Bandazos

El Diario, 30 de octubre de 2014

Luis Javier Valero Flores

No había transcurrido una semana y ya nuevos hechos bochornosos, escandalosos, ultrajantes, palmariamente demostrativos de la incapacidad e ineficiencia de distintos niveles del gobierno y del poco respeto a los derechos humanos que muchos mandos de seguridad pública poseen, vinieron a conformar lo que se había planteado el fin de semana en este mismo espacio: Son crecientes las manifestaciones de, además de los otros aspectos negativos de la conducción del gobierno de Chihuahua, la existencia de un grave problema de asimilación de los hechos y de falta de sensibilidad ante las distintos acontecimientos protagonizados por la sociedad chihuahuense.

La salvaje detención del agente policiaco Leobardo Calzada, violatoria de todos los derechos, procedimientos y regulaciones existentes, ante el pasmo, la zozobra, la ira, y de la impotencia de la ciudadanía, y de una buena cantidad de periodistas presentes al momento de que intentara denunciar diversas irregularidades, es un hecho que desnuda a la dependencia que mayor orgullo le genera al mandatario local.

La disminución de las cifras homicidas, especialmente en Juárez, así como de los reportes de extorsiones y secuestros es un galardón presumido por el gobierno chihuahuense. 

Pero los procedimientos y la atingencia para detener a Calzada, a escasos minutos de iniciar su protesta, dados los antecedentes y desempeño del agente, hacen que la suspicacia sea la reacción natural de quienes se han enterado del episodio.

Son inquietantes las coincidencias, demasiadas. Resulta que Calzada fue el agente investigador del asesinato de Ismael Solorio y Manuela Solís, los barzonistas de Benito Juárez, Buenaventura. No solo, el hijo de aquel reveló que había sido quien accionara su arma bajo cuyas balas cayó el presunto autor material de los activistas, en un, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), enfrentamiento entre supuestos sicarios y elementos policiacos en las cercanías del poblado El Sueco meses atrás.

Además, que había participado de manera destacada en diversos casos, de los más emblemáticos de la cúspide de la ola homicida de los años anteriores, entre ellos el de la familia Le Barón, así como algunos casos de extorsión.

Si las anunciadas denuncias por diversas irregularidades se limitaban al ámbito de lo administrativo entonces ¿Por qué tanta violencia en su detención? ¿O temían que hablara de otras cosas, como por ejemplo, las causas por las cuales aún no se detienen a los presuntos autores intelectuales de Solorio y Manuelita?

¿O de otros casos?

Más. Y es el comentario más recurrente: Si esto hacen los policías, ante la mirada de cientos de personas, a plena luz del sol, frente al Palacio de Gobierno ¿Que  no serán capaces de realizar cuando nadie los ve? ¿O con otras personas?

Y luego, las explicaciones ¿Pues en qué país viven? ¿A quién se pretende engañar? ¿A toda la sociedad?

Además. Que no hubo “uso de la fuerza en el arresto”.

No es todo, en esta feria de desaguisados, el comunicado de prensa enviado a los medios asentó que “Cabe hacer mención que rompiendo todos los protocolos disciplinarios abandonó sus deberes y obligaciones laborales, al ausentarse sin justificación alguna a sus labores, con el único objetivo de denostar públicamente a la corporación y a los mandos que la componen, con argumentos que esgrime de carácter personal, mismos que no los externó a través de los canales conducentes” (Sic).

¿No bastaba con las sanciones que se le aplican a todos los servidores públicos? ¿Y si ya inauguramos la época del gobierno de “puertas abiertas”, por qué no escuchar a uno de los suyos, particularmente a uno que tan útil ha sido para la corporación? ¿Por qué someterlo a jornadas laborales de hasta 12 horas, al sol y de pie, custodiando oficinas públicas en Juárez? ¿Por qué hacer esto con un elemento que, a juzgar por su participación en varios de los casos más importantes, era extremadamente valioso? ¿Lo estaban castigando por alguna ilegalidad? ¿Entonces, por qué no lo sometieron a proceso penal, antes, no ahora cuando pretendía informar a la sociedad de los hechos que a su juicio son irregulares?

Y si este asunto es un verdadero galimatías, el de las placas ya no alcanza clasificación. Gracias a que un juez de distrito -¡Otra vez, uno de esos!- detuvo la fabricación de las placas, ahora nos informan que están estudiando el convertirlas en permanentes y que es un procedimiento al alcance de la mano pues ¡Ya 29 entidades lo hacen y nosotros no sabíamos!

¡Válgame pues ora sí que no tienen ni pies ni cabeza!

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Encrispamiento en Chihuahua

El Diario, 26 de octubre de 2014
Luis Javier Valero Flores
Hace agua la administración estatal en Chihuahua. No solamente por sus fallas, también por las condiciones propias de la entidad y, por las generadas por una errática forma de gobernar, en la que ocupa lugar central la ya confirmada percepción de la existencia de la pretensión de controlar todos los aspectos de la vida pública y social de Chihuahua, por encima de los parámetros previos.
Son muchas las evidencias acumuladas .
Abruman: Golpes en la reunión de la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) de Chihuahua; racha de ejecuciones en Juárez, Chihuahua y la sierra; anuncio de una jubilación masiva de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, seguramente presionados con motivo de las reformas al Poder Judicial; enfrentamientos al interior de Palacio de Gobierno entre barzonistas y personal de seguridad del inmueble; las inexplicables declaraciones del Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero, llamando a los reporteros a preguntarle al Director de Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín, acerca de todos los asuntos de la actual administración estatal y por último las declaraciones del Gobernador Duarte ante los enfrentamientos en Palacio.
Mucho para una semana.
Por una parte, la facción que controla -¿Controlaba?- a los concesionarios del transporte urbano, apoyada por la CTM estatal, cuya gestión al frente de la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) ha resultado ser un fiasco y con todos los visos de un colosal fraude, debió recurrir a las acciones violentas a fin de controlar los justos reclamos de inmensa mayoría de los concesionarios ante la casi nula entrega de ganancias y las informaciones del ¿depuesto? líder Francisco Lozoya.
Terminaron a golpes y con la propuesta del líder de la CTM, Doroteo Zapata, de desaparecer a la CTC. Lo que significa nada más, pero nada menos, que la desaparición del Vive Bus.
¿Qué tiene que ver el dirigente de los trabajadores con los asuntos de una agrupación privada, la CTC, encargada de otorgar el servicio de transporte e integrada por puros patrones?
¿Esa propuesta fue aprobada por el Gobernador Duarte o se fue por la “libre” el sempiterno dirigente?
Tal declaración tiene el mismo tufo que la actitud del Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero, cuando en el curso de una entrevista, cuestionado acerca de los rumores que hablaban del término de su encargo, y la probable sustitución por Marcelo González Tachiquín, soltó en un tono molesto: “Pregúntele a Tachiquín, es el que se promueve”.
Sin embargo, “al ser cuestionado sobre otro tema relacionado con su dependencia y sus labores dentro de ésta respondió: ‘pregúntenle a Tachiquín, él es el nuevo secretario de gobierno… Soy de bajo perfil, no quiero ser diputado ni quiero ser regidor, lo demás son chismes y si no, pues mejor pregúntenle a Tachiquín”.
Tal respuesta se volvió viral en las redes sociales: Pregúntenle a Tachiquín.
Pero esas respuestas ¿Qué significaban? ¿Era la evidencia de las muy comentadas -tras bambalinas- controversias existentes entre dos de los hombres más cercanos al Gobernador, casualmente de gira en el extranjero en ese momento?
A su vez, las masacres en la sierra son la evidencia plena de la existencia de un conflicto, muy por encima de los deseos de la administración estatal, por hacer que los chihuahuenses perciban una evidente mejoría en las condiciones de la seguridad pública de la entidad.
Debe decirse sin ambages, sí han mejorado; pero de ninguna manera a los niveles existentes hasta diciembre del 2007, fecha en la que podemos ubicar el estallido de la peor crisis de seguridad pública en Chihuahua, en toda su historia.
Regresar a esos niveles le llevará, probablemente, muchos años a la sociedad chihuahuense, no sólo a sus gobernantes, cualesquiera que sean, independientemente del partido político del que emerjan.
La cobertura completa en la educación media, media superior y superior, ayudará, mucho, a cambiar el perfil sociocultural de la sociedad chihuahuense, pero a mediano plazo.
Ante ese panorama, flaco favor le abona lo que vivimos en la semana y el apresuramiento en las respuestas y cosas que los más elevados funcionarios le dan a la sociedad del Estado Grande, como las declaraciones del Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás, acerca del asesinato, aún impune, del destacado político priista, Miguel Etzel Maldonado, al sostener que era muy difícil esclarecerlo, porque ya pasaron muchos años.
Bueno, pues si eso dijo acerca de unos de los crímenes que más dolieron al partido gobernante ¿Qué podían esperar los barzonistas del poblado Benito Juárez, municipio de San Buenaventura, ante los asesinatos de Manuel Solís e Ismael Solorio, durante años, activistas de la oposición, y en la campaña de César Duarte al gobierno de Chihuahua, sus entusiastas colaboradores?
¿A quién se le ocurrió contratar una empresa privada para la seguridad de Palacio de Gobierno? ¿Nos podemos imaginar la residencia presidencial de Los Pinos, o Palacio Nacional, bajo la custodia de una empresa, propiedad, por ejemplo, del Subsecretario de Gobernación encargado de los penales federales en el país?
¿Por qué asentar lo anterior? Porque la absoluta mayoría de las informaciones aparecidas en prácticamente todos los medios omitieron un hecho fundamental: El que desató la ira de los barzonistas.
Ese fue la manera en que los dos guardias sometieron al par de jóvenes que, trepados en el balcón principal del Palacio de Gobierno, habían instalado una manta con una leyenda alusiva al asesinato de Ismael Solorio y Manuela Solís.
No midieron las consecuencias, seguramente confiados en que se encontraban resguardados -puertas cerradas- los guardias golpearon y lanzaron gases lacrimógenos a los jóvenes.
La salvaje manera de someterlos encrespó a los manifestantes, hasta entonces pacíficos, y como pudieron ingresaron a Palacio. En tropel subieron las escaleras centrales -ahí atropellaron accidentalmente a una visitante, una señora- en busca de sus compañeros y airados en contra de los guardias, a quienes pretendían golpear. Por si fuera poco, los guardias pretendieron esconder a los jóvenes. Intentaron no responder a las encrespadas interrogantes de los barzonistas.
Sólo que los guardias desconocían un pequeñísimo detalle: Uno de los jóvenes es el hijo menor de la pareja asesinada.
Lo subsecuente es del conocimiento general, los enfrentamientos, los golpes en contra de los guardias, la intervención de los dirigentes -Martín Solís, Gabino Gómez, Alfonso Ramírez Cuéllar y otros- para intentar impedir la golpiza a los guardias que, todavía en medio de tal situación reaccionaban encrespados, en lugar de actuar de acuerdo a los protocolos existentes en el manejo de multitudes que todo guardia de instalaciones, como el Palacio de Gobierno, debe conocer y aplicar diligentemente.
¿Que hubo excesos en el comportamiento de los barzonistas? Sí, pero otra vez el detonante para tales situaciones no provino de los manifestantes.
Han transcurrido dos años del homicidio de los activistas y no se ha detenido a los responsables de ello.
Los dirigentes barzonistas han informado puntualmente que se tiene conocimiento preciso de quienes fueron los asesinos y han llegado a señalar, públicamente, los vínculos de éstos con el crimen organizado.
No bien terminaban de señalarlo cuando, al llegar a Benito Juárez se dieron cuenta de la destrucción del monumento memorial levantado en honor a sus compañeros.
Las negociaciones  posteriores entre barzonistas y gobernantes arrojaría un resultado inesperado, la aceptación gubernamental de que la manta de marras se mantuviera colgada durante todo el resto del día.
Luego, Duarte diría que “la región noroeste de la entidad, fue la primera que dejó de ser un corredor del narcotráfico y pregúntenlo en Casas Grandes, que es la ciudad más importante de esa región, ¿Desde cuándo no hay secuestros? este es un tema en el cual ya hemos venido avanzando… En vez de acusar, El Barzón debería aportar más información acerca de la presencia de grupos criminales en el poblado”.
Tales declaraciones recibieron una inmediata respuesta del dirigente más reconocido de la región, Martín Solís, y que tan destacado papel jugara para que Duarte recibiera el apoyo de miles de productores agropecuarios de todo el estado. Solís escribió en su Facebook: “Que ponga fecha para aportarle datos”.
Algo está ocurriendo al interior del grupo gobernante, no parece ser para bien…
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Enfrentar la situación con un pueblo enlutado no es fácil: Garfio

Aserto No. 135, octubre de 2014

Luis Javier Valero Flores

A punto de cumplir el primer año de su gobierno, el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio, declara sentirse tranquilo y satisfecho de lo realizado; anuncia que no se verá afectado por el larguísimo proceso electoral de los dos próximos años; afirma que no se ha presentado ninguna controversia mayor en el cabildo, que las diferencias han sido mínimos, pero sí califica con un grado de irresponsabilidad el hecho de que alguna demanda por el accidente del Aero Show alcanzara montos inusitados.

Señalado frecuentemente por ser uno de los políticos más cercanos al actual mandatario estatal, -lo que le acarrea, por consecuencia, ser uno de los más  probables a suceder al ballezano (como él, del mismo origen)- hace a un lado tales expresiones y enfatiza en afirmar que “sabe lo que hace” al frente del cabildo.

Como tantos otros alcaldes en el país, especialmente los de las urbes mayores, se queja de dos cosas, la brevedad de la gestión y la gran regulación existente para la liberación de recursos económicos, sobre todo en los casos de los desastres naturales y los de la seguridad pública.

- Los tres años son muy pocos para la alcaldía…

“Afortunadamente ya para el futuro se aprobó la reelección. Los que en futuro lleguen aquí tendrán la oportunidad de ratificar sus propósitos y enfrentar de mejor manera la normatividad tan pesada y la existencia de una burocracia que no nos permite realizar los trámites más rápidamente… Afortunadamente hemos ido sorteando esos obstáculos y ya en los últimos episodios se han liberado los recursos muy rápidamente, eso nos pasó con los temporales de diciembre pasado…”.

En cuanto a la brevedad del plazo, el alcalde Garfio asevera haberse preparado “con toda anticipación, sé de infraestructura, de proyectos y aún así el año se queda corto, quisiera haber hecho más… en cuanto al asunto de la burocracia, hemos avanzado y se han liberado muchos recursos, afortunadamente…”.

¿Cuál es el principal problema al que te has enfrentado?

“Sin duda, el tema doloroso del accidente (del Aero Show, a lo largo de la entrevista, ésa fue la tónica, cuando se refería a él lo llamaba simplemente como “el accidente”), el estar atendiendo a las víctimas, el de las circunstancias en que se encontraban… en un momento de vida o muerte. Enfrentar la situación con un pueblo enlutado no es fácil. Pero hemos sobrellevado las cosas, hemos hecho las cosas con un sentido humano, de ahí no hemos quitado el renglón”.

Informa de las distintas etapas en las que se han llevado los diversos aspectos del accidente y retoma el hilo central de sus preocupaciones, afirma que lo importante en ese sentido es “la estrategia del municipio, los proyectos, que hemos concretado todas las acciones; y toda la normatividad que tienes que brincar pues no te permite ser tan ágil como quisieras…”.

El primer año es el más importante, asevera, y en ese sentido la liberación pronta de los recursos adquiere más importancia, “ya tuvimos un primer episodio, previo a lo que ha sucedido en semanas recientes. Los recursos se liberan muy tarde, pero en diciembre sí llegaron los recursos de inmediato, reparamos 245 mil metros de pavimento, que es como si pavimentáramos una calle normal, de 10 metros de ancho, a lo largo de 14 kilómetros”.

Luego se refiere al caso de los recursos del Subsidio de Seguridad Pública para los Municipios (Subsemun), “el problema es mantener a la baja las cifras delictivas, pero debiera haber un incentivo a la eficiencia en materia de seguridad, porque si al año siguiente que el municipio recibe recursos extraordinarios del Subsemun para hacerle frente a la alta incidencia delictiva, ya no le otorgan para darle continuidad”.

¿Cuáles son los ejes de continuidad bajo tu dirección y cuáles los que inicias?

“El proyecto de las tres presas, lo inicia Alvaro Madero, lo concluye el presidente anterior (no se refiere a Marco Adán Quezada por su nombre), la administración anterior, yo retomo el proyecto de las otras dos presas, dándole los lineamientos legales para darle una reserva de 3 mil 500 hectáreas, a fin de darle la sustentabilidad necesaria a este gran proyecto… es un plan parcial, que marca limitaciones al uso del suelo; los dueños de los terrenos seguirán siendo de ellos, pero con las limitaciones que marca este plan parcial para que vean qué es lo que sí pueden hacer ahí, y qué no pueden hacer.

De otra forma, con la plusvalía que generan este tipo de proyectos, con el movimiento económico que generan, llega un momento en el que se disparan proyectos…”.

¿Se disparan los proyectos de vivienda…?

“Sí, los habrá, pero deberemos señalar qué tipo de vivienda, tiene que ser ecológica, el plan permitirá darle condiciones a todas las construcciones del proyecto. Ya están avanzados los primeros 13 kilómetros. Le llamaremos del Encino, pues se colocarán 5 mil encinos en los 40 kilómetros de recorrido del parque; en la ciudad se sembrarán 25 mil en la gestión, será un récord, que superarán los alrededor de los 10 mil que perecieron en la helada del 2011”.

En este momento se explaya sobre las características y bondades de ese árbol, que requiere menos agua y resiste mejor los extremos del clima de la ciudad de Chihuahua.

¿Cómo vamos en el alumbrado y el pavimento?

“Cuando entramos ya existía un diagnóstico de las condiciones del alumbrado, accedimos a un crédito de Banobras de 130 millones de pesos, que podremos pagar en este trienio, lo estamos pagando, vamos al 68% de la rehabilitación en alumbrado, a fines de año habremos de tener todo el sistema rehabilitado. En primer lugar atendimos a las colonias con los mayores problemas de alumbrado, en las que existía luces de alerta, pero ya estamos entrando a las vialidades más importantes del municipio, ya vamos a tener capacidad, nos va a dar un alumbrado mejor, con una mayor percepción de seguridad. Les aseguro que para fin de año tendremos terminado el alumbrado de toda la ciudad.

Tendremos, como es natural, zonas en las que de repente alguna lámpara se dañe, pero no tendremos zonas extensas sin luz pública”.

“En cuanto al pavimento, no se ha dejado de recarpetear, de manera continua, lo hemos hecho con lo más dañado, pero en las vialidades más importantes no se nos han presentado mayores crisis”. 

Explica que la tarea principal es rehabilitar el pavimento, recarpetear, que lo harán a lo largo de todo el año para que “el próximo verano que nos llegue con la misma cantidad de agua, para entonces tendremos más recarpeteo y enfrentaremos en mejores condiciones, las condiciones del clima, pues perjudica mucho al asfalto, tanto por el sol, como por el frío, los agrieta y luego, al llegar las lluvias ya se presentan los baches. Además, en varias vialidades tenemos el problema del sobrepeso vehicular, pero llegaremos en mejores condiciones…”.

Y es que, afirma, no se había invertido en esta materia, razón por la que pretende llegar a los 2 millones de metros cuadrados.

Llegamos a ser la segunda ciudad más violenta del mundo. ¿No son tan influyentes las medidas tomadas, tanto por tu administración, como por la del Gobernador Duarte, como la de la propia dinámica de la guerra de los cárteles? 

“Esto es un todo, son muchos factores, en principio apegarnos al estado de derecho. El hecho de que hayan salido dos mil reos federales de los penales del estado, influyó mucho, la toma del control en los penales; el aumento de las penalidades de los delitos, elevar la participación de los ciudadanos en los consejos ciudadanos, la elevación de la matrícula escolar, las becas que se otorgan, el tema económico, que ha mejorado en los últimos meses”.

Tema que al parecer le satisface abordar, hasta con orgullo establece que hasta hace unos meses “teníamos, como ciudad el número 19 en materia de competitividad y ahora hemos subido al 9 entre las mejores ciudades del país, son muchos factores”, y enumera aspectos que, en plena sintonía con el Gobernador Duarte, comparte: “El aumento de la inversión extranjera; la tranquilidad laboral que tenemos en el estado; vamos con pasos firmes, no hay mes que no bajemos los índices delictivos, pero para eso se necesita la coordinación de los tres niveles de gobierno, la acreditación de las instituciones y la confianza hacia ellas. Si hacemos una evaluación de los índices delictivos que teníamos en 2005, sí tenemos cifras por encima, pero si los comparamos en relación a la tasa por cada 100 mil habitantes, entonces andamos por debajo de ese año”.

Afirma que ahora los problemas son de una ciudad más demandante, “la ciudad es otra, es más grande, nos pone en la situación de exigir más servicios, más extendidos, con una población infinitamente mayor, con una mayor cantidad de vialidades, de problemas, etc.; además, tenemos centros de población totalmente segregados de la mancha urbana…”.

¿Y en el aspecto de mejorar el entramado social, cómo van las políticas respecto de este problema?

“Lo estamos atendiendo partiendo de la base de lo esencial; hemos hecho un estudio que arrojó tres polígonos de urgente atención de los 3 órdenes de gobierno, ahí hemos enfocado las obras de pavimentación, de electrificación de suministro de agua, estamos entregando más de 150 litros por segundo; todo ello ubicado más en la zona sur del municipio, que es en donde hemos desarrollado los programas de techo firme, piso, etc.

Además, vemos lo relacionado con las necesidades básicas de la gente, más las despensas, las cobijas, programas que son emergentes que siempre han estado, pero que cubren apenas lo básico, nosotros estamos enfocándonos a aquellos aspectos que le permitirán a la gente salir del subdesarrollo…”.

¿Entregarás el municipio, entonces, con mejores índices de desarrollo social?

“Por supuesto que sí. Lo haremos en aspectos de trascendencia, en vivienda, en vialidades, energía eléctrica, agua potable, las becas las hemos exponenciado, tenemos 5 mil adultos mayores con becas, más las actividades que pueden hacer hacer en la sociedad y en muchas obras de infraestructura…”.

Luego descarta haber tenido mayores diferencias con las fuerzas políticas acreditadas en el cabildo, “No he tenido problemas con ellos, ha habido algunas diferencias, pero no ha habido discusiones, los asuntos los hemos sacado por unanimidad, tenemos una gran ambiente en el cabildo, han entendido que hay rumbo en la administración, y que somos los primeros en empeñarnos en no hacer las cosas mal, por que nuestra actitud ha sido propositiva, la de tocar los temas con libertad, con confianza, nada por debajo de la mesa” y en ese momento expresa estar agradecido con todos los regidores por tal actitud.

¿En el tema del aeroshow, ha bajado la tensión…?

“Sí ha bajado la tensión, aquí el problema ha sido que quisieran que esto fuera muy rápido, brincándonos condiciones legales, o muy vasta en términos económicos, tornándose hasta en términos irresponsables, pero no han sido más que expresiones, los ciudadanos han estado atendidos, pero con una gran responsabilidad porque no son recursos del presidente, son de los ciudadanos, entonces, han habido algunas expresiones, pero nada que nos lleve a un debate fuerte, nada a un resquebrajo, o alguna circunstancia de división en el cabildo”.

Viene una etapa electoral muy larga, va a afectar esto tu administración?

“Lo voy a asumir con mucha serenidad, con mucha madurez, con seriedad. tengo muy claro que es lo que vamos a hacer en los tres años, y lo bueno es que empezamos a hacerlo en este primer año, no lo vamos a dejar de hacer por los temas políticos, al contrario, seguiremos avanzando, y los temas políticos lo van a tener que hacer los partidos políticos. 

En la medida que yo sea respetuoso de los procesos, pues en esa medida es que el resto de los funcionarios van a asumir los procesos electorales; por eso, es un asunto que no me preocupa, porque tengo muy claro qué es lo que voy a hacer, y así será, dándole respuesta a todos los chihuahuenses, llevando las obras que se necesitan y me piden, todas las grandes inversiones, lo que está plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo…”.

“Me siento muy satisfecho, me siento muy comprometido, ha habido una gran respuesta de los ciudadanos y la he palpado en una de las más importantes manifestaciones como lo es el pago del predial, se manifiesta en el apoyo de la reforestación, que ya no es del municipio, que los ciudadanos lo están tomando como propio; así quiero, esa es la idea, que sea un proyecto de todos los chihuahuenses y al final de cuentas ahí se va a quedar para toda la vida.

Me siento muy satisfecho, muy comprometido, muy tranquilo y con toda la emoción porque vamos con muy buen ritmo y vamos para el próximo año a consolidar la transformación de Chihuahua”.

Muchas gracias.

IV Informe, se ve el fin

Editorial, Aserto No. 135, octubre 2014

En medio de la más extendida percepción de rechazo a su administración y a su persona, como gobernante, el ballezano César Duarte llegó a su IV Informe de Gobierno, quizá, en las peores condiciones que un gobernante chihuahuense haya enfrentado en las últimas décadas.

Empeñado el actual grupo gobernante, en resaltar los logros del gobierno, especialmente en materia de seguridad pública, educación, crecimiento económico y salud, el tema de la deuda pública lo ha rebasado, muy a su pesar.

Precisamente, y justo antes de la presentación del informe ante el Congreso del Estado, los diputados federales del PAN Rocío Reza y Carlos Angulo presentaron la solicitud para que se realizara una investigación especial sobre la deuda de Chihuahua y el uso otorgado a los recursos ejercidos por el gobierno de César Duarte.

Más aún, la denuncia presentada por el ex diputado perredista, Jaime García Chávez, en contra del Gobernador Duarte, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y el Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo, desató una creciente oleada de simpatía ciudadana y el consecuente rechazo del mundo oficial a los señalamientos de enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y daño al patrimonio estatal.

En tal escenario, una vez pasada la presentación del informe, se recrudecerá el ánimo electoral, a grado tal que muy pocas cosas, de las que acontezcan en la política local, podrán separarse de la larga jornada electoral que tendremos, cuyo punto de arranque es la fecha anterior y culmina en las elecciones del 2016.

Punto central de las manifestaciones de rechazo se alcanzó en la noche del 15 de septiembre, en la conmemoración del Grito de Independencia. Para evitar que alcanzaran niveles de escándalo -y se convirtieran, por tanto, en evento para el posterior uso electoral- y, por supuesto, para evitarle al mandatario una de las peores jornadas en su contacto con los chihuahuenses, las clásicas frases atribuidas a Miguel Hidalgo se emitieron en medio de los fuegos pirotécnicos.

Apenas terminó el himno nacional, los ocupantes del balcón principal se retiraron a continuar con la fiesta que año con año ofrece el gobierno de Chihuahua a la élite.

Punto aparte merece tal festejo, reservado para los integrantes de la clase política gobernante y la empresarial que se codea con éstos. No hay justificación alguna para que los recursos públicos sirvan para una fiesta que sólo hace recordar las realizadas por la élite porfirista.

Hecho descollante del año de ejercicio administrativo, a reportar por el Gobernador Duarte, lo será el accidentado proceso para designar a dos de los integrantes del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip). Luego de la orden de un juez federal, el Congreso del Estado repuso el procedimiento y eligió a las mismas personas que habían sido impugnadas, en un acto de inmensa sumisión a las decisiones del titular del Poder Ejecutivo.

Luego de ese hecho, el Ichitaip se dedicó a extender certificaciones de “transparencia” a las dependencias gubernamentales. 

¡Increíble!

En ese contexto queda para el futuro inmediato realizar el balance de la actual administración estatal, pues deberemos realizar un análisis detallado a fin de saber si el monto de los recursos ejercidos por el grupo gobernante encuentran respaldo en las obras realizadas y el gasto ejercido.

Queda, para el recuento, el hecho espeluznante que, a pesar de la notoria disminución del índice de homicidios en prácticamente todo el territorio estatal -no es el caso de la sierra Tarahumara, en la que se mantienen los mismos índices de los últimos 15 años- en el último trimestre reportado por la Fiscalía General del Estado (abril a junio) se presentaron 748 víctimas de homicidio, en lo que constituye un repunte sobre los trimestres inmediatos anteriores, y con una preocupante similitud en el número presentado en Chihuahua a los acaecidos en Juárez.

El “seguro” en la calle

El Diario, 23 de octubre de 2014

Luis Javier Valero Flores

Inopinadamente, cientos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se lanzaron a la calle el pasado fin de semana en la capital del estado. Exigían la renuncia de un alto funcionario de la delegación, de Arturo Reyes Levario, jefe de Prestaciones Médicas, debido a la falta de insumos, y le responsabilizaron de la falta de equipamiento e insumos en diversas clínicas del estado, en particular en Ciudad Juárez.

A la manifestación -quizá siguiendo el ejemplo del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien hiciera lo mismo ante las manifestaciones del IPN- salió a dialogar el delegado del IMSS Chihuahua, Christian Rodallegas. Sin embargo, acusó a los agremiados de llevar “exacerbaciones y gritos que no llevan a nada” y defendió a capa y espada al funcionario y adujo haber recibido la delegación en déficit, pero que algunas carencias, denunciadas en la referida manifestación y en otros hechos acaecidos en Juárez, como las denuncias de médicos y enfermeras por la falta de aparatos de anestesia, lo que llevó a la cancelación de numerosas intervenciones quirúrgicas a principios de octubre.

Así, por ejemplo, los cuneros y capas térmicas faltantes en los hospitales juarenses, denunciados por los trabajadores y sus dirigentes sindicales, el delegado informó que se pidieron desde el año pasado, “pero su adquisición fue autorizada para este año”. El proveedor, afirmó, se comprometió a entregar los materiales el 7 de noviembre, y se negó a remover al funcionario de marras.

Las carencias asoman por todos lados, en una situación verdaderamente intolerable, a pesar de una recomendación de la Comision Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) al hospital de zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que repusiera 10 lavacómodos de los 12 con que cuenta la clínica, esta disposición no fue acatada. (Nota de Josefina Martínez, El Diario, 20/X/14).

Las denuncias por falta de tomógrafos, lavacómodos, máquinas de rayos X, cunas térmicas e incubadoras se extendieron a los tres hospitales generales juarenses y una Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Pero la beligerancia de los funcionarios denunciados despierta suspicacias. Ante las protestas de los trabajadores (Médicos y enfermeras), e incluso hasta de familiares de los pacientes, como cuando el 6 de octubre se amotinaron familiares de pacientes en oficinas del IMSS, Reyes Levario sostuvo que “Mantenemos una gestión constante para equipar a los hospitales, no trabajamos en base a manifestaciones o plantones. El trabajo de esta oficina es cumplir con los procesos para que los hospitales y Unidades de Medicina Familiar den el servicio adecuado”.

E informó que el presupuesto de 7 millones 800 mil pesos para esta subdelegación para el presente año ya se aplicó. La última compra realizada fue la de cuatro equipos para anestesia para el Hospital General de Zona número 6.

Y por supuesto, la parte patronal ya planteó su rechazo a tal situación.

No les falta razón en cuanto a estos reclamos pues es absolutamente inexplicable que el principal centro de la industria maquiladora sufra una situación de tal magnitud. Si existen más de 300 mil trabajadores de esta industria, cuyas aportaciones son la parte sustancial de los ingresos del IMSS en el estado de Chihuahua, es absolutamente intolerable que se presente una situación como la ahora relatada.

Y más que las respuestas de los responsables de la proveeduría de los materiales necesarios para la atención de los usuarios sean en el tono y rumbo de las aquí anotadas: El presupuesto que nos asignaron ya se gastó, dicen, espérense hasta el próximo año, nos espetan a la sociedad, no solamente a los usuarios de los servicios del IMSS.

Ahora bien, si en el fondo de las controversias relatadas se encuentran móviles políticos ajenos a la atención médica y social de los derechohabientes del IMSS, peor.

Pero hay situaciones que van más allá de lo anterior, los relatos de la falta de 10 cunas térmicas en el Hospital de Zona número 35, por ejemplo, no admite justificación alguna; o la obsolescencia de los equipos de anestesia, con 9 años de servicio, que llevó a la suspensión de decenas de intervenciones quirúrgicas en días anteriores; o la carencia de 67 médicos generales para atender las necesidades de consulta externa en las diferentes Unidades de Medicina Familiar en Juárez.

Esta realidad del “seguro” ha llevado a que 200 mil derechohabientes del IMSS se hayan afiliado al Seguro Popular, según informó Blanca Álvarez, coordinadora de este programa en Ciudad Juárez, al tiempo que informaba que serán dados de baja, del Seguro Popular, los chihuahuenses que se encuentren en tal situación.

Realidad tan estrujante debiera llevar a la toma de decisiones -de los funcionarios gubernamentales, no sólo del IMSS, sino los estatales- a fin de cambiarla inmediatamente, son vidas que se nos van de la noche a la mañana, por razones absolutamente inaceptables.

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Opacidad en la luz

El Diario, 19 de octubre de 2014

Luis Javier Valero Flores

Si el anuncio impactó, la concreción cimbró, no sólo a quienes tuvieron la fortuna de que sus recibos del consumo de energía eléctrica les llegase en “ceros”, sino a todos.

Pero no sólo llegaron recibos en “ceros”; infinidad de usuarios de la CFE recibieron con gusto la abrupta disminución de lo que tendrán -o ya hicieron- pagar por el consumo de energía entre el 5 de agosto y el 6-7 de octubre.

Sin embargo, la confusión es lo prevaleciente. A pesar de que el mandatario chihuahuense, Cesar Duarte Jáquez, ha insistido -desde el anuncio realizado por él dos días después de la presentación del IV Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, y en el curso del evento principal con este motivo- en que lo más destacado fue el anuncio de la firma de un convenio del Gobierno del Estado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual las tarifas existentes en Chihuahua -1A, 1B y 1C- pasarían a 1D, por lo cual disminuirían los pagos que se realizarían en adelante, pero exclusivamente las domésticas.

“Esta tarifa será retroactiva al mes de mayo, y pagarán en promedio más de un millón 50 mil casas habitación del estado de las casi un millón 100 mil que existen”, habría dicho en el Polyfórum el 3 de octubre pasado.

Bueno, pues llegaron, probablemente la mitad o poco menos, de los recibos que se distribuyen en la entidad y en todos la tarifa es la 1B, primera mala noticia; más aún, en lugar de la nueva tarifa, con diferencias, aparecieron distintas leyendas, prevaleciendo una, la que dice “Apoyo Gob. del Edo.”, además de la denominada “Aportación Gubernamental”. 

Segunda mala noticia, la rebaja es fruto de un subsidio gubernamental -el segundo en el mismo recibo- y ahí encontramos la tercera mala noticia, que los usuarios -la sociedad en general- no tenemos a la información que debiéramos tener a la mano, tanto en lo concerniente en la contratación individual de un servicio, como el del manejo de los recursos estatales.

No son cosas menores. 

Por un lado, la relación entre el usuario y CFE es una típicamente comercial, regida por un contrato firmado por las partes, razón por la cual la empresa está obligada a ser transparente en todos sus actos e informar de ellos a sus clientes, como en el caso que nos ocupa ¿Cuál es la tarifa que cobró en cada caso? ¿Cuál la cantidad cobrada? ¿Cuál el remanente, en caso de existir? ¿Cómo cobrará el siguiente período? ¿Será todavía con la misma tarifa, la 1C para la zona de Juárez y la 1B para la de la capital?

¿De dónde provendrán los recursos necesarios para pagarle a CFE lo que está amparado en los recibos bajo la leyenda de “Apoyo Gob. del Edo.”?

Bueno, hasta el momento de elaborar estas notas aún no había respuestas oficiales sobre ellas y tampoco ninguna autoridad había llegado a la feliz ocurrencia de publicar el convenio firmado por el Gobernador Cesar Duarte, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el Director General de CFE, Enrique Ochoa.

Y ese convenio ¿Alguien lo tendrá en sus manos? ¿Lo podría publicar en algún portal de transparencia de alguna dependencia gubernamental?

Más aún ¿Nos podrían ubicar la partida presupuestal, del gobierno federal -como dicen los gobernantes estatales- o del gobierno estatal -como dicen los recibos de CFE- de donde salieron los recursos para pagar nuestro recibo de la “luz”?

¿Tantos cuestionamientos implican el rechazo a la medida? ¡Ni locos que estuviéramos! Recuerden la vieja charra de aquel hombre que les contestó que estaba recluido por loco, no por pen… itente.

No, el problema estriba en que a pesar de todo, ni con presidente priista, ni con panistas, cambia el esquema de tarifas existentes en la entidad. 

¿Qué es mejor gastar el dinero gubernamental en disminuir los recibos de la “luz” que pagar los estratosféricos salarios de los funcionarios gubernamentales? Por supuesto. 

Hace años, en una provincia de Canadá, ante el crecimiento de los excedentes petroleros, el gobierno decidió entregar a cada habitante 5 mil dólares; así, razonaban los integrantes de la coalición gubernamental, los beneficiarios de esa inesperada riqueza (por el abrupto crecimiento del precio del petróleo crudo) sería toda la población.

Lejos estamos, por desgracia, de aquellas realidades.

¿La disminución del cobro de la energía eléctrica obedece a intenciones político-electorales?

¿Alguien duda de eso?

El Gobernador Duarte llegó a la culminación del segundo tercio de su mandato con las peores calificaciones, situación reconocida hasta por él, que llevó a su equipo a idear el mejor mecanismo para evitar que fuera abucheado estridentemente en la noche del 15 de septiembre.

Más. De acuerdo a todas las mediciones publicadas, el presidente Enrique Peña Nieto también se encuentra en uno de los peores momentos que presidente alguno haya vivido en el primer año de gobierno.

Así, nadie nos podrá hacer que no nos expliquemos la visita de los secretarios de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y de la Sedatu, Jorge Ramírez Marín, en los días previos al informe, sino en función de la puesta en vigor de una operación política que llevara a los candidatos del partido gobernante, el PRI, a una mejor plataforma de lanzamiento de las campañas.

Se trataba del responsable de la operación política de todo el país y de quien fuera el vicecoordinador de la campaña de Peña Nieto. Quien vino a concretar la operación, por lo menos lo que aparenta ser una parte de la operación política, Coldwell ¡Era el presidente del Comité Nacional del PRI en la campaña del 2012!

De ahí las suspicacias, los resquemores y la desconfianza hacia lo que pudiera ser solamente una acción de “temporal” y no, como lo han exigido chihuahuenses de todos los partidos políticos y de todas las clases sociales, una medida definitiva que tome en cuenta los enormes diferenciales de temperaturas existentes en el “Estado Grande”.

La confusión y la incertidumbre tienen varios orígenes, todos ellos en el mundo oficial.

Según la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, el Estado gestionó desde junio la tarifa 1D. “La dependencia precisó que en las facturas de los usuarios aparece el concepto de subsidio estatal, pero esto se debe a un concepto que maneja la CFE, sin que represente que el Estado erogue de sus recursos para dar una mejor tarifa a los usuarios”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 16/X/14).

Hacienda negó la existencia “de un pago” a la CFE, pero informó que desde hace meses el gobierno estatal gestionaba la tarifa 1D.

“Sin embargo, los nuevos recibos muestran que se sigue aplicando la tarifa 1B a los usuarios, que ahora reciben apoyos que aparecen con los conceptos "Apoyo Gob. del Edo." y "Retroactivo Gob. Edo”, informaría Reforma (Nota de Enrique Lomas, 16/X/14) y calcularía que el monto total de estos subsidios “podría superar los 4 mil 500 millones de pesos” pues sostiene que “se aplicarán seis meses al año”.

Pero otra información, enviada por la CFE, sostiene que los 231 millones de pesos contemplados por el gobierno del estado para el pago de la disminución del pago de energía eléctrica de los chihuahuenses, implicaría que cada usuario recibiría una “rebaja” de 73 pesos por cada bimestre, si aquella cantidad se repartiese entre los poco más de millón de usuarios en el estado. (Nota de Martín Coronado, El Diario de Juárez, 18/X/14).

Para aumentar la incertidumbre, Andrés Corral, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que no habrá una reclasificación de la tarifa 1B -la existente para la capital del estado- a la 1D y que “la baja en las tarifas corresponde a un apoyo aportado por el Gobierno estatal”. (Nota de Enrique Lomas, Reforma, 17/X/14).

Tajante, dijo que “Los 230.8 millones de pesos que están apoyando este subsidio los está aportando Gobierno del Estado, no hay vuelta de hoja”. (Ibídem).

Sin embargo, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral sostuvo cosa contraria.

“El Gobierno del Estado no hace ninguna aportación financiera, es un apoyo que el presidente Enrique Peña Nieto, por medio de la Secretaría de Energía, otorga a los consumidores de Chihuahua, con todos los elementos técnicos que justifican la reducción retroactiva en el importe del recibo de consumo emitido por la Comisión Federal de Electricidad por el cambio de tarifa”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 17/X/14).

“Estos apoyos se señalan como del Gobierno del Estado, pero se circunscriben al convenio celebrado el pasado 3 de octubre donde el Gobierno de la República hace esta aportación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, ésta, a su vez, a la Comisión Federal de Electricidad”, sostendría el encargado de las finanzas estatales.

Y agregaría que el convenio establece que “el Gobierno del Estado llevó a cabo las gestiones ante el Gobierno Federal para que éste cubra el monto de los apoyos otorgados durante 2014 en el horario de verano, que comprendió del 1 de mayo al 31 de octubre del año en curso”. (Ibídem).

Y como pa’ luego es tarde, el Comité Estatal del PRI local dio inicio a una campaña para difundir las acciones de los gobiernos estatal y federal en relación a las tarifas eléctricas, en la que insiste en que sí se realizó el cambio de tarifas: 

“Hoy arrancamos esta actividad en los municipios de Chihuahua, Delicias, Temósachic, y el sábado en Cuauhtémoc, para informar y difundir los avances que se han presentado con el Gobernador César Duarte y el Presidente Enrique Peña Nieto… Queremos destacar el cambio de la tarifa a 1D, la reducción de costos de electricidad que ya se ha dado con recibos en cero para más de un millón de usuarios, y que las bondades de la reforma energética ya se reflejan en el bolsillo de los chihuahuenses”. (Nota de Enrique Lomas, Reforma, 17/X/14).

Además, el dirigente estatal insistió en la versión oficial consistente en que el gobierno del estado no hace erogación alguna, que es una aportación federal.

¿A quién le creemos?

¡Cuánta luz! ¡Cuánta opacidad en un asunto de iluminación!

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Tlatlaya, instituciones a prueba

El Diario, 16 de octubre de 2014

Luis Javier Valero Flores

Probablemente como en ningún otro caso tan emblemático, en los tiempos actuales, se ha puesto a prueba una de las más importantes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con la actuación de las fuerzas armadas, como en el caso Tlatlaya.

Quizá sea la mas importante porque derribó -no sólo derogó- una de los principales aspectos de la existencia del Ejército Mexicano: El de su relación con la sociedad mexicana, y en particular con los denominados “civiles”.

Ahora están señalados, como es lógico, como debió ser desde el principio, un general de brigada y un coronel -el responsable directo del grupo de militares- en el homicidio de 22 “civiles”, acaecido a fines de junio en el pueblo mexiquense de Tlatlaya. Podrían ser acusados de encubrimiento por la justicia militar.

A pesar de todas las nuevas regulaciones, estos altos mandos militares se encuentran recluidos en sus domicilios y no están bajo la jurisdicción de ninguna autoridad civil.

“El general de brigada José Luis Sánchez León, ex comandante de la 22 Zona Militar, es investigado por la Procuraduría General de Justicia Militar sobre su presunta participación”. (Nota de Jesús Aranda, La Jornada, El Diario, 15/X/14).

La información proporcionada al reportero ubica como participantes a “los 25 soldados que integraban el batallón y que estuvieron presentes en el lugar de los hecho”. La defensa de los hasta ahora 12 acusados arguye que informaron a sus mandos que estaban siendo agredidos y pidieron instrucciones. Les ordenaron repeler la agresión.

Sin embargo, desde que se conocieron públicamente los hechos los mandos militares negaron tener conocimiento de ellos, razón que los llevaría, por lo menos, al estatus de encubridores del homicidio múltiple.

¿En dónde radica la transgresión? En que desde el 9 de agosto del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por una votación de 8 a dos, que los militares acusados de delitos contra civiles no deben ser juzgados por tribunales castrenses.

Los ministros establecieron límites al fuero de guerra. “Nunca debe ser juzgado un militar por un tribunal militar cuando la víctima del delito sea un civil y se hayan violado sus derechos humanos en consecuencia de ese delito… Y eso no es solamente en atención a quien comete el delito, sino también porque esta jurisdicción ordinaria se da por protección a las víctimas, que tienen derecho a un tribunal imparcial, no sólo por el tema de reparación del daño, sino por el derecho a hacer efectiva la verdad y la justicia”, indicó el ministro Arturo Zaldívar. (Nota de Reforma, 10/VIII/12).

La resolución de la SCJN se tomó siguiendo la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, en 2009, en la que se estableció la misma interpretación de la Carta Magna.

Sorprende que no obstante las luengas repercusiones mundiales alcanzadas por esta masacre -con todos los visos de ser una ejecución extrajudicial-, ni las autoridades militares han decidido acatar lo dispuesto en las nuevas disposiciones legales ( y poner, en consecuencia, a la disposición de las autoridades civiles a todos los presuntos implicados), ni las autoridades civiles le han exigido a aquellas, tanto el acatamiento al orden legal existente, como los presuntos responsables.

Todo ello a pesar de que el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presidía la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, que presentó importantísimas reformas para ponerle restricciones al fuero de guerra, en el mismo sentido de las resoluciones de la SCJN y que se opuso (dándole largas a la discusión) a un proyecto de reformas al Código de Justicia Militar, impulsado por el entonces presidente Felipe Calderón, que reforzaría los aspectos más retrógrados del vigente hasta ahora, expedido por el presidente Abelardo Rodríguez en 1933, en uso de facultades extraordinarias y sin intervención del Congreso.

Fruto de la larga presencia militar en la vida nacional, por la eternidad de las guerras sostenidas durante prácticamente todo el siglo XIX, que se prolongó hasta casi la mitad del siglo XX, en la que, incluso el partido gobernante llegó a contar con un “cuarto” sector en su estructura, el militar, la clase política mexicana no ha logrado disminuir la importancia de esta institución, ni evitar que todavía ya avanzada la actual centuria este gremio disminuyera su estatus de privilegio.

No se le quitan méritos, alcanzados en muchos aspectos, pero no se justifica la existencia de unas fuerzas armadas, de la magnitud como las nuestras, en un país pacífico y pacifista de muchas décadas y, mucho menos que, hechos como los ahora comentados, transcurran con la opacidad y la ilegalidad observadas.

Y si se adujera que su participación se necesita en aspectos como el combate al crimen organizado o en tareas de protección civil, bastaría con la creación de las fuerzas especializadas en esas tareas. A los militares no les competen, además, no están capacitados para ello.

Todos los presuntos implicados en los hechos comentados ahora deben ser puestos, de inmediato y sin reservas, bajo la jurisdicción de las autoridades civiles, en ello nos va en juego uno de las aspectos centrales de la existencia, real, de un Estado democrático.

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El “Viceroy”, Tlatlaya, Ayotzinapa, quiebra institucional

El Diario, 12 de octubre de 2014

Luis Javier Valero Flores

Mal apenas nos reponemos de un evento a cual más de impactante, demostrativo de la degradación social y, sobre todo, de la quiebra institucional, cuando ya sobrevino otro que ratifica tal impresión.

Es de tal profundidad la quiebra que, en tanto para la clase política son hechos fortalecedores del optimismo, para una buena parte de la sociedad son exactamente lo contrario.

Cualquiera de los hechos enumerados en la presente entrega ofrece datos a raudales que ilustran palmariamente el aserto anterior.

Y son de tal magnitud que otros acontecimientos, también merecedores de reflexiones, como los informes de los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, respectivamente -los alfiles del Gobernador Duarte- deben ser postergados, dada la velocidad con la que se presentan los otros acontecimientos y que, más allá de la primera impresión, están íntimamente ligados a nuestra realidad.

La detención de quien fuera considerado -por las autoridades y muchos chihuahuenses- como el jefe del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, es un hecho mayor. No todos los días se da un golpe tan certero y contundente a una organización criminal, y menos de las características de la mencionada, con una honda raigambre en el territorio, en las instituciones, en la sociedad y tan antigua.

Es, además, vital en el trasiego de la droga hacia EU. Su importancia y actividad no es ajena a lo que las distintas agencias norteamericanas hacen con relación a esta actividad.

Pero en cualquiera de los aspectos de esta detención -y la de prácticamente todos los jefes (según las versiones de los gobernantes)- saltan de inmediato infinidad de preguntas, que no son respondidas por las autoridades y sus investigaciones.

Utilizando lenguaje hasta de película, las autoridades judiciales y prejudiciales -y ahora hasta las de la diplomacia, si retomamos las declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien dijo “que en estas acciones privilegiaron la inteligencia, la cooperación y la coordinación, que permite abatir los niveles de violencia en México”- nos han espetado en los últimos días que la detención de Carrillo Fuentes se hizo “sin un solo tiro”, o que “es la más importante” y es fruto de meses de investigación.

¡Ah, muy bien! ¿Y las empresas del entramado financiero, necesarias para el buen funcionamiento de una organización criminal de tal envergadura?

Si tenían meses tras sus pistas, con el seguimiento de los distintos domicilios “que visitaba” ¿Ya saben quiénes eran sus cómplices o subordinados? ¿Los nombres de las empresas con las que las que el grupo criminal realizaban transacciones comerciales y/o financieras? ¿Cuáles los nombres de las instituciones bancarias usadas para todo ello?

¿Cuáles los agentes del ministerio público federal involucrados? ¿Los jueces, federales o estatales? ¿Los mandos de las policías locales y federales participantes en alguna de las muy variadas actividades? ¿Los funcionarios de los reclusorios, de cuando no estaban certificados?

Y en el colmo de las investigaciones que la sociedad esperaría ¿Los nombres de los mandos militares implicados en tan vasta organización? ¿Vamos, hasta los políticos participantes?

¿O va a ocurrir lo mismo que en la detención de “El Chapo” Guzmán, de Héctor Beltrán Leyva y de tantos? ¿Con hechos que sólo fortalecen la percepción popular de que tales detenciones están “arregladas”, con tal de que la estructura criminal continúe incólume?

Pero si alguno de los cuestionamientos anteriores pudiera dar lugar a la duda, lo relacionado con los miles de homicidios ocurridos en territorio chihuahuense -en la cresta de la violencia homicida presente en Chihuahua, en el período 2008 a 2011, que continúa, a la baja, pero con “picos” escalofriantes- no lo permite.

¿Cuántos de los crímenes ocurridos -y hay una gama muy grande de aquellos,  emblemáticos- le fueron achacados en esos años al Cártel de Juárez, cuyo jefe ahora está en manos de la PGR?

¿Cuántas carpetas de investigación están abiertas en el estado de Chihuahua en su contra por homicidio? ¿Cuántas las órdenes de aprehensión expedidas, aquí,  por algunos de los crímenes achacados a su grupo criminal?

Pues a menos que nos desmienta la autoridad (Nada le daría más gusto al escribiente), ninguna, en ambos casos.

Ni siquiera por los homicidios ocurridos en el punto más alto de la guerra sostenida por los cárteles de Sinaloa y Juárez en nuestra entidad fue acusado, tampoco, Joaquín Guzmán Loera. Igual que en este caso… por ahora, esperamos.

En tanto que eso ocurre, el descrédito popular hacia el aparato de justicia encuentra sustento extraordinariamente firme y las declaraciones de los perseguidos y detenidos en un “alarde” de “menos fuerza y más inteligencia”, transmitidas en el horario estelar del canal oficial del actual gobierno federal, con el conductor, también oficial, aparece como uno más de los atractivos televisivos.

Cosa semejante ocurre con la masacre ocurrida en Tlatlaya, pero ésta a manos de elementos del ejército mexicano. Admitida por el gobierno sólo gracias a la denuncia de una sobreviviente y que ahora, todavía después de los severos señalamientos de las cortes internacionales y de una buena parte de la opinión pública mundial, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, intenta, hasta lo último, hasta lo indecible, atenuar la crítica hacia las fuerzas armadas.

Resulta que sólo tres soldados y un sargento son los responsables de los homicidios-ejecuciones de más de una veintena de jóvenes ¿Y los mandos militares participantes y los que luego encubrieron lo realizado? ¿Y los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que debieron hacer los levantamientos de los cadáveres, el peritaje balístico, las autopsias, los exámenes a los militares para detectar el uso reciente de armas de fuego, las declaraciones de los participantes, de los jefes, etc.?

Nada, solamente esos tres soldados y su sargento.

¡Ah, pero, además, el procurador Murillo informó que los acusados estaban detenidos en el Campo Militar No. 1, debido a que habían violado el protocolo militar, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, hace tiempo, que cuando elementos de las fuerzas armadas participaran en hechos delictivos que involucraran a elementos civiles, debían “conocer” de los hechos las autoridades civiles correspondientes.

Pero Murillo Karam adujo que los acusados no pasaban a los reclusorios civiles debido a que corrían riesgos en ellos, pues los “militares son los responsables de la detención de muchos de los reos que ahí se encuentran”.

¿Pues no que eran un dechado de perfección los penales, los federales?

Lo ocurrido en Tlatlaya despierta, de inmediato, recuerdos de acontecimientos presentados en la oleada homicida, particularmente en Juárez, pero no sólo, en los que la presunta participación de elementos de las fuerzas militares fue la constante, particularmente -y están documentados, hasta judicialmente algunos de los casos- en la detención de individuos a los que las unidades militares acusaban de pertenecer a alguno de los grupos criminales y que interrogaban y torturaban en las instalaciones de las fuerzas armadas y que gracias a ello algunos de los acusados obtuvieron su libertad por la abundante comisión de hechos irregulares, cometidos por quienes los detuvieron.

Bueno, pues esos hechos pueden llegar a configurar la comisión de varios ilícitos, tolerados por todas las autoridades, al fin y al cabo, se sostenía, fueron hechas en contra de los “delincuentes”. Eso y más se merecían en esta visión.

Lo sostuvimos, siempre, no se puede combatir la ilegalidad usando como instrumentos recursos ilegales. Los preservadores del orden legal no lo pueden violar ¿Quién cerraría la puerta?

Hoy lo vemos, aterrados; en un caso con la matanza de Tlatlaya, pero en el otro, aún más escalofriante, con el asesinato y desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa a manos de los policías y sicarios de Iguala, en un entorno aún más desalentador pues las autoridades señaladas como responsables de la conducción -por lo menos oficialmente- de los agrupamientos policiacos emergieron del mayor partido que la izquierda mexicana haya producido y que evidencia, como en ningún otro momento, o suceso, la aguda degradación de su cúpula dirigente.

Más aún, que este caso devela, con aterradora contundencia, el imbricamiento de las autoridades -cualesquiera que sea el nivel- con los grupos criminales, unidos para combatir a los participantes de luchas sociales, que los sicarios de los grupos criminales y los policías municipales (¿Acaso también los estatales?) fueron usados para exterminar a los activistas sociales, así éstos fueran casi inermes estudiantes normalistas, representantes de sus comunidades, orgullosas de enviarlos a estudiar a fin de confiarles la educación de sus hijos.

Y tales agresiones se efectuaron en una entidad en la que la guerrilla tiene más de medio siglo de existencia ¿Eso es lo que quieren quienes ordenaron tan viles acciones?

¿Orillar a esos jóvenes y sus comunidades a las acciones armadas, para masacrarlos? 

Porque cuando se habla de la guerrilla en Guerrero frecuentemente se olvida que su existencia sólo es posible porque tiene un incuestionable respaldo popular y que en este preciso momento una buena parte de la sociedad guerrerense no se siente representada por los gobernantes emergidos del PRD ¡Triste paradoja! Al contrario.

Todo esto no fue advertido por Cuauhtémoc Cárdenas, agredido salvajemente (así no hayan sufrido, él y sus compañeros, heridas mayores) al tratar de participar en la manifestación que exigía en la ciudad de México la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa, no tuvo en  cuenta que los depositarios de los gritos de ¡Asesinos, asesinos! lanzados por los manifestantes eran sus compañeros de partido, integrantes de “Los Chuchos”, el grupo hegemónico del PRD, al que pertenece el alcalde Iguala, José Luis Abarca y en el que abreva el gobernador Angel Aguirre.

Lo dicho, la crisis de las instituciones…

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Patrimonialismo al exceso

El Diario, 9 de octubre de 2014
Luis Javier Valero Flores
Hasta se pensaría que algunos de los subordinados -especialmente los más ligados a la operación electoral- en el municipio de Juárez le jugaran las “contras” al alcalde  del antiguo Paso del Norte, Enrique Serrano. En el supuesto que lo ocurrido en las últimas semanas en el gobierno municipal de la “frontera más bonita de México”, fuera ajeno al edil.
Aún no se resuelve prácticamente nada del episodio de la afiliación condicionada de los cadetes de la Academia de Policía al PRI, cuando a unos cuantos días de la presentación de su I Informe de Gobierno, tres de los funcionarios municipales, una de elección popular y dos de designación se convierten en protagonistas de sendos escándalos, en los que el rasgo común es el patrimonialismo, esto es, la más cancerígena de las enfermedades del partido gobernante durante la mayor parte del siglo anterior.
Y, al parecer, ahora también.
Los gobernantes con esa concepción conciben el ejercicio gubernamental -y los recursos para hacerlo- sólo como un mecanismo para mantenerse en el poder. Para ello, poco importan las regulaciones existentes, y si en algo les preocupan es para hacer hasta lo indecible para ocultar todas las acciones irregulares e ilegales cometidas, para concretar algo que llevan como tatuado en sus mentes: Los recursos públicos le pertenecen a quien ejerce el gobierno.
Así, al ex director de la Academia de Policía le parece de lo más natural que sus alumnos deban afiliarse al PRI ¿Por qué no, si al cabo él y sus jefes les “dan” el trabajo?
Del mismo modo, en lo que ahora nos ocupa, que el director de Alumbrado Público, Héctor Salazar Polanco y la directora de Desarrollo Social, Adriana Terrazas Porras, hayan usado como “gancho”, para forzar la afiliación al PRI, el programa de Seguros de Vida para Jefas de Familia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es lo más natural para ellos.
Más grave aún es que una de las protagonistas -Adriana Terrazas- ha ocupado en los más recientes años varias de las más importantes responsabilidades en el partido gobernante en Chihuahua, la ex (¿o aún es?) directora de Desarrollo Social del Municipio, ya fue la presidenta del Comité Municipal del PRI juarense, fue diputada federal y ahora ocupaba la dependencia más sensible del municipio en materia de desarrollo social, pero no sólo, también para la actividad político electoral.
Pero su actual gestión inició en medio de otro escándalo que, para su infortunio- nos revela nítidamente cuales son sus concepciones alrededor del ejercicio de la administración pública.
Lideresa del PRI en la campaña electoral pasada, no se opuso a que una de sus primas -Mireya Porras- fuera ubicada en la lista de candidatas a regidoras. Triunfadora la planilla del PRI, Serrano la designó Directora de Desarrollo Social, en una flagrante violación a las leyes vigentes.
Bueno, pues presionaron a la regidora para que pidiera licencia y así su prima, la más poderosa, pudiera ejercer ese cargo, seguramente en el camino de otras etapas políticas aún más placenteras. Porras anunció que el ¡mismísimo! Gobernador Duarte le había anunciado que sería incorporada a la administración estatal.
¡Valiente elección hicieron los juarenses! Votan por una de las primas, pero la que ejerce el gobierno municipal es la otra. Así siguen, luego de un intento de la regidora por regresar a su cargo… y a las prebendas que otra regidora, del mismo partido, le ha enseñado cúan excelsas llegan a ser.
Pues sí, resulta que la regidora Carolina Frederick Lozano se fue de viaje desde antes del 19 de septiembre, fecha en la que se celebró la primera sesión de cabildo a la que faltó, así que muy probablemente haya salido del país desde los principios del mes patriótico.
Bueno, pues debieron notificarle que ya se le iba a dar de baja, que regresara -¡Por favor!- para que explique, por escrito, dijo el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, el motivo de sus ausencias.
Y po’s no, no andaba de pachanga, fue a “tramitar” su título… ¡A España!
N’ombre, mal pensados que somos, la regidora fue por el título de la maestría en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo expedido por la Universidad Camilo José Cela, porque ya se prepara a participar “en organismos o foros internacionales relacionados con la juventud, debido a que ella es la coordinadora de la Comisión de la Juventud”. (Nota de Araly Castañón, El Diario, 6/X/14).
¡Ah, pero eso sí! Nos pidió “una disculpa, si les sentó de una mala manera”, pero no nos preocupemos, ella siempre ha “estado trabajando con mucha pasión, entrega y dedicación, estoy enamorada de mi trabajo y soy su servidora pública”. (Ibídem).
¿Y por que se fue sin permiso? Po’s porque pueden, porque si la sociedad no se entera, no pasa nada. Algo de eso arguyó Adriana Terrazas en el comunicado que envió para explicar su “licencia” del cargo en el municipio.
Dijo que “sé que no incurrí en un delito, caí en un error de forma, pero no de fondo al hablar de un convivio para la estructura de mi partido”, pero que tampoco nos preocupemos, “… Ningún cinco de la Dirección de Desarrollo Social fue desviado para favorecer a la estructura de mi partido”. (Nota de Francisco Chávez, El Diario, 7/X/14).
¿Les creemos?
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Invaluable apoyo federal

El Diario, 5 de octubre de 2014

Invaluable apoyo federal

Luis Javier Valero Flores

Con el impactante anuncio de la reducción de las tarifas eléctricas, el gobernador César Duarte, apoyado contundentemente por el gobierno federal, salió al frente de las críticas y del indudable entorno adverso hacia su gobierno.

No fue el único rasgo de la nueva actitud gubernamental frente al alud de criticas desatadas con motivo de la presentación del IV Informe. Presto, asumió dos posturas diametralmente distintas: En los foros públicos aceptó no gozar de altos índices de popularidad, ofreció puertas abiertas a todos, negó haber endeudado al estado; y en las entrevistas ofrecidas a distintos medios de comunicación (particularmente los impresos), tal y como lo hiciera ante el presidente nacional de su partido, César Camacho, catalogó como “chismes” las denuncias y las críticas presentadas en su contra, clasificó como “encarnizada” a la oposición y una y otra vez, apoyado por los muy coincidentes informes de las empresas calificadoras de deuda, aparecidos un día antes del acto del viernes -elevaron la calificación crediticia-, insistió en que los financiamientos obtenidos por el fideicomiso carretero no constituyen endeudamiento alguno, pues, dijo, no comprometen los recursos futuros de los chihuahuenses.

Contra sus deseos, y de los aspectos positivos obtenidos en el año transcurrido, la deuda pública se convirtió en el tema principal del enjuiciamiento a su gestión, como de manera altamente ilustrativa lo mostró la encuesta de la empresa Confirme, contratada por El Diario (Juárez) en la que los habitantes de esta frontera le otorgan un bajo 5.3 de calificación. (Nota de la redacción, 1/X/14).

La aceptación a la forma de gobernar de Duarte tuvo una caída semejante. En 2011 el 73.5% de los encuestados mostraba acuerdo, en 2012 aumentó al 76.6, para luego bajar en 2013 al 70.7 y caer en este año al 52.4%.

Algo de eso habrán leído, tanto los gobernantes locales, como los federales.

El apoyo fue impactante. Infinidad de agrupaciones sociales y políticas, legisladores locales y federales, de todos los partidos políticos, habían pugnado, durante años, por la reducción de las tarifas eléctricas, (el anuncio del gobernador fue sólo para las domésticas, pues se refirió a que la casi totalidad de los domicilios serían beneficiados) fue concedida en un momento determinante para el grupo gobernante local.

Al pasar a la tarifa 1D y hacerla retroactiva al mes de mayo (que abarca a los meses de mayor consumo) lograron un contundente efecto, se convirtió en el principal tema del período informado por el Gobernador Duarte y lo puso a salvo de mayores críticas, a las que les concedió un inusitado valor pues se asumió como el gobernador más criticado.

Más aún, en el curso de la entrevista a El Diario de Juárez, por primera ocasión aceptó que, si hay posibilidades, aspiraría a la Presidencia de la República: -Como político, ¿aspira a algo más? ¿Pudiera ser la Presidencia?-. “¿Sabe cómo aspiraría? Cumpliendo bien mi trabajo. Cómo voy a estar aspirando a otra cosa si ni siquiera hago bien la tarea que hoy tengo, eso lo aprendí desde primaria. Primero terminaré la gubernatura, los seis años de gobierno y entonces veremos”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 1/X/14).

Ahí está. Ya lo dijo.

Repuestos del sorpresivo -para ellos- crecimiento del rechazo del año anterior, que llevó a la celebración del evento, mediante el cual “se informa al pueblo de Chihuahua”, al Teatro de los Héroes, con el inocultable deseo de controlar al máximo las manifestaciones de rechazo (por las dimensiones del recinto), lo llevaron a las instalaciones de la feria, para lo cual le cambiaron el nombre al Palenque y le denominaron Polyfórum.

No era necesario que llevaran gente de las colonias de la capital, ni de los municipios para llenar el recinto, bastó con la movilización de miles de empleados del gobierno estatal y federal para hacerlo. La parte inferior del local fue ocupada por la élite política, la gobernante y la empresarial. La parte superior fue cubierta por los empleados, la mayor parte de los cuales hasta entusiastamente aplaudieron al gobernante.

Afuera, los “trasladados” esperaban pacientemente, bajo los efectos del sol, les fuera entregado el “refrigerio” prometido.

En ese ambiente, nada podía enturbiar el ánimo triunfalista del ballezano. Se ufanó de las cifras en materia de salud (hasta mostró uno de los éxitos de este sistema, a uno de los niños recientemente intervenidos a corazón abierto), de la disminución de los índices delictivos, de la ausencia de homicidios en los penales, del incremento de la matrícula escolar, en la recuperación del entorno económico y la creación de más de 100 mil empleos; en la igualmente disminución de chihuahuenses en pobreza extrema, todos, aspectos en los que todos coincidimos y que seguramente habrá que valorar.

Sin embargo, los empleos creados sólo nos llevan a un poco más de los existentes en el año ¡2000!

Pero por ni asomo la mención de la deuda pública, y, por supuesto, tampoco lo relativo a las denuncias presentadas en su contra, la de los diputados federales a fin de investigar el manejo financiero del gobierno de Chihuahua, ni la presentada por Jaime García Chávez por la supuesta adquisición de acciones de Unión Progreso.

Nada que amainara el ambiente festivo de ese acto, engalanado con la presencia de su muy cercano compañero de partido, Emilio Gamboa Patrón, flamante Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado y artífice central de su candidatura al gobierno de Chihuahua, así como de 16 gobernadores y… de Juanito, Díaz de la Torre, el sucesor de Elba Esther Gordillo en el sindicato del magisterio y, claro, de la Secretaria General del PRI, la ex gobernadora Ivonne Ortega, para darle el toque partidista a la celebración que, desde el acto realizado en el Congreso del Estado el primero de octubre, advirtió a la oposición que no se iba a meter abajo del escritorio ”y poder con ello desbancar a mi partido del gobierno. Pero no les vamos a dar ese gusto”.

Las tarifas de energía eléctrica tendrán una reducción de hasta 50%, que, además, será retroactiva al mes de mayo. Abarcará, según Duarte, a un millón 50 mil viviendas, del millón 100 mil existentes y es fruto, dijo el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juárez, Jesús Guerrero Lozoya Gutiérrez, de un “estudio que se había venido haciendo entre los gobiernos estatal y federal desde hace tiempo”.

Ese anuncio opacó, por ejemplo, el abatimiento de los homicidios en los penales. Es en esta materia, la de la seguridad pública, que el discurso gubernamental no guarda relación con la percepción popular, pues 3 de cada 4 chihuahuenses perciben un ambiente de inseguridad, según encuesta de Inegi. “El 75.2 por ciento de la población percibió a la entidad de Chihuahua como insegura para vivir al cierre de abril del año en curso, según el resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Publica 2014 (Envipe). (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 1/X/14).

Más allá de los datos proporcionados por el gobierno de Chihuahua, según la Envite, “en el 83.4 por ciento de los delitos cometidos en Chihuahua, no fueron denunciados ante la autoridad competente o no se inició averiguación previa durante el 2013. Los delitos más frecuentes durante el año pasado, fueron en primer lugar la extorsión, en segundo el robo total o parcial de vehículos y en tercero el hurto y asalto en la calle o transporte público. El número de víctimas de un delito por cada 100 mil habitantes durante el 2013 fue de 27 mil 344, contra los 32 mil 567 que había en el 2012 en Chihuahua, por lo que hay una reducción del 16 por ciento”. (Ibídem).

Presos de la tentación de ofrecer estadísticas que hablen del mejoramiento en seguridad pública, las autoridades locales han desestimado las recomendaciones, no sólo del ámbito local, sino de los expertos internacionales en el estudio del crimen organizado, consistentes en que sólo se podrá hablar de un control relativo en este rubro en el momento en que disminuyan los índices de 23 delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Más realista en este sentido (por lo menos en esa declaración), el fiscal de Chihuahua, Jorge González Nicolás, afirmó que Chihuahua, al ser frontera con EU, siempre será escenario del tráfico de drogas, que deberemos aceptarlo y que la autoridad está obligada a realizar todas las acciones necesarias para afrontar las consecuencias de esta realidad.

Pero si constantemente nos bombardean con los índices delictivos a la baja y ocurren masacres como la recientemente presentada en Guachochi, entonces el discurso gubernamental no guarda relación con tales hechos y el escepticismo es consecuencia natural.

Así, el repetitivo discurso acerca de que los financiamientos obtenidos del fideicomiso carretero no son deuda, o que son inventos de la oposición choca con la realidad.

Y esta es una sola: El gobierno de Chihuahua tiene ingresos anuales del orden de los mil 800 millones de pesos por el peaje carretero. Sobre éstos se obtuvo un financiamiento de 15 mil millones de pesos en el actual gobierno (entre otros), que se pagarán en el curso de 30 años, gracias a que ese lapso es el concesionado a Chihuahua sobre las carreteras federales y que Duarte tanto le agradeció al presidente Peña Nieto.

Bueno, pues eso es deuda, porque a lo largo de ese tiempo no podremos acceder a esos ingresos, nos los gastamos en este sexenio, por adelantado y en un solo acto. Es decir, sí se comprometieron recursos de los chihuahuenses, no de las participaciones federales, pero sí “ingresos propios”.

Pero todo lo anterior es historia, a partir de ahora la contienda político-electoral será lo central, como ya lo advertimos por las grabaciones de los funcionarios del municipio de Juárez, sorprendidos en actividades presuntamente ilegales, todo en aras de “beneficiar” a su partido.

¿Y la oposición? ¿Dónde estaba?

La diputada panista María Eugenia Campos nos sorprendió: “Quiero destacar que la totalidad de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, han sido votadas a favor…”.

¡Órale!

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