domingo, 27 de septiembre de 2020

Responsabilidades. Las de Corral y las de AMLO

 

El Diario, 27 de septiembre de 2020


Luis Javier Valero Flores 

Hay de responsabilidades a responsabilidades, máxime en nuestro país en el que el presidente de la república tiene un peso mayor, y no sólo por las facultades constitucionales que posee, sino por la enorme influencia que ejerce sobre la mayoría de la población.

Además, el primer mandatario mexicano posee inmensas atribuciones legales, especialmente las derivadas del ejercicio del presupuesto federal.

Y si ese peso tiene quien ocupe la silla principal de Palacio Nacional, más lo tiene quien llegó a ella con el apoyo de más de la mitad de los votantes en 2018, a la cabeza de un vasto movimiento político-electoral.

Andrés Manuel llegó a la presidencia encarnando un extendido y profundo sentimiento de esperanza.

Hoy, a pasos cada vez más crecientes, grupos de mexicanos se suman a quienes se han desencantado de su gestión.

No les faltan razones, así haya numerosas acciones y conductas gubernamentales merecedoras de reconocimientos, crecen los asuntos en los que se advierten serias equivocaciones, con gravísimas consecuencias.

Si alguien debe aportar mesura en el país, es el presidente. 

Lo que hace López Obrador es precisamente lo contrario. Todos los días se confronta con alguien, con algún movimiento, alguna organización, o grupos de ciudadanos; permanentemente con sus críticos.

No son pocas las ocasiones en las que exhibe su desconocimiento de temas que, por otra parte, no está obligado a saberlos en el detalle.

Por encima de todo lo anterior, prevalecen la terquedad del presidente, su persistencia a creer que tiene razón, siempre; a que no se equivoca y a que todos los que se le oponen o contradicen, o están completamente equivocados, o forman parte de los sectores “conservadores” o “fifís” y a sostener que todo lo efectuado en el pasado, antes de su llegada al poder, estuvo mal, que nada fue para bien.

¡Ah, y cuando se equivoca, jamás lo reconoce!

El problema del agua de las presas de Chihuahua y el cumplimiento del Tratado de Aguas y Límites del ’44 (TILA) es uno de ellos.

¿Qué mejor reconocimiento de su equivocación es la de las renuncias -seguramente exigidas por él- de los 6 mandos principales de la Conagua?

¿Qué mejor prueba de su empecinamiento que sostener en el cargo a la directora, Blanca Jiménez, la misma que, frente a sus ojos, calló ante los increíbles e inaceptables argumentos del subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, que “armó” una tremenda, gigantesca acusación en contra de distintos actores sociales, políticos y empresariales, como argumentación para sustentar que el conflicto es el resultado de un inmenso complot armado por el PAN, -como dijo el presidente- que llegaba hasta la Conagua, que no observaron, ni la directora, ni el acucioso Mejía?

Ante la nariz de Blanca Jiménez, Mejía desplegó la información del acaparamiento del agua por una serie de productores, “ricos nogaleros”, pero en las imágenes proyectadas se les ubicaba como propietarios de ¡“concesiones de pozos”, ubicados en la zona de Jiménez!



¿No pudieron ponerse de acuerdo, y la directora informarle al subsecretario Mejía que el motivo del actual conflicto no son las aguas subterráneas de los pozos, sino las aguas superficiales del río Conchos?

Ante el agravamiento del problema, AMLO optó por hacer renunciar a seis subdirectores nacionales y mantener a la directora, quien fue la que los nombró y tuvo bajo su mando a lo largo de casi dos años y solo hasta ahora se dan cuenta que tienen al caballo de Troya bien adentro, pues dijo el presidente que la Conagua estaba “tomada por el PAN”.

¿Será? Entre los “renunciados” se encontraba Celia Maya García, quien había sido una de las propuestas del presidente para ser ministra de la Suprema Corte.

Pero antes de que el país reaccionara ante lo que es una auténtica declaración del fracaso de su gobierno en el manejo del agua y del Tratado, se sacó de la manga un auténtico distractor. 

Trajo al subsecretario de Protección Ciudadana y lo que el país presenció es una de las ocasiones en las que desde el poder más se violenta el estado de derecho.

No, el conflicto no lo originó “el PAN”, como sostiene el presidente. 

Lo originaron los funcionarios “renunciados” y su jefa, al grito de que Trump exigiría a como diera lugar el cumplimiento del TILA, y a que no le informaron que el mismo tratado ofrece alternativas de pago, las que Blanca Jiménez dio a conocer, sólo hasta hace unos días, cuando el conflicto había escalado a las áreas de seguridad pública, de seguridad nacional, de la economía nacional, de las relaciones con la industria maquiladora y con la muerte de una chihuahuense y la creación de un exacerbado ánimo social en una vasta región de Chihuahua.

Además, de una, además de inaceptable, inútil confrontación entre el presidente y el gobernador Corral.

Y claro que tiene responsabilidad el gobernador Corral en el crecimiento del conflicto. 

Puede que no haya firmado el acuerdo en el que se comprometió, junto con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la secretaria de Gobernación y la directora de Conagua, a cumplir con los requerimientos del TILA. Pero si no lo firmó, jamás informó que estuvo en desacuerdo en los compromisos pactados el 3 de diciembre de 2019, su conducta inmediatamente posterior mostró su total acuerdo con aquel compromiso.

Al contrario, se mantuvo, no solo ajeno, sino hasta crítico de la participación de militantes del PAN en el movimiento, en los albores de éste, y más cuando los agricultores, para ser escuchados por él, tuvieron que movilizarse hasta la capital del estado y “tomar” el Palacio de Gobierno, durante días.

Sí a Corral debe reclamársele su ambivalencia, su desmedido protagonismo, en aras del supuesto “crecimiento” de su imagen y de su apuesta a su futuro personal, también a su ánimo beligerante que ha encontrado en el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, su contraparte.

Pero al presidente López Obrador no podrá disculpársele (ojalá que no las haya ordenado) el haber permitido la comisión de inaceptables, ilegales y desmedidas conductas, ya no solo por la directora Blanca Jiménez, sino del Subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

Lo realizado por este funcionario, para crear supuestos responsables del conflicto, de señalar redes de complicidad y comisión de delitos, además de la supuesta colusión de gobernantes, productores y legisladores con el crimen organizado no tiene nombre.

Sólo en los regímenes autoritarios se hacía eso. 

Si el subsecretario Mejía tiene elementos para proceder en contra de cualquiera de los que señaló, está obligado a actuar legalmente, pero si sólo actuó para descalificar a un movimiento y a los supuestos creadores y financiadores del mismo, está cometiendo diversos y reprobables actos ilegales.

Lo mismo ocurre con el congelamiento de cuentas bancarias de distintos actores del movimiento y de funcionarios municipales. 

Lo hicieron en una clara transgresión al estado de derecho y en una flagrantísima violación a sus derechos humanos.

Son muchos atropellos al orden legal.

Solo para poner un extremo ejemplo. 

Mejía dijo que el empresario Carlos Cuevas -preso por el delito de homicidio- “… es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol… y tiene nexos con un operador del cartel del Pacífico… ”.

Puede ser cierto lo anterior, pero que lo afirme el segundo jefe de la seguridad pública en el país y no haya órdenes de aprehensión por esos delitos contra Cuevas, sí que preocupa. 

¿Por qué no está acusado de eso?

No, se trataba solamente de desplegar esa información para descalificar al movimiento y mostrarle al país los “oscuros intereses” detrás de él.

¿Para qué?

Total, si existen esos supuestos delitos, pídanle al Fiscal Gertz Manero que actúe, preséntenle las pruebas, las evidencias y las denuncias correspondientes.

Pero los afanes políticos no son exclusivos de los opositores del presidente, al panismo le cayó como “anillo al dedo” la conducta de López Obrador en el conflicto. 

El rechazo al presidente, en vastas capas de la población del centro-sur del estado, es inconmensurable y, por supuesto, extraordinariamente aprovechado por el panismo, el que ha recurrido, también, a inaceptables maniobras “politiqueras” para capitalizar el movimiento. 

Se equivocó el presidente, entregado al equipo de Blanca Jiménez, presa de la información y la visión de esta funcionaria, se aferró a esa equivocada conducta, la sostuvo, y empleó para ello herramientas y procedimientos que jamás se hubiesen esperado del primer presidente emanado de un partido de izquierda en México.

Todo por hacer política. 

Es el colmo que todavía el viernes insistiese en que todo es culpa del PAN, “porque va a haber elecciones”. 

Si así fuese, tendría por lo menos otros 10 conflictos en el país, de las 15 entidades en las que habrá elecciones a gobernador.

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viernes, 25 de septiembre de 2020

Jessica, duelo de incompetentes. Un mar de impunidad



Aserto.mx, 25 de septiembre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

Más de dos semanas después del asesinato de Jessica Silva Zamarripa, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ha declinado la competencia para continuar con la persecución de los responsables, ni la Fiscalía General de la República (FGR) atrae el caso.

Nadie quiere investigar la presunta conducta delictiva de varios elementos de la Guardia Nacional (GN), cuya responsabilidad está soportada por las pruebas periciales, las declaraciones de varios testigos, la de Jaime Torres, esposo de Jessica y víctima de los balazos disparados por los elementos y, por si fuera poco, por el mismísimo jefe de la Guardia Nacional, el Gral. Luis Rodríguez Bucio.

Pero si la FGR no lo atrae ¿Qué necesita la FGE para llamar a declarar a los presuntos responsables, los que, dicen las autoridades militares de la GN, están detenidos? ¿Qué necesita la FGE para presentarlos ante un juez del Poder Judicial del Estado?

¿Por qué razón la FGR incumple con los requerimientos presidenciales, consistentes en que se castigaría a los responsables, “porque somos diferentes”, dijo el presidente López Obrador?

¿Por qué no actúan y demuestran, con los hechos, que, efectivamente, son distintos al momento de gobernar?

La ruta para hacerlo está despejada: Si La fiscalía local se declara  incompetente y mandarlo a la federación y si esta no lo acepta, entonces deberá entregársele a un juez de control y éste le ordene a la que le competa el caso.

Unos cuantos días atrás, en el estado de Guanajuato, en un incidente con supuestos delincuentes, un grupo de la GN baleó a un grupo de personas. Varios cayeron muertos, entre ellos a tres personas (por lo menos) que murieron atados y que presuntamente eran víctimas de un levantón, o de un secuestro por parte de los delincuentes que, a juzgar por los videos difundidos en redes sociales, ya no disparaban.

Nada se supo del procesamiento de los militares o guardias involucrados. Les acogió el sagrado manto de la impunidad.

El Gral. Rodríguez Bucio declaró en una una conferencia mañanera que el asesinato de Jessica había sido un desafortunado “accidente”. 

Los testimonios lo desmienten, y al parecer las pruebas periciales lo demostrarán, pues la agricultora recibió (por lo menos) tres disparos, e igual cantidad Jaime Torres.

¿Accidente, con más de 6-7 disparos en los cuerpos de las víctimas?

No es lo único que levanta sospechas e indigna sobre esta ejecución. 

Los agentes de la GN dijeron que habían detenido a tres manifestantes y que les encontraron varias granadas (de gas lacrimógeno). La detención se había realizado a las 5.30 de la tarde, pero la ejecución ocurrió alrededor de las 10.30 de la noche.

¿En donde y qué les hicieron a los detenidos?

¿Y las armas usadas? ¿Y los resultados de balística, fueron una o más armas las disparadas?

Peor. Los elementos de la GN “corrieron” a los polimunicipales de Delicias, que se harían cargo. 

No, huyeron sin brindarle ayuda al matrimonio Torres-Silva.

Más de 15 días después de los hechos los presuntos responsables no están bajo la custodia de las autoridades investigadoras.

Más. Ahora ya sabemos que no hubo disparos en contra de los elementos de la GN. 

¿Y entonces?

¿Y los fiscales qué hacen?

Tanto Peniche, como Gertz Manero, son fiscales autónomos, es decir, ya no dependen de los titulares del ejecutivo ¿Por qué no actúan?

Vil impunidad.

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domingo, 20 de septiembre de 2020

¿Cede AMLO? Pagará con reservas de presas internacionales



El Diario, 20 de septiembre de 2020 

Luis Javier Valero Flores 

Dos hechos destacaron en la semana, de entre los muchos lamentables y algunos verdaderamente calamitosos, en relación al conflicto del agua:

Primero, la premura presidencial por satisfacer la demanda del gobernador de Texas, Greg Abbot, (quien pidió al Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, exigiera a México el pago del agua “adeudada”) develó o enfatizó algunas conductas del presidente López Obrador en relación con el gobierno norteamericano; segundo, el anuncio de la directora de Conagua, de usar las reservas mexicanas de las presas internacionales para cumplir con los compromisos del Tratado de Aguas.

La carta del mandatario de Texas angustió al gobierno mexicano.

La petición del gobernador texano tendría que ser presentada a la parte norteamericana acreditada en la Comisión Internacional, la que le respondería que México NO ADEUDA cantidad alguna del presente ciclo, pues éste termina el 24 de octubre.

¿Ganas de querer ayudarle a Donald Trump en la obtención de los 34 votos electorales de Texas para su reelección, como asegura Ignacio Gómez-Palacio, quien fuera el abogado de México cuando unos agricultores texanos demandaron al país por daños por más de 800 millones de dólares, sufridos, dijeron, a causa de no haber entregado el agua del ciclo del 2005? 

La Directora de Conagua, Blanca Jiménez, en un inesperado giro a la postura que había mantenido a lo largo de más de 10 meses, anunció que el gobierno mexicano preveía pagar el agua a Estados Unidos mediante las reservas mexicanas de las presas internacionales de La Amistad y Falcón.

El anuncio lo realizó justamente cuando la confrontación -ahora sí  abiertamente política- había crecido entre el gobierno federal y el de Chihuahua a niveles verdaderamente desconocidos, incluso los escenificados en el pasado por Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral.

En la semana, los obuses mediáticos fueron de auténtico grueso calibre. El presidente señalando al panismo -sin mencionar directamente al gobernador Corral- de estar atrás del movimiento, por intereses político-electorales y el gobernante local acusándolo de ser el que instiga el discurso confrontador.

Pero si López Obrador no mencionó abiertamente a Corral, los diputados federales morenistas de Chihuahua y el delegado del gobierno federal sí.

¿Cuándo y porqué se rompió el acuerdo entre ellos para adelantar el pago del Tratado a los EU?

Durante meses hicieron todo lo posible por hacerlo, con el rechazo de los usuarios de los distritos de riego y con el señalamiento de éstos hacia el gobernador Corral de no defender los intereses “de Chihuahua”. Bueno, hasta tomaron el Palacio de Gobierno en protesta contra Corral, quien, a lo largo de los meses, les ha enviado a las fuerzas policíacas en varias ocasiones.

Hoy se desgarran las vestiduras, luego de que ambos gobernantes se negaran a recibir a la comitiva que fue a buscarlos en San Luis Potosí, encabezada por el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar.

Y este dirigente merece una mención aparte. 

Fue quien, persistentemente, solicitó a la directora de Conagua se reuniera con ellos y confrontaran sus datos de los pagos y las extracciones de agua de las presas de Chihuahua y mantuvo una postura crítica, no solo al presidente, sino también al gobernador Corral a quien, en distintas ocasiones, se refirió como el que los había abandonado, además de exigirle, insistentemente, representara los intereses de Chihuahua.

Fue el dirigente más consistente a lo largo del conflicto.

Ahora, de manera absolutamente ilegal, el gobierno federal le congeló sus cuentas personales y las de la Aurech. En el colmo, de la Unidad de Inteligencia Financiera “filtraron” a la prensa que habían detectado en ellas “movimientos inusuales” del orden de los 68 millones de pesos, sin base alguna, en lo que es un preocupante e inaceptable escalamiento del hostigamiento a los productores.



Pero la ofensiva de las fuerzas “transformadoras” no se redujo sólo al incremento grosero de elementos del ejército y la Guardia Nacional a La Boquilla; no, el linchamiento “mañanero” se elevó de tono, hasta el grado de amenazar con investigar “a fondo” los intereses de quienes financian el movimiento y aplicar la ley. 

El presidente lanzó sus señalamientos y descalificaciones contra priistas y panistas.

En esa tesitura, la ofensiva abarcó, además del congelamiento de las cuentas bancarias de los municipios de Delicias y San Francisco de Conchos,  las de Alcántar, Eliseo Compeán, presidente municipal de Delicias y del ex gobernador Reyes Baeza, a quien, luego, el titular de la UIF especificó que se trataba de la investigación de un desfalco en el Issste por 126 millones de pesos.

En ninguno de los casos los afectados habían sido notificados de que existían denuncias en su contra.

A tales acciones le agregó una más: La feroz ofensiva política en contra del gobernador Javier Corral, a quien primero señaló el presidente, sin nombrarlo, en la conferencia mañanera del viernes anterior, pero al que el Delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, no sólo nombró, sino que vituperó acremente en un mensaje enviado a los medios y a la población profusamente.

Po's si estaban de acuerdo en todo ¿Qué les pasó?

A tal ofensiva se sumaron inopinadamente los cuatro diputados federales de Morena -todos de Juárez, salvo la diputada Maité Vargas, de Nuevo Casas Grandes- los que en el curso de siete meses de duración del conflicto no habían aparecido, ni expresado algo públicamente con ese motivo.

A los señalamientos respondió Corral con no menos enjundia.

López Obrador lanzó las primeras y más fuertes ofensivas, sin bajar un ápice el tono crítico en contra de los dirigentes del movimiento.

Ahora adujo que desde fines del año anterior sus opositores elaboraron un plan para darle largas al asunto, con el fin de bloquear el pago del agua al Tratado de Aguas y obtener, de ese modo, el malquistamiento con el  gobierno norteamericano, en el que, además, los panistas tenían motivaciones políticas -politiquerías, les denominó- y que se trataba de aprovechar el movimiento para asegurarse los votos para el panismo.

¡Pues claro que hay intenciones de aprovechar políticamente el conflicto!

¿Qué esperaban el presidente López Obrador y sus seguidores? ¿Que las fuerzas políticas existentes no actuaran y dejaran libre el camino a Morena y al presidente?

¡Pues claro que no!

Es que la ruta estratégica del presidente consiste en desacreditar a los partidos opositores para propiciar la hegemonía de Morena.

Todas sus acciones están encaminadas en ese sentido, el conflicto de La Boquilla, los señalamientos a Corral y los ex gobernadores Baeza, la consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, la rifa del avión, la descalificación a las críticas y a los críticos. Le apuesta a que, una vez descalificados moralmente, sólo quede en pie su proyecto político.

Así que “la politiquería” no está solo del lado de sus opositores, también del lado del presidente, el problema es que el conflicto de las presas de Chihuahua no fue creado por sus opositores. 

¿O quizá sí, los “internos”, sus subalternos, cuya incompetencia quedó plenamente develada ahora, cuando, de repente, descubren que podía echar mano de los recursos que el Tratado tiene para resolver conflictos como el de ahora?

En tanto, los “daños colaterales” ascienden a cientos de millones de pesos perdidos y pasan por el asesinato de Jessica Silva y las heridas de Jaime Torres, además de la ilegal detención de Rosendo L. L., Juan L. M. y Juan Carlos Rivera Márquez, a quienes ahora acusan de ¡Terrorismo!

Transcurridas casi dos semanas del atentado los presuntos asesinos ni siquiera han sido presentados ante un juez y las fiscalías se tiran la pelota, además de que hasta ahora la única explicación oficial, la del Gral. Bucio, jefe de la Guardia Nacional, es inaceptable, además de inverosímil, y que retrata las inconveniencias de llevar a que elementos militares realicen tareas de seguridad pública.

Más aún, el presidente mintió. Dijo que llevaba seis meses tratando de dialogar con los productores. No, no lo hizo y tuvo una magnífica oportunidad en San Luis Potosí. Tampoco lo hizo.

Ahora está haciendo lo que los productores les aconsejaron.

Ojalá hubieran dialogado con ellos.

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jueves, 17 de septiembre de 2020

¿Prevalecerá el ánimo represor?



El Diario, 17 de septiembre de 2020

Luis Javier Valero Flores

El gobierno federal le apostó a la fuerza para enfrentar al movimiento de agricultores que ha impactado al país. Primero desplegó la fuerza militar y luego el hostigamiento fiscal para apaciguarlo. 

Ha logrado exactamente lo contrario.

Muy mala fórmula es la de destinar a varios cientos de elementos militares y de la Guardia Nacional a enfrentarlo; luego, la ofensiva mediática del presidente López Obrador en contra de los supuestos organizadores del movimiento; enseguida el terrorismo fiscal y, lo más reciente, el silencio encubridor de la Fiscalía General de la República en el esclarecimiento del asesinato de Jessica Silva y las graves heridas sufridas por su esposo, Jaime Torres.

Es una cadena extremadamente preocupante de actos ilegales.

No hay diversas interpretaciones: Extraer el agua de La Boquilla es un acto ilegal; esconder a los agresores de la pareja Torres-Silva es otra ilegalidad y congelar las cuentas bancarias de personas morales y físicas, sin más antecedentes de denuncias o investigaciones penales es una gravísima violación a sus derechos constitucionales.

Hay varias ilegalidades más, cometidas a lo largo de los últimos meses.

Las más dolorosas. Transcurridos ocho días desde el atentado, aún no han presentado a los supuestos responsables ante algún juez y aún no se sabe que hayan sido llamados a declarar.

Hay otra: Los elementos de la GN detuvieron a tres agricultores del poblado La Cruz. Los detuvieron a las 17.30 horas del 8 de septiembre y los presentaron ante la Fiscalía del Estado hasta después de las 8 de la mañana del día siguiente. Los detenidos presentan huellas de severos golpes recibidos. Los acusan de poseer armamento ilegal. Ya recibieron vinculación a proceso por un juez federal.

El 3 de diciembre la directora de Conagua, la Secretaria de Gobernación  y los gobernadores de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas tomaron varias determinaciones sobre el agua de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla de Chihuahua.

Sus decisiones involucraban los derechos de cerca de 12 mil usuarios de los distritos de riego, a los que afectaron económicamente, de manera severa. Las resoluciones de ese grupo de funcionarios estaban al margen del organismo facultado para resolver en materia de los compromisos del Tratado de Aguas, la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Además, la directora de Conagua comprometió volúmenes de agua sin tomar en cuenta las previsiones meteorológicas, que no permitían asegurar las suficientes precipitaciones pluviales en el año. Las escasas que se han presentado son tardías y, con toda seguridad, insuficientes para reparar los daños. 

Hay otra baja en tan larga lista de hechos: La credibilidad del presidente López Obrador en esa región.

No le ayudan sus funcionarios.

La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que no había congelado más cuentas que las personales del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, del dirigente Salvador Alcántar y del ex gobernador José Reyes Baeza.

Compeán mostró las capturas de pantalla de las más de 44 cuentas del municipio de Delicias bloqueadas, sin más aviso que los de las instituciones bancarias.

El bloqueo de cuentas abarcó a las de cuatro organismos más de usuarios de los distritos de riego y las del municipio de San Francisco de Conchos, por puritita casualidad el de la presa La Boquilla.

Además de la afectación económica por la extracción de agua, se añade la provocada por la decisión gubernamental de congelar cuentas bancarias

¿Puritita casualidad?

¿Quién del gobierno federal está operando el conflicto en Chihuahua?

¿No llegó el momento de relevarlos?

¿O son coincidencias que la “operación” fuera encargada a la dependencia de Alfonso Durazo?

De acuerdo con la información hasta ahora disponible, fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana la instancia que le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la congelación de las cuentas bancarias.

Otra coincidencia. 

Fue esa dependencia la que elaboró el expediente plagado de errores, mentiras y exageraciones, además de consejas populares sobre las presuntas corruptelas cometidas, en el mamotreto que elaboraron la semana pasada, con el cual el presidente sustentó su crítica y señalamientos a varios de los que ahora tienen sus cuentas refrigeradas.

¿Qué espera el presidente López Obrador, lanzar a más soldados a desalojar la presa, o dar pie al diálogo y la resolución del conflicto?

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miércoles, 16 de septiembre de 2020

¿Qué sigue?



Aserto.mx, 16 de septiembre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

¿Puritita casualidad?

¿Cuántas probabilidades había de que el mismo día se “congelaran” las cuentas del ex gobernador Reyes Baeza, el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán y del presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar, los tres, por puritita casualidad, participantes, en distintos tonos, ritmos y responsabilidades, en el movimiento en contra de la extracción del agua de las presas?

¿Quién dice la verdad? 

La Secretaría de Hacienda informó que las cuentas del municipio de Delicias no fueron intervenidas, pero el alcalde Compeán difundió fotografías de capturas de pantalla de algunas de las cuentas en las que se evidencia que están bloqueadas. En esta edición se las mostramos.

Además, el morenista alcalde de Rosales, José Ramírez, informó que las cuentas de “al menos cuatro Módulos de Riego y la SRL Unidad Conchos” les fueron congeladas. (Nota de Érika Gonzalez Lozano/El Diario/Delicias, 14 de septiembre de 2020).

¿Quién del gobierno federal está operando el conflicto en Chihuahua?

¿No llegó el momento de relevarlos?

¿No sería una exageración encontrar que el operador fuera el mismo presidente?

¿O que la “operación” fuera encargada a la dependencia de Alfonso Durazo?

De acuerdo con la información hasta ahora disponible, fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana la instancia que le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la congelación de las cuentas bancarias.

Otra coincidencia. 

Fue esa dependencia la que elaboró el expediente plagado de errores, mentiras y exageraciones, además de consejas populares sobre las presuntas corruptelas cometidas, en el mamotreto que elaboraron la semana pasada, con el cual el presidente sustentó su crítica y señalamientos a varios de los que ahora tienen sus cuentas refrigeradas.

Si eso es inaceptable, lo son más las gravísimas irregularidades cometidas por la UIF pues los afectados no fueron notificados de proceso alguno seguido en su contra.

Y solo hasta que congeló las cuentas, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que presentaría sendas denuncias.

El gran público podría suponer que la acción en contra del ex gobernador Reyes Baeza podría tener alguna justificación -debido a las acusaciones presentadas en la parte final del gobierno de Peña Nieto- pero ni en ese caso existen evidencias de que fue notificado de proceso alguno en su contra.

Todas son flagrantes violaciones al debido proceso de todos ellos, cometidas en el curso de una masiva oposición popular a la extracción de agua, ordenada por el gobierno de la república para pagarle a los EU los compromisos del Tratado (Cosa de la que se quejan, coincidentemente, los usuarios del distrito 025 de Tamaulipas).

No hay vuelta de hoja, tal operación financiera solo tiene una explicación: Atacar al movimiento del centro-sur de Chihuahua.

Es verdaderamente impactante. 

Una buena parte de los habitantes de una región de Chihuahua, y con ellos prácticamente todas las fuerzas políticas, varios organismos empresariales, el gobierno del estado, decenas de alcaldes y diputados locales y federales, así como los dirigentes de los usuarios de los distritos de riego del estado, le piden al gobierno de la república sentarse a dialogar y la respuesta es ésta.

No puede ser.

Bueno, hasta en materia electoral, que tanto le importa al morenismo y al presidente, los saldos para ellos son para llorar. 

Incapaz de reconocer que el origen del conflicto se encuentra en las decisiones de la Conago, a las que esperaba no hubiese oposición, cuando apareció, de manera natural en los afectados, la catalogó de “politiquerías”.

A ver qué militantes de Morena se atreverán a hacer campaña electoral en esa región. Serán apabullados. La responsabilidad recaerá en solo uno de sus militantes.

¿Hasta cuándo el gobierno de López Obrador actuará privilegiando la política y el diálogo en este conflicto?

¿Hasta que -ojalá- lleguen las lluvias de manera abundante?

¿Porqué no le hicieron caso a los agricultores, cuando les decían que se esperaran hasta el fin del ciclo, en octubre, una vez que pasaran las lluvias?

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martes, 15 de septiembre de 2020

Correlación de fuerzas a favor de los agricultores



Aserto.mx, 14 de septiembre de 2020 

Luis Javier Valero Flores 

Lo dijeron los agricultores, desde siempre. 

El ciclo vence el 24 de octubre ¿Por qué no esperarse a esa fecha, después de las lluvias, para ver el adeudo del TILA?

No están regularizadas las lluvias, ni de lejos, pero claramente que servirán -si continúan- para mitigar los graves daños realizados al ciclo agrícola 2021.

Para dar una idea no hay como los datos: La Boquilla tenía, el 11 de septiembre, 878 millones de m3 (30% de llenado), el 14 llegaba a los 898 (31% del total)

 A una semana de la toma de La Boquilla por agricultores y habitantes de la región cetro-sur de Chihuahua hay un hecho irrefutable: Los agricultores han ganado la batalla política.

Podrán, el presidente López Obrador y sus apologistas, argüir que la ultraderecha, los conservadores, los opositores a la 4T, los exgobernadores priistas, el panismo, los de FRENAA, la prensa chayotera, y un largo etcétera,   se “montaron” en el movimiento de los agricultores, en el afán de derrotar al presidente.

Argüirán, también, que tenía propósitos electoreros.

No es cierto, o quizá sí, pero esas intenciones estaban ubicadas -o están- en las oficinas centrales de la CONAGUA. Pretendían sacarle a La Boquilla y al Granero mil millones de m3 de agua ¡Y Chihuahua sólo debía aportar 220! (Nota de FANNY MIRANDA, Milenio, 25 de enero de 2020).

(Liga: https://www.milenio.com/politica/conagua-atrasa-pago-agua-eu-agricultores-chihuahua)

El problema es que, a diferencia de otros movimientos, en el protagonizado por los agricultores del río Conchos involucró a crecientes sectores de la población, lo que evitó que apareciera una sola fuerza política como la única capitalizadora del mismo.

Ya fueron todas al plantón de La Boquilla. 

Los más torpes, sin duda, los panistas. Las evidencias de quererse montar en el legítimo movimiento son abrumadoras, hasta llegar a verdaderos excesos, como el de efectuar una fallida sesión del Congreso del Estado, o la del presidente de Delicias, Eliseo Compeán, de llegar a increpar a los jefes militares frente a las instalaciones y anunciar que “mil trabajadores” del municipio les harían “un plantón”, como si el solo hecho de laborar en la dependencia le diera autorización al alcalde para movilizarlos.

Abierta esa coyuntura, todos los actores políticos de la oposición desfilaron por La Boquilla en el fin de semana.

¿Eran pretensiones “politiqueras”?

Por supuesto, sí, pero también debieron tener diferentes grados de auténtica voluntad de apoyar a los productores. Y ya fueran honestas, o con afanes electoreros, la presencia de todos esos integrantes de la clase política le sirvió al movimiento para desactivar las intenciones represoras del gobierno federal.

Sus apologistas dirán que no existían, los detractores exagerarán, lo cierto es que tal riesgo ha estado presente desde el momento en el que el gobierno federal decidió movilizar a tal número de elementos militares a la presa.

¿Con qué objeto?

Por supuesto, no con el sentido que afirmó el presidente la semana pasada. Arguyó que la Guardia Nacional estaba en la presa porque era un problema de seguridad nacional, sí, se necesita que las resguarden, pero López Obrador mintió al tratar de encubrir que el número tan alto de soldados en La Boquilla era para que resguardaran la ilegal extracción de agua.

¿Por qué ahora ese número y antes no, casi del mismo modo que ocurrió en El Granero en mayo, o en febrero, también en La Boquilla?

¿Cómo pueden quejarse, los impulsores del gobierno de López Obrador de que todos sus adversarios ahora apoyan al movimiento?

¿Pues qué esperaban, que ya no hicieran política, que ya se inmovilizaran y desaparecieran de la escena política, sobre todo cuando el Estado, dirigido por el presidente emanado de Morena, enderezara toda su fuerza en contra de un vasto movimiento popular?

¿Y que, además, esa gente sufriera las irracionales decisiones del gobierno de Javier Corral que, un día dice apoyarla, y en la noche lanza sus policías a desalojarlos de las vías del ferrocarril?

El presidente, para descalificar al movimiento, y con él sus seguidores acríticos, debido a que está integrado por puros “terratenientes”, acaparadores del agua, protectores de la mafia del PRIAN, políticos metidos a empresarios, y de éstos convertidos en políticos, manifestantes “nylon”, se atrevió a denominarlos.

Bueno, pues de que hay de esa clase de gente, ni quien lo dude, pero sin duda que hay un buen número de agricultores de medianos o pocos recursos, baste revisar el número de usuarios de los 3 distritos de riego del Conchos. 

Son 11 mil 725 y son propietarios (o sus concesiones les amparan) de un total de 92 mil 264 hectáreas, lo que da un promedio de 7.87 hectáreas por cada uno.

Debe haber, habría que demostrarlo, que haya un acaparamiento de concesiones, pero esta estructura económica no es diferente a la existente en Tamaulipas o Texas, así que quienes descalifican al movimiento por estas razones, eluden el hecho de que allá se beneficiarían productores con características semejantes a las que les repudian en Chihuahua.

Más allá de todo lo anterior, subsiste la incertidumbre. 

¿Cuándo se acabará el conflicto? 

¿Porqué el presidente López Obrador no se reúne con los presidentes de los módulos de riego y discute con ellos cifras, alternativas y soluciones, algo que la directora Jiménez no hizo a lo largo del año?

¿Por qué no lo hace, si ni siquiera coinciden las cifras de la Conagua con las del gobierno de Chihuahua, ni todas esas con las de los productores?

¿Qué espera, lanzar a más soldados a desalojar la presa, o dar pie al diálogo y la resolución del conflicto?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

domingo, 13 de septiembre de 2020

¡Chihuahua, tanto pueblo para tan menores gobernantes!



 El Diario, 13 de septiembre de 2020

Luis Javier Valero Flores 

Politiquería es lo que han hecho los gobernantes sobre el problema del agua de las presas de Chihuahua.

A tal calificación se han hecho merecedores los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal. 

Sobre las espaldas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral pesan -política y moralmente, quizá jurídica y administrativamente también- los graves daños causados, y los que aún faltan, a juzgar por el nivel de las presas y los pronósticos meteorológicos, a más de 10 mil agricultores y sus familias. 

Y a toda una región que depende en el 80% de la actividad agropecuaria.

Son responsables, además, desde el punto de vista ético, de la muerte de Jessica Silva, la esposa del agricultor Jaime Torres, gravemente herido como consecuencia de los arteros disparos efectuados por elementos de la Guardia Nacional.

Y ahora pesa, sobre ambos gobernantes, un hecho más:

Las inaceptables fallas, tanto de los mandos medios y superiores de la Guardia Nacional, como de las Fiscalías, la General de la República y la del Estado de Chihuahua en las conductas e investigaciones realizadas con motivo de ese salvaje atentado.

Los elementos militares -que dicen que no lo son-, en lugar de quedarse en el lugar de los hechos, huyeron, y sus superiores no los entregaron a las autoridades correspondientes. Los policías estatales no fueron por ellos a las instalaciones de la GN, como correspondía después de hechos como ese y solo hasta muchas horas después fueron “entregados” a la FGE.

Lo informado hasta ahora es la falta de evidencias que comprueben que los miembros de la GN repelieron una agresión y queda la impresión que efectuaron una ejecución, si no ¿Por qué huyeron?

No exageran las frases iniciales de este trabajo, las conductas y acciones de los gobiernos de López Obrador y Corral lo acreditan.

En febrero, la Conagua ordenó la apertura de la presa La Boquilla, “porque se requería surtir de agua a las poblaciones de las ciudades fronterizas de Coahuila y Tamaulipas”. El delegado del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, acusó a quienes se oponían a tal medida, de faltos de “humanismo”.

Eran mentiras, la querían para hacer pagos anticipados de agua a los EU.

Luego, en mayo, otra vez Conagua insistió en sacar el agua, ahora de El Granero. Los texanos estaban exigiendo se pagara el agua, dijeron los funcionarios federales. Mintieron nuevamente.

En la defensa de la postura de Conagua, Loera enfrentó a iracundos agricultores que lo increpaban y el vandalismo se hizo presente en el centro de Ojinaga, como luego en Delicias y La Boquilla. 

¿Quiénes son? ¿Quienes los envían? 

¿Dónde quedó aquel elemento de la GN detenido en Delicias por los agricultores? 

¿Quienes estaban interesados en incendiar las bombas de La Boquilla? 

¿Porqué los agricultores dan cuenta de la persecución de supuestos infiltrados en el confuso atentado contra la pareja Torres-Silva?

Conagua insistió, en esa ocasión, en el episodio de Ojinaga, en que se debería enviar agua debido a que los productores de Tamaulipas no tenían para su ciclo agrícola de primavera-verano.

Ahora, para justificar la extracción del agua, el presidente López Obrador adujo que se necesitaba pagar, para no dar pie a que “los norteamericanos nos sancionaran”. 

Es que hay elecciones en EU en 45 días, dijo.

Pero en todos esos largos meses, como ahora, la Directora de Conagua, Blanca Jiménez, no fue capaz de discutir y analizar el tema con los concesionarios de los distritos de riego, ni, mucho menos, ofrecer información cierta, puntual, detallada, de las cantidades de agua entregada a los EU y la aportada por Chihuahua.

En ese lapso, de diciembre del 2019, a fines de agosto de este año, el gobernador Corral ocultó que él había aprobado la ruta de entrega de agua que la Conagua, ilegalmente, había resuelto hacer. 

Por lo menos en dos ocasiones se reunió con Jiménez en la ciudad de Chihuahua, ambas a espaldas de los dirigentes de los productores, cuando éstos exigían reunirse con la directora.



Corral ni siquiera recibió a los agricultores cuando, en una masiva manifestación, en la práctica le tomó el Palacio de Gobierno y el gobernante debió convertirse en mandatario itinerante porque no pudo despachar en su oficina a lo largo de casi una semana.

Fue acusado, estentóreamente, de traidor a los chihuahuenses.

Corral pactaba y acordaba en lo oscurito con el gobierno federal y con los agricultores ni los volteaba a ver. Ni siquiera cuando una delegación de éstos viajó a San Luis Potosí para tratar de entrevistarse, tanto con el presidente, como con el gobernador, en el curso de la reunión de los mandatarios.

Ni uno, ni otro; vejados por las autoridades potosinas debieron soportar que Corral ni siquiera dijese una palabra del conflicto en la reunión de la Conago.

Ni en esa reunión, ni en la de la “Alianza Federalista” -la de los gobernadores que se salieron de la Conago- celebrada en Chihuahua.

¿Qué mejor oportunidad había para que Corral exhibiera sus concepciones de “avanzada” en materia federalista, que pedirle a los gobernadores, sobre todo de Coahuila y Tamaulipas que son parte del TILA, se solidarizaran con la exigencia de los agricultores chihuahuenses? N’ombre.

La región hervía de coraje e indignación, el repudio a López Obrador y Corral era por igual.

De repente, la postura de Corral cambió, justamente cuando una propuesta de una parte de los agricultores obtenía mayoría -la de aceptar la extracción de hasta 100 millones de m3 de la presa Las Vírgenes, contando los 60 mm3 ya extraídos- que provocó indignación en una parte de los productores y el alejamiento momentáneo de los otros dos destacados dirigentes, Salvador Alcántar y Andrés Valles.

Pero el viraje de la postura de Corral fue total a partir de la toma de la Boquilla y de la muerte de Jessica Silva. Y la de AMLO se fue al extremo, al grado de dedicarle extensos lapsos en la mañanera de toda la semana.

En una conferencia de prensa, sorpresivamente, Corral ofreció información detallada de la situación de las presas y los volúmenes de agua, la que habían mantenido oculta y que habría servido para desautorizar la información de Conagua y el presidente.

A su vez, el presidente, insistió, una y otra vez, en que las protestas de los agricultores obedecen a una acción concertada de sus enemigos, en virtud de que “hay elecciones en Chihuahua”.

Pongámoslo nuevamente, ahora en mayúsculas: ¿Y PORQUÉ EN EL RESTO DE LAS 14 ENTIDADES QUE HABRÁ ELECCION DE GOBERNADOR, EL MISMO DÍA QUE CHIHUAHUA, NO HAY EN ELLAS PROTESTAS Y ESE CRECIENTE RECHAZO AL PRESIDENTE?

PORQUE EN ESOS ESTADOS NO LES ESTÁ QUITANDO EL AGUA.

Sobrecoge saber que la actuación presidencial se base en los informes de “inteligencia” de funcionarios como el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía y la directora Blanca Jiménez.

Dos hechos cardinales dan sustento a lo anterior:

Primero: ¿Cómo es posible que Mejía sostuviera que el ex gobernador Fernando Baeza fuera de los instigadores del movimiento -que dio pie para que el presidente dijera que hasta había repartido palos- y de los actos violentos, si bastaba una somera revisión de los videos existentes, que circularon profusamente en “las benditasredessociales”, para darse cuenta que Baeza llamó vigorosamente a lo contrario?

Si cualquier internauta pudo apreciar lo anterior ¿Por qué el subsecretario Mejía no? Y si con esa aptitud se combate al crimen organizado y se trata de “construir la paz”, estamos fritos.

O peor aún ¿No podía decirle al presidente que no, que no había incitado a la violencia, para que AMLO no se exhibiera en la mañanera,  durante más de 30 minutos, perdido en tratar de justificar su postura y remontándose ¡Hasta el verano caliente del ’86!?

De verdad ¿No se le puede decir que no al presidente? ¿Como en el pasado?

Esa es la gravedad que refleja ese episodio.

Segundo: Y Blanca Jiménez ¿Por qué no le informa al presidente que el ciclo agrícola primavera-verano 2021 NO ESTÁ ASEGURADO?

¿Que, para asegurarlo se necesitan mil 073 millones de metros cúbicos y las presas tienen, en este momento mil 100? 

Si se le quita el fondo muerto”, lo que aún resta de aportar al presente ciclo y lo que quiere Conagua sacar, quedará mucho menos de la mitad del agua. Quizá, con suerte, alrededor de 400 millones de m3. Faltarían casi 700 mm3.

¿Porqué no le dice Jiménez al presidente que Conagua ha declarado a este año como de “sequía extrema” a Chihuahua y que el próximo será peor, que, por lo tanto, las lluvias, si hay, se presentarán, con alguna seguridad, en agosto-septiembre del 2021?

Pero si tales problemas no se le informan al presidente ¿Qué hacer?

Peor será si, teniendo esa información en sus manos, el presidente actúa del modo como lo ha hecho.

¿Estará preparado para enfrentar al pueblo de toda una región de Chihuahua, con gravísimas repercusiones en todo el estado?

Situación que sus opositores aprovecharán al 100% ¿Todo por no sentarse a escuchar a la gente?

¡Qué grave!

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