones de pesos mensuales los ingresos del transporte urbano (en la capital), además de que 28% de los usuarios viajan sin pagar, por lo que, afirmó, era posible elevar un 30% los ingresos.

¿Y entonces, por qué no esperar a las medidas que tomarían, antes de elevar las tarifas?

Presión pura, podemos concluir.

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