Luis Javier Valero Flores
El domingo se celebrarán las muy polémicas elecciones del Estado de México, en las que se elegirá al gobernante. Son muchos los aspectos que tan resonante elección ha develado, uno de ellos, fundamental para el desempeño de muchos de los equipos electorales de los partidos, es el de las “aportaciones”, –en tiempo, recursos económicos, relaciones y experiencia– de los legisladores en el desarrollo de las campañas.
Diputados federales, locales y senadores de todos los partidos se abocaron a participar de lleno en una elección en la que se jugaban muchas cosas, más allá de la gubernatura local. Aisladamente se escucharon algunas voces que criticaron, de los mismos partidos contendientes, tales participaciones. El grueso de la población, y entre ellos la mayoría de los medios de comunicación, no abordaron (abordamos) tal asunto, probablemente porque se ve como algo “normal” que los legisladores desempeñen tareas partidarias en el curso de sus encargos.
No es lo único, sólo hasta muy recientemente algunos de los partidos impusieron la prohibición de desempeñarse simultáneamente como dirigentes partidarios y legisladores, pero no es raro saber que, dentro de la estructura partidaria, frecuentemente se les designe como responsables de alguna área geográfica o determinados comités partidarios, tareas que, por supuesto, desempeñan durante los fines de semana. Ni quien vaya a pensar que lo hacen durante las “horas hábiles” de su cargo legislativo, ¡N´ombre
A propósito ¿Cuáles son las horas hábiles de un funcionario de elección popular? El Presidente de la República deja de ser primer mandatario de la nación después de las, digamos, las tres de la tarde ¿Y los diputados? ¿Sus horas hábiles terminan los jueves, al término de la sesión legislativa?
Y esos son los legisladores. Vayamos a los gobernadores ¿Se ha preguntado con cuánta frecuencia coinciden las gestiones de los primeros mandatarios estatales en la ciudad de México con las reuniones de sus partidos? Así, hemos visto innumerables decisiones tomadas por las cúpulas partidarias, incluidos los gobernadores, en días y horas “hábiles”. Pero esas son ocasiones más infrecuentes, las que debemos revisar, como sociedad, de manera más que inmediata son las atribuciones, funciones y limitaciones de quienes reciben el encargo legislativo de sus vecinos, porque eso, finalmente, representa ser el diputado o el senador de un distrito o entidad federativa.
Hasta ahora, y porque finalmente los legisladores representan, en primera instancia a su partido, (de ahí una de las argumentaciones para la existencia de diputados de representación proporcional) y no tanto porque pensemos de manera peyorativa que los legisladores representan a las cúpulas partidarias –aunque también– sino porque se supone que en ellos encarnan los programas propuestos por sus respectivos partidos. Por eso se piensa que se les pueden extender cheques en blanco para realizar un sinnúmero de tareas partidarias, porque ellos representan los principios y programas partidarios y de mala manera se les extiende tal atribución a la faena en sus agrupaciones partidarias.
Pero tal modo de pensar adolece de un defecto. Son, efectivamente, representantes del modo de pensar de su partido, pero llevados al cargo legislativo por la decisión de sus electores que decidieron de ese modo apoyar o expresar su coincidencia con el programa de ese partido, pero hasta ahí, sus cargos no son para las tareas partidarias, sino las estrictamente ligadas a sus atribuciones como integrantes de órganos colegiados.
Por eso sorprende cómo ante una elección tan importante como la del próximo domingo se informe que grupos de legisladores locales, de otras entidades, desempeñen tareas ejecutivas en determinadas zonas del Estado de México, ahora, y antes, otros, en otras entidades y elecciones.
Revisar tal forma de actuar, en tales asuntos, de todos los legisladores, de todos los partidos, es imprescindible para ir desmontando, así sea de a poquito, la partidocracia que gobierna hoy a México; y no se asusten integrantes de los partidos, no se trata de pugnar por la desaparición de tales agrupamientos, sino de desmontar el viejo sistema político, el que heredamos de más de cincuenta años de hegemonía unipartidista y que hoy, en lugar de usufructuarlo los integrantes de ese mismo partido, el PRI, lo usufructúan los de todos los partidos, con los mismos vicios y defectos del pasado.
Y en esa tarea –de desmontar tal maquinaria de hegemonía– nos gustaría verlos a todos, incluidos a los mismos priístas.
jueves, 30 de junio de 2011
martes, 28 de junio de 2011
Madera: ¿Supina ignorancia o connivencia judicial?
El Diario, 28 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Uno de los casos mas dramáticos y de los más espeluznantes ocurridos en nuestra entidad, a partir del recrudecimiento de la guerra de los cárteles de la droga y la sostenida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, ocurrió en la serrana población de Madera.
Nos puso de frente a la patética realidad de la procuración y aplicación de la justicia. Absolutamente deficitaria. Dos individuos, catalogados posteriormente por las autoridades prejudiciales como “afectados de sus facultades mentales”, fueron encontrados muertos y mutilados. Sus órganos genitales les fueron colocados en la boca, después de haber sido liberados por un juez de garantías que los encontró inimputables del delito de secuestro (probablemente también de violación) en perjuicio de una menor de edad, de dos años, a la cual metieron en un costal.
La información alrededor de la menor es escueta, queremos creer que la menor vive y podrá superar tan violenta agresión.
El problema mayor lo constituye la decisión del juez. Seguramente que la inimputabilidad es adecuada pues no hay noticia de protestas masivas de la población que, ante un hecho de esta naturaleza, y más en ciudades de las dimensiones de Madera, protesta seriamente ante lo que constituye una flagrante agresión a una sociedad, debe ser, y ésta es una especulación del escribiente, que en esa población los agresores son considerados algo así como –y perdonen la expresión– “los loquitos del pueblo” y que el juez acertó en no considerarlos aptos para recibir una condena, al ubicarlos como culpables de un delito, como si este hubiese sido cometido por una persona en plenitud de sus facultades mentales.
El problema consiste en que el nuevo sistema de justicia penal tiene detallado todo un procedimiento (aquí debo agradecerle al Lic. César Cabello sus precisiones, luego de escucharnos en el programa “Palabra Propia”, del colega José Luis Jáquez) para casos como el ahora tratado, consistente en que el juez debió suspender el proceso, abrir una pausa y solicitar un peritaje médico para que éste determinara, sin lugar a dudas, la integridad mental de los individuos. Una vez recibido éste y demostrada la inimputabilidad, determinar su culpabilidad y si se demostrara, sentenciarlos a recibir tratamiento en un lugar especializado, con vigilancia permanente durante el tiempo marcado por la sentencia.
¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué razón no actuó el juez de la manera establecida en el marco legal y así nos ahorrase otro espeluznante episodio de justicia por propia mano? ¿Acaso no conoce la ley? Y si es así ¿Por qué no la conoce, sólo porque es el juez de Madera?
Tal episodio viene a demostrarnos que más allá de la bondad de un mandamiento legal, si los encargados de aplicarlo no lo hacen, estaremos frente a una recurrente violación de la ley, el consabido incremento de la impunidad y el reforzamiento de la concepción popular de que las instituciones están podridas de manera irremediable.
Establecer lo anterior tiene como propósito el no dar pie a la otra posibilidad, aquella consistente en que se sugirió dejarlos en libertad y dejar que se aplicara la “justicia” popular, en este caso más salvaje que los actos realizados por los hoy difuntos, pues es la aplicada por ciudadanos en pleno ejercicio de sus facultades mentales y responsabilidades ciudadanas, y si así fuese sería con la anuencia de la autoridades, incapaces de aplicar la ley, con lo que se permite se cierren aún más los estrechos márgenes de legalidad hoy vigentes.
Si no es así, entonces se trata de una supina ignorancia, de la cual es responsable, no solo, por supuesto, el juez de marras, sino todos los responsables del Poder Judicial quienes deberán tomar, de inmediato, las medidas necesarias, evaluar urgentemente a todos los jueces, capacitarlos a marchas forzadas, evaluar sus condiciones patrimoniales y efectuar una profunda limpieza de ese poder.
Urge.
Luis Javier Valero Flores
Uno de los casos mas dramáticos y de los más espeluznantes ocurridos en nuestra entidad, a partir del recrudecimiento de la guerra de los cárteles de la droga y la sostenida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, ocurrió en la serrana población de Madera.
Nos puso de frente a la patética realidad de la procuración y aplicación de la justicia. Absolutamente deficitaria. Dos individuos, catalogados posteriormente por las autoridades prejudiciales como “afectados de sus facultades mentales”, fueron encontrados muertos y mutilados. Sus órganos genitales les fueron colocados en la boca, después de haber sido liberados por un juez de garantías que los encontró inimputables del delito de secuestro (probablemente también de violación) en perjuicio de una menor de edad, de dos años, a la cual metieron en un costal.
La información alrededor de la menor es escueta, queremos creer que la menor vive y podrá superar tan violenta agresión.
El problema mayor lo constituye la decisión del juez. Seguramente que la inimputabilidad es adecuada pues no hay noticia de protestas masivas de la población que, ante un hecho de esta naturaleza, y más en ciudades de las dimensiones de Madera, protesta seriamente ante lo que constituye una flagrante agresión a una sociedad, debe ser, y ésta es una especulación del escribiente, que en esa población los agresores son considerados algo así como –y perdonen la expresión– “los loquitos del pueblo” y que el juez acertó en no considerarlos aptos para recibir una condena, al ubicarlos como culpables de un delito, como si este hubiese sido cometido por una persona en plenitud de sus facultades mentales.
El problema consiste en que el nuevo sistema de justicia penal tiene detallado todo un procedimiento (aquí debo agradecerle al Lic. César Cabello sus precisiones, luego de escucharnos en el programa “Palabra Propia”, del colega José Luis Jáquez) para casos como el ahora tratado, consistente en que el juez debió suspender el proceso, abrir una pausa y solicitar un peritaje médico para que éste determinara, sin lugar a dudas, la integridad mental de los individuos. Una vez recibido éste y demostrada la inimputabilidad, determinar su culpabilidad y si se demostrara, sentenciarlos a recibir tratamiento en un lugar especializado, con vigilancia permanente durante el tiempo marcado por la sentencia.
¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué razón no actuó el juez de la manera establecida en el marco legal y así nos ahorrase otro espeluznante episodio de justicia por propia mano? ¿Acaso no conoce la ley? Y si es así ¿Por qué no la conoce, sólo porque es el juez de Madera?
Tal episodio viene a demostrarnos que más allá de la bondad de un mandamiento legal, si los encargados de aplicarlo no lo hacen, estaremos frente a una recurrente violación de la ley, el consabido incremento de la impunidad y el reforzamiento de la concepción popular de que las instituciones están podridas de manera irremediable.
Establecer lo anterior tiene como propósito el no dar pie a la otra posibilidad, aquella consistente en que se sugirió dejarlos en libertad y dejar que se aplicara la “justicia” popular, en este caso más salvaje que los actos realizados por los hoy difuntos, pues es la aplicada por ciudadanos en pleno ejercicio de sus facultades mentales y responsabilidades ciudadanas, y si así fuese sería con la anuencia de la autoridades, incapaces de aplicar la ley, con lo que se permite se cierren aún más los estrechos márgenes de legalidad hoy vigentes.
Si no es así, entonces se trata de una supina ignorancia, de la cual es responsable, no solo, por supuesto, el juez de marras, sino todos los responsables del Poder Judicial quienes deberán tomar, de inmediato, las medidas necesarias, evaluar urgentemente a todos los jueces, capacitarlos a marchas forzadas, evaluar sus condiciones patrimoniales y efectuar una profunda limpieza de ese poder.
Urge.
¿Cómo dialogar si no escucha?
El Diario, 26 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Imposible vertebrar un movimiento con afluentes tan distintos, prácticamente en todo; así se preveía desde los distintos actos de la Caravana de la Paz con Justicia y Dignidad. Un eje los unía, el dolor causado por la pérdida de un ser querido. Y en ese sufrimiento estaban hermanados. La diferencia entre el antes y el después fue la personalidad de Javier Sicilia, integrante de una de las corrientes progresistas al interior de la iglesia católica, participante de las extensas redes de quienes se identificaron en su momento con la teología de la liberación y quien saltó al escenario nacional convencido de que era necesario pasar del dolor individual a la conciencia nacional, así fuera desde del ámbito de las creencias religiosas.
De ellas no se ha desprendido, de ahí el gesto de regalarle a Felipe Calderón un escapulario, aceptado por éste con mucho gusto.
Si bien la definición del rumbo del Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad importa –y mucho–, así como la resolución de las diferencias entre el grupo de Javier Sicilia y la mayoría de las organizaciones chihuahuenses –tanto de Juárez como de la capital del estado–, dos posturas de Felipe Calderón destacan sobremanera y llevan a la conclusión que nada lo hará cambiar de opinión, así infinidad de voces le insistan en lo equivocado de su estrategia en el combate al tráfico de drogas y a los cárteles involucrados.
Ante la más vívida representación de los dolientes de la masacre que azota al país, exponentes de una racionalidad por encima de la media, Calderón se conmovió por momentos, pero ni eso le arrancó el menor gesto tendiente a aceptar que su estrategia está equivocada, peor aún, en sus respuestas al poeta develó cosas aún peores de su capacidad de conducción en asunto tan vital para el país.
En lo que fue una reedición –por supuesto con sus diferencias– del primer encuentro sostenido con representantes de la sociedad juarense a principios del 2010, con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar, Felipe Calderón debió enfrentar el reclamo de los dirigentes del movimiento encabezado por Sicilia que le exigió la desmilitarización de las tareas policiales; el combate frontal a la corrupción en las instituciones de procuración de justicia y en las corporaciones de la fuerza pública; la persecución de los sectores empresariales vinculados al narcotráfico; la despenalización de ciertas drogas, y acciones efectivas en materia de educación, salud y empleo y que le criticaron acremente por haber puesto en vigor una serie de medidas que lejos de erradicar o reducir la violencia, la han aumentado.
Más. Erradicar el uso abusivo del fuero militar. Crear un auditor policiaco independiente de la Policía Federal, asignar a la educación los mismos recursos que a seguridad y no mantener privilegios de la “maquinaria electoral llamada SNTE”.
Y fue en sus respuestas a los reclamos del poeta en las que evidenció diáfanamente sus concepciones. No son agradables. Ante la petición de Sicilia de que pidiera perdón por los 40 mil muertos, Calderón mostró su desprecio por la mayoría de quienes cayeron como fruto de los enfrentamientos de los cárteles, le respondió a Sicilia que pide perdón, pero “por no proteger la vida de las víctimas, estoy arrepentido –dijo– de no haber enviado antes a las fuerzas federales a combatir criminales que nadie combatía, porque les tenían miedo o porque estaban comprados por ellos”.
Ahí se evidenciaron dos mundos, en tanto que Sicilia mostraba su pesar por la muerte de 40 mil personas, independientemente de su involucramiento o no con el crimen organizado, Calderón evidenció el mismo marco conceptual de quienes mostraban su regocijo ante las cada vez más frecuentes ejecuciones, allá por principios del 2008, y alegaban que debíamos dejarlos que se “mataran entre ellos” –no digan uno más, sino un malandro menos–.
Nada más que tal postura del gobierno y de los mandos militares –y ahora sabemos que procede del mismísimo jefe de las fuerzas armadas– produjo lo que en el salvaje argot militar se denominan “daños colaterales”, que no son otra cosa que vidas humanas perdidas en la confrontación bélica y que no formaban parte del conflicto.
Ante eso el poeta le preguntó: “¿les parecemos bajas colaterales?”.
Y fue más allá, porque sus concepciones así se lo dictan. Dijo que “Independientemente de la culpa de los criminales, el Estado también es corresponsable junto con los gobiernos de las entidades de los 40 mil muertos, miles de desaparecidos y huérfanos… Ustedes, señor Presidente, son responsables de haber declarado una guerra contra un ejército que no existe, porque está formado por criminales y sin haber hecho una profunda reforma política y el saneamiento de instituciones… Aquí, señor Presidente, vea bien nuestros rostros, busquen bien nuestros nombres, escuche bien nuestras palabras. Estamos una representación de víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales, números estadísticos, el uno por ciento de los muertos?”
Pero si lo anterior revela nítidamente la pobreza conceptual de Calderón para combatir al narcotráfico, que llevó al país a la peor crisis de seguridad pública, sus respuestas a las aseveraciones de Sicilia en relación a la detención de Jorge Hank Rhon son para poner los pelos de punta; luego de justificar la actuación del Ejército Mexicano, aseveró que no fue de su conocimiento al momento de su realización.
¿Usted le cree a Calderón?
Dijo discrepar de la decisión de la jueza Blanca Evelia Parra Meza que ordenó la liberación del ex alcalde de Tijuana y luego mostró, a plenitud, no solamente sus opiniones, que si fueran solamente expresiones no habría mayor problema, lo grave es que esas opiniones se han traducido en políticas de gobierno y acciones de las fuerzas militares y policiacas. Entre sus palabras y las emitidas por el ya célebre Gral. Jorge Juárez Loera no hay diferencia. (Quien sostuvo que la orden de cateo era su mazo).
Calderón adujo, para argumentar su oposición a las resoluciones de los jueces del caso Hank Rhon que desecharon las acusaciones debido a la ilegalidad de la detención y a la ilegal recopilación de las pruebas, efectuadas sin órdenes judiciales de cateo y aprehensión, “y además, aquí la tontería, digamos, es qué torpeza del gobierno. A lo mejor, a lo mejor había que decirle al Ejército no persigas, hay que hablar con el Ministerio Público para obtener una orden de aprehensión y una orden de cateo, para que la libere el juez. A ello, añadir que el indiciado va a pedir amparo, porque dice, ‘¿a mí por qué me persigues?’ A lo mejor pudo hacerse, pero ¡que no valgan las pruebas, ¡QUE SE DIGA QUE PORQUE ES DUDOSA LA MANERA EN QUE SE ENTRÓ A LA CASA NO TIENEN VALOR PROBATORIO” (Mayúsculas de LJVF).
¿Qué les costaba a las fuerzas militares rodear la finca de Hank Rhon, impedir que nadie entrara o saliera en tanto llegaba la orden del juez para efectuar el cateo? ¿Por qué tanta prisa por detenerlo?
Y en esas respuestas encontraremos el verdadero origen de la infinidad de excesos y abusos de las fuerzas policiacas y militares. El depositario del Poder Ejecutivo de la Nación está reclamando como válido el rompimiento del orden legal establecido. Si alguna respuesta esperábamos de Felipe Calderón, tendiente a cambiar, a mejorar la estrategia, ya tenemos la respuesta; está dispuesto a todo, sin importarle si rompe el marco legal del país, que ha establecido el estado de sitio –de facto– en numerosas zonas del país y que todavía le reclama al Poder Judicial que éste actúe conforme a la ley.
El señor es abogado y de una escuela, sí, de derecha, pero reputada como formadora de buenos profesionales en materia de Derecho, de ahí que no se pueda alegar desconocimiento jurídico (y menos llegado a esa instancia del poder público en México).
De ninguna manera podemos aceptar que fue “dudosa” la manera en que el ejército entró a la casa del millonario priísta. Aceptar tal versión, mentirosa en el mejor de los casos, sería como convalidar las numerosas violaciones a las normas legales cometidas por las fuerzas federales y otorgar un permiso ilimitado a que se efectúen en todo el territorio nacional, sin más restricciones que la discrecionalidad de los mandos policiacos y militares.
Y eso es absolutamente inaceptable e infinitamente más grave que el tono religioso imprimido al diálogo, tanto por Sicilia como por Calderón, y la imposición e intercambio de rosarios; tal actitud forma parte, evidentemente, de una concepción religiosa dispuesta a otorgar el perdón, pero que en el ámbito de lo público, perdonar puede ser válido pero que quienes trasgredieron el marco legal y ofendieron a la sociedad deberán asumir sus responsabilidades, y eso es parejo, o debiera serlo.
Luis Javier Valero Flores
Imposible vertebrar un movimiento con afluentes tan distintos, prácticamente en todo; así se preveía desde los distintos actos de la Caravana de la Paz con Justicia y Dignidad. Un eje los unía, el dolor causado por la pérdida de un ser querido. Y en ese sufrimiento estaban hermanados. La diferencia entre el antes y el después fue la personalidad de Javier Sicilia, integrante de una de las corrientes progresistas al interior de la iglesia católica, participante de las extensas redes de quienes se identificaron en su momento con la teología de la liberación y quien saltó al escenario nacional convencido de que era necesario pasar del dolor individual a la conciencia nacional, así fuera desde del ámbito de las creencias religiosas.
De ellas no se ha desprendido, de ahí el gesto de regalarle a Felipe Calderón un escapulario, aceptado por éste con mucho gusto.
Si bien la definición del rumbo del Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad importa –y mucho–, así como la resolución de las diferencias entre el grupo de Javier Sicilia y la mayoría de las organizaciones chihuahuenses –tanto de Juárez como de la capital del estado–, dos posturas de Felipe Calderón destacan sobremanera y llevan a la conclusión que nada lo hará cambiar de opinión, así infinidad de voces le insistan en lo equivocado de su estrategia en el combate al tráfico de drogas y a los cárteles involucrados.
Ante la más vívida representación de los dolientes de la masacre que azota al país, exponentes de una racionalidad por encima de la media, Calderón se conmovió por momentos, pero ni eso le arrancó el menor gesto tendiente a aceptar que su estrategia está equivocada, peor aún, en sus respuestas al poeta develó cosas aún peores de su capacidad de conducción en asunto tan vital para el país.
En lo que fue una reedición –por supuesto con sus diferencias– del primer encuentro sostenido con representantes de la sociedad juarense a principios del 2010, con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar, Felipe Calderón debió enfrentar el reclamo de los dirigentes del movimiento encabezado por Sicilia que le exigió la desmilitarización de las tareas policiales; el combate frontal a la corrupción en las instituciones de procuración de justicia y en las corporaciones de la fuerza pública; la persecución de los sectores empresariales vinculados al narcotráfico; la despenalización de ciertas drogas, y acciones efectivas en materia de educación, salud y empleo y que le criticaron acremente por haber puesto en vigor una serie de medidas que lejos de erradicar o reducir la violencia, la han aumentado.
Más. Erradicar el uso abusivo del fuero militar. Crear un auditor policiaco independiente de la Policía Federal, asignar a la educación los mismos recursos que a seguridad y no mantener privilegios de la “maquinaria electoral llamada SNTE”.
Y fue en sus respuestas a los reclamos del poeta en las que evidenció diáfanamente sus concepciones. No son agradables. Ante la petición de Sicilia de que pidiera perdón por los 40 mil muertos, Calderón mostró su desprecio por la mayoría de quienes cayeron como fruto de los enfrentamientos de los cárteles, le respondió a Sicilia que pide perdón, pero “por no proteger la vida de las víctimas, estoy arrepentido –dijo– de no haber enviado antes a las fuerzas federales a combatir criminales que nadie combatía, porque les tenían miedo o porque estaban comprados por ellos”.
Ahí se evidenciaron dos mundos, en tanto que Sicilia mostraba su pesar por la muerte de 40 mil personas, independientemente de su involucramiento o no con el crimen organizado, Calderón evidenció el mismo marco conceptual de quienes mostraban su regocijo ante las cada vez más frecuentes ejecuciones, allá por principios del 2008, y alegaban que debíamos dejarlos que se “mataran entre ellos” –no digan uno más, sino un malandro menos–.
Nada más que tal postura del gobierno y de los mandos militares –y ahora sabemos que procede del mismísimo jefe de las fuerzas armadas– produjo lo que en el salvaje argot militar se denominan “daños colaterales”, que no son otra cosa que vidas humanas perdidas en la confrontación bélica y que no formaban parte del conflicto.
Ante eso el poeta le preguntó: “¿les parecemos bajas colaterales?”.
Y fue más allá, porque sus concepciones así se lo dictan. Dijo que “Independientemente de la culpa de los criminales, el Estado también es corresponsable junto con los gobiernos de las entidades de los 40 mil muertos, miles de desaparecidos y huérfanos… Ustedes, señor Presidente, son responsables de haber declarado una guerra contra un ejército que no existe, porque está formado por criminales y sin haber hecho una profunda reforma política y el saneamiento de instituciones… Aquí, señor Presidente, vea bien nuestros rostros, busquen bien nuestros nombres, escuche bien nuestras palabras. Estamos una representación de víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales, números estadísticos, el uno por ciento de los muertos?”
Pero si lo anterior revela nítidamente la pobreza conceptual de Calderón para combatir al narcotráfico, que llevó al país a la peor crisis de seguridad pública, sus respuestas a las aseveraciones de Sicilia en relación a la detención de Jorge Hank Rhon son para poner los pelos de punta; luego de justificar la actuación del Ejército Mexicano, aseveró que no fue de su conocimiento al momento de su realización.
¿Usted le cree a Calderón?
Dijo discrepar de la decisión de la jueza Blanca Evelia Parra Meza que ordenó la liberación del ex alcalde de Tijuana y luego mostró, a plenitud, no solamente sus opiniones, que si fueran solamente expresiones no habría mayor problema, lo grave es que esas opiniones se han traducido en políticas de gobierno y acciones de las fuerzas militares y policiacas. Entre sus palabras y las emitidas por el ya célebre Gral. Jorge Juárez Loera no hay diferencia. (Quien sostuvo que la orden de cateo era su mazo).
Calderón adujo, para argumentar su oposición a las resoluciones de los jueces del caso Hank Rhon que desecharon las acusaciones debido a la ilegalidad de la detención y a la ilegal recopilación de las pruebas, efectuadas sin órdenes judiciales de cateo y aprehensión, “y además, aquí la tontería, digamos, es qué torpeza del gobierno. A lo mejor, a lo mejor había que decirle al Ejército no persigas, hay que hablar con el Ministerio Público para obtener una orden de aprehensión y una orden de cateo, para que la libere el juez. A ello, añadir que el indiciado va a pedir amparo, porque dice, ‘¿a mí por qué me persigues?’ A lo mejor pudo hacerse, pero ¡que no valgan las pruebas, ¡QUE SE DIGA QUE PORQUE ES DUDOSA LA MANERA EN QUE SE ENTRÓ A LA CASA NO TIENEN VALOR PROBATORIO” (Mayúsculas de LJVF).
¿Qué les costaba a las fuerzas militares rodear la finca de Hank Rhon, impedir que nadie entrara o saliera en tanto llegaba la orden del juez para efectuar el cateo? ¿Por qué tanta prisa por detenerlo?
Y en esas respuestas encontraremos el verdadero origen de la infinidad de excesos y abusos de las fuerzas policiacas y militares. El depositario del Poder Ejecutivo de la Nación está reclamando como válido el rompimiento del orden legal establecido. Si alguna respuesta esperábamos de Felipe Calderón, tendiente a cambiar, a mejorar la estrategia, ya tenemos la respuesta; está dispuesto a todo, sin importarle si rompe el marco legal del país, que ha establecido el estado de sitio –de facto– en numerosas zonas del país y que todavía le reclama al Poder Judicial que éste actúe conforme a la ley.
El señor es abogado y de una escuela, sí, de derecha, pero reputada como formadora de buenos profesionales en materia de Derecho, de ahí que no se pueda alegar desconocimiento jurídico (y menos llegado a esa instancia del poder público en México).
De ninguna manera podemos aceptar que fue “dudosa” la manera en que el ejército entró a la casa del millonario priísta. Aceptar tal versión, mentirosa en el mejor de los casos, sería como convalidar las numerosas violaciones a las normas legales cometidas por las fuerzas federales y otorgar un permiso ilimitado a que se efectúen en todo el territorio nacional, sin más restricciones que la discrecionalidad de los mandos policiacos y militares.
Y eso es absolutamente inaceptable e infinitamente más grave que el tono religioso imprimido al diálogo, tanto por Sicilia como por Calderón, y la imposición e intercambio de rosarios; tal actitud forma parte, evidentemente, de una concepción religiosa dispuesta a otorgar el perdón, pero que en el ámbito de lo público, perdonar puede ser válido pero que quienes trasgredieron el marco legal y ofendieron a la sociedad deberán asumir sus responsabilidades, y eso es parejo, o debiera serlo.
jueves, 23 de junio de 2011
Túnel ¿sin rumbo?
El Diario, 23 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
A medida que se acercan los momentos cumbres del proceso electoral presidencial, aumentan los episodios de aguda confrontación entre las dos fuerzas políticas más importantes en el momento actual –PRI y PAN–, la primera por ser la hegemónica en el Congreso de la Unión, y la segunda por poseer la titularidad del Poder Ejecutivo.
Uno de esos momentos, –salta en cada discusión y cada acción de alguna de las agrupaciones políticas– lo constituyen las elecciones del Estado de México. Al calor de ellas, y casi con cualquier motivo aparecen las discusiones subidas de tono. Lo más preocupante de tan enconados ánimos estriba en que el tema de la seguridad pública y de los inquietantes niveles de violencia y criminalidad vigentes en el país se ha convertido en tema de campaña, no tanto por las preocupaciones y propuestas expresadas, sino por el uso electorero que se le ha dado.
Tal señalamiento deberá hacerse en primer lugar, por la magnitud de las responsabilidades y de las facultades y recursos a su alcance, a Felipe Calderón y su equipo. No pierden oportunidad en endilgarle al PRI su irresponsabilidad pues, sostienen, al calor de su inacción el crimen organizado se incubó. En tales acusaciones pasan por alto, como si no hubiese existido, el sexenio de Vicente Fox, ni que, durante el sexenio precedente, el de Ernesto Zedillo, un destacadísimo militante del PAN, (¿Y cómo no iba a serlo si cuando fue designado era el coordinador de los diputados federales de su partido?) Antonio Lozano Gracia, fue Procurador General de la República y cuya salida de la dependencia fue resultado de los gravísimos escándalos.
La ocupación de tales cargos fue completa, el ex procurador chihuahuense, Francisco Molina se fue a dirigir el organismo encargado del combate a las drogas ¡Ni más ni menos y muchos panistas chihuahuenses acompañaron a Molina y Lozano en aquellas tareas, y no se crea que eran menores, de ninguna manera.
Y todo eso ocurrió en los momentos del máximo esplendor del Señor de los Cielos, sus naves cruzaban los cielos de México, aterrizaban prácticamente en cualquier lugar del territorio nacional y funcionarios de todos los niveles, en todo el país, se sometían al mandato de tan respetado señor.
Recordar tales pasajes, para no rememorar el dantesco episodio de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, tiene el claro propósito de recordarles que en esa materia comparten responsabilidades con aquellos a quienes pretenden achacarles el total.
No puede ser, en el sexenio anterior, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora (el ex procurador general) ejercieron cargos de la máxima importancia en materia de Seguridad Pública, y en esa época se gestaron algunos de los grupos que ahora le disputan al Cártel de Sinaloa la preeminencia en distintas zonas del país. Y si no lo creen, pregúntenle a los habitantes de las zonas en las que La Familia y Los Zetas son los grupos dominantes.
Entonces ¿A García Luna, Medina Mora y sus subordinados no los señala el flamígero dedo presidencial? No puede ser.
Tal actitud de algunos de los más encumbrados funcionarios gubernamentales emergidos del PAN es asumida, también, por quienes ocupan cargos de menor relevancia, como el dirigente municipal del blanquiazul en la capital del estado, Miguel Latorre, quien, para desestimar los resultados del Operativo Conago 1, exigió que al gobernador César Duarte, por su trabajo en materia de Seguridad Pública, se le pagara solamente una semana y no los 9 meses que lleva en el cargo.
Luego, el senador Ramón Galindo asumió la misma postura y las respuestas del priísmo fueron de colección. Su homólogo del PRI, Pedro Domínguez, le dijo que por sus “ansias de novillero le ganó la calentura, deberían ponerle un termómetro o una pastillita para bajarle la calentura”.
A su vez, el presidente del Congreso del Estado, René Franco, como si Galindo fuera ajeno a Chihuahua, aseveró que “es lamentable que las personas que no viven aquí y no tienen el conocimiento completo de cuál es la situación quieran venir a criticar y con ello enrarecer el ambiente”.
Impedir que las fuerzas políticas conviertan el asunto de la inseguridad en asunto electorero es fundamental. Podrán pasarse el proceso electoral atacándose unos a otros, acerca de sus responsabilidades, y en tanto el país, literalmente, se les estará deshaciendo entre las manos. Y pueden llevarnos al túnel sin salida.
Luis Javier Valero Flores
A medida que se acercan los momentos cumbres del proceso electoral presidencial, aumentan los episodios de aguda confrontación entre las dos fuerzas políticas más importantes en el momento actual –PRI y PAN–, la primera por ser la hegemónica en el Congreso de la Unión, y la segunda por poseer la titularidad del Poder Ejecutivo.
Uno de esos momentos, –salta en cada discusión y cada acción de alguna de las agrupaciones políticas– lo constituyen las elecciones del Estado de México. Al calor de ellas, y casi con cualquier motivo aparecen las discusiones subidas de tono. Lo más preocupante de tan enconados ánimos estriba en que el tema de la seguridad pública y de los inquietantes niveles de violencia y criminalidad vigentes en el país se ha convertido en tema de campaña, no tanto por las preocupaciones y propuestas expresadas, sino por el uso electorero que se le ha dado.
Tal señalamiento deberá hacerse en primer lugar, por la magnitud de las responsabilidades y de las facultades y recursos a su alcance, a Felipe Calderón y su equipo. No pierden oportunidad en endilgarle al PRI su irresponsabilidad pues, sostienen, al calor de su inacción el crimen organizado se incubó. En tales acusaciones pasan por alto, como si no hubiese existido, el sexenio de Vicente Fox, ni que, durante el sexenio precedente, el de Ernesto Zedillo, un destacadísimo militante del PAN, (¿Y cómo no iba a serlo si cuando fue designado era el coordinador de los diputados federales de su partido?) Antonio Lozano Gracia, fue Procurador General de la República y cuya salida de la dependencia fue resultado de los gravísimos escándalos.
La ocupación de tales cargos fue completa, el ex procurador chihuahuense, Francisco Molina se fue a dirigir el organismo encargado del combate a las drogas ¡Ni más ni menos y muchos panistas chihuahuenses acompañaron a Molina y Lozano en aquellas tareas, y no se crea que eran menores, de ninguna manera.
Y todo eso ocurrió en los momentos del máximo esplendor del Señor de los Cielos, sus naves cruzaban los cielos de México, aterrizaban prácticamente en cualquier lugar del territorio nacional y funcionarios de todos los niveles, en todo el país, se sometían al mandato de tan respetado señor.
Recordar tales pasajes, para no rememorar el dantesco episodio de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, tiene el claro propósito de recordarles que en esa materia comparten responsabilidades con aquellos a quienes pretenden achacarles el total.
No puede ser, en el sexenio anterior, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora (el ex procurador general) ejercieron cargos de la máxima importancia en materia de Seguridad Pública, y en esa época se gestaron algunos de los grupos que ahora le disputan al Cártel de Sinaloa la preeminencia en distintas zonas del país. Y si no lo creen, pregúntenle a los habitantes de las zonas en las que La Familia y Los Zetas son los grupos dominantes.
Entonces ¿A García Luna, Medina Mora y sus subordinados no los señala el flamígero dedo presidencial? No puede ser.
Tal actitud de algunos de los más encumbrados funcionarios gubernamentales emergidos del PAN es asumida, también, por quienes ocupan cargos de menor relevancia, como el dirigente municipal del blanquiazul en la capital del estado, Miguel Latorre, quien, para desestimar los resultados del Operativo Conago 1, exigió que al gobernador César Duarte, por su trabajo en materia de Seguridad Pública, se le pagara solamente una semana y no los 9 meses que lleva en el cargo.
Luego, el senador Ramón Galindo asumió la misma postura y las respuestas del priísmo fueron de colección. Su homólogo del PRI, Pedro Domínguez, le dijo que por sus “ansias de novillero le ganó la calentura, deberían ponerle un termómetro o una pastillita para bajarle la calentura”.
A su vez, el presidente del Congreso del Estado, René Franco, como si Galindo fuera ajeno a Chihuahua, aseveró que “es lamentable que las personas que no viven aquí y no tienen el conocimiento completo de cuál es la situación quieran venir a criticar y con ello enrarecer el ambiente”.
Impedir que las fuerzas políticas conviertan el asunto de la inseguridad en asunto electorero es fundamental. Podrán pasarse el proceso electoral atacándose unos a otros, acerca de sus responsabilidades, y en tanto el país, literalmente, se les estará deshaciendo entre las manos. Y pueden llevarnos al túnel sin salida.
martes, 21 de junio de 2011
Empieza el naufragio
El Diario, 21 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Polémico, controversial, pero sin duda alguna uno de los principales responsables de la actual situación por la que atraviesa el país, el ex presidente Vicente Fox, en una segunda escandalosa –para los panistas– declaración, ya anticipó el resultado de las elecciones en el Estado de México y las presidenciales del próximo año.
Achacarle responsabilidades a quien afirmó haber dejado “encargada” la oficina durante el sexenio anterior, mientras él se dedicaba a ganar elecciones, no es gratuito, no solamente en esa administración empezó el fortalecimiento de los actuales cárteles de la droga y se gestó la fuga de Joaquín Guzmán, sino que, fundamentalmente, no efectuó una sola acción destinada a desmantelar el viejo régimen. La prolongada transición democrática mexicana fue abortada con plena conciencia por el guanajuatense y así, los nuevos gobernantes lo único que hicieron fue adecuar sus propias concepciones acerca del modo de conducir el país, a la de la vieja estructura. El resultado es un verdadero monstruo. El viejo equilibrio de pesos y contrapesos elaborado por el viejo régimen no fue sustituido por formas democráticas. El resultado ahora lo sufrimos.
Y cuando ya se avizora la inminente derrota del PAN en el Estado de México (cosa curiosa, ahora se escucha muy poco a los conductores del duopolio televisivo insistir en que las elecciones en esa entidad son una especie de preámbulo de las nacionales) una de las primeras voces del blanquiazul que anuncian su derrota es quien en la práctica se alió a lo peor del viejo régimen para perpetuarlo, pero ahora bajo la conducción de quienes se dijeron promotores y protagonistas del cambio en México.
No es el único gesto de Fox a favor del PRI; durante semanas, hace meses, cundió el rumor, justamente antes del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, de la celebración de una reunión, realizada en el rancho del ex presidente, para expresar su apoyo al todavía mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, en lo que se interpretó como la decisión de ese grupo para evitar a como diera lugar, no el triunfo del PRI como dice Calderón, sino el del PRD, y expresamente el de Andrés Manuel López Obrador.
Razones no faltan para pensar que, nuevamente, las elecciones presidenciales, como las del 2000 y las del 2006, sean nuevamente un referéndum. Las primeras se convirtieron en la ocasión para que los mexicanos expresaran su consentimiento, o no, para la continuación del PRI en la presidencia de la república. Por su lado, en las del 2006 los mexicanos resolvieron si le entregaban la presidencia a la izquierda o no.
Ahora, los resultados de las elecciones locales, posteriores a 2006, y las federales de 2009, arrojan un panorama desolador para el PAN: la inminente derrota en las presidenciales de 2012, y aun peor, si se repite y profundiza el fenómeno mexiquense, podríamos estar de frente a la posibilidad de que el partido en el gobierno sea derrotado de manera apabullante y las elecciones del próximo año se conviertan, otra vez, en otro referéndum: ¿Deseamos que regrese el PRI o no?
Y si es así, entonces aparecerá nuevamente el voto útil, solo que ahora no se encaminará al PAN sino al candidato de las izquierdas. Pero eso sólo se verá en los electores –y algunos cuadros medios panistas– reacios a votar por el PRI; lo más probable es que una parte de la élite del blanquiazul, de sus legisladores, dirigentes, gobernantes y electores decidan regresarle el favor al partido de Peña Nieto, el que hicieran una buena parte de los electores priístas en 2006, alentados por una parte importante de la dirigencia y gobernantes del PRI, para votar por el PAN y su candidato, Felipe Calderón.
Lo anterior explica muy claramente el resultado electoral en el que en la mitad de las entidades triunfó el panista y en la otra López Obrador, en ninguna Roberto Madrazo.
Ahí podríamos ubicar las expresiones foxistas, se apresta a jefaturar el giro electoral de su partido y regresarle el control de la administración federal al PRI… algo a lo que contribuyó como nadie pues aparte de sus yerros como gobernante, su gestión le fue entregada, en la columna vertebral del gobierno, a los operadores del partido que tanto dice Calderón repudiar.
De ahí la festiva expresión del líder de los diputados locales del PRI, Enrique Serrano, quien atinó al decir: “Hasta que lo oí decir algo congruente”.
Luis Javier Valero Flores
Polémico, controversial, pero sin duda alguna uno de los principales responsables de la actual situación por la que atraviesa el país, el ex presidente Vicente Fox, en una segunda escandalosa –para los panistas– declaración, ya anticipó el resultado de las elecciones en el Estado de México y las presidenciales del próximo año.
Achacarle responsabilidades a quien afirmó haber dejado “encargada” la oficina durante el sexenio anterior, mientras él se dedicaba a ganar elecciones, no es gratuito, no solamente en esa administración empezó el fortalecimiento de los actuales cárteles de la droga y se gestó la fuga de Joaquín Guzmán, sino que, fundamentalmente, no efectuó una sola acción destinada a desmantelar el viejo régimen. La prolongada transición democrática mexicana fue abortada con plena conciencia por el guanajuatense y así, los nuevos gobernantes lo único que hicieron fue adecuar sus propias concepciones acerca del modo de conducir el país, a la de la vieja estructura. El resultado es un verdadero monstruo. El viejo equilibrio de pesos y contrapesos elaborado por el viejo régimen no fue sustituido por formas democráticas. El resultado ahora lo sufrimos.
Y cuando ya se avizora la inminente derrota del PAN en el Estado de México (cosa curiosa, ahora se escucha muy poco a los conductores del duopolio televisivo insistir en que las elecciones en esa entidad son una especie de preámbulo de las nacionales) una de las primeras voces del blanquiazul que anuncian su derrota es quien en la práctica se alió a lo peor del viejo régimen para perpetuarlo, pero ahora bajo la conducción de quienes se dijeron promotores y protagonistas del cambio en México.
No es el único gesto de Fox a favor del PRI; durante semanas, hace meses, cundió el rumor, justamente antes del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, de la celebración de una reunión, realizada en el rancho del ex presidente, para expresar su apoyo al todavía mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, en lo que se interpretó como la decisión de ese grupo para evitar a como diera lugar, no el triunfo del PRI como dice Calderón, sino el del PRD, y expresamente el de Andrés Manuel López Obrador.
Razones no faltan para pensar que, nuevamente, las elecciones presidenciales, como las del 2000 y las del 2006, sean nuevamente un referéndum. Las primeras se convirtieron en la ocasión para que los mexicanos expresaran su consentimiento, o no, para la continuación del PRI en la presidencia de la república. Por su lado, en las del 2006 los mexicanos resolvieron si le entregaban la presidencia a la izquierda o no.
Ahora, los resultados de las elecciones locales, posteriores a 2006, y las federales de 2009, arrojan un panorama desolador para el PAN: la inminente derrota en las presidenciales de 2012, y aun peor, si se repite y profundiza el fenómeno mexiquense, podríamos estar de frente a la posibilidad de que el partido en el gobierno sea derrotado de manera apabullante y las elecciones del próximo año se conviertan, otra vez, en otro referéndum: ¿Deseamos que regrese el PRI o no?
Y si es así, entonces aparecerá nuevamente el voto útil, solo que ahora no se encaminará al PAN sino al candidato de las izquierdas. Pero eso sólo se verá en los electores –y algunos cuadros medios panistas– reacios a votar por el PRI; lo más probable es que una parte de la élite del blanquiazul, de sus legisladores, dirigentes, gobernantes y electores decidan regresarle el favor al partido de Peña Nieto, el que hicieran una buena parte de los electores priístas en 2006, alentados por una parte importante de la dirigencia y gobernantes del PRI, para votar por el PAN y su candidato, Felipe Calderón.
Lo anterior explica muy claramente el resultado electoral en el que en la mitad de las entidades triunfó el panista y en la otra López Obrador, en ninguna Roberto Madrazo.
Ahí podríamos ubicar las expresiones foxistas, se apresta a jefaturar el giro electoral de su partido y regresarle el control de la administración federal al PRI… algo a lo que contribuyó como nadie pues aparte de sus yerros como gobernante, su gestión le fue entregada, en la columna vertebral del gobierno, a los operadores del partido que tanto dice Calderón repudiar.
De ahí la festiva expresión del líder de los diputados locales del PRI, Enrique Serrano, quien atinó al decir: “Hasta que lo oí decir algo congruente”.
domingo, 19 de junio de 2011
Conago al rescate
El Diario, 19 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Poco a poco crece la convicción de estar frente a un ambicioso e inescrupuloso plan presidencial encaminado a mantener en el poder al PAN los siguientes seis años. El discurso calderonista lo devela en prácticamente todos los eventos y oportunidades que se le presentan. El eje de tal ofensiva consiste en evidenciar ante el electorado que el causante de la gravísima crisis de seguridad pública es el PRI; y el objetivo estratégico es impedir a como dé lugar el triunfo de este partido en las elecciones presidenciales del 2012.
En tal esfuerzo poco importa poner en riesgo al conjunto de las instituciones gubernamentales, ni siquiera la viabilidad de las acciones en el combate al crimen organizado, la irresponsabilidad política es el rasgo central de quien ahora dirige al país, de modo tal que hasta en su propio partido crecen las más ácidas críticas a Felipe Calderón.
Tal actuación ha originado las más variadas reacciones, una de las cuales, por los resultados hasta ahora alcanzados, puede encomiarse, incluso sin tomar en cuenta que una buena parte de las motivaciones que le dieron origen es estrictamente electoral; pero si les concedemos el beneficio de la duda a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, debemos apuntar que sí hay una creciente preocupación entre los gobernadores por el ritmo de la violencia y de las muy escasas posibilidades de que amaine en el futuro cercano, de tal modo que las elecciones federales del próximo año pueden salpicarse de la extrema violencia y criminalidad ahora vigentes.
Precedido de varias tronantes declaraciones de algunos de los priístas más prominentes, entre ellos su dirigente nacional, Humberto Moreira, causadas, primero, por las bien documentadas filtraciones llegadas al escritorio de varios columnistas de medios de comunicación de la ciudad de México, acerca de la preparación de diversos operativos de la PGR –y hasta del ejército y la Policía Federal– para detener a algunos ex gobernadores priístas, supuestamente relacionados con el crimen organizado (que bien pudieron detener el nombramiento de varios de ellos en prominentes cargos del Comité Nacional), y luego por el desusado discurso de Felipe Calderón en el estadio de la Universidad Stanford (no tanto porque lo expresado faltara a la verdad, sino por el lugar y la oportunidad de realizar un pronunciamiento que influyera en varios de los más apremiantes problemas de la comunidad mexicana en Estados Unidos, de frente a la elección presidencial) la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) lanzó el primer operativo conjunto de seguridad a nivel nacional –Conago 1– con resultados positivos, por lo informado en Chihuahua hasta el día 5 de ese operativo.
De ningún modo podrá desligarse la instrumentación de tan descomunal acción gubernamental de la detención de Jorge Hank Rhon, y la clarísima intención de hacerla influir en el proceso electoral del Estado de México, y de pasadita –¿por qué no?– en las federales del año próximo.
Porque más allá de las motivaciones de los mandatarios estatales en materia de seguridad pública, lo cierto es que el lanzamiento de ese operativo tuvo –y esa es la percepción generalizada, incluso al interior del gobierno federal– el propósito de salirle al frente a la ofensiva presidencial y demostrarle al país que los gobiernos de los estados, además de voluntad, también tienen la capacidad necesaria para afrontar la ola de violencia y criminalidad.
En vista de los resultados preliminares del operativo, que parecieran ser exitosos, las siguientes preguntas son obligadas: ¿Por qué no se les había ocurrido antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Cuántas vidas y fortunas pudiesen haberse salvado de haberlo instrumentado años atrás, antes de que nos rompieran el endeble entramado social existente hasta 2007?
Porque sin tener más información que la muy escueta emitida por las autoridades estatales, pareciera no haber limitaciones económicas para mantener tales actividades de manera normal y permanente, sin que esas tareas las deban realizar las fuerzas militares, o las federales y sin que deba existir la motivación electoral para su ejecución.
Pero tal pareciera que en las oficinas presidenciales solo existen de esas motivaciones. No bien empezaban a informar de los resultados de los primeros días del Conago 1 y ya Alejandro Poiré, el polémico Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya estaba elogiando el operativo, pero enfatizando que el 90% de los delitos cometidos en el país son del orden común, como queriendo decir –Qué bueno que se pusieron a realizar su trabajo, hasta que al fin–.
“Es importante recordar que más del 90 por ciento de los delitos en México corresponden al fuero común. Es decir, recae en el ámbito de atribuciones de las entidades federativas su investigación, persecución y juzgamiento. Así, las entidades federativas adquieren un compromiso manifiesto frente a la ciudadanía con este despliegue de más de 300 mil efectivos, que servirán también para sumarse a las labores de seguridad pública que las Fuerzas Federales han venido realizando en apoyo temporal a solicitud de las autoridades locales mientras fortalecen su confiabilidad y sus capacidades operativas y de inteligencia”.
Más. “(La Conago es) nueva etapa en la lucha contra el crimen en la que los mandatarios estatales refuerzan el cumplimiento de sus obligaciones legales en atención a delitos”.
Y lanza el reto (al que entusiastamente nos sumamos): “La lucha por la seguridad de los mexicanos no puede ni debe ser sólo una política de uno de los órdenes de Gobierno. Su efectividad en el cierre de espacios a cualquier manifestación criminal radica en que sea un esfuerzo permanente, sin distingos y en el marco de un frente común”. ¿De veras?
Probablemente no sean las acciones necesarias para enfrentar al total de la criminalidad desatada desde mediados del 2007, y que adolecerá de innumerables aspectos, amén de que se trata de un operativo lanzado al vacío, para detener a lo que caiga, y que carece de la muy necesaria preparación logística y de inteligencia, pero de algo servirá que el total de las fuerzas de los estados y municipios actúen de manera permanente en estado de alerta máxima.
Los resultados en el país, en los dos primeros días incluyen la realización de 617 arrestos, 131 mandamientos judiciales cumplimentados y 294 vehículos y 30 armas recuperados, que no levantan tanto el ánimo, ni las esperanzas alrededor de este operativo, pero en el ámbito local hay aspectos que destacan y concitan a la reflexión.
Según la Fiscalía General del Estado hasta las 13:00 horas del jueves, gracias a ese operativo se habían recuperado 120 vehículos con reporte de robo, (es decir, un promedio de 30 vehículos recuperados en los retenes y acciones de las fuerzas estatales y municipales) cifra que por sí sola llama la atención, si recordamos que el promedio de robos de vehículos en Juárez, durante los primeros cuatros meses de este año era de 50 al día, y en Chihuahua de 31. De ahí entonces que con tal operativo se estaría recuperando el 25% de los autos robados cada día.
Si esta cifra la comparamos con la dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en el sentido de que recuperaron, en un mes, 196 automóviles con reporte de robo, es decir, un promedio de 6.5 vehículos diariamente (Nota del Staff, El Diario-Juárez, 18/06/11).
Además, en el reporte de las actividades estatales del operativo se asienta que se “ejecutaron 31 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre otros: homicidio, robo, lesiones, daños, violencia familiar y violación agravada. Otras 106 personas fueron detenidas en puntos de revisión y patrullajes especiales por la comisión de delitos como secuestro (2), homicidio, robo, daños, lesiones, violación, violencia familiar y posesión de vehículo con reporte de robo, entre otros”.
Y se “aseguraron” nueve armas de fuego “algunas de ellas utilizadas en delitos de alto impacto como secuestro y homicidios”.
Si tales cifras son ciertas, si las detenciones se efectuaron con apego a la ley (para evitar que se repita el síndrome Hank-Rhon) querrá decir que estamos frente a una acción que puede inhibir la comisión de algunos delitos, que se va en el sentido correcto –faltan muchas cosas más– pero que adolece de un aspecto esencial ¿porqué sin coordinación con las fuerzas federales, o es mejor así, cada quien por su lado, a la luz de tantas experiencias amargas?
En todo caso, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no hacerlo permanente y con el debido respeto a la ciudadanía?
Porque si atropellan a los ciudadanos perderán el principal de los apoyos.
Luis Javier Valero Flores
Poco a poco crece la convicción de estar frente a un ambicioso e inescrupuloso plan presidencial encaminado a mantener en el poder al PAN los siguientes seis años. El discurso calderonista lo devela en prácticamente todos los eventos y oportunidades que se le presentan. El eje de tal ofensiva consiste en evidenciar ante el electorado que el causante de la gravísima crisis de seguridad pública es el PRI; y el objetivo estratégico es impedir a como dé lugar el triunfo de este partido en las elecciones presidenciales del 2012.
En tal esfuerzo poco importa poner en riesgo al conjunto de las instituciones gubernamentales, ni siquiera la viabilidad de las acciones en el combate al crimen organizado, la irresponsabilidad política es el rasgo central de quien ahora dirige al país, de modo tal que hasta en su propio partido crecen las más ácidas críticas a Felipe Calderón.
Tal actuación ha originado las más variadas reacciones, una de las cuales, por los resultados hasta ahora alcanzados, puede encomiarse, incluso sin tomar en cuenta que una buena parte de las motivaciones que le dieron origen es estrictamente electoral; pero si les concedemos el beneficio de la duda a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, debemos apuntar que sí hay una creciente preocupación entre los gobernadores por el ritmo de la violencia y de las muy escasas posibilidades de que amaine en el futuro cercano, de tal modo que las elecciones federales del próximo año pueden salpicarse de la extrema violencia y criminalidad ahora vigentes.
Precedido de varias tronantes declaraciones de algunos de los priístas más prominentes, entre ellos su dirigente nacional, Humberto Moreira, causadas, primero, por las bien documentadas filtraciones llegadas al escritorio de varios columnistas de medios de comunicación de la ciudad de México, acerca de la preparación de diversos operativos de la PGR –y hasta del ejército y la Policía Federal– para detener a algunos ex gobernadores priístas, supuestamente relacionados con el crimen organizado (que bien pudieron detener el nombramiento de varios de ellos en prominentes cargos del Comité Nacional), y luego por el desusado discurso de Felipe Calderón en el estadio de la Universidad Stanford (no tanto porque lo expresado faltara a la verdad, sino por el lugar y la oportunidad de realizar un pronunciamiento que influyera en varios de los más apremiantes problemas de la comunidad mexicana en Estados Unidos, de frente a la elección presidencial) la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) lanzó el primer operativo conjunto de seguridad a nivel nacional –Conago 1– con resultados positivos, por lo informado en Chihuahua hasta el día 5 de ese operativo.
De ningún modo podrá desligarse la instrumentación de tan descomunal acción gubernamental de la detención de Jorge Hank Rhon, y la clarísima intención de hacerla influir en el proceso electoral del Estado de México, y de pasadita –¿por qué no?– en las federales del año próximo.
Porque más allá de las motivaciones de los mandatarios estatales en materia de seguridad pública, lo cierto es que el lanzamiento de ese operativo tuvo –y esa es la percepción generalizada, incluso al interior del gobierno federal– el propósito de salirle al frente a la ofensiva presidencial y demostrarle al país que los gobiernos de los estados, además de voluntad, también tienen la capacidad necesaria para afrontar la ola de violencia y criminalidad.
En vista de los resultados preliminares del operativo, que parecieran ser exitosos, las siguientes preguntas son obligadas: ¿Por qué no se les había ocurrido antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Cuántas vidas y fortunas pudiesen haberse salvado de haberlo instrumentado años atrás, antes de que nos rompieran el endeble entramado social existente hasta 2007?
Porque sin tener más información que la muy escueta emitida por las autoridades estatales, pareciera no haber limitaciones económicas para mantener tales actividades de manera normal y permanente, sin que esas tareas las deban realizar las fuerzas militares, o las federales y sin que deba existir la motivación electoral para su ejecución.
Pero tal pareciera que en las oficinas presidenciales solo existen de esas motivaciones. No bien empezaban a informar de los resultados de los primeros días del Conago 1 y ya Alejandro Poiré, el polémico Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya estaba elogiando el operativo, pero enfatizando que el 90% de los delitos cometidos en el país son del orden común, como queriendo decir –Qué bueno que se pusieron a realizar su trabajo, hasta que al fin–.
“Es importante recordar que más del 90 por ciento de los delitos en México corresponden al fuero común. Es decir, recae en el ámbito de atribuciones de las entidades federativas su investigación, persecución y juzgamiento. Así, las entidades federativas adquieren un compromiso manifiesto frente a la ciudadanía con este despliegue de más de 300 mil efectivos, que servirán también para sumarse a las labores de seguridad pública que las Fuerzas Federales han venido realizando en apoyo temporal a solicitud de las autoridades locales mientras fortalecen su confiabilidad y sus capacidades operativas y de inteligencia”.
Más. “(La Conago es) nueva etapa en la lucha contra el crimen en la que los mandatarios estatales refuerzan el cumplimiento de sus obligaciones legales en atención a delitos”.
Y lanza el reto (al que entusiastamente nos sumamos): “La lucha por la seguridad de los mexicanos no puede ni debe ser sólo una política de uno de los órdenes de Gobierno. Su efectividad en el cierre de espacios a cualquier manifestación criminal radica en que sea un esfuerzo permanente, sin distingos y en el marco de un frente común”. ¿De veras?
Probablemente no sean las acciones necesarias para enfrentar al total de la criminalidad desatada desde mediados del 2007, y que adolecerá de innumerables aspectos, amén de que se trata de un operativo lanzado al vacío, para detener a lo que caiga, y que carece de la muy necesaria preparación logística y de inteligencia, pero de algo servirá que el total de las fuerzas de los estados y municipios actúen de manera permanente en estado de alerta máxima.
Los resultados en el país, en los dos primeros días incluyen la realización de 617 arrestos, 131 mandamientos judiciales cumplimentados y 294 vehículos y 30 armas recuperados, que no levantan tanto el ánimo, ni las esperanzas alrededor de este operativo, pero en el ámbito local hay aspectos que destacan y concitan a la reflexión.
Según la Fiscalía General del Estado hasta las 13:00 horas del jueves, gracias a ese operativo se habían recuperado 120 vehículos con reporte de robo, (es decir, un promedio de 30 vehículos recuperados en los retenes y acciones de las fuerzas estatales y municipales) cifra que por sí sola llama la atención, si recordamos que el promedio de robos de vehículos en Juárez, durante los primeros cuatros meses de este año era de 50 al día, y en Chihuahua de 31. De ahí entonces que con tal operativo se estaría recuperando el 25% de los autos robados cada día.
Si esta cifra la comparamos con la dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en el sentido de que recuperaron, en un mes, 196 automóviles con reporte de robo, es decir, un promedio de 6.5 vehículos diariamente (Nota del Staff, El Diario-Juárez, 18/06/11).
Además, en el reporte de las actividades estatales del operativo se asienta que se “ejecutaron 31 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre otros: homicidio, robo, lesiones, daños, violencia familiar y violación agravada. Otras 106 personas fueron detenidas en puntos de revisión y patrullajes especiales por la comisión de delitos como secuestro (2), homicidio, robo, daños, lesiones, violación, violencia familiar y posesión de vehículo con reporte de robo, entre otros”.
Y se “aseguraron” nueve armas de fuego “algunas de ellas utilizadas en delitos de alto impacto como secuestro y homicidios”.
Si tales cifras son ciertas, si las detenciones se efectuaron con apego a la ley (para evitar que se repita el síndrome Hank-Rhon) querrá decir que estamos frente a una acción que puede inhibir la comisión de algunos delitos, que se va en el sentido correcto –faltan muchas cosas más– pero que adolece de un aspecto esencial ¿porqué sin coordinación con las fuerzas federales, o es mejor así, cada quien por su lado, a la luz de tantas experiencias amargas?
En todo caso, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no hacerlo permanente y con el debido respeto a la ciudadanía?
Porque si atropellan a los ciudadanos perderán el principal de los apoyos.
jueves, 16 de junio de 2011
Juárez, preámbulo del Hank-Rhonazo
El Diario, 16 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
La gigantesca pifia cometida por el gobierno federal en el caso de Jorge Hank Rhon, más allá de las implicaciones y objetivos electorales –éstos últimos como parte de la estrategia de Felipe Calderón– ha puesto al desnudo una operación gubernamental, que puede llevar al país a un abismo sin fondo, además de mostrar, diríamos que en cadena nacional y a todo color, de qué modo mienten varios de los responsables de las principales dependencias encargadas de la seguridad pública federal y viene a confirmar las preocupaciones y suspicacias de quienes pusieron en tela de duda el nombramiento de Marisela Morales al frente de la PGR.
No es lo peor, como nunca, quizá con la misma estridencia de la matanza de Tlatelolco, –aunque, obviamente, sin los funestos resultados de aquellos hechos– desnudó las mentirosas acciones del Ejército Mexicano. Puede alegarse, en su descargo, que tales fallas, o acciones tan indebidas, deben achacárseles solamente a unos cuantos integrantes de esa institución.
El problema estriba en que las responsabilidades, derivadas de los hechos comentados, debieran fincárseles a los más altos mandos, y en ello debiéramos incluir a Calderón, al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván y al Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, así como a un abigarrado conjunto de funcionarios, de los más altos de estas dependencias.
Fueron capaces de montar un tinglado, mentirle a la nación y encima de todo ello, reclamarle al Consejo de la Judicatura Federal que hubiese difundido las argumentaciones de los jueces que dictaminaron el no ejercicio de la acción penal en contra de Jorge Hank Rhon.
Y doquier salta el reclamo: “Es que lo liberaron porque tiene mucho dinero”.
Efectivamente contó tal hecho, y el de pertenecer a la élite mexicana, no sólo la del poder político, y no sólo la del PRI; pero el problema mayor es que las detenciones efectuadas por el Ejército en Juárez –y en buena parte, las realizadas por la Policía Federal– en el marco de la lucha contra el crimen organizado, se han hecho del mismo modo, es decir, –para citar la frases de los jueces liberadores de Hank y de los ministros integrantes de la Judicatura Federal– de manera ilegal y, también, muy frecuentemente, mintiendo acerca de los hechos imputados y de la detención misma.
A lo largo de ya más de tres años nos han presentado, las autoridades encargadas de los diversos operativos aplicados en territorio chihuahuense, a infinidad de individuos como responsables de numerosos homicidios, y siempre con la leyenda de que “declaró…”, como si la simple declaración de los presuntos delincuentes bastara para declararlos culpables de los delitos señalados.
La mayoría de ellos, por lo menos en Juárez, han sido liberados por los jueces, con el contundente argumento de que las detenciones fueron realizadas de manera ilegal, recluidos en lugares distintos a los recintos carcelarios y declaraciones efectuadas ante autoridad no competente y sin la presencia del abogado defensor.
Y asunto concluido. De ese modo, infinidad de personas detenidas en algún momento, de manera circunstancial, y en muchos casos efectivamente involucrados en algunos hechos delictuosos, han sido detenidos por alguna autoridad, en otros hechos, o aparecen como víctimas de narco-ejecuciones y seguramente otros siguen en las actividades delictivas, todo por la premura y las ansias de presentar resultados positivos de las acciones gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico. Los resultados han sido peores, el descrédito popular hacia las instituciones de seguridad pública es gigantesco y ello disminuye grandemente la posibilidad de que un cada vez mayor número de ciudadanos confíen en la campaña gubernamental de efectuar “la denuncia ciudadana”.
De esa envergadura es la pifia cometida en el caso Hank Rhon. Y podrán alegar infinidad de cosas los gobernantes panistas, pero los hechos son tan diáfanos que es imposible no pensar en que desde Los Pinos, siguiendo con su estrategia electoral, se fraguó este incidente para incidir en el proceso electoral del Estado de México.
Y de que se trata, por todos los medios, de justificar tan monumentales pifias, sirva de ejemplo la efectuada por el líder de los diputados locales del PAN, Héctor Ortiz Orpinel, quien aseveró que con el poder de Jorge Hank Rhon no dudaba que pudo comprar a la autoridad para su liberación ¿A cuál? ¿A los jueces federales? ¿Al juez local, en una entidad gobernada por su partido?
Luis Javier Valero Flores
La gigantesca pifia cometida por el gobierno federal en el caso de Jorge Hank Rhon, más allá de las implicaciones y objetivos electorales –éstos últimos como parte de la estrategia de Felipe Calderón– ha puesto al desnudo una operación gubernamental, que puede llevar al país a un abismo sin fondo, además de mostrar, diríamos que en cadena nacional y a todo color, de qué modo mienten varios de los responsables de las principales dependencias encargadas de la seguridad pública federal y viene a confirmar las preocupaciones y suspicacias de quienes pusieron en tela de duda el nombramiento de Marisela Morales al frente de la PGR.
No es lo peor, como nunca, quizá con la misma estridencia de la matanza de Tlatelolco, –aunque, obviamente, sin los funestos resultados de aquellos hechos– desnudó las mentirosas acciones del Ejército Mexicano. Puede alegarse, en su descargo, que tales fallas, o acciones tan indebidas, deben achacárseles solamente a unos cuantos integrantes de esa institución.
El problema estriba en que las responsabilidades, derivadas de los hechos comentados, debieran fincárseles a los más altos mandos, y en ello debiéramos incluir a Calderón, al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván y al Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, así como a un abigarrado conjunto de funcionarios, de los más altos de estas dependencias.
Fueron capaces de montar un tinglado, mentirle a la nación y encima de todo ello, reclamarle al Consejo de la Judicatura Federal que hubiese difundido las argumentaciones de los jueces que dictaminaron el no ejercicio de la acción penal en contra de Jorge Hank Rhon.
Y doquier salta el reclamo: “Es que lo liberaron porque tiene mucho dinero”.
Efectivamente contó tal hecho, y el de pertenecer a la élite mexicana, no sólo la del poder político, y no sólo la del PRI; pero el problema mayor es que las detenciones efectuadas por el Ejército en Juárez –y en buena parte, las realizadas por la Policía Federal– en el marco de la lucha contra el crimen organizado, se han hecho del mismo modo, es decir, –para citar la frases de los jueces liberadores de Hank y de los ministros integrantes de la Judicatura Federal– de manera ilegal y, también, muy frecuentemente, mintiendo acerca de los hechos imputados y de la detención misma.
A lo largo de ya más de tres años nos han presentado, las autoridades encargadas de los diversos operativos aplicados en territorio chihuahuense, a infinidad de individuos como responsables de numerosos homicidios, y siempre con la leyenda de que “declaró…”, como si la simple declaración de los presuntos delincuentes bastara para declararlos culpables de los delitos señalados.
La mayoría de ellos, por lo menos en Juárez, han sido liberados por los jueces, con el contundente argumento de que las detenciones fueron realizadas de manera ilegal, recluidos en lugares distintos a los recintos carcelarios y declaraciones efectuadas ante autoridad no competente y sin la presencia del abogado defensor.
Y asunto concluido. De ese modo, infinidad de personas detenidas en algún momento, de manera circunstancial, y en muchos casos efectivamente involucrados en algunos hechos delictuosos, han sido detenidos por alguna autoridad, en otros hechos, o aparecen como víctimas de narco-ejecuciones y seguramente otros siguen en las actividades delictivas, todo por la premura y las ansias de presentar resultados positivos de las acciones gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico. Los resultados han sido peores, el descrédito popular hacia las instituciones de seguridad pública es gigantesco y ello disminuye grandemente la posibilidad de que un cada vez mayor número de ciudadanos confíen en la campaña gubernamental de efectuar “la denuncia ciudadana”.
De esa envergadura es la pifia cometida en el caso Hank Rhon. Y podrán alegar infinidad de cosas los gobernantes panistas, pero los hechos son tan diáfanos que es imposible no pensar en que desde Los Pinos, siguiendo con su estrategia electoral, se fraguó este incidente para incidir en el proceso electoral del Estado de México.
Y de que se trata, por todos los medios, de justificar tan monumentales pifias, sirva de ejemplo la efectuada por el líder de los diputados locales del PAN, Héctor Ortiz Orpinel, quien aseveró que con el poder de Jorge Hank Rhon no dudaba que pudo comprar a la autoridad para su liberación ¿A cuál? ¿A los jueces federales? ¿Al juez local, en una entidad gobernada por su partido?
martes, 14 de junio de 2011
Agenda secuestrada
El Diario, 14 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Por doquier aparecen las evidencias que vuelven inútil el debate acerca de quién está imponiendo la agenda. La discusión es vana, la realidad del Chihuahua de hoy lanza todos los días siniestros mensajes y golpea inmisericordemente las escasas rendijas de esperanza de prontas modificaciones a la actual crisis de seguridad pública, que amenaza con carcomer hasta el último de los cimientos del tejido social hasta hoy construido.
Mientras los gobernadores de todo el país deciden lanzar un mega-operativo de seguridad, sin duda alguna impuesto por la delincuencia, con algunas de las características que hicieron fracasar la Operación México, mote con el cual Felipe Calderón declaró la guerra a los narcotraficantes, cuando aún resuenan las voces de los dolientes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, otros hechos, algunos de ellos de menor importancia, denotan plenamente la profundidad de la crisis de seguridad pública.
Por una parte, mientras los delincuentes imponen el cambio de mandos de la policía municipal de la capital chihuahuense, el gobierno norteamericano dio a conocer la aprobación de la petición de asilo político para la derechohumanista Cipriana Jurado, dado que ésta acreditó ante ese gobierno –y es lo grave– ser víctima de las agresiones de elementos del Ejército mexicano, a grado tal de estar en riesgo de perder la vida.
No podía tener peor colofón la movilización convocada por Javier Sicilia.
Al mismo tiempo, una pequeña nota, publicada por El Diario de Juárez, versión digital, daba cuenta de un hecho, al parecer intrascendente, pero que denota la infinidad de carencias del aparato prejudicial en la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por la reportera Luz del Carmen Sosa (El Diario, 13/VI/11), “decenas de ciudadanos” formaron “largas filas en el módulo de información de la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia al ser víctimas del robo de sus vehículos. Pese a que este delito es el de mayor incidencia en la ciudad, la mala organización administrativa de la Fiscalía y la falta de personal en la Unidad de Investigación de robo de autos provoca que los afectados pasen horas haciendo ese trámite”.
¿Nos podemos imaginar la celeridad de la investigación y la resolución del robo de 50 vehículos –promedio– diariamente en Juárez, si ni siquiera existe la capacidad física para recibir la denuncia con prontitud?
Desespera tal realidad, y más cuando se puede comparar –por lo menos los habitantes de Juárez lo pueden hacer cotidianamente– con una realidad completamente contrastante. En días pasados, El Diario informaba que en El Paso, de 2004 a la fecha se habían presentado 106 homicidios, de los cuales se habían resuelto el 96 por ciento, en tanto que en Juárez, en el mismo período, solo se han resuelto el 3.7 por ciento. Y las tasas de homicidios demuestran palmariamente las diferencias, en tanto que la ciudad texana es de 1.5 por cada 100 mil habitantes, la de Juárez, el año pasado se elevó a 288.
Esas deberían ser nuestras metas, las que se trazaran quienes ayer lanzaron en todo el país el operativo destinado a combatir los ocho delitos del fuero común que aquejan a la sociedad, como parte del convenio signado por los secretarios de Seguridad Estatal de todas las entidades, el gobernador César Duarte y el jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Y así evitar que se vayan acumulando las informaciones acerca de las cada vez más frecuentes solicitudes de asilo político de activistas y periodistas, como el caso del comunicador Jorge Luis Aguirre, o la de Cipriana Jurado, quien, según Carlos Spector, su abogado, es la primera vez que una defensora de los derechos humanos recibe asilo político por ser perseguida por el Ejército; o como Marisela Ortiz, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa; o Malú García Andrade, luego de sufrir el incendio de su casa a causa del lanzamiento de bombas molotov; o Marisol Valles, ex jefa de Seguridad Pública del municipio de Praxedis G. Guerrero; y las de Ricardo Chávez Aldana, periodista de Radio Cañón; Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal de El Diario en Nuevo Casas Grandes y Horacio Nájera, corresponsal de Reforma en Juárez, éste asilado en Canadá.
Como dijo Sicilia, esto es vivir en el dolor, que ha obligado a la emisión de un grito de justicia que no nace de la banalidad política, como catalogó las impactantes expresiones recogidas a lo largo de la caravana, fruto de las acciones de los señores de la muerte y que le han robado a los mexicanos algo más que la agenda, la vida misma.
Luis Javier Valero Flores
Por doquier aparecen las evidencias que vuelven inútil el debate acerca de quién está imponiendo la agenda. La discusión es vana, la realidad del Chihuahua de hoy lanza todos los días siniestros mensajes y golpea inmisericordemente las escasas rendijas de esperanza de prontas modificaciones a la actual crisis de seguridad pública, que amenaza con carcomer hasta el último de los cimientos del tejido social hasta hoy construido.
Mientras los gobernadores de todo el país deciden lanzar un mega-operativo de seguridad, sin duda alguna impuesto por la delincuencia, con algunas de las características que hicieron fracasar la Operación México, mote con el cual Felipe Calderón declaró la guerra a los narcotraficantes, cuando aún resuenan las voces de los dolientes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, otros hechos, algunos de ellos de menor importancia, denotan plenamente la profundidad de la crisis de seguridad pública.
Por una parte, mientras los delincuentes imponen el cambio de mandos de la policía municipal de la capital chihuahuense, el gobierno norteamericano dio a conocer la aprobación de la petición de asilo político para la derechohumanista Cipriana Jurado, dado que ésta acreditó ante ese gobierno –y es lo grave– ser víctima de las agresiones de elementos del Ejército mexicano, a grado tal de estar en riesgo de perder la vida.
No podía tener peor colofón la movilización convocada por Javier Sicilia.
Al mismo tiempo, una pequeña nota, publicada por El Diario de Juárez, versión digital, daba cuenta de un hecho, al parecer intrascendente, pero que denota la infinidad de carencias del aparato prejudicial en la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por la reportera Luz del Carmen Sosa (El Diario, 13/VI/11), “decenas de ciudadanos” formaron “largas filas en el módulo de información de la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia al ser víctimas del robo de sus vehículos. Pese a que este delito es el de mayor incidencia en la ciudad, la mala organización administrativa de la Fiscalía y la falta de personal en la Unidad de Investigación de robo de autos provoca que los afectados pasen horas haciendo ese trámite”.
¿Nos podemos imaginar la celeridad de la investigación y la resolución del robo de 50 vehículos –promedio– diariamente en Juárez, si ni siquiera existe la capacidad física para recibir la denuncia con prontitud?
Desespera tal realidad, y más cuando se puede comparar –por lo menos los habitantes de Juárez lo pueden hacer cotidianamente– con una realidad completamente contrastante. En días pasados, El Diario informaba que en El Paso, de 2004 a la fecha se habían presentado 106 homicidios, de los cuales se habían resuelto el 96 por ciento, en tanto que en Juárez, en el mismo período, solo se han resuelto el 3.7 por ciento. Y las tasas de homicidios demuestran palmariamente las diferencias, en tanto que la ciudad texana es de 1.5 por cada 100 mil habitantes, la de Juárez, el año pasado se elevó a 288.
Esas deberían ser nuestras metas, las que se trazaran quienes ayer lanzaron en todo el país el operativo destinado a combatir los ocho delitos del fuero común que aquejan a la sociedad, como parte del convenio signado por los secretarios de Seguridad Estatal de todas las entidades, el gobernador César Duarte y el jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Y así evitar que se vayan acumulando las informaciones acerca de las cada vez más frecuentes solicitudes de asilo político de activistas y periodistas, como el caso del comunicador Jorge Luis Aguirre, o la de Cipriana Jurado, quien, según Carlos Spector, su abogado, es la primera vez que una defensora de los derechos humanos recibe asilo político por ser perseguida por el Ejército; o como Marisela Ortiz, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa; o Malú García Andrade, luego de sufrir el incendio de su casa a causa del lanzamiento de bombas molotov; o Marisol Valles, ex jefa de Seguridad Pública del municipio de Praxedis G. Guerrero; y las de Ricardo Chávez Aldana, periodista de Radio Cañón; Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal de El Diario en Nuevo Casas Grandes y Horacio Nájera, corresponsal de Reforma en Juárez, éste asilado en Canadá.
Como dijo Sicilia, esto es vivir en el dolor, que ha obligado a la emisión de un grito de justicia que no nace de la banalidad política, como catalogó las impactantes expresiones recogidas a lo largo de la caravana, fruto de las acciones de los señores de la muerte y que le han robado a los mexicanos algo más que la agenda, la vida misma.
domingo, 12 de junio de 2011
¿Cómo explicar tanto dolor?
El Diario, 12 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Y más importante que eso, como responder por tanto dolor causado a la sociedad mexicana. El viernes culminó una de las jornadas más estremecedoras que grupo alguno en el país haya escenificado en la historia; la carga de dolor que acompañó, presente en cada acto, en cada parada, en cada encuentro realizado por la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad (así, con mayúsculas), encabezada por Javier Sicilia, fue tan intensa que fue imposible no derramar lágrimas al momento de escuchar los estremecedores recuentos de las tragedias personales y familiares, convertidas en tragedias de toda la sociedad y que rebasaron todas las barreras sociales.
Una figura, recurrente a lo largo de los actos de la Caravana la retrata de cuerpo entero: El intenso abrazo, emotivo, salpicado de lágrimas que los dolientes le daban –o recibían, o las dos cosas al mismo tiempo– al poeta, hoy convertido en la encarnación viva del dolor de todo un país, al que le aqueja alguna de las consecuencias de la ola de violencia y sangre abatida sobre nosotros.
Una a una se desgranaron las intervenciones de los deudos, de los familiares clamando por la presentación –de cualquier forma que fuese– de sus parientes desaparecidos a manos de comandos armados e, invariablemente, el recuento era el mismo, la insensibilidad y hasta la burla de las autoridades del fuero común y la prepotencia, la soberbia y el desprecio mostrados por las autoridades federales.
¿Cuánta diferencia hay entre una y otra?
Ninguna.
Parecen relatos copiados. No lo son, pero las respuestas de algunos, de alguien con nombramiento oficial, otorgadas a algún familiar que les requirió información de sus parientes, son muy parecidas –¿Para qué lo busca?, anda en malos pasos. –Ya regresará. –Se fue con el novio. O las mentiras de los integrantes de los cuerpos policiacos y militares.
Parecen las mismas frases. Lo son. Lo que es igual es el dolor, la impotencia de quienes han acudido a las instancias oficiales en busca de sus seres queridos. Y quienes buscan justicia, ya con la certidumbre de haber perdido a uno de sus seres queridos, se encuentran con la misma actitud, la absoluta falta de investigación, a pesar de haber transcurrido meses del asesinato, nadie se ha tomado la molestia de investigar el entorno familiar de las víctimas. Solo en algunos de los casos más emblemáticos se advierte cierta actividad de las dependencias prejudiciales. De ahí en más, nada.
Ese es el principal recuento de la Caravana de Sicilia que se convirtió en la caravana del dolor. No fue igual en la Marcha realizada entre Cuernavaca y el Zócalo de la ciudad de México. Hubo sí, manifestaciones de duelo, de dolor, de reclamaciones acerca de la inseguridad, pero en cuanto la Caravana inició su recorrido al norte se encontró de frente con las caras de la guerra de 40 mil muertos, de más de cinco mil desaparecidos, de las decenas de miles de víctimas de las extorsiones, de las víctimas de asaltos a casas, negocios y autos, es decir, lo que en el lenguaje de Felipe Calderón son los “daños colaterales” y que son la evidencia nítida, concreta, del fracaso de una política gubernamental y del total de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia.
Pero no solo eso sino del total de las políticas gubernamentales, incluidas las migratorias y la subordinación a las políticas norteamericanas, ¿qué tanto influyeron para el recrudecimiento de la violencia las decisiones norteamericanas en materia de inmigración y de ese modo impedir que casi medio millón de jóvenes, por año, buscasen alternativas en Estados Unidos, mismas que no existían acá?
Hoy todos deploramos la guerra de Calderón (o en términos de la última encuesta realizada por la empresa GEA-ISA, que ubica al 54% de los ciudadanos catalogando como incorrecta la estrategia de Calderón en el combate al crimen organizado, y 40% que la ubican como correcta), pero que una mayoría absoluta del 69% (33% piensan que el crimen organizado se ha fortalecido en el último y 36 piensan que sigue igual) la catalogan de fracasada.
Y si eso piensan los encuestados, sólo nos queda imaginar –si no acudimos a alguno de los actos de la Caravana– la opinión de quienes son víctimas directas de la violencia, de los señores de la muerte y de la guerra, como los definió Sicilia desde el principio, ubicando a los delincuentes en la primera categoría y a los del gobierno en la segunda.
Ahí se ubica una de las principales reflexiones del poeta, al reclamar, en la conferencia de prensa sostenida en la mañana del viernes en Juárez, que muchos le endilgasen toda la culpa a Felipe Calderón y no otorgarle las mismas responsabilidades al PRI, al PRD y al resto de los partidos, que es de donde salen, dijo, los legisladores, los gobernadores y los alcaldes.
Es cierto. Es común escuchar, en los discursos legislativos, en los mítines electorales, en las entrevistas a los medios de comunicación, en casi en cualquier foro, a los integrantes del PRI deplorar la “guerra” de Calderón y exigirle un cambio de estrategia. Pero casi a continuación, invariablemente, escuchamos a los gobernantes emanados de ese partido (y por supuesto, también a los emanados del PRD) lanzar encendidos elogios al apoyo del gobierno federal y a la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Pero nunca vimos, en todos estos años de críticas a Calderón, que promovieran un reclamo institucional, del Congreso de la Unión, un ultimátum al uso irregular de las fuerzas armadas al usarlas como agrupamiento policiaco, nunca vimos que enderezaran una acción consecuente para que el Poder Legislativo, en uso de sus facultades, diera mejor rumbo a la estrategia gubernamental en la lucha contra el crimen organizado.
¿Cuántas veces escuchamos las críticas de Beatriz Paredes, antes, y ahora de Humberto Moreira, a la “guerra” de Calderón, o de Manlio Fabio Beltrones? ¿Cuándo se transformaron en posturas legislativas? ¿Cómo las explican si cada año aprobaron incesantes incrementos a los presupuestos de Seguridad Pública de la Procuraduría General de la República, de la Defensa y Marina Nacional y nunca a programas gubernamentales para la rehabilitación de adictos a las drogas, y tampoco nunca a la aprobación de programas de prevención al consumo de drogas?
¡Ah, pero eso sí, ante el influjo de la Caravana, los gobernadores lanzarán una ofensiva contra la delincuencia
Eso está bien, pero ¿por qué no mejor avanzan en los porcentajes de aprobación de policías de sus entidades en las pruebas de confianza? ¿Por qué no efectúan un monitoreo de las cosas denunciadas por cientos de ciudadanos, a viva lágrima y voz enronquecida, víctimas de la violencia y sometidos, por esta razón, a la indiferencia e insensibilidad de mandos policiacos, agentes ministeriales, jueces y magistrados?
De ahí que despierte esperanzas el movimiento convocado por Javier Sicilia y la aprobación –con todos sus diferendos, los que, seguramente, serán resueltos por la realidad misma– del Pacto Nacional Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, firmado en la noche del viernes 10 de junio –qué fecha tan emblemática– pues recoge muchas de las demandas y aspiraciones enarboladas por diversos sectores de la sociedad, pero que, a juzgar por algunos de sus resolutivos, se convertirá en una fuerza que no desaparecerá al influjo de haber obtenido sus objetivos, que van más allá de la realización, primero, de la Marcha, y luego, de la Caravana.
Los ejes programáticos son muy claros. Se pronunciaron por la cancelación de la Iniciativa Mérida y de cualquier proyecto de asesoría policiaco-militar auspiciado por Estados Unidos, la exigencia del cambio de estrategia del combate al crimen organizado, la desmilitarización de los agrupamientos policiacos, el regreso del Ejército a los cuarteles.
Inclusión de civiles y medios de comunicación como testigos en los procesos de investigaciones. Participación de organismos ciudadanos en el seguimiento de los casos. La creación de contralorías de ciudadanas y ciudadanos, mediante consulta ciudadana. Recorrido por las 32 entidades federativas para exigir en cada una de las procuradurías estatales y emplazar con las víctimas más representativas.
Son muchos más, nos quedamos con uno, acaso más profundo, si esto se puede, pero que conmoverá profundamente al país. Lo dijo Sicilia: “vamos llenando las calles con el nombre de nuestros muertos para recordar a las autoridades el reclamo de justicia”.
Para recordar tanto dolor, que sirva de simiente en la construcción de un país distinto, uno infinitamente mejor que éste.
Luis Javier Valero Flores
Y más importante que eso, como responder por tanto dolor causado a la sociedad mexicana. El viernes culminó una de las jornadas más estremecedoras que grupo alguno en el país haya escenificado en la historia; la carga de dolor que acompañó, presente en cada acto, en cada parada, en cada encuentro realizado por la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad (así, con mayúsculas), encabezada por Javier Sicilia, fue tan intensa que fue imposible no derramar lágrimas al momento de escuchar los estremecedores recuentos de las tragedias personales y familiares, convertidas en tragedias de toda la sociedad y que rebasaron todas las barreras sociales.
Una figura, recurrente a lo largo de los actos de la Caravana la retrata de cuerpo entero: El intenso abrazo, emotivo, salpicado de lágrimas que los dolientes le daban –o recibían, o las dos cosas al mismo tiempo– al poeta, hoy convertido en la encarnación viva del dolor de todo un país, al que le aqueja alguna de las consecuencias de la ola de violencia y sangre abatida sobre nosotros.
Una a una se desgranaron las intervenciones de los deudos, de los familiares clamando por la presentación –de cualquier forma que fuese– de sus parientes desaparecidos a manos de comandos armados e, invariablemente, el recuento era el mismo, la insensibilidad y hasta la burla de las autoridades del fuero común y la prepotencia, la soberbia y el desprecio mostrados por las autoridades federales.
¿Cuánta diferencia hay entre una y otra?
Ninguna.
Parecen relatos copiados. No lo son, pero las respuestas de algunos, de alguien con nombramiento oficial, otorgadas a algún familiar que les requirió información de sus parientes, son muy parecidas –¿Para qué lo busca?, anda en malos pasos. –Ya regresará. –Se fue con el novio. O las mentiras de los integrantes de los cuerpos policiacos y militares.
Parecen las mismas frases. Lo son. Lo que es igual es el dolor, la impotencia de quienes han acudido a las instancias oficiales en busca de sus seres queridos. Y quienes buscan justicia, ya con la certidumbre de haber perdido a uno de sus seres queridos, se encuentran con la misma actitud, la absoluta falta de investigación, a pesar de haber transcurrido meses del asesinato, nadie se ha tomado la molestia de investigar el entorno familiar de las víctimas. Solo en algunos de los casos más emblemáticos se advierte cierta actividad de las dependencias prejudiciales. De ahí en más, nada.
Ese es el principal recuento de la Caravana de Sicilia que se convirtió en la caravana del dolor. No fue igual en la Marcha realizada entre Cuernavaca y el Zócalo de la ciudad de México. Hubo sí, manifestaciones de duelo, de dolor, de reclamaciones acerca de la inseguridad, pero en cuanto la Caravana inició su recorrido al norte se encontró de frente con las caras de la guerra de 40 mil muertos, de más de cinco mil desaparecidos, de las decenas de miles de víctimas de las extorsiones, de las víctimas de asaltos a casas, negocios y autos, es decir, lo que en el lenguaje de Felipe Calderón son los “daños colaterales” y que son la evidencia nítida, concreta, del fracaso de una política gubernamental y del total de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia.
Pero no solo eso sino del total de las políticas gubernamentales, incluidas las migratorias y la subordinación a las políticas norteamericanas, ¿qué tanto influyeron para el recrudecimiento de la violencia las decisiones norteamericanas en materia de inmigración y de ese modo impedir que casi medio millón de jóvenes, por año, buscasen alternativas en Estados Unidos, mismas que no existían acá?
Hoy todos deploramos la guerra de Calderón (o en términos de la última encuesta realizada por la empresa GEA-ISA, que ubica al 54% de los ciudadanos catalogando como incorrecta la estrategia de Calderón en el combate al crimen organizado, y 40% que la ubican como correcta), pero que una mayoría absoluta del 69% (33% piensan que el crimen organizado se ha fortalecido en el último y 36 piensan que sigue igual) la catalogan de fracasada.
Y si eso piensan los encuestados, sólo nos queda imaginar –si no acudimos a alguno de los actos de la Caravana– la opinión de quienes son víctimas directas de la violencia, de los señores de la muerte y de la guerra, como los definió Sicilia desde el principio, ubicando a los delincuentes en la primera categoría y a los del gobierno en la segunda.
Ahí se ubica una de las principales reflexiones del poeta, al reclamar, en la conferencia de prensa sostenida en la mañana del viernes en Juárez, que muchos le endilgasen toda la culpa a Felipe Calderón y no otorgarle las mismas responsabilidades al PRI, al PRD y al resto de los partidos, que es de donde salen, dijo, los legisladores, los gobernadores y los alcaldes.
Es cierto. Es común escuchar, en los discursos legislativos, en los mítines electorales, en las entrevistas a los medios de comunicación, en casi en cualquier foro, a los integrantes del PRI deplorar la “guerra” de Calderón y exigirle un cambio de estrategia. Pero casi a continuación, invariablemente, escuchamos a los gobernantes emanados de ese partido (y por supuesto, también a los emanados del PRD) lanzar encendidos elogios al apoyo del gobierno federal y a la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Pero nunca vimos, en todos estos años de críticas a Calderón, que promovieran un reclamo institucional, del Congreso de la Unión, un ultimátum al uso irregular de las fuerzas armadas al usarlas como agrupamiento policiaco, nunca vimos que enderezaran una acción consecuente para que el Poder Legislativo, en uso de sus facultades, diera mejor rumbo a la estrategia gubernamental en la lucha contra el crimen organizado.
¿Cuántas veces escuchamos las críticas de Beatriz Paredes, antes, y ahora de Humberto Moreira, a la “guerra” de Calderón, o de Manlio Fabio Beltrones? ¿Cuándo se transformaron en posturas legislativas? ¿Cómo las explican si cada año aprobaron incesantes incrementos a los presupuestos de Seguridad Pública de la Procuraduría General de la República, de la Defensa y Marina Nacional y nunca a programas gubernamentales para la rehabilitación de adictos a las drogas, y tampoco nunca a la aprobación de programas de prevención al consumo de drogas?
¡Ah, pero eso sí, ante el influjo de la Caravana, los gobernadores lanzarán una ofensiva contra la delincuencia
Eso está bien, pero ¿por qué no mejor avanzan en los porcentajes de aprobación de policías de sus entidades en las pruebas de confianza? ¿Por qué no efectúan un monitoreo de las cosas denunciadas por cientos de ciudadanos, a viva lágrima y voz enronquecida, víctimas de la violencia y sometidos, por esta razón, a la indiferencia e insensibilidad de mandos policiacos, agentes ministeriales, jueces y magistrados?
De ahí que despierte esperanzas el movimiento convocado por Javier Sicilia y la aprobación –con todos sus diferendos, los que, seguramente, serán resueltos por la realidad misma– del Pacto Nacional Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, firmado en la noche del viernes 10 de junio –qué fecha tan emblemática– pues recoge muchas de las demandas y aspiraciones enarboladas por diversos sectores de la sociedad, pero que, a juzgar por algunos de sus resolutivos, se convertirá en una fuerza que no desaparecerá al influjo de haber obtenido sus objetivos, que van más allá de la realización, primero, de la Marcha, y luego, de la Caravana.
Los ejes programáticos son muy claros. Se pronunciaron por la cancelación de la Iniciativa Mérida y de cualquier proyecto de asesoría policiaco-militar auspiciado por Estados Unidos, la exigencia del cambio de estrategia del combate al crimen organizado, la desmilitarización de los agrupamientos policiacos, el regreso del Ejército a los cuarteles.
Inclusión de civiles y medios de comunicación como testigos en los procesos de investigaciones. Participación de organismos ciudadanos en el seguimiento de los casos. La creación de contralorías de ciudadanas y ciudadanos, mediante consulta ciudadana. Recorrido por las 32 entidades federativas para exigir en cada una de las procuradurías estatales y emplazar con las víctimas más representativas.
Son muchos más, nos quedamos con uno, acaso más profundo, si esto se puede, pero que conmoverá profundamente al país. Lo dijo Sicilia: “vamos llenando las calles con el nombre de nuestros muertos para recordar a las autoridades el reclamo de justicia”.
Para recordar tanto dolor, que sirva de simiente en la construcción de un país distinto, uno infinitamente mejor que éste.
jueves, 9 de junio de 2011
Caravana del dolor
El Diario, 9 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Ayer por la noche llegó a la ciudad de Chihuahua la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el escritor Javier Sicilia. Hoy lo hará a Juárez –el centro del dolor nacional, le denominó el poeta– después de haber celebrado sendos actos en varias de las principales ciudade,s en las que durante los últimos cuatro años se ha enseñoreado la violencia, en sus más crudas manifestaciones.
Del largo periplo efectuado por los cerca de mil participantes de la caravana, probablemente sólo queden fuera ciudades como Culiacán, Acapulco, Nuevo Laredo, Tepic y Tijuana, entre las que han presentado las más negras estadísticas, pero con las expresiones vertidas por quienes acudieron a los actos de la caravana, podemos concluir que esta es la expresión más grande de dolor que los mexicanos hayamos protagonizado o visto a lo largo de nuestra historia.
Los relatos recogidos por Sicilia y sus compañeros revelan la profundidad de la tragedia vivida, y develan, tanto la inoperancia de las agrupaciones policiacas, como del fracaso absoluto de la estrategia desarrollada por el gobierno federal en contra del crimen organizado, especialmente en la modalidad del narcotráfico, así como los elevados niveles de corrupción existentes en todas las corporaciones policiacas y los desencuentros de los funcionarios federales integrantes del gabinete de seguridad pública, sobre todo entre el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y la cúpula militar, revelados en toda su magnitud por los funcionarios norteamericanos, en los reportes de éstos a sus jefes inmediatos del Departamento de Estado, a cuya cabeza se encuentra la ex aspirante presidencial Hilary Clinton.
En Chihuahua seguramente no cambiará la tónica, los relatos de los familiares de las víctimas pueden llegar a abrumar, no por su repetición, sino por las cantidades de dolor (si podemos usar una semejante expresión para describir estas manifestaciones) acumuladas en estos largos tres años y medio de la guerra sostenida en nuestro territorio por los cárteles del narcotráfico, y el combate de las fuerzas policiacas a la delincuencia.
Y ese dolor, por desgracia, no es solamente de los deudos de la guerra de “los señores de la muerte”, como los denominó Sicilia, sino también de los delitos cometidos por estos en contra del resto de la sociedad y de los provocados o realizados por las fuerzas del orden, de tal magnitud que han provocado la más amplia corriente de rechazo a las capas gobernantes, a la clase política, a las agrupaciones policiacas y, sobre todo, a los delincuentes que han roto todos los límites sostenidos por ellos hasta antes de esta ola de violencia.
Los efectos de las políticas económicas depauperadoras se habían manifestado en prácticamente todas las naciones subordinadas, pero en ninguna en las magnitudes que como ahora se manifiestan en México; vamos, ni siquiera en Colombia la tragedia producida por los señores de la muerte y la acción gubernamental adquirió los niveles de la nuestra. Aquí se unieron dos factores, a cual más de explosivos: el de la inmensa explotación de las clases hegemónicas sobre las subordinadas, y el del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Esta sí es la tormenta perfecta: Miseria galopante, desempleo masivo, altas tasas de desigualdad social; y lucha de los grupos criminales por las rutas y territorios del tráfico de drogas. Si algún ingrediente faltara ahí está la irracional terquedad de la clase gobernante en mantener una política económica depauperizante, no solo de los individuos sino del total de la sociedad.
Y luego debemos agregarle el incesante salvajismo de los señores de la muerte (y en muchos casos de elementos de las agrupaciones de seguridad pública). Contra todo se alza el esfuerzo de hombres como Sicilia, que pueden concitar el más amplio respaldo de la sociedad mexicana, porque no se trata solamente de compartir el dolor, que es mucho, sino de transformarlo en propuesta de vida, de rehabilitación, de esperanza, de regenerar en la sociedad las más elevadas aspiraciones y sobreponernos a todo lo anterior y a todos los que, con sus acciones y otros con sus omisiones, se oponen.
Es de tal trascendencia –o puede serlo– la movilización que hoy toca a Chihuahua que otros asuntos, extremadamente candentes, deberán esperar turno para compartir puntos de vista. Por lo pronto, bienvenidos caravaneros, constructores de la paz, con mucha dignidad y más justicia.
Luis Javier Valero Flores
Ayer por la noche llegó a la ciudad de Chihuahua la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el escritor Javier Sicilia. Hoy lo hará a Juárez –el centro del dolor nacional, le denominó el poeta– después de haber celebrado sendos actos en varias de las principales ciudade,s en las que durante los últimos cuatro años se ha enseñoreado la violencia, en sus más crudas manifestaciones.
Del largo periplo efectuado por los cerca de mil participantes de la caravana, probablemente sólo queden fuera ciudades como Culiacán, Acapulco, Nuevo Laredo, Tepic y Tijuana, entre las que han presentado las más negras estadísticas, pero con las expresiones vertidas por quienes acudieron a los actos de la caravana, podemos concluir que esta es la expresión más grande de dolor que los mexicanos hayamos protagonizado o visto a lo largo de nuestra historia.
Los relatos recogidos por Sicilia y sus compañeros revelan la profundidad de la tragedia vivida, y develan, tanto la inoperancia de las agrupaciones policiacas, como del fracaso absoluto de la estrategia desarrollada por el gobierno federal en contra del crimen organizado, especialmente en la modalidad del narcotráfico, así como los elevados niveles de corrupción existentes en todas las corporaciones policiacas y los desencuentros de los funcionarios federales integrantes del gabinete de seguridad pública, sobre todo entre el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y la cúpula militar, revelados en toda su magnitud por los funcionarios norteamericanos, en los reportes de éstos a sus jefes inmediatos del Departamento de Estado, a cuya cabeza se encuentra la ex aspirante presidencial Hilary Clinton.
En Chihuahua seguramente no cambiará la tónica, los relatos de los familiares de las víctimas pueden llegar a abrumar, no por su repetición, sino por las cantidades de dolor (si podemos usar una semejante expresión para describir estas manifestaciones) acumuladas en estos largos tres años y medio de la guerra sostenida en nuestro territorio por los cárteles del narcotráfico, y el combate de las fuerzas policiacas a la delincuencia.
Y ese dolor, por desgracia, no es solamente de los deudos de la guerra de “los señores de la muerte”, como los denominó Sicilia, sino también de los delitos cometidos por estos en contra del resto de la sociedad y de los provocados o realizados por las fuerzas del orden, de tal magnitud que han provocado la más amplia corriente de rechazo a las capas gobernantes, a la clase política, a las agrupaciones policiacas y, sobre todo, a los delincuentes que han roto todos los límites sostenidos por ellos hasta antes de esta ola de violencia.
Los efectos de las políticas económicas depauperadoras se habían manifestado en prácticamente todas las naciones subordinadas, pero en ninguna en las magnitudes que como ahora se manifiestan en México; vamos, ni siquiera en Colombia la tragedia producida por los señores de la muerte y la acción gubernamental adquirió los niveles de la nuestra. Aquí se unieron dos factores, a cual más de explosivos: el de la inmensa explotación de las clases hegemónicas sobre las subordinadas, y el del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Esta sí es la tormenta perfecta: Miseria galopante, desempleo masivo, altas tasas de desigualdad social; y lucha de los grupos criminales por las rutas y territorios del tráfico de drogas. Si algún ingrediente faltara ahí está la irracional terquedad de la clase gobernante en mantener una política económica depauperizante, no solo de los individuos sino del total de la sociedad.
Y luego debemos agregarle el incesante salvajismo de los señores de la muerte (y en muchos casos de elementos de las agrupaciones de seguridad pública). Contra todo se alza el esfuerzo de hombres como Sicilia, que pueden concitar el más amplio respaldo de la sociedad mexicana, porque no se trata solamente de compartir el dolor, que es mucho, sino de transformarlo en propuesta de vida, de rehabilitación, de esperanza, de regenerar en la sociedad las más elevadas aspiraciones y sobreponernos a todo lo anterior y a todos los que, con sus acciones y otros con sus omisiones, se oponen.
Es de tal trascendencia –o puede serlo– la movilización que hoy toca a Chihuahua que otros asuntos, extremadamente candentes, deberán esperar turno para compartir puntos de vista. Por lo pronto, bienvenidos caravaneros, constructores de la paz, con mucha dignidad y más justicia.
martes, 7 de junio de 2011
Nubarrones sobre la caravana
El Diario, 7 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Muy pocos pensaban que la dolorosa protesta del poeta y escritor Javier Sicilia fuese más allá del lugar al que habían llegado otros familiares de las víctimas de la violencia abatida sobre el país, brotaban por todos lados los casos, varios de los cuales se presentaron precisamente en Juárez a raíz de la aparición de las muertas de Juárez, como mundialmente vino a conocerse la tragedia de poco más de tres centenas de familias que perdieron a una de sus integrantes, al inicio de la década de los 90 y algunos de los primeros años del presente siglo.
Luego vendrían los casos más conocidos del hijo de la señora Miranda de Wallace, la hija de Nelson Vargas, del hijo de Alejandro Martí y la pavorosa tragedia de la familia Reyes Salazar.
Pero la masacre continuó e hizo víctima a Francisco Sicilia y otros seis jóvenes y se encontraron con la reciedumbre ideológica y el arduo trabajo de su padre, Javier, relacionado con una extensa red de activistas ligados a lo que podríamos llamar la parte social de la iglesia Católica mexicana, no necesariamente ligada a la alta jerarquía de esta iglesia, que en muchos de los casos ha sido de las principales creadoras y animadoras de los más importantes centros de defensa de los derechos humanos, no gubernamentales y que, por sus características y acciones han entrado en contacto con otra parte de la izquierda social, la no partidaria y con muchísimas agrupaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales forman parte de la muy extensa red de organizaciones que por su cuenta y riesgo actúan en la sociedad ayudando, fundando centros de atención a los grupos marginales y marginados, centros de rehabilitación de adictos a las drogas, etc.
Así, se ha ido conformando un movimiento que es la respuesta más organizada, más orgánica, de la sociedad a la ola de violencia y a la incapacidad gubernamental, generadoras de todas las víctimas fatales de los últimos casi cinco años.
Como siempre pasa en las democracias incipientes, o en las de muy bajo compromiso social, a la aparición de una fuerza de tal raigambre (por su origen, por su composición, por sus demandas y por las condiciones de inseguridad prevalecientes) se presentan reacciones de extrema intolerancia. No de otra forma podemos catalogar el salvaje ingreso de elementos de la Policía Federal a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, uno de los organizadores de la Caravana por la Paz, que encabeza el poeta Javier Sicilia y que llegará a Juárez el próximo jueves.
Con lujo de violencia, salvajemente, sin ninguna orden de cateo, sin permiso legal alguno para llevar al cabo acción de tal índole se introdujeron por la parte trasera del edificio que alberga al Centro, de acuerdo con la denuncia pública presentada por el sacerdote Oscar Enríquez, quien, incluso, dio a conocer los números de las patrullas de la Policía Federal –números 12427, 13972, 13943, 13748 y 10573– apostadas a las afueras de las instalaciones de la organización.
Acto tan irracional, demostrativo –una vez más– de la falta de inteligencia aplicada en el combate al crimen organizado, si le creemos a la versión oficial difundida en boletín de prensa por la dependencia, en la que arguyen que sus elementos debieron ingresar a ese edificio en la persecución de dos jóvenes presuntamente vendedores de droga que huían de los federales.
Es de escándalo la argumentación. Ahora resulta, de acuerdo con esta versión, que los presuntos delincuentes, huyendo, ingresaron al domicilio y los policías, para hacer lo mismo, debieron tumbar a marrazos las cerraduras, tanto de la puerta frontal, como de la posterior, del CDHPN. Ajá.
¡Ah Y además, como buscaban frenéticamente a los delincuentes se dieron a la tarea de buscar cajón por cajón, archivero por archivero ¿Quién les cree?
De ahí el fuerte reclamo de Sicilia a Calderón, a quien le exigió cesar el doble lenguaje, en relación con la Caravana de la Paz con Dignidad, cuyo acto más importante será la firma del pacto en Juárez el próximo viernes 10, al que convocó el poeta y un sinfín de organizaciones de la sociedad civil y que debiera merecer del gobierno algo más que los exabruptos de su policía, porque de no ser así se confirmaría, de cara al país, lo que es ya una certidumbre popular, que el gobierno y su estrategia no son la solución del problema, sino el problema mismo.
Luis Javier Valero Flores
Muy pocos pensaban que la dolorosa protesta del poeta y escritor Javier Sicilia fuese más allá del lugar al que habían llegado otros familiares de las víctimas de la violencia abatida sobre el país, brotaban por todos lados los casos, varios de los cuales se presentaron precisamente en Juárez a raíz de la aparición de las muertas de Juárez, como mundialmente vino a conocerse la tragedia de poco más de tres centenas de familias que perdieron a una de sus integrantes, al inicio de la década de los 90 y algunos de los primeros años del presente siglo.
Luego vendrían los casos más conocidos del hijo de la señora Miranda de Wallace, la hija de Nelson Vargas, del hijo de Alejandro Martí y la pavorosa tragedia de la familia Reyes Salazar.
Pero la masacre continuó e hizo víctima a Francisco Sicilia y otros seis jóvenes y se encontraron con la reciedumbre ideológica y el arduo trabajo de su padre, Javier, relacionado con una extensa red de activistas ligados a lo que podríamos llamar la parte social de la iglesia Católica mexicana, no necesariamente ligada a la alta jerarquía de esta iglesia, que en muchos de los casos ha sido de las principales creadoras y animadoras de los más importantes centros de defensa de los derechos humanos, no gubernamentales y que, por sus características y acciones han entrado en contacto con otra parte de la izquierda social, la no partidaria y con muchísimas agrupaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales forman parte de la muy extensa red de organizaciones que por su cuenta y riesgo actúan en la sociedad ayudando, fundando centros de atención a los grupos marginales y marginados, centros de rehabilitación de adictos a las drogas, etc.
Así, se ha ido conformando un movimiento que es la respuesta más organizada, más orgánica, de la sociedad a la ola de violencia y a la incapacidad gubernamental, generadoras de todas las víctimas fatales de los últimos casi cinco años.
Como siempre pasa en las democracias incipientes, o en las de muy bajo compromiso social, a la aparición de una fuerza de tal raigambre (por su origen, por su composición, por sus demandas y por las condiciones de inseguridad prevalecientes) se presentan reacciones de extrema intolerancia. No de otra forma podemos catalogar el salvaje ingreso de elementos de la Policía Federal a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, uno de los organizadores de la Caravana por la Paz, que encabeza el poeta Javier Sicilia y que llegará a Juárez el próximo jueves.
Con lujo de violencia, salvajemente, sin ninguna orden de cateo, sin permiso legal alguno para llevar al cabo acción de tal índole se introdujeron por la parte trasera del edificio que alberga al Centro, de acuerdo con la denuncia pública presentada por el sacerdote Oscar Enríquez, quien, incluso, dio a conocer los números de las patrullas de la Policía Federal –números 12427, 13972, 13943, 13748 y 10573– apostadas a las afueras de las instalaciones de la organización.
Acto tan irracional, demostrativo –una vez más– de la falta de inteligencia aplicada en el combate al crimen organizado, si le creemos a la versión oficial difundida en boletín de prensa por la dependencia, en la que arguyen que sus elementos debieron ingresar a ese edificio en la persecución de dos jóvenes presuntamente vendedores de droga que huían de los federales.
Es de escándalo la argumentación. Ahora resulta, de acuerdo con esta versión, que los presuntos delincuentes, huyendo, ingresaron al domicilio y los policías, para hacer lo mismo, debieron tumbar a marrazos las cerraduras, tanto de la puerta frontal, como de la posterior, del CDHPN. Ajá.
¡Ah Y además, como buscaban frenéticamente a los delincuentes se dieron a la tarea de buscar cajón por cajón, archivero por archivero ¿Quién les cree?
De ahí el fuerte reclamo de Sicilia a Calderón, a quien le exigió cesar el doble lenguaje, en relación con la Caravana de la Paz con Dignidad, cuyo acto más importante será la firma del pacto en Juárez el próximo viernes 10, al que convocó el poeta y un sinfín de organizaciones de la sociedad civil y que debiera merecer del gobierno algo más que los exabruptos de su policía, porque de no ser así se confirmaría, de cara al país, lo que es ya una certidumbre popular, que el gobierno y su estrategia no son la solución del problema, sino el problema mismo.
domingo, 5 de junio de 2011
Como en Canadá
El Diario, 5 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Reputado insistentemente como un elemento radical de la izquierda mexicana, de extremista, Andrés Manuel López Obrador desmenuzó el programa de su agrupamiento, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que, de llegar a la Presidencia de la República, llevarían al cabo. De su intervención en la Plaza de Armas de la capital del estado el pasado jueves, se puede desprender todo menos que sus propuestas sean las que enarbolaran durante decenas de años los socialistas o los comunistas en México.
Es de tal magnitud el viraje a la derecha de la sociedad mexicana que propuestas de gobierno de corte moderado, al estilo de las democracias desarrolladas en Europa, particularmente las del norte de ese continente, son tomadas por una buena parte de los medios de comunicación y sus principales personeros, sobre todo los pertenecientes al duopolio televisivo (que ya no es sólo propietario de la mayor parte de los canales y sistemas de televisión, sino también de las principales cadenas radiofónicas) como algo menos que el programa de los comunistas, planteado por Karl Marx más de siglo y medio atrás.
Dos aspectos de su intervención, derivadas del ambicioso programa expuesto en su libro “Nuevo Proyecto Alternativo de Nación”, llamaron la atención para reflexionar con los lectores: Su postura respecto a la ola de violencia y la referente a la explotación minera en el país, pero fundamentalmente en Chihuahua.
Y las dos son un clarísimo ejemplo de cómo sus propuestas, de un bajo perfil, típicas de los países capitalistas desarrollados, encuentran innumerables rechazos viscerales de la derecha entronizada en el poder y de sus numerosos corifeos; de paso evidencian el lamentable giro a la derecha de una buena parte de la sociedad mexicana (por supuesto, muestra de una indudable falta de cultura política), así como del despojo del que ha sido víctima el país a manos de un pequeñísimo grupo de empresarios y de la clase política gobernante que, además, por si fuera poco, acude gozosa a entregar gigantescas porciones de la riqueza nacional al extranjero.
No podía haber mejor ejemplo de lo anterior que la explotación minera, en la cual Chihuahua ha despuntado en los últimos años, sobre todo en la obtención de oro –somos el segundo productor nacional– y en la cual se sigue el modelo nacional, es decir, entrega al capital extranjero de las muy ricas minas de oro –en este caso a las más grandes empresas mineras canadienses–, prácticamente sin costo alguno para las empresas, sin el cobro de impuestos, sin la exigencia de un mínimo de compromiso con la sociedad y sólo la entrega por parte de alguna de las empresas mineras asentadas en la entidad, de migajas, a cambio de las verdaderas fortunas obtenidas en la Tarahumara.
López Obrador fue tajante en esta actividad económica, como en Canadá, dijo, van a seguir trabajando, se van a respetar los convenios, nada más que van a tener que pagar mejores salarios, igual que en Canadá; les vamos a decir que cuiden el medio ambiente, como en Canadá; y les vamos a decir que paguen impuestos, como los pagan en Canadá, esa es la regla, así va a ser el trato. Como en Canadá.
Lo que pasa, aseveró, es que los gobiernos de las últimas tres décadas han entregado 25 millones de hectáreas del territorio nacional a las empresas mineras, casi todas ellas extranjeras, esa cantidad de terreno representa el 12% del territorio nacional, es la enajenación más grande desde el gobierno de Porfirio Díaz, criticó severamente el ex candidato presidencial en lo que fue uno de los planteamientos más cercanos a las condiciones particulares de una parte de la actividad económica chihuahuense, en la que deberemos reflexionar seriamente.
¿Son propuestas comunistas? ¿Cómo lo van a ser, si son la norma en Canadá?
Que un político de oposición en México retome esas propuestas, simplemente revela el grado de salvajismo con el que es gobernado un país en el cual se refugian –para mantener altas tasas de utilidad, de explotación, dirían los clásicos del marxismo– empresas que en sus países de origen deben aportar más recursos para el mantenimiento de los estándares de vida de aquellas naciones.
Es decir, igual que 500 años atrás, la explotación de los recursos naturales de nuestros países sigue incólume, y ahora peor, con la anuencia de los gobernantes. Tales temas podrían considerarse ajenos a la ola criminal que nos asuela, pero sin duda alguna se encuentran en el origen de la misma, incluidos los altos niveles de corrupción; de lo contrario no podría explicarse el cambio de la normatividad en la industria minera, realizada en el gobierno de Salinas de Gortari, mediante la cual desaparecieron, prácticamente, las obligaciones fiscales de las empresas mineras y se abrieron fantásticas expectativas de elevadas tasas de utilidades para su ingreso al país.
Y luego, las autoridades de todo tipo se desviven en otorgarles el máximo de facilidades al grito de que vienen a crear algunas fuentes de trabajo. Está bien, pero como dice López Obrador, igual que en Canadá ¿A poco no cambiarían las cosas en las regiones en donde se encuentran enclavadas las riquísimas minas de oro, si se aplicaran medidas tendientes a otorgarle a los propietarios de ellas el mínimo de condiciones de bienestar, del mismo modo que en aquel país?
Porque podrán estar pagando salarios de lujo en estos momentos (de ninguna manera), pero que no se comparan con los exigidos –y otorgados– por los trabajadores canadienses, ni con las múltiples prestaciones laborales, así como en las ingentes sumas aportadas por las empresas para la preservación del medio ambiente, para cumplir con las muy estrictas regulaciones ambientales de aquel país.
Si los salarios y las prestaciones laborales otorgados por las empresas mineras canadienses asentadas en Chihuahua fuesen iguales a los otorgados en aquel país ¿Habría trabajadores mexicanos que optasen por emigrar hacia aquellos lares?
Las respuestas son obvias. Del mismo modo, si las condiciones en que viven los jóvenes mexicanos fueran semejantes a las de la juventud de esos países, con toda seguridad no estaríamos en medio de la peor crisis de seguridad pública de la historia contemporánea.
De este modo, del tan traído y llevado radicalismo del más importante dirigente de la izquierda mexicana, no hay tal, sus propuestas son lo más parecido a lo existente en los países desarrollados en los que se han impuesto una serie de condiciones al capital privado, sin plantearse, para nada, su expropiación, que lleven al establecimiento de los estándares de vida que tanto les envidiamos los habitantes de los países subordinados.
Lo que sucede es que el contraste entre aquellos modos de vida y el nuestro, en que la diferencia es la marcada tendencia a aceptar la declinación del Estado mexicano de sus principales obligaciones, una de las cuales, de las más importantes son las del establecimiento de impuestos a las actividades productivas, la regulación de las relaciones obrero-patronales que lleven al establecimiento de condiciones de estabilidad laboral y, sobre todo, la obtención de los recursos necesarios para su mejor desempeño en el otorgamiento de los bienes a los que todo Estado moderno (democrático) está obligado.
Del mismo modo, en el tema de la seguridad pública, López Obrador mantiene una postura diametralmente opuesta a la de Felipe Calderón, y como la mayoría de los analistas y especialistas en el tema del narcotráfico, puso el acento, para intentar resolver la actual situación, en que no bastan las medidas coercitivas, porque “creen –dijo– que van a resolver el problema nada más con soldados, marinos, policías, con cárceles, con amenazas de mano dura; nosotros pensamos distinto, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia; si hay trabajo, si hay oportunidades, si se atiende a los jóvenes –que se les ha abandonado– podremos enfrentar el flagelo de la violencia. Lo primero tiene que haber es empleo, que haya bienestar y (luego) atender a los jóvenes, porque las cárceles están llenas de ellos; la mayoría de los 40 mil muertos son jóvenes en esta guerra estúpida, hay que ir casa por casa ofreciéndoles oportunidades de empleo a los jóvenes. Podrán decir que eso es imposible ¡Pues es la única manera de empezar a resolver el problema de la inseguridad y la violencia”.
Luis Javier Valero Flores
Reputado insistentemente como un elemento radical de la izquierda mexicana, de extremista, Andrés Manuel López Obrador desmenuzó el programa de su agrupamiento, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que, de llegar a la Presidencia de la República, llevarían al cabo. De su intervención en la Plaza de Armas de la capital del estado el pasado jueves, se puede desprender todo menos que sus propuestas sean las que enarbolaran durante decenas de años los socialistas o los comunistas en México.
Es de tal magnitud el viraje a la derecha de la sociedad mexicana que propuestas de gobierno de corte moderado, al estilo de las democracias desarrolladas en Europa, particularmente las del norte de ese continente, son tomadas por una buena parte de los medios de comunicación y sus principales personeros, sobre todo los pertenecientes al duopolio televisivo (que ya no es sólo propietario de la mayor parte de los canales y sistemas de televisión, sino también de las principales cadenas radiofónicas) como algo menos que el programa de los comunistas, planteado por Karl Marx más de siglo y medio atrás.
Dos aspectos de su intervención, derivadas del ambicioso programa expuesto en su libro “Nuevo Proyecto Alternativo de Nación”, llamaron la atención para reflexionar con los lectores: Su postura respecto a la ola de violencia y la referente a la explotación minera en el país, pero fundamentalmente en Chihuahua.
Y las dos son un clarísimo ejemplo de cómo sus propuestas, de un bajo perfil, típicas de los países capitalistas desarrollados, encuentran innumerables rechazos viscerales de la derecha entronizada en el poder y de sus numerosos corifeos; de paso evidencian el lamentable giro a la derecha de una buena parte de la sociedad mexicana (por supuesto, muestra de una indudable falta de cultura política), así como del despojo del que ha sido víctima el país a manos de un pequeñísimo grupo de empresarios y de la clase política gobernante que, además, por si fuera poco, acude gozosa a entregar gigantescas porciones de la riqueza nacional al extranjero.
No podía haber mejor ejemplo de lo anterior que la explotación minera, en la cual Chihuahua ha despuntado en los últimos años, sobre todo en la obtención de oro –somos el segundo productor nacional– y en la cual se sigue el modelo nacional, es decir, entrega al capital extranjero de las muy ricas minas de oro –en este caso a las más grandes empresas mineras canadienses–, prácticamente sin costo alguno para las empresas, sin el cobro de impuestos, sin la exigencia de un mínimo de compromiso con la sociedad y sólo la entrega por parte de alguna de las empresas mineras asentadas en la entidad, de migajas, a cambio de las verdaderas fortunas obtenidas en la Tarahumara.
López Obrador fue tajante en esta actividad económica, como en Canadá, dijo, van a seguir trabajando, se van a respetar los convenios, nada más que van a tener que pagar mejores salarios, igual que en Canadá; les vamos a decir que cuiden el medio ambiente, como en Canadá; y les vamos a decir que paguen impuestos, como los pagan en Canadá, esa es la regla, así va a ser el trato. Como en Canadá.
Lo que pasa, aseveró, es que los gobiernos de las últimas tres décadas han entregado 25 millones de hectáreas del territorio nacional a las empresas mineras, casi todas ellas extranjeras, esa cantidad de terreno representa el 12% del territorio nacional, es la enajenación más grande desde el gobierno de Porfirio Díaz, criticó severamente el ex candidato presidencial en lo que fue uno de los planteamientos más cercanos a las condiciones particulares de una parte de la actividad económica chihuahuense, en la que deberemos reflexionar seriamente.
¿Son propuestas comunistas? ¿Cómo lo van a ser, si son la norma en Canadá?
Que un político de oposición en México retome esas propuestas, simplemente revela el grado de salvajismo con el que es gobernado un país en el cual se refugian –para mantener altas tasas de utilidad, de explotación, dirían los clásicos del marxismo– empresas que en sus países de origen deben aportar más recursos para el mantenimiento de los estándares de vida de aquellas naciones.
Es decir, igual que 500 años atrás, la explotación de los recursos naturales de nuestros países sigue incólume, y ahora peor, con la anuencia de los gobernantes. Tales temas podrían considerarse ajenos a la ola criminal que nos asuela, pero sin duda alguna se encuentran en el origen de la misma, incluidos los altos niveles de corrupción; de lo contrario no podría explicarse el cambio de la normatividad en la industria minera, realizada en el gobierno de Salinas de Gortari, mediante la cual desaparecieron, prácticamente, las obligaciones fiscales de las empresas mineras y se abrieron fantásticas expectativas de elevadas tasas de utilidades para su ingreso al país.
Y luego, las autoridades de todo tipo se desviven en otorgarles el máximo de facilidades al grito de que vienen a crear algunas fuentes de trabajo. Está bien, pero como dice López Obrador, igual que en Canadá ¿A poco no cambiarían las cosas en las regiones en donde se encuentran enclavadas las riquísimas minas de oro, si se aplicaran medidas tendientes a otorgarle a los propietarios de ellas el mínimo de condiciones de bienestar, del mismo modo que en aquel país?
Porque podrán estar pagando salarios de lujo en estos momentos (de ninguna manera), pero que no se comparan con los exigidos –y otorgados– por los trabajadores canadienses, ni con las múltiples prestaciones laborales, así como en las ingentes sumas aportadas por las empresas para la preservación del medio ambiente, para cumplir con las muy estrictas regulaciones ambientales de aquel país.
Si los salarios y las prestaciones laborales otorgados por las empresas mineras canadienses asentadas en Chihuahua fuesen iguales a los otorgados en aquel país ¿Habría trabajadores mexicanos que optasen por emigrar hacia aquellos lares?
Las respuestas son obvias. Del mismo modo, si las condiciones en que viven los jóvenes mexicanos fueran semejantes a las de la juventud de esos países, con toda seguridad no estaríamos en medio de la peor crisis de seguridad pública de la historia contemporánea.
De este modo, del tan traído y llevado radicalismo del más importante dirigente de la izquierda mexicana, no hay tal, sus propuestas son lo más parecido a lo existente en los países desarrollados en los que se han impuesto una serie de condiciones al capital privado, sin plantearse, para nada, su expropiación, que lleven al establecimiento de los estándares de vida que tanto les envidiamos los habitantes de los países subordinados.
Lo que sucede es que el contraste entre aquellos modos de vida y el nuestro, en que la diferencia es la marcada tendencia a aceptar la declinación del Estado mexicano de sus principales obligaciones, una de las cuales, de las más importantes son las del establecimiento de impuestos a las actividades productivas, la regulación de las relaciones obrero-patronales que lleven al establecimiento de condiciones de estabilidad laboral y, sobre todo, la obtención de los recursos necesarios para su mejor desempeño en el otorgamiento de los bienes a los que todo Estado moderno (democrático) está obligado.
Del mismo modo, en el tema de la seguridad pública, López Obrador mantiene una postura diametralmente opuesta a la de Felipe Calderón, y como la mayoría de los analistas y especialistas en el tema del narcotráfico, puso el acento, para intentar resolver la actual situación, en que no bastan las medidas coercitivas, porque “creen –dijo– que van a resolver el problema nada más con soldados, marinos, policías, con cárceles, con amenazas de mano dura; nosotros pensamos distinto, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia; si hay trabajo, si hay oportunidades, si se atiende a los jóvenes –que se les ha abandonado– podremos enfrentar el flagelo de la violencia. Lo primero tiene que haber es empleo, que haya bienestar y (luego) atender a los jóvenes, porque las cárceles están llenas de ellos; la mayoría de los 40 mil muertos son jóvenes en esta guerra estúpida, hay que ir casa por casa ofreciéndoles oportunidades de empleo a los jóvenes. Podrán decir que eso es imposible ¡Pues es la única manera de empezar a resolver el problema de la inseguridad y la violencia”.
jueves, 2 de junio de 2011
¡Qué miércoles!
El Diario, 2 de junio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Aterran, estremecen, pasman los titulares de los periódicos digitales de ayer que, además, echan por tierra aquella conseja popular de que ya perdimos la capacidad de asombro frente a la ola criminal:
A dos días de haber denunciado la corrupción, matan a Oropeza.
Ultiman a hombre a tiros en el bulevar El Saucito.
Matan a policía especial y hieren a cuatro clientes en asalto a sucursal de Santander
Narcos siembran el terror en Balleza; asesinan a jefe de Policía (Luego se informaría que sólo estaba herido pero sin saberse, hasta el cierre de esta colaboración, el verdadero estado en el que se encuentra).
Desaparece presidente seccional de Pachera, municipio de Guerrero.
Entran a su casa y le quitan la vida en fraccionamiento de ‘acceso restringido’.
Amanece reo sin vida en celda de UBR…
Justamente cuando nos aprestábamos a celebrar el hecho de que por tercer mes consecutivo la ola homicida se mostraba a la baja en Juárez, un nuevo crimen proditorio vino a sembrar el pesimismo entre los chihuahuenses pues las implicaciones del asesinato del ex subdirector del penal viejo de Chihuahua, la Unidad de Bajo Riesgo (UBR), Fernando Oropeza, son, a cual más, de negras.
Asombra que, por lo menos, en tres de los casos más paradigmáticos de los últimos meses no aparezca por ninguna parte el mínimo de proyección prospectiva en la Fiscalía General. Las respuestas, ante los naturales cuestionamientos acerca de la protección otorgada a las ahora víctimas fatales, son las mismas, no la habían pedido, dicen.
Así, en el caso de Álvaro Sandoval, el héroe de Palomas, la Fiscalía General afirmó que había rechazado la protección oficial; luego, ante el asesinato de Marisela Escobedo, arguyeron que la custodia era ‘discreta’, tan discreta resultó que los asesinos no batallaron para superarla y ahora, en el asesinato de Oropeza dicen que no solicitó protección gubernamental.
Algo deben hacer en Gobierno del Estado, pero ya. Ante los reclamos de Marisela Escobedo, se argumentó que su trabajo indagatorio no estaba bien hecho.
A Oropeza lo enviaron a recabar pruebas de la corrupción denunciada por él y a la que se declaró ajeno. Ahora tienen la prueba suprema de la existencia de una enorme red de corruptelas al interior de la UBR.
¿De veras, creen que no necesitaba protección un hombre que gritaba a los cuatro vientos que le habían sembrado las pruebas y que expresaba, sin tapujos, algo que todos los demás intuimos y ahora sabemos, que es la existencia de muy poderosos intereses al interior de los penales?
Podría haber mentido, pero hay un hecho que llama, sobremanera, la atención, la oposición a que personal de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) estuviese presente en la revisión del penal y a que, hasta una semana después, como si se escondiese algo, se les permitiera el acceso.
Más aún, llama la atención que el mismo Oropeza hubiese admitido que él le autorizó a un reo la introducción de las mesas del billar al penal. Todo lo anterior develó cruda, violentamente la enorme olla de corrupción que son los penales de Chihuahua y el enorme descuido con el que son manejados, abruman los casos de los últimos días que revelan la absoluta falta de control de las autoridades sobre ellos.
Y ahora no se puede argüir que la causa es el enorme número de reos del orden federal ¿Cómo, si el antiguo penal de la capital chihuahuense es de bajo riesgo?
O se pone en el primer lugar de las prioridades de la seguridad pública en el estado asumir el control de los penales o la pendiente por la que transitamos se volverá aún más inclinada, quizá hasta volverse una caída vertical en la ruptura del orden legal y del tejido social, hasta ahora vigentes.
Además, los acontecimientos acaecidos en la capital de Chihuahua en los últimos meses, nos están hablando de un agravamiento de la problemática de este tipo que, bien lo saben los juarenses, acaba por carcomer al total de la sociedad.
Finalmente ¿Los hechos anteriores no nos deben llevar a la conclusión, expresada por muchas voces al inicio de la actual gestión, en el sentido de que son muchas las funciones abarcadas por la Fiscalía General? Porque lo sucedido hasta hoy denota que la situación, en lugar de mejorar, se ha agravado.
Aún es tiempo.
Luis Javier Valero Flores
Aterran, estremecen, pasman los titulares de los periódicos digitales de ayer que, además, echan por tierra aquella conseja popular de que ya perdimos la capacidad de asombro frente a la ola criminal:
A dos días de haber denunciado la corrupción, matan a Oropeza.
Ultiman a hombre a tiros en el bulevar El Saucito.
Matan a policía especial y hieren a cuatro clientes en asalto a sucursal de Santander
Narcos siembran el terror en Balleza; asesinan a jefe de Policía (Luego se informaría que sólo estaba herido pero sin saberse, hasta el cierre de esta colaboración, el verdadero estado en el que se encuentra).
Desaparece presidente seccional de Pachera, municipio de Guerrero.
Entran a su casa y le quitan la vida en fraccionamiento de ‘acceso restringido’.
Amanece reo sin vida en celda de UBR…
Justamente cuando nos aprestábamos a celebrar el hecho de que por tercer mes consecutivo la ola homicida se mostraba a la baja en Juárez, un nuevo crimen proditorio vino a sembrar el pesimismo entre los chihuahuenses pues las implicaciones del asesinato del ex subdirector del penal viejo de Chihuahua, la Unidad de Bajo Riesgo (UBR), Fernando Oropeza, son, a cual más, de negras.
Asombra que, por lo menos, en tres de los casos más paradigmáticos de los últimos meses no aparezca por ninguna parte el mínimo de proyección prospectiva en la Fiscalía General. Las respuestas, ante los naturales cuestionamientos acerca de la protección otorgada a las ahora víctimas fatales, son las mismas, no la habían pedido, dicen.
Así, en el caso de Álvaro Sandoval, el héroe de Palomas, la Fiscalía General afirmó que había rechazado la protección oficial; luego, ante el asesinato de Marisela Escobedo, arguyeron que la custodia era ‘discreta’, tan discreta resultó que los asesinos no batallaron para superarla y ahora, en el asesinato de Oropeza dicen que no solicitó protección gubernamental.
Algo deben hacer en Gobierno del Estado, pero ya. Ante los reclamos de Marisela Escobedo, se argumentó que su trabajo indagatorio no estaba bien hecho.
A Oropeza lo enviaron a recabar pruebas de la corrupción denunciada por él y a la que se declaró ajeno. Ahora tienen la prueba suprema de la existencia de una enorme red de corruptelas al interior de la UBR.
¿De veras, creen que no necesitaba protección un hombre que gritaba a los cuatro vientos que le habían sembrado las pruebas y que expresaba, sin tapujos, algo que todos los demás intuimos y ahora sabemos, que es la existencia de muy poderosos intereses al interior de los penales?
Podría haber mentido, pero hay un hecho que llama, sobremanera, la atención, la oposición a que personal de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) estuviese presente en la revisión del penal y a que, hasta una semana después, como si se escondiese algo, se les permitiera el acceso.
Más aún, llama la atención que el mismo Oropeza hubiese admitido que él le autorizó a un reo la introducción de las mesas del billar al penal. Todo lo anterior develó cruda, violentamente la enorme olla de corrupción que son los penales de Chihuahua y el enorme descuido con el que son manejados, abruman los casos de los últimos días que revelan la absoluta falta de control de las autoridades sobre ellos.
Y ahora no se puede argüir que la causa es el enorme número de reos del orden federal ¿Cómo, si el antiguo penal de la capital chihuahuense es de bajo riesgo?
O se pone en el primer lugar de las prioridades de la seguridad pública en el estado asumir el control de los penales o la pendiente por la que transitamos se volverá aún más inclinada, quizá hasta volverse una caída vertical en la ruptura del orden legal y del tejido social, hasta ahora vigentes.
Además, los acontecimientos acaecidos en la capital de Chihuahua en los últimos meses, nos están hablando de un agravamiento de la problemática de este tipo que, bien lo saben los juarenses, acaba por carcomer al total de la sociedad.
Finalmente ¿Los hechos anteriores no nos deben llevar a la conclusión, expresada por muchas voces al inicio de la actual gestión, en el sentido de que son muchas las funciones abarcadas por la Fiscalía General? Porque lo sucedido hasta hoy denota que la situación, en lugar de mejorar, se ha agravado.
Aún es tiempo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)