domingo, 27 de enero de 2019

El pasado violentísimo ¿Regresa?


El Diario, 27 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Lo ocurrido en los últimos doce meses en el estado, en materia de seguridad pública, es -debiera ser- espeluznante. 
El pasado está, ominoso, entre nosotros. Con otros actores, con distinto ritmo; quizá hasta con un perfil diferente; con diferentes gobernantes, con nuevas modalidades, pero lo que sucede apunta, sin duda, a una reedición de aquellas imágenes, escenarios, conductas, hechos y tendencias.
Pareciera regresar al estado de Chihuahua, incluso con una serie de factores que debieran llevarnos a concluir que podrían -deberían- cambiar las expectativas, entre ellos el de la llegada de un gobernante “antisistema”, como se le denominó en los círculos de los analistas políticos y hasta en algunos académicos, a Andrés Manuel López Obrador.
Y deberá hacerse la precisión de que ese pasado pareciera regresar a nuestra entidad porque en el resto del país fue un pasado que no se fue, por el contrario, los índices delictivos de todo tipo crecieron en el sexenio de Peña Nieto, respecto del de Felipe Calderón, y que cambiara, además, el mapa delictivo, que llevó a los primeros lugares a entidades que no aparecían en esos niveles, como lo muestran los análisis del portal “Semáforo delictivo”, que ubicó a Chihuahua, como ha sido a lo largo de más de una década, en los primeros lugares nacionales. Chihuahua se ubicó, en el 2018, en el 4o. lugar, con 47.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (NH100MH).
Pero las novedades las constituyen los estados de Colima (82.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, 1o. lugar), Quintana Roo (45.8, 5o. lugar) y Guanajuato (44.2, sexto lugar).
¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se hizo para que persista, o reaparezca tal situación?
Coincidentes las expresiones, el aún Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, ante pregunta expresa de qué se había hecho en materia de Seguridad Pública para que se presentaran los elevadísimos índices delictivos del período 2008-2012 y, también, que habíamos realizado para que se atenuaran en el tramo 2013-2015.
La respuesta es la misma. No se puede afirmar, con certeza, que tal o cual política o estrategia de seguridad pública -que se dejó de hacer, o se realizó- fue la que permitió el descenso de la ola criminal del primer período (2008-2011); ni tampoco, las que dieron pie al descenso entre 2012 y fines de 2015, pues ya desde el principio de 2016 se advertía un gradual incremento de la oleada criminal.
Puede afirmarse que un factor descollante de la violencia de aquellos años fue la estrategia federal de dirigir sus esfuerzos fundamentalmente al Cártel de Juárez (La Línea) y “favorecer” al de Sinaloa.
No es una aventurada afirmación, son numerosas las notas publicadas por la prensa juarense, en particular El Diario, que dieron cuenta de la enorme desproporción entre un grupo y otro en el número de víctimas fatales, heridos o detenidos en aquellos años.
¿Qué originó, con certeza, el estallido de la guerra entre los cárteles, acrecentado por la activa participación de las fuerzas federales, policiales y militares? 
Imposible saberlo.
¿Qué factores influyeron para que disminuyera tajantemente a partir del 2012 y hasta fines de 2015?
¿Sería que existió, como insistentemente se dijo, una tregua alcanzada con la activa participación de los gobernantes del momento?
Tampoco podremos afirmarlo a ciencia cierta.
 Sin cambios verdaderamente estructurales, los problemas de seguridad, en el país, continuarán. Pero, además, esos cambios deberán transitar, también, por los agrupamientos policiales y la puesta en marcha de un vasto programa de rehabilitación del tejido social.
Porque las crisis de seguridad se presentarán con altibajos, seguramente de manera creciente, como ahora lo sufrimos en todo el territorio nacional.
Además, la degradación del entramado social, producto de muchos factores, pero fundamentalmente a causa del incremento de las actividades del crimen organizado y de la acelerada depauperación de la población, producen un incesante incremento de los índices delictivos, que llevan, también, a la elevación de la percepción de que son “normales” las actividades delictivas.
Las escalofriantes escenas del incendio de las tomas clandestinas en Tlahuelilpan son claras muestras de lo anterior, así como las no menos espeluznantes imágenes de los vehículos, instalaciones y elementos policíacos atacados en días pasados, tanto en Juárez, como en Chihuahua capital.
Como en la oleada violenta del 2008-2012, nuevamente el antiguo Paso del Norte es el escenario de crímenes con las mismas características de esa época. 
Desde muchas semanas atrás, el incremento de homicidios nos lleva a aquellos años.
¿Qué cambió en materia de seguridad pública que nos llevara a esperar resultados distintos a los del pasado?
Nada.
Quizá una cosa sí ocurrió. A diferencia de entonces, el aumento en el consumo de la droga conocida como cristal es impresionante. Su bajo costo y sus nocivos efectos, de corto y mediano plazo, la convierten en la más peligrosa de casi todas las drogas existentes.
Y no solamente en el aspecto del consumo individual, sino en el de, al ser de muy bajo costo, convierte en sus primeras presas -y casi únicas- a las personas de las más bajas condiciones económicas, lo que hace de los barrios y colonias más pobres, auténticas bombas explosivas de muy inquietantes perspectivas pues la incorporación de jóvenes de estos estratos sociales -del mismo modo que en el pasado, pero llevada a muy elevadas cifras- a las actividades criminales es, casi, masivamente y a un muy bajo costo para los jefes de las bandas delictuosas, tanto en la sociedad, como en la parte gubernamental.
Seguramente tal fenómeno explica el hecho de que uno de los principales objetivos de los grupos criminales sean las corporaciones policiacas, las que han sufrido múltiples ataques a mansalva, a manos de delincuentes que actúan con plena impunidad y con un increíble descaro, en operativos coordinados, que han hecho presa de las corporaciones, tanto la municipal, como la estatal.
Y como nada cambió en la estrategia gubernamental para combatir a la delincuencia; todo aumentó en ese aspecto, no sólo los homicidios se incrementaron, también el número de los delitos acompañantes del tráfico de drogas; éste continuó del mismo modo y volumen que en el pasado y la corrupción, además de crecer en el seno de la sociedad, abarcó a más esferas, y más influyentes, del mundo de la política y el gobierno, de tal modo que la impotencia es, por muchos momentos, la principal sensación en cada vez más amplias capas de la población.
Un aspecto de lo cual es el hecho de que “desde el inicio de la administración de Javier Corral han sido asesinados 66 elementos policiacos de las diferentes corporaciones que hay en Chihuahua. (Y) En total, ha informado la FGE, se han detenido a 14 personas acusadas de participar en los ataques en contra de la Agencia Estatal de Investigación”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 20 enero 2019).
Igual ocurre en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos en lo que va de la actual administración, que no es nada distinto al pasado previo: La impunidad más rampante.
A esa realidad no se le pueden oponer mezquindades de ningún tipo. 
Por eso sorprende que el gobernador Corral encabezara una reunión de seguridad en el antiguo Paso del Norte el lunes 21 de enero, sin la participación de la parte municipal, a pesar de que durante las semanas previas se habían efectuado, diariamente, las reuniones del Grupo de Coordinación Chihuahua, como parte de la estrategia del gobierno federal para combatir la inseguridad en el país.
Más preocupante resultó que se efectuara a solo 4 días después de que las fuerzas policiales municipales fueran objeto de por lo menos 5 ataques de los grupos delincuenciales, además del incendio de un camión de transporte urbano y los bloqueos de distintas vialidades.
¿Cómo aceptar tal hecho, sin criticarlo, si, además, el mandatario chihuahuense se ufanó -a través de su cuenta en Facebook- de que “Seguimos trabajando por brindar paz y seguridad a tod@s l@s chihuahuenses. Esta mañana en Ciudad Juárez encabecé el Grupo de Coordinación Chihuahua en el que participan mandos militares, federales y estatales”.
¿Qué ocurrió, tan importante, que se realizara sin la participación de la fuerza que más elementos posee en la frontera?
Imposible saberlo, nadie informa, nadie explica; en tanto la espiral delictiva crece paulatinamente, a veces aceleradamente y sus consecuencias empiezan a abarcar a cada vez más extensas capas de la población.
Todo lo anterior lleva a muchos a optar por las soluciones más “extremas”.
Como a los nuevos gobernantes en el plano nacional, al de pretender militarizar la seguridad pública, sin percatarse que la salida consiste en la construcción y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas y la incidencia real en el fortalecimiento del entramado social, así como la puesta en vigor de un proceso de legalización del tráfico de drogas, de manera escalonada y con el pleno control, tanto de autoridades confiables, como de representantes de la sociedad civil, así como de organizaciones internacionales que coadyuven en estos propósitos, como  la ruta a seguir para salir del infierno actual.

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jueves, 24 de enero de 2019

Morena-Corral ¿Ruptura?


El Diario, 24 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
No hay, a la vista, explicaciones racionales que expliquen la sorpresiva decisión del gobernador Javier Corral de ir a la ruptura con los legisladores de Morena, intención manifestada por la aprobación, impulsada por los diputados locales del PAN, de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante la cual desaparecieron la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, a la cabeza se encontraba al ex presidente del Consejo Estatal de Morena, Omar Holguín.
Menos argumentos y explicaciones se encuentran si se toma en cuenta lo argüido por los diputados panistas para efectuar tales cambios. Alegaron que la reforma tenía como objetivo el ahorro en el gasto del Congreso.
Pero si este era el argumento central, entonces ¿Porqué no la hicieron en diciembre, justamente cuando se discutía el presupuesto del Gobierno del Estado, que contenía el del Congreso?
No, el argumento verdadero no era el del ahorro. Entonces ¿Cuál?
Hasta se dió pie a un rumor, según el cual el gobernador Javier Corral habría obtenido del presidente López Obrador su aprobación para efectuar la reestructuración de la deuda y que el delegado Juan Carlos Loera sería el encargado de hacerla llegar a los diputados de Morena.
Luego, se habló de una reunión de los diputados de Morena, Miguel Colunga y Gustavo de la Rosa, con Corral. Lo que ha sido desmentido por éstos.
Lo único firme que hay es la oposición, de peso, es el rechazo de Morena a la reestructuración de la deuda y al presupuesto 2019.
Eso desató la furia de Palacio. La orden fue tajante, sacar a como dé lugar a los morenistas de los espacios de poder.
Los diputados de Morena argumentaron que el partido gobernante rompía los acuerdos para mantener la gobernabilidad del Poder Legislativo, cosa que el diputado del PT, Rubén Aguilar, caracterizó como  simples acuerdos de reparto del pastel.
Todo eso sucedía en medio de una soterrada y áspera disputa entre los equipos de los aspirantes a la gubernatura al interior de Morena que, conforme pasan los días, se convierte en su verdadero problema.
No se puede catalogar de otra manera la desusada manera de celebrar 50 años de vida del senador Cruz Pérez Cuéllar, enfilado en el afán de mostrarle a los altos mandos de Morena que es “el bueno”, montado en un abigarrado equipo de operadores políticos, entre los que destacan: 
“Pável Aguilar Reynal… Aparte del dirigente del PRD, participan en la organización los líderes panistas Demetrio Kosturakis y Héctor Ortiz; el exdirigente del PRI municipal chihuahuita y exdiputado, Francisco “Pancho” Salcido; el mano derecha de Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional de Morena, Fernando Villarreal; el excandidato a diputado priista, Ian Gerardo Martínez; el excandidato a gobernador por el PRI, Enrique Serrano; la exdiputada y exdirigente del PRI municipal juarense, Mayra Chávez, y otros muchos de la región centro y sur del estado”. (Nota de La Columna, El Diario de Juárez, 23/I/19).
Pero el senador y Juan Carlos Loera, los dos más mencionados aspirantes morenistas afrontan un problema mayor: El de que la operación política del nuevo gobierno la están asumiendo operadores del viejo régimen.
Así se advierte en prácticamente todos los aspectos del quehacer gubernamental, en casi todo el país.
Así, los nuevos delegados del Issste, IMSS y SCT provienen del viejo partido gobernante en México. 
Jorge Esteban Sandoval es un luengo operador político del PRI, con una estrecha amistad con el Director General del Issste, Luis Antonio Ramírez, hijo del eterno cacique de la CNC, Heladio Ramírez.
Enrique Orozco Besenthal, del IMSS, transitó por el PRI jalisciense, antes de ser subdelegado y delegado de la misma dependencia en Coahuila, bajo el gobierno del priista Rubén Moreira, hoy poderoso diputado federal, promovente del apoyo del PRI a la aprobación de la Guardia Nacional, propuesta por AMLO.
Julio César Huerta, por su parte, de la SCT, es un antiguo funcionario de esa dependencia.
La 4T pareciera transitar por los viejos rieles, del viejo régimen, con las mismas viejas prácticas.
¡Válgame!

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lunes, 21 de enero de 2019

El pasado violento, siempre presente




Aserto Multimedia, 21 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Sin cambios verdaderamente estructurales, los problemas de seguridad, en el país, continuarán. 
Se presentarán con altibajos, seguramente de manera creciente, como ahora lo sufrimos en todo el territorio nacional pues las cifras de homicidios no disminuyen, al contrario y en cada vez mayor proporción abarcan a más entidades.
Además, la degradación del entramado social, producto de muchos factores, pero fundamentalmente a causa del incremento de las actividades del crimen organizado y de la acelerada depauperación de la población, producen un incesante incremento de los índices delictivos, que llevan, también, a percepción de que son “normales” las actividades delictuosas.
Las escalofriantes escenas del incendio de las tomas clandestinas en Tlahuelilpan son claras muestras de lo anterior, así como las no menos espeluznantes imágenes de los vehículos, instalaciones y elementos policíacos atacados en días pasados, tanto en Juárez, como en Chihuahua capital.
Como en la oleada violenta del 2008-2012, nuevamente el antiguo Paso del Norte es el escenario de crímenes con las mismas características de esa época y, desde muchas semanas atrás, el incremento de homicidios nos lleva a aquellos años.
¿Qué cambió en materia de seguridad pública que nos llevara a esperar resultados distintos a los del pasado?
Nada.
Quizá una cosa sí ocurrió. A diferencia de entonces, el aumento en el consumo de la droga conocida como cristal es impresionante. Su bajo costo y sus nocivos efectos, de corto y mediano plazo, la convierten en la más peligrosa de casi todas las drogas existentes.
Y no solamente en el aspecto del consumo individual, sino en el de al ser de muy bajo costo, convierte en sus primeras presas -y casi únicas- a las personas de las más bajas condiciones económicas, lo que hace de los barrios y colonias más pobres auténticas bombas explosivas de muy inquietantes perspectivas pues la incorporación de jóvenes de estos estratos sociales -del mismo modo que en el pasado, pero llevada a muy elevadas cifras- a las actividades criminales es, casi, masivamente y a un muy bajo costo para los jefes de las bandas delictuosas, tanto en la sociedad, como en la parte gubernamental, que seguramente explica el hecho de que uno de los principales objetivos de los grupos criminales sean las corporaciones policiacas, las que han sufrido múltiples ataques a mansalva, a manos de delincuentes que actúan con plena impunidad y con un increíble descaro.
Y como nada cambió en la estrategia gubernamental para combatir a la delincuencia; todo aumentó en ese aspecto, no sólo los homicidios se incrementaron, también el número de los delitos acompañantes del tráfico de drogas; éste continuó del mismo modo y volumen que en el pasado y la corrupción, además de crecer en el seno de la sociedad, abarcó a más esferas, y más influyentes, del mundo de la política y el gobierno, de tal modo que la impotencia es, por muchos momentos, la principal sensación en cada vez más amplias capas de la población.
Un aspecto de lo cual es el hecho de que “desde el inicio de la administración de Javier Corral han sido asesinados 66 elementos policiacos de las diferentes corporaciones que hay en Chihuahua. (Y) En total, ha informado la FGE, se han detenido a 14 personas acusadas de participar en los ataques en contra de la Agencia Estatal de Investigación”. (Nota de Itzel Ramírez, El Diario de Juárez, 20 enero 2019).
Igual ocurre en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos en lo que va de la actual administración, que no es nada distinto al pasado previo: La impunidad más rampante.
Todo lo anterior lleva a muchos a optar por las soluciones más “extremas”.
Incluso a los nuevos gobernantes en el plano nacional, como el de pretender militarizar la seguridad pública, sin percatarse que una de las salidas consiste en la construcción y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas y la incidencia real en el fortalecimiento del entramado social, así como la puesta en vigor de un proceso de legalización del tráfico de drogas, de manera escalonada y con el pleno control, tanto de autoridades confiables, como de representantes de la sociedad civil, así como de organizaciones internacionales que coadyuven en estos propósitos, podría ser la ruta a seguir para salir del infierno actual.

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domingo, 20 de enero de 2019

Talipanes


El Diario, 20 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
  • En medio de las guerras del narcotráfico y del huachicoleo, la Cámara de Diputados aprueba la militarización de la seguridad pública
  • Juárez bajo fuego
Término tan “tropicalizado” fue acuñado por el entonces gobernador Patricio Martínez para referirse al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Herrera, uno de los emblemáticos del PAN local, al que tildaba de ser un extremista y político falto de racionalidad.
Así pudiera, en primer término y a botepronto, catalogarse lo que culminará mañana en el período extraordinario de sesiones del Congreso del Estado, convocado para varios asuntos, pero en realidad para uno en el que el grupo gobernante tiene especial interés: El de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para desaparecer la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, cuyo titular es, hasta ahora, Omar Holguín, ex presidente del Consejo Estatal de Morena.
La propuesta, avalada por diputados de todos los partidos, con las excepciones de Morena y de 2 diputados del PRI (uno de ellos, Jesús Velázquez, cercanísimo al ex gobernador César Duarte), implica no solamente ubicar bajo la égida del Secretario Administrativo, el ex diputado del PAN, Jorge Issa, la coordinación de Comunicación Social, sino la representación jurídica del Congreso del Estado, que sería la encargada de conducir todos los procesos judiciales y/o legislativos en los “juicios políticos”, así como el de todos los juicios de amparo establecidos en contra de las determinaciones del Poder Legislativo.
Pero más allá de lo anterior, o precisamente por eso, mediante el albazo de mañana, el gobernador asumirá el control de prácticamente todos los hilos del poder y de los poderes en la entidad.
Cercanos al mandatario son quienes ocupan la presidencia del Instituto Chihuahuense de Transparencia, del Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura; la titularidad de la Auditoría Superior del Estado; la presidencia del Congreso del Estado, así como la coordinación de los diputados locales; también la de los diputados federales; el senador Gustavo Madero, la recién designada fiscal anticorrupción; la presidente del Comité Estatal del PAN; el Secretario Administrativo del Congreso y por supuesto los integrantes del gabinete con funciones fiscalizadoras y/o de procuración de justicia.
De aprobarse la reforma -todo hace suponer que así será- Omar Holguín superará a Jorge Issa en una más que sui géneris competencia: Los dos fueron sujetos y objetos de sendas reformas legislativas, todas a la Ley Orgánica del Congreso.
En primer lugar, la legislatura anterior aprobó una reforma para eliminar el requisito de contar con una profesión relacionada con los cargos a desempeñar en el Poder Legislativo, lo que le permitió a Issa ocupar la Secretaría Administrativa pues es médico de profesión.
Luego, Holguín recibió los beneficios de la reforma que le quitaba el requisito de una edad mínima y por lo menos 5 años de experiencia para ocupar la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales. 
Pero ahora superará a Issa pues se aprobará una reforma especialmente diseñada para sacarlo del Congreso del Estado.
Tal pretensión se concretará debido a que el gobernador Corral obtuvo en todo este proceso otro instrumento de control político: Mayoría calificada en el Congreso de Chihuahua.
Ni siquiera en la anterior legislatura lo había logrado con tal solvencia. Lo obtiene como fruto de la conjunción de varios factores y fenómenos.
Sin duda que la falta de cohesión las fuerzas de Morena es factor fundamental, así como la inexperiencia y carencia de conocimientos del casi depuesto Secretario Holguín, acerca del papel del Poder Legislativo, especialmente cuando lanzó su operativo “Congreso del Pueblo”, consistente en llevar a las colonias programas de asistencia social, que no le corresponde a su dependencia.
Pero esos son, simplemente, los factores agregados. De un análisis detallado de la composición de las fuerzas parlamentarias existentes en el Congreso podía deducirse, casi sin margen de error, que sería cuestión de tiempo para que la minoría del PAN lograse el apoyo de los otros partidos.
Los diputados del PT, muy temprano, informaron que no participarían en la coalición de Morena en el ámbito local.
A su vez, tres de los cuatro diputados del PES se mantuvieron fieles a sus antecedentes: son proclives al gobernante en turno, independientemente del origen partidario. En tiempos de Duarte y Peña Nieto, fueron fieles apoyadores de ambos gobiernos; hoy son respaldo del gobernador Corral y del presidente López Obrador en cada nivel de gobierno.
También los diputados del PANAL y del Verde son congruentes seguidores de esa práctica política. 
El PRI se dividió, dos de sus diputados -Jesús Velázquez y Anna Elizabeth Chávez Mata- en la práctica han abandonado al PRI, se mantienen Omar Bazán y Rosa Isela Gaytán, en lo que parece ser (si tomamos en cuenta la votación del PRI en la Cámara de Diputados, junto a Morena) un aparentemente e incipiente acuerdo político.
Pero la determinación del grupo gobernante local tendrá consecuencias políticas, el morenaje, ahora disperso y confrontado entre sí, entre los diversos acuerpamientos existentes, que hasta ahora mantienen una no tan soterrada disputa por las posiciones ¡del 2021!, pueden reaccionar, unirse por el más elemental sentido de sobrevivencia y actuar, en lo local, y exigir, en lo federal, una respuesta que obligue al gobierno de Javier Corral a bajar el encono en contra de Morena.
Por supuesto que lo mismo pedirá el panista, respecto de sus opositores en el ámbito local, pero siempre habrá límites para las confrontaciones políticas, más por los momentos de apremio que viven los chihuahuenses.
De los ataques a los policías estatales, las bandas criminales -aparentemente- pasaron a la ofensiva en contra de las dos principales policías municipales, las de Juárez y Chihuahua, además de las agresiones y asesinatos de los elementos de “Asuntos Internos”, encargados de la investigación de las corruptelas de los policías de las distintas agrupaciones que, muy probablemente y en la mayor parte de los casos, tienen conexión directa con el crimen organizado, responsable de las agresiones a las corporaciones policiacas.
Podría colegirse que hechos como los sufridos en estos días, y los que diariamente ocurren en el país, deberían llevarnos a coincidir con los diputados federales que aprobaron la reforma constitucional, que da origen a la Guardia Nacional bajo un nuevo esquema, distinto al de su origen y propósito, que eran el de su origen civil y de coadyuvar a la seguridad nacional y que ahora el grupo gobernante pretende se erija a partir de las fuerzas armadas y sea la responsable -en el ámbito nacional- de la seguridad pública.
Es, sin ambages, una militarización en pleno del país, no guarda paralelismo con lo realizado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ni con lo efectuado en primer término por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Cada uno puso en marcha distintas fases de incorporación de fuerzas militares y mandos en los agrupamientos policíacos, en los tres niveles de gobierno. 
Ni los esfuerzos civiles, ni los militares fueron capaces de impedir el crecimiento de los índices delictivos, ni del fortalecimiento de las bandas criminales. Además, la incesante participación de las fuerzas militares conllevó a un preocupante crecimiento en el número y grado de las violaciones a los derechos humanos.
¿Esto se debió a la “perversidad” de las fuerzas armadas, o a la puesta en práctica de un “malévolo” plan militar? 
De ninguna manera, obedeció a la falta de preparación policiaca de las fuerzas armadas; no están capacitadas, ni su tropa, ni sus mandos, para afrontar la muy difícil tarea de la seguridad pública, en el único país que comparte frontera -por el sur- con el principal consumidor de drogas en el mundo.
Y es que, claramente, se necesita una estrategia global para acometer esa tarea, la de la seguridad pública, la que no puede dejar de lado la construcción de una muy sólida policía federal, civil, con mandos civiles, tanto en la parte operativa, como en la administrativa; no puede haber mando dividido, o “mixto”, como ahora se pretende “chicanear” en la aprobación de la GN.
No, no hubo en el pasado una supuesta “militarización”, como tibiamente argumentan algunos defensores de la reforma morenista; y si la hubo, de ninguna manera legitima, ni justifica, que ahora se pretenda militarizar la seguridad pública; los resultados están a la vista, el fracaso en esa materia ha llevado al país a un inacabado baño de sangre.
Y no basta, para defender la reforma, asentar que porque ahora está al frente del gobierno un presidente honesto, las corporaciones militares actuarán de manera diferente al pasado. 
No se trata de la bondad, o de la honestidad del gobernante, solamente, el modo en que actuará un cuerpo militar o policiaco, depende de la estructura, preparación y objetivos para los que fue creada.
De esas diferencias deriva la existencia de agrupaciones policiacas y fuerzas armadas, no deberemos cometer el error de fusionarlas, lo lamentaremos.

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sábado, 19 de enero de 2019

Tlahuelilpan, el huachicoleo tolerado, las preguntas…


Aserto Multimedia, 19 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Impactantes las imágenes del dolor y la tragedia de un pueblo son las de toda la jornada en la que centenares de habitantes de Tlahuelilpan y sus alrededores corrieron, presurosos, a tomar la cantidad que fuera del combustible que fluía a una presión creciente.
También fueron cientos los que corrieron con sus bidones, en lo que se advierte como una reiterada práctica en esa zona.
Luego, el dolor estrujante, la compasión, la tristeza y la impotencia, tanto de las víctimas que pudieron todavía correr en los últimos instantes de sus vidas; pero también el de quienes somos testigos lejanos de esa inmensa tragedia.
Pero una vez superados los primeros momentos de ella, deberá darse paso a una muy puntual investigación sobre los hechos que dieron pie al fallecimiento de más de 70 personas (y que, de acuerdo con los reportes médicos, en los que la absoluta mayoría de los heridos tienen elevados porcentajes de sus cuerpos con quemaduras de 2o. y 3o. grado, con lo que la cifra de víctimas mortales, seguramente, rebasará la centena) y que más de 80 personas hayan resultado heridas, con pronósticos muy desalentadores.
En primer lugar, el pinchazo del ducto no fue de nueva realización, se trataba de una toma clandestina vieja -de acuerdo con las primeras declaraciones gubernamentales- pero que estaba en una zanja, la que contaba con dimensiones tales que permitían el trabajo de zapa de varias personas simultáneamente y en la que se advierte, antes de la conflagración, hierba fresca, nueva en su interior.
Es decir, era una zanja abierta tiempo atrás, de la que tenían conocimiento algunos de los pobladores ¿Y si estos lo sabían, porqué no las autoridades locales? ¿Y si éstas lo sabían, porqué no se lo hicieron del conocimiento a las estatales y federales?
Más aún, los reportes periodísticos indican que esa es una zona “huachicolera”, con varios reportes de distintos incidentes relacionados con la existencia de tomas clandestinas de combustible, y si en los últimos días el tema central abordado por López Obrador fue el del combate a los ladrones de combustible y la puesta en marcha de distintos operativos para combatirlo:
¿Por qué razón nadie se percató de la existencia de una toma clandestina, a cielo abierto, en Tlahuelilpan?
¿Por qué razón los mandos policiacos y militares encargados de la vigilancia de las instalaciones -que incluyen preferentemente, en estos momentos, los ductos, especialmente los procedentes de Tuxpan, Tula y Salamanca- de Pemex?
¿Por qué razón no se erigió un círculo alrededor de la toma clandestina, cuando ya estaba el derrame a todo lo alto, que impidiera el acceso de más personas y solo quedaran adentro de ese círculo los que ya lo estaban y conforme fueran saliendo, contener el acceso de más gente, incluso con medidas de fuerza, pero en la periferia del sitio?
¿Por qué no se hizo, y se hace, una vigilancia permanente en los ductos más importantes del traslado de combustibles a lo largo de todos ellos?
Son muchos los interrogantes, más importantes si entre los antecedentes se encuentra el hecho de que, hasta ahora, están señalados 4 jefes militares, de la más elevada jerarquía, como participantes en el robo millonario de combustibles debido a sus responsabilidades en la vigilancia de las instalaciones de Pemex.
Por lo pronto, queda subsistente una muy destacada ¿Cómo es posible que existiera una zanja sobre el ducto y en éste una instalación “hechiza” para robar el combustible y nadie la reportara?

Las consecuencias son extremas, el dolor de todo un pueblo…

jueves, 17 de enero de 2019

Guardia Nacional: Sí, pero no


El Diario, 17 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
Pudiera darse un giro a la determinación del grupo gobernante en las deliberaciones iniciadas ayer en el marco del período extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, convocado para discutir las propuestas de reforma constitucional para transformar a la Guardia Nacional, pero aparentemente insistirá en una modalidad “mixta” en el mando que tendría el nuevo aparato policial.
Lo delineó, de modo muy grueso, el presidente López Obrador un día antes. Especificó que el aspecto administrativo tendría un mando civil y que, en cambio, el aspecto operativo recaería en un mando militar, lo que simplemente reafirmó lo que fue la propuesta original del grupo gobernante encabezado por el tabasqueño.
Al momento de redactar las presentes líneas aún estaba en el aire la aprobación de un nuevo dictamen, que según la presidenta de la Comisión, Miroslava Carrillo, recogía las expresiones de los distintos actores, vertidas durante las sesiones de las audiencias realizadas previamente con ese motivo.
El apresuramiento es tanto que la propuesta de nuevo dictamen apenas fue conocido al inicio de la sesión y la mayoría rechazó la propuesta de hacer una moción suspensiva a fin de conocer el nuevo dictamen.
Una cosa quedó en claro. Durante las sesiones realizadas la semana anterior, las posturas mayoritarias expresadas en el curso de las deliberaciones previas fueron unánimes en un aspecto: Que exista un mando civil sobre la Guardia Nacional y que ésta fuera una corporación claramente policial, de contenido y mando civil.
Destacan en ese sentido distintas voces, tanto del ámbito nacional, como internacional y entre aquellas las de un organismo empresarial que ha impulsado en las últimas tres décadas a distintas organizaciones de la sociedad civil , con el fin de darle seguimiento al grave problema de la inseguridad, la Coparmex.
El sindicato patronal avaló la creación de la Guardia Nacional, pero  bajo un mando e integración de orden civil; que dependa de la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “así como tener plena coordinación con el ámbito estatal y municipal, respetando en todo momento el pacto nacional”.
El rechazo de los dirigentes empresariales no abarca a la totalidad de la estrategia anunciada por el gobierno federal, por el contrario, alaba la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues la considera “crucial en la tarea de enfrentar los altos índices de delincuencia y el clima de inseguridad en diversas regiones del país”.
Más aún, insiste en una estrategia, en la que, durante varios lustros, la totalidad de las organizaciones civiles -inspiradas o alentadas por ese organismo empresarial y otras agrupaciones afines, y también las que no tienen puntos de contacto con las anteriores- han insistido en que implicar la participación de las fuerzas militares acarrea consecuencias más negativas que las pretendidas en combatir, pero la Coparmex, al igual que la totalidad de los gobernadores, insistieron en el establecimiento de “un marco jurídico adecuado que regule de manera clara la intervención del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada de manera estructurada y que a la vez exista un fortalecimiento de las agrupaciones policiales estatales y municipales coordinadas con un esquema que permita una actuación eficaz”.
Y sostiene que esa intervención, al igual que casi todas las voces escuchadas en las audiencias parlamentarias, se realice con apego a los derechos humanos y de forma temporal, con una regulación precisa, que la haga, sin duda ni subterfugio alguno, depender de la autoridad civil.
Las experiencias, es una regla universal, pero más en la administración pública, no deben desdeñarse.
Chihuahua ya tuvo la propia en esta disyuntiva sobre las características del mando sobre las fuerzas policiacas. 
Durante la puesta en vigor de la “Operación Coordinada Chihuahua”, en una reunión de los gobernantes de ese momento, encabezados por Reyes Baeza, con los empresarios y los jefes militares, el Gral. Juárez Loera dijo lo siguiente: “Le decía el otro día al señor gobernador que tengo una orden de cateo y se llama marro. No sé si alguna autoridad me lo facilite…”. (Nota de Javier H. Contreras O., El Heraldo de Chihuahua, 8 de abril de 2008).
Nadie lo refutó, estaba claro que había un mando sobre aquella operación, las consecuencias fueron funestas.
Hoy pretende constitucionalizarse.
¡Qué bárbaros!

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lunes, 14 de enero de 2019

Piñera, asunto de ética política

Foto del CDE del PAN: Fernando Alvarez y Alfredo Piñera en primer plano

Mega Radio 860, Juárez, 14 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
La decisión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, de nombrar a Alfredo Piñero como su “asesor” en comunicación social, debiera ser un tema de honda preocupación para el grupo gobernante.
Puede ser que los actos realizados por Piñera y otros destacados panistas en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ubicados en muy importantes puestos gubernamentales, no encuadren en la comisión de ilícitos. 
O tal vez sí, sobre todo en lo referente a la violación a la intimidad de la periodista, a la grabación ilícita de conversaciones telefónicas, etc., pero no es  éste el tema a reflexionar ahora; sin embargo, la determinación de los diputados panistas, que beneficia a Piñera, vaya que sí es una muy grave vulneración a la ética política.
Alfredo Piñera, aprovechando su amistad con Miroslava, grabó una conversación sostenida con la periodista de La Jornada -a la postre asesinada el 23 de marzo del 2017-, sin que ella supiera.
La grabación le fue entregada al alcalde de Chínipas, el panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, para que éste la hiciera llegar a Adán Salazar Zamorano, supuesto líder del grupo delictivo conocido como Los Salazar, grupo al que Miroslava señalara como impulsor de diversas candidaturas a las alcaldías, tanto del PRI, como del PAN.
La importancia de la conversación grabada consistía, en que Pîñera la fue orientando para que en ella, Miroslava afirmara que nadie le había proporcionado la información publicada días atrás y que exculpara a los panistas gobernantes en ese municipio, a quienes acusaba Salazar de hacerlo.
Nunca imaginaría la periodista que Piñera la estaba grabando, menos que la grabación fuera entregada a “Los Salazar”.
La petición de que Piñera -a la sazón encargado de Comunicación Social del Comité Estatal del PAN- “ayudara” al alcalde, fue hecha por José Luévano, entonces encargado de la presidencia del comité estatal y quien es el actual secretario particular del gobernador Javier Corral.
Los hechos relatados están asentados en los diversos juicios realizados con motivo del asesinato de Miroslava y nadie los ha refutado, por el contrario.
¿Con qué confianza podrán los reporteros de la fuente del Congreso del Estado relacionarse con Piñera, si en el aire subsiste un hecho que es incontrovertible, el de la grabación a Miroslava Breach, la que ha sido eje central en la acusación a Juan Carlos Moreno Ochoa, el Larry, de ser el autor intelectual del asesinato de la reportera? ¿Cómo puede una fuerza política, y más una gobernante, no actuar con un mínimo de sensibilidad y congruencia ética, en un asunto tan doloroso como lo es el asesinato de una reportera?
De ahí las numerosas críticas recibidas por el líder de los diputados panistas, Fernando Alvarez Monje, cuando, a preguntas directas sobre el nombramiento de Piñera en el Congreso, respondiese que el tema (sic) estaba “superado”.
Lo menos que pueden hacer los actuales gobernantes chihuahuenses es no colocar a Piñera en posición tal que los reporteros deban relacionarse, por motivos de trabajo, con él.
¿Cómo se les ocurre? 
Y todavía se enojan cuando se les pregunta sobre el tema…

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domingo, 13 de enero de 2019

¡Tendrá mando civil!

El Diario, 13 de enero de 2019
Luis Javier Valero Flores
En un sorprendente giro político, el presidente López Obrador aceptó rectificar su propuesta, no la de la creación de la Guardia Nacional, como cuerpo central en la preservación de la seguridad pública, sino en el mando que tendrá. 
Será un mando civil.
La postura del gobierno de la 4a.T, de abrir una intensa discusión en la Cámara de Diputados, a través de la realización de las “Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional”, en la que participaron -hasta el viernes a mediodía- varios gobernadores, alcaldes, dirigentes de organizaciones derechohumanistas (tanto como gubernamentales y no gubernamentales), de organismos internacionales y en la parte final con la presencia de los titulares de las dependencias federales relacionadas con la seguridad pública, rindió sorpresivos dividendos.
El principal de ellos ha sido, hasta ahora, el de la exposición de un sinfín de posturas, de actores políticos de distinta procedencia partidaria, en lo que fue una descarnada descripción de la extrema situación que guarda la seguridad pública en el país.
Si bien la gravedad de la crisis de inseguridad origina, a diario, motivos para espantarse, condolerse y preocuparse hondamente, escuchar a los gobernadores y alcaldes, muchos de los cuales se encuentran al frente de las poblaciones con los más altos índices delictivos en el país, fue estremecedor pues ilustró de otra manera la profundidad de la crisis por la que atraviesa el país ya que prácticamente todos, de una manera o de otra, denotaron su impotencia ante la magnitud de la crisis.
Deberá anotarse que la totalidad de los gobernantes y legisladores emanados de los partidos de oposición expresaron su oposición, no a la creación de la Guardia Nacional, sino a la pretensión, de la iniciativa de Morena, de dejar en manos de los militares la conducción del nuevo cuerpo policiaco.
Pero no solamente ellos, la totalidad de los funcionarios y activistas derechohumanistas manifestaron abiertamente su oposición a ese modelo, que va a contrapelo de lo que la sociedad, mundialmente, está haciendo.
Y esa tendencia la manifestó de manera mas clara Jan Jarab, Representante en México de la ONU en materia de Derechos Humanos, quien apeló a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Alvarado”, para ofrecer una de las argumentaciones más sólidas en contra de la iniciativa lopezobradorista.
Jarab arguye que la CIDH reafirmó “que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles” y que cuando deban ser usadas, su intervención deberá ser: 
“Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;
Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y
Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”.
Tales parámetros, dice uno de los peritos más calificados en el mundo en materia de seguridad pública y derechos humanos, no se cumplían en la propuesta pues “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad. Dicha actividad se concibe preponderante, no subordinada; principal y no complementaria. Tampoco está debidamente regulada ni es fiscalizada apropiadamente”.
Y pone énfasis en cuatro aspectos, derivados de la vigilancia efectuada en el país: 
“Primero, que el Dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado.
Segundo, que la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles…
Tercero, la preocupación por el impacto que en la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma.
Y cuarto, la preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. Desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado, por lo que ésta no parece la forma idónea de lograr seguridad”.
Del mismo modo que lo habían expresado diversas voces, el funcionario de la Naciones Unidas manifestó su preocupación por “la pretensión de consagrar” aquel modelo en la Constitución.
Ahora bien, siendo plausible la decisión gubernamental de aceptar la modificación en el mando, la discusión no termina ahí, por el contrario, la propuesta de López Obrador implica una profunda reforma al sistema prejudicial y al total de las fuerzas implicadas en la seguridad pública, así como en el modelo de policía que deberá construirse en el corto plazo.
Uno de esos aspectos es el relativo a si la GN tendrá competencia para investigar delitos, ahora reservada al ministerio público, y que abriría la posibilidad para que los elementos de las fuerzas armadas quedasen sin el control de la autoridad civil “y sin que los integrantes de las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos”.
Y eso tiene una importancia capital pues tal y como lo establece la propuesta (estaremos a la espera de las necesarias modificaciones que deberá recibir, como producto de la reversión anunciada por el presidente), cuando los elementos de la GN cometieran algún ilícito en el ejercicio de las funciones de ese cuerpo, serían del conocimiento y competencia de la autoridad judicial civil, pero que abre la posibilidad de que cuando no fuera así, entonces algunos posibles ilícitos, que no encuadraran en aquel supuesto, se deduce, serían conocidos por la autoridad judicial militar.
De ese modo estarían bajo la dualidad de ambas competencias, lo que significaría que en la práctica estarían bajo la jurisdicción militar, algo contrapuesto a todos los estándares internacionales que, como lo hemos asentado, se contraponen a la plena vigencia en el respeto a los derechos humanos, lo que en opinión de la ONU y de los especialistas en estos temas, sería abonarle a un proceso de “militarización”, totalmente regresivo.
Otro aspecto, tercamente abordado por Edgardo Buscaglia, uno de los mejores peritos en el estudio del crimen organizado y las maneras de enfrentarlo, es el de que la propuesta no establece los necesarios mecanismos de control político que debiesen estar a cargo del Poder Legislativo, como el debido contrapeso a las actividades de las dependencias del Ejecutivo, más en esta materia, que contiene el agravante de incorporar de la noche a la mañana a decenas de miles de elementos de las fuerzas armadas a las tareas policiales.
Y no bastan los argumentos de que la principal incorporación sería la de los integrantes de las policías militar y naval y que esa participación es garantía en el combate al crimen, más si se toma en cuenta un aspecto poco enfatizado en estos días de graves problemas en el abasto de combustibles a medio país, y es que las instalaciones de Pemex han sido resguardadas, de mucho tiempo atrás, precisamente por esos destacamentos militares, de ahí que el extraordinario señalamiento realizado por López Obrador en contra del General brigadier del Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien fungía como Subdirector de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, por lo que era el encargado de la seguridad de Pemex, deba ubicarse en el rumbo de que la corrupción en el robo de combustibles no sólo apunte al bando civil.
Inmersos en un escenario poco propicio al libre aireamiento de las ideas y posturas, expresar lo anterior no implica, ni el linchamiento de las fuerzas armadas, ni la exculpación en las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de ellas, así como los no pocos episodios en los que los más altos mandos militares hicieron caso omiso de los señalamientos, de los no menos numerosos organismos derechohumanistas -de todo tipo- realizados a lo largo de más de una década.
Así como se aplaude la decisión del gobierno de López Obrador de lanzarse en contra de la corrupción en Pemex, y de recular en el caso de la GN, hechos en los que, evidentemente, ha cometido errores, también deberá insistirse en que uno de los principales legados de su gobierno será el de cambiar, positivamente, el entramado legal e institucional, para que no dependa de la calidad moral del mandatario en turno la puesta en vigor de tal o cual medida.
A eso está obligado el gobierno de la 4a. Transformación.

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