domingo, 30 de octubre de 2011

Convergencia campesina

El Diario, 30 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Sometida la entidad a los dos extremos climáticos, los más severos desde la década de los 40’s –como afirma Martín Solís, el dirigente campesino de El Barzón, reconocido por todas las organizaciones como el más estudioso de las dirigencias campesinas– pues con la diferencia de unos cuantos meses padecimos las temperaturas más bajas y las más altas, también acudimos en el curso de la semana a un extraño fenómeno, protagonizado por el casi total de las organizaciones campesinas –con excepción de la Unión Ganadera Regional– que fue verlas actuar de manera conjunta en la exigencia ante todos los órdenes de gobierno de poner en vigor, de manera inmediata, un programa emergente que paliara las consecuencias de tan extremosas condiciones climáticas.

Llegaron a la conclusión de que sólo con la movilización podrían sensibilizar a las autoridades. Convergieron en la capital del estado, armados de un sombrío diagnóstico de la situación del campo chihuahuense: “Como nunca antes en la historia contemporánea, el estado de Chihuahua es sacudido por la sequía, las heladas extremas, la crisis económica y la violencia generalizada. Como nunca antes, cunde la indignación en el campo, por lo que las organizaciones campesinas de todos los signos políticos hemos decidido movilizarnos con unidad para exigir la implementación de políticas y programas urgentes por parte de todos los órdenes de gobierno”.

Reportaron que la sequía, presente desde octubre de 2010, es del orden de una disminución de alrededor del 40% de las precipitaciones pluviales, que se cuantifican en “un promedio de 217.2 milímetros cúbicos cuando el promedio desde 1941 a 2010 es de 368.7 milímetros”, y se encuentran “gravemente afectadas 17 millones de hectáreas de agostadero, reducidas a niveles mínimos de producción y capacidad de recarga de agua”.

Según las organizaciones campesinas, la producción de frijol, como consecuencia de los dos fenómenos climáticos, caerá en un 85% durante el presente año y anunciaron que no habrá producción de maíz criollo para autoconsumo, particularmente en la Sierra Tarahumara, zona en la que la población requerirá de aproximadamente 70 mil toneladas de este grano.

A su vez, sostienen, que “al disminuirse severamente las cosechas de granos, manzana y forrajes en las zonas de riego”, los costos de la producción de carne y lácteos se elevarán con el consiguiente incremento de los precios de estos alimentos para el resto de la población.

Los cálculos son pesimistas, pronostican que el precio del frijol en el mercado llegará a los 20 pesos por kilo igual que la tortilla; otro tanto sucederá con la leche.

A tales condiciones le agregan el abatimiento de los mantos acuíferos; la insensibilidad del gobierno federal al elevar el precio de los combustibles y de la energía eléctrica, y el de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora ha emprendido demandas en contra de los deudores por la vía del juicio ejecutivo mercantil.

Más aún, “… La ganadería estatal, como toda la del norte árido del país, se encuentra al borde del colapso: se ha derrumbado la producción de avena y de maíz forrajeros, de alfalfa. La poca producción forrajera y los esquilmos de diversos cultivos se los están llevando los ganaderos de Coahuila, Durango e incluso de Texas, para alimentar a sus hatos, lo que dispara el precio del forraje a los ganaderos locales. La caída del precio del becerro en pie para la exportación, hasta 19 o 21 pesos el kilo, ocasionada por el cambio de status sanitario, hace desesperante la situación… Todos los ganaderos sufren las malas condiciones de los agostaderos, el agotamiento de abrevaderos y la necesidad de acarrear el agua desde largas distancias”.

“Pese a la crítica situación, las autoridades federales y estatales no cuentan ni con un plan, ni con los recursos suficientes para enfrentar la emergencia…”, y no consideran que “la sequía es un desastre prolongado, de efectos perniciosos continuos, de corto, mediano y largo plazo, sobre la alimentación de las personas, las comunidades, la estructura productiva, el medio ambiente y los recursos naturales”.

Derivado de tal diagnóstico, las organizaciones plantearon sus peticiones consistentes en la puesta en vigor de programas emergentes para atender la población más vulnerable en la sierra Tarahumara; de empleo en las regiones de agricultura de temporal para obras de conservación de suelo y agua; de suplementación y acopio de ganado con apoyos en pasturas y concentrados para aguantar el invierno; de apoyos para pastoreo en praderas artificiales para sostener al ganado ante el agotamiento de agostaderos y abrevaderos; de acondicionamiento de becerros del sector social para la exportación; de abasto de proteína animal con base en ganado chihuahuense para mejorar la nutrición de la población y aliviar la situación crítica de la ganadería; de inversión en obras de abrevadero para predios ganaderos y obras de conservación de agua y suelos (pozos, tajos, pilas, rebombeos).

También, el levantamiento inmediato de un padrón único de productores agropecuarios, con la participación de los productores; decretar la prohibición para la salida del estado de esquilmos agrícolas, como el rastrojo del maíz y la cascarilla de algodón, para garantizar una reserva estratégica que ordene el mercado local de forrajes; el cese inmediato de los cortes de energía eléctrica en las zonas de riego de bombeo y cese de los juicios en contra de los productores por parte de la CFE y el ordenamiento inmediato de los acuíferos y de los agostaderos para poner fin a la sobreexplotación de los mismos.

Todo un programa para el campo, en momentos de verdadero apremio; ya lo quisieran los candidatos presidenciales.

La novedad es que después de algunos pequeños diferendos, finalmente, y después de cuatro días, llegaron a acuerdos, entre los cuales pueden ubicarse como los más importantes la integración de una Comisión Interinstitucional que le dará seguimiento a los acuerdos; la aplicación de recursos de la indemnización del Seguro Catastrófico para la adquisición de las primeras 3 mil toneladas de frijol de los productores de Chihuahua y 8 mil de maíz blanco para consumo, destinadas para apoyo a la población más vulnerable del medio rural; la transferencia de recursos de programas concurrentes de Gobierno del Estado y Sagarpa “por 170 millones de pesos, destinados principalmente a la generación de obras de conservación de suelo y agua, equipamiento e infraestructura pecuaria, paquetes tecnológicos, suplementación alimentaria del ganado, privilegiando la generación de empleo con mano de obra local”.

Además, se aceptaron las propuestas de las organizaciones en lo referente al acopio de esquilmos de cosechas y forrajes; de pastoreo en praderas; de acondicionamiento de ganado del sector social; del establecimiento de un programa emergente de comercialización de ganado estatal; “la aplicación inmediata de 60 millones de pesos adicionales de la SAGARPA para inversión en infraestructura hidráulica ganadera, como tajos, pozos, pilas, rebombeo, almacenamiento, líneas de conducción, etc.”.

Tema central, no solamente del Chihuahua rural, sino de todos es el tema del agua y el agotamiento de la mayoría de los mantos acuíferos. En ese sentido, acordaron la integración de una mesa de trabajo con la participación de SEMARNAT, CONAFOR, CONAGUA, PROFEPA, SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Rural, Junta Central de Agua y Saneamiento y organizaciones campesinas, “convocada por el Congreso local a través de las Comisiones de Desarrollo Rural y del Agua”.

Y ese será el tema más polémico pues alrededor del agua se cruzan poderosos intereses, ninguno de ellos por encima de la sociedad; o se le pone un alto a la gigantesca corrupción construida alrededor del otorgamiento de las concesiones para la perforación de pozos, o sufriremos gravísimas consecuencias.

El resto de los acuerdos detallan la liberación de cuantiosos recursos, destinados a enfrentar el futuro inmediato, quizá no más allá del presente año, en tanto seguirá pendiente la discusión, no solamente alrededor del presupuesto agropecuario de 2012, sino si la actual estructura agropecuaria es la adecuada para los terribles retos de nuestros días, la hambruna está a la vuelta de la esquina para un importante sector de la población, y eso, aunque se quisiera, no se puede eludir.

jueves, 27 de octubre de 2011

Nos llegó el futuro

El Diario, 27 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La movilización de las organizaciones campesinas a la capital chihuahuense, celebrada en el curso de la semana, es apenas una de las primeras manifestaciones con las que se presentará en nuestra entidad la profundísima crisis agropecuaria mundial y evidenciará, como nunca, el agotamiento de la política agropecuaria aplicada en el país en el último cuarto de siglo.

No sólo es el problema circunstancial, hoy denunciado por el total de las organizaciones del campo chihuahuense –es decir, las condiciones extremas del clima, tanto ahora la sequía, como meses atrás las heladas– se trata de condiciones agravadas por tales cambios, que motivan, ante la rigidez de la estructura presupuestal, exigencias subidas de tono (no tanto porque así lo sean las que ahora se dan en la ciudad de Chihuahua, sino porque si se contara con otro modelo agropecuario, seguramente no se tendrían argumentos para efectuar tan masivas manifestaciones) como las que ahora protagonizan los productores agropecuarios chihuahuenses, que se autonombraron los “Indignados del campo chihuahuense”, replicando a su modo las masivas manifestaciones motivadas por Stéphane Hessel, el héroe de la Resistencia Francesa quien escribió un pequeño texto (“Indignez-vous”) que ha causado una verdadera rebelión mundial en contra del neoliberalismo.

Y no se trata solamente de lo acontecido en Chihuahua, seguramente en el curso de los días nos amaneceremos con el anuncio de otras movilizaciones campesinas en el resto del país, particularmente del centro al norte, precisamente por ser la región más golpeada por la sequía (en tanto, Tabasco se hunde nuevamente en el agua y los pantanos). La situación en lo general es delicada, pero como lo informan los dirigentes de las organizaciones campesinas, la situación en el campo de Chihuahua atraviesa por una verdadera emergencia, la que requiere de la urgente atención de todos los niveles de gobierno, más allá de las ansias electorales que se evidencian con cualquier motivo, en cuanto algunos protagonistas políticos, creen que es necesario rescatar, de inmediato, la buena imagen de su partido, o de su gobierno.

Las demandas de las organizaciones campesinas son de lo más simple, pero a la vez, de lo más complejo: Exigen la entrega inmediata de apoyos gubernamentales y la creación de programas emergentes para paliar el desastre causado por la sequía en esta entidad del norte del país.

El diagnóstico efectuado por las dirigencias campesinas es terrible, calculan en diecisiete millones de hectáreas las tierras de agostadero siniestradas por la sequía (en todo el país); que la producción de frijol cayó en 85 por ciento y reportan la muerte de más de 100 mil vacas, más aún, ante la falta de producción de maíz y frijol en la entidad, se necesitará obtener, de donde sea, para el abasto de la Tarahumara, aproximadamente 70 mil toneladas de maíz y 20 mil toneladas de frijol, de manera urgente.

Por otro lado, no sorprende que todas las organizaciones campesinas chihuahuenses participen nuevamente de manera conjunta pues ya tienen, quizá, dos años haciéndolo y no puede descartarse que sus movilizaciones vayan a llegar hasta la Cámara de Diputados, en donde, por pura coincidencia, ya se está discutiendo el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año.

Así, los contingentes de la Central Campesina Independiente, del Frente Democrático Campesino, de la Confederación Nacional Campesina, de Agrodinámica Nacional, de El Barzón y Plantar de Chihuahua, todas con vínculos directos con los tres principales partidos políticos son quienes aportan a la casi totalidad de los manifestantes.

Por tales motivos, no deja de llamar la atención que casi de manera automática dos de los más fieles defensores del gobierno federal, el delegado de la Condusef, Guillermo Campos, y el diputado federal, Arturo García Portillo, salieran a informar de los crecientes apoyos de la federación al campo y que se necesita el concurso del gobierno estatal en el apoyo a los campesinos, en lo que fue una muy lamentable defensa del gobierno dirigido por su partido, el PAN.

La crisis del campo va más allá.

martes, 25 de octubre de 2011

Otra vez ¡Qué cochinero el del PRD!

El Diario, 25 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Apenas empezaba a levantar en las preferencias ciudadanas, rumbo a las elecciones presidenciales, cuando nuevamente el más grande partido de la izquierda mexicana, el PRD, volvió a ofrecernos uno más de los bochornosos espectáculos que cotidianamente nos otorga la clase política mexicana.
¿Cómo compaginar los nobilísimos ideales de la izquierda mexicana de todos los tiempos, especialmente la de los orígenes socialistas y comunistas, con el robo de urnas y las mil y un maniobras fraudulentas para ganar las elecciones internas del domingo pasado?
¿Dónde quedaron los ejemplos, reconocidos por todos los que los conocieron, de los abnegados militantes de los partidos de izquierda que dieron origen al PRD?
Todo eso quedó sepultado ante el alud de denuncias e informaciones de las innumerables anomalías cometidas por los perredistas en ese domingo de elección de los integrantes del Consejo Nacional, de los consejos estatales y de los miembros del Congreso Nacional. Elecciones ni siquiera acordadas al interior del partido sino ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que dictaminó como fecha límite el 15 de noviembre para designar a sus dirigentes.
Y no son cualquier grupo, la manifestación realizada por la agrupación de Dolores Padierna y René Bejarano por las calles de la capital del país para exigirle a Marcelo Ebrard su salida del proceso interno así lo evidenció.
¿A quién irle, en quién confiar?
Como ayer, como siempre, con la mano en la cintura, cientos de activistas creen que pueden hacer mil tropelías y que nada pasa, incapaces de ver más allá del presente día, faltos de compromiso con los ideales enarbolados por algunos de sus militantes, seguros de que esa agrupación política solo es el escaño para la obtención de sus pequeñas aspiraciones.
Se pueden contar mil y una anécdotas de tal comportamiento, más miserables mientras más pequeño es el entorno de sus protagonistas: Integrantes de órganos de dirección estatal que sólo aspiran a recibir una pequeña compensación mensual, por la que no desarrollan actividad alguna; mayorías de consejos estatales que aprueban no publicar periódico partidista alguno, o que desechan la transmisión radial de mensajes periódicos de los órganos de dirección; dirigentes nacionales que se burlan de otros al momento que éstos les proponen trabajar en pro de un proyecto de nación -¿Y eso qué es?
Dirigentes que cobran comisión a los propietarios de las fábricas de artículos de propaganda para adjudicarles los contratos de la propaganda necesaria para la siguiente elección constitucional; dirigentes que recaudan facturas para justificar gastos extras; dirigentes municipales que se embolsan, íntegras, las participaciones estatales correspondientes a los comités municipales; activistas y dirigentes de nivel medio que inventan a propagandistas para apropiarse de los apoyos económicos entregados para hacer proselitismo electoral; dirigentes estatales que trabajan, al mismo tiempo, como integrantes de los órganos de seguridad, o gobernabilidad del Estado; legisladores locales incapaces de asumir una mínima postura crítica a los gobiernos estatales del PRI –y en ocasiones a los del PAN-; dirigentes nacionales que acomodan en los órganos electorales y jurisdiccionales a sus incondicionales para que avalen las mil y un cochinadas cometidas para mantener la hegemonía en la dirigencia partidaria; dirigentes nacionales que acuerdan con el Presidente de la República a espaldas de los órganos de dirección, etc.
La vida cotidiana del PRD así es, de ese terrible modo ¿Cómo esperar que en las elecciones internas sea diferente? ¿Cómo esperar una conducta ética diferente?
Sale sobrando asentar que existen, como en todos los partidos, una mayoría de militantes que no forman parte de las corruptelas arriba señaladas; por desgracia, ni son mayoría en las dirigencias –a ningún nivel- ni pesan en la toma de decisiones de ese partido.
Quizá para muchos, y no solo adentro, haya llegado el momento de preguntarse si este partido es de izquierda, partiendo de la base que no sólo es el discurso lo que retrata a un partido sino, fundamentalmente, su actuación.
Y la del PRD, en su conjunto, como partido, dista mucho de ser de aquella como las identificadas con las de los hombres y mujeres de las ideas de avanzada.
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domingo, 23 de octubre de 2011

Clones en la presidencia

El Diario, 23 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El otro gran tema de la semana es el anuncio del órgano interno del PAN encargado de definir el método para encontrar a sus candidatos a las elecciones del 2012. Decidió votación de militantes y adherentes para elegir a su candidato a la presidencia de la república; que en 143 distritos los candidatos a diputados federales surgirán de una elección entre militantes; que en otros 141 éstos serán designados, y en 16 se abrirá la consulta a la ciudadanía; además, solo en 8 entidades habrá elección de los militantes para encontrar a sus candidatos a senadores.

Los distritos electorales donde se auscultará a la militancia se ubican en los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán; los distritos con elección abierta a la sociedad se encuentran en el estado de México, y donde habrá designación es en el resto del país, salvo algunas excepciones, como la del distrito de Delicias, el único en el que habrá elecciones en el panismo de Chihuahua.

Peor aún, y quizá sea donde más les duela a los principales activos del panismo, es que un muy poco número de entidades habrá elección de candidatos a diputados de representación proporcional, los llamados plurinominales.

Quiere decir que el Comité Nacional habrá de designar, al igual como lo hizo en 2009, a casi la mitad de los aspirantes a las diputaciones, a tres cuartas partes de los candidatos a senadores y a casi la totalidad de los diputados “pluris”. Igual que el PRI, con la diferencia de que los militantes de este partido no andan buscando que la sociedad les reconozca como un partido democrático y en cambio los blanquiazules, por décadas, han reclamado ser el más democrático del país.

La atención pública está hoy centrada en el PAN, el problema estriba en que la casi totalidad de los candidatos a las diputaciones federales de todos los partidos serán designados de la misma manera que hoy se le reclama a ese partido.

Triste derivación de la época de la “plena competencia electoral”. La mayoría de los candidatos a los puestos de elección popular son designados por los métodos contrarios a los del pleno desarrollo democrático de una nación. Todo en aras de preservar la unidad de los partidos mostrando así, palmariamente, que quienes no pueden, quienes no toleran la competencia democrática, son la mayoría de quienes integran los partidos políticos mexicanos, incapaces de arrostrar competencias democráticas para designar a quienes los representen en las elecciones constitucionales. Y luego son quienes nos endilgan mil y un mecanismos para elevar la cultura de la legalidad en la sociedad.

Y esa es la paradoja, terrible, del partido gobernante hoy en día. Todavía no hace mucho se burlaban de los mecanismos antidemocráticos del PRI para designar a sus candidatos, durante décadas deploraron el presidencialismo y el autoritarismo presente en este partido, y hoy son la parodia de aquellas figuras.

Más paradójico resulta que quien portaba credenciales de una mayor convicción partidaria –Felipe Calderón– sea quien los haya llevado a la difícil situación por la que atraviesan, deplorada por cientos, quizá miles de sus militantes, y no sólo por quienes aspiraban a participar y ganar en las elecciones internas.

Una buena parte de sus activistas, los de a pie, los que salen en cada elección a conseguir votos, más allá de los candidatos y los dirigentes, y que lo hacen por el solo hecho de que su partido compite en un proceso electoral, se decepcionarán –una vez más– de tales procedimientos.

Y es que tales decisiones, más allá de las discusiones públicas, lleva a los militantes del blanquiazul a tragarse, en las reuniones familiares, de amigos, en su entorno personal, las burlas y reclamaciones de sus allegados que les restriegan que su partido se parece cada vez más al que tanto repudiaron, el PRI.

Hace ya casi tres años, luego del proceso electoral del 2009, una comisión del PAN fue responsabilizada de efectuar un diagnóstico de las razones que los llevaron a la debacle electoral de ese año. Encontraron que uno de los factores más importantes fue el método de designación de candidatos, igual al ahora aprobado. No aprendieron.

Por doquiera aparecieron evidencias, al interior del PAN, de la intromisión de Felipe Calderón en la confección de las listas de candidatos de las elecciones de ese año. Javier Corral, precandidato a diputado federal de representación proporcional en esa ocasión, lo informó: “La coalición de fuerzas que se conformó en mi contra se justificaba en el nombre de una petición, tanto del presidente del partido, como del Presidente de la República. En ambas instancias yo informé de tal bandera y ninguna de las dos quiso ni pudo deslindarse”. (Artículo de Álvaro Delgado, Proceso No. 1694, 19/IV/09, pp. 20 y 21).

Fue un personaje, ahora muy destacado por formar parte del equipo de Fernando Larrazábal, el alcalde de Monterrey, Seferino Salgado, a la sazón alcalde de San Nicolás, NL, quien develó la intromisión de Calderón en la designación de candidatos. En una sesión del CEN le reclamó a Germán Martínez –Presidente del PAN– no haberlo incluido en las listas plurinominales, como habían acordado pues, dijo, se habían revisado (las listas) en Los Pinos “y ahí se acabó de amarrar (su inclusión)”.

Ante la denuncia de Salgado y la intervención de Manuel Espino, ex presidente nacional, quien expresó que “… el PAN siempre ha sostenido que el gobierno no puede tomar decisiones que corresponden al partido”, Martínez ordenó se incluyera a Salgado en las listas.

La consecuencia fue, como lo expresó Javier Corral, que “… de 89 designaciones plurinominales, con posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados… no haya habido un solo espacio para el ex jefe nacional que acompañó la victoria de Calderón, es un mensaje de enorme exclusión y tiene todo el rostro de una venganza”. En ese momento Manuel Espino quedó fuera de las listas plurinominales, años después también del partido.

Hoy repiten la misma senda, en la continuidad de lo realizado por Calderón con su partido, es decir, la máxima de las injerencias. Los efectos empiezan a resentirlos. Las dolidas frases de Cruz Pérez Cuéllar en contra de Carlos Borruel, a quien extrañamente señala por haberse “agandallado”, al conocerse la determinación del CEN para elegir a sus candidatos a senadores, revelan el mundo de triquiñuelas existentes en el seno del máximo órgano de dirección de ese partido pues seguramente que ya se conoce, en esos círculos, la integración de los bloques hegemónicos en esa instancia, los que a la postre determinarán quienes serán los candidatos. Ahora sabemos, gracias a sus expresiones, que el ex dirigente estatal no pertenece al mayoritario en el CEN del PAN.

El problema mayor es que por lo menos dos de los aspirantes presidenciales, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota, sospechan que tal determinación, de acotar las elecciones de los candidatos a diputados federales, tiene el objetivo de pavimentarle el camino a Ernesto Cordero pues se piensa que éste, al contar con el respaldo de Calderón, ha concretado numerosos acuerdos con los principales operadores panistas en el país, incluidos los gobernadores de este partido.

Todo huele a que el PAN se encamina a una estrepitosa derrota electoral, en caída libre, los preparativos no nos llevan a pensar que construyan los mecanismos necesarios como para remontar la elevada ventaja que ahora mantiene el más adelantado de los aspirantes priístas, Enrique Peña Nieto.

Así, en tanto los panistas resuelven mal sus procedimientos electorales, los aspirantes priístas a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, manifestaron más evidentemente aún sus diferencias en el tema de la gobernabilidad. En tanto uno se inclina por el gobierno de coalición –Beltrones– el otro, Peña, añora el pasado y retoma la cláusula de gobernabilidad, para contar con mayoría automática en la Cámara de Diputados.

Ni una ni otra. El que emerja triunfador de las elecciones del próximo año deberá gobernar bajo el esquema hasta ahora vigente; si se cambiara por una de las opciones propuestas por los priístas, sería para quienes ganaran las elecciones del 2018.

Bajo el marco legal electoral vigente es que se ha llamado a la ciudadanía a votar, a ese tendrán que atenerse todos.

¿Por qué no se acordaron de esto en los cinco años previos? ¡Ah, nuestros políticos, y luego se quejan de los escolares que estudian 15 minutos antes del examen final!

jueves, 20 de octubre de 2011

La Belisario Domínguez a Cárdenas

El Diario, 20 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
El México de nuestros días no podría entenderse sin la participación de varios destacados hombres en la transformación política del país. Entre ellos debemos ubicar a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien merecidamente, por unanimidad, los senadores han decidido otorgarle la medalla Belisario Domínguez, la más alta presea otorgada por el Estado Mexicano a ciudadano mexicano alguno.
Sorprende que sea galardonado con la anuencia de la bancada del PRI en esa instancia del gobierno mexicano, pues si debiéramos buscar a una figura emblemática, causante de la derrota de ese partido en la presidencia de la república, ese es, sin duda, Cuauhtémoc –no le quitamos méritos a los demás, pero en esta figura se resumieron muchos de los anhelos y aspiraciones de numerosos mexicanos, no solamente militantes priistas- pues a partir de su salida del partido, de su postulación a la presidencia por varios pequeños partidos de entonces y la consiguiente creación del Frente Democrático, de la celebración de la fraudulenta elección de 1998 y de las transformaciones democráticas del país, el PRI dejó de ser el partido hegemónico.
A partir de ahí se presentaron contiendas electorales competitivas; el PAN capitalizó tal explosión electoral a través de las concertacesiones pactadas con Salinas de Gortari, luego se creó el IFE, posteriormente se cambió el diseño de este órgano electoral, se aprobó el financiamiento público a los partidos en condiciones de mayor equidad y aparecieron las contiendas competidas y la alternancia partidaria se convirtió en fenómeno común en el país.
Montado en la poderosísima corriente electoral de izquierda presente en la capital del país, Cárdenas se convirtió en el primer Jefe de Gobierno de la ciudad de México. Pero todo debió transitar por la creación del Partido de la Revolución Democrática, de cuyo comité nacional fue el primer presidente.
Y en estos actos son en los que, a juicio del escribiente, debiésemos ubicar la profundidad de la valía de Cárdenas para el mantenimiento de la estabilidad y del fortalecimiento de la concepción, entre los militantes de la izquierda, de que se podía y se debería participar en los procesos electorales para buscar la transformación radical de la sociedad mexicana, sin que para ello debiesen buscarse los procesos violentos para efectuarlos.
En ello empeñó no pocos esfuerzos, no porque buscara tal objetivo, sino porque el desarrollo de la campaña electoral de 1988, sus resultados y las múltiples evidencias de la existencia de innumerables actos fraudulentos, llevaron a miles de sus simpatizantes a proponer acciones más enérgicas para hacer valer el triunfo que se sospechó había obtenido “el ingeniero”, como popularmente fue conocido Cuauhtémoc Cárdenas. No se amilanó, con el mismo gesto parsimonioso con el que recorrió el país decenas de veces (seguramente heredado de otro de los íconos del siglo pasado, Lázaro Cárdenas) argumentó que no era motivo suficiente un fraude electoral para llevar al país a un enfrentamiento violento.
Unas cuantas semanas después de las elecciones, en el Zócalo de México, llamó a construir “el partido del 6 de julio”, sin duda el más grande partido de la izquierda mexicana. Bajo su dirección, y la de López Obrador posteriormente (y en este caso, todavía bajo su determinante influencia) el PRD se convirtió en un auténtico partido de masas. En pocos años logró construir una estructura territorial solo por debajo de la del partido “casi único”, el PRI.
No fue fácil hacerlo, menos convencer a centenas de aguerridos militantes de la izquierda socialista y del comunismo que ante el fraude del ’88 no debería irse al levantamiento armado. Las plazas, sobre todo de las entidades del sur y las del centro del país, hervían de indignación. Y este fue un fenómeno que se repitió en 2006 con menor intensidad pero quizá con mayor certidumbre de la existencia de numerosos hechos fraudulentos en el proceso electoral.
En tanto, el país cambió, el PRI perdió la presidencia de la república, desapareció el partido de Estado, apareció la plena competencia electoral y la alternancia partidaria en el gobierno, pero tales avances democráticos no representaron para la mayoría de los mexicanos una sustancial elevación en el nivel de vida.
Esa es la asignatura pendiente. En tanto, hay motivo para sentir satisfacción por tal nombramiento para “El cuate”, como le decía el Gral. Cárdenas, al ahora galardonado con la Belisario Domínguez.
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Inútil insistencia

El Diario, 20 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Retomado como elemento central de los discursos, especialmente los lanzados con motivo de los informes de gobierno, la preocupación de los gobernantes chihuahuenses, conforme se van acercando los plazos electorales, está centrada en convencernos de que sus acciones ya incidieron en la disminución de los índices delictivos, especialmente los homicidios, en la modalidad de ejecuciones.
Si en días pasados el gobernador César Duarte, en el acto celebrado con motivo del I Informe, afirmó de manera ambigua que ya habían disminuido en 60% los índices delictivos, el domingo, el alcalde juarense, Héctor Murguía, declaró que los homicidios habían disminuido 70% en Juárez, que los juarenses habían “vencido el miedo” y retomado las calles, el secuestro se ha erradicado, dijo, los robos violentos de vehículos han disminuido “un 52 por ciento y todos los delitos en general comenzaron a caer, por la labor de la Policía Municipal, la Fiscalía del Estado y la Policía Federal”.
Sin embargo, un sondeo realizado en el sitio de internet de El Diario, de cuya muestra el lunes en horas de la tarde, con la pregunta de si ya existen las condiciones de seguridad pública como para llevar a los hijos a pedir dulces en la fiesta del Halloween, o si mostraría confianza en abrir las puertas de sus casa para recibir a los niños solicitantes, mostró respuestas totalmente alejadas de tales aseveraciones, 85% de los sondeados dijeron que no existen condiciones, 8% dijeron sí y el resto dijo no estar seguro.
Seguramente que hay una mejoría en la percepción de la inseguridad, amén de que efectivamente existe una importante disminución de los índices delictivos, especialmente en materia de homicidios, en su modalidad de ejecuciones, pero no en los márgenes citados por los gobernantes mencionados.
Una postura más mesurada, más racional sería bienvenida por la mayoría de los ciudadanos pues resulta, hasta traumatizante, confrontar las cifras de los informes rendidos por los gobernantes con la crispante realidad, y más aún con las cifras ofrecidas por distintas instancias oficiales y extraoficiales.
Tomando en cuenta, precisamente, una de estas últimas fuentes, la del portal digital de la capital del estado, Laopción.com.mx, pueden extraerse múltiples evidencias de lo asentado líneas arriba. Este sitio en internet publica una sección intitulada Ejecutómetro, en donde radica las cifras de ejecuciones diarias, a partir, dice, de un recuento periodístico.
Bien. En 2010 reporta 4 mil 80 ejecuciones en el estado; 2 mil 524 en Juárez y 824 en Chihuahua capital. Hasta el 16 de octubre, las cifras estaban así: Estado, 2 mil 573; Juárez, mil 571 y Chihuahua 549 ejecuciones. Si continuara la racha como hasta ahora, en el estado, siguiendo la misma estadística, terminaríamos con 3 mil 282 ejecuciones, lo que significaría una disminución del 19.5%. Juárez, a su vez, terminaría con aproximadamente 2 mil 4 ejecuciones, frente a las 2514 de 2010, lo que representaría una disminución del 19.88%, muy parecida a la del ámbito estatal. En tanto, Chihuahua capital terminaría con alrededor de 700 ejecuciones, que frente a las 824 del año anterior, representa una disminución de 15.04%, cifra casi 5% por ciento debajo de la estatal y de Juárez.
Es decir, la cifra homicida sufrió una disminución cercana al 20% frente al año anterior, que fue, con mucho, en materia de seguridad pública, el peor año en la historia de Chihuahua, y lo es porque los otros episodios de extrema violencia presentados en la entidad fueron a causa de la existencia de verdaderas guerras civiles, como lo fue en su caso la Revolución Mexicana, o el período de la Reforma o hasta, para efectos reales, la guerra contra los apaches que no eran más ajenos a estas tierras que los llegados acá de la península ibérica.
Que uno de cada cinco asesinatos que se presentaban el año anterior ya no ocurran es para ponerse optimistas, sin duda, pero bien conscientes del problema al que nos enfrentamos, que no desaparecerá de la noche a la mañana, y que, más aún que alrededor de 800 familias ya no deban llorar la pérdida de alguno de sus familiares es logro considerable, pero de ninguna manera las campanas echadas a volar, aún deberemos enfrentar el hecho de que más de 3 mil personas habrán muerto en el transcurso del presente año a causa de los enfrentamientos de los cárteles de la droga.
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lunes, 17 de octubre de 2011

El regreso

El Diario, 16 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Estamos a punto de ingresar a un proceso electoral que probablemente no sea lo “normal” que esperáramos. Por varias razones, y fundamentalmente por la grave degradación social presente, acelerada en los últimos años por la crisis de seguridad pública.

El problema principal estriba en que la clase gobernante, a despecho de todas las teorías acerca de las clases sociales, fundamentalmente la marxista, pero en sentido estricto de la palabra, la capa gobernante mexicana se ha convertido, gracias a las jugosísimas prebendas de que gozan, sus elevadísimos salarios, el marco legal y el régimen político construido, con todo y la alternancia partidaria, en una capa social aparte que no ha asimilado la profundísima crisis por la que atravesamos, ni de la posibilidad de que estamos a punto de peligrosísimos estallidos sociales.

Transformar estructuralmente al actual régimen es la más urgente prioridad, no atenderla representará el más grave error cometido por quienes nos gobiernan. Creer que las cosas no cambiarán, o que pueden aceptarse algunas pequeñas modificaciones, durante el año electoral que protagonizaremos, todos, políticos y sociedad, puede convertirse en una de las principales razones del agravamiento de la desgracia abatida sobre el país.

Además de los severos problemas estructurales en materia de economía, que se profundizarán en la medida que avance el pasmo de la economía norteamericana, precisamente por el modelo que se va acentuando –el de la mayor dependencia a los Estados Unidos– y a que, siguiendo el diseño de ese modelo, ya no tuvimos capacidad para lanzar nuestra propia ruta en esa materia, y a cambio optamos por convertirnos en país maquilador, destruyendo prácticamente toda la industria de transformación nacional, que de ninguna manera era incipiente, y sin imponerle a la inversión de la industria maquiladora los candados que otras naciones, en particular las del sudeste asiático, sí hicieron con la industria llegada a instalarse allá; y a que encima tenemos una crisis de seguridad pública cuyo fin, de acuerdo con la opinión de prácticamente todos los especialistas en esa materia, durará varios años, una vez puesta en marcha una estrategia que efectivamente ataque tal ola homicida y delictiva en lo general.

Por ello, ufanarse de la llegada de nuevas plantas maquiladoras en los próximos meses, con la consiguiente creación de cientos, o miles de empleos, no cuadra con la necesidad de cambiar el modelo económico; lo peor que nos puede pasar, declaró recientemente Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Juárez, es que despertemos de esta tragedia como si fuera diciembre de 2007, es decir, con el modelo económico y la seguridad pública de aquel momento, repitiendo exactamente la situación que generó la actual problemática.

Y luego, en la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, a pesar de las críticas y deslindes que hagan los gobernantes emanados del PRI, son copartícipes de esa estrategia, y no cualesquier copartícipe, en sus entidades apoyaron tal estrategia y en el Congreso de la Unión, salvo contadas excepciones, apoyaron entusiastamente tal modo de afrontar al narcotráfico y más aún, en la Cámara de Diputados no tuvieron duda en aprobar todos los años el multimillonario presupuesto orientado a satisfacer tal estrategia, hasta llegar, sumados los que probablemente se aprueben para el 2012, a la fantástica cifra cercana a los 600 mil millones de pesos, o quizá rebasándola por muy poco.

A pesar de ello el país le reclama a la capa gobernante la muerte de 50 mil personas y la agudización de los índices delictivos en casi todo el país.

Bueno, pues frente a estos gravísimos problemas, la mayoría de los gobernantes insisten en profundizar en tal línea de acción –la económica y la de seguridad pública– y ya en vías de disputar la Presidencia de la República, no atinan a proponer las profundas reformas requeridas por el país. En lo general siguen haciendo política del mismo modo que antes.

En ese sentido importa detenerse en el PRI; por muchas razones, porque es el partido hegemónico en la mayor parte del país, porque es la primera minoría en la Cámara de Diputados, segunda en la de Senadores y por ser el más aceptado hasta ahora en todas las encuestas.

Más aún, porque la mayoría de los más poderosos empresarios se identifican con este partido y porque los propietarios de los principales medios de comunicación (entre quienes se cuentan varios de los anteriores) del mismo modo se sienten mayormente identificados con el PRI.

Pero pensar que ya tienen en la bolsa, otra vez, la presidencia de la república, es una grave equivocación. Peor, que puedan regresar a dirigir al país con los mismos métodos y formas de acceder al gobierno, amén de gobernar de manera semejante al pasado, es más grave. A esta misma sociedad bien le podemos endilgar la frase aquella de que “los de ayer, no somos los mismos de hoy”.

Y ese es el fondo del debate sostenido, no en la forma, sino en el contenido, por Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, al interior del PRI. No es que Beltrones aparezca como el reformador por antonomasia sino que su misma condición de ser segundo en las encuestas –y por un margen mayor– le lleva a proponer algunas reformas progresivas, por encima de las posturas de Peña Nieto, que llegó a proponer la reinstalación de la regresiva cláusula de gobernabilidad, es decir, otorgarle al partido que obtenga la mayoría relativa de votos –si ninguno obtuviese mayoría absoluta– hasta un 8% más de diputados por encima de su porcentaje de votación, con el mismo fin expuesto por Beltrones, Cuauhtémoc Cárdenas, José Woldenberg y otros, en la propuesta de crear la figura de gobiernos de coalición, con la existencia de un jefe de gabinete, es decir, que se establezca la posibilidad de la existencia de una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados que pueda formar gobierno, garantizada esta figura, por todo un diseño legal.

Pero eso es el discurso, lo real es la forma en que los gobernantes emanados del PRI están construyendo la hegemonía de este partido –ciertamente, diría Fox, los gobiernos panistas han contribuido como nadie más a ese fortalecimiento– basada en la vieja forma de ejercer el poder, esto es con el uso patrimonialista de los recursos públicos, con la colusión o el control sobre los medios de comunicación y con todas las viejas formas del acarreo político.

El colmo es que, a diferencia del pasado, ahora los más poderosos medios de comunicación son los que imponen candidatos y agenda a los partidos políticos, y esa es la impresión generalizada acerca de la precandidatura del mexiquense Peña Nieto. Aún resuenan las tronantes voces del “Tigre” Azcárraga, afirmando –“Yo soy un soldado del PRI”. La diferencia es abismal. Ahora, en lugar de efectuar un mitin, o una asamblea, Peña Nieto fue entrevistado en el noticiero más visto de la TV mexicana y ahí anunció que sí quería ser presidente.

Y por supuesto que no basta con argüir que los otros partidos gobernantes así lo hicieron, especialmente el PAN en la Presidencia de la República, con la suave anuencia –en lo general– del PRI. Hoy todos sufrimos las consecuencias de tal forma de gobernar.

Ante las múltiples evidencias de lo que se avecina, en caso de triunfar el PRI en las elecciones presidenciales del 2012 bajo las premisas planteadas, surgen inquietantes preocupaciones, porque aparentemente el modelo se agotó y la clase política no ha dado muestras de configurar uno nuevo, acorde con las necesidades de una sociedad, que no solo creció cuantitativamente, sino que se transformó radicalmente, a pesar de sus gobernantes y, en lugar de incluirse mayoritariamente en las estructuras o las filias partidarias, crecientemente se aleja de estas y los procesos electorales y una buena parte de ella empieza a cuestionarse acerca de la vigencia del actual régimen político.

Lo peor que nos puede pasar es que regresemos a Monterroso y, como en su fábula, al despertar aún esté ahí el dinosaurio.

jueves, 13 de octubre de 2011

Confusiones en materia de coaliciones

El Diario, 13 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Por supuesto no es una coincidencia que quienes ocupan los segundos lugares en las preferencias electorales, en cada uno de sus partidos, rumbo a las candidaturas presidenciales (exceptuando a Marcelo Ebrard) sean coautores de la propuesta de avanzar en la aprobación de las reformas legislativas necesarias para instalar en el país la figura de gobiernos de coalición.

Así, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Santiago Creel, del PAN, son parte de los firmantes del documento publicado el lunes en los periódicos de la ciudad de México, “Por una Democracia Constitucional”, en el que establecen:

“… Hemos construido el pluralismo democrático en el Congreso pero no en el gobierno. Debemos dar los pasos que faltan para superar esta contradicción y consolidar nuestra democracia constitucional… El ejercicio del poder en la pluralidad implica la cooperación de las fuerzas políticas… Para consolidar la democracia constitucional es necesario que el Congreso y el gobierno funcionen de manera armoniosa… El programa de gobierno debe contar con apoyo mayoritario de los representantes de la Nación… Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban”.

Ante semejante propuesta la respuesta de los adelantados en las encuestas ha sido diversa. Peña Nieto propone regresar a la cláusula de gobernabilidad, esto es, que el partido ganador del 35% de la votación obtenga el número de diputados necesarios para convertirse en mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. López Obrador, desde Washington, ha rechazado tal propuesta y lanza la suya, consistente en “el cambio de régimen” sin apuntar cual sería, en todo caso, tal régimen.

Josefina Vázquez Mota no ha emitido pronunciamiento alguno.

A su vez, y quizá más en consonancia con la postura del tabasqueño, Marcelo Ebrard ha dicho que en las elecciones del 2012, “o es la coalición electoral, o el PRI, esas son las opciones”.

Todo un galimatías. Lo cierto es que existe una realidad que va más allá de las aspiraciones de los protagonistas ahora mencionados, y esa es que el diseño del presente régimen político contemplaba la existencia de un partido cuasi de Estado, con un presidente que era, al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de las Fuerzas Armadas y Jefe del Partido (todos los cargos, así, con mayúsculas) y no está hecho para soportar lo que ahora existe, procesos electorales competitivos, partidos políticos bien estructurados (a pesar de todas nuestras críticas, en nada se parecen los que ahora existen, incluido el PRI pues antes no era partido, era secretaría electoral gubernamental, a los del pasado) y el hecho de que, desde 1997, el partido del Presidente de la República ya no tiene mayoría absoluta en las cámaras del Congreso de la Unión.

Ese es el problema. Que en otra de sus manifestaciones, el presidencialismo nos estorba, porque quien obtuvo la mayoría relativa de los votos en la presidencia no la tiene en el Congreso y, por tanto, no puede gobernar de acuerdo con sus propuestas, sino con las de la mezcla de todos los partidos acreditados ahí, o con las alianzas circunstanciales que se vayan construyendo.

No podemos seguir así, debemos transitar a un régimen parlamentario. De todas las reformas propuestas en los pasados años, esta es una de las cuales desembocará en tal régimen, presidencialista o no, pero deberá gobernar quien obtenga mayoría, por sí, o en coalición de gobierno, independientemente de si fueron coalición electoral con otros partidos, porque más allá de las encuestas del momento, lo más probable es que ningún partido se constituirá en mayoría absoluta en las cámaras y lo que necesitamos es tener una fuerza política con la suficiente representatividad –no sólo política, sino numérica y con un programa pactado– para gobernar.

Lo que está discutiéndose ahora no es la posibilidad de aliarse electoralmente, sino la de diseñar una nueva forma del actual Estado Mexicano, y esa, quién lo diría, para colmo de Pedro Ferriz de Con y sus seguidores en la absurda propuesta de desaparecer a los diputados plurinominales, pasa por el fortalecimiento de tal figura de la representación proporcional, única manera de obtener mayorías gobernantes.

martes, 11 de octubre de 2011

Becas legislativas

El Diario, 11 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Cuando se comenta, prácticamente en cualquier círculo social, de la presencia de legisladores en un acto partidario, de cualquier partido y de cualquier orden de gobierno, sorprende la sorpresa (sí, pareció una redundancia, no, es ilustrativa del grado al que hemos llegado) del interlocutor, se asombra de la realización de esa reflexión.

El día de ayer, con motivo de la celebración del primer evento organizado por la Fundación Colosio, “Un programa para México’’, en la ciudad de Chihuahua, todos los diputados federales del PRI estaban presentes, así como la mayoría de los legisladores locales de ese partido, con la excepción de Enrique Serrano y Fernando Mendoza; con el agravante, por lo menos para su partido, que los restantes legisladores de la ciudad de Chihuahua estaban en el acto partidario, y al que estaban obligados a asistir, por ser el informe de la autoridad de la ciudad de la cual resultaron electos, –y además era un acto legal, formal, no era un evento con motivo del informe– no fueron, o, en el mejor de los casos, llegaron tarde.

¿Y eso qué tiene? Afirma la mayoría de quienes reciben estos comentarios.

Pues una sola, que todos ellos son funcionarios públicos, cuyos salarios son obtenidos del erario y que en ese momento desarrollaban actividades partidarias, en horas hábiles, (por lo menos las comúnmente aceptadas) y a nadie asombró que tal hecho sucediese, menos en el curso de una de las actividades más inéditas en la historia del PRI, como era la comparecencia de los dos aspirantes presidenciales, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones.

Vayamos por partes. Si los diputados son funcionarios públicos, que juraron respetar y hacer respetar el marco legal ¿Por qué razón desarrollan tareas partidarias en horas hábiles sin que les sea descontado de su salario tales faltas? ¿Podrá alguno de ellos mostrarnos la petición de licencia, o el permiso correspondiente para ausentarse de sus tareas por el día de ayer?

¿Cómo está eso de que les permitimos, a los integrantes de esta parte de la élite política, acudir a cuanto acto partidario les llamen y desarrollar tareas de su partido, en horas y días hábiles? ¿A qué horas autorizamos una especie de extensión al presupuesto y prerrogativas de los partidos, consistente en la participación de actividades partidarias que debieran, en todo caso, desarrollarlas en los fines de semana, o, como lo dice la norma, les descontaran lo equivalente a un día de sus ingresos como funcionarios públicos, cuando se presente el caso?

Porque la norma electoral es clara al respecto, los funcionarios públicos (y eso son los diputados) deberán abstenerse de la participación en actos partidarios en horas hábiles, de lo contrario cometerán el delito de peculado electoral.

Nada de esto se hace porque estamos acostumbrados a ver a los diputados como una especie de extensión partidaria, derivado del hecho de que normalmente los legisladores votan en bloque, siguiendo las directrices de su partido o su coordinador, y esto sucede con un muy alto nivel de frecuencia, de acuerdo con el estudio de ‘Integralia’, la organización creada por Luis Carlos Ugalde, el ex presidente del IFE, en la que los porcentajes en la que los legisladores votan de acuerdo con su partido, rondan el 95 por ciento de las ocasiones.

Y como casi siempre votan en función de su partido, entonces vemos como normal que no respeten horarios de trabajo y esto tiene que ver con el diseño de la actividad legislativa. Ahora estamos en Jauja pues el Congreso del Estado desarrolla sus actividades en dos períodos de sesiones, al contrario del pasado en el que sólo sesionaban una temporada al año, y el resto, a la milonga, a disfrutar la beca legislativa. Alcanzar que los diputados trabajen de tiempo completo se va convirtiendo en una especie de desiderata societaria.

Vamos progresando, no hace mucho era frecuente el hecho de que los dirigentes nacionales o estatales fuesen, al mismo tiempo, legisladores locales o federales. Afortunadamente eso se acabó, pero los resabios de ese pasado aún perviven, cambiarlos, así algunos digan que es un problema de formas, es vital para los tiempos que vivimos, no vaya a ser que se reconstruya, de la noche a la mañana, el viejo régimen autoritario.

domingo, 9 de octubre de 2011

1er. Informe, optimismo rebosante

El Diario, 9 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Vaya un abrazo solidario a nuestros compañeros Juan y Raúl Gómez Franco, y con ellos a toda su familia, por la irreparable pérdida de su hermano Eduardo.

El sábado anterior el Gobernador César Duarte presentó ante el Congreso del Estado el informe del primer año de su gobierno. Luego, celebró un evento en el que reunió a miles de personas. En ambos eventos la nota descollante fue la violación de las formas políticas (y legales).

Si en el recinto del Poder Legislativo todos violaron la Constitución del Estado de Chihuahua, al hablar primero los representantes de los partidos y al final el Gobernador (hábrase visto ¿Cómo está eso que primero los demás hablan sobre el informe, que no conocen, y luego el informante?) el evento masivo se constituyó en una flagrante violación a la norma electoral, al adherirse, César Duarte, a la aspiración presidencial de Enrique Peña Nieto.

Así lo dijo: “Agradezco especialmente a nuestro amigo Enrique Peña Nieto. Tu distinguida presencia realza la importancia de este evento, pues es una muestra más del interés que has mostrado por Chihuahua... Te reconocemos como un político que supo encabezar en el Estado de México un gobierno innovador y eficaz. Ahora, sin duda, es referente y modelo para fijar el rumbo y los nuevos derroteros del país. Gracias Enrique, por acompañarnos, Chihuahua le apuesta sin titubeos al proyecto que tú encabezas”.

Sorprendieron enormemente tales frases, en un acto cuyo objetivo central era darle a conocer a la sociedad los resultados de su gobierno, quizá eso explique la ausencia de Manlio Fabio Beltrones que, además, es el coordinador de los senadores del PRI.

Se comprometió el apoyo de ¡Todo Chihuahua a las aspiraciones del mexiquense, en un proyecto que apenas conoceremos a partir de mañana y que el gobernante chihuahuense ya delineó, esto es, que a partir del desempeño de Peña Nieto como gobernador ya tenemos “referente y modelo para fijar los nuevos derroteros del país”. Si el gobernante chihuahuense toma como eje tal actuación, mal nos puede ir a sus conciudadanos.

Para expresar semejante apoyo, la administración gubernamental estatal realizó una impresionante movilización, con los consiguientes elevadísimos costos al erario (los cuales podrían servir de argumento para acusarlo de usar recursos públicos por apoyar a aspirantes a algún puesto de elección popular) y que, en definitiva hicieron que la evaluación a la obra de su gobierno estuviese empañada por los hechos comentados líneas atrás.

Pero si las posturas políticas fueron de llamar la atención, lo informado a través de los discursos realizados por el Gobernador en el Congreso y en el Centro de Convenciones puede llevarnos a la conclusión que la realidad vivida por la mayoría de los chihuahuenses no se reflejó en ellos. Sin duda alguna que a lo largo del año transcurrido, César Duarte ha iniciado obras que le permitirán ser bien calificado por sus conciudadanos, pero en materia de seguridad pública y economía no está la situación como para lanzar las campanas al vuelo.

Las frases iniciales de su intervención ante los suyos –y algo más– no dejan lugar a dudas: “Con Chihuahua Vive, hemos transitado del estigma que injustificadamente nos señalaba como el estado más violento… Con Chihuahua Vive, recuperamos el ánimo y la certidumbre que hace un año parecían perdidos para siempre… Restablecimos la confianza de los inversionistas y de los productores… En el campo se respiran nuevos aires de esperanza… En las ciudades se recuperan los espacios para que las familias los disfruten con seguridad y libertad… En las escuelas tienen cabida todos, hasta aquellos que no tenían voz ni un futuro cierto… En los jóvenes, revive la esperanza de que la escuela sea sinónimo de empleo de calidad… En las familias se ha recobrado la confianza en la unidad social y en las instituciones… En el territorio, desafiamos la vastedad con infraestructura para acercar la educación, la salud, el deporte y el empleo…”.

Hay, en la obra del gobierno que termina su primer año, aspectos positivos, sin duda, entre ellos la continuación de la construcción de la infraestructura, en materia de salud y la decisión de ofrecer cobertura total en la educación media superior y superior. Pero son, al fin y al cabo, acciones iniciales, de su continuación, de la persistencia gubernamental dependerá la calificación que reciba de los chihuahuenses, en tanto, el reto es mayúsculo, y ello debería llevarlos a reflexionar acerca del fenómeno que sufrimos.

La crisis de seguridad pública se agudizó en unos cuantos meses, con ello se precipitó la preocupante degradación social previa; por lo mismo, esperar que la ola delictiva descienda –si se aplicaran una serie de medidas, adecuadas, tendientes a atender tal emergencia– de manera instantánea, es una utopía, pretender influir en la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, a partir de mensajes mediáticos, tarde o temprano lleva a la parálisis societaria, al descrédito gubernamental y a la profundización de la crisis social y de seguridad pública.

Nadie duda de la disminución de los índices delictivos, (por las razones que fuere, seguramente por la concurrencia de todos los factores, incluido el hecho de que el peso mayor de la confrontación se ha trasladado a otras entidades) pero de ahí a que la situación sea tal y como se presentó en la ceremonia del informe, hay mucha distancia.

Recordémoslo, la actual situación tuvo como acto inicial el salvaje enfrentamiento de los grupos criminales, que originó el súbito crecimiento de los demás delitos que asolan a los chihuahuenses. No enfrentar adecuadamente al crimen organizado dio pie a lo demás.

Todos elogiamos el abatimiento del secuestro y la extorsión (y esta última está aún presente en varias ciudades de la entidad) y de otros delitos, pero no deberá cantarse victoria aún pues el que le dio origen a estos, las ejecuciones, si bien han disminuido al pasar, en promedio, de las 11.17 diarias en 2010, a las 9.06 en el presente año, de acuerdo con el recuento periodístico realizado por el portal digital La Opción.com que reportaba en 2010, en todo el estado, 4 mil 80 ejecuciones y hasta el viernes, en 2011, 2 mil 512.

Tales cifras, arrojan que en 2010 se presentaron 123.66 ejecuciones por cada 100 mil habitantes en todo el estado, cifra muy por encima de cualquiera de los países de Centroamérica, que son de los más elevados en el mundo y que podría llevarnos a terminar el año con alrededor de 100 ejecuciones por cada 100 mil habitantes, que son, finalmente, cifras de espanto.

Y si la situación en esta materia no es para el júbilo, lo económico tampoco, por más mensajes optimistas que escuchemos. En el informe se destacó la instalación de 20 nuevas plantas maquiladoras y la recuperación de 20 mil empleos, noticias, todas, inmersas en el modelo económico que nos llevó a la actual situación y, además, nada se comentó en concreto para que una economía, como la chihuahuense, tan dependiente de la norteamericana, afronte la crisis del gigante estadounidense.

No todo es malo, indudablemente que la inversión en infraestructura sirve para impedir de alguna manera el deterioro económico y que las decisiones en materia educativa, del nivel medio superior y superior, son extremadamente nobles, así como la atención a algunos sectores del campo chihuahuense, todos ellos aspectos que deberán elogiarse –así haya algunos aspectos controversiales– pero cuyo análisis rebasa, como se puede apreciar, estos espacios.

ABIERTA.- Sin duda alguna que el PRI ha dado un campanazo al resolver la celebración de un proceso abierto a la ciudadanía para elegir a su candidato a la Presidencia de la República. Pueden llevarse sorpresas, la primera de ellas, que su decisión deja atrás a sus competidores. Gustavo Madero, del PAN, ha reconocido que su partido no está preparado para tal evento, que cuesta mucho, es decir, es un partido sin la fuerza para realizar tal ejercicio democrático, y eso que es el partido del gobierno. Está derrotado.

Y la izquierda, promotora de tales procedimientos para designar a sus candidatos, se enfrascará en la discusión acerca de los términos, alcances, universos y resultados de una encuesta.

Pero falta aún que algunos priístas se olviden de las prácticas de antaño, de cuando cometían toda clase de tropelías con tal de ganar las elecciones. En tanto, el primer round de tal contienda se realizará en la capital chihuahuense. Veremos.

A los panamericanos

El Diario, 6 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Dos acontecimientos, uno ocurrido en Juárez, y otro en el estado de Veracruz, ponen en entredicho el eje de la argumentación de prácticamente todos los gobernantes, tanto los del ámbito federal como los del estatal, en cuanto a la supuesta coordinación existente entre las fuerzas comandadas por ellos.
Durante semanas se puso en tela de duda que la policía federal dejara Juárez. El Diario publicó la información que a fines de septiembre, o principios de octubre, con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos, el gobierno federal había tomado la determinación de movilizar a una buena parte de sus elementos a Guadalajara.
La información fue negada tajantemente. Por esos mismos días, un incidente más de los varios ocurridos entre los funcionarios municipales juarenses y polifederales hizo que el alcalde Héctor Murguía pusiera en boga la discusión acerca de su permanencia en el antiguo Paso del Norte.
Tal reclamo fue apoyado por infinidad de ciudadanos y organismos de la sociedad civil, especialmente los empresariales. Luego reculó y el gobernador César Duarte enfatizó en esa postura al declarar que se requería de la participación de esos elementos para garantizarle a los juarenses “la paz y tranquilidad que se merecen”. No solo el gobernante estatal, los demás insistieron en que hasta la plena capacitación de la policía municipal fuera una realidad, entonces se podría hablar del regreso de los federales a la capital del país.
Pero hete aquí que a la chita callando los federales, efectivamente se empezaron a ir a Guadalajara a preservar la seguridad de los Juegos. De acuerdo con la información publicada por El Diario (1/X/11) de los cuatro mil 500 agentes destacamentados en Juárez permanecen solamente menos de mil 200.
¿Quiere esto decir que la policía municipal de Juárez ya está preparada para afrontar la ola delictiva presente en Juárez? ¿A qué horas se certificó tal calidad, o fue, simplemente, la necesidad de cubrir otros frentes lo que motivó su traslado?
¿O será que, como muchos sostienen, nunca los necesitamos, o que su presencia simplemente sirvió para catalizar los enfrentamientos de los cárteles en Juárez?
¿Dónde está la argumentación para explicarle a los juarenses que la presencia de los federales ya no es necesaria, más allá de los justos reclamos e indignación por el proceder de varios de sus elementos que se convirtieron en verdadera parte del problema?
¿Dónde está la supuesta coordinación de las autoridades municipales y federales, que mínimamente nos informen fehacientemente de tales movimientos, originados, eso quisiéramos que ocurriera, en una real disminución de las tasas delictivas, del total y no solamente, como ocurre ahora, en algunos rubros nada más?
Más aún, ¿Dónde está el mando único, centralizado que dijeron existiría en las operaciones realizadas en Juárez?
Todas las preguntas anteriores son motivadas por la percepción de que las operaciones realizadas en Juárez –y en la entidad- tienen un rasgo altamente preocupante, la improvisación; y si no existe un diagnóstico adecuado, y tampoco una visión general sobre el problema, ni una concepción estratégica de largo plazo entonces suceden estas cosas y estas posturas, según los acontecimientos se actúa, y eso está bien en un sentido general, ante los imprevistos, pero en una situación tan de larga data, como es la violencia en Juárez y Chihuahua, es inaceptable.
Porque no se sabe de la muy obligada programación para la salida de los elementos federales de la principal de las urbes chihuahuenses, ni de la debida sustitución en sus tareas por la policía municipal, eso preocupa sobremanera, y más cuando se presentan algunos hechos, como la detención del supuesto dirigente del grupo “Gente Nueva”, Noel Salgueiro, reputado por las autoridades como lugarteniente de Joaquín Guzmán, que puede precipitar una oleada de violencia.
De ahí la preocupación ante el anuncio de operativos como el anunciado para Veracruz, así se recrudeció la ola homicida en Juárez a partir de marzo de 2008.
Parece tan lejana esa fecha.
Correo electrónico: asertodechihuahua@yahoo.com.mx
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com

martes, 4 de octubre de 2011

Torquemada en Chihuahua

El Diario, 4 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
No pasó ni siquiera una semana de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la constitucionalidad de las reformas en Baja California y San Luis Potosí, contrarias a la despenalización del aborto, y apenas el domingo expresaba el escribiente que puestos en esa ruta no tardarían las voces más conservadoras en exigir se aplicara todo el rigor de la ley a las mujeres que abortaran voluntariamente, cuando ya la diputada local del PAN, Patricia Flores, se lanzó, no solamente a exigir sean tratadas como homicidas, sino que nos adelantó que discuten en su grupo la posibilidad de proponer la aplicación de la cadena perpetua a quienes se practiquen, ayuden, promuevan o alienten un aborto.

Ni más ni menos que la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso del Estado, desestimando todas las corrientes legislativas, académicas, científicas presentes en el mundo, incluidas las dependencias respectivas de la ONU y de infinidad de organismos internacionales y nacionales que hablan, precisamente, de equidad, de la visión de género necesarias para abordar problemas tan complejos como éste, nos retrotrajo –O nos llevó al Oriente Medio– y anuncia que está pensando proponer el encarcelamiento de por vida quien así actúe: “Llegamos (sic) a la pena perpetua para un secuestrador y asesino, y quien practica un aborto es un asesino también, estamos siendo imparciales, en unas cosas aplicamos todo el rigor de la ley y otras no, cuando también son asesinatos”. (Nota de Nubia Chávez, Vozenred.com, 3/X/11).

Tan regresiva postura fue negada por el líder de la bancada panista, Héctor Ortiz, quien, incluso, afirmó que no se discute tal asunto al interior del grupo parlamentario en el Congreso local.

Sin embargo, y a contrapelo de las declaraciones del dirigente nacional, Gustavo Madero quien anunció que propondrán exactamente lo contrario, es decir, legislar para que no se consideren homicidas a las mujeres que aborten voluntariamente, Ortiz dejó entrever que podría llegarse al caso de proponer lo que la diputada Flores adelantó.

“Dentro del PAN hay debate, acá sí se puede, no va en contra de la ideología del partido, por el contrario, va a favor, se trata de privilegiar la defensa de un ser vivo que se debe respetar desde la concepción, hasta la muerte natural de la persona, nosotros debatimos posturas al interior del propio partido… Lo estamos analizando porque a nivel nacional también se toca el tema, poco a poco lo vamos a ir estructurando, sin embargo, tenemos que hacer un estudio antes de presentar la iniciativa formal”. (Ibídem).

Más aún, adelantó que se “solicitará la participación de la sociedad por medio de la realización de foros ciudadanos, a fin de fortalecer y formular la iniciativa de ley referente al polémico tema del aborto que subirán a tribuna”.

Es decir, no, pero sí.

Madero anunció lo contrario, que es, finalmente, más allá de las argumentaciones teóricas (que las hay, y contundentes), el fin de quienes se han pronunciado por la despenalización del aborto, esto es, que a las mujeres que llegaren a tal situación no se les criminalice como, por desgracia, ha ocurrido más frecuentemente en los últimos años en dos de las entidades gobernadas por los panistas, Baja California y Guanajuato.

En lo que es todo un galimatías, Madero argumentó que “el panismo no pretende que a la tragedia de sufrir un aborto se sume la del encarcelamiento” y reafirmó “el compromiso de su partido con las mujeres y la construcción de una sociedad en la que los derechos de todos estén garantizados y puedan ser conciliados” pues la defensa de los derechos humanos “debe incluir la protección de las personas más vulnerables, las no nacidas y, al mismo tiempo, los derechos de las mujeres”.

¿Y la discusión de los magistrados de la SCJN para qué sirvió? ¿No se dieron cuenta que versaba precisamente sobre eso, sobre la contradicción de diversos derechos plasmados en la Constitución?

¿Quién los entiende?

¡Ah, pero eso sí, debiera detenerse al espíritu de Torquemada

¡Híjole, pareciera como si no hubiesen pasado siglos enteros de oscurantismo medieval

Lo más preocupante es que la diputada Flores participó el jueves anterior en el programa de Aserto-Radio sobre el mismo tema y ahí, frente a otras mujeres, defensoras de la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, no dijo nada de su retrógrada propuesta.

domingo, 2 de octubre de 2011

Alineamiento a la derecha

El Diario, 2 de octubre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Es de tal magnitud la tendencia derechizante prevaleciente en la sociedad mexicana –y la chihuahuense no es la excepción, al contrario– que, salvo el movimiento jefaturado por Andrés Manuel López Obrador (y en él deberá ubicarse, también, a Marcelo Ebrard), todas las fuerzas políticas mayores se mueven hacia ese polo de las concepciones políticas; quizá por eso se advierte tan diferente el lopezobradorismo y despierta tan encontradas pasiones.

¿Servirá lo anterior para explicarse el fortalecimiento, por lo menos a nivel de las percepciones, del PRI, porque se corrió ostensiblemente a la derecha, y no de ahora, convenimos, pero cuyo proceso se ha acelerado dramáticamente en la última década?

Ni duda cabe que la llegada del PAN obedece a tal fenómeno. Además de que supo convencer a la mayoría de los electores que era la agrupación con la fuerza suficiente como para desbancar al PRI en el 2000, más evidente fue en el 2006. Un importante segmento del electorado priísta –por supuesto que una buena parte de sus principales dirigentes, activistas y gobernantes– puestos en la disyuntiva de votar por la izquierda o la derecha, optaron por esta última, antes que hacerlo por el que le llamó chachalaca ¡al presidente Fox ¡Horror al crimen ¿Cómo votaremos por alguien así?

Esos giros a la derecha, por supuesto que tuvieron consecuencias. El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo ese origen, hombres de derecha, la mayor parte de ellos, y muy cercanos a las posiciones de la iglesia Católica y del PAN, avalados por la parte más conservadora del PRI. Lo mismo sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y el IFE.

Otro rasgo les es inherente a todos ellos: Su afición a los salarios elevados.

Ahí los tenemos, ganando verdaderas fortunas mensuales en medio de un país que se desangra preso entre la violencia, la corrupción y las cadenas del Estado construido por el autoritarismo y a punto de iniciar un gravísimo retroceso en todos los órdenes, no solamente en lo político, y en este apartado no referido estrictamente a lo electoral.

Ese es el entorno de la discusión de la SCJN acerca de la constitucionalidad, o no, de las reformas efectuadas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí, que sumadas a la primigenia efectuada en Chihuahua muchos años atrás, cuando el PAN gobernó, son realidad en 18 entidades del país. Reformas efectuadas con la participación activa del priismo nacional y cuyo elemento central lo constituye la concepción conservadora que se opone a la despenalización del aborto, con un argumento falaz: Que el Estado tutele los derechos de los individuos desde el momento de la concepción.

La discusión sostenida prácticamente toda la semana por los ministros de la SCJN versaba, además, acerca de la facultad de las legislaturas locales para establecer diversas regulaciones no suficientemente contenidas, dicen sus promoventes, en la Constitución General de la República, pero que en el fondo se encontraba, nítido, el debate sobre la despenalización del aborto, es decir, y hay que expresarlo claramente, que persista la criminalización del aborto, esto es, que aquellas mujeres sometidas a tan difícil trance, deban soportar, además, la posibilidad de ir a la cárcel, y de acuerdo con la legislación de esas entidades, ser acusadas de homicidio, hasta con agravantes.

Esa es la discusión real. Bastaba que ocho ministros declararan inconstitucionales tales reformas pero la derecha se sintió herida de muerte y se olvidó del país en el que casi es hegemónica, de los 50 mil muertos de la guerra de Calderón, de las causas que generan el gran número de combatientes de ambos bandos, de las no pocas muertas a causa de abortos mal practicados, de que quienes lo han practicado alguna vez son, en su gran mayoría, mujeres pobres, católicas, casadas y con dos o más hijos.

Con esta decisión colegiada se convalida que el ser humano en el vientre materno sea sujeto de derecho, dice la senadora Ortuño, algo que todos, hasta los promotores de la despenalización del aborto reconocen.

Derrochando intolerancia, a la decisión de la SCJN la califican de una justa decisión de “la sociedad que en su mayoría se ha pronunciado a favor de la CULTURA DE LA VIDA (Mayúsculas de LJVF)”, como si quienes hemos abogado, abierta o discretamente, por la despenalización del aborto fuéramos, como ellos lo dicen, promotores de la muerte.

Fue la ministra Olga Sánchez Cordero quien –a juicio del escribiente– mejor defendió dicha postura, partiendo de la verdadera discusión y llegó al grado de ridiculizar los argumentos usados por sus oponentes en el debate. Afirmó que las entidades podían ampliar los derechos de los ciudadanos, no restringirlos y afirmó que tal decisión restringiría los derechos inherentes a la mujer y de su salud reproductiva; el de la voluntad de muerte anticipada –como lo reconoce la Ley General de Salud–, porque la reforma de Baja California “reputa como nacido para todos los efectos legales al concebido hasta su muerte natural o no inducida”.

Su mejor argumentación la ofreció al expresar que tal legislación crea una gran incertidumbre en las mujeres pues “…una mujer que decide ponerse el dispositivo intrauterino (DIU) o utilizar la anticoncepción de emergencia no sabrá en qué casos está ejerciendo un derecho al utilizar un método anticonceptivo y en qué otros estará cometiendo un delito privando de la vida a otra persona”, expresó la ministra poniendo, quizá sin saberlo o quererlo, en ridículo a los ponentes de la otra postura pues llevó al absurdo la indefinición acerca del momento en que una mujer actúa previniendo la concepción o, por el contrario, la implantación del cigoto en el útero, ya sea por utilizar un DIU o la pastilla del día después, aceptada y difundida por la Secretaría de Salud.

Las preguntas de la ministra Margarita Luna Ramos golpean a la inteligencia de los mexicanos: “Pregunto, ¿cuál derecho se vulnera de las mujeres?”. “El derecho a interrumpir el embarazo, ¿dónde está concebido en la Constitución, en algún tratado internacional? En ninguna parte dice que está este derecho concebido en favor de las mujeres”.

La otra vertiente, peligrosísima en esta etapa de creciente balcanización en la que, con mucha mayor frecuencia de la razonablemente esperada, se advierten un mayor número de gobernantes locales cometiendo verdaderos excesos autoritarios, es la de que las legislaturas locales –obedeciendo tales deformaciones políticas– aprueban innumerables reformas regresivas, o solapan increíbles excesos de los gobernantes.

Ejemplos de ello son las referentes a la del tema de hoy, aprobadas en 18 entidades a ciencia y paciencia del PRI que se dijo “de izquierda”, es decir, el dirigido por Beatriz Paredes; la conducta de Humberto Moreira en Coahuila ordenando la aprobación del nombramiento del titular del SAT local hasta por dos períodos sexenales; o Peña Nieto prohibiendo las coaliciones electorales, Ulises Ruiz desfalcando a las arcas estatales de Oaxaca; Mario Marín mandando verdaderos destacamentos paramilitares para que apresaran a Lydia Cacho; o Emilio González, en medio de una borrachera ordenando la donación de 100 millones de pesos para la construcción de una iglesia; o Fidel Herrera regalando cientos de millones de pesos a los dueños del equipo de futbol Tiburones Rojos del Veracruz; o Eduardo Bours construyendo un emporio en las playas de Sonora… y las que no sabemos, o poco se saben.

Sin embargo, el escándalo surgió de adentro de una de las instituciones más férreamente opositoras a la despenalización del aborto, la iglesia católica. El Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, aseguró, eufórico, que “Casi perdíamos ayer (el miércoles), pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo”. Agregó, además, que en tal determinación participaron el gobernador de Baja California, “los gobernadores participaron, y el Presidente de la República participó en esta ley en favor de la vida que ha sido maravillosa, una noticia muy hermosa”. (Nota de Antonio Heras, La Jornada, 30/IX/11).

Por supuesto que tales declaraciones fueron desmentidas por los voceros de la SCJN y del episcopado mexicano, pero subsiste la duda ¿Dirá la verdad el prelado californiano?

¿Mentirá? ¿O mienten los otros altos dignatarios de esa misma iglesia?

INFORME.- Nos tocó en sábado el I Informe del Gobernador César Duarte. Habrá tiempo de abordarlo, y con más calma.