Espejismos y voluntad política

El Diario, 29 de mayo de 2014
Luis Javier Valero Flores
Muchas cosas podrán hacerse en materia de seguridad pública, pueden lanzarse mil y una estrategias para combatir al crimen organizado, a los narcotraficantes, incluso podría impulsarse la estrategia global de combate al crimen organizado propuesta por Edgardo Buscaglia, -el analista más destacado en esta materia- pero lo que no podrá cambiar es el hecho cardinal de que nuestro territorio, especialmente Juárez y el Valle de Juárez, colindan con el principal mercado de drogas en el mundo.
Ahí se encuentran buena parte de nuestras desgracias (y fortunas para otros).
Se podrán vanagloriar, las autoridades de todos los niveles, de los alcances en materia de coordinación, de avances en la preservación de la seguridad pública,  de los nuevos esquemas funcionales de las agrupaciones policiacas, del crecimiento de los presupuestos destinados a esta materia y hasta de los montos crecientes destinados al desarrollo social, pero mientras persistan las condiciones actuales, en el número y calidad de empleos, de niveles salariales, de consumidores de drogas y de la elevada impunidad existente, las guerras de los cárteles de las drogas encontrarán terreno fértil.
Seguiremos convertidos en campo de batalla de ellos y de las deficientes acciones gubernamentales para combatirlos; y nuestra sociedad se verá inmersa en tales formas culturales y rezagos sociales. El resultante, paradójico, será que los “buenos” de la sociedad se convierten en los más vulnerables de la sociedad. Ahí radica la diferencia entre un asesinato y otro, no porque el abogado César Cordero no gozara de innumerables cualidades destacables, sino porque el protagonismo alcanzado por su colega, Salvador Urbina Quiroz, lo había convertido en una de las voces más respetadas (y escuchadas -ojalá-) de la sociedad juarense, merced a sus posturas, siempre en defensa de los intereses comunitarios y en la crítica hacia los gobernantes.
Por eso son más dolorosas y sensibles muertes como la suya.
Apenas al inicio de la semana, uno de los reportajes centrales de la revista Proceso (En Juárez, paz pactada… pero viene un “limpia”, Proceso No. 1960) ponía en el centro de la discusión que la disminución en el número de homicidios podría tener como explicación la dinámica de los cárteles de la droga, más que las políticas gubernamentales.
Semanas atrás, la publicación ADN (Abril 15, 2014) publicaba que, de acuerdo con un estudio elaborado por “Justice in México” y la Universidad de San Diego (“Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2013”), la “significativa” disminución en el número de homicidios en México durante 2013 “se atribuye a los cambios que se están generando en la dinámica entre el narcotráfico y el crimen organizado”.
¿Cómo desconocer que la ola homicida en Juárez 2008-2011 esté generando, aún, los “picos” en el número que hoy se presentan y que no exista una estrategia para combatir tales secuelas, la fincada en las acciones comúnmente denominadas de “inteligencia”?
Más aún, que ante el espeluznante número de profesionales del derecho victimados a lo largo de esos años -alrededor de 70- no se advierta una actitud de comprensión y de aceptación al auxilio permanentemente ofrecidos por todas las agrupaciones de abogados existentes en la entidad.
De ahí las contundentes expresiones de repudio y rechazo de todos ellas, como las del comunicado firmado por Miriam Anel Ornelas Chavira, presidenta del Colegio de Abogados Lic. Benito Juárez García y de Jesús Eduardo Mariscal Ojeda, presidente de La Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez: “… nuestra sociedad civil no puede estar más a merced de criminales desalmados que impunemente derraman la sangre de sus hijos más valiosos y alertamos a la comunidad jurídica para que extremen precauciones de seguridad personal en espera de una respuesta positiva de nuestras autoridades para no caer en el espantoso terror que creíamos superado… Queremos conocer qué es lo que sabe la autoridad investigadora, vamos a exigir que hagan su trabajo”.
O como las del presidente del Consejo Estatal de Colegios de Abogados, David Óscar Castrejón Rivas, quien advierte que “el gobernador nos ha ignorado”, quien ha solicitado una audiencia, -desde junio del 2012- con el gobernador César Duarte para mostrar su inconformidad, preocupado porque en tan “sólo en el mes de mayo, tres abogados han sido asesinados en el Estado de Chihuahua”.
Ante estos y otros señalamientos, el gobernador Duarte afirmó que “El propio embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne y personajes destacados a nivel internacional como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí reconocen en los foros más importantes del mundo los avances que registra Juárez en la recuperación de la seguridad, mientras que algunos hablan mal de esta ciudad, eso es lo incongruente”.
“Pasan muchas semanas sin que el tema sea la inseguridad”, dijo. Y enseguida hizo un recuento de los avances en materia de seguridad pública: “Juárez tenía el 20 por ciento de los autos robados y de los homicidios de la República Mexicana y ahora no aparecemos en esa estadística”, que se ha “detonado el relanzamiento económico y la promoción de las fortalezas del estado y a la par de poner orden con la reestructuración de las corporaciones policíacas y de impartición de justicia, así como lograr la certificación de los centros penitenciarios”.
A su vez, Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C., señaló que “… ya rebasamos los 60 homicidios de jurisconsultos colegiados y los escasos esclarecimientos son por excepción y no por regla; muchas cosas en las instituciones responsables de la procuración y prevención de los delitos no funcionan y éste es un buen momento para que se elimine lo que no sirve y se despida a quien simplemente no puede”.
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Límites a la autoridad

El Diario, 25 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Fruto de la nueva legalidad, o del nuevo marco legal en materia de derechos humanos, dos de los casos más polémicos de los últimos meses ocurridos en la capital del estado -el accidente del Aeroshow, en octubre de 2013 y la instrumentación del sistema de transporte urbano “Vive Bus”, -éste con una evidente analogía con el Vive Bus Juárez-, le acarrearán serios dolores de cabeza a los gobernantes y al total de la clase política chihuahuense.

Más aún, infligirán serios desconocimientos a lo realizado por los encargados de las áreas jurídicas del municipio de Chihuahua y del estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).

Además, las consecuencias de los actos y acciones gubernamentales en estos dos temas abarcarán a los dos procesos electorales en puerta y podrían modificar seriamente la correlación de las fuerzas políticas en la entidad. 

En la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ocurrieron dos eventos a cual más de importantes. Por una parte, la presentación de la demanda penal en contra de los más altos funcionarios de la administración municipal anterior, encabezada por Marco Adán Quezada; por la otra, la presentación de la disculpa pública del municipio de la capital a los deudos de las víctimas fatales y a los sobrevivientes del accidente.

Pero entre una y otra -en el tiempo- una nueva sorpresa: Dos actores centrales de los principales litigios de los últimos años hicieron una nueva aparición. El abogado Maclovio Murillo y el juez federal, Octavio Cuenca Zamora. 

Murillo representó a los jueces del famoso caso del asesinato de Rubí Frayre (la hija de la también asesinada, Marisela Escobedo) al magistrado Carlos Flores Silva y al juez de adolescentes infractores, Adrián Morales Hernández. En todos ellos ganó los litigios en contra del gobierno del estado.

Por su parte, el juez Cuenca Zamora cuenta entre sus alforjas el otorgamiento del amparo a Rodolfo Leyva en el caso de la elección de las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), la aceptación de la solicitud de amparo, promovida por distintas agrupaciones, que impugnaron la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); y el amparo otorgado a los pueblos rarámuris en contra de la construcción del aeropuerto de Creel, en plena sierra Tarahumara.

En todos los casos, independientemente de lo justa de la medida, o de lo conveniente en términos económicos o de la funcionalidad, lo que está en litigio es el respeto a los derechos humanos y al marco jurídico vigente, aspecto que en todo momento las autoridades deberán cumplir.

De ese modo, al dejar resquicios de ilegalidad en sus actos, le han permitido a estos dos abogados ejercer a plenitud sus conocimientos y experiencia.

Murillo, en representación de los concesionarios agrupados en la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), operadora del Vive Bus, solicitó y obtuvo del juez Cuenca Zamora un amparo provisional para sus clientes, en contra de la requisa de la ruta troncal del Vive Bus.

Con ello, este problema dió un vuelco, pues muy seguramente Cuenca le otorgará a la CTC el amparo definitivo, si nos guiamos por el cúmulo de agravios esgrimidos por el abogado Murillo, entre ellos el de la violación al debido proceso y al derecho de audiencia y por los antecedentes de ambos, quienes gozan de un reconocimiento generalizado en el manejo de las leyes en materia de derechos humanos, especialmente a partir de la reforma del artículo 1o. constitucional.

Un día después, el cabildo de Chihuahua presentó una disculpa pública a las víctimas del accidente del Aero Show en un acto tenso, con la presencia de alrededor de 50 sobrevivientes, algunos de los cuales externaron severas y dolidas críticas al manejo gubernamental de sus casos, incluso con el señalamiento de que, una vez atendidas los requerimientos médicos de sus padecimientos físicos, en otros aspectos no fueron auxiliados.

Llamó la atención que en la presentación de la disculpa no fueran llamadas por sus nombres las víctimas fatales. Pero de lo que más se quejan, algunas de las víctimas, es del largo retraso en el pago de las indemnizaciones, aspecto que, aplicado oportunamente pudo, podría, ayudar a resolver la grave problemática desatada con motivo del accidente.

Aunado a lo anterior, una carta firmada por integrantes de las familias de algunas de las víctimas fatales y por sobrevivientes del accidente, criticaron severamente a la actual administración municipal y reclamaron, reconociendo que la recomendación de la CNDH no lo exige, que en el acto público hubiese estado el ex alcalde Marco Adán Quezada “y sus colaboradores, quienes fueron los responsables de la organización y autorización del funesto evento en que niños, padres y madres de diferentes familias perdieron la vida y en el que muchos quedaran con lesiones de por vida, para que ellos acudieran en compañía de usted a pretender dar la mencionada disculpa”.

En su escrito, los familiares deploran que la disculpa no se haya hecho en “los hogares” en los que faltan quienes cayeron en el accidente y lamentan que el acto de la disculpa pública haya tenido solamente “para efectos de cumplir con un requisito, alejado tanto de presentar ante la sociedad a los verdaderos culpables de tan lamentables sucesos, así como de aceptar de manera expresa la responsabilidad de la institución que en la actualidad representa por la irregular organización y autorización del Extremo Aero Show 2013, de tal suerte que con nuestra ausencia al evento que por este medio se replica, queremos acentuar nuestra inconformidad y el rotundo rechazo a la disculpa que por la CNDH fue forzada a ofrecer su administración, ya que de otra forma jamás se hubiera dado”.

Y anunciaron la presentación de más demandas, las que, dicen, “esperamos sean atendidas con imparcialidad y estricto apego a derecho”. (Publicada en El Heraldo de Chihuahua, 23/V/14).

Ante la demanda penal, el ex edil capitalino ha respondido que no es ”homicida y estoy dispuesto a dar la cara… Lo hice en el pasado, en los momentos más dolorosos, en la atención a las víctimas; con mayor razón lo voy a hacer ahora. Estaré atento para poder hablar de frente a la sociedad, a la autoridad y dar mis puntos de vista, mis argumentos”.

Si bien prácticamente todas las acciones hasta aquí descritas tenían un marco legal ya existente, lo nuevo en todas ellas es que las modificaciones constitucionales abrieron un nuevo espacio de exigencia a las autoridades para que realicen todas sus acciones con un mayor apego a la legalidad con un abanico -como ya lo vemos- aún más grande, para los ciudadanos, de defensa frente a las presuntas arbitrariedades de las autoridades.

Y es en este marco en el que el juez Cuenca Zamora le otorga la suspensión provisional a la requisa parcial del Vive Bus Chihuahua, medida que, dadas las características del servicio a prestar, hacía necesaria y por demás impostergable. La sorpresa es que se realizó sin el cuidado a las formas legales necesarias para evitar lo que ahora es una realidad y que, probablemente, en pocos días se torne aún más complicada pues muy seguramente el juez le otorgará la suspensión definitiva (el amparo) a los concesionarios.

Y es que, asientan en la solicitud de amparo, “de manera arbitraria (se) ordenó la requisa de la ruta troncal del sistema de transporte, vulnerándose los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso, legalidad, recurso efectivo, fundamentación y motivación previstos en la legislación aplicable”.

Contrariamente a lo sostenido por las autoridades, la CTC afirma que “el servicio de transporte de personas en la Ciudad de Chihuahua, bajo el sistema integral, se ha desarrollado de manera eficiente, permanente y continua por parte de la empresa”. No solo refutan a las autoridades, también a los concesionarios que de manera particular y anónima (permanentemente le han pedido a los reporteros de distintos medios que no mencionen sus nombres) han señalado la ausencia de utilidades.

La demanda sostiene que “… hasta la fecha, la situación financiera (de la empresa) no es ruinosa, sino estable y rescatable, al grado de poder ser exitosa, tomando en cuenta las características de la inversión, y la misma, sí ha permitido la prestación del servicio público concesionado bajo las características de eficiencia, continuidad y permanencia, no obstante que fue invitada por el Gobierno del Estado a prestar el nuevo servicio bajo parámetros novedosos y modernos que requirieron múltiples inversiones y esfuerzos para adaptarnos al nuevo modelo”.

Se quejan, además, de que a la empresa “se le canceló la posibilidad de explotar la ruta más importante, mejor organizada, con mayor inversión y mayor número de ganancias, conocida como Ruta Troncal, y se le confinó a explotar solamente rutas menos rentables, con mayor problemática y menor inversión”. 

Una vez desatado el conflicto entre concesionarios y gobierno, han aparecido los motivos de la conducta de los empresarios. Informaron que el gobierno “les falló” debido a que se les había prometido el otorgamiento de un subsidio gubernamental, algo que funcionarios gubernamentales afirman ya se hace con un monto de 10 millones de pesos mensuales.

Por otra parte, en cuanto se anunció la requisa parcial, los concesionarios señalaron su pretensión por alcanzar  la elevación de la tarifa a 8 pesos y cambiar el esquema de 6-2-0 a uno que se asemeje al 8-8-0 (8 pesos en los primeros abordajes y 0 en el último), lo que llevaría a que el costo pasara de 8 a 16 pesos.

Orale ¿Nada más, eso es todo lo que quieren los muchachos?

Y es que, dicen, sus ingresos mensuales ascienden a 37 millones, en lugar de los 50 que harían a su empresa rentable.

Pero, hasta el momento, ninguna de las partes han hecho del conocimiento público los verdaderos ingresos del Vive Bus.

¿Cuál es el estado verdadero de las finanzas del Vive Bus?

O, como decía mi abuela ¿A dónde iremos a parar?

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Partido fracturado

El Diario, 22 de mayo de 2014
Luis Javier Valero Flores
No todo es coser y cantar en el Partido Acción Nacional. Además de lo reñido de la competencia y de lo cerrado de los resultados (se podrá argumentar que los 15 puntos de ventaja del chihuahuense Gustavo Madero son muchos, 57.14 frente al 42.86% de Ernesto Cordero) que en realidad reflejan que, casi, por mitad están partidas las concepciones y simpatías al interior del panismo y que la corriente encabezada por Felipe Calderón goza de una extremada fuerza, serios conflictos persisten.
Apenas se supo de los resultados de la elección, el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, lanzó una severa, aguda crítica al triunfador Madero. Dijo que el político chihuahuense no cuenta "con el perfil que necesita el PAN, pues no sólo no ha actuado contra la corrupción, sino que propició, toleró y se alió con quienes la practican. Tiene ahora una nueva oportunidad con este mandato que recibió en las urnas. Vamos a ver si tiene esa capacidad de rectificar porque en su primer periodo no hizo nada, al contrario, la propició, la toleró, la solapó, se alió con muchos de los señalados". (Nota de Verónica Ayala, Reforma, 20/V/14)
El exgobernador neolonés, a nombre de la agrupación "Panistas por México", informó que esa agrupación emplazará al líder nacional de ese partido a actuar ante los casos de corrupción al interior del blanquiazul.
Tajante, ratificó que "Madero no tiene el perfil que requiere Acción Nacional. Estamos hartos todos los mexicanos, panistas y no panistas, de la corrupción, que la hay en nuestros gobiernos de todos los partidos políticos, y Gustavo Madero no ha tomado una sola acción en ese sentido".
No es cualquier grupo de militantes del blanquiazul. Lo conforman, entre otros, el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas; Ernesto Ruffo, de Baja California y actualmente senador, y Carlos Medina, de Guanajuato, así como por el ex presidente del PAN Luis Felipe Bravo Mena, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores Salvador Beltrán del Río y la ex Alcaldesa de San Pedro Garza García, Teresa García de Madero.
Escéptico, afirmó que el "PAN que solapa la corrupción, que la propicia, que la tolera, no es el PAN en el que muchos hemos militado por años".
A pesar de haber obtenido 93 mil 25 votos, por los 69 mil 767 de Ernesto Cordero, de un padrón de 217 mil 593 (La participación fue del 74.81%) y de haber triunfado en  20 de las 32 entidades, sus principales colaboradores perdieron en sus respectivas entidades. (Templo Mayor, Reforma, 20/V/14).
Así, el dirigente panista perdió en los estados de dos de sus más cuestionados colaboradores, sus operadores en el Congreso de la Unión: Guanajuato, de Luis Alberto Villarreal; y Colima, de Jorge Luis Preciado.
A su vez, su compañero de fórmula, Ricardo Anaya, perdió Querétaro, entidad en la que aspira a convertirse en candidato al gobierno y Marko Cortés, su coordinador de campaña, no pudo hacerlo ganar en Michoacán.
No sucedió así en las entidades gobernadas por el PAN, entre las que destaca Puebla, entidad en la que la denuncia de diversas acciones presuntamente impulsadas por el gobernador Rafael Moreno Valle serán objeto, permanentemente, de críticas.
Así, Madero triunfó en Puebla, con Moreno Valle (el más abiertamente precandidato a la presidencia de la república y que, presuntamente, impulsa Madero); en Sonora, bajo la conducción de Guillermo Padrés; en Baja California, cuyo gobernante es Francisco "Kiko" Vega y en Sinaloa, bajo la batuta de Mario López Valdez "Malova".
Dicho panorama nacional no pareciera repetirse en Chihuahua, en donde Madero triunfó en las dos principales urbes, Juárez y Chihuahua, además de salir adelante en la votación estatal.
Podrán no tener conflictos mayores a causa del enfrentamiento nacional, pero los antagonismos locales sí pudieran llevarles a no abordar en las mejores condiciones el próximo proceso federal, lo que agregaría ingredientes locales a los nacionales, de tal manera que, conforme resuelvan las candidaturas a diputados federales, serán sus resultados y el rumbo de los conflictos internos.
A menos, claro está, que se presente una oleada electoral en rechazo al gobierno de Peña Nieto, lo que podría catapultar al PAN, a pesar de sus conflictos y gracias a la probable pulverización del voto de izquierda.
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Requisa a medias, concesionarios a salvo

El Diario, 18 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Anunciada estrictamente por medio de filtraciones periodísticas, fueran desde el gobierno, o desde las distintas corrientes de los concesionarios, la requisa parcial sobre el Vive Bus-Chihuahua, decretada el viernes, era una medida largamente solicitada por algunos sectores de la sociedad.

No era una medida contemplada por la mayoría de los usuarios como una solución, no porque la rechazaran, sino porque a los ojos de esa mayoría da lo mismo concesionarios que gobierno y, lo importante, para ellos, como para el resto de la población, es que ofrezcan buen servicio quienes están encargados de proporcionar el del transporte urbano.

Más aún, el sentido de la decisión sorprende porque la requisa (independientemente de la caracterización jurídica que se le dé) recae exclusivamente en la ruta troncal del Vive Bus y se les deja a los concesionarios el manejo y control de las rutas alimentadoras, receptoras de la inmensa mayoría de las quejas de los usuarios.

Los argumentos utilizados para quitarles la concesión de esa ruta es que presenta un quebranto de alrededor de 100 millones de pesos en los escasos 9 meses de funcionamiento, aunado al “deficiente servicio” otorgado.

¿Perdón? ¿Oímos bien? ¿El mal servicio prestado en la ruta troncal?

No hace mucho, el Gobernador César Duarte afirmaba que esa ruta era el ejemplo del nuevo y moderno servicio de transporte urbano que merecen los chihuahuenses.

Así lo dijo: “Si bien hoy la línea troncal del Vive Bus se constituye en un referente respecto a la calidad en el servicio y la aceptación que tiene entre la población, las rutas alimentadoras son las que han desvirtuado la funcionalidad y sobre todo la calidad del servicio…”. (Nota de Heriberto Barrientos M., El Diario de Chihuahua, 2/V/14).

En esa ocasión, el dirigente de la CTM, Jorge Doroteo Zapata, fue quien develó lo que ahora vemos. Se trataba, dijo, que la medida asumida “sea en beneficio del usuario… y que no perjudique a los concesionarios o los operadores”. (Ibídem).

¿Y entonces?

Si bien la ruta troncal del Vive Bus Chihuahua no podía -no puede- calificarse de excelente, tampoco podía desestimarse; sus problemas derivan del mal diseño del total de las rutas, de la falta de estimación del flujo de usuarios, de la ausencia de unidades directas (al estilo de viajes express en ambos sentidos de la vía), del mal diseño de los autobuses, cuya capacidad de transportar pasajeros sentados es de la mitad de las unidades anteriores y, sobre todo, del deficiente sistema de cobro (a pesar de ser digital y con tarjeta) que se convirtió en una de las principales quejas de los usuarios por la desaparición de cantidades “hormiga” en los saldos de las poco menos de 500 mil tarjetas emitidas.

Pero las principales quejas no provenían de esta ruta, sino de las alimentadoras, las que ahora, no solamente se dejan intactas, sino que la decisión de requisar parcialmente, llevará a que desaparezca el esquema de cobro 6-2-0 (En pesos, de acuerdo con el transbordo efectuado).

Así, una de las consecuencias será (y para nada podríamos descartar que esa era, secretamente, el plan de los concesionarios) el regreso al esquema de 6 pesos por viaje efectuado. Seguramente que los usuarios deberán desembolsar cantidades mayores para el transporte ¡Consecuencia nefasta!

Una cosa es positiva de tal enredo (que deberemos esperar, aún, el esquema jurídico con el cual operará la ruta troncal), esto es que, la mayor parte de la inversión efectuada por los gobiernos estatal y municipal será “recuperada”, pues la mayoría de las obras realizadas se hicieron a lo largo de ella y el financiamiento de la compra de los autobuses corrió a cargo de organismos internacionales, con el aval del Gobierno del Estado ¡Por fin, una buena para nosotros!

Una cosa es cierta, afectado, pero el antiguo pulpo camionero continúa en el control del transporte urbano de la capital del estado. Es tal su dominio -porque forma parte de los grupos hegemónicos en la ciudad y el estado- que incluso la medida adoptada no se efectuó debido a un ejercicio de la autoridad, por lo menos eso es lo que está asentado en los documentos, sino a una petición de los concesionarios agrupados en la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) de que sus concesiones se limitaran solamente a las rutas alimentadoras ¡Órale, la requisa parcial obedece a una “petición” de los concesionarios!

No es una fantasía del escribiente, el documento emitido por la Secretaría General de Gobierno así lo establece: 

“Acuerdos

…

Primero. Se autorizan las peticiones formuladas por los 506 concesionarios, a fin de que sea la Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua, S.A. de C.V., la que administre y explote, únicamente en las Rutas Alimentadoras, las concesiones de transporte colectivo urbano de pasajeros en la Ciudad de Chihuahua, otorgadas por el Ejecutivo del Estado, para lo cual dichos concesionarios le transmitirán la administración y explotación de su respectiva concesión…”.

Quedan en el aire infinidad de asuntos, a cual más de controversiales sobre la operación del Vive Bus. 

Según fuentes gubernamentales, la administración estatal erogaba alrededor de 10 millones de pesos mensuales para el sostenimiento de la prestación del servicio, en rubros que despertaban, por lo menos, suspicacias: Los salarios de los choferes, la compra de insumos de todo tipo para las unidades (todas, no solamente las de la ruta troncal, los gastos de los talleres y el personal contratado para la operación general del sistema de transporte.

Y si el gobierno del estado gastaba esas sumas millonarias, no guardaban congruencia con los camiones atestados permanentemente y las quejas de algunos concesionarios en el sentido de no recibir, en meses, ganancia alguna y la de los directivos en el mismo sentido.

Según cálculos efectuados por un activista de la capital, Javier Arvizo, con base en la escasa información ofrecida en los portales gubernamentales y los informes de la empresa CTC, se puede colegir que sus ingresos mensuales ascendían a alrededor de 120 millones de pesos mensuales y sus gastos en 70 millones, lo que generaría, según estos cálculos, utilidades mensuales de 50 millones de pesos y, por tanto, alrededor de 100 mil pesos para cada propietario de una concesión. ¿Serán ciertos? 

Indicios de tales rendimientos nos los ofrecieron los concesionarios del Vive Bus Juárez, quienes informaron que en tan sólo tres meses de funcionamiento se calculaban en 10 millones de pesos las ganancias generadas para los concesionarios.

Entonces, aquello de que es un negocio en números rojos muy difícilmente se puede creer.

Pero si la fiscalización de los ingresos -o el conocimiento de sus montos- le estaba vetada a los organismos gubernamentales (lo que es una falacia en el sentido práctico, dada la cercanía y relaciones de los dirigentes cetemistas con el gobierno estatal), para indagar si las quejas de los concesionarios estaban fundadas, el tema de las concesiones otorgadas sin que los beneficiarios de ellas poseyeran autobús alguno sí nos lleva a la desatención de las dependencias de gobierno (y quizá la colusión de algunos de los funcionarios públicos) para que no se efectuara medida alguna a fin de solventar la falta de esa cantidad de unidades en las rutas alimentadoras, justamente en los meses críticos cuando las quejas se convirtieron en uno de los temas centrales de las conversaciones de los habitantes de la capital de todas las clases sociales.

Debieron pasar 9 meses para que, muy mesuradamente, las autoridades amenazaran a los concesionarios con la cancelación de las mismas si no aportaban las unidades. Bueno, pues todavía no.

Otra. Transcurrido ese lapso, nadie ha informado del monto de los pagos efectuados por los concesionarios por el financiamiento recibido para la compra de los autobuses. Y sólo de éstos, porque del total de las obras construidas y de los sistemas de cómputo y operación, incluido lo necesario para la dotación del internet, la empresa no iba a pagar nada. ¡Excelente negocio!

Así, del proyecto original, largamente ponderado como único en el país porque el total del transporte urbano de una ciudad se asumía por una sola empresa y se convertía en un sistema de control único, se ha convertido en dual, por lo menos y hasta ahora, en la clara aceptación del gobierno estatal del fracaso de los concesionarios para brindar un servicio de excelencia.

Pero los lazos políticos son extremadamente fuertes como para percatarse que un servicio de la magnitud e importancia del transporte urbano no debe estar en manos privadas, esa es una facultad de la administración estatal que no debiera concesionar, y, por tanto, que debiésemos avanzar en el sentido que ahora se ha realizado y asumir la prestación del servicio en las rutas alimentadoras en las que sostiene el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero existan fallas, además de las otras troncales que se vayan poniendo en funcionamiento.

Una primera etapa podría ser, por ejemplo, el que diera de baja las concesiones que no cuentan con unidades de transporte, comprar los autobuses y emplearlos en las rutas alimentadoras de más alta demanda y conflictividad y, de ese modo, el actual sistema mixto con el que ahora se cuenta en la capital del estado (semejante, por lo menos ahora, al de Juárez) vaya, rápidamente, convirtiéndose en un sistema de transporte a cargo del gobierno del estado, bajo la modalidad que está en obligación de poner en funcionamiento a más tardar en tres meses, previa aprobación del Congreso del Estado.

Esa sería la ruta correcta, insistir en la de ahora, o en la de antes del Vive Bus, como aparentemente desean los concesionarios, es abonar a la deficiencia en la prestación del servicio, porque, no contentos con lo ahora sucedido, los concesionarios desean que el gobierno del estado les otorgue, a manera de subsidio, 300 millones de pesos “para modernizar” las unidades, y lo desean de esa manera, porque de acceder a un préstamo tendrían que pagar, solo por intereses, alrededor de 2 millones de pesos al mes. No quisieron los angelitos.

Pero subsiste la inquietud. Si la mayor parte de los problemas no estaban en la ruta troncal ¿Por qué no se afectaron las alimentadoras?

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Los retos del PAN

Editorial

Aserto No. 130, mayo de 2014

¿Les alcanzarán, a los panistas de Chihuahua, 13 meses para superar las enormes, desmesuradas y ofensivas acusaciones lanzadas entre sí a lo largo de la campaña electoral interna que culminó con la reelección de Mario Vázquez?

No es cosa menor lo ocurrido, las consecuencias se aprecian con el resultado, apenas poco más de 200 votos de diferencia entre el triunfador y Héctor Ortiz Orpinel, que muestra al panismo chihuahuense partido por la mitad; que los liderazgos de Ortiz, Pérez Cuéllar y Carlos Borruel representan, claramente, a la mitad del PAN y que la dirigencia encabezada por Vázquez apenas tiene una muy escasa ventaja.

Más allá de los discursos triunfalistas, de los deseos de unidad y de los buenos propósitos expresados al término de las elecciones, esa es la realidad del PAN de hoy. No es un escenario nuevo, es el de ya hace varios años. Sin embargo, sí representa una novedad en el reagrupamiento de fuerzas a su interior pues será la primera ocasión, en los años recientes, incluido el actual ganador, en que los candidatos impulsados o apoyados por Pérez Cuéllar pierdan la contienda en la elección de la dirigencia estatal.

Se podrá decir que al abrir la elección al total de los miembros de ese partido cambió la correlación de fuerzas, pero no es así, simplemente se develó la influencia que poseen sobre la militancia, además, es de suponer que la mayoría de quienes apoyaron a Ramón Galindo optaron, en la segunda vuelta, por Mario Vázquez, dada la presencia e influencia de Javier Corral, que de ninguna manera podría optar por alguien tan identificado con Pérez Cuéllar.

Más grave aún que lo anterior, es el reconocimiento de todos, triunfadores y derrotados, que la guerra sucia, y especialmente la difusión de la conversación telefónica entre Pérez Cuéllar y la diputada priista, Laura Domínguez, fue el factor determinante en el resultado de la elección.

Peor, el eje central de la guerra sucia fueron las acusaciones lanzadas unos a otros acerca de su cercanía con el Gobernador César Duarte. En los días inmediatos a la segunda vuelta, al elevar el tono de las acusaciones, se intentó -por parte de los impulsores de la candidatura de Mario Vázquez- acreditar que Héctor Ortiz había sido quien aprobara los endeudamientos solicitados por Duarte y que, a su vez, Mario Vázquez, en su calidad de dirigente estatal, afirman, repudió.

Tan pedestres acusaciones dejaban de lado un hecho esencial, que el presidente estatal del PAN designa al coordinador parlamentario y si éste actuó en sentido contrario a lo señalado por el partido ¿Por qué no fue destituido en su momento?

Por ello sorprendió la virulencia con la que se comportaron a lo largo de la contienda, nadie podría imaginarse que en la campaña mantuvieran posturas tan contrarias quienes tuvieron las dos principales responsabilidades al interior de su partido durante poco más de dos años, uno como dirigente estatal -Vázquez- y el otro en la coordinación parlamentaria -Héctor Ortiz- y que, necesariamente, debían tener un elevado número de coincidencias en la mayor parte de los aspectos de la vida pública de Chihuahua.

Al inicio de la contienda, todos los aspirantes coincidieron en que la campaña electoral no habría de enconar los ánimos al interior, que eran conscientes que la administración estatal pasaba -pasa- por un mal momento y que la coyuntura podría presentarse muy favorable para las causas del PAN, a menos que se dividieran en la campaña y las heridas inflingidas en ella implicaran una mayor división.

Los superó la realidad, la guerra sucia fue el distintivo de la campaña. Se antoja difícil que puedan superarla; ese es su verdadero reto, están en condiciones de competir y disputar muy seriamente la hegemonía electoral en Chihuahua, no tanto como resultado de sus actuaciones, sino, por el contrario, de las de sus adversarios, los que, conforme se acercan las citas electorales generan mayor rechazo en la ciudadanía.

¿Podrán hacerlo? Tienen largos, y cortos, trece meses. 

¿Podrán construir liderazgos confiables para la sociedad chihuahuense, con la fortaleza democrática suficiente para enfrentar a los priistas? ¿O será, nuevamente, sólo una disputa entre dos fuerzas políticas para alcanzar el poder, sin que cambie nada esencialmente en Chihuahua?

Penales, control casi "perfecto"

El Diario, 15 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Sin duda alguna que el control gubernamental sobre los penales ha crecido en forma más que aceptable en los últimos meses, especialmente en los dos últimos años de la actual administración estatal, por lo que ha motivado que su administración haya recibido elogios y reconocimientos internacionales.

Ese control se expresa fundamentalmente en la abrupta disminución de los homicidios acaecidos al interior de los penales. Aparentemente hemos superado aquella sangrienta etapa en la que los cárteles de la droga dominaban al interior de ellos, y sus tentáculos, no sólo llegaban al exterior, sino que parecían constituir el eje central del entramado criminal en el que vivimos -¿o todavía?- durante el período 2008-2011.

Pero como en el descenso de los índices delictivos, de ninguna manera se pueden echar a andar las campanas al vuelo. Prácticamente desde el inicio de la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a disminuir abruptamente el papel de los jefes de las bandas delictivas en la comisión de delitos al exterior y de erradicar el ingreso de droga, armas, licores y un sinnúmero de objetos prohibidos al interior de los penales, se decidió que sólo la administración de los penales podría poner a la venta los insumos de higiene personal.

Ello motivó serias protestas de los familiares de los reclusos por los elevados costos de los insumos, lejos de las posibilidades de la abrumadora mayoría de quienes se encuentran en los penales de Chihuahua, que son, por pura coincidencia, de las capas sociales más pobres.

Sin embargo, conforme pasan los días, crece el número de quejas acerca de lo que pasa al interior de los penales. Por una parte, familiares de reclusos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, de Juárez, y funcionarios del penal, se quejan de que “comandantes provenientes del estado de Sonora, presuntamente introducen alimentos, droga, alcohol y otros artículos prohibidos al penal”, y que, además, “continúa prevaleciendo el cobro de cuotas a los reos para no restringirles la visita o no imponerles castigos, como habían denunciado los familiares de los presos desde finales del año pasado”. (Nota del Staff, El Diario, 12/V/14).

Tal situación no es exclusiva del penal de Juárez. Familiares de detenidos en el penal de San Guillermo, en la capital del estado, reportan la existencia de una cuota de 300 pesos, exigida por los custodios a los presos por cada persona que pase a visitarlos, siempre y cuando no sea, o el cónyuge o alguno de los padres o hijos; de ahí en adelante, cualquiera que desee visitar a alguno de los presos deberá pagar esa cuota.

Llama la atención que hasta antes de que se revelara que el Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas judiciales, Eduardo Guerrero, posee una empresa de seguridad -la que se la otorgó al Aero Show en 2013- el mecanismo era que los familiares entregaban esa cantidad a una persona específica, ahora, algunos de los custodios son quienes se encargan, después de la visita, de cobrarles directamente a los presos la cantidad conforme el número de personas que los visitaron.

Son varias las aristas controversiales. Por una parte, las denuncias de los familiares de los presos y de los funcionarios (obviamente, todas anónimas por el enorme riesgo presente) poseen una extremada contundencia, pues las evidencias citadas por ellos en la nota periodística citada son fáciles de comprobar. En este caso, denuncian la existencia de hasta ¡tráilers! en el que transportan e ingresan al penal todas las mercancías señaladas en los párrafos anteriores.

Es de tal precisión la denuncia que hasta el número de placas y razón social fue denunciada a los reporteros de El Diario -matrículas 829 EP1, que exhibía como razón social “Cosechas de mi Pueblo” de Bácum, Sonora (Ibídem)-.

A pesar de todo, la vocera del Cereso 3 de Ciudad Juárez Alexandrina Saucedo Hernández, ante la presentación de las quejas y de la información, afirmó que “los quejosos deben interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República, delegación Chihuahua”. Ajá.

¿Y por qué no ante la Fiscalía General del Estado? Digo…

El otro aspecto, no menos polémico es el tema de la “acreditación” de los penales, al que habremos de regresar en posteriores entregas, pero que, de entrada, tiene un aspecto altamente cuestionable, el de que el personal de la embajada norteamericana participa de manera directa y determinante en la evaluación de las condiciones de los penales de Chihuahua.

En todo caso, ¿No debería ser la dependencia respectiva de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal la que debiera hacerlo? ¿Por qué los representantes de un gobierno extranjero deben extender la certificación de la calidad de los penales? ¿No debería ser, también como instancia adecuada, alguna de las dependencias respectivas de la ONU?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

La ley de la selva

El Diario, 11 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Los hechos son dramáticos, muestran nítidamente los niveles de primitivismo -o de falta de confianza en las instituciones- de nuestra sociedad, en la que los conflictos se intenta resolverlos por medio de la violencia.

Devela, también, las razones del porqué, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de los alrededor de 19 mil homicidios presentados en el período de 2008 a 2011, poco más de 9 mil no estaban ligados al crimen organizado. Es decir, que la sociedad chihuahuense, sin la ayuda de los narcotraficantes, cometió la friolera de casi 10 mil asesinatos ¿Por qué razón? Por cualquiera, todo porque se prioriza resolver cualquier conflicto a golpes, incluido, por supuesto, la disputa por la custodia de los menores por parte de los ex cónyuges.

Desde el domingo anterior circuló en las redes sociales y en algunos portales digitales de la capital un video en el que unas personas disputan la posesión de un menor de edad.

Casi de inmediato se sabría que uno de los actores había sido el diputado del PRI (Distrito XII, Camargo), Francisco Caro Velo.

Esta es la síntesis de los hechos: Un vehículo (una camioneta “utilitaria” de color rojo) se estaciona de frente en el estacionamiento de un centro comercial. Casi de inmediato un auto rojo (Sentra) se coloca atrás para impedirle se mueva. Pasan algunos minutos, el conductor de la camioneta baja (el padre), habla por teléfono. Luego, llega una camioneta Jeep (la del diputado, aparentemente una de las que se adquirieron recientemente).

Del lado del copiloto de la Jeep baja apresuradamente una mujer (hermana de la madre, esposa del diputado), corre a la puerta trasera izquierda de la camioneta roja; del auto, del lado del conductor se baja otra mujer (la madre del menor) y se dirige corriendo a la misma puerta de la camioneta en donde se encuentra el menor de edad. El padre corre a ese lugar a tratar de impedir que se lo lleven; el diputado corre, toma del brazo, de la cintura, del cuello, al padre; casi ahorcándolo lo va retirando de la camioneta; suben al menor al auto por el lado del conductor, se sube la madre, continúa el forcejeo entre los hombres, cierran violentamente la puerta. Arranca el auto, el padre se cuelga del espejo lateral, el diputado lo sujeta y son arrastrados ligeramente unos metros. La tía del menor corre al sitio del copiloto de la Jeep, el diputado se sube al del piloto, no puede cerrar la puerta porque el padre lo increpa, no lo golpea; salen unas personas del salón de fiestas infantiles, corren a tratar de golpear al diputado, el padre lo impide y el vehículo se va.

Posteriormente -eso ya no se ve- el padre, o alguna otra persona allegada a él, llama a la policía municipal y denuncian el secuestro del menor.

Vendrían las aclaraciones de las dos partes. El papá aseguró que había solicitado un amparo para mantener la custodia que se le había otorgado en 2011, pero que una jueza de lo familiar, el 25 de abril pasado, había revocado. El viernes circuló la información que el juez de distrito había determinado, en el juicio de amparo, que no se le otorgaba al padre y, por tanto, la custodia recaería en la madre, pero el día de los hechos el amparo estaba surtiendo efecto.

(Para observar el video, basta con citar el nombre del diputado y aparecerá en You Tube)

El diputado Caro Velo se dedicó durante el principio de semana a declararle a los medios su versión de los hechos. Enerva que, incluso ante una evidencia gráfica tan contundente mienta tan abiertamente. Creció tanto en las redes sociales que el gobernador César Duarte señaló que “el legislador tendrá que responsabilizarse de sus actos, sí es que tiene alguna responsabilidad, o bien aclarar el tema…”.

El legislador dijo que en ningún momento actuó fuera de la ley, puesto que lo único que hizo, aseguró, fue defender a una mujer, que estaba siendo agredida y que “no tiene ningún empacho en volverlo hacer, ya que como caballero, defender a una mujer es lo mínimo que puede hacer”.

Hay muchos aspectos que demuestran que no había mala intención del padre, más allá de quien tenga la razón jurídica. Uno es el hecho de que en lugar de esconder al menor, éste se encontraba en una fiesta.

Otro elemento de duda: El señor Sirhan Eduardo Arana llamó inmediatamente a elementos de la Policía Municipal para levantar el reporte, esperando tener pronto noticias de la ubicación de su hijo.

Más de uno de los lectores podrán, válidamente, suponer que la razón le asistía a la madre y que, a lo mejor, la decisión de la primera jueza pudo tener algún elemento distorsionador, o que pudo, como dice la madre, haberle hecho el juego al padre del menor, de ahí la revocación de ese dictamen.

Pero el tema de fondo, el que se encuentra más allá del litigio por la custodia del menor, además del daño que sufrió, infligido por sus padres a causa de la disputa legal, son los mecanismos, conductas, posturas y hechos realizados en aras de recuperar o asegurar a un menor en litigio por la custodia.

Aparentemente, el viernes el juez de distrito resolvió que la custodia deberá ejercerla la madre del menor. El problema estriba en que, tanto ella, como la tía (su hermana y esposa del diputado Caro Velo) y el legislador violaron la ley, pues sí existía un amparo y ese debía de ser respetado por todos.

O sea, para decirlo más llanamente, nadie puede andar haciendo justicia por propia mano. Si ningún ciudadano lo debe hacer, uno supondría que mucho menos un representante de la sociedad, integrante del Poder Legislativo que, se supone, conoce la ley y debería saber que existen mecanismos y conductos legales para llevar al cabo las acciones que cree el protagonista son las de estricta justicia.

Media semana se la pasó alegando que no había violado la ley, que había actuado en defensa de su mujer que estaba siendo agredida y que, llegado el caso, de repetirse, lo volvería a hacer. 

¡Valiente declaración! Ahora resulta que quien actuó como golpeador, obstruyendo  la acción del padre del menor, sujetándolo violentamente por el cuello y brazos, mientras el padre intentaba desesperadamente evitar que se llevaran a su hijo (por eso no enfrentó a golpes al diputado de marras), sale a declarar una cosa absolutamente contraria a la que se puede apreciar en el video hoy comentado.

La Fiscalía General del Estado informó, en los primeros días de la semana, que el pequeño realmente estaba bajo la patria potestad de la mamá y fue el papá quien incurrió en el delito de sustracción debido a que la jueza Tercero de lo Familiar había revocado el pasado 25 de abril la custodia temporal que previamente se le había concedido.

En el colmo de la parcialidad, la FGE informó que en los hechos comentados “no hubo agresión física”, sólo empujones y palabras altisonantes, sostuvo. Bueno, aparentemente, la fiscalía vió otro video.

No sólo eso, anunció que las “autoridades ministeriales” investigan si el padre incurrió en delito.

Pero si nos faltaran elementos para enjuiciar a los funcionarios públicos, los relatos de los hechos, efectuados por el diputado Caro Velo son ejemplares en ese sentido.

Si en un caso en el que existe una constancia gráfica tan contundente se atreve a desmentirla y descalificarla ¿Qué no podrá hacer en otros, en donde no existan elementos probatorios? Increíble.

Caro dijo, en conferencia de prensa que “… un servidor, el pasado 3 de mayo, estando en compañía de su familia, celebramos el cumpleaños de una de mis hijas ahí, en un parque. Nos habla la hermana de mi esposa y nos comenta que le habían informado que su niño estaba en un salón de fiestas infantiles…”.

Sigue el relato de los hechos del diputado: “… se encontraba ahí mi cuñada, pretendiendo platicar con su ex pareja, (luego) un servidor, se baja de su vehículo, reitero, en compañía de mis seis hijos, mi familia, y trato, de alguna manera, de conciliar, de platicar con este señor… en ese momento se escucha la voz del niño que grita a su mamá, intenta bajar del vehículo y ahí empieza un intercambio de golpes. El señor golpea a la señora Juliana González. Un servidor, como pueden ver en el video que presentan se limita a procurar que no siga golpeando. Efectivamente lo sujeto, trato de calmarlo, pero en ningún momento utilizo la violencia, en ningún momento me lío a golpes con este señor”.

“La hermana de mi mujer nos habló por teléfono señalando que estaba siendo agredida por su ex pareja, nosotros estábamos cerca del lugar y acudimos, al momento de llegar nos percatamos de la agresión física que ella sufría y mi mujer trató de evitar siguiera la agresión contra su hermana y cuando la ex pareja de mi cuñada agrede a mi mujer, es que participé defendiendo a mi esposa”, explicó el diputado Caro Velo.

Si faltaran pruebas de lo anterior, la familia materna del menor, en un comunicado, dijo lo siguiente:

“… la madre de un menor logró recuperarlo luego de que fuera sustraído ilegalmente por el padre del mismo… Minutos después arribaron al lugar la señora Ana Elsa González, hermana de la madre del menor, y su esposo Francisco Caro Velo, quienes le ayudaron a retirar del sitio al menor y recuperar la legal custodia concedida por un juez”.

Bueno, pues aparentemente la madre, la tía y el diputado cometieron varios delitos. En lugar de que, una vez localizado el menor de edad a bordo de la camioneta, avisaran a la policía municipal para que en tanto se definiera quien tenía custodia legal, el DIF se hiciera cargo de él, decidieron obrar por su cuenta, aplicar la justicia por propia mano (y confiando, seguramente, en las influencias que puede tener un diputado del partido gobernante en Chihuahua) y someter al menor a una de las experiencias más traumáticas de su vida, todo porque no podemos resolver nuestros conflictos por las vías jurídicas, las civilizadas. Y encima de todo ello, las mentiras para encubrir las conductas irregulares.

Si las cosas en Chihuahua transcurrieran civilizadamente, con respeto al marco legal vigente, el diputado Caro Velo debería ser sometido a un juicio político para que respondiera, sin fuero, por los presuntos delitos cometidos.

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Intolerancia eclesial

El Diario, 8 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Dos hechos, aparentemente lejanos y no relacionados entre sí, ilustran, primero, cuán lejos nos encontramos de contar con instituciones clericales capaces de asimilar la gran diversidad de la sociedad moderna, la existencia de un conjunto de normas y regulaciones por encima de ellas y, segundo, la increíble intolerancia que generan.

Al acudir a declarar ante el Comité de la Organización Naciones Unidas sobre la Tortura, el embajador del Vaticano, el arzobispo Silvano Tomasi, “admitió que la Iglesia católica protegió en el pasado a sacerdotes que abusaron de menores, pero dijo que abandonó la práctica hace años, debido a que comprendió mejor el asunto (sic)”. (Nota de agencias, La Jornada, 7/V/14).

Previamente, el Comité de la ONU le había pedido al Vaticano que se aplique un sistema de investigación permanente para poner fin a lo que denominó “clima de impunidad” dentro de la Iglesia Católica.

Tomasi informó, como parte de las acciones emprendidas por El Vaticano, que 884 clérigos habían sido destituidos del ministerio sacerdotal por “acusaciones creíbles de casos graves de pederastia clerical” y otros dos mil 572 sacerdotes responsables de haber cometido delitos de pedofilia se les había impuesto el “castigo canónico” de retirarse a observar una vida de penitencia y oración tal como lo exigen las leyes de la Iglesia católica. (Nota de El Diario, 6/V/14).

Más aún, reconoció que del 2004 a la fecha el Tribunal Clerical había recibido tres mil 420 “acusaciones creíbles” de clérigos que cometieron abuso sexual a menores de 18 años, sin embargo, a los críticos de la Iglesia Católica por estas prácticas los llamó a que ““no deberían quedarse fosilizados en el pasado” ahora que, dijo, la actitud de la iglesia “es diferente”.

Pero al ser cuestionado acerca del porqué esos sacerdotes no fueron derivados a las instancias judiciales de los países en que se habían cometido esos delitos, afirmó que “la Santa Sede no puede tener jurisdicción sobre todos los crímenes cometidos por los católicos en otros países”. (Nota de El Diario).

Argumentaciones que le dan la razón a los diversos grupos multinacionales, representantes de víctimas de abusos sexuales, quienes arguyen que tales medidas generan más impunidad pues los sacerdotes, en lugar de ser sancionados como debiera ser, conforme a las legislaciones locales, simplemente son cambiados de adscripción, algo que en México se ha denunciado constantemente.

El colmo. Interrogado por el mismo Comité de la ONU, acerca de un anterior embajador del Vaticano acusado de abusos sexuales en República Dominicana, Tomasi informó “que el arzobispo Jozef Wesolowski sería juzgado en el Vaticano” y que la tardanza en enjuiciarlo se debía a que no habían llegado “todos los documentos necesarios”. Ajá.

¿Y por qué enjuiciarlo por las leyes del Vaticano si el delito lo cometió en Dominicana? La Iglesia puede condenarlo hasta la excomunión, pero el clérigo debe responder ante la sociedad que fue ultrajada.

Ya encarrerados en las preguntas ¿Por qué el obispo de Guerrero amenaza con la excomunión al Gobernador de esa entidad, si envía la propuesta de despenalizar el aborto, y a los pederastas no los castigan, aunque sea eso, con la misma medida?

¡Ah, porque hay dos varas!

Y el otro caso, sensiblemente menor en trascendencia, pero igualmente ilustrativo de la intolerancia de los grupos religiosos, es el de la congregación “Luz del Mundo”, a quien le ordenó el gobierno municipal suspendiera la “pinta” que realizan en la sierra de Juárez (los más altos cerros aledaños al antiguo Paso del Norte), debido a que violan el reglamento de ecología municipal. La vocera de la congregación, Sonia Pedroza, alegó tener un permiso y que sus “representantes jurídicos” se harían cargo. (Nota de Alejandra Gómez, El Diario, 6/V/14).

Y todo porque los feligreses de esa iglesia pretenden fijar en los cerros la leyenda “50 años de su apostolado S.J.F”, sin llegar a comprender que el entorno es propiedad de la comunidad, que hace años se aprobó una legislación que impide efectuar ese tipo de prácticas religiosas, que en su ciudad habitan personas que no comparten sus creencias y que deberán ser respetadas, tanto como deben ser respetadas las de los congregados en la “Luz del Mundo”, que los límites entre unos y otros los fijamos a través del entramado legal vigente. Y que la tolerancia debería ser el principal rasgo de quienes sostienen tales creencias, pensamos otros.

Más aún, ante esta práctica y otras, cada vez más ostensibles, de hacer de la vía pública el escenario de sus manifestaciones religiosas, se opone el sentido común que les dice que tales actos, de demostración de su fé religiosa, de su convicción en la existencia de un ser supremo debieran ser, estrictamente, del ámbito privado.

¿Para qué hacer tan grandes manifestaciones religiosas? ¿Para que las veamos los otros, los demás? ¿No bastaría con que fueran observadas por el ser supremo en que creen?

Y los otros, los que violan los más elementales derechos de los niños ¿Por qué se niegan a aceptar la ley de los hombres, si ya violaron la de dios? ¿O es que a ésta última no le temen y sí a la de los mortales?

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¡Ay, Rosario!

El Diario, 4 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

La Cruzada contra el hambre y las coincidencias. Un día antes de la visita del dirigente nacional del PRI a Juárez, la flamante secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ex presidenta nacional del PRD, ex Jefa de Gobierno del DF y antigua militante de la izquierda universitaria, encabezó los actos en los que se ponía en marcha, en Juárez y no en La Sierra Tarahumara, o en el semidesierto chihuahuense, el programa de comedores de Sedeso, es decir, el reparto de comida a los más pobres.

A su vez, César Camacho, preclaro integrante del Grupo Atlacomulco, ex gobernador mexiquense, encabezó el acto con el que se ponía en marcha la reestructuración de las células base del PRI, los comités seccionales ¿Coincidencias?

A lo mejor, pero, a lo mejor no ¿Verdad?

Sin embargo, el motivo central de la presente reflexión no es solamente aquella coincidencia, sino las terribles frases lanzadas por Rosario en un poblado de la sierra de Nayarit. Son terribles.

Muestran, emblemáticamente, la no menos deplorable degradación de una buena parte de los dirigentes de izquierda en los -históricamente- pocos años en que han participado en los procesos electorales, bajo las reglamentaciones que establecen el otorgamiento de prerrogativas a los partidos políticos.

Son para temblar de espanto e indignación. Afirmó en el poblado Los Encinos, municipio Del Nayar, que las “familias indígenas con más de 3 hijos ya no tendrán apoyo de Oportunidades”, porque sólo procrean para obtener mayores ingresos. (Nota de Myriam Navarro, Corresponsal, La Jornada, 2/V/14).

“La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, anunció en el poblado serrano de Los Encinos que el programa Oportunidades no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres hijos, ya que la procreación se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar. 

Asimismo, dijo que se suspenderá el apoyo económico por nacimiento que actualmente se entrega. Pero también les estamos solicitando que vayan a los talleres de planificación familiar, para que sean tres hijos en toda su vida y no más, dijo la titular de la Sedesol en una región donde habitan las etnias coras, huicholes y tepehuanos”. (Ibídem).

Si las frases anteriores fuesen expresadas por algún funcionario de los dos pasados sexenios nos habríamos indignado, pero no extrañado dados los antecedentes ideológicos de una buena parte de los que fueron gobernantes panistas; que lo haya dicho quien fue representante de una parte de la izquierda, y antes de 1988, la que más se ufanaba de haberse “integrado” a las capas sociales más pobres del país, pero que desde siempre fueron señalados por sus vínculos con la familia Salinas de Gortari, especialmente por la más cercana presencia de Raúl Salinas en esos grupos, de veras que muestra palmariamente el modo en que, aceleradamente, una parte de esa izquierda (por desgracia, hoy concentrada en lo que fue el partido más importante de la izquierda mexicana, el PRD) no sólo se abandonó a los placeres  del poder, sino que, también, abandonaron todos los conceptos ideológicos que dan sustento a esta rica, variada y acendrada forma de ver la vida, el mundo y la sociedad, la izquierda.

No sólo la izquierda socialista, con presencia mayoritaria en la sociedad, eludió el debate ideológico con las diversas corrientes del nacionalismo revolucionario que llegaron al PRD, sino que, perdidos los rumbos, son quienes muestran de la peor manera la forma acelerada en que se asimilaron a las peores prácticas de la clase política mexicana, en particular en lo referente al disfrute de las prerrogativas económicas y del poder alcanzado, y, también, en la “decoloración” ideológica.

Rosario Robles es paradigmática en este sentido, tanto como lo fue al momento de gobernar, en el otro, en el positivo, en el del fortalecimiento de los vínculos de la izquierda gobernante con la sociedad gobernada.

Cuando aún no se van los ecos de los más destacados actos racistas en el mundo del deporte, el del jugador del Barcelona, Dany Alvarez, al que le aventaron un plátano (con el ánimo de equipararlo con un simio), en pleno estadio lleno y el del dueño del equipo de basketbol de los Clippers de Los Angeles, que reprendió a su novia, a través de las redes sociales, por haberse fotografiado y haber convivido con jugadores de raza negra, la secretaria de Sedeso, cuya función es trabajar para disminuir las diferencias sociales, combatir en esta materia los rezagos y cualquier forma de discriminación, endilga el peor de los discursos del actual gobierno federal, y critica a los más pobres de México de estar “lucrando” con el número de hijos procreados, en un claro ejemplo de vituperios racistas.

¿Cómo, si a eso se dedican, a tener hijos para que les paguen, por qué no son millonarios?

¿Y luego, cómo le van a hacer a las familias indígenas que ya tienen más de tres hijos? ¿Van a esperar a que se muera el número extra de hijos para iniciar la dotación de ese programa a tal familia?

¿O van a esperar a que las mujeres en edad reproductiva acudan a Tepic, la capital del estado, desde la sierra, a recibir los “talleres de planificación familiar” para que capten el mensaje de que ya no deben tener más hijos y así puedan acceder a los “millonarios” programas de Sedeso?

No sólo las declaraciones, sino los programas enunciados por la secretaria, no sólo ofenden a la sociedad, violan los derechos humanos y rondan los límites de la ilegalidad vigente.

Hay más. En el diseño y elaboración del programa “Cruzada contra el hambre” (que, por otra parte, recoge expresiones religiosas) se pueden advertir claros tintes político-electorales, con el objetivo de revertir la influencia panista en los municipios con mayor población rural, o en las metrópolis en las que los programas sociales ejercieron una indudable influencia, en la docena que fueron gobierno, para que el PAN obtuviese impensables cifras electorales y que fue uno de los factores para que Josefina Vázquez Mota, titular de la misma secretaría de Robles, accediera a la candidatura en 2012.

Ya desde los meses previos a la campaña electoral del mismo año sorprendió que la antigua jefa de gobierno apareciera como una de las promotoras de la candidatura de Peña Nieto. Sin embargo, al calor de su historia más reciente a tal episodio, en el desarrollo de la truculenta historia de los videos en que grabaron a varios dirigentes del PRD recibiendo dinero de Carlos Ahumada -y no sólo a René Bejarano- hacen explicable sus “nuevas” militancias. Así, en plural, porque pocos saben que Ahumada era, desde varios años atrás al episodio de las “ligas”, pareja sentimental de Rosario, incluso antes de acceder a la dirigencia nacional y ahora sabemos de las, digámosolo así, “estrechas” relaciones de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos con Carlos Ahumada.

Varios años después, en la boda de uno de los hijos del expresidente, Rosario ocupó un lugar en la mesa principal de la lujosa fiesta. Se volvieron a juntar los viejos conocidos de las andanzas al influjo de las teorías marxistas del líder chino, Mao Tsé Tung. Solo que el entorno había cambiado abruptamente, ahora eran de los más poderosos personajes del México contemporáneo, habían llegado al poder.

¿En qué momento se dió tan drástico cambio en la mentalidad de la ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Social?

Importa detenerse en tal fenómeno personal porque en su momento, cuando se avecinaba el relevo de la dirigencia nacional en el PRD en 2002, Rosario se convirtió en la esperanza de grandes sectores de este partido, los más comprometidos con las causas sociales y centenares de integrantes la izquierda intelectual, hartos de soportar, enfrentar y ser derrotados por las prácticas mafiosas del grupo Nueva Izquierda (los famosos “Chuchos”, Ortega y Zambrano) se aglutinaron a su alrededor para efectuar un profundo cambio en el partido del sol azteca.

Solo que no se sabía que desde meses antes de la elección de ese año ya había ligado su vida e intereses (económicos y políticos) a los de Carlos Ahumada. En una visita a Chihuahua, a fines de 2001, el escribiente le ofreció trasladarla (a ella y sus dos asistentes) al aeropuerto. Se negó, adujo que ya habían contratado un vehículo de alquiler para trasladarse al aeropuerto. Sin embargo, al informar del horario de su vuelo, no coincidía con ninguno de las líneas comerciales.

Luego sabríamos que había sido un vuelo privado y que había viajado a la capital de Durango, cuando en esas fechas no había vuelos comerciales entre ambas capitales. Ahumada había enviado su avión y el destino del PRD ya se había escrito.

A partir de entonces la fractura al interior de este partido se volvió irremediable. Por esos días hasta Cuauhtémoc Cárdenas hizo pública su renuncia a cualquier cargo dirigente en el PRD y López Obrador planeó su candidatura al margen de la dirigencia perredista. 

Luego vendrían los episodios del fraude en las elecciones internas del 2002, los escándalos de los videos, el no menos escandaloso endeudamiento del partido, la campaña del 2006, la fractura entre López Obrador y Cárdenas, la aceptación de éste para dirigir -a unas semanas de las elecciones más ríspidas de la historia reciente- el comité del tricentenario, a manos de Vicente Fox… la debacle interna y el renovado fortalecimiento de los grupos con las peores prácticas al interior del PRD.

Y con todo ello, la milenaria salida de militantes en todo el país y la pérdida de la fuerza, como partido, en la mayor parte del territorio nacional, lo que se reflejó en la deficiente defensa y promoción del voto por López Obrador en las elecciones del 2006, hecho admitido por éste en 2012.

Luego, como cereza en el pastel, el Pacto por México.

Quizá, como persona y como dirigente, Rosario no fuera tan importante, al nivel de los fenómenos ahora relatados, pero le tocó estar en los momentos en que se definían muchos de los asuntos relacionados con la fuerza más importante de la izquierda mexicana y, probablemente, sólo como mera especulación, se convirtió en parte de la trama, no sólo para impedir la llegada del tabasqueño a la presidencia de la república, sino para, mucho más trascendental, minar en sus cimientos al PRD.

Al tiempo lo sabremos. 

Por lo pronto sus frases racistas, indignantes y hasta genocidas ya forman parte de lo peor que haya expresado alguien de la clase política.

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Rumbo a la crisis institucional

Editorial, Aserto 129, abril de 2014

Al reelegir a las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), Alma Rosa Armendáriz Sigala y a María Nancy Martínez Cuevas y a sus siete suplentes, el Congreso del Estado se puso en ruta a la crisis institucional más grave que haya sufrido la entidad en las últimas décadas.

Solo algún suceso inesperado podrá evitarlo, el abogado Rodolfo Leyva, quien obtuvo la protección de la justicia federal, al alegar que lo habían discriminado para ocupar una de las titularidades de ese órgano, al momento de elaborar la postura editorial de ASERTO, se preparaba para impugnar la decisión del Poder Legislativo de Chihuahua. No descartaba ninguna de las vías jurídicas para echar abajo tan deplorable determinación.

Lo increíble, en el largo recuento del “perfil del puesto” y de los merecimientos de los aspirantes a ocupar esas posiciones, contenido en el dictamen elaborado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, se privilegió que los aspirantes hubiesen ocupado un lugar en la administración pública, y mientras más puestos y más años, mejor.

En el colmo, ese fue el argumento para contrastar los curriculum de las reelectas con el del quejoso (Rodolfo Leyva).

En el largo recuento de las cosas agraviantes a la vigencia del derecho al acceso a la información pública y la transparencia en el ejercicio de la administración pública, ésta será una de las principales.

En un país -y una entidad- en la que la cultura predominante en los funcionarios es la de la secrecía, la discrecionalidad, el patrimonialismo, la subordinación y la opacidad; rasgos, todos, que la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública pretendía -pretende- erradicar, es un contrasentido que se privilegie para ocupar esas posiciones a quienes más tiempo se hayan desempeñado en la función pública.

Se yergue como una siniestra realidad, como la verdadera explicación de la reelección de las consejeras el verdadero tobogán en que se encuentra la transparencia en Chihuahua. De 139 recursos de revisión presentados por los ciudadanos ante el Ichitaip, en 135 el órgano “garante” de la transparencia falló a favor de las dependencias gubernamentales.

El dictamen elaborado, y aprobado por una mayoría conformada solo por el PRI y el PVEM, es un compendio de fallas y maniobras para eludir lo sentenciado, es un verdadero monumento a la impreparación y a la falta de argumentos jurídicos para evitar el cumplimiento de la sentencia, se llevarán una verdadera sorpresa pues el desapego al texto elaborado por el juez Ignacio Cuenca Zamora, Octavo de Distrito, es verdaderamente descomunal, muy probablemente recibirán la notificación de que serán acusados de desacato a una orden judicial, a una sentencia de amparo.

Las consecuencias pueden ser verdaderamente trascendentales, el Poder Judicial de la Federación, previsiblemente, determinará en tal sentido y, por tanto, los diputados que votaron por la reelección de las consejeras, todos los presentes, con la excepción de los del PAN, es decir, los del PRI y sus partidos satélites, entre los cuales se deberá ubicar al PVEM, PANAL y los del denominado bloque “de izquierda”, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pueden recibir sanciones de carácter penal y administrativo, además de ser removidos de los puestos.

Si el proceso jurídico consecuente a la elección de las consejeras mantiene una ruta, diríamos normal, es muy probable que el partido gobernante en Chihuahua enfrente el proceso electoral del 2015, el de las diputaciones federales, con sus diputados locales titulares removidos, en medio de una crisis institucional… y una crisis política sin precedente; le habrán abierto el camino para que el PAN se alce como la única oposición político-electoral en la entidad. 

A menos que el nuevo partido de izquierda, Morena, lograra colocarse en tal posición. 

Se ve difícil.

El protagonista del “cambio” azul

El Diario, 1 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Resuelta la primera etapa de la elección del PAN chihuahuense, en la que triunfó -contra todos los pronósticos- la planilla encabezada por Héctor Ortiz, pero sin alcanzar cualquiera de las modalidades que le hubiesen permitido proclamarse presidente del Comité Estatal, esto es, que no obtuvo el 50% más uno de los votos, ni superar al segundo lugar de la votación -Mario Vázquez- por un margen superior al 5% de los votos emitidos, la contienda entre estos dos aspirantes alcanzó niveles de rispidez no conocidos por la opinión pública en una contienda para elegir a su dirigente estatal.

Y, también inusitadamente, el principal protagonista de la contienda resultó ser el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Ambos equipos han puesto -por fuera de los medios tradicionales, en las redes sociales- el acento en la supuesta cercanía del rival con el mandatario de Chihuahua.

Son verdaderamente estridentes las acusaciones que se lanzan unos a otros. Sorprende aún más porque, se supone, estos dirigentes blanquiazules debieron compartir proyecto y responsabilidades durante un buen número de meses, los que coincidieron, cuando uno estaba al mando del partido -Mario Vázquez- y el otro -Héctor Ortiz- en la conducción del grupo parlamentario en el Congreso del Estado.

Sorprende porque, de acuerdo a la norma interna panista, el dirigente estatal designa al coordinador de los diputados locales. Si bien lo hace después de efectuar una consulta en ese grupo, no está obligado a nombrar al que la mayoría quisiera, sino a aquel que mejor calificara, en su opinión, para el puesto.

Bueno, pues esos dos dirigentes de la segunda fuerza política en Chihuahua, que debieron comulgar en posturas y pronunciamientos pues representaban al mayor número de chihuahuenses en la oposición, ahora se lanzan hasta con la cubeta y las acusaciones vertidas hacen que se extrañen propios y ajenos ¿Si así estaban de mal las cosas al interior del partido, porqué hasta ahora se denuncian y se promete arreglarlas?

Ahora, los simpatizantes de Vázquez acusan a Ortiz de haber aprobado todas las autorizaciones de endeudamiento en el Congreso del Estado. Tal tema ocupa parte central de las críticas, respecto a su desempeño en la legislatura de octubre de 2010 a septiembre de 2013.

Pero lanzados en ese torbellino de acusaciones no se detienen a reflexionar que en ese período -abril 2011 a abril de 2014- el dirigente estatal era su candidato y que una de sus atribuciones era, precisamente, la de designar al coordinador parlamentario ¿Porqué, si Ortiz estaba en una línea política opuesta a la del dirigente estatal en ese tema, no lo destituyó, como sí lo hizo, por ejemplo, Gustavo Madero con Ernesto Cordero?

Y no dicen precisamente lindezas unos a otros. Para muestra, un botón. Ni más ni menos que uno de los dirigentes emblemáticos del panismo, no sólo local, Francisco Barrio, expresa estas cosas en su sitio de Facebook:

“He recibido algunos comentarios de que en algunos municipios se está malinformando a los militantes del PAN que ya he tomado la decisión de apoyar a Héctor Ortiz. Esto es absolutamente falso… En los últimos días no he hablado ni con ese candidato ni con nadie de su equipo. Pero, meses atrás, fui muy claro en expresarle al propio Héctor Ortiz que en ningún momento podría apoyarlo, dada la cercanía que ha demostrado y que actualmente sigue teniendo con algunos de los personajes que le han hecho más daño al PAN de Chihuahua en los años recientes, a través de conductas absolutamente inmorales e ilícitas que son del conocimiento general.

Sigo pensando que su asociación con esos individuos representa un serio riesgo para la buena marcha del PAN. No puedo, por esa razón, apoyar tal proyecto”.

No hay duda que estas frases están dirigidas a Cruz Pérez Cuéllar, en lo que es un episodio más de la virulencia con la que estos dos personajes se separaron.

Y es éste, el dos veces dirigente estatal blanquiazul, el centro de los ataques contra Ortiz. En el Facebook circulan infinidades de imágenes “trucadas”. Una de ellas, quizá la que mejor retrata a la presente campaña, es una fotografía en la que se aprecia a Cruz Pérez Cuéllar y Héctor Ortiz flanqueando al Gobernador Duarte, con la siguiente leyenda: “El PRI le tiene tanto miedo al PAN que nos mandaron este par de delincuentes electorales con costales de dinero para ponerle precio a tu voto”.

La respuesta no se hizo esperar. Subieron una foto de Vázquez y el signo de igual al lado del logotipo del PRI, con un texto, homofóbico, además: “TERNURITA MIRALO CON SU BIGOTITO IGUAL Q EL DE DUARTE. COSITA…”.

O el de supuestas fotos del empresario Pablo Cuarón con el entonces candidato César Duarte y otra al lado de Mario Vázquez, acusando al empresario de haber dividido al PAN para apoyar al priista.

Así, ya sin control, los panistas han cometido increíbles errores estratégicos: Se han inflingido heridas difíciles de curar; se acusan de cosas que de ser ciertas los hace responsables a unos y a otros; han perdido porciones importantes de credibilidad en la sociedad y, peor aún, colocaron a su adversario en el centro de sus debates.

Y encima de todo ello, sus legisladores, en lugar de deslindarse de la ofensiva compra de sus vehículos, con financiamiento del Congreso del Estado, de ahí lo grosero, se sumaron alegremente al reparto de prebendas.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF