El Diario, 28 de febrero de 2021
Luis Javier Valero Flores
Los tiempos de la 4T: Casi en cada controversia que se presenta en el país va implícito el hecho de que, en realidad, en el fondo, se encuentra a discusión alguno de los temas centrales del régimen político establecido.
Con una característica, por desgracia presente en la mayor parte de ellos: La de que no necesariamente lo propuesto o realizado por el gobierno de López Obrador es en pro del desarrollo democrático del país.
Y los de enfrente de la 4T no desentonan. Al contrario, cantan igual de bien (o mal) las rancheras, y sus posturas tampoco abonan al sentido democrático del país.
En esas condiciones acuden al proceso electoral en el que, hasta hace unas horas, podría avizorarse un colosal choque de trenes, expresión que no refleja necesariamente la fuerza electoral de la oposición, pero cuya intensidad sí debiera concitar preocupación.
Aparentemente, a juzgar por algunas expresiones, la del presidente llamando a todos los gobernadores a firmar un acuerdo para respetar el proceso electoral y las respuestas emitidas por algunos mandatarios estatales pudieran ir en ese sentido, pero las experiencias previas de la relación de López Obrador con los gobernadores no parecieran dar mucha confianza que podrían transitar, sí con un intenso debate político, pero sin llegar a las confrontaciones mayores que pongan en riesgo el proceso electoral.
Y es que casi en cada tema, aparentemente trivial, en realidad subyace una discusión -y las respectivas posturas- sobre aspectos centrales de la vida institucional democrática del país…
Cualquiera, ya sea la petición del desafuero a Francisco García Cabeza de Vaca, la cancelación de la candidatura de Félix Salgado; el proceso en contra de la alcaldesa Maru Campos; la confrontación entre el gobernador Corral y el presidente López Obrador por la Mesa de Seguridad; la vacunación, la pandemia y la práctica inexistencia del Consejo Nacional de Salud; la reforma de la ley de la industria eléctrica; la resolución del Tribunal Electoral sobre las mañaneras; el informe del Auditor de la Federación, los programas sociales federales, etc.
La petición de desafuero, solicitada por la Fiscalía General de la república, en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y la confrontación con el gobernador Javier Corral -por el viejo motivo de las mutuas expulsiones de la Mesa de Seguridad de los respectivos representantes- a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el gobierno federal deberá acatar lo señalado en las regulaciones existentes, son solamente dos expresiones de lo que puede ocurrir en el país en el proceso electoral si no hay una voluntad conciliatoria de los actores políticos más importantes, en especial del presidente López Obrador, de cambiar y aligerar el nivel de confrontaciones.
A ese clima no abonan, ni la petición de desafuero, ni la defensa acrítica de los gobernadores de la Alianza Federalista.
Y como en el caso chihuahuense, los tiempos electorales y la evidente subordinación de las fiscalías a los titulares del Poder Ejecutivo impiden que se aprecie una procuración de justicia ajena a los apetitos electorales.
Y en ambos casos la pregunta de ¿Por qué hasta ahora? Es más que pertinente.
El mensaje de unidad pronunciado por el Presidente se registra luego de que los nueve integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) condenaron el uso político y electoral de los aparatos de justicia, en referencia clara, directa, a la solicitud de desafuero del gobernador tamaulipeco, quien no se ha cansado de acusar al presidente López Obrador de ser el autor de tal acción persecutoria.
"El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no", reclamaron los mandatarios estatales opuestos al presidente.
Pero las expresiones conciliatorias del presidente -expresadas en el curso de la gira por Querétaro- luego de la conferencia de prensa mañanera en la que, ante los reclamos del gobernador chihuahuense, de que se deben establecer las mesas de seguridad y que éstas deben ser encabezadas por el mandatario estatal, y no por los mandos federales -pues así dicen las leyes respectivas- la respuesta del presidente fue la contraria.
"Nosotros tenemos discrepancias con el gobernador de Chihuahua, es de dominio público y si él no decide participar, está en su derecho y también está en su derecho de acudir a la instancia correspondiente del Poder Judicial” dijo López Obrador. (Nota de Gisela Parra/Corresponsal/El Diario de Juárez, 26 febrero 2021).
El problema estriba en que la determinación en el sentido señalado por Corral la hizo la SCJN, ante lo cual lo que debe hacer el presidente es acatarla.
Y es que la resolución de la Corte tiene un muy importante contenido: El de que, en tiempos de paz, son las autoridades civiles las responsables de la seguridad pública y que los mandos militares deberán someterse a la autoridad civil.
No es el único asunto de fondo discutido, casi en el cierre de la semana, el otro es el de la vacunación.
Lo ocurrido en la semana, con las escasas dosis de vacuna aplicadas, mostró las evidentes fallas logísticas de la aplicación, frente a la muy justificada desesperación de los adultos mayores por recibir la vacuna, que no fue solucionada adecuadamente y originó las enormes fallas, las largas horas de espera; la desaparición de las más elementales medidas de prevención del contagio y la ineptitud de las autoridades.
Tales errores mostraron, además, otra de las fallas: La falta de coordinación entre las diversas instancias de gobierno, que se concretaron en una exigencia de los gobernadores de la Alianza Federalista: La de sacar del operativo de vacunación a los “Servidores de la Nación” y la de que la federación deje en manos de los gobiernos estatales la logística.
Tales diferenciales se presentan en lo peor de la pandemia en México, lo que ha llevado al Ranking de Resiliencia Covid de Bloomberg News a declarar a México como el peor lugar (de un conjunto de 59 países) para pasar la COVID19 pues coloca a Nueva Zelanda en el primer lugar, con una puntuación de 77.2, y a México en el último, con 33 puntos. (Nota de la Agencia Reforma, 26/II/21).
Ahora bien, la dura respuesta de los gobernadores de la Alianza Federalista por la petición de desafuero, el que dijeron fue un linchamiento del Auditor Federal; el tema de las vacunas -del tratamiento de la pandemia en general- evidencian una cosa por demás lamentable: La ausencia absoluta de cooperación entre ambos niveles de gobierno.
Y así como gobiernan varios de los mandatarios estatales, lo hace el presidente. Ni el presidente norma su actuación con base en lo señalado por el Consejo Nacional de Vacunación, ni los gobernadores lo hacen con los consejos estatales.
Si acataran lo establecido en la norma constitucional, muchos de los lamentables episodios sufridos nos los habríamos ahorrado y, quizá, solo quizá, muchos mexicanos no habrían caído víctimas de la pandemia.
Y es que el discurso está muy lejos de los hechos.
Trivial en la superficie la controversia, en realidad subyace un asunto por demás trascendental, el de la preeminencia de la instancia federal sobre la estatal, olvidando que se trata de autoridades que son pares, es decir, que gozan de la misma categoría, por haber sido electas por los ciudadanos y cuyas atribuciones y responsabilidades están limitadas por las regulaciones jurídicas existentes, y a ellas deberán atenerse.
Pero el mandatario chihuahuense exige tal postura, la que desde el principio de su mandato violó en el trato otorgado a diversos gobiernos municipales, Lal atraer, más allá de sus atribuciones, la seguridad pública, sustituyendo indebidamente a las autoridades municipales en esta función, con resultados verdaderamente catastróficos.
En el otro gran tema de la semana, el de las acusaciones a Félix Salgado, el presidente se mantuvo en sus trece.
Además de criticar severamente al movimiento feminista, tramposamente adujo que el pueblo debería de resolver sobre el asunto y que si lo elegía debería respetarse, cuando, en realidad, el fondo del asunto no es el resultado electoral, sino uno más profundo, que va al centro del entramado social: La violencia ejercida en contra de las mujeres.
El asunto particular de Salgado Macedonio exhibió dos carencias del presidente: La de una indebida e inaudita improvisación en sus posturas sobre temas no programados en la mañanera y el absoluto desconocimiento sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres y el trato que debe dárseles a las presuntas víctimas, de acuerdo con la legislación vigente y las jurisprudencias emitidas: Debe creérsele a la víctima que denuncia, a falta de testigos (por la naturaleza misma del delito), por una simple razón, la de atreverse a revelar un ultraje de la dimensión que tiene la agresión sexual.
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