El reto de Duarte

El Diario, 28 de agosto de 2016
Luis Javier Valero Flores
Son de no entenderse las señales enviadas por la presidencia de la república en relación a Chihuahua, en una semana que debiera ser del olvido absoluto para el gobernador César Duarte.
Primero, suceden dos cosas en las que uno supondría en las que por lo menos hubo comunicación con la oficina de la Presidencia de la República. Por una parte, la entrevista de Duarte con Carlos Loret de Mola y su exclusión de la reunión con el dirigente priista, Enrique Ochoa, y por otra, la posposición, hasta en dos ocasiones, de la audiencia de Peña Nieto a Javier Corral.
No pareciera que fueran coincidencias ¿O sí? Primero, que amaneciendo la semana, se presentara un reportaje y la entrevista con el gobernador de Chihuahua, César Duarte, como el platillo fuerte del inicio del nuevo programa de Carlos Loret de Mola.
¿Por qué asistió el ballezano?
No era muy cuesta arriba imaginar que la entrevista podía tener ribetes ásperos para el gobernador. ¿Exceso de confianza?
Al día siguiente no fue invitado a la reunión del nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, con los actuales gobernadores y los electos. Tampoco invitaron al otro Duarte, a Roberto Borge, de Quintana Roo, ni al otro Moreira, Rubén, de Coahuila.
La exclusión de ellos a la citada reunión se dió a unos muy pocos días después del anuncio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) del inicio de una investigación fiscal a 5 gobernadores y, también, el del Comité Nacional del PRI, de haber iniciado una investigación con motivo de la petición de un militante para expulsar del PRI a los actuales gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.
Son muchos hechos, se antoja difícil creer que sean coincidencias.
En ese entorno se presentó César Duarte a la entrevista de Televisa y ahí ratificó una antigua promesa, también expresada a una reportera de esa empresa, que haría públicas sus declaraciones patrimoniales, las de los 12 años que ha sido funcionario público.
Lo negativo, para el mandatario, fue que en la entrevista develó varios hechos que fortalecieron su impopularidad y elevaron la percepción popular acerca del oscuro origen de su fortuna, algunos por lo novedoso y otros por lo difícil de creer.
En primer lugar, el monto de su riqueza, calculada por él mismo -a instancias del reportero- en 100 millones de pesos; luego, algo que podía intuirse pero que ahora sabemos es un hecho, el de que ha atendido personalmente, en la PGR, la denuncia presentada por Jaime García Chávez
Enseguida, el de la actividad que, sostuvo, la de ser el mayor de autos de la frontera, que la inició (haciendo cuentas) a la edad de ¡17 años!. Así lo dijo: “Del 83 al 93 facturé como el mayor vendedor de autos”.
Otra. Al defenderse de la acusación presentada en las Cortes Españolas, derivado de la cual ordenaron un embargo a diversos bienes, adujo que era falso el embargo y sostuvo que ese “es un asunto de (sic) García Chávez y Corral han creado”.
No es cierto, la denuncia de García Chávez se refiere a Unión Progreso y al fideicomiso de 65 millones de pesos, de su propiedad, para ser empleados en el momento en que UP se convierta en banco y ese dinero se transforme en acciones de la nueva institución bancaria.
Una más. En 1999, dijo, vendió 3 mil 900 vehículos, lo que significa un promedio, en días hábiles, de alrededor de 20 vehículos diarios. ¿El solo? ¿No contaba con socios? ¿Cómo lo pudo hacer, a pesar de sus dichos de que se encontraba en plena bonanza y al escribiente le consta que había caído en cartera vencida, en un fraccionamiento de su propiedad en Parral, del que recibió notificaciones de un posible embargo, a fines de los 90’s?
Que tuviera esas ventas sólo se puede explicar a partir del decreto del gobierno federal para permitir la libre internación al país, de los años 86 al 89 del siglo pasado, de “vehículos de trabajo” y cuyos beneficiarios inmediatos fueron los integrantes de la CNC, la central campesina del PRI, lo que provocó la inundación, por vez primera, de los carros “chocolate”.
Sólo así se podría explicar como un empresario-dirigente social podía pasar de ser un deudor caído en cartera vencida entre los años 1997-1998; en el 1999 vender la friolera de casi 4 mil vehículos en el año y al año siguiente casi convertirse en candidato del PRD a la diputación.
Va casi como de cuento:
Corrían las primeras semanas del año 2000 y los dirigentes de la vieja central campesina priista, la CNC, amenazaban con romper con el PRI.
Exigían un mayor número de posiciones en la Cámara de Diputados, coqueteaban con el PRD y los partidos aliados de éste, y llegaron a establecer, con la dirigencia nacional perredista, un pacto mediante el cual una buena parte de los dirigentes nacionales y estatales cenecistas, de todo el país, se convertirían en candidatos del perredismo.
Duarte podía ser el candidato del PRD en el distrito con cabecera en Parral, así como ocupar un lugar preferente en la lista plurinominal.
Para lograr tal cosa, con dificultades, se había convencido a la dirigencia, a la base y al candidato perredistas parralenses a aceptar ese acuerdo.
El día límite para registrar las listas plurinominales, en su calidad de dirigentes estatales del PT, del PRD y de la CNC, Rubén Aguilar, el escribiente y Duarte, respectivamente, esperaron por largas 6-7 horas, juntos, el desenlace de la hipotética alianza de estos partidos y organizaciones campesinas.
Al final, como algunos lo preveíamos, la CNC reculó y aceptó los puestos ofrecidos por Francisco Labastida, el candidato presidencial del PRI.
A Duarte le dijeron que debería ocupar el lugar 16 de la lista plurinominal. Lo aceptó con la firme convicción que era sólo de relleno, sin ninguna posibilidad de convertirse en diputado.
La sorpresa es que el PRI fue derrotado contundentemente y Duarte accedió milagrosamente a la diputación. Así obtuvo su primera diputación federal, por tanto, la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
En 2004 accedería a la diputación local por el distrito de Parral y, sin terminar su gestión, ganó la diputación federal por esa zona en 2006. El último año fue designado -gracias a la determinación de Emilio Gamboa Patrón, líder de los diputados federales priistas- presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Ahí construyó los reflectores necesarios para convertirse en el candidato al gobierno de Chihuahua.
De esa manera, las declaraciones patrimoniales presentadas por Duarte abarcan toda la década inicial del siglo XXI y los primeros 6 años de la actual, no son 12, como lo pedían los periodistas de Televisa; a lo largo de 16 años ha debido presentarlas y deben estar resguardadas por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua.
En ellas debe estar contenida toda la información que haría posible que se desmintiera lo que es hoy una certidumbre popular, -la que no necesita comprobación alguna- la de que los recursos económicos del mandatario chihuahuense fueron obtenidos de manera ilícita.
Puede desmentirlos si hiciera públicas esas declaraciones patrimoniales.
Entonces podríamos comprobar si efectivamente fue capaz de vender casi 4 mil vehículos en el curso de un año; si sus ranchos son solamente los que él enumera, si manejó tal cantidad de dinero en los años que arguye, si los 65 millones de pesos del fideicomiso tienen origen lícito, si es cierto que no compró la infinidad de ranchos, hoteles, farmacias y propiedades que le achaca la voz popular, etc.
Pocos casos como éste son tan emblemáticos de las bondades de la propuesta de crear la obligatoriedad, para los servidores públicos, de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales; la sociedad tendría en sus manos la posibilidad de comprobar la trayectoria de los gobernantes, desde el punto de vista patrimonial, y éstos podrían ahorrarse infinidad de señalamientos, como los que recibió César Duarte a lo largo de casi todo el sexenio.
¿Podremos acceder a ellas, como se lo prometió al conductor Carlos Loret de Mola y su auditorio, cosa a la que nunca se comprometió con la sociedad chihuahuense?
Hacerlo le depararía la posibilidad de tener futuro político, hoy, a la luz de los hechos, no lo tiene, al contrario.
A diferencia de otros mandatarios -por cierto muy pocos, la inmensa mayoría culmina sus gestiones con muy bajas calificaciones-, César Duarte no aparece como una de las opciones del PRI chihuahuense para ocupar la candidatura al senado en 2 años.
Menos, si se analiza el panorama político, poco favorable para el PRI, tanto nacional, como localmente. En estos momentos el PRI aparece abajo de las preferencias electorales nacionales y en Chihuahua crece, por minutos, el descontento popular hacia el gobierno de Duarte.
De ese modo, lo dicho por el Gobernador Duarte, de “que me comprueben si soy corrupto”, podría encontrar un fuerte respaldo si, al hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, el desarrollo de sus finanzas personales y familiares guarda congruencia con sus actividades empresariales.
Y ese se convirtió, por decisión propia, en el más importante de sus retos.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Becas legislativas

El Diario, 25 de agosto de 2016
Luis Javier Valero Flores
Justamente cuando el tema de la preparación académica de la clase política ocupaba la atención de la sociedad mexicana, un hecho relacionado, acaecido apenas unos cuantos días antes del reportaje de Carmen Aristegui sobre el inaceptable plagio de Enrique Peña Nieto, en la elaboración de su tesis profesional, podría ilustrar contundentemente el modo en que la absoluta mayoría de los integrantes de la clase política mexicana asumen su papel en el ejercicio de la función pública.
Visto en otros ámbitos, sin duda alguna, merecería los más encendidos elogios, pero, analizado en su contexto real, concita vivo rechazo.
La semana anterior, “la senadora Lilia Merodio publicó en su cuenta de Facebook un video sobre su toma de protesta luego de haber terminado la maestría en Derecho. Fue acompañado del texto: ¡Lo logré!”. (Nota de www.laopción.com, 17/VIII/16).
Sin el necesario espíritu crítico ciudadano, este hecho debería recibir elogios de todos lados ¿Por qué no?
¿Tienen la culpa los legisladores de esta situación, de estas condiciones que les permiten desempeñar un cargo público de la mayor importancia y responsabilidad y al mismo tiempo estudiar una maestría?
Probablemente, de manera directa, no, sí de manera indirecta porque finalmente son los encargados de modificar y adecuar el marco legal y, además, porque se benefician directamente del inmenso mundo de privilegios en que viven los políticos mexicanos.
La senadora Merodio, indudablemente, ha sido una de las más activas legisladoras, participa en varias comisiones legislativas de la Cámara de Senadores, acude con cierta frecuencia a distintas regiones de Chihuahua y se ha dado tiempo, incluso, para aspirar a la candidatura de su partido, el PRI, al gobierno de Chihuahua. Además, le ha sobrado tiempo para avanzar en sus estudios, dice que robándole tiempo al descanso y a la familia. Puede ser.
El problema radica en el esquema de la función pública en México. Si a los legisladores, de cualquier partido, se les asignan tareas partidarias y/o electorales todo mundo lo acepta de la manera más natural del mundo; no nos ponemos a pensar que, para realizarlas, cuenta con los emolumentos que recibe por su cargo público, porque el legislador ya no le pertenece por entero a su partido, que ya es representante de la parte de la sociedad a la que le solicitó su representación y que, por tanto, el total de su tiempo debería ser propiedad de sus representados.
Pero resulta que las cargas de trabajo de la inmensa mayoría de los legisladores son infinitamente menores y que solamente un pequeñísimo grupo de ellos desempeñan trabajos de tiempo completo, de ahí que en el ámbito local los diputados, apenas están terminando las sesiones de los jueves -porque sólo sesionan dos veces a la semana- y ya están saliendo, urgentemente, a sus lugares de origen o al cumplimiento de algún compromiso “ineludible y extraordinariamente urgente” (¿Qué compromisos pueden tener a las 2-3 de la tarde, en jueves, que no sean compromisos “políticos”, en medio de urgencias gastronómicas?).
¿Cuáles son las cargas de trabajo, reales, de los legisladores? Salvo la obligatoriedad de asistir a dos sesiones semanales, en período de sesiones, y la obligación hipotética de asistir a las reuniones de las comisiones a las que pertenecen, muy pocas, el ejemplo de la senadora Merodio lo ilustra, pero ni es el único, ni es una rareza, al contrario.
Y por esas cargas de trabajo la sociedad mexicana paga inmensas fortunas, que en el ámbito local lleva a que los diputados de Chihuahua devenguen un salario (calculado por LJVF) de alrededor de 2 mil pesos por hora, en clara contradicción del devengado por el 65% de los chihuahuenses, que ronda los niveles de los ¡20 pesos por hora!
¿Y si tienen poco trabajo y ganan mucho dinero, porqué no convertir estos cargos en empleos de solamente 2-3 meses al año; que les paguemos por esos servicios como si fueran profesionistas, o como a los catedráticos universitarios de tiempo completo; con una mayor profesionalización de los cuerpos de asesores del Congreso del Estado, y que en esos meses efectúen las tareas que deban realizarse en la función legislativa, al cabo que el marco legal existente no requiere de tantas y tantas modificaciones, como las que se proponen inagotablemente debido al ocio de nuestros legisladores?
Algo debemos cambiar en esta materia. Por ahí podríamos empezar el camino del desmantelamiento del sistema de privilegios de la casta política.
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¡Oxígeno puro!

Aserto 157, agosto de 2016

Las señales enviadas por el grupo gobernante fueron muchas y variadas, la parálisis financiera del Gobierno del Estado de Chihuahua es real. La disminución de camiones del Vive Bus, varados por falta de diesel, así como de patrullas y vehículos de la Fiscalía General; la disminución de los gastos en las oficinas gubernamentales de Juárez, eran evidencia de la falta de dinero en la tesorería.

La determinación del Juzgado Primero de Distrito, de no otorgar la suspensión definitiva a los quejosos y abrir, por tanto, la vía para que el gobierno de César Duarte accediera a la bursatilización de los remanentes carreteros y así obtener hasta 6 mil millones de pesos, vino a darle oxígeno a la administración estatal.

Con ello, la deuda, o compromisos financieros del gobierno ascenderán a los 50 mil millones de pesos

Luis Javier Valero Flores

Al negar la suspensión definitiva, en la demanda de amparo presentada por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE), brazo jurídico de la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, el Juzgado Primero de Distrito dejó “la vía libre para la bursatilización de remanentes de ingresos carreteros por 6 mil millones de pesos”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

La resolución judicial le otorgó, literalmente, oxígeno puro al gobierno de César Duarte que acusaba, a fines de julio y principios de agosto, una de las peores crisis de liquidez que gobierno alguno de Chihuahua tuviera en las últimas décadas, con problemas para pagar la nómina y los gastos operativos de varias dependencias, entre las que se cuenta la disminución en la compra de diesel del Vive Bus Chihuahua y la de gasolina para las patrullas de la Fiscalía General del Estado.

Pero no solo, al enviar al 5 de septiembre la fecha de la celebración de la audiencia para resolver el tema de fondo, en la práctica, por los tiempos, tanto del proceso de la bursatilización, como los restantes al gobierno de César Duarte, la medida buscada por los quejosos no se logrará: Impedir que aumenten los montos de la deuda, o como sostuvieron los integrantes del grupo gobernante hasta el final, los “compromisos financieros”, y que la actual legislación registra, todos, bajo la denominación de “obligaciones financieras” de los estados y municipios, pues el amparo interpuesto podrá resolverse, probablemente, seis meses después.

Aún más, la nueva Ley de Disciplina Financiera establece que se consideran como deuda todas las obligaciones adquiridas por los entes públicos, bajo cualquier modalidad, establece la nueva legislación, ya sea por la vía de los cerditos tradicionales o por cualquier otra forma de allegarse financiamientos.

El problema es que esa ley, como en norma federal, ordena a las legislaturas estatales adecuar sus normas en un plazo no mayor a los “180 días naturales a partir de la publicación de la presente”, cosa que ocurrió en abril de este año y, por tanto, el Congreso de Chihuahua tiene hasta el mes de octubre para hacerlo.

Con ello terminará la controversia desatada a lo largo de toda la actual administración que le permitió llevar la deuda directa (la avalada con las participaciones federales) a un monto de 24 mil millones de pesos (mmdp), que es el tope de la capacidad financiera de la entidad, y con la bursatilización impugnada, las obligaciones financieras subieron hasta los 26 mmdp, lo que hace un monto total de la deuda de Chihuahua -cifra dada a conocer por el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera. Aserto Radio, 8/VIII/16- de 50 mmdp.

Como bien lo dice el Director de DILE, Jesús Manuel Soledad, el juez Trejo no resolvió el fondo del litigio pues “consideró que no está demostrado nuestro interés legítimo y que, en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

Aún más, en la audiencia constitucional de septiembre, el juez federal deberá resolver si el demandante está amparado bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del Gobierno del Estado, asunto que revise la mayor de las importancias pues se trata de una nueva figura que podría superar lo tradicional en esta materia, esto es que sólo los afectados (que así lo demostraran) podrían solicitar la protección de la justicia federal ante actos de la autoridad.

De esta manera, al no resolver sobre el asunto de fondo, es decir, si el Gobierno de Chihuahua habría violado la prohibición constitucional de adquirir nueva deuda de corto plazo, o, como lo sostiene el texto constitucional, artículo 117, Fracción VIII, respecto a las “obligaciones” financieras de corto plazo: 

“… Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses”.

Pero la audiencia constitucional sí podrá, si DILE decide continuar con el litigio, definir la constitucionalidad del acto realizado por el Congreso del Estado al aprobar la bursatilización dentro del plazo marcado por la Constitución General de la República Mexicana.

Problema que podrá evitarse en el futuro (o por lo menos atenuarse) con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, lo que deberá hacer la legislatura local a más tardar en octubre, además de que los gobiernos estatales deberán hacer proyecciones presupuestarias a cinco años “así como fondos de previsión de los desastres naturales, un estudio actuarial de pensiones que debe actualizarse cada tres años, entre otras ordenanzas de la Ley de Disciplina Fiscal”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

Más allá de las resoluciones judiciales, que sólo tendrán efecto en la siguiente administración estatal, lo cierto es que el gobierno de César Duarte admite claramente la existencia de un déficit presupuestario del orden de los 5 mmdp (Entrevista de Jaime Herrera en Aserto Radio, 8/VIII/16) que, explicó, no se acumula al final del año, sino que mensualmente, con altibajos debido a las exigencias que varían con la época del año, promedia los 400-450 millones de pesos, lo que explicaría, de acuerdo con el funcionario, la existencia de falta de “liquidez” en los meses de junio a julio, debido a la falta de los recursos procedentes de la bursatilización.

Al criticar la decisión del juez, el equipo de Javier Corral dio por un hecho la existencia del déficit de 5 mmdp, “Sabemos que va haber problemas en la entrada (del nuevo gobierno), sabemos que van a entregar una administración con un déficit de casi cinco mil millones de pesos anuales”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 9/VIII/16).

Además de sospechar un mal empleo de los recursos, pues, dijeron se usarán “para tapar hoyos negros, porque tenemos información de que hay algunos proveedores, por lo menos sospechosos, que se deben meter en una revisión más cuidadosa”, mencionó el vocero de Corral, Antonio Pinedo Cornejo. (Ibídem).

Lo que va perfilando el difícil panorama en el que se desempeñará el gobierno de Javier Corral, los tres últimos meses del año y, probablemente, todo el 2017 pues los ajustes al presupuesto deberán ser, necesariamente, a mediano plazo y con el ingrediente político de que en un año ya estaremos en los tiempos preelectorales que para Chihuahua significará la elección de todos los cargos de elección popular, con excepción del gobernador del estado.

Sin embargo, las expresiones públicas del nuevo grupo gobernante reflejan lo que es una extendida percepción popular y la certeza, para ellos, de que sí contarán con los recursos necesarios. El vocero de Javier Corral, Antonio Pinedo afirmó que “se va a salir adelante y va a haber dinero para cumplir con los compromisos de campaña y también va haber un Gobierno austero, porque cuando no se roba alcanza para más”. (Ibídem).

Dos cosas son los pendientes, o asuntos que deberán dirimirse en la siguiente administración: Primero, el hecho de que el actual grupo gobernante acepta que todos los años trabajó con un déficit presupuestario de alrededor de 5 mmdp, que, sabedores, de ello, recurrieron a los empréstitos para hacerlo, ello explica, dicen, los montos de la deuda de Chihuahua.

Sin embargo, sostienen, que la vía usada para hacerlo no comprometía los recursos de la entidad pues a partir de una veta que no tenía Chihuahua, la de las concesiones sobre las carreteras federales por un lapso de 30 años otorgado por el Presidente Peña Nieto y que seguramente fue fruto de la negociación, planteada desde el principio por el gobernador Duarte al Presidente Peña Nieto, al exigirle al gobierno federal que “indemnizara” a la entidad por haber invertido más recursos a la educación, dinero que debía a Chihuahua.

El problema es que esos recursos fueron empleados a lo largo de, únicamente, esta administración.

Y eso es lo criticable, o, por lo menos, lo discutible ¿Qué tan válido es que una administración aproveche los recursos obtenidos y mediante complejas operaciones financieras le impida a las siguientes administraciones acceder a esos recursos si la actual ya los comprometió para las siguientes cinco o seis?

No es tan poca cosa lo realizado. La capacidad crediticia del gobierno de Chihuahua se agotó, los siguientes gobiernos no podrán acceder a empréstitos y sólo lo podrán hacer en la medida que se vaya saldando la actual deuda directa (del orden de los 24 mmdp) contratada a largo plazo.

Y no podrán acceder a los ingresos procedentes de las casetas de peaje en los próximos 30 años, sólo a una parte de los remanentes carreteros, es decir, al incremento, por la elevación de las tarifas, del número de vehículos, o de ambos, pero también sólo a una parte en virtud de que los remanentes, hasta junio de este año, ya están comprometidos con la bursatilización más reciente, la del litigio presentado por DILE.

De esa manera, si el gobierno de Corral optara por adquirir nuevas obligaciones financieras, estaría constreñido a las opciones anteriores.

Otra de las alternativas será la de la disminución del gasto corriente, tanto en el rubro del personal, como en el del ahorro en los gastos de operación, compras y pagos a proveedores, que han merecido justas críticas por el derroche de recursos realizado, que sólo en la parte final del gobierno, justamente cuando ya se apreciaban nítidamente los problemas de la administración de los recursos financieros, se efectuaron algunos ajustes.

Aspectos como éste, así como el de los supuestos pagos excesivos a algunos proveedores, del derroche financiero de algunas dependencias, las compras de medicamentos; el gasto en seguridad pública y en medios de comunicación formarán parte de los rubros en que la nueva administración deberá indagar, informar y, en todo caso, aplicar los ordenamientos legales.

Habremos de verlo.

Entre la espada y la pared

Editorial, Aserto 157, agosto de 2016

Al resolver, el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, no otorgar el amparo de manera definitiva al Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos, del remanente del Fideicomiso carretero, aprobada por el Congreso del Estado en la primera quincena de julio, le añadió grados superlativos de incertidumbre a los primeros meses del nuevo gobierno de Javier Corral y al pueblo de Chihuahua.

Quedó a decisión del DILE si interpondrá un nuevo recurso o no. Se resolvería en una nueva audiencia a principios de septiembre, a un mes del inicio del gobierno de Corral.

Pero el juez Trejo Espinoza no resolvió, por ahora, la controversia desatada en Chihuahua sobre la deuda de la entidad, ni si la bursatilización deberá considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, ni si el gobierno de Chihuahua violó o no la prohibición constitucional a contratar “nuevas obligaciones los tres meses previos al término de la gestión”, con esa operación financiera.

Por otra parte, una resolución judicial de este tipo debería precisar si fueron válidos los destinos de los recursos obtenidos por la bursatilización y el de si la actual administración actuó correctamente al emplearlos en los rubros de seguridad pública, salud y educación, en los cuales, muy seguramente, sirvieron, también, para cubrir los emolumentos de los servidores públicos dedicados a esas tareas pues la ley prohibe usarlos para “gasto corriente”.

Sin embargo, al argumentar que su determinación tuvo como fondo el hecho de que el gobierno de Chihuahua había argüido que estaban contemplados para emplearlos en el pago de nóminas de diversas dependencias, de alguna manera, sin entrar al fondo del asunto, dió luces de por donde podría ir su opinión sobre este asunto

Por otra parte, el juez dejó abierta la posibilidad del establecimiento de una discusión -y la consecuente definición jurídica- acerca de lo denominado “interés legítimo” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente solamente los afectados por determinada acción gubernamental, o de cualquier ente responsable, podían interponer un amparo y quienes interpusieron el amparo forman parte de una organización, no asentada en Chihuahua, pero cuyos fines, el combate a la corrupción, los podrían hacer merecedores de recibir el amparo de la justicia federal.

Por añadidura, la resolución sobre el amparo pondrá al equipo del gobernador electo, Javier Corral en la disyuntiva, primero, o aceptar como verdadera la situación financiera del gobierno estatal, informada a ellos por los actuales responsables financieros, lo que los llevaría a aceptar una terrible realidad, la de que esos recursos sí estaban presupuestados desde diciembre, que se había contemplado obtenerlos por la vía de la bursatilización de los remanentes carreteros y que de no aceptar la operación financiera se verán en serios problemas pues equivalen al gasto total mensual del gobierno del estado.

O, si por el contrario, las finanzas estatales estarían sobradas y los recursos de la bursatilización serían empleados para favorecer, como sostienen, a los proveedores y receptores favoritos del gobierno de César Duarte.

En cualquier caso, los chihuahuenses se encuentran entre la espada y la pared, pues las “obligaciones” del gobierno de Chihuahua, entre las cuales el texto constitucional establece instrumentos financieros como los de la bursatilización, así como los créditos contratados directamente por el gobierno estatal y los municipales, así como los organismos descentralizados, habrán crecido, y si no se aceptan los nuevos compromisos financieros, entonces se paralizarían un buen número de actividades gubernamentales.

Los problemas financieros del gobierno estatal son más que evidentes, se aprecian por todos lados los efectos del déficit presupuestal, es decir, el desfase entre los ingresos reales del gobierno y el gasto programado en el año, que ronda los 6 mil ya afecta a toda la operación gubernamental pues hasta fines de julio podría considerarse asciende a alrededor de los 3 mil millones de pesos.

La agonía de un régimen

Aserto 156, julio 2016

Luis Javier Valero Flores

Los acontecimientos posteriores a la elección del 5 de junio no podrían ser más preocupantes. El final del gobierno de César Duarte amenaza en convertirse en uno de los episodios más controversiales de los últimos años.

Las manifestaciones de los chihuahuenses, y los conflictos, por diversos motivos, se han sucedido con una creciente presentación: Productores del campo por varias razones (la suspensión de los recursos para el mantenimiento a los distritos de riego, el atraso en el pago del subsidio a los aveneros, los cortes limitados a los pozos agrícolas); la falta de gasolina por varios días en la capital del estado; la falta de camiones de las rutas alimentadoras del Vive Bus, debido a las reparaciones; las manifestaciones de los braceros y sus familiares; de los senectos; de los trabajadores de la educación; de trabajadores de distintas plantas maquiladoras, que tomaron el puente fronterizo “Paso del Norte” , así como los violentos hechos ocurridos el 22 de junio en Palacio de Gobierno.

Además, la impugnación del PRI a la elección de gobernador en la que está solicitando la anulación de la elección, se ha convertido en un catalizador de la indignación popular y ha motivado una creciente molestia de la ciudadanía hacia el PRI y el grupo gobernante, que se acrecentaron con la aprobación de dos iniciativas presentadas por el Gobernador César Duarte al Congreso del Estado en las que, con base en el peaje carretero, obtendrá un nuevo financiamiento de 6 mil mdp, que en términos de la economía clásica -y del lenguaje de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, además de la percepción popular, es deuda.

La primera fue para derogar un artículo transitorio de una reforma constitucional, adecuación de la reforma constitucional respectiva en el ámbito federal que estableció la obligatoriedad a los gobiernos locales de saldar totalmente las deudas de corto plazo (bancarias) tres meses antes del fin de sus gestiones.

(Artículo completo en www.aserto.mx)

Final borrascoso

Editorial, Aserto 156, julio 2016

El fin del sexenio de César Duarte ha sometido a la entidad a una verdadera crisis política, además de la económica; a su vez, el violento enfrentamiento ocurrido en las puertas de Palacio de Gobierno reflejó el enorme rechazo popular hacia la actual administración estatal, así como las distintas vertientes opositoras existentes en el Chihuahua de nuestros días.

Sometido a una durísima crítica, por el ahora gobernador electo, Javier Corral, el gobierno de César Duarte decidió impugnar la elección a gobernador, lo que concitó aún más la indignación popular, la que se acrecentó con la aprobación de una nueva bursatilización de los peajes carreteros, en lo que son, más allá de las declaraciones y del intercambio epistolar entre Duarte y Corral, en el que se notificaron acerca de lo integrantes de las respectivas comisiones de entrega-recepción, evidencias palmarias de la continuación del largo y crudo enfrentamiento político entre el mandatario saliente y el entrante.

En medio de esa controversia, el paro de choferes del transporte urbano de Chihuahua vino a confirmar la ineficiencia y el descuido del gobierno de César Duarte en este asunto, fundamental para la vida de los chihuahuenses, independientemente de si fueran usuarios del servicio, o no; la vida de la ciudad se desarrolla, literalmente, a través de los camiones del transporte urbano, haciendo que la frase más importante de la toma de posesión de Duarte -el poder es para poder y no, para no poder- quedara hecha añicos.

No pudo con el pulpo camionero.

Pero si no pudo con los concesionarios, el manejo de las finanzas públicas será el rasgo emblemático de su administración. Anualmente tuvo un déficit que se solventó, o con deuda directa, o hipotecando los ingresos futuros del peaje carretero, hasta por 25 años.

Así, una encomiable gestión, la de César Duarte al obtener que el presidente Peña Nieto aprobara entregarle al gobierno de Chihuahua por 30 años la concesión sobre los tramos carreteros federales, se convirtió en el mecanismo para sufragar el déficit presupuestal de alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, a base de bursatilizar los ingresos del peaje de estas carreteras, además de las estatales.

Pero no se puede endeudar permanentemente para solventar los gastos. 

Y ese es el verdadero problema, que el gobierno de Chihuahua presupuestó, año con año, gastar más dinero que sus ingresos y puso al tope la capacidad de endeudamiento de la entidad, por lo que se refiere a la deuda directa (que se ampara con las participaciones federales), además de adquirir compromisos, ú obligaciones financieras sobre los ingresos propios, de casi 20 mil millones de pesos, que eso son los bonos carreteros, cuyo monto creció abruptamente al aprobarse un nuevo financiamiento de 6 mil millones de pesos, en contra de la opinión de la primera fuerza política en la entidad, que ya no es el PRI, partido que actuó como si lo fuera, como si la elección del 5 de junio, reflejo de la voluntad mayoritaria, no se hubiera dado.

Ese es el verdadero fondo del principal problema político existente en Chihuahua hoy, el que la administración saliente no actúa con la percepción de lo sucedido en esa elección y, por consiguiente, toma determinaciones que van más allá del término de su gestión cuyas consecuencias se convierten en conflictos sociales.

Si el problema financiero del estado es tan serio como para requerir la aprobación de un monto de esas dimensiones, entonces lo procedente era que los equipos del gobierno saliente y el entrante, juntos, analizaran el problema y que, sin afectar facultades legales, tomaran la determinación que fuera la siguiente administración la que resolviera si accedía a ese nuevo financiamiento.

Y, además, que se transparentara claramente en que se emplearían esos recursos, algo que fue una exigencia ciudadana a lo largo del sexenio, que termina en medio del rechazo popular, quizá más extendido que en la fecha de las elecciones.

Triste final.

No habrá foto Duarte-Corral

El Diario, 14 de agosto de 2016

Luis Javier Valero Flores

No hay día en la que nuevos elementos disturbadores, de la ya muy larga transición gubernamental, se presenten y que evidencian la profunda crisis de credibilidad de la actual administración.

Ahora, nuevamente los choferes del Vive Bus y de las ruinas alimentadoras de la ciudad de Chihuahua pararon ayer debido, se dijo en un primer momento, debido a que no les pagaron los salarios de la semana, y más tarde a la carencia de diesel, hecho que motivó, naturalmente, la ira popular.

“Nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, queremos que la gente sepa que no es nuestra decisión, porque tampoco hay dinero para diesel. Jorge, El Rojo, Meraz, líder de los choferes”. 

Increíble.

Además, un nuevo grupo de abogados buscó un nuevo amparo contra la bursatilización, que deberá resolver el juez Cuarto de Distrito, con sede en Juárez, en el curso de las próximas horas.

Pero un asunto sobre el que, conforme se acercan las fechas en que deberá terminar el gobierno de César Duarte, crecen los rumores y las especulaciones es el de acerca del modo en que entregará la administración. Aspecto central de las especulaciones lo ocupa la pregunta, hasta morbosa, acerca del modo en que lo hará y, en el clímax, si se saludarían en el acto de toma de posesión.

Algunos medios de comunicación se han hecho eco de tales preocupaciones. En el colmo publican informaciones en el sentido que el Congreso del Estado “ya se preparan los últimos detalles” para la recepción del último informe del gobernador.

Deberemos precisar que la toma de posesión y la presentación del último informe del ballezano son dos actos totalmente distintos y que podría generarse alguna confusión sobre la simultaneidad de ellos, sobre todo porque, ante la determinación de hacer coincidir la elección del gobernador de Chihuahua con la elección de los diputados federales de mitad de sexenio, a partir del 2021 los gobernadores de Chihuahua tomarán posesión el 8 de septiembre, en lugar de lo ahora vigente, el 4 de octubre.

A su vez, el mandatario tiene la obligación de presentar los informes a la apertura del primer período ordinario de sesiones, salvo el último en el que, a partir de una reforma impulsada por Patricio Martínez, tiene la opción de presentarlo “el primer viernes de septiembre”, y de ninguna manera cuando el gobernante decida.

Esto dice el texto constitucional de Chihuahua:

“ARTICULO 55. A la apertura del primer período ordinario de sesiones concurrirá el Gobernador del Estado, quien presentará un informe por escrito en que manifieste el estado que guarda la administración pública. Si el Gobernador le da lectura, el Presidente del Congreso le contestará en términos generales y un representante de cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios generales en torno al mismo una vez rendido aquél y dentro de la misma sesión. El desarrollo de la intervención de dichos representantes se regulará en la ley orgánica del Congreso. 

Tratándose del último año de su gestión, el Gobernador podrá rendir por escrito el informe del estado que guarda la administración pública, el primer viernes del mes de septiembre, cumpliendo las formalidades previstas para tal efecto en el artículo 51 de esta Constitución”.

La inquietud societaria, en todo caso, se ubicaría en saber si por segunda ocasión en su mandato, César Duarte y la legislatura correspondiente, se atendrán a lo preceptuado en la Constitución, citado líneas arriba.

Con la excepción del año anterior, debido a la lesión de la columna vertebral sufrida en el accidente del helicóptero, César Duarte envió al Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, a presentar ante el Congreso del Estado el informe escrito del “estado que guarda la administración pública”, porque en los anteriores el mandatario había hablado en la sesión del Congreso, lo que motivaba a que lo hiciera de acuerdo con lo que marca la ley: El tendría que hablar antes que los diputados, y luego un representante de cada uno de los grupos parlamentarios para hacer comentarios sobre el informe del gobernante.

No fue así en ningún caso y tal parece que se preparan para hacer una cosa semejante, lo que no se debería ocurrir para que el acto se ajuste a la ley.

Y si decide no hablar, basta con presentar el informe escrito, habrá cumplido y contribuiría a la necesaria distensión en la transición gubernamental; cosa necesaria, no porque se arríen las banderas, sino porque, por lo menos, se construya el ambiente adecuado para que funcionarios de los primeros niveles de gobierno y sus contrapartes del gobierno entrante puedan efectuar el proceso de entrega-recepción en los mejores términos.

Del mismo modo, la ley no establece la obligación de que el gobernador saliente asista a la ceremonia de toma de posesión del entrante, y no existe, porque el 4 de octubre César Duarte será, solamente, un ciudadano chihuahuense, su mandato habrá terminado a la media noche del 3 de octubre.

Sí, la ley establece que el nuevo gobernante deberá prestar protesta ese día ante el Congreso del Estado, pero sus obligaciones y facultades habrán iniciado el primer minuto del 4 de octubre.

De ese modo, aparentemente, no habrá ocasión para la fotografía en la que el saliente entrega y el entrante recibe. Igualmente, ni Corral, ni Duarte, están obligados a “salir” en la foto, basta con que sus equipos realicen el proceso para cumplir con la ley.

Otra cosa sería si llegaran al acuerdo de presentarse en un acto público con ese objeto, o de que la nueva legislatura y Duarte lo acordaran, invitarlo a la toma de protesta de Corral, porque ese acto no es del Poder Ejecutivo -y eso deberá rescatarse, la independencia del Poder Legislativo- sino de los diputados, cosa que a lo largo del sexenio no existió, o dicho de mejor manera, llegó a niveles superiores a los anteriores.

Propuesta por Javier Corral, la nueva reforma política para Chihuahua deberá incluir, necesariamente, un profundo cambio en la forma y el contenido de la presentación de los informes de los gobernadores de Chihuahua.

Si bien se dejó atrás la parafernalia del presidencialismo previo, el del régimen del “partido casi único”, el nuevo formato, consistente en la presentación del informe por escrito, le otorga un pesado manto de opacidad al quehacer del gobernante pues no hay forma alguna de que sea cuestionado sobre el informe presentado.

La vida les dió una segunda oportunidad. 

En 1992, la mayoría legislativa, conformada por el PAN, aprobó una reforma constitucional de hondo calado; es prácticamente la vigente hasta ahora -con muchos cambios, obviamente-, y en ella, en una clara concesión al entonces gobernador Francisco Barrio, aprobaron el formato del informe del gobernador en los términos actuales. 

Le dejaron abierta una puerta para el caso de que decidiera no recibir, de cuerpo presente, los reclamos y críticas de los diputados de oposición.

Nadie quiso cambiarla hasta ahora; en cambio, anualmente, los diputados de oposición y el gobernante en turno, pactaban el modo en que el mandatario presentaría su informe ante el Congreso y luego, ese día, o el siguiente, o los siguientes como en el caso de Reyes Baeza, realizaban fastuosos actos en los que intentaron repetir la parafernalia presidencialista y recibir todos los elogios, con un derroche impresionante, acompañado, pero por supuesto, de largos “besamanos” posteriores a la presentación del informe. 

Igual que antes.

Bueno, pues ahí está la oportunidad para cambiar el formato del informe, por uno más acorde a las necesidades de democratización de la vida pública, que podría consistir en la obligación, para el gobernador, de presentar el informe por escrito, o verbal, y regresar días después a debatir con el Congreso lo presentado, así como el de contratar, por la vía que fuera, la transmisión, en vivo, de esa sesión de discusión del informe del gobernante y así contribuir decisivamente al mejoramiento de la vida republicana haciendo a un lado la actual cortesanía, además de los enormes gastos suntuarios realizados con el fin de enaltecer al gobernante en turno.

GRAVÍSIMO ATENTADO A LA LIBERTAD DE PRENSA. Es el cometido por varios agentes ministeriales al agredir a los periodistas Saúl García e Idaly montaña, así como el de intentar borrar el material fotográfico de la cámara de Saúl. 

Deberá darse una muy severa sanción a los agentes ministeriales, el mensaje es extraordinariamente preocupante, trataron de impedir la divulgación de información. No se puede permitir, al hacerlo, los funcionarios públicos agredieron a toda la sociedad chihuahuense, de ese tamaño es la dimensión de la labor periodística, intentaron evitar que llegara información a los chihuahuenses.

En transporte, nadie dice nada

El Diario, 11 de agosto de 2016

Luis Javier Valero Flores

Los choferes del Vive Bus-Chihuahua efectúan paros porque no hay diesel, porque los patrones no pagan las cuotas del Infonavit y del IMSS; los concesionarios del transporte urbano de la capital suben la tarifa a 8 pesos sin acuerdo de la autoridad; los funcionarios estatales anuncian que se otorgarán 380 nuevas concesiones para taxis y “peseras”, como “en el DF”, dicen, a pesar de que van a la extinción allá; Uber inicia actividades en Juárez y Chihuahua, nadie los regula, porque, dicen, la prestación del servicio es entre privados; los sindicatos de taxistas deciden aplicar la justicia por propia mano.

Los choferes “cortan” las corridas de autobuses en los momentos y lugares que ellos deciden; los concesionarios deciden, por su cuenta, cuales y cuántas unidades salen a ofrecer el servicio. La autoridad anuncia, de improviso, que se cobrará en efectivo en los camiones de Chihuahua, que las tarjetas ya no funcionarán, luego anuncian que siempre sí, que el uso de ellas se prolongará hasta fines de ese mes. Luego nadie dice nada.

Los taxistas, como si estuvieran en el viejo y lejano oeste norteamericano, salen a las calles a “cazar” ubers, nadie dice nada, las autoridades tampoco. En respuesta, ayer, choferes de Uber salen al rescate de sus compañeros perseguidos y hostigados por taxistas. Nadie dice nada en los palacios gubernamentales.

Semanas atrás, el encargado del transporte anuncia que el transporte urbano de Chihuahua regresa a las viejas rutas. Nadie dice nada. El día en que los camiones deberían transitar por las viejas rutas no pasa nada; peor, nadie dice nada.

Luego anuncian que siempre no, que siguen las nuevas rutas. Nadie dice nada.

En tanto, ayer, cuando “elementos de Transportes le marcaron el alto a conductor de Uber para quitarle su vehículo, pidió auxilio a sus compañeros y lograron impedir el decomiso”. (Nota de Daniela Nava A., www.tiempo.com, 10/VIII/16).

En esta ocasión, a diferencia de los días anteriores, y como había ocurrido en dos ocasiones en Juárez, los conductores de Uber se agruparon y defendieron a sus compañeros del hostigamiento de los taxistas y de la connivencia de las autoridades.

En un segundo incidente, los conductores de Uber impidieron el decomiso, por parte de la Dirección de Transporte, de un vehículo que prestaba este servicio y lo liberaron.

El colmo, cuatro conductores de Uber pretendieron pagar las multas y la Dirección de Transporte rechazó los pagos porque, según la opinión de Adrián Cuellar, representante de los conductores de Uber en la capital chihuahuense, era para no entregarles el vehículo. (Ibídem).

Por si fuera poco, al continuar la persecución efectuada por los taxistas en contra de los conductores de Uber, ayer, de acuerdo con Seguridad Pública, se “detuvo a tres taxistas por alterar el orden público”, con lo que llegaron a “10 los conductores agremiados que durante los últimos siete días han realizado este tipo de acciones contra los socios de Uber”. (Nota de Abraham Rubio, El Diario de Juárez, 10/VIII/16).

¿Qué ocurre? ¿Es acaso la transición gubernamental la que está originando los conflictos descritos arriba, en los que la autoridad, o no existe, o es omisa o, de plano, actúa con parcialidad para favorecer a los mismos grupos que han monopolizado la prestación del servicio de transporte urbano en Juárez y Chihuahua?

¿Porqué la ciudadanía no percibe que la autoridad, en los últimos días de su gestión, haga algo pertinente, adecuado, necesario para paliar el gravísimo problema del transporte urbano, particularmente en la capital del estado, pero no sólo?

¿Cómo es que a unas cuantas horas de dejar el cargo, y la responsabilidad de la prestación del servicio de transporte urbano, se atrevan a anunciar el otorgamiento de casi 400 nuevas concesiones de taxis y de taxis colectivos, sin la existencia de un mínimo de estudios que demuestren -en el caso de los colectivos- la viabilidad de esa modalidad?

¿O será, como dicen las consejas populares, el pago de favores al cierre de la administración?

Si la transición gubernamental ya está caminando ¿Por qué no dejar a las nuevas autoridades el estudio y resolución de estos asuntos?

¿Porqué al quince para las doce?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Indefinición e incertidumbre

El Diario, 7 de agosto de 2016

Luis Javier Valero Flores

La posposición de la resolución sobre el amparo solicitado -y obtenido de manera provisional- por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos del remanente del Fideicomiso carretero, así como la determinación del Comité Nacional del PRI, de atacar la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que había declarado legal la elección de Javier Corral, ha llevado a la máxima tensión a los actores políticos de la entidad.

Además, con los apretones financieros del Gobierno del Estado, con evidencias plenas en varias actividades de los entes públicos, han llevado a que la transición gubernamental que, a pesar de los diferendos de los gobernadores, el actual, César Duarte y el electo, Javier Corral, transcurría dentro de parámetros “normales”, se haya desbarrancado.

Lo decíamos el jueves pasado, -cuando apelábamos a la más famosa frase del ya fallecido Mario Ruiz Massieu- el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza desató todos los demonios.

Deberá resolver mañana, de manera definitiva, si otorga el amparo, pero en un nuevo escenario, diferente al de apenas 3-4 días atrás, en el que las expresiones de Duarte y Corral subieron de tono y las manifestaciones del “apretón” aplicado por la Secretaría de Hacienda a varios de los gastos de la administración estatal, entre los que destacan el de la compra de diesel para el Vive Bus de la ciudad de Chihuahua, la gasolina para vehículos de varias dependencias, la disminución de los gastos en las oficinas del Gobierno del Estado en Juárez, y el pago a proveedores de los penales, mientras crecen los rumores acerca de los enormes problemas financieros del gobierno de Duarte para enfrentar los pagos al personal para la primera quincena de agosto, y los de que antes de la presentación del amparo contra la bursatilización, había acuerdos entre los equipos de los gobernadores, acerca del modo en que ejercerían esos recursos.

Todo eso cambió. Nos quieren poner “una zancadilla”, dice César Duarte en relación al amparo; en tanto que Corral afirma que “es un absurdo”, la nueva impugnación del PRI, al tiempo que anunció su propósito de pagar a los proveedores del gobierno, pero a los que demuestren no haberse excedido en las cotizaciones de los bienes y servicios prestados al gobierno de Duarte y que éste no haya saldado, para evitar, dijo, que el actual mandatario le pague a sus amigos y favoritos.

El juicio de revisión constitucional presentado por el PRI en contra de la resolución del TEE sí entorpece los trabajos de la transición gubernamental. Corral afirmó que “actores con los que hoy mismo podríamos estar sentados trabajando, platicando, tengan como pretexto o argumento la impugnación del PRI”.

De todos modos, con los recursos de la bursatilización, o sin ellos, sostuvo, habrá problemas financieros al tomar posesión del gobierno.

Además, el juez precisará si este tipo de obligaciones financieras deberán considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, por lo que determinará si el gobierno de Chihuahua violó la prohibición al contratar “nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses (los previos al término de la gestión)”, o, si por el contrario, le concede la razón al Gobierno de Chihuahua, quien arguye que el párrafo constitucional de marras se refiere solamente a la “deuda de corto plazo”, lo que no se aplica, sostiene, a los recursos obtenidos por la “monetización”, ya que, dicen, “no son deuda”.

Por otra parte, el juez podrá sentar precedente acerca de lo denominado “interés legítimo” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente la posibilidad de interponer un amparo solamente lo podían hacer aquellos entes que se sintieran afectados directamente por determinada acción gubernamental.

Hoy, a la vista de los nuevos ordenamientos jurídicos, se abre la posibilidad de que organizaciones, cuyos fines sean los esgrimidos, y sean objeto de la petición del amparo, puedan acceder a la protección de la justicia federal.

Recuperado el discurso previo a las elecciones, el Gobernador Duarte sostuvo que con la presentación del amparo, lo que se busca es “meternos el pie para tratar de impedir que el Gobierno cierre de mejor forma, porque no se puede entender una acción de impedir el acceso a un recurso que se tiene presupuestado desde el año pasado, un recurso que se tiene contemplado en la Ley de Ingresos… Es un interés de meter el pie, de meter zancadillas, de distraer las capacidades del Estado en contra del reloj y naturalmente que esto afecta a Juárez en los recursos que hemos convenido y compartido para obras comunes, que hemos construido y muchas de ellas por los tres niveles de gobierno”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 6/VIII/16).

En este sentido, las declaraciones del titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Sergio Belmonte, acerca de que parte de los recursos de la bursatilización serían destinados a la liquidación de personal, una vez que entrara en funciones el nuevo gobierno, levanta marejadas (es que estamos en temporada vacacional, de ahí el lenguaje) de preocupación, pues la ley no contempla el pago de liquidaciones al personal de confianza, como lo son quienes participaron en los primeros niveles de la administración, para los que, incluso, existe un ordenamiento legal, aprobado en el gobierno de Patricio Martínez, que prohibe hacerlo. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 6/VIII/16).

“Por ahora no hay gasolina ni para transporte urbano, ni para unidades de la Fiscalía General del Estado”, reconoció Belmonte. (Ibídem).

Tales informaciones motivan la preocupación.

Vamos aceptando que los 6 mmdp de la bursatilización fueron aprobados en diciembre del año anterior como parte de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2016; eso no explica que en agosto se diera un problema de falta de liquidez del gobierno pues, en todo caso, los 6 mmdp harían falta, si se aplicara esa lógica, en los meses de noviembre y diciembre.

En agosto deberían de estarse ejerciendo los recursos de este mes y de los anteriores, pero de ninguna manera los del fin de año, por ello no se explican los “apretones presupuestarios del momento”, y en todo caso haría falta que a la sociedad chihuahuense se le informara -por supuesto, también al equipo del gobernador electo- detalladamente del momento financiero que vive el gobierno estatal, pues podría haber nuevos elementos que lo justificaran, pero que al no hacerlo se da pie a la especulación, en momentos en los que la actual administración estatal pasa por uno de los peores momentos de credibilidad.

De ahí que se antoje inexplicable la determinación de la dirigencia nacional priista al insistir, ante el máximo tribunal en materia electoral, en impugnar la elección y, ahora, de acusar a los organismos electorales, tanto al Instituto Nacional Electoral, como al Instituto Estatal Electoral, de haber violado normas constitucionales por haber aprobado diversas regulaciones de carácter operativo para las elecciones del 5 de junio y que hasta haya aparecido el ex candidato, Enrique Serrano, reclamando su derecho a ser postulado, nuevamente, en el caso de que anularan las elecciones.

¿Es que acaso las dirigencias reales del PRI no sopesan la realidad? ¿No efectúan mediciones de preferencias y simpatías político-electorales? ¿No se dan cuenta que si se realizaran nuevas elecciones -dejando de lado, en este alegato, la legalidad o no de las elecciones del pasado junio, teniendo presente, el escribidor, que fueron legales- sufrirían una más aplastante derrota, percepción que comparten infinidad de priistas?

Eso es lo que está en el fondo en las expresiones de los ex gobernadores Patricio Martínez -un buen mariscal sabe retirar a tiempo sus fuerzas- y Reyes Baeza -le daré todo mi apoyo al gobernador electo-, de la del ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada y del coordinador de los diputados federales chihuahuenses priistas, Alejandro Domínguez, cuando expresó que “Lo que urge en el PRI es restablecer el diálogo interno de todos los actores políticos, no sólo de quienes encabezan la dirigencia o de quienes gobiernan porque el partido somos todos y tenemos obligación para recomponer la circunstancia en la que nos encontramos”. (Nota de la redacción, tiempo.com, 2/VIII/16).

Esas son las expresiones públicas, las que hacen muchos de los militantes de ese partido en privado son increíblemente duras para quienes ejercieron el gobierno en la actual administración y que, en el supuesto de la anulación de las elecciones -lo que parece muy lejos de la realidad-, serían los que cargaran con la mayor parte del trabajo de la campaña, en condiciones extraordinariamente desventajosas.

Y es que nunca habíamos apreciado tan grande desgaste de un gobernante. Hacia allá llevó a su partido; pocos lo acompañarían en una nueva aventura electoral.

Necesitarán varios meses, y mucha sabiduría política, para ser competencia en la siguiente elección. 

Se ve muy difícil que lo sean.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Problemón ¿Sólo financiero?

El Diario, 4 de agosto de 2016

Luis Javier Valero Flores

Al concederle al Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), el amparo provisional sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos, del remanente del Fideicomiso carretero, el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, desató, realmente, todos los demonios.

Deberá resolver mañana, de manera definitiva, el amparo otorgado y a continuación entrar al fondo del asunto, que no es cualquier cosa porque en ese litigio se podrían resolver varias de las controversias desatadas en Chihuahua por este tema, el de la bursatilización de distintos ingresos del gobierno estatal. 

Además, precisará si este tipo de obligaciones financieras deberán considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, por lo que determinará si el gobierno de Chihuahua no violó la prohibición a contratar “nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses (los previos al término de la gestión)”.

Sin embargo, y como el mismo presidente de DILA, Jesús Soledad, sostiene , el párrafo de la prohibición se refiere a las “obligaciones de corto plazo”.

De tal manera que, incluso esta ambigüedad del texto constitucional podría ser precisada en el litigio. 

Por otra parte, una resolución judicial de este tipo precisaría los destinos válidos de los recursos obtenidos por esta vía y el de si la actual administración actuó correctamente al emplearlos en los rubros de seguridad pública, salud y educación, en los cuales, muy seguramente, sirvieron, también, para cubrir los emolumentos de los servidores públicos dedicados a esas tareas pues la ley prohibe usarlos para “gasto corriente”.

Por otra parte, el juez podrá sentar precedente acerca de lo denominado “interés jurídico” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente la posibilidad de interponer un amparo solamente lo podían hacer aquellos entes que se sintieran afectados directamente por determinada acción gubernamental.

Hoy, a la vista de los nuevos ordenamientos jurídicos, se abre la posibilidad de que organizaciones, cuyos fines sean los esgrimidos, y sean objeto de la petición del amparo, puedan acceder a la protección de la justicia federal.

Además, se pondrá a discusión y eventualmente a la definición jurídica, el tema de si las bursatilizaciones -o el de las monetizaciones- constituyen, o no, deuda de los entes públicos.

Por añadidura, la resolución sobre el amparo pondrá al nuevo grupo gobernante en la disyuntiva, primero, de aceptar como verdadera la situación financiera del gobierno estatal, informada a ellos por los actuales responsables financieros, lo que los llevaría a aceptar una terrible realidad, la de que esos recursos sí estaban presupuestados desde diciembre, que se había contemplado obtenerlos por la vía de la bursatilización de los remanentes carreteros y que de no aceptar la operación financiera se verán en serios problemas pues equivalen al gasto total mensual del gobierno del estado.

Más. Que no se había solicitado la aprobación del Congreso, en los meses previos, para no abonarle a la crítica del candidato Javier Corral a la administración de César Duarte por el tema de la deuda.

O, si por el contrario, las finanzas estatales estarían sobradas y los recursos de la bursatilización serían empleados para favorecer, como sostienen, a los proveedores y receptores favoritos del gobierno de César Duarte.

Triste su calavera, si no aceptan la bursatilización podrán enfrentar -y, con ellos, muchos chihuahuenses- serios problemas económicos al tomar posesión del gobierno.

Si la aceptan, desde su óptica y la de muchos chihuahuenses, convalidarán lo que criticaron a lo largo de la campaña electoral, la que, por otra parte, pareciera revivir con este motivo, con los argumentos usados en ella, como los expresados por el gobernador Duarte, quien adujo que el otorgamiento del amparo busca ponerle “freno” a Chihuahua, al tiempo que argumentó que de esos recursos dependen “temas de infraestructura, de seguridad, de salud, de educación” y defender lo que fue su postura a lo largo del sexenio, que se trata de una bursatilización, no de deuda.

Y todo lo anterior, en los momentos en que el PRI debe resolver si presentará un recurso de revisión al dictamen del Tribunal Estatal Electoral, que declaró infundados sus argumentos para solicitar la anulación de las elecciones.

Hoy se le vence el plazo.