Aguas muy “rebotadas”

El Diario, 26 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
En la noche del 5 de junio podíamos sospechar que a partir de la toma de posesión de Javier Corral se podía desatar una crisis política -más allá de la financiera del gobierno estatal- de cuyos alcances, esperábamos, estuviera lejana la nueva administración.
No fue así. Hoy estamos en medio de una severa crisis política.
A tal estado de cosas ha venido a contribuir decisivamente la nueva oleada criminal desatada en la entidad, a consecuencia, se dice, del incremento en las calles de la droga denominada cristal, cuyos consumidores la obtienen a muy bajos precios, pero con efectos devastadores en ellos, teoría circulante en algunos círculos sociales.
Se habla de un operación exterminio de los vendedores de cristal para preservar el mercado de la cocaína.
Como todas las versiones escuchadas a lo largo de década y media por el escribiente, habría que sopesarla, sin demeritar ninguna otra, en el ánimo de encontrar explicaciones a la salvaje manera que los grupos criminales resuelven sus diferendos, y de explicarnos, también, la pobre actuación de las autoridades gubernamentales, de todos los niveles, en el combate al tráfico de drogas.
Pasan los años y la forma de operar de las agrupaciones policiales es la misma. Los resultados son los mismos.
La ola criminal de la década pasada inició de manera semejante a la actual, no queremos con esto decir que se desate del mismo modo, pero nadie puede, razonablemente, argumentar en sentido contrario.
Al principio, aquella, parecía un “arreglo de cuentas” entre los grupos criminales del que no debíamos preocuparnos. Hasta el Gral. Juárez Loera llegó a increpar a los reporteros por la insistencia de éstos en el esclarecimiento de tantos crímenes cometidos en los primeros meses del 2008.
De que se preocupan, decía el mílite, jefe de la primera Operación Coordinada, cada presunto criminal muerto, sostenía, es “un malandro menos”.
Muy caro nos costó asimilar que en el curso de una guerra los civiles terminan sosteniéndola, que los “daños colaterales” se convierten en el pan de cada día, que los ejércitos deben reabastecerse de todos las provisiones necesarias y que, en el curso de una guerra de grupos criminales, uno de los más importantes es el dinero, al que se abocan a obtener a como dé lugar, de ahí el salvaje crecimiento de varios delitos en aquella época, en especial el secuestro, la extorsión, las desapariciones, los asaltos a casas y negocios, el robo de vehículos en todas sus modalidades, etc.
¡Ah, y el asesinato de mujeres!
Todo ello, y el amedrentamiento a la sociedad, casi inerme frente a la actuación de los grupos criminales y la inacción e ineficiencia del aparato procurador de justicia.
Baste un ejemplo, ocurrido en estos días, que nos servirá para ponernos los pelos de punta. El de los hechos acaecidos, tanto en Cuauhtémoc como en Rubio, (oficialmente designado como Col. Alvaro Obregón) en los que se reportó, primero, la realización de un violento enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, no confirmado por autoridad alguna a pesar de que las estatales informaron del hallazgo de !2 mil 300 cartuchos percutidos!
Ningún herido, ningún muerto fue el saldo. Los habitantes reportan que los sicarios los recogieron. Al día siguiente se informó que habría “un toque de queda” en virtud de que se presentarían los agrupamientos policiales y se desatarían, por tanto, enfrentamientos generalizados. No ocurrió así, pero la sicosis fue generalizada.
Desmentida la especie por el Fiscal General, César Augusto Peniche, se lanzó un operativo multitudinario por parte de fuerzas de los tres niveles de gobierno, por tierra y aire. En la conferencia de prensa en la que desmintió el “estado de queda” dijo que “los operativos de vigilancia y los sobrevuelos que se realizan en la zona de Álvaro Obregón (Rubio) y Cuauhtémoc arrojan que no existe evidencia de la actividad criminal e inseguridad que se habla en redes sociales”.
¿De veras pensaron que podrían encontrar vestigio alguno de los delincuentes, después de anunciar profusamente que se lanzaría ese operativo?
Puede ser que hayan hecho algún trabajo de inteligencia, -ojalá- como el de revisar grabaciones de cámaras, reportes de la policía, de las redes sociales; es decir, la preparación de un operativo que pudiera reportar dividendos y no solamente el que hicieron, indudablemente útil por aquello de la fuerza demostrada, pero que si no se acompaña de lo otro, sólo será eficaz si las las fuerzas policiales y militares permanecen ahí.
Cuando se vayan, reaparecerán los grupos criminales.
No se trata de cualquier ciudad o región la que es escenario de esta nueva etapa de hechos espeluznantes. Durante muchos años, Cuauhtémoc fue el municipio con el índice más alto de desapariciones en el país. Esa estadística fue motivo para la descalificación de César Duarte a los grupos derechohumanistas, a los familiares de las víctimas y a la prensa (o a una parte de ella) porque insistían en que el gobierno de Chihuahua se abocara al hallazgo de los desaparecidos.
No ha ocurrido tal cosa.
La situación parece empeorar pues los índices homicidas, tanto del estado, como de Juárez y Chihuahua rondan por los 50 por cada 100 mil habitantes, si se toman como base los presentados a partir del 1 de octubre.
Quienes defiendan el punto de vista que ha transcurrido muy poco tiempo para dar resultados, pueden tener razón y que las más recientes acciones -entre ellas la de sustituir las policías de 6 municipios por elementos de la policía estatal y el establecimiento de un cuartel de éstos en Creel- podrían abonar al gobierno del amanecer.
Pero hoy estamos frente a una oleada homicida y a la aparición de fuertes destacamentos de criminales en localidades a 100 kilómetros de la capital, en una zona que durante los últimos 10 años ha sido escenario de cruentos enfrentamientos y que por largas temporadas fue el ejemplo más acabado de regiones en los que se podría aplicar el concepto de “Estado fallido”, las que estarán bajo la vigilancia de una nueva instancia, anunciada por Peniche apenas el viernes, la División de Operaciones Rurales, cuyas operaciones iniciarán próximamente.
Pero si tal ocurre en el ámbito de la seguridad pública, en el del mundo de la política no hay una menor intensidad. Y no solamente por el encono entre las dos principales fuerzas políticas prevalecientes en la entidad, sino, fundamentalmente por lo realizado por el grupo gobernante.
El protagonista de lo más reciente fue el Director de la COESVI -el organismo estatal encargado de la vivienda-, el ex alcalde y ex candidato a gobernador, Carlos Borruel, quien, luego de darse a conocer a través de un video una supuesta reyerta familiar y la aparición en sus oficinas de una corona fúnebre -al modo en que se enviaban en la ola homicida, como un mensaje mortal- acusó a los beneficiarios de las compras ilegales de terrenos propiedad del gobierno estatal en el sexenio anterior, de ser los autores, tanto de la filtración del video, como de la encubierta amenaza.
Nadie de los protagonistas de la supuesta riña familiar ha señalado como falso el video; lamentable desde todos los puntos de vista, desde el mismísimo hecho de grabar las acciones, como el de la difusión y, de ser ciertos, los hechos, los cuales son del ámbito familiar y sólo podrían trasladarse al ámbito de lo público si alguno de ellos solicitara la participación de las autoridades competentes.
Pero ante la indefinición eso ha servido, solamente, para la sevicia popular y la descalificación hacia el nuevo grupo gobernante, en uno de los apartados que más presumieron a lo largo de su historia, el de la elevada calidad moral de sus integrantes.
Y todo lo anterior se da en los momentos en que a César Duarte le admiten un amparo -para saber si hay más acusaciones en su contra en la PGR- cuya audiencia se realizará el 13 de marzo y de que a Jaime García Chávez le admiten el solicitado a fin de que la PGR resuelva sobre la acusación en contra de Duarte, Herrera y Hermosillo. La audiencia de éste se celebrará el 17 de marzo.
Al mismo tiempo, Víctor Valencia, priista con una larga trayectoria en los gobiernos emanados de este partido, renunció debido a “La desfachatez impresentable de un delincuente confeso, a quien siempre lo ha caracterizado su voracidad patológica y por si fuera poco, presume con bombo y platillo ante propios y extraños sus ‘excelentes’ y ‘poderosas’ relaciones con quienes hipotéticamente podrían hacer justicia en un momento dado y llevarlo a los tribunales, pues parece ser en los hechos que en eso sí Duarte, habla con la verdad”, a quien ubica como el principal responsable de la derrota del PRI en 2016 y a la dirigencia nacional por solapar tal comportamiento, por la “sospechosa dilación” ante el proceso de expulsión de César Duarte.
Y apenas estamos en las primeras horas del nuevo amanecer…
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Creciente inseguridad

El Diario, 23 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Pueden argüirse mil cosas. Nos encontramos en el centro de una nueva oleada homicida, puede no ser de las dimensiones de la anterior, quizá no alcance  los números del 2008, pero se encuentra muy cercana -y acaso superará- lo sucedido en los años del 2012 y 2013.
Frente a ella aparecen, como entonces, aciertos y desaciertos de la autoridad, pero en cualquier caso, aparentemente, sin una estrategia para enfrentar a lo que es, sin duda alguna, una nueva confrontación entre los grupos del crimen organizado; pueden ser los del cártel Nueva Generación de Jalisco, como dice la DEA de El Paso, en busca de hacerse de rutas y posiciones en Chihuahua, confrontando, por tanto, a los cárteles de Sinaloa y el de Juárez, o tratarse nuevamente de una reedición del enfrentamiento sostenido por estos dos últimos a lo largo de, ya, más de una década en Chihuahua.
Hay un hecho siniestro en la mayor parte de las ejecuciones de personas a bordo de vehículos -por lo que se puede inferir en el caso de los victimados en casas habitación, locales comerciales, bares,etc.- que los grupos criminales están utilizando a grupos especializados: Los disparos realizados se hicieron con toda precisión, pues no rebasan una área de 50 centímetros cuadrados, a diferencia de lo ocurrido en la guerra anterior en la que los disparos abarcaban a todo el vehículo en que se trasladaban las víctimas, lo que no descartaba que también participaran los sicarios especializados.
Este hecho, macabro, y de ninguna manera frívolo, pudiera dar una idea de las características de quienes han decidido iniciar una nueva guerra en nuestro territorio; no es, por tanto, enfrentar a delincuentes comunes que incrementaron, de pronto, sus actividades; por ello, contar con una estrategia y la más completa coordinación de todos los niveles de gobierno es indispensable.
Aspecto central constituye el cumplimiento irrestricto de la ley; ningún operativo, ninguna detención, ninguna acción gubernamental, podrá tener éxito si no está fincada en tal cualidad.
Y en el caso presente, por lo menos dos aspectos podrían ubicarse en esos supuestos, denunciados por tres alcaldes, antípodas en el número de personas gobernadas; uno, el de Gómez Farías, Jesús Noé Mendoza Ochoa, quien informó no haber sido notificado de que la policía bajo su mando había sido removida y sustituida por los policías estatales; el otro, el juarense Armando Cabada, quien criticó el traslado de policías ministeriales y estatales a la sierra, hasta ese momento destacamentados en Juárez, con lo que, dijo, “nos desprotegieron; debieron traer más (policías)” y, finalmente, la alcaldesa de Casas Grandes, Yesenia Reyes Calzadillas, quien rechazó la presencia de los policías estatales, debido a que, dijo, en ese municipio no tienen “fuertes problemas de seguridad como lo argumentó Javier Corral en el acuerdo de mando único”. (Nota de El Diario, 22/II/17).
Ese acuerdo implicaba concentrar a los policías municipales en la ciudad de Chihuahua durante tres meses, pero el problema es que para llevarlo a la práctica debiera contar con la autorización de los alcaldes, a pesar de lo declarado por el gobernador Javier Corral, quien adujo tener facultades legales para sustituir a los polimunicipales, sin notificar a los alcaldes, algo que difícilmente podría aceptarse como legal.
La denuncia de la alcaldesa Reyes Calzadillas va más allá. Sostiene que los estatales dejaron sin vehículos y sin armas a los elementos preventivos y trasladaron las patrullas a otros municipios.
Por el mismo rumbo están las afirmaciones del presidente municipal juarense, quien reclamó que, en lugar de disminuir el número de elementos estatales en Juárez, debiera hacerse lo contrario.
“Yo he sido muy prudente y he tratado de no echar culpa, pero es frustrante como hacemos nuestro trabajo y otras corporaciones no”. (Ibídem).
Tales discrepancias se dan en medio de un preocupante incremento de las ejecuciones. Tan solo en el mes de enero, superior en 65% al del mes de enero de 2016, lo que llevó a ubicar a Chihuahua en el 4o. lugar nacional.
Y se trata no solamente de homicidios recientes, sino del descubrimiento de cadáveres más añejos, así como del incremento del número de asesinatos de mujeres.
Ante ello, que no exista la necesaria coordinación entre las autoridades estatales y las municipales, nos lleva a una mayor preocupación.
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Azuleando

El Diario, 19 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Un fenómeno pareciera predominar en la nueva administración estatal, a pesar de la conformación y del origen de su triunfo electoral. La de que cada vez adquiere características de un nítido gobierno emanado del PAN, y no precisamente por las mejores de las administraciones emanadas de este partido.
A ese proceso ha venido a contribuir decisivamente Jaime García Chávez -¡Quién se lo hubiera imaginado 13 o 14 meses atrás!- al hacer el más claro deslinde que protagonista alguno en Chihuahua haya hecho del gobierno encabezado por Javier Corral.
No es cualquier cosa, ni es un argumento baladí el esgrimido por el abogado, uno de los emblemáticos dirigentes de la izquierda socialista o comunista de Chihuahua, además de destacado activista social de los últimos años.
A la percepción de que estamos en un muy establecido proceso de “azulificación” ha contribuido como nadie la determinación de designar al Contador Armando Valenzuela como Auditor Superior del Estado (ASE); en él se han cometido los mismos vicios y defectos de las anteriores administraciones priistas: Designar en ese puesto a alguien de las confianzas del nuevo grupo gobernante, sólo que ahora con agravantes, las aportadas por el Auditor y las expresadas durante muchos años por el ahora gobernante chihuahuense. No tienen asidero en lo que ocurre en el “Estado Grande”.
Coincidentemente, a la par de lo realizado en las últimas semanas, se han destinado crecientes recursos para modificar la imagen del gobierno estatal.
Por todos los medios se pretende imbuir en el ánimo de la gente que el color azul es mejor que el verde y el rojo usados por los gobiernos de Patricio Martínez, Reyes Baeza y César Duarte.
Así, semanas atrás los portales digitales del Gobierno de Chihuahua se colorearon de azul, luego se lanzaron las nuevas placas vehiculares, traen logos azules; recientemente se pintaron las casetas y los sanitarios de las carreteras estatales y federales concesionadas, de azul; las letras del letrero del nombre de Chihuahua en la Plaza del Angel en Chihuahua han sido repintadas, de azul; parques y plazas, así como edificios públicos en la capital exhiben una nueva imagen, azul; y se habla de que los planteles del Colegio de Bachilleres también serán repintados, de azul.
¿Son coincidencias? Claramente, no.
Puede catalogarse de una pretensión chambona, pero evidentemente tiene un muy claro propósito, ya expresado por el Gobernador Corral en varias ocasiones: Ganar las elecciones ¿Quién? Pues, evidentemente el PAN.
Pero el deslinde público efectuado por García Chávez es de una gravedad extrema para el gobierno del amanecer; los argumentos usados por el luengo activista se inscriben en lo que es un muy extendido reclamo a Corral, el de llevar a proceso judicial al ex gobernador César Duarte y sus colaboradores.
Cada vez con mayor frecuencia, hasta en las redes sociales del gobernante, incluidas las transmisiones en vivo por Facebook, un cada vez más numeroso grupo de chihuahuenses le reclaman haberse olvidado de cumplir su promesa central de la campaña: “Llevar a la cárcel al vulgar ladrón”.
García Chávez solicitó un amparo ante un juzgado de corte administrativo para exigirle a la PGR se pronuncie sobre la denuncia penal presentada en contra de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga el 23 de septiembre de 2014.
Como lo ha sostenido a lo largo de 2 años y medio, declara que existen los “elementos con pruebas suficientes y consistentes para que esta instancia lo consigne, se les aprehenda y respondan por sus crímenes ante los tribunales y la sociedad”.
Le apuesta a la sociedad y sostiene que “Unión Ciudadana es, ha sido y será la pieza clave para que el pueblo abone en su favor el éxito que sus esfuerzos merecen”.
En nombre de esa agrupación, creada por su iniciativa, lanza uno de los más serios extrañamientos al gobierno de Corral: “Unión Ciudadana deplora que el poder público de Chihuahua prácticamente haya abandonado este expediente”.
Le recuerda que el ahora gobernador dijo, el 28 de noviembre de 2014, que la denuncia era “robusta”, apoyada en un “arsenal de pruebas”.
Por eso se duele que Corral no haya hecho “un pronunciamiento puntual de exigencia a la PGR para que se proceda…” y le lanza uno de los más serios señalamientos, “Vemos el abandono de un compromiso público que los ciudadanos no olvidan”.
No lo hace sin pruebas, informa que tres semanas atrás solicitó una entrevista con el Gobernador Corral por las vías formales (y también por las vías más “informales”, esto es, al Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, y al Jefe del Gabinete, Gustavo Madero) sin obtener respuesta.
El objeto de la entrevista, comenta Jaime, era el de conversar sobre la denuncia. No hemos recibido una respuesta, dice, y eso es “una ingratitud” y anuncia la realización, en lo inmediato, de acciones jurídicas y sociales para que el  programa de Unión Ciudadana fructifique, “Detrás de este amparo -sostiene- la víctima es el pueblo de Chihuahua; quien lo firma, Jaime García Chávez, acredita el interés jurídico para obtener un fallo protector, no en su beneficio sino en beneficio de todos”.
De este modo, el autor de uno de los factores -la denuncia penal por enriquecimiento ilícito, que obligó a Duarte a emitir su frase emblemática “A lo macho que no me fijé” (que firmó un contrato por 65 millones de pesos)- que más contribuyeron a esclarecerle a los chihuahuenses las dimensiones del desgobierno de Duarte, primero, y luego a la derrota del duartismo, después, y a la que se sumó el entonces senador Javier Corral -que por este acto elevó estratosféricamente sus preferencias electorales- se ha deslindado del gobernante.
Lo hace en el mismo sentido que una buena parte de los electores no identificados con el PAN lo ha hecho (seguramente en una parte de sus simpatizantes y militantes, también), desilusionados con el gobernador Corral, lo que provocará un crecimiento del rechazo al nuevo gobierno, ahora reforzado, antes sus ojos, por la confirmación que les hace el pronunciamiento realizado por Jaime García Chávez.
Sorprende que haya ocurrido tal separación, acaso precedida de otros hechos, como el denunciado por el activista acerca de la repentina aparición del abogado Fernando Gómez Mont, el Secretario de Gobernación de Felipe Calderón, integrante del despacho jurídico de Diego Fernández de Cevallos, como el encargado de litigar la denuncia penal, sin que existiese ese nombramiento por parte de García Chávez.
Les expresé mi rechazo y mi indignación pues la decisión de ese nombramiento procedía del gobernador, sin consultarme, diría el activista en una entrevista radiofónica (Aserto Radio, GRD Multimedia, 17/II/17).
Y si el deslinde de García Chávez tiene una importancia mayor, la designación de Armando Valenzuela no lo es menos, claro que algún lector podrá argüir que se trata de un nombramiento provisional, pero resulta que el Auditor ya expresó que buscará la titularidad.
Valenzuela tiene clarísimos antecedentes en el PAN. Fue el contador de la campaña de Javier Corral en 2004, Secretario de la Contraloría en el gobierno de Francisco Barrio (y, por tanto, ampliamente conocido por el gobernador Corral), compañero de generación de Guillermo Luján -Director de Administración de la Secretaría de Hacienda- y que, además, y aquí sí es válido asentarlo, confesó (así, con esa connotación) que fue invitado por el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a desempeñarse  como Auditor Superior del Estado.
¡Increíble, pero de veras increíble! ¿Cómo puede ser posible que el funcionario al que técnicamente más se le va a investigar si el ejercicio del gasto público estuvo apegado o no a Derecho, es decir, el más “auditable”, sea quien haya hecho la invitación para que ocupe el lugar de auditor?
¿No fue suficiente el episodio de la “casa blanca” de Peña Nieto, quien invitó a Virgilio Andrade para que lo investigara y dijera si había cometido algún acto de corrupción. -Es decir, te nombro para que me digas si yo, que soy tu jefe y que en este acto te extiendo el nombramiento, he cometido algún acto de corrupción.
Lo hicieron igualito.
Una semana atrás sosteníamos que esta sería una de las pruebas mayores del actual grupo gobernante, nunca pensamos que en el curso de estos días brotaran tantos y tan variados asuntos tan propicios para el desencanto y la desilusión ciudadana.
Mientras, otros agrupamientos sociales continúan con su activismo y someterán, nuevamente, al gobierno de Corral a nuevos pronunciamientos, pero de los que duelen, los que se originan en las acciones de gobierno, en uno ú otro sentido.
Por otro lado, la nueva oleada homicida, la guerra de las bandas del crimen organizado se ha enseñoreado en la entidad, a tal grado, que si se proyectara a un año, la tasa de homicidios, a partir del 1 de octubre de 2016, ronda los 50 por cada 100 mil habitantes, lo que nos regresaría, nuevamente, a los primeros lugares nacionales.
Si lo comparáramos con otras naciones, superaríamos a los países de Centroamérica, con la excepción de Honduras y nos equipararíamos con Venezuela, así de grave se ha vuelto la nueva guerra de los cárteles.
¿Y…?
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Reelección inmediata ¿Reto insuperable?

El Diario, 16 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
La reelección inmediata de alcaldes y diputados, aprobada por el Congreso de la Unión, y ratificada por el Congreso del Estado, tendrá su primera prueba en las elecciones del próximo año.
Será la primera ocasión en la que algunos de los actuales presidentes municipales y legisladores locales intentarán reelegirse, sin que exista, como en el pasado, un período intermedio, lo que le daba a la elección, si bien los que ya habían desempeñado ese cargo contaban con una cierta ventaja, una cierta equidad.
Sin embargo, con la reelección inmediata, ese factor se convierte en uno muy importante ya que quienes están en pleno ejercicio del cargo tendrán, a no dudarlo, una enorme ventaja, lo que le imprime un grado de inequidad a la contienda, y eso, sin que agreguemos otro factor, que constituía la principal objeción a la reelección consecutiva, que es el elevado patrimonialismo con el que se conducen la absoluta mayoría de los funcionarios gubernamentales, esto es, que utilizan el patrimonio público en su beneficio, generalmente con intenciones electorales.
¿Deberán  separarse de su cargo los funcionarios que buscan la reelección?
Para muchos mexicanos la respuesta es obvia, ¡Por supuesto! La historia del abuso de los recursos públicos para favorecer a los candidatos y partidos del gobierno tiene una larga secuencia y se ancla en la desmesurada facultad que se arrogaban los gobernantes para ejercer bajo su más completa libertad proporciones muy grandes del presupuesto público.
Invariablemente el objetivo era favorecer al candidato del partido oficial, en cualquiera de los niveles de gobierno. Ahora, en virtud de una reforma legal, se pretende dejar de lado esa historia, que podemos ubicar hasta en los más nimios detalles del ejercicio público, como puede ser el hecho de pintar el mobiliario público y los vehículos gubernamentales del color del partido gobernante, o de los colores con los cuales se identifica la agrupación partidaria.
Así, hasta las casetas de peaje carretero que antes eran verdes, o rojas, ahora son azules, en lo que es una clara maniobra de inducción partidaria. Bueno, pero ese es uno de los hechos más insignificantes de tales pretensiones patrimonialistas, entre los cuales se pueden enristra el reparto de despensas, láminas, material de construcción, empleos y dinero.
¿Cómo evitarlo?
Por supuesto que con nuevas actitudes de los gobernantes y una más estrecha vigilancia ciudadana, pero sobre todo con la creación de mecanismos legales que impidan el doble ejercicio, en campaña, de los funcionarios públicos que buscan la reelección, como funcionarios en activo y con facultades de mando, como por ejemplo, sobre agrupaciones policíacas.
Más de uno de los lectores podrá argüir que la democracia mexicana ha madurado lo suficiente como para estar a salvo de fenómenos como los ahora descritos, pero no dejará de ser una aspiración, la verdad es que los partidos políticos existentes crean legislaciones para evitar desaguisados como esos y, por otra parte, desarrollan todas las maniobras necesarias para eludir los candados por ellos puestos.
De ahí que lo conducente, lo correcto, es que el Congreso del Estado realice las reformas legales al marco electoral más restrictivas posibles al empleo de los recursos públicos por los funcionarios que buscan la reelección y que, por supuesto, tengan en el centro de esa reforma la separación de sus cargos con una muy considerable antelación a las elecciones.
Ahí se finca otro de los retos para los nuevos gobernantes ¿Lo podrán superar?
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Elección de auditor ¿Igual que siempre?

El Diario, 12 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
El problema de gobernar, sobre todo para un grupo emergente, o llegado bajo el manto de impulsor de la democracia, es que cada momento, cada etapa de la gobernabilidad, cada decisión institucional y cada designación, se convierten en retos y pasos definitorios.
Estamos en uno de los momentos más críticos de la alternancia partidaria en Chihuahua; el peso de tal hecho recae en los hombros del gobernador Javier Corral. No se trata solamente de administrar bien los recursos bajo su responsabilidad, sino de efectuar la transformación democrática de las instituciones locales y del aparato gubernamental.
Que lo hagan, o no, es su responsabilidad, pero el hecho de que se asumieron como quienes podían hacerlo es incontestable, están obligados moral y políticamente a realizarlo.
La promesa de encarcelar al ex gobernador César Duarte y sus colaboradores llevaba implícita otra, la de intentar sanear la administración pública; erradicar la corrupción, porque por ese motivo, y no por otro, una buena parte de los chihuahuenses deseaba ver bajo proceso al ex mandatario porque, para muchos chihuahuenses, era el emblema de un régimen corrupto.
Pero lo anterior es una parte de los problema que padecemos: La degradación del entramado institucional, la pérdida de la institucionalidad y la severa falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones y los gobernantes.
Todo lo anterior viene a cuento debido a que, probablemente, en la próxima semana el Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado, pues el actual, Jesús Esparza, ha presentado su renuncia, vigente a partir del 17 de febrero.
Incapaces de llevar las reformas democráticas a buen puerto, los gobiernos locales emanados del PRI han efectuado reformas acotadas, o de plano cuasi contrarreformas, cuando pueden.
Así ocurrió en el caso de la figura de la Auditoría Superior del Estado, no le otorgaron la autonomía necesaria, ni le concedieron más facultades sancionadoras, facultades que le permitirían a los auditores erigirse en una auténtica autoridad fiscalizadora del ejercicio gubernamental.
Peor, no ha habido en la historia moderna de Chihuahua un gobernante que haya escapado a la tentación de nombrar a alguno de sus ex colaboradores como Auditor Superior del Estado (ASE) y anteriormente como el Contador General de Hacienda.
Es una tentación harto explicable, ese funcionario es quien revisa las cuentas públicas de los gobernantes ¿Cómo dejar esa tarea, tan comprometedora, en manos de funcionarios capaces y, peor aún, imparciales?
A ese reto está enfrentado el actual grupo gobernante ¿Podrán, por vez primera, escapar a la tentación de nombrar a un panista distinguido, o a algún funcionario de clara filia blanquiazul, más o menos cercano al gobernador Corral?
Tema recurrente, vale la pena recrear lo asentado por el escribiente en las páginas de El Diario, desde los remotos tiempos del 2004, en los albores del gobierno de Reyes Baeza, para continuar con lo realizado por el gobernador Duarte, en abono de lo expresado por la dirección de El Diario, acerca de que no se negocia el contenido de este periódico.
El día de las elecciones estatales del 2004, el 4 de julio:
“Tema central de la transformación democrática de una sociedad es todo lo relacionado con el gasto público, la manera en que se elabora y se ejerce… ; por ello es moralmente inaceptable que el Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado pertenezca al mismo partido del Gobernador, peor aún, que sea del mismo grupo político, o del grupo más cercano al titular del Poder Ejecutivo, como ha sido la historia reciente y la lejana, igual con priístas que con panistas”.
El 14 de agosto de 2005:
“¿Cómo esperar que quien encabeza la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, siendo del mismo partido y del mismo grupo del Gobernador del Estado, vaya a fiscalizar imparcialmente el ejercicio presupuestal de quien es no sólo su compañero y amigo, sino también, en alguna época administrativa, su jefe? Y lo mismo sucede para quien ejerza el cargo de Contador General del Congreso.
Ahora mismo ocupan esas posiciones personas respetables y trabajadoras. Minerva Castillo en la Comisión de Vigilancia y Sérbulo Lerma en la Contaduría, y éste último reconocido como un perito en la materia, sólo que tienen -desde la óptica ciudadana- un pequeño problema para ejercer esos cargos: Son denodados y leales militantes del PRI y en algún momento podrán encontrar conflictos de interés entre su militancia, sus quereres partidistas y su función actual.
Vamos, la vena democrática no da para tanto; pero aún y que sí lo diera, lo sano, lo democrático, lo mejor, es entregarle esa revisión a quienes integren un organismo profesional encargado de revisar técnicamente las cuentas públicas, capaz de emitir dictámenes imparciales de esos ejercicios, porque la historia es larga de las frecuentes maniobras de quienes han tenido mayoría en el Congreso para ocultar, minimizar y solapar incontables corruptelas”.
Sérbulo Lerma había sido designado Contador General de Hacienda, en octubre del 2004 con 23 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Luego, en junio de 2007, una vez aprobada la reforma que creaba la ASE, fue nombrado Auditor Superior con el voto de 23 diputados, entre los cuales se contó a dos del PAN (Según informara Jaime García Chávez, a la sazón diputado local por el PRD), por 9 votos en contra.
El 10 de julio de 2007, esto escribimos: “El ahora Auditor Superior del Estado, Sérbulo Lerma, es, no hay duda de eso, un hombre experimentado en la revisión de las cuentas públicas, ha trabajado en esa área -con algunas intermitencias- en los últimos 12 años y ha ocupado diversas carteras en la extinta Contaduría General del Congreso…
Sin embargo, cuenta con un antecedente que a juicio del escribiente (con el que guarda una amistad derivada del trato profesional) lo hacían inelegible para ese cargo: Su activísima militancia en el PRI y su más activa participación en la campaña electoral del ahora Gobernador de Chihuahua”.
Destituido Lerma -prácticamente- nos preguntábamos, en noviembre del 2011, si la designación del nuevo auditor sería igual que siempre: “¿Para qué encubrir con mentiras, o verdades a medias, lo que son -debieran ser- actos legítimos y legales de las autoridades respectivas? ¿Será porque no es cierto el argumento esgrimido por el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Sepúlveda Reyes,  (hoy magistrado del Tribunal Superior del Estado) acerca de que la renuncia de Sérbulo Lerma a la Auditoría Superior del Estado tiene como razón los problemas de salud de éste, derivados de las secuelas de un accidente automovilístico sufrido a principios del año anterior?
… Como siempre, hay dos opciones, o se pliegan (los diputados de oposición) a los deseos del grupo gobernante, o del mandatario en turno (¿hará César Duarte lo mismo que sus antecesores?) o deciden, en conjunto con los legisladores priístas, nombrar a un profesional que reúna todos los requisitos y goce de la confiabilidad primordialmente, no de los partidos o de uno en especial, sino de la sociedad. Es decir, alguien que sea ajeno a cualquiera de ellos, o que su capacidad y desempeño profesional lo ponga lejos de las filias y fobias de ellos”.
Un mes después tuvimos la respuesta.
“La designación de Jesús Esparza como auditor superior del Estado es una verdadera derrota de la sociedad chihuahuense. Lo es aun más debido a que fue elegido prácticamente por unanimidad por el Congreso del Estado. Más allá de las capacidades profesionales del nuevo funcionario… cuenta en su haber una desventaja mayor, por lo menos desde el punto de vista de quienes deseamos ver un trabajo profesional y alejado de los partidarismos, y esto es la cercanía con el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Y si la designación de uno de los cercanos al gobernador César Duarte, para que revise el ejercicio de los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad, es deplorable, más lo es la conducta de los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado, especialmente la del Partido de Acción Nacional, que votó a favor del ahora ungido y cuyo líder, Héctor Ortiz, argumentó como válido para votar a favor el hecho de que ‘sería de las confianzas del gobernador del Estado’, razón por la cual, dijo, adquiría una doble responsabilidad.
De este modo, culmina un nuevo golpe a la débil autonomía del organismo fiscalizador de las cuentas públicas, que se suma a los cometidos en el pasado, sólo por el elevado temor de los gobernantes a sufrir un escrutinio imparcial, profesional, apartidista, del ejercicio del erario estatal, y al no existir esto quien ve vulnerados sus derechos es la sociedad toda”.
Si desechamos las supuestas “filtraciones” periodísticas, que dan cuenta de las especulaciones acerca de quien puede ser el nuevo auditor, lo cierto es que el nuevo grupo gobernante está frente a un nuevo episodio que le permitirá asemejarse a sus antecesores o, por el contrario, diferenciarse.
Si así lo hiciere, sería uno de los hitos más importantes del gobierno de Javier Corral.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Momentos cruciales

El Diario, 9 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
Dentro de un año, independientemente de las reglas que se aprueben en los próximos meses, todos los partidos políticos estarán inmersos en los procesos designatorios de sus candidatos a todos los puestos de elección popular, federales y locales, salvo el de gobernador del estado.
No serán procesos inmaculados ni exentos de tensiones, por el contrario, todo apunta a que estarán impregnados de lo que podría caracterizarse como de una profunda crisis política, en la que estarán inmersos los candidatos independientes, los que estarán afrontando la primera regulación electoral en esta materia, que se aplicará bajo la existencia de la reelección inmediata de alcaldes y diputados.
A esa crisis política habrán contribuido decisivamente los integrantes del actual grupo gobernante en Chihuahua, más allá de si su tarea fuera calificada positivamente por los chihuahuenses. Podrán no abonarle, si sus resultados fueran exitosos, desde la óptica de sus conciudadanos, o, por el contrario, sumirán a la clase política local en una profunda crisis, incluso superior a la del resto del país.
Las condiciones, que harían posible tal escenario, derivan de las características propias de Chihuahua que hicieron posible el triunfo de Javier Corral.
Un año antes, en 2015, vistos los resultados de la elección de diputados federales, si se tomara en cuenta solamente lo realizado por el PAN, nadie hubiera apostado por el triunfo de este partido en las elecciones locales del 2016. Vamos, ni siquiera los resultados de la elección local inmediata anterior hacían previsible la victoria de Corral.
Ganó porque conjuntó varios factores, uno de ellos, central, el de haberse sumado a la denuncia penal realizada por Jaime García Chávez en contra de César Duarte y sus colaboradores, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo y porque logró hacerle ver a la sociedad chihuahuense que sumaba a su equipo a una parte de la izquierda local, especialmente la más señalada como la izquierda del activismo social, la que ahora comparte las responsabilidades de gobernar y, también, el desgaste producido por ese hecho, el de gobernar.
Sin embargo, al momento de conformar el equipo de gobierno, en lugar de apostar por el perfil más “ciudadano”, optó, mayoritariamente, por el del panismo, con todos sus aspectos negativos, especialmente dos, el de que  este se asume como el de la “hegemonía” moral en política, y el de que precisamente por ese aspecto los exime de los excesos nepóticos.
Muy temprano, el gobierno de Corral enfrenta tales hechos, más allá de las campañas “orquestadas” desde la oposición, como señala Gustavo Madero, su jefe de gabinete, o de la actitud de la mayoría de la prensa, resentida por no contar con los millonarios contratos de publicidad oficial, según lo argumentan el mismo Corral y su vocero, Antonio Pinedo.
En ese entorno apareció, ya, la primera más seria contradicción en su equipo, derivada de uno de los aspectos que más controversias ha generado alrededor del ejercicio gubernamental, y no solo del panismo, el de las contrataciones de bienes y servicios, ahí en donde aparecen los conflictos de interés generados por las empresas ligadas a uno de los integrantes del equipo gobernante, o a sus familiares.
La Secretaría de Hacienda informó -por medio de un boletín de prensa- que había contratado la renovación de un software, de carácter “exclusivo”, de acuerdo con su argumentación, por lo que, dijo, no estaba obligada a efectuar una  licitación -Art. 102, Fracción I de la Ley de Adquisiciones-, sin embargo, la Secretaria de la Función Pública, Rocío Estefany Olmos, declaró que no estaba informada de la adquisición de un software, que por ley debería ser aprobada por su dependencia.
Así, la contradicción es más que evidente y las dudas son más que razonables ¿Podrá el gobierno de Javier Corral superar la inercia que pareciera sumir al panismo en la peor de sus crisis, la del ejercicio del poder público sin ser afectado por los excesos y la ambición?
Tienen muy poco tiempo para resolverlo favorablemente, apenas unos cuantos meses del presente año, podrían ser los suficientes si practicaran una cirugía mayor, de lo contrario, tendrían resultados inesperados, incluido el de no mantener la mayoría en el Congreso del Estado.
No sería lo único malo.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Se fueron por los centavos

El Diario, 5 de febrero de 2017
Luis Javier Valero Flores
El gobierno de Javier Corral está urgido de efectuar una profunda reconsideración de su actuación; debe dar, ya, un golpe de timón y replantear, en muchos aspectos lo que hasta ahora ha realizado.
No hablamos de la obra pública, ni de la reingeniería institucional, esas, como es natural, deberán mostrarse al paso de los meses; no, se trata de la relación con sus gobernados, en la que en muchos aspectos ha sufrido un preocupante y acelerado deterioro.
Dejemos de lado los escándalos de las contrataciones con la empresa Molri y el desdén gubernamental con el que se han tratado las evidentes irregularidades encontradas en los poco menos de 30 millones de pesos ejercidos en diversos gastos.
Desde los primeros días de este año, Chihuahua ha sido escenario -igual que en el resto del país- de una gran cantidad de manifestaciones motivadas por el gasolinazo, pero también por el incremento en los cobros vehiculares realizados por el gobierno (derechos vehiculares, tarjeta de circulación, elevación del costo si se hace fuera de los 3 primeros meses del año).
La participación popular ha sido variopinta y los grados de irritación han sido crecientes, los que se incrementaron a raíz de los desalojos violentos y la detención de un grupo de manifestantes de diversas casetas de peaje. A su vez, las manifestaciones en las oficinas de recaudación de rentas han aumentado,  particularmente las acaecidas en Madera y Juárez han sido las más ríspidas, sin que sean las únicas.
¿Cuál es la razón por la elevada irritación por los cobros vehiculares?
Frente a las manifestaciones, la Fiscalía estatal tiene abiertas cinco carpetas de investigación en contra de manifestantes que han tomado las casetas de peaje, dio a conocer César Augusto Peniche Espejel y el gobernador Javier Corral Jurado dijo que pidió a los diputados apoyo para la interlocución con los manifestantes. Corral anunció que por la pérdida de más de 60 millones de pesos por la toma de casetas, habrá recortes, ya que el 50 por ciento de esos recursos están comprometidos hasta el 2044 por la anterior administración”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario | Sábado 04 Febrero 2017)
La amenaza en contra de los manifestantes es extremadamente severa.
Y a menos que tengan evidencias plenas, como fotografías, videos validados, testimonios, etc, en contra de los detenidos de que ellos, directamente, evitaban que los usuarios pagaran, para lo cual deberán contar, obligatoriamente, con las declaraciones de los usuarios a los que se les impidió pagar, no estarán en condiciones de demostrar fehacientemente la culpabilidad de los señalados.
Más todavía. En varias ocasiones, y no solo del gobernador Corral, los funcionarios estatales han expresado que con la impedimenta a la recaudación del peaje carretero se está causando un grave daño a las finanzas estatales.
Tales declaraciones dejan de lado que prácticamente el total del peaje carretero se destina al pago de la deuda del fideicomiso carretero, que en caso de disminución del flujo vehicular no se verían afectados los ingresos del gobierno estatal, porque la deuda carretera tiene como garantía, solamente, los ingresos del peaje.
Hay, en el fondo -y la mayor parte de los casos, ni tan en el fondo, sino muy en la superficie- una buena cantidad de razones que explican la elevada irritabilidad social, de la cual son muy representativos quienes participan en las manifestaciones y en las cuales, muchos ya participan con una mayor irritación, aderezada porque en algunos de los asuntos que les dieron origen subyace la esperanza de encontrar en el nuevo gobernante una nueva actitud, distinta a la del predecesor y crece en una buena parte de ellos la convicción de que se equivocaron, en el mejor de los casos, o de que fueron traicionados.
Por otro lado, si el parque vehicular del estado es de un millón y medio -en números redondos-, suponiendo que todos  los propietarios pagaran los derechos vehiculares, significaría que Hacienda recaudaría 450 millones de pesos extras, en relación a lo recaudado un año atrás, en el gobierno de Duarte.
Esa cantidad es la que el gobierno de Corral informó haber ahorrado en los primeros tres meses de su gestión.
Y es que cruzar los datos, acerca de la gente a la que gobiernan, les podría dar un panorama, real, de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los chihuahuenses, algunos de los cuales protestan en las calles y otros, los menos, reaccionan más violentamente ante medidas, en el escritorio, tan sencillas.
Se olvidan de la realidad.
Ahí van algunos datos que, cruzándolos, podrían explicar algo de lo que hoy está sucediendo en las calles y carreteras de Chihuahua: 62 de cada 100 trabajadores formales en el estado de Chihuahua obtienen ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensualizados; en términos gruesos poco más del 50% de ellos labora en la industria maquiladora, 15 de cada 100 en el comercio y 13% en el sector de servicios a las empresas.
Pero resulta que solamente el 16-17% de los habitantes de la capital utiliza el transporte urbano (en una ciudad con 900 mil habitantes, circulan 400 mil vehículos), porcentaje superado en Juárez en la que el parque vehicular ronda los 600 mil, de lo que se deduce que una buena proporción de los asalariados utiliza el vehículo particular para sus desplazamientos en las dos principales urbes de la entidad.
¿Y quiénes son? Pues la mayoría son aquellos, precisamente, los de hasta dos salarios y si se quiere abarcar más, sumemos a quienes perciben hasta 5 salarios mínimos mensualizados (algo así como el 15% del total), esto es, alrededor de 12 mil pesos al mes y que utilizan para sus traslados vehículos con antigüedades de 4-5 años o mayores.
Ahí radica la diferencia, en el escritorio un aumento de 300 pesos, más 150 de la tarjeta de circulación no representa, aparentemente, un gasto mayor, pero significa, en la absoluta mayoría de los casos, un insoportable incremento del gasto familiar. Agréguele un aumento de casi el 20% de la gasolina.
Si a eso le añadimos el factor subjetivo, extremadamente valioso, de que apenas unos meses atrás la mayoría de los chihuahuenses despotricaba en contra del gobernador Duarte, por las fotomultas, por la deuda, por los derroches gubernamentales y porque se había alzado un vasto movimiento popular en contra del replaqueo, en un momento, y en contra del aumento a los derechos vehiculares, y en la ciudad de Chihuahua en contra de las fotomultas, nos explicaremos, entonces, la vastedad y profundidad de la molestia ciudadana con el nuevo gobierno.
Por supuesto que una parte de la ciudadanía reaccionaría -y reaccionó- con una enorme molestia, de la cual no se han percatado suficientemente en Palacio.
Incrementar los impuestos y cobros gubernamentales por el uso de vehículos es, en Chihuahua, un grave atentado a la economía familiar de la mayoría de sus habitantes, debieran saberlo los integrantes del nuevo grupo gobernante.
Y si tales medidas recaudatorias generaron molestias, la actitud de la policía estatal y sus mandos en los últimos días han creado todo un clima de malestar, reproche e irritación pues las detenciones, en lugar de que fueran distintas a las realizadas por ese mismo cuerpo policíaco en el gobierno anterior, fueron semejantes, por lo violentas y atrabiliarias.
Es de no comprenderse la operación política del gobierno del amanecer. Primero detienen, encarcelan, critican la violencia de los manifestantes, amenazan con más detenciones y bastó que la representación de los diputados locales les pidiera la liberación de los detenidos para que así sucediera y todavía se dijera  desde Palacio que ¡se agradecía la colaboración del Congreso del Estado!
¿Porqué no lo hicieron sin que se necesitaran acciones como esa?
Para el común de la gente no resultaba difícil englobar el asunto del gasolinazo con el del incremento de los cobros vehiculares, al fin y al cabo el responsable, de los dos asuntos, es el “gobierno”. Uno prometió que no aumentaría el precio de la gasolina y que bajaría el de la electricidad; el otro dijo que no habría más acciones recaudatorias, finalmente fue lo contrario.
¿Cómo asombrarnos, entonces, de la rispidez de las manifestaciones en las casetas y las oficinas de recaudación de rentas en distintos puntos de la entidad?
Además, cómo no valorar -en las elaboraciones de los manifestantes- la radicalidad de algunas acciones, si con las primeras efectuadas, el gobernador Corral convocó a aquella reunión que tantas esperanzas despertó y lo llevó, junto con otros, a exigirle al Presidente Peña Nieto una reconsideración sobre el gasolinazo y a que, con el conjunto de reacciones en todo el país, se detuviera el nuevo incremento, anunciado para el 4 de febrero.
¿Por qué no dar marcha atrás en los aumentos de los cobros vehiculares? ¿Por qué no dar un golpe de timón en favor de la gente y demostrarle que la mayoría que los llevó al gobierno no se equivocó? ¿Por qué no darle a los chihuahuenses una muestra de la sensibilidad gubernamental y de que el compromiso hacia los “que menos tienen y menos pueden” es real?

“Se nos está acabando la paciencia”

El Diario, 2 de febrero de 2017

Luis Javier Valero Flores

Apenas el domingo anterior escribíamos lo siguiente, a propósito de los retos del gobierno de Javier Corral: “Podrá Javier Corral no efectuar una vasta obra pública, ni efectuar una profunda transformación política, o de las instituciones, pero sí está obligado a ser el más congruente de los gobernantes chihuahuenses, dados los antecedentes de sus posturas…”.

Un día después, los más negros nubarrones sobre la credibilidad del nuevo grupo gobernante se desataron, a propósito de la publicación de un reportaje en el portal entrelineas.com, de la ciudad de Chihuahua, en el que se daba cuenta de la contratación, por el Gobierno del Estado, de los servicios de la empresa Molri para el diseño y colocación de lonas en diversos lugares, así como de la compra de distintos artículos deportivos a usarse en la “Carrera de la Liberación”.

La información tenía como fuente los documentos publicados en la página de transparencia de la Coordinación de Comunicación Social. 

Hasta ahí el hecho no parecía tener mayor relevancia, fuera de que los contratos exhibidos (firmados por Manuel Molinar, a nombre de la empresa y cuñado de Riggs, y el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo) desmentían los dichos del Gobernador Corral en el sentido que ya no habría más contratos de publicidad, sin embargo, al conocerse que los propietarios de la empresa contratada eran el esposo de la hermana del Síndico de la capital, Miguel Riggs Baeza, de una familia con larga raigambre panista, estalló el escándalo, más si a lo anterior se le agregó el hecho de que la empresa nació apenas un mes después del triunfo del panismo en la entidad.

Pero no era lo único cuestionable, el monto de lo contratado (alrededor de 2 millones de pesos) podía rebasar los límites de las contrataciones sin la realización de la licitación; en los documentos exhibidos en el portal establecía que la nueva empresa tenía como objetivo el contratar espacios publicitarios en El Heraldo de Chihuahua y en la primera versión publicada no aparecía la firma del CP Guillermo Luján Peña, Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, luego aparecería firmado.

Interrogados al respecto, el Síndico se declaró ajeno al asunto.

Ayer, en una más que ríspida conferencia de prensa, Pinedo afirmó que desconocía el vínculo familiar de los propietarios de la empresa con el Síndico Riggs y justificó que varias contrataciones, con distintas empresas, para diversos servicios, se hubieron hecho fuera de las regulaciones existentes, debido a la inexistencia de recursos económicos.

Luego, en el afán de descalificar los severos cuestionamientos que se le realizaban por varios de los presentes, en varias ocasiones le gritó al periodista César Cruz, copropietario del portal www.entrelineas.com, que se habían acabado los contratos millonarios, seguramente en referencia a que esa empresa firmó contratos en el sexenio anterior por cantidades superiores a los 7 millones de pesos anuales.

Todo lo anterior ocurría en tanto cientos de manifestantes tomaban, por minutos, el Palacio de Gobierno, primero, y luego el Congreso del Estado, de manera semejante a lo realizado por otros manifestantes en Juárez un día antes, éstos por los cobros de los derechos vehiculares, aquellos por el gasolinazo.

¿Hay hilos conductores en ambos hechos? 

Aparentemente, no, pero evidentemente, sí, el gobernador Corral debe efectuar una muy rápida reflexión sobre lo que hace su gobierno y la imagen que está obligado a difundir, la de la plena transparencia y la de la extrema intransigencia con los hechos, así sea tenuemente, presumiblemente corroedores de su credibilidad, para poder asumir, junto a los chihuahuenses el difícil inicio de año.

La imagen de lo sucedido es muy difícilmente aceptable: La hermana de uno de los mejores amigos del gobernante, y su esposo, crean una empresa poco después del triunfo del mandatario, la que resulta favorecida por un contrato, por montos que rondan la ilegalidad y con varias presuntas irregularidades.

En otros tiempos se podía aceptar, no ahora.

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