domingo, 31 de julio de 2011

Diferendos

El Diario, 31 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Ahora sí que no entendimos. El alcalde juarense informó de la paulatina salida de la Policía Federal de Juárez a partir de septiembre, en el entorno de un cada vez más confuso incidente, en el que los federales balearon la camioneta del jefe de la policía municipal y cuando aún no cesaban los balazos que ejecutaron a diecisiete reos en el penal del antiguo Paso del Norte. Luego, al día siguiente de la presentación de la denuncia penal contra los agresores de Julián Leyzaola, la Secretaría de Gobernación (SG) se acuerda del incumplimiento del ayuntamiento juarense en varios aspectos, por lo que suspende la entrega de los recursos del Subsemun, igual que lo anunció meses atrás para la capital del estado.

Extrañamente, el gobernador del estado y el diputado local priísta, René Franco, coincidieron en la esencia de la argumentación de la dependencia federal, la que en voz del subsecretario de Gobierno de la SG, Juan Marcos Gutiérrez, acusó al Ayuntamiento de Juárez de no cumplir con la ley en materia de justificación de los recursos recibidos: “Que no le quepa duda a Juárez ni a ningún otro municipio; la Federación aplicará la ley: quien no cumpla con los compromisos en las transferencias federales de apoyos económicos para la mejora de la seguridad pública, simplemente se aplica la norma y se suspenden los recursos… esto debería ser una pauta para que el alcalde (Murguía) apriete las tuercas y se ponga las pilas para cumplir a lo que se comprometieron”.

Por considerar altamente ilustrativo del nivel de argumentaciones de quienes tienen en sus manos la administración de los recursos en contra del crimen organizado, reproducimos un fragmento de la entrevista que La Jornada (30/VII/11) le hizo a Gutiérrez:

“- Las autoridades municipales de Ciudad Juárez aseguran que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, les informó que los policías federales se retirarían paulatinamente de esa ciudad, a partir de septiembre, con motivo del operativo para los Juegos Panamericanos. Comentan también que se enteraron por la prensa de la suspensión de recursos federales…

- Eso es lo de menos. Ahora ellos deberían estar preocupados en qué están fallando en materia de compromisos derivados del acuerdo (del subsidio en referencia) o qué no han acreditado.

- ¿No habrá dinero entonces para quien no cumpla?- se le preguntó al subsecretario Gutiérrez.

- Lo peor de todo es que sí hay (dinero). (Aunque) no habrá el resto de las entregas porque el gobierno federal tiene un espíritu de confianza, de buena fe, y entrega por adelantado un porcentaje importante del subsidio. Entonces, si ellos han cumplido, que lo demuestren”.

Y ante la aseveración de Murguía acerca de la salida de los federales, el gobernador Duarte y el Secretario de Gobernación, Blake Mora, descalificaron seriamente al alcalde, en lo que parece, digan lo que digan, un muy claro diferendo entre los dos gobernantes locales, en un asunto para nada menor, nomás el papel a jugar no solamente por la federal sino, fundamentalmente, por los cuerpos policiacos locales.

Fue de tal envergadura la reacción de Duarte y Blake Mora que ocasionó la retractación del alcalde, en una situación que tiene una importancia mayor, reveladora de una gran disparidad de concepciones, en el ámbito local, en la estrategia a seguir en contra, ya no solamente del crimen organizado, sino también del incremento de los delitos del orden común, generalmente motivados por la sangrienta disputa de los cárteles del narcotráfico en Chihuahua.

Sin embargo, ante el hecho causante de la última de las molestias de los gobernantes juarenses, las autoridades estatales han callado, lo que viene a reforzar la percepción de un enfriamiento –por decirlo eufemísticamente– de las relaciones entre Duarte y Murguía, motivado, además, se dice, por la definición acerca de la candidatura al Senado, que en el caso de Murguía tiene un fondo mayor: la de acceder nuevamente a la senaduría y de ese modo mantener intactas sus aspiraciones y posibilidades de convertirse, ahora sí, en el 2016, en el candidato de su partido al gobierno de Chihuahua.

En sentido contrario, deberá admitirse que el gobernador Duarte declaró que gestionaría la entrega de los recursos ahora escamoteados por el gobierno federal, pero las dudas prevalecerán, y más en un entorno en el que no se aprecia, salvo algunos cuantos índices y detenciones –sobresalientemente la supuesta (hasta el momento de redactar esta colaboración) de José Antonio Acosta, acusado de ser uno de los principales dirigentes de La Línea– un sensible mejoramiento de los índices de seguridad en la entidad, antes bien, un agravamiento de ellos en la capital, en lo que parece ser una repetición de la ruta crítica seguida en Juárez a partir de los primeros meses del 2008.

Y si el incidente de Leyzaola (por supuesto que no es un hecho menor) levantó ámpula por lo señalado anteriormente, la ejecución de 17 reos del penal del Juárez, no quedó atrás. Ambos hechos mostraron, una vez más, la lejanía existente entre la realidad y las versiones oficiales sobre la delincuencia y los hechos de sangre.

La versión de Leyzaola despierta muchas dudas pues se dijo que había declarado que los polifederales le habían disparado cuando su vehículo iba acompañado de algunas patrullas de la municipal; sin embargo, analizada la nota que da cuenta del hecho se aprecia un aspecto muy importante, el jefe policíaco afirma que la zona por la que transitaba era “segura”.

Así lo consignó la reportera: “Al voltear vi a un policía federal enfrente de la camioneta disparando hacia mi persona y al voltear, completo, había un grupo entre 10 y 15, todos disparando hacia mi camioneta. Yo iba a una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora y pedí a mi chofer que se parara, cuando cesaron los balazos. Yo me bajé y encaré al primer oficial, primero lo había hecho mi chofer y luego yo. La pregunta fue, ¿por qué me dispararon, si era una zona segura? No tenían por qué dispararme. Nunca me dio una respuesta, nos fuimos donde estaba el otro grupo y también les pregunté quién llevaba el mando, nadie me dio una respuesta. Todos dispararon en contra de mi vehículo”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario, 29/07/11).

¿Sería que las policías establecieron un círculo de seguridad (o varios) como comúnmente se hace en estas circunstancias y que al último círculo, el más cercano al penal, ya no podía acceder ningún vehículo ajeno a las fuerzas de seguridad, de ahí la frase de “zona segura”, es decir que ahí ya no tendrían por qué ponerse nerviosos los policías federales por la presencia de un vehículo para ellos desconocido?

Y luego ¿Cómo es posible que los policías federales no conozcan el vehículo del jefe de la policía de la ciudad en la que están actuando, como no conocen el del alcalde?

¿Sería mucho pedirle a los elementos tal conocimiento?

Si en este hecho nos encontramos con dos versiones, contradictorias, la ofrecida por las autoridades estatales acerca de la masacre del penal juarense no guarda congruencia con las imágenes transmitidas a los medios de comunicación por la Fiscalía General. El video mostrado es prueba evidente de lo anterior. La versión ofrecida por la autoridad fue que los asesinatos formaban parte de una estratagema para propiciar una fuga masiva, la que afortunadamente, dicen, fue evitada.

Pero lo que ahí vimos fue una parte de los hechos principales. Un grupo de delincuentes, aparentemente sin armas, aunque en las bolsas de sus chamarras deportivas pudiera advertirse que sí las portaban, ingresan al pasillo de acceso de una celda llevando a un guardia del penal, en el fondo del cual se encuentra otro. Luego, los delincuentes le exigen al custodio que metieron le ordene a otro, en cuyo poder se encuentran las llaves de acceso a la celda y a otra puerta, las entregue.

Claramente se ve que el custodio le pregunta si las entrega y éste, aparentemente superior de aquel, asiente con la cabeza. Una vez entregadas las llaves, abren las puertas del acceso y de la celda y disparan, por momentos con evidente torpeza y nerviosismo, en tanto otro dispara algunas veces a través del visillo de la puerta por la que ingresaron. Terminada la “tarea” todos corren, los custodios por esa puerta y los asesinos por la contraria.

¿Qué fue eso? No fue un enfrentamiento, fue una ejecución.

Los hechos “colaterales” sí pudieron ser enfrentamientos, pero lo mostrado en el video es que los sucesos del lunes tenían un objetivo: Acabar con las personas que se encontraban atrás de esa puerta.

jueves, 28 de julio de 2011

Interrogantes sin respuestas

El Diario, 28 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Los más preocupantes hechos de los últimos días acaecidos en las dos principales urbes chihuahuenses desatan puras preguntas, semejantes a las realizadas en los últimos años y, como aquellas, sin respuestas.

La ejecución de diecisiete reos en el penal de Juárez y el sorpresivo paro del transporte urbano en la tarde-noche del martes en la ciudad de Chihuahua, como protesta de los dueños de las concesiones ante la ola de violencia desatada contra ellos, aparentemente como resultado de las extorsiones efectuadas recientemente, constituyen una faceta más de la escalada de violencia y degradación social sufridas por los chihuahuenses.

¿Quiénes autorizaron la celebración de la orgía en el penal juarense la noche del domingo? ¿Quiénes autorizaron la entrada de prostitutas, drogas, licores y armas? ¿Quiénes los participantes de ese festín? ¿Dónde las autoridades?

Más aún ¿Quién dio la orden de disparar al vehículo del jefe policiaco Julián Leyzaola en esa noche, la del lunes, de confusiones, terror, disparos y sangre en el penal?

Y si nos remontamos al pasado reciente ¿Qué resultados arrojaron las investigaciones acerca del asesinato del escolta del alcalde juarense Héctor Murguía a manos de policías federales; y las del incidente posterior en el que los escoltas de este fueron amenazados, también por polifederales?

Este episodio muestra, al igual que el acontecido semanas atrás en el viejo penal de Chihuahua, ahora denominado Unidad de Bajo Riesgo, que los penales son de los lugares mejor controlados por los integrantes del crimen organizado, que ahí no existe el mínimo respeto de los delincuentes por la autoridad y que devela nítidamente la incompetencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno; aunque deberemos hacer la precisión que en la presente ocasión, como en el de Chihuahua, los ahora responsables provienen de las fuerzas federales y han sido promovidos a esos puestos por los acuerdos de los titulares de los ayuntamientos y del poder ejecutivo del estado, a propuesta de los mandos militares, o de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Lo más inquietante del caso es que, independientemente de su jurisdicción, sean municipales, estatales o federales, ninguna autoridad ha podido controlar un territorio y unas instalaciones que, se supone, están hechas para ejercer el máximo de los controles, construidas para “reinsertar”, a los que ahí se recluya, a la sociedad.

Pues no.

Y si la situación arde en Juárez, en la capital no está mejor, al contrario, con los días pareciera que estamos frente al mismo proceso degradante y progresivo sufrido por los juarenses en los años previos.

La escalada sufrida por los habitantes de la capital pareciera repetir aquel patrón, presentado a partir de los primeros meses del 2008, justamente cuando se daba la alerta del crecimiento desmesurado de la violencia y de los homicidios. Luego aparecieron los secuestros y las extorsiones y el incremento del resto de los índices delictivos.

Lo posterior es el presente de Juárez, prácticamente paralizada la actividad económica, ausente la gente de las calles, de los centros de diversión y esparcimiento; y decenas, miles de casas y locales comerciales vacíos.

Los asesinatos de connotados profesionistas, de propietarios de restaurantes; los incendios de madererías, de restaurantes, de taxis y autobuses de transporte urbano y la ola de extorsiones desatadas en las últimas semanas, así como el incremento de robo de vehículos a mano armada han puesto en jaque a los capitalinos.

La cereza del pastel la otorgaron los dueños de las concesiones del transporte urbano. Justamente irritados a causa de los ataques de los dos días más recientes, decidieron realizar una de las medidas de protesta más irracionales de que se tenga memoria.

En lugar de efectuar su protesta en mejores condiciones, previniendo a la sociedad, a sus usuarios, esos que podrían ser sus mejores aliados, decidieron -¿Quién lo decidió, el sempiterno líder cetemista, Doroteo Zapata, o algunos de sus subalternos?- paralizar al transporte urbano en las primeras horas de la tarde-noche del martes y con ello dejar en la indefensión a muchos de los desfavorecidos económicos de la capital del estado, los usuarios del transporte urbano.

Extraña manera de protestar ¿O esa medida tuvo que ver con la instrumentación del nuevo sistema de transporte?

martes, 26 de julio de 2011

Apoyos incondicionales, ¿regreso al pasado?

El Diario, 26 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
De repente como que los signos de un inminente regreso al pasado son, no solamente mayores, sino ominosos. Cuando creíamos ya superadas las etapas de los apoyos incondicionales de las centrales campesinas y sindicales al ex otrora todopoderoso partido de Estado, o séase el PRI, hete aquí que nos encontramos de frente, con una preocupante frecuencia, con episodios claramente semejantes a aquel pasado.

El domingo anterior, la Confederación Nacional Campesina chihuahuense, en la persona de su dirigente estatal, Abraham Montes Alvarado, y los alcaldes emanados de esa agrupación, publicaron una inserción en El Diario mediante la cual expresaban su “apoyo irrestricto a la propuesta presentada” por el gobernador César Duarte Jáquez, para que el Gobierno del Estado recaude el impuesto predial.

Sin embargo, el texto publicado muestra palmariamente el desconocimiento del asunto por parte de quienes debieran ser los principales conocedores de tal tema pues forma parte de las que debieran ser sus preocupaciones; o bien, teniendo a la mano el conocimiento, decidieron expresar su apoyo a una medida que, repetimos no es tan benéfica para una buena cantidad de municipios, especialmente los de menor población y presupuesto; o que la recaudación propia hace innecesaria la participación estatal.

Dicen los alcaldes y su líder Montes que “… De manera especial en los municipios donde predomina la población rural el impuesto predial es la fuente de ingresos más importante y es en estos en los que se tienen las mayores limitantes para realizar una recuperación eficaz y oportuna, lo cual se refleja en una carga de cartera vencida, quedando sujetos a la buena voluntad de los contribuyentes”.

Bueno, pues ese impuesto no es la fuente de ingresos más importante generalizada, además de que, revisada la recaudación obtenida en 2009 (la última de que se tiene conocimiento) y la proyección contenida en las leyes de ingresos, resulta que o, bien no son tan altos los ingresos, o la recaudación final no es tan insignificante, por lo menos en algunos de los municipios gobernados por los alcaldes firmantes del desplegado en mención.

Así, en Huejotitán la recaudación ascendió a 45 mil pesos y lo proyectado para este año es de 74 mil pesos, con un rezago de 254 mil pesos; en El Tule recaudaron alrededor de 50 mil y piensan recaudar 110 mil este año.

La situación en Aldama es distinta, recaudaron 3.2 millones de pesos de una recaudación proyectada de 7.8 y un rezago de 14.7 millones de pesos ¿Por qué?

A su vez, en Gran Morelos recaudaron 317 de 390 mil a recaudar, con un rezago de solo 71 mil pesos. Este municipio ¿para qué quiere la estructura del gobierno estatal?

En situación parecida se encuentra Riva Palacio que recaudó 1.1 millón de pesos, de 1 millón 514 mil proyectado y un rezago moderado de 480 mil pesos; en similares circunstancias se encuentran Belisario Domínguez, con una recaudación de 313 mil de los 393 mil proyectados y un rezago de 264 mil; y Villa López, con 629 mil pesos recaudados de los 841 mil planeados y un rezago de 810 mil. En la misma circunstancia se encuentra San Francisco de Conchos con una recaudación de 1 millón de pesos de una proyección de 1 millón 280 mil, pero con un rezago de 2 millones 71 mil (162%). 37,500.

Para no abundar en muchos números, anotemos que Rosario recaudó 115 mil de 242; Villa Ahumada captó 3 millones 265 mil pesos de los 4 millones 840 mil planeados, y un rezago de 11 millones 660 mil pesos. Rosales recibió 1 millón 22 mil, de 1 millón 910 mil proyectados.

La excepción la constituye La Cruz que recaudó 624 mil pesos de los 500 mil planeados.

Ahora bien, tal preocupación edilicia no parece ser tanta si tomamos en cuenta sus salarios: Huejotitán 63 mil pesos mensuales; Aldama, 44 mil pesos; Aquiles Serdán 58 mil; Balleza 86 mil pesos; Riva Palacio 65 mil 500; Belisario Domínguez, 52 mil; Villa López, 32 mil; San Francisco de Conchos, 37 mil 500; Rosario, 51 mil 500; Villa Ahumada, casi 54 mil; Rosales, 46 mil y Saucillo ¡80 mil pesos al mes

Vistas así las cosas, no se antoja que los municipios anotados necesiten la ayuda estatal para la recaudación, caso contrario sería, en todo caso, la recaudación del rezago, ahí sí la estructura del gobierno del estado podría mejorarla.

domingo, 24 de julio de 2011

Sicilia, reforma política y complot

El Diario, 24 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Dos hechos, aparentemente sin ligazón visible, al contrario del juicio del escribiente son los temas de hoy: La aparición de Javier Sicilia en el Congreso de la Unión, exigiendo –¡pero ya– la aprobación de la reforma política aprobada recientemente por el Senado; y la publicación, efectuada por el periódico La Jornada, de los cables de WikiLeaks en los que se da cuenta de la petición del Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, al gobierno norteamericano, para que “detuvieran a López Obrador” en el 2006 en su pretensión de obtener la presidencia de la república.

Imposible no diferir del poeta Javier Sicilia en su exigencia de la aprobación inmediata de la reforma política, pues si le seguimos sus no pocas críticas a la clase política –definida así, sin más rubor– realizadas no solamente a partir de la tragedia de perder a su hijo, sino insistentemente a partir de este hecho, denota su escaso conocimiento de lo aprobado por los senadores, que en su conjunto refuerza el control de los partidos hasta en las figuras de la democracia participativa contenidas en esa reforma.

No solamente imponen una serie grande de trabas a las candidaturas independientes sino que, por otro lado, en una muy manipulada versión de los “premios” ciudadanos a las “buenas gestiones”, se aprobó la reelección inmediata de alcaldes y diputados, lo que, lógicamente, se convierte en un evidente reforzamiento del control de la clase política sobre el gobierno, el poder político, y la preeminencia de quienes se encuentren en esas posiciones de privilegio.

Se podrán decir infinidad de cosas, pero el manejo personalizado, discrecional, del presupuesto puesto en sus manos les servirá para obtener de mejor manera, más fácil, la candidatura para el siguiente período… y el otro. Y luego, como Porfirio Díaz, prestarle el puesto a su compadre para regresar al período siguiente y, por tanto, a las reelecciones siguientes.

Por eso asombra la enjundia mostrada por Sicilia en su exigencia, y no es una frase, es literal: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras, es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Dejen de darnos atole con el dedo y ya no apliquen tácticas dilatorias, apruébenla como se las mandó el Senado”.

“No queremos que le hagan cambios, apruébenla ya como la envió el Senado. Es una vergüenza que no tengamos candidaturas independientes. Ya no nos den atole con el dedo”.

¿De dónde saca Sicilia que la reelección continua es un mandato ciudadano? Más aún ¿En que nos beneficiamos, en materia de seguridad pública, si los alcaldes y diputados se reeligen? ¿Con ello mejorarán los índices de seguridad? ¿No habrá visto el texto de la reforma, en la parte que establece los mecanismos para dar curso a una candidatura ciudadana?

Incisivo, sabedor, en este caso sí, de los tiempos, Sicilia retó a los legisladores: “¿Habrá reforma política el 28 de este mes?”, para luego insistir: “¿Habrá reforma política este año?”. Y los diputados, de todos los partidos, le respondieron afirmativamente.

Más aún, extremadamente crítico de la gestión de Felipe Calderón, debiera haberle asombrado la postura de los diputados federales del PAN, quienes, en voz de Josefina Vázquez Mota, ratificaron su anuencia a la reforma tal y como la aprobó el Senado.

Ciertamente todos los aspectos de la vida social del país están íntimamente ligados, en especial a la profunda crisis en materia de seguridad pública, razón por la que Sicilia apareció tan protagónicamente en la escena pública, pero surgen muchas dudas acerca de la profundidad de su conocimiento de la reforma política.

Así, bajo la presión de Sicilia y sus compañeros, los legisladores se comprometieron a que el próximo 28 de este mes, es decir, el jueves, habrá dictamen sobre la minuta de reforma política que aprobó el Senado y envió a San Lázaro el pasado 28 de abril.

Pero si finalmente el movimiento encabezado por Javier Sicilia mostró el rotundo fracaso de la administración federal, y del conjunto de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia, los cables intercambiados entre el embajador norteamericano acreditado en el Vaticano y la Secretaría de Estado, acerca de la petición del cardenal Juan Sandoval Íñiguez a Estados Unidos en 2006, de detener el avance de López Obrador, además de calificar de “peligroso” el avance de la izquierda en América Latina, desveló el enorme compromiso de una parte de la más alta jerarquía eclesiástica, no solamente con los más poderosos hombres de empresa en México (quienes apostaron todo a detener el previsible triunfo del perredista) sino con el gobierno norteamericano encabezado por George W. Bush, uno de los más peligrosos para el planeta, de todos los que hemos sufrido.

De acuerdo con el cable 06VATICAN61 de WikiLeaks, redactado por la embajada de Estados Unidos en el Vaticano, el embajador norteamericano informó que a Sandoval Íñiguez le preocupaba el avance de la izquierda en Latinoamérica, justamente cuando las fuerzas de este segmento político, con todos sus matices, ganaban prácticamente todas las elecciones en América del Sur, el polémico cardenal dijo que esto aumentaba el poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales (ganador de las elecciones en Bolivia), Néstor Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Chile) y la potencial victoria, en ese momento, de López Obrador, lo que, dijo, era “una tendencia peligrosa”.

Sandoval preguntó si el presidente (George W.) Bush podría ayudar, además de afirmar que “durante el gobierno de López Obrador el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México”.

En las preocupaciones coincidían el cardenal y el gobierno norteamericano, pues el embajador Rooney le informó “que durante una visita al Vaticano el entonces subsecretario de Estado, Thomas A. Shannon –ahora embajador de Estados Unidos en Brasil–, ya había tratado el tema de la ola izquierdista latinoamericana… (y) agregó que el presidente Bush había tocado en tiempo y forma el tema con el nuevo nuncio papal en Washington, señala el cable.”. (Nota de la redacción, La Jornada, 22/VII/11).

La información de los cables es altamente reveladora. Los funcionarios norteamericanos señalaron que “Los cardenales sienten que los pobres de Latinoamérica no entienden los beneficios potenciales que les puede traer el mercado libre, por lo que apremiaron al gobierno de Estados Unidos” a ayudar a concretar tratados de libre comercio. Como si tal asunto formara parte de las preocupaciones espirituales de los católicos del continente americano y no, como era en realidad, uno de los ejes centrales de la política norteamericana, bajo el pomposo nombre de Iniciativa de las Américas.

¿Qué de cierto hay en tales comunicaciones? Hasta ahora solo existe una timorata respuesta del personal del cardenal, pero ningún deslinde del gobierno norteamericano. Colocados en la disyuntiva de elegir a quien creerle, deberemos optar por la versión de los vecinos del norte, obligados a guardar, por el marco legal vigente allá, un mínimo de veracidad en la función pública y a respetar la documentación de los reportes realizados por el personal diplomático de sus sedes en todo el planeta.

Lo que no existe, por lo menos hasta ahora, es la documentación de la respuesta del gobierno norteamericano, y mucho menos de las acciones emprendidas por esta instancia. Así, al paso del tiempo siguen apareciendo infinidad de evidencias de que el proceso electoral no transcurrió con la “normalidad” que argumentan actores como Luis Carlos Ugalde, a la sazón Presidente Consejero del IFE, y se acumulan más bien las evidencias en sentido contrario, las que refuerzan la tesis inicial de López Obrador, la de la existencia de un “compló”.

Con todas ellas, cuesta trabajo creer que el gobierno de Bush no estaba preocupado por el ascenso de la izquierda en el continente americano, su iniciativa caía estrepitosamente en el cono sur ante la emergencia izquierdista y el abandono, de esos gobiernos, de todas las líneas de acción trazada por los gobiernos norteamericanos.

Era inconcebible, para esos intereses, que tal tendencia pudiera salir adelante también en México.

Ahora lo sabemos a ciencia cierta.

viernes, 22 de julio de 2011

Llamada a misa predial

El Diario, 21 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Días atrás, el gobernador del Estado, César Duarte, realizó una propuesta, en un discurso durante la reunión sostenida con la directora General de Banobras, Georgina Kessel, consistente en que el Gobierno del Estado, por contar con una mejor infraestructura, podría recaudar el Impuesto Predial, “lo cual ayudaría a que los municipios obtengan el 100 por ciento del ingreso”.

Desatada la polémica, Duarte señaló que tal acuerdo, sin cambiar el marco legal vigente, podría ser como las llamadas de misa: “el que quiera la toma y el que no, no hay ningún problema”.

Año con año, prácticamente en todas las auditorías efectuadas por la Auditoría Superior del Estado a los ayuntamientos aparece un conjunto de “observaciones”, efectuadas por la dependencia fiscalizadora, con montos significativos en el que un buen número de ciudadanos presentan un atraso importante en el pago del Predial. En el curso de su argumentación, el gobernante se asomó, por momentos, a la realidad planteada en el impactante filme mexicano “La ley de Herodes”, pues dijo que los más influyentes ciudadanos de cada municipio –en los más pequeños y marginados, generalmente–, por sus relaciones con el gobernante municipal se ven eximidos de ser requeridos del pago de ese impuesto.

Por esa razón, dijo, el Gobierno estatal, sin esas ataduras, podría ser un mejor recaudador, a cambio de que la administración estatal entregase a los municipios el total de la cantidad proyectada en la Ley de Ingresos del municipio a recaudar en el curso del año. Ahora precisa César Duarte que se les podría entregar en el primer trimestre del año.

Más aún, después de la declaración inicial del gobernante, el secretario de Hacienda estatal, Cristian Rodallegas, lanzó la idea de crear una especie de SAT (Sistema de Administración Tributaria) que tuviese facultades semejantes al federal en el ámbito local.

Son dos propuestas, la segunda implica, esa sí, una modificación al marco legal, en especial el de las atribuciones exclusivas de los municipios, una de ellas, quizá la más importante en materia de recaudaciones, la del Impuesto Predial, con mucho, el más cuantioso ingreso propio municipal.

Ambas propuestas deberán, por tanto, contener una característica ineludible, no podrán etiquetarse los recursos, éstos deberán ser de la más amplia facultad de los ayuntamientos pues a diferencia de los otros, las participaciones federales y estatales –con todas sus modalidades– son de su exclusiva competencia.

Ahora bien, si por otra parte se pretende beneficiar a los municipios más marginados, deberán buscarse otras alternativas pues de acuerdo con la información obtenida por el CP Manuel Siqueiros –expresada a lo largo del programa Aserto-Radio del 19 de julio– este tipo de municipios recaudan cantidades menores de este impuesto. Huejotitán, por ejemplo, proyectó recaudar 106 mil pesos en el presente año, pero en 2009 sólo recaudó 46 mil (las sumas de 2010 aún no están al alcance de los ciudadanos pues no se han incluido las cuentas públicas de ese año en las páginas de Transparencia del Congreso del Estado).

Cantidades semejantes serían recaudadas (por lo menos en la proyección) por municipios como Batopilas y Carichí, pero distintos a Aldama y Aquiles Serdán que oscilan entre los 4 y los 8 millones de pesos, cifras importantes para el buen inicio de año de estos ayuntamientos.

Sin embargo, Juárez y Chihuahua son ayuntamientos que deberían sopesar adecuadamente tal medida –si sólo hablamos del Predial– pues es sabido que recaudan el 80 por ciento, aproximadamente, del total del ingreso por este concepto y como quiera que se plantee, seguramente el Gobierno estatal deberá cobrar una tasa de interés por las cantidades adelantadas.

Renglón aparte es el cobro del rezago del cobro del Impuesto Predial pues ahí, ni duda cabe, la estructura del Gobierno estatal es, por mucho, más adecuada para efectuar esa recaudación.

Pero por encima de todo ello, deberá, si se aprueba por los ayuntamientos, tal medida, prevalecer un signo, el del más estricto respeto a la autonomía, para que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas.

PD.- Nos pueden sintonizar, todas las tardes a las 6 pm, hora de Chihuahua, en la dirección: www.antena760.com

lunes, 18 de julio de 2011

Reveses a la guerra calderonista

El Diario, 17 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Dos noticias, dos eventos, de enorme trascendencia, ambos relativos al principal problema, por lo menos para la mayoría de la población de los estados norteños, la seguridad pública, dan motivo a la reflexión pues sus consecuencias serán, uno, el protagonizado por los gobernadores -con la celebración de la Convención Nacional de Seguridad Pública, celebrada a principios de la semana en Chihuahua capital- de mediano plazo, y el otro, el protagonizado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá de impactar al país durante largas décadas –ojalá-. Los dos superan en importancia lo realizado por las fuerzas de la izquierda electoral en el estado de México, tema al que habremos de regresar con alguna frecuencia con motivo de las elecciones presidenciales.
Y es que seguramente los resultados de la elección mexiquense pudieran obnubilarnos por la contundencia de la victoria priista, pero también mostraron que López Obrador es quien tiene la mayor fuerza dentro del espectro de la izquierda, con una magnitud que impidió la concreción de la alianza entre el PRD y el PAN, cosa que finalmente hubiese llevado al perredismo a la pérdida de cientos de miles de votos en el inminente proceso electoral; demostró que finalmente Marcelo Ebrard estaba de acuerdo con esa línea política, instrumentada por el grupo hegemónico al interior del PRD, antagonista del ex candidato presidencial, el dirigido por el ex presidente nacional, Jesús Ortega.
La especulación del escribiente consiste en que con la alianza de todos modos el PRI se habría alzado con la victoria y se hubiese impedido la caída libre del partido de Felipe Calderón y no se habría podido dar pie a la reconstrucción de las fuerzas del PRD mexiquense, algo a lo que la participación de Alejandro Encinas y López Obrador contribuyó enormemente, solo recuérdese que la senadora Yeidkol Polevnsky solo llegó al 8% de las preferencias electorales, muy inferior al casi 21 de Encinas.
Tal diferencia puede contar, y mucho, el año entrante.
Pero en tanto se apagaban los rescoldos de aquella elección, los gobernadores se daban cita en Chihuahua para celebrar lo que denominaron Convención Nacional de Seguridad Pública, con todo y que, prácticamente, solo podían participar los mandatarios, sin más opiniones que las de sus equipos e invitados muy selectivamente escogidos.
Si bien alcanzaron acuerdos positivos, (bueno, relativamente) exhibieron su impreparación para hacer frente al enorme desafío levantado por la delincuencia organizada y la acelerada degradación social, que avanza por todo el país sin fuerza alguna que la detenga.
¿Qué explicación pueden dar quienes son, en la práctica y en la realidad, los dirigentes de las diputaciones federales, ante el hecho incontrovertible de que la ley para combatir el narcomenudeo fue aprobada por el Congreso de la Unión el 20 de agosto de ¡2009! y solo hasta ahora, a quince días de la puesta en vigor, reaccionen y exijan a la federación el otorgamiento de 13 mil millones de pesos para hacerle frente a los compromisos derivados de esa ley? (Perdón por la extensión de la pregunta).
Expliquémonos. La ley en comento –como dirían nuestros ínclitos legisladores- establece claramente en sus artículos transitorios que las legislaturas locales habrían de aprobar las adecuaciones necesarias al ámbito de sus competencias, además, ordena que el gobierno federal y los estatales habrían de destinar de sus respectivos presupuestos las partidas necesarias para resolver las necesidades derivadas de la aplicación de esta ley.
Y no son pocas atribuciones, no es solamente la relacionada con la detención de los presuntos delincuentes por este motivo, sino que les señala la obligación de atender aspectos como la prevención y atención a las adicciones pues inusitadamente esta ley tiene como atributo principal un enfoque privilegiadamente de salud pública.
Pues bien, entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre del año pasado, los diputados federales y sus líderes formales y reales debieron considerar en el presupuesto de egresos de la federación las partidas para la creación de los grupos policiacos respectivos, la de las dependencias necesarias para las adicciones, el equipamiento adecuado y la consiguiente capacitación del personal respectivo.
No había necesidad de pedir nada al gobierno federal que, por otra parte, debió considerar en su propuesta presentada a la Cámara de Diputados en la primera fecha, las partidas respectivas.
¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué esperarse, literalmente, al cuarto para las doce para reclamar que no existe la capacidad necesaria para hacerle frente a tal fenómeno?
Podemos coincidir en que los municipios no tienen esa capacidad, pero tuvieron dos años para atenuarla ¿por qué no se hizo? Y ahora los Presidentes Municipales, agrupados en la Federación Nacional de Municipios, solicitarán una prórroga para la puesta en vigor de la ley.
¡Ah pero no nos podemos quejar, al presentar las conclusiones de la mesa de trabajo que abordó este tema, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, nos lanzó un mensaje tranquilizador: “Se trata de un serio problema de recursos, pero que queden claros nuestro compromiso y convicción en la lucha contra el narcomenudeo”!
¡Híjole, si no nos lo dice no hubiésemos podido dormir, ya estamos tranquilos pues sabemos de su enorme compromiso!
El reclamo de los gobernadores es de un monto de 13 mil millones de pesos, a ejercer en los próximos tres años para la creación o reforzamiento de las unidades de inteligencia en las entidades, a efecto de perseguir el lavado de dinero y la aplicación de la ley de extinción de dominio para detener el flujo de recursos a las organizaciones criminales.
Y de que hay discrepancia en tales asuntos lo evidenciaron las declaraciones del alcalde juarense, Héctor Murguía, y su jefe de policía, Julián Leyzaola Pérez, quienes afirmaron que el cuerpo policiaco municipal ya está listo “pues desde hace meses emprendió la capacitación a los agentes y la preparación a toda la corporación”. (Nota de A. Salmón y D. Domínguez, El Diario, 12/07/11).
Murguía se quejó del monto, aunque no de la puntualidad de la llegada de los recursos federales que, dijo, siguen siendo muy pocos para equipar a las policías.
Leyzaola fue más preciso en la descripción de la preparación de los policías municipales juarenses en esta tarea, dijo que “la Policía Municipal cuenta con un equipo de reacción, especializado para la persecución del delito de narcomenudeo y se está capacitando a otro dedicado a la investigación de delitos como secuestro y extorsiones”. ¡Vóytelas!
Además, “… consideró que los vendedores de droga y quienes los surten, están modificando la forma de operar para evitar ser detectados, por eso es necesario mantener la vigilancia directa con policías a pie y en unidades de fácil acceso a los callejones para poder detenerlos al momento de realizar las transacciones de droga”. (Ibídem).
Es decir, unos sí sabían y otros no, unos sí hicieron la tarea y los otros prefirieron esperarse a reunirse con los demás para, al abrigo de la Conferencia de Gobernadores, deslindarse de las responsabilidades que la nueva legislación les deparó.
Aquí, repetidamente, hemos sostenido las graves deficiencias, incapacidades y ausencia de concepciones estratégicas de la administración federal en el combate al narcotráfico; en el presente caso no se escapa, pero en el tema abordado ahora son las mandatarios estatales quienes cargan con la mayor parte de la culpa de no afrontar con la suficiente solvencia uno de los aspectos centrales del tráfico de drogas.
Vamos, ni siquiera en la concepción, llamémosla armamentista, muestran eficiencia, al contrario. Tal pareciera que las ineficiencias de unos y otros se van sumando y al final nos quedamos con la impresión de que sí se quiere combatir al narco ¿Pero no tanto?
Y si esa tendencia sufrió un serio revés, propinado por la impreparación de los gobernadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les propinó otro, contundente, y altamente esperanzador para quienes aspiran a que el combate al narcotráfico, la guerra de Calderón pues, se conduzca bajo el más estricto respeto a la ley.
Al darle seguimiento a la determinación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del 2009 en el sentido de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar se contraponía con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, la SCJN resolvió que en casos de violaciones de los derechos humanos de civiles, cometidos presuntamente por elementos de las fuerzas militares, deberán ser tribunales civiles quienes “conozcan” del caso y no, como hasta ahora han pretendido las fuerzas armadas, los tribunales militares.
Enhorabuena.
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Yo no negocié

El Diario, 14 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
El sainete escenificado por Miguel Angel Yunes, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón se asemeja a una de las mejores películas de los hermanos Coen, protagonizada por Frances McDormand y William H. Macy, entre otros, Fargo, que obtuvo un sinfín de reconocimientos.
La trama consiste en que un hombre necesita dinero y contrata a dos individuos para que secuestren a su mujer y exijan un rescate a su millonario suegro. Pero nada le sale bien al marido secuestrador. Al primer error, para enmendarlo, comete otro, mayor, y así hasta el infinito. Obviamente termina en la cárcel, aprehendido por una provinciana policía (McDormand).
Así están los protagonistas de este sainete, a cada paso van mostrándonos las inmundicias del ejercicio del poder.
En la noche del 2 de julio del 2000, decenas de miles de ciudadanos, reunidos alrededor del Angel de la Independencia, le hacían un reclamo-exhortación a Vicente Fox: No nos falles, no nos falles.
Los panistas llegados al poder, gracias al hartazgo de la gente de los gobiernos priistas no supieron y no quisieron entender el mensaje. No se trataba solamente de no ser corruptos como sus antecesores, no era solamente no comportarse autoritariamente como los priistas en el poder, era, también, y primordialmente, desmantelar el viejo aparato de estado, destruir el sistema político vigente hasta entonces.
Vital era desmantelar el aparato clientelar y el corporativismo sindical, fuente inagotable del poder de los gobiernos priistas. No solamente no lo hicieron. Lo revitalizaron y lo modernizaron, creyeron que era para su beneficio, para mantenerse a como diera lugar en el poder, hoy lo sufren, y con ellos el país entero.
Ahora resulta que Felipe Calderón, el autor de la tristemente célebre frase del “haiga sido como haiga sido”, emulando a Fox –por aquello del “¿Y yo por qué”?-, para deslindarse de la maestra Gordillo, afirma que su única relación con ella fue para construir “el acuerdo por la calidad educativa” que implicó que como Presidente de la República “respetara posiciones o perfiles que le habían sido reconocidos, o negociados, no sé, desde la administración anterior”.
¿Qué?
¿Es decir, Fox negoció posiciones a la Gordillo, a cambio de su apoyo a Calderón y éste disciplinadamente acató una vez llegado al poder y no sabe a ciencia cierta en que consistió la negociación?
Es decir ¿Calderón no negoció con la Gordillo? ¿Quién le cree?
Pero va más lejos, aterrorizado del curso que puede seguir el presente conflicto, ahora se atreve a afirmar que al aceptar otorgar esas posiciones en su gobierno, "en ningún momento hubo carta de impunidad para nadie, ni para la maestra ni para nadie, (ni) una licencia para saquear las arcas". Entonces ¿Sí ha habido saqueo, en versión del encargado de la administración pública federal? ¿Y por qué no presenta la denuncia correspondiente?
Dispuesto a todo con tal de no aparecer como quien negoció con la lideresa magisterial, afirma que hubo un acuerdo de Fox para la designación de los directores del Issste y de la Lotería Nacional, y que estos "fueron dialogados, conversados, vistos en común con el sindicato y yo no me opuse finalmente a eso, a cambio de que hubiera un acuerdo por la calidad educativa, cosa que sí existió".
¡Cosa maravillosa es este Calderón! Gracias a sus habilidades negociadora ahora tenemos excelencia en materia educativa, gracias, también a que el yerno de la maestra es el subsecretario de Educación Básica.
Y ya puestos en la moda cercenadora del presente, Calderón aseveró que "explícitamente le di instrucciones a los directores de que nadie meta aquí la mano a la caja, y el que meta la mano se la corto… ".
¡Híjole! ¡Qué presidente tenemos para el momento presente!
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martes, 12 de julio de 2011

Agio oficial y privado

El Diario, 12 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
En tanto los gobernadores y sus equipos afinan y dan a conocer el resultado de las deliberaciones de la Convención Nacional de Seguridad Pública, al cobijo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, importa detenerse en un aspecto poco mencionado en los días que corren, convencidos todos –o casi– que las variables macroeconómicas se mantienen estables, como prueba de la buena conducción gubernamental, dicen los panistas, y ese asunto son las elevadas tasas de interés bancarias.

Que éstas se encuentren en tales condiciones a nadie parece importarle en el gobierno, acostumbrados a que la principal actividad de los bancos no se ejerza en nuestro país. Esto es, que los bancos son las instituciones encargadas de otorgar créditos a la sociedad; para eso se crearon, que no lo hagan y obtengan más del 80 por ciento de sus utilidades por la vía del cobro de las comisiones, sobre todos los servicios que prestan (menos el otorgamiento de créditos) a nadie despeina en el ámbito oficial –pueden preocuparles, pero eso no importa, pues si son gobernantes sus preocupaciones debieran traducirse en políticas públicas y, por tanto, dejar de preocuparse–, al contrario, a una buena parte de la élite mexicana hasta natural les parece que algunos de los consorcios más poderosos del planeta obtengan la mayor parte de sus ganancias, a nivel mundial, en México, gracias al cobro de las comisiones.

Por ello, tampoco debería asombrarnos encontrar que hasta en las instituciones oficiales, o sea las que por su propia naturaleza no están orientadas a la obtención del lucro pues sus funciones son de servicio, se cobren tasas de verdadera usura, como es el caso de instituciones encargadas del otorgamiento de vivienda, o incluso establecimientos privados, como el Nacional Monte de Piedad, pregonada como una institución filantrópica.

¿Cómo va a serlo si cobra el 4 por ciento de interés mensual y todavía se ufana de pregonar que “Nadie presta ni ayuda más”?

Comparadas con las tasas “normales” de los agiotistas pues sí parece ser una tasa “cómoda”. No lo es, ese 4 por ciento mensual que cobra por empeñar artículos se convierte en una tasa del 60 por ciento anual, muy parecida a la aplicada por la mayoría de las casas bancarias, no obstante que a los ahorradores estas últimas les pagan tasas inferiores al 10 por ciento anual, si bien les va.

¿Cómo pueden enorgullecerse de estas situaciones quienes tienen la responsabilidad de conducir el país, incluidas, se supone, las finanzas nacionales?

Más aún ¿Cómo puede ufanarse de ser una institución de asistencia privada –“235 años con México” – si sus préstamos están orientados a que sus usuarios pierdan los bienes otorgados como garantía, debido a las tasas de interés y a las condiciones económicas de los mismos, generalmente quienes se encuentran en los más bajos niveles de ingresos económicos de la sociedad?

¿Cómo puede presumirse de la estabilidad financiera si en la práctica la actividad económica está paralizada –y pueden lanzarnos mil argumentos, pero los niveles de bienestar son inferiores a los de una década atrás– y el otorgamiento de créditos goza de igual condición además de que los servicios bancarios son de los más caros del mundo?

Así, tanto el mundo oficial como el privado contribuyen de manera decidida a la prolongación de la actual situación económica y sin que se atreva, la administración federal, a romper el orden vigente que solo genera más estancamiento, parálisis laboral, mas pobreza, menos financiamiento –en términos reales– para las actividades productivas y, por tanto, a la perpetuación de las condiciones económicas.

Una parte importante de la clase política, en particular la emergida del PAN, pero no solamente de este partido, toda la asociada a los más poderosos grupos empresariales, han exigido fervientemente a lo largo de últimos años, la aprobación de una reforma fiscal, pero en sus propuestas no se contempla, de ninguna manera, la baja inmediata de las tasas de interés, todas, las bancarias y las demás.

Si las demás variables financieras y económicas se han mantenido estables, si ese es uno de los principales motivos de orgullo del actual gobierno ¿Porqué no efectuar esta reforma que incidiría de manera decisiva en la vida económica del país?

¿O será precisamente por eso? ¿Para mantener los privilegios de quienes mantienen postrado al país?

domingo, 10 de julio de 2011

¿Estamos frente al futuro?

El Diario, 10 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Con un fuerte abrazo solidario a Juan Enrique López Aguirre por la dolorosa pérdida de su señor padre, Don Juan López Gracia.

El triunfo del PRI en la elección gubernamental del Estado de México era previsible, incluso para los contendientes de Eruviel Ávila; lo que no lo era es que las diferencias en la votación fuesen abismales. El domingo anterior, panistas y perredistas sufrieron una derrota apabullante. A pesar de la justificación de que las cifras abstencionistas fueron elevadas (57 por ciento del padrón electoral no fue a votar), las diferencias entre el candidato priísta y el del partido en el gobierno, Luis Felipe Bravo Mena, y el del PRD, Alejandro Encinas, son superiores a las peores expectativas que pudiesen haber albergado estos. Cincuenta puntos en el caso del primero y 40 en el segundo pudiesen entenderse en una elección realizada en cualquier entidad con antecedentes de una hegemonía sostenida del PRI, no en el Estado de México.

Como en todos los procesos electorales, el resultado es producto de innumerables factores. Podría decirse –como de hecho lo sostuvieron en la semana diversos analistas– que todas las elecciones son distintas y que la del domingo pasado no puede concebirse como el adelanto de la elección presidencial.

Podría coincidirse en tal opinión, el problema estriba en que las elecciones mexiquenses vienen a reforzar la tendencia favorable al PRI, presente casi desde el momento en que Felipe Calderón tomó posesión. En este lapso perdieron importantísimos bastiones: Aguascalientes, Mérida, Chihuahua, el corredor “azul” del Estado de México, entre otros, además de gruesos porcentajes electorales.

En cada proceso electoral se apreciaba la tendencia a la baja del PAN, y por el contrario, a la alza el PRI.

Ahora ya tenemos elementos para afirmar que la mayoría del electorado ya ejerció el voto de castigo al gobierno federal; así lo dicen los resultados de las elecciones locales, la federal del 2009, la cuasi elección nacional local del 2010 y las celebradas el domingo anterior. Porque no fue solamente la derrota mexiquense, también en Coahuila y Nayarit, de menor repercusión por obvias razones, pero igualmente apabullantes.

Además de contar con el padrón más grande del país, el Edomex sí cuenta con una población cuyo comportamiento electoral puede tomarse como referencia del nacional, de tal manera que elaborar un pronóstico favorable al PRI en las elecciones del próximo año tiene muchos fundamentos. Pueden ser distintas las elecciones, pero ¡ah como cuenta partir de una base de tres millones de votos Es decir, los alcanzados por Ávila que, con mucha razón, se le pueden “otorgar” a Enrique Peña Nieto.

En esa suma y resta de factores para explicarnos los resultados electorales del pasado domingo deberán anotarse dos como los más destacados: El rechazo de la mayoría de la población al gobierno de Calderón (sus calificaciones en todas las encuestas sobre su desempeño son abajo del 50 por ciento), en general, y en particular en materia de seguridad pública en donde la absoluta mayoría concluye que el gobierno federal, no sólo ha equivocado su estrategia sino que ha perdido la guerra contra el crimen organizado, y su injerencia en el partido en el cual ha influido decisivamente en la designación de dirigentes nacionales y candidatos.

Con un Consejo Nacional integrado en un 70 por ciento por funcionarios del gobierno federal, Calderón pudo influir decisivamente en la designación de Germán Martínez Cáceres, primero, y luego de César Nava, con el agravante de que éste venía desempeñarse como su secretario particular, misma función que desempeñaba Bravo Mena hasta antes de convertirse en el abanderado panista en la elección mexiquense.

Podrá argumentarse que no es el caso de Gustavo Madero, pero las crónicas, y las fotos, sobre la elección en el Consejo Nacional fueron altamente ilustrativas del protagonismo de Margarita Zavala, la esposa de Calderón y nadie puede, a estas alturas, decir que ambos personajes se conducen en la vida política sin coordinación alguna, al contrario. Si a alguien se le puede reclamar por la conducción del partido será sin duda alguna a Felipe Calderón, pero no solo.

¿Son puras deficiencias del partido en el poder las explicaciones de su derrota? Por supuesto que no, importa, y mucho, la capacidad del PRI para mantener su unidad en la designación de candidatos, no mantenerla explica su derrota en Sinaloa y Puebla el año anterior (Oaxaca deberá ponerse aparte, el desgaste del grupo gobernante y el hecho de venir de una rebelión trunca, que eso fue el fenómeno del 2006, explican bien el triunfo de la alianza opositora) y no tanto porque la alianza de PAN y PRD haya venido a catapultar el triunfo de sus candidatos.

Ahí el PRI perdió porque se dividió. Pero en Estado de México el PRI cuenta con una sólida estructura, cimentada, sí, en la política clientelar de siempre, de una magnitud que asombra, por la cantidad de recursos empleados en ella. Y si le aunamos la alianza del gobernador Peña Nieto con el duopolio, en especial el de la empresa de Emilio Azcárraga, en la que participan varios de los más poderosos hombres de negocios de México, además de la principal firma refresquera del mundo, concluiremos que no es, por tanto, la simple decisión de la empresa televisiva de apoyar al mexiquense en su pretensión de ungirse Presidente de la República.

No era una elección estatal más, en ella se jugaban muchas cosas. Y todas las fuerzas políticas se emplearon a fondo. Los priístas llegaron al extremo de aprobar la elevación de un punto al IVA, con tal de que Calderón se comprometiese a no impulsar las alianzas electorales en Oaxaca y Edomex. Como corsarios que se reparten el botín, acordaron, en función de sus muy particulares intereses, puestos por encima de los de la nación, a pesar de todos los discursos que nos espetan, afectar la economía de millones.

Luego, ante el rompimiento de su compromiso, por parte de los panistas, Peña Nieto, en el mejor de los ejemplos de cuando el PRI era el partido “casi único”, modificó la ley electoral para prohibir las candidaturas comunes, figura que podrían haber utilizado PAN y PRD para eludir el engorroso proceso de la coalición electoral y así, sin compromiso partidario alguno coincidir, si así los condujeran los acontecimientos, en apoyar a uno de los candidatos.

Un aspecto en particular logró consolidar el triunfo del PRI, la designación de Eruviel Avila, no integrante del grupo hegemónico en ese partido en Edomex, quien gozaba de los más altos niveles de preferencias electorales, por encima de quien se consideraba como el favorito del grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo. La experiencia sinaloense les sirvió, cuentan que de no haber designado a Ávila, corrían el riesgo de que a éste lo sedujeran panistas y perredistas y, entonces sí, se repitiese el escenario de Sinaloa, Durango, Puebla y Oaxaca del año anterior y romper de esa manera con las condiciones que han hecho posible la permanencia de la tendencia nacional.

Hay un factor más. Es de tal magnitud el desastre nacional en materia de seguridad pública que la mayoría de los electores “se corren” a las posiciones más conservadoras, en esa orientación influye, también, la inseguridad económica que a pesar de la estabilidad macroeconómica tan alardeada por los panistas, no se traduce en más empleos y mejores salarios, por el contrario.

Tales factores son, quizá, los más importantes en la construcción de tal tendencia electoral en la que el PRI con mucha frecuencia está alcanzando porcentajes superiores al 50 por ciento de los votos, incluso en Nayarit, elección que se tomó como “disputada” y que en los hechos nos mostró que el candidato priísta casi obtuvo la mitad de los votos (48 por ciento).

¿Es un PRI renovado, democrático, moderno, de izquierda (como dijo Beatriz Paredes) el que parece regresar a Los Pinos?

Por desgracia, no, lo hace con la mayor parte de sus peores métodos, quizá, esos sí, renovados, pero lo hace de la mano de los poderes tácticos, realizando en cada una de las entidades, con mayor o menor intensidad, elecciones auténticamente de Estado.

Tan significaba la mayor de las importancias para el priísmo nacional que este se abocó en masa a apoyar en cada una de las secciones electorales, y si no, que lo desmientan los diputados locales chihuahuenses, los cuadros operativos del PRI juarense, y de infinidad de dirigentes de todos los niveles, de todo el país. Se jugaban el futuro inmediato, así lo entendieron.

Si podemos, si los acontecimientos nos lo permiten, la próxima semana abordaremos, aquí, la actuación de la izquierda.

sábado, 9 de julio de 2011

Los apretones del poder

El Diario, 7 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Aún no termina formalmente el proceso electoral del Estado de México y ya se desató salvajemente la disputa presidencial. Uno de los primeros pronunciamientos del presidente nacional priista, Humberto Moreira, -el de buscar la alianza con el Partido Nueva Alianza (PANAL)- ha desatado un vendaval de acontecimientos y declaraciones que muestran, así sea someramente, la profundidad del mar de corrupción en el que navega la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
A la declaración de Moreira reaccionó inmediatamente el otro aspirante presidencial, Manlio Fabio Beltrones, (muy lejano en las encuestas más recientes, la de Mitofsky de junio le otorga el 7.6% de las preferencias electorales de quienes se dijeron priistas, frente a un contundente 87.1 de Peña Nieto) quien desestimó un acercamiento de tal naturaleza, para lanzar una “sesuda” propuesta: Aliarse con la sociedad. Como si esta fuera ajena y no, como debiera ser la expresión correcta, parte de ella.
Pero como si fuera una coincidencia, como si estuviese esperando los mejores tiempos electorales, después de más de una semana de haber recibido sendas acusaciones de la maestra Elba Esther Gordillo, su antiguo colaborador, Miguel Angel Yunes, destapó el martes una de las mayores cloacas del poder en México, la de la cúpula magisterial encabezada por Gordillo.
Hombre siempre polémico, no tanto por su intransigencia personal en la defensa de principios ideológicos o políticos, sino porque ha ejercido el poder de manera despótica, en cualquiera de las posiciones por él ocupadas a lo largo de una luenga carrera política y, fundamentalmente porque nunca ha podido permanecer ajeno al poder. Yunes fue un férreo secretario de Gobierno al lado del Gobernador veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios (época en la que otro muy destacado laboraba, también a la sombra del más tenebroso de los funcionarios públicos mexicanos, el hoy senador Beltrones. Seguramente de ahí vienen las no pocas redes de relaciones entre ambos) luego, ante el ascenso de Gordillo a la coordinación de los diputados federales y su posterior salida del PRI, Yunes se desempeñaría como uno de los más cercanos colaboradores, ciertamente con márgenes de independencia mayores que los de emergidos del magisterio.
Ya fuera del PRI, Yunes se convertiría en uno de los mejores operadores de Gordillo y su alianza con Calderón. Los pagos a su actuación funcionaron de inmediato, fue Secretario del Consejo de Seguridad Pública, subsecretario de la misma secretaría.
Pero antes, en el período inmediato a la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000, y hasta mayo del 2001, Yunes fue el Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, es decir, el encargado de los penales de todo el país, justamente en la época, sí, lo ha de estar pensando, en que Joaquín Loera escapó del penal de Puente Grande.
A su salida de la Secretaría de Seguridad Pública, al término del sexenio foxista y ante la exigencia de Gordillo (ahora lo sabemos en voz de ésta) Yunes ocupó la dirección General del Issste, el hijo de la maestra la subsecretaría de Educación Básica, Roberto Campa Cifrián (su formalmente ex candidato presidencial) la dirección de la Lotería Nacional, posiciones, todas, exigidas por la maestra como pago al apoyo obtenido para ganar la presidencia de la república.
Ya lejano a Gordillo, Yunes fue ungido candidato del PAN al gobierno de Veracruz por la voluntad de Felipe Calderón. Seguramente de ahí le viene la argumentación, ante los reclamos de la maestra de que a él lo había nombrado el presidente, y no Gordillo ¿Quién le cree a Yunes?
Ahora sabemos que la maestra pedía 20 millones de pesos mensuales para el sostenimiento de su partido, pero también que la reforma a la ley del Issste le otorgó la titularidad del fondo de vivienda, también del fondo de retiro de los trabajadores magisteriales, además de las cuotas cobradas a todos los maestros y trabajadores de la SEP, cuyos montos ni siquiera son vistos por los dirigentes sindicales locales, los mismos que están a la espera de ver qué cantidad resuelve entregarles la ahora eternizada presidenta de su sindicato.
“Háganle una auditoría a la maestra” clama Yunes ahora ¿Por qué no dijo eso antes, cuando formaba parte de la élite alrededor de la Gordillo? ¿Porqué esperar a que Moreira dijera que busca la alianza nacional con la maestra, después de haber pactado una sólida relación con ella en Coahuila, la misma que le permitió a uno de sus hermanos convertirse en Gobernador y a otro, ser líder de una sección magisterial, hoy, y de la otra al día siguiente?
¡Ah cuántas cosas nos falta por ver!
Pareciera que todos nos tenemos que volver seguidores de Augusto Monterroso.
El domingo le seguimos.
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martes, 5 de julio de 2011

Andaba de pachanga

El Diario, 5 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
No era cualquier elección estatal, lo intuíamos previamente, ahora tenemos la confirmación. No terminaban de contar los votos en el Estado de México cuando ya el dirigente nacional del PRI hacía anuncios estremecedores. Por una parte, expresaba su simpatía por establecer una alianza con el partido de Elba Esther Gordillo (ahora más que nunca, con su secretario particular de Presidente del Comité Nacional y su hija de Secretaria General) el Partido Nueva Alianza y el Verde Ecologista; y, por otra parte, anunciaba su anuencia para la celebración de un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para aprobar la reforma política, laboral y la Ley de Seguridad Nacional.

Y es que los resultados no podían generar otra actitud. Ya no es noticia decir que el PRI avasalló en las elecciones estatales del domingo, en todas, así la de Nayarit mantenga márgenes, digamos, aceptables entre el priísta y la candidata del PAN, la perredista Martha Elena García Gómez; pero la del Edomex concitó, no solamente la atención nacional, sino también los esfuerzos de miles de priístas de todo el país que tomaron en sus manos una buena parte de la responsabilidad de emerger triunfadores, ahí en donde su cuasi abanderado presidencial es el mandón.

Pueden sentirse satisfechos de los resultados. Su candidato, Eruviel Ávila, superó al segundo lugar, Alejandro Encinas, candidato de los partidos de izquierda, por más de 40 puntos porcentuales y por ¡50 al candidato del partido del gobierno en unas elecciones marcadas por el elevado abstencionismo pues la participación electoral llegó al 43.57 por ciento. Casi 6 millones de electores decidieron no ir a las urnas.

Por lo menos hasta el cierre del PREP, con un poco más del 90 por ciento de las casillas computadas, los resultados eran abrumadores para la oposición: 2 millones 716 mil 945 votos para el PRI (62.42 de la votación); PAN 542 mil 415 (12.46 por ciento) y 923 mil 217 para la alianza de izquierda (21.21 por ciento).

Culminó así un proceso electoral que dista mucho de ser ejemplar para el México moderno. Puede, el priísmo, vanagloriarse de su triunfo, pero quizá no deban enorgullecerse de las razones que los llevaron a tales resultados, los construyeron de la mano de los peores métodos y bajo la conducción de los poderes fácticos, los mismos que ya determinaron –hace rato– que era mejor despertar al dinosaurio para intentar detener la debacle del país, con causas ancestrales, sí, pero expoliadas por la incapacidad de los panistas en el gobierno federal –y en muchas entidades y municipios–.

La victoria del PRI el domingo sí lo es, pero está determinada en alto grado por esa incapacidad de los blanquiazules. La paradoja, en el grupo gobernante, es que, al llegar al gobierno un presidente “más panista”, con una larga trayectoria partidista, con mayores conocimientos y habilidades políticas que Vicente Fox, es cuando han sufrido los peores reveses electorales, lo peor para Felipe Calderón es que no puede argüir ser ajeno a la designación de candidatos, la elaboración de estratagemas electorales, ni de la aplicación de programas gubernamentales en apoyo a sus candidatos. El último episodio de tal injerencia fue la designación de su candidato en las elecciones mexiquenses. Decidió que fuera su hasta entonces secretario particular. Hoy, Luis Felipe Bravo Mena es la viva imagen de la derrota de su partido.

Y el problema es que no es todo, con la caída libre del PAN en los procesos electorales de los últimos cinco años, se fueron a la basura una buena parte de las aspiraciones de cientos de miles de mexicanos que habían visto en este partido la posibilidad de colmar sus aspiraciones de la realización del cambio democrático en el país.

Semejante responsabilidad –por lo menos en la orientación, no así en el grado– deberá asumir la dirigencia del PRD. Hicieron todo para sepultar a la izquierda, a la congruente, a la que había contribuido con su actitud y sus luchas a elevar sustancialmente las simpatías de los mexicanos por esta corriente política, hoy se encuentran en condiciones verdaderamente lamentables. Todos lo estamos, bueno, quizá la mayor parte de los cuadros dirigentes del PRI no, pero la mayoría de los mexicanos resentiremos tales acontecimientos políticos. En materia de construcción de victorias electorales, el viejo PRI volvió por sus fueros y se apresta a regresar a Los Pinos. Visto desde la distancia de un año, se antoja difícil que no sea así.

Lástima, ahora lo hace en desventaja frente a los poderes fácticos. Lo resentiremos todos.

Pero aún faltan largos doce meses.

domingo, 3 de julio de 2011

No cambian estrategia, siguen sin rumbo

El Diario, 3 de julio de 2011
Luis Javier Valero Flores
Las cifras son salvajes. A pesar de todas las acciones gubernamentales, de todos los órdenes de gobierno, la masacre continúa. Las ejecuciones en el país aumentaron durante los primeros seis meses de este año un 16 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el Ejecutómetro de Grupo Reforma, en lo que va del año han ocurrido 6 mil 641 muertes relacionadas con el crimen organizado, mientras que en 2010 se registraron 5 mil 703 entre los meses de enero y junio.

En 21 estados se registró un aumento en el número de ejecuciones en los primeros seis meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En tanto que en algunos pocos estados la incidencia disminuyó, como es el caso de Chihuahua, (especialmente Juárez que lleva cuatro meses con una tendencia, ligera, a la baja, al igual que Chihuahua capital, aunque ésta con una menor disminución, respecto al año anterior), en otros, como Nuevo León, se incrementó en más de 200 por ciento al pasar de 278 ejecutados en 2010, a 844 en lo que va del 2011.

Lo mismo pasa en Durango, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Tal incremento sigue demostrando que la estrategia es equivocada, no solamente se elevan las cifras mortales y la incidencia delictiva, sino que ahora estamos frente a un problema mayor, el incremento de la desconfianza de la gente hacia las autoridades y en que el problema de la inseguridad es el mayor o más importante.

GEA-ISSA, la empresa encuestadora favorita de Felipe Calderón –tan lo es que su ex director, quien actuara con ese cargo en las elecciones del 2006, Guillermo Valdés, es ahora el director del CISEN ¡Nomás– al aplicar un cuestionario en una encuesta nacional levantada en mayo pasado, se encontró con que el 71% de la población cree que la inseguridad y la violencia están afectando su situación económica y la de su familia. A su vez, el 27% no se siente afectado y el 2% no sabe.

En tanto que el 59% se siente afectado directamente por el problema de la inseguridad, mientras el 40% no se siente afectado directamente.

Más sorpresas: Si en marzo 62 de cada 100 aprobaban los operativos en contra del crimen organizado, en mayo esa cifra descendió a 53, en tanto que en el mismo período pasaba de 36 a 45 quienes los desaprobaban y sólo el 40% considera correcta la estrategia, en tanto que el 54 la considera incorrecta.

Tales respuestas tienen correlación con las obtenidas ante el cuestionamiento de si es correcto usar la fuerza pública para enfrentar al narcotráfico. 52% respondió que es incorrecta y sólo el 42 la respalda, en curvas totalmente encontradas que muestran la tendencia ciudadana de considerar equivocada la estrategia gubernamental.

Y ahí aparece el problema mayor, como en otras facetas de la vida política y social del país, éste se divide en dos. Ante la pregunta de si era necesario buscar un acuerdo con las bandas criminales, o continuar la lucha, el 48% respondió positivamente a la necesidad de buscar el acuerdo y el ¡47% que continúe el combate.

Peor no podía estar –para el gobierno– la percepción popular acerca de su principal eje de su actuación, el mismo que le ha costado no solamente la caída de la confianza en Felipe Calderón –según todas las encuestas efectuadas, por abajo del 50%, en todas– sino que ésta se ha reflejado en prácticamente todos los procesos electorales realizados después de las elecciones presidenciales del 2006 y que seguramente continuará, a juzgar por lo sucedido previamente en el Estado de México en el que, hasta el día de hoy, no solamente el candidato del PRI, Eruviel Ávila, lleva una cómoda ventaja, sino que el candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, aparece en tercer lugar, pero muy lejos de los punteros, Ávila y Alejandro Encinas, del PRD.

Y no se trata de cualquier candidato, Bravo Mena no solamente salió de las oficinas presidenciales, en donde se desempeñaba nada menos que como Secretario Particular de Calderón, sino que en sus alforjas lleva el haber sido presidente del Comité Nacional del PAN. Si lo que puede suceder el día de hoy en el EdoMex se repite en las elecciones federales del próximo año, no habrá mejor explicación para tal fenómeno electoral que la desastrosa gestión de Calderón y su empecinamiento en la actual estrategia contra el crimen organizado.

Y es que no se encuentra, por ninguna parte, la inteligencia (ni la contenida en los cerebros de los funcionarios, ni la realizada por los aparatos estatales), pues ni se combate la violencia, ni se reduce el número de víctimas de la misma y en cambio se privilegia la detención de jefes operativos (con algunas contadas excepciones) sin que se afecten, como dicen los especialistas en este tema, las bases de dinero, sus negocios ni sus fuentes de abastecimiento de armas.

Imbuidos, todos los gobernantes del ánimo guerrerista, no aceptan los múltiples llamados de especialistas, académicos, derechohumanistas, organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas, de los miles de deudos, médicos, y de una buena parte de los medios de comunicación, a cambiar el enfoque.

Así, en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores, en voz del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, insistieron en su petición de la elevación del presupuesto de seguridad pública, coincidiendo, en todos sus aspectos, con la postura de Calderón quien expresó, ante tal solicitud, su coincidencia y señaló que podrían analizar sus prioridades con la Secretaría de Hacienda para trasladarlas al presupuesto de egresos de 2012, no sin enfatizar el crecimiento otorgado a las entidades federativas en los últimos años y les “aconsejó” hacer reasignaciones en sus propios presupuestos para darle prioridad a la seguridad.

Así que, a los 450 mil millones de pesos gastados en los últimos cuatro años por las dependencias federales encargadas de la seguridad pública, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Nacional y de Seguridad Pública, así como a la PGR, y los empleados por las entidades federativas, los titulares del Poder Ejecutivo de la Federación y los estados le aumentarán los recursos a esta estrategia fallida.

Pero no hay problema, son muy sensibles al sentir ciudadano y al momento de emitir discursos se olvidan de sus propias actuaciones. ¿Cómo es posible que Calderón lance una frase como ésta, espetada a los gobernadores y secretarios de Estado: “No hay que temer a los ciudadanos, hay que gobernar con ellos”? Híjole, ¿cómo puede decir eso si fue necesaria la movilización de miles para que una madre coahuilense, ante la desaparición de sus tres hijos, pudiera ser escuchada? ¿Ya se olvidaron de Marisela Escobedo que fue hasta sus oficinas para ser recibida y se encontró con todas las puertas cerradas?

Bueno, pues resulta que ni siquiera en la aplicación de tal estrategia cumplen con eficiencia sus propios objetivos. Han dicho una y otra vez que la utilización del ejército en labores policiacas era en tanto se capacitaban, modernizaban y limpiaban las corporaciones policiacas, pero hasta el momento sólo el 13% de los 400 mil policías del país han realizado los exámenes de confianza ¡Y el sexenio ya va a terminar ¿Cuántos sexenios necesitan para examinarlos a todos?

Y hay verdaderas monstruosidades. Del estado de Quintana Roo sólo se han evaluado a 6 de 6,043 elementos policiacos, según estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Incapaces, o reacios a modificar las actuales estrategias, no hay gobernante que, en los discursos, no diga que su gobierno está empeñado en rehabilitar el tejido social, o “recuperar los valores”, sin embargo, en reuniones como la mencionada nadie se acuerda de tales discursos y de la urgente necesidad de modificar las estructuras presupuestales para invertir ingentes sumas en esa reconstrucción social, que más bien podríamos ubicar como la construcción de un nuevo tejido social, porque el previo, el que dio origen a la actual situación, está demostrado, no era funcional y creó la aberrante realidad del México de nuestros días.

¿O deberemos esperar a que la cifra de la masacre rebase los 100 mil ejecutados?

¿Hasta cuándo entenderán que se necesita más dinero en la prevención de las adicciones, en el tratamiento de los adictos, en la construcción y operación de miles de escuelas de tiempo completo, en programas sociales, particularmente en las zonas fronterizas y las mayores urbes, ahí en donde se dieron vuelo impulsando a la industria maquiladora, en sustitución de la de transformación y olvidando la responsabilidad del Estado en el cuidado y educación de niños y jóvenes?