¿Qué pasa en Palacio?

El Diario, 27 de octubre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Debiera alguien, algunos, quien, desde las fuerzas políticas, que aportaran  la mesura necesaria para el país, por el momento que vivimos.

Por desgracia, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en los días que corren, no se ha colocado en ese grupo al caer en lo que ya parece ser la moneda corriente de la clase política, esto es, la diatriba, la descalificación, el insulto, el lenguaje soez.

¿Es el discurso necesario para el país?

La respuesta es obvia; pero eso, por las evidencias, no lo es para quienes ocupan las posiciones políticas más importantes en el ámbito nacional.

Por supuesto que no sólo lo anterior es deleznable, lo es más, la reiterada violación a la ley. 

Lo hemos sostenido a lo largo de los años, el marco común para la convivencia es el marco de la ley, que eso es lo que nos permitirá procesar las diferencias, las filias y las fobias políticas; lo que no significa desaparecerlas, sino propiciar que prosigamos existiendo en la misma sociedad y que todos, absolutamente todos, tengamos la posibilidad de que nuestras ideas, o nuestros favoritos para ocupar los cargos públicos, sean los que presidan la función pública.

Sin duda que a más altura en los cargos públicos, mayor será la responsabilidad en la creación de este creciente clima de intolerancia  política extrema, que no solo se extiende a las fuerzas de oposición, sino (por lo que estamos viendo en la confrontación de la gobernadora campechana Layda Sansores y el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal) también a las fuerzas propias del régimen.

En ese entorno, la gobernadora Campos se había distinguido en, si bien eran evidentes las discrepancias y las diferencias con el gobierno federal, mantener una buena relación con el presidente López Obrador.

La variación de esa relación la ha originado, sin duda, la ya desatada competencia presidencial que, de manera más que inexplicable, la inició el presidente López Obrador, en medio, como ha sido la tónica de su gobierno, de las más duras descalificaciones a los partidos de oposición y a los periodistas críticos de su gestión, en lo que ha sido una conducta rechazada por prácticamente todos los organismos internacionales de periodistas y derechohumanistas.

¿Qué llevó a la gobernadora Campos a abandonar tal conducta? ¿Acaso su incorporación formal al grupo de aspirantes del blanquiazul a la presidencia de la república? ¿O la confrontación, ya sea por las reformas legales a fin de mantener a las fuerzas armadas en la seguridad pública sin los controles constitucionales, o por el presupuesto 2023?

¿O acaso por las diferencias con el delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera, y su permanente crítica a la gobernadora?

¿O será el fracaso de todas las fuerzas políticas y todos los niveles de gobierno en el combate a la inseguridad prevaleciente en el estado, que lleva a la principal urbe chihuahuense, Juárez, a mantenerse en el top ten de las ciudades más violentas del país?

¿O es todo eso?

Cualquiera que fuere la explicación, no hay justificación alguna para explicar que los gobernantes tengan semejantes dislates; de ellos esperamos mesura, racionalidad, reflexión; si en ese nivel de responsabilidades los gobernantes “pierden” la cabeza, entonces podremos, como decían los antiguos (pero muy antiguos, en la capital del estado) -vámonos pa’ Aldama- porque se suponía que ahí era el confín del mundo y, por tanto, se podía estar a salvo de las eventualidades aquí relatadas… y criticadas.

En tanto, todo apunta a que el tono de la discusión será a ritmo de los “martes del jaguar”, montaje de las ilegalidades exhibidas por la hija preferida del cacique mayor de Campeche, Layda, hija, con todas las de la ley -no le perdió pisada- del cacique mayor que los campechanos hayan tenido, Carlos Sansores Pérez.

¿Qué caso tiene repetir, en tan alejadas tierras, semejante manera de conducirse?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

https://www.inpro.com.mx

El “hermano” Adán de gira. Seguridad pública bajo la politiquería

El Diario, 23 de octubre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Gravísimo lo que el grupo gobernante ha realizado en la última semana. 

Ante el hackeo de los #Guacamaya, la respuesta fue la frivolidad y la indiferencia en público; en los hechos, una absoluta opacidad.

Luego, ante el evidente fracaso en seguridad pública, el desaseo absoluto para aprobar la ilegal participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, sin controles, sin metas precisas y sin estrategia en esta materia.

Luego, la “novedosa” forma de hacer política, protagonizada por el Secretario de Gobernación, el “hermano” Adán López Hernández, (ya ve que ahora son hermanos entre sí y AMLO los aspirantes morenistas a la presidencia) quien se lanzó en una gira por las capitales estatales -por indicaciones del presidente- para “impulsar” la aprobación de las legislaturas locales a la reforma constitucional que prorroga hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

La gira del “hermano Adán” abarcó hasta las entidades con mayoría morenista en los congresos ¿Para qué?

La respuesta es una sola, para placearse, y para lanzar denuestos en contra de los gobernadores de oposición con discursos plagados de mentiras.

Sostiene el analista Raymundo Riva Palacio (“Las tribulaciones de López bis, El Financiero, 21/10/22) que los ataques del “hermano Adán” tienen otra explicación: 

“Se está peleando con gobernadores y defendiendo el desaire prepotente del secretario de la Defensa al Congreso porque… la inteligencia militar lo señaló de haber nombrado a tres personas en altos cargos de la seguridad (cuando ejercía la gubernatura en Tabasco), que tienen relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Pero el asunto de la seguridad pública no está en el debate, sino la permanencia de los militares en las calles, o no. El gobierno de la 4T no tiene estrategia de seguridad y al parecer no va a tenerla, le apuesta a tener al ejército en las calles como única estrategia.

El fracaso es más que evidente. Y no hay argumentos que nos lleven a aprobar -desde lejos, desde la sociedad- su propuesta militarista. No hay evidencia alguna de que a más soldados en las calles, mayor seguridad. “De 2006 a 2019 se duplicó el número de soldados en el territorio nacional y se triplicaron los homicidios dolosos”. (Artículo de Martín Vivanco, El Universal, 21/10/22). 

La acusación del otro López fue tajante y reiterativa: “Los gobernadores de oposición no hacen nada por la seguridad de sus estados”.

Al referirse a Chihuahua, anunció, “Ya otro día les platicaré del desastre en Chihuahua, donde también es un gobierno emanado de Acción Nacional”.

 Son de tal dimensión las mentiras de Adán López que él y todos los integrantes del gabinete lopezobradoristas esconden -eluden- el hecho de que las dos mayores ciudades fronterizas norteñas, -Tijuana y Juárez- ocupantes de los dos primeros lugares en homicidios, son gobernadas por alcaldes emanados de MORENA, y que esos (y otros en el top ten) lugares, de extrema preocupación, los han ocupado a lo largo de ya casi dos décadas en las que han sido gobernadas por el PRI, PAN y MORENA.

No es un problema circunstancial, es estructural, no ha habido una estrategia adecuada de seguridad pública. 

Tener a los soldados con el uniforme de la Guardia Nacional, para que hagan lo mismo que hacen cuando traen la indumentaria militar, esto es, patrullar arriba de los vehículos, equipados como si fueran a enfrentar a otro ejército en un combate de una guerra, no sirve, se requieren cuerpos policiacos capaces, con la posibilidad de enfrentar a los grupos criminales en todos los terrenos.

Eso prometió López Obrador cuando se creó la Guardia Nacional y al cabo de cinco años no la tenemos.

Las respuestas de los gobernadores han sido variadas, sorprende la de la chihuahuense Maru Campos, a contrapelo de todos sus discursos en su relación con el gobierno de López Obrador: “Aquí le rompemos el hocico a MORENA y a la 4T”.

El hermano Adán se quejó de que los mandatarios estatales y sus legisladores locales sólo “siguen la línea de los dirigentes nacionales”, en lugar de apoyar a las fuerzas armadas.

“Pero eso sí, a la hora que sucede algún evento -de violencia- son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional", como si solicitar el auxilio de ella fuera, de por sí, una aprobación tácita de que estas debieran hacerlo sin los controles constitucionales existentes.

Y luego lanzó la mentira, "porque en los estados donde hay más incidencia delictiva, (los gobernadores) privilegiaron una decisión política”.

Hizo gala de las malas artes que posee quien debía ser el encargado de hacer de la política el mecanismo ideal para afrontar los conflictos, pero que ahora vemos que tiene como única ruta crítica abonar, pavimentar su llegada a la candidatura presidencial, para suceder en el cargo a su “hermano” Andrés Manuel.

No fue lo único, y quizá más grave, de lo efectuado por los gobernantes federales en la semana, que día a día van militarizando la vida pública, la que avanza a pasos agigantados y la fuerza de la élite militar se evidencia a cada momento.

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, fue llamada a comparecer al senado. 

No fue sola, lo hizo flanqueada por los secretarios de Marina y la Sedena. ¿Para qué?

Obtuvieron las imágenes que buscaban: La secretaria Rodríguez  custodiada por los jefes militares, los que no hablaron cuando han sufrido el peor ataque que hayan recibido las fuerzas armadas en casi un siglo.

Es de tal envergadura que el presidente ha desplegado una seria ofensiva para atenuar el impacto.

Luego se destaparía la información. Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas, pidió que fueran los militares, aunque no hablaran, porque esa fue la condición (¿de quién, del único?) para que acompañaran a Rosa Isela.

Y con tal de quedar bien con el “fiel de la balanza” morenista, hasta se olvida que prometió no apoyar la militarización del país.

Enerva la insensibilidad presidencial. López Obrador, como si fuera cualquier otro tema a discutir, le dio bienvenida “a la discusión, al debate, a la polémica”, como si la seguridad pública fuera un tema menor en el momento actual.

Es de lo más sucio y perverso el lenguaje y modos de quienes están ahora al frente de las mayores responsabilidades que un ciudadano puede tener. 

Solo les importa su imagen, su fama y el impacto mediático y social para ganar la siguiente elección y para ello no les ha importado poner al país en el momento más peligroso posterior a la Revolución Mexicana.

Son presa, ya, del poderío de la élite militar, a la que han empoderado como nunca y que de acuerdo con las filtraciones de las Guacamayas, son las permisivas en la actuación de las bandas criminales.

Si algo han develado esas filtraciones es el cúmulo de información que los jefes militares acumulan sobre la integración, actuación, zonas de influencia, capacidad de fuego y asentamientos de las bandas del crimen organizado.

Y la pregunta que inquietantemente se hacen investigadores, académicos, activistas derechohumanistas, opositores, empresarios e integrantes de organismos internacionales es de ¿Por qué no actúan? ¿Deveras es porque obedecen las órdenes presidenciales, de no atacarlos y darles abrazos? ¿O es por colusión?

Por ejemplo: Más de tres años después ¿Porqué no han detenido a Ovidio Guzmán? ¿Acaso ya “caducó” la orden de extradición?

Como si fuera poco, habríamos de agregarle la absoluta falta de respeto a la división de poderes, que no es, ni debiera serlo, un palabrerío insulso; no, es la necesidad, nacida de las que López Obrador ha llamado “transformaciones” de México, de atemperar la fuerza y el poder del presidente de la república, y la de las fuerzas armadas, para hacer que sean los ciudadanos, los que con sus determinaciones emanadas del voto, sean quienes decidan el lugar, ubicación, facultades y responsabilidades de los funcionarios públicos, incluidos los militares.

¿Qué más evidencia se puede obtener de conducta tan ilegal, tramposa, primitiva y violentada que el hecho de que el “otro tabasqueño”, Adán, hablara directamente con los gobernadores, para que éstos “convencieran” a los senadores de su partido para que aprobaran la reforma constitucional?

La élite militar seguirá haciendo lo que hace y sabe hacer: Ordenar que se patrulle, vigile, espíe y se solape a las bandas criminales, a los opositores, a los gobernantes (no importa que sean del mismo partido), a los activistas sociales, a los derechohumanistas y a los periodistas.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

https://www.inpro.com.mx

Agresiones sexuales en la juventud. Acoso, intolerancia, alcohol, drogas: Índices preocupantes

El Diario, 16 de octubre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

La denuncia de una familiar de una alumna del Colegio de Bachilleres, por una presunta violación a manos de un estudiante, del mismo plantel, además de dos episodios en los que, presuntamente, un estudiante de secundaria en cada caso,  amenazó con disparar en contra de sus compañeros (sin que, en estos casos haya confirmación oficial) y las respuestas gubernamentales al caso de los estudiantes de bachillerato han motivado una elevada, como justificada preocupación ante la evidencia de un desconocimiento superlativo de la realidad imperante entre los estudiantes de los niveles medio y medio superior.

La agresión sufrida por la alumna de bachilleres originó una inusual protesta de la mayor parte de las estudiantes del plantel pues las primeras reacciones de los funcionarios públicos -tanto educativos, como civiles- fueron las consabidas, en la búsqueda de atenuar el impacto social del hecho, además del olvido permanente de actuar con la aplicación de la perspectiva de género.

Además, los hechos mostraron que en estas materias, las de la prevención, formación y educación de las nuevas generaciones es indispensable usar, tanto el enfoque de la perspectiva de género como el de la tolerancia.

Y parte esencial, desterrar la misoginia y discriminación femenina, materia prima de los ataques sexuales que reportan, cada vez un mayor número de jóvenes estudiantes.

Las frases lanzadas por las estudiantes del colegio de bachilleres son elevadamente ilustrativas: “Les indigna más un piercing que un abusador”, “Queremos estar seguras en la escuela”, “Es mi cuerpo, yo decido”, “Por una educación segura, sin miedo y equitativa”. (Nota de Alejandra Sánchez, El Diario, 12/10/22).

Ejemplo de la enorme intolerancia oficial es el hecho de que “… durante la manifestación, los directivos del plantel ‘no permitieron el acceso a la prensa ni tampoco quisieron hablar ante los medios de comunicación que estaban presentes”. (Ibídem).

La protesta cursó, además, con el apoyo de los padres y madres de familia que la atestiguaron: “… no podemos permitir que nuestras hijas no estén seguras dentro de su propia escuela; la chica que fue abusada les dijo a los directivos lo que había pasado, sin embargo, ellos les dijeron que estaba exagerando; cuando en realidad, eso es absurdo…”. (Ídem).

Y propusieron una parte de las medidas encaminadas a prevenir este tipo de violencia, como la de crear “una red de apoyo entre todos los planteles, así como la implementación de foros en donde maestros y alumnado participen activamente para prevenir cualquier tipo de situación y que se puedan tratar estos temas a una mayor profundidad”. (Ibídem).

Las quejas estudiantiles tenían -tienen- razón pues la Fiscalía del Estado confirmó la existencia de una investigación desde el pasado 3 octubre. Más de una decena de días después no hay resultados. 

Esto sucedía apenas unas semanas después de los escándalos ocurridos en el Colegio de Bachilleres, generados, primero, por el elevado costo de los uniformes obligatorios, que pretendía se usaran en todos los planteles el director destituido, Marco Licón Barraza; y luego, el del pelo -en el cual se pretendía obligar a los alumnos a traer el pelo corto-, que finalmente se resolvió en el sentido de “permitir” a los estudiantes que lo portaran de acuerdo con sus gustos personales.

Y es que inquieta la realidad develada por los jóvenes, mostrada a través de infinidad de estudios efectuados en los últimos años.

“Al menos el 21% de estudiantes de secundaria y preparatoria en esta ciudad fueron golpeados o insultados durante los últimos doce meses del año, reveló el Diagnóstico en conductas autodestructivas y salud mental en adolescentes, que elaboró el Centro Familiar Para la Integración y Crecimiento A.C. (CFIC)”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, Juárez, 04/12/19).

Además, “el 29% de los menores entrevistados ha ingerido alcohol, el 12% ha fumado y un 8.5 ha consumido drogas”. (Ibídem).

Silvia Aguirre, directora de CFIC, afirmó que, por lo menos en Juárez, “la familia ha dejado de ser es el principal factor de protección para el menor y la escuela ha tenido que suplir esa función; sin embargo, la realidad es que los docentes están rebasados por la problemática”, y si tampoco la escuela se convierte en ese mecanismo protector, se preguntó la especialista, “entonces ¿Qué pasa con los adolescentes?”. (Ibídem).

La misma encuesta reportó que el 26.4% de los jóvenes reportó haber sido maltratados al menos una vez al año; “15.1% dos veces al año; el 19% una vez por mes, el 16 una vez por semana y el 24% más de dos veces por semana”. (Ibídem).

¡40 de cada 100 jóvenes eran maltratados cada semana antes de la pandemia!

Ocurren cosas semejantes en Chihuahua y el resto del estado: “El 43.8% de casi cuatro mil niños y adolescentes de ambos sexos manifestaron que sufrieron violencia de tipo psicológica, el 21.7 física y 7.9 por ciento sexual en el ámbito escolar, según los resultados de la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual en el Estado de Chihuahua, realizada entre cerca de 400 personas y con base en datos independientes”. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, Chihuahua, 25/07/19).

La investigación de campo y los hallazgos obtenidos por el Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (FICOSEC) se hicieron entre jóvenes y adultos de ambos sexos, en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes.

“Los varones tienen el porcentaje más alto como víctimas de la violencia en el ámbito escolar con el 28.2% de las respuestas, siendo el 16.7% de las mujeres quienes respondieron haberla sufrido en ese espacio. 

De quienes han recibido algún tipo de violencia en la escuela, el 28.9% dijo que fueron burlas, el 25.6% comentó que insultos, el 18.6% recibió gritos, el 12.7% mencionó que golpes, un 8.3% comentó que padeció burlas por Facebook o whats app; mientras que hostigamiento o amenazas, el 7.9%”. (Ibídem).

Todos sostuvieron “que son sus mismos compañeros (hombres) quienes les han agredido con mayor frecuencia, con el 62.5% y 62.1%”.

“A su vez, el 21.2% de los niños y adolescentes y el 23.8% de adultos y jóvenes dijeron que han recibido agresiones de las mismas alumnas, mientras que el 10% en ambos grupos dijo que ha sido agredido por sus profesores/as”. (Ibídem).

La mayor parte de los encuestados informaron que en la primaria es donde más agresiones sufrieron -el 85.4%- y poco más de la mitad -50.9% de jóvenes y adultos- señalaron que fue en secundaria.

(Consulta en: http://observatoriochihuahua.org/productos/encuesta-sobre-prevalencia-de-violencia-familiar-y-sexual/).

Un año antes de la encuesta anterior, un estudio del “Centro de Actualización del Magisterio efectuado con mil 309 alumnos de secundaria, de entre 12 y 15 años de edad”, arrojó que “el verbal es el principal tipo de acoso, con un 35%, seguido del gesticular, con un 27 y del físico, con un 14%”. (Nota de Verónica Domínguez, El Diario, Juárez, 15/10/18).

En 2014, la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencial (ECOPRED), reveló que Ciudad Juárez es una de las ciudades con los mayores porcentajes de casos de bullyng  con el 26.8%.

Del mismo modo, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de 2014 demostró que “el 17% de los estudiantes de quinto y sexto año de primaria, ha probado el alcohol o lo consume”, a su vez, ese porcentaje crece con los estudiantes de “secundaria y bachillerato, en los cuales la proporción crece al 53%”, ¡uno de cada dos estudiantes!   y 15 de cada 100 lo hacen excesivamente. (Nota de Salud Ochoa, El Diario, Chihuahua, 12/08/18).

El consumo de mariguana es menor, pero se mostraba en niveles preocupantes pues el 3% la consumía a los 12 años; “el 11% a los 14 años, 18 a los 16 años y 29% a los 18 años”. (Ibídem).

En el mismo año de ese estudio, otro, éste de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubicó a México en el primer lugar en acoso escolar. (Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 22/01/18).

Todos lo sabemos, el acoso sexual se escala, hasta terminar, como desgraciadamente sabemos y sufrimos, en la violación y/o el feminicidio.

Urge una política educativa -y formativa- global, a la voz de ¡Ya! para enfrentar este problema, ahora en las escuelas, cuyos beneficios veríamos y disfrutaríamos en el conjunto de la sociedad, en lugar de actuar solo reactivamente ante cada caso en particular.

Bastante hemos transitado de la época de “Las Muertas de Juárez”, a “Las Muertas de Chihuahua” y luego a la de los feminicidios.

¿Hasta cuándo empezar?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

https://www.inpro.com.mx

Palos de ciego contra la inflación. Afectará al agro chihuahuense

El Diario, 13 de octubre de 2022

Luis Javier Valero Flores 
El gobierno mexicano, en el afán de frenar la inflación y la carestía, convocó a un reducido de empresarios con el fin, dijo, de frenar ambos fenómenos económicos, a la firma del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, que, sostiene, “reducirá 8% el precio de 24 productos de la canasta básica y fortalecerá la producción nacional”, para que “el Gobierno y la iniciativa privada enfrenten de manera conjunta el problema inflacionario y el aumento a los precios”, que en septiembre la inflación de los alimentos subió 4.2%.
En el marco del Acuerdo, a las empresas firmantes se les expidió una licencia única universal que las exime de todo trámite y permiso en cuestiones de importación, distribución y envasado de alimentos e insumos, y serán ahora, ellas, las empresas, las que verificarán “que los alimentos e insumos que produzcan, importen y distribuyan sean de calidad y cumplan con las normas sanitarias de inocuidad”!!!.
Mayor abandono de las tareas que debe realizar el Estado Mexicano no puede haber. Ahora serán las grandes empresas de la industria alimentaria -y de otros rubros- las encargadas de verificar lo que debiera ser responsabilidad exclusiva de los gobernantes.
Pero tales medidas ponen en riesgo importantes ramas de la industria alimentaria, entre ellas las de muy importantes grupos de productores agropecuarios de Chihuahua, que se encuentran entre los principales artículos de exportación de la entidad y de cuya producción y comercialización dependen extensas franjas de la población chihuahuense.
Es totalmente esquizofrénico el acuerdo pues, por un lado “liberaliza” absolutamente la importación de mercancías, y por el otro resolvió prohibir la “exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases”, lo que puede contravenir, no solamente lo contenido en el TMEC (El Tratado de Libre Comercio), sino afectar seriamente a cadenas muy importantes de la producción.
Ahora el presidente López Obrador quiere suspender las inspecciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que un grupo de empresarios importe insumos y alimentos sin la vigilancia fitozoosanitaria del Estado, incluso hasta el grado de despedir al titular de ésta que debiera ser una de las dependencias más eficaces en la materia.
Entre las empresas firmantes están las atuneras Tuny y Grupo Pinsa Dolores; Grupo Gruma-Maseca y Minsa, productoras de harinas para tortillas; Bachoco, San Juan y Grupo Socorro Romero Sánchez, huevo; SuKarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, en el sector de carne de res y cerdo; Verde Valle en semillas; y las cadenas comerciales  Walmart, Soriana y Chedraui.
Ante la medida del gobierno mexicano, productores de Chihuahua, encabezados por “el presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, Arturo González, así como del Consejo Nacional” le pidieron al Senado de la República, “que no apoyen la libre importación de productos sin certificar su inocuidad”. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 11/10/22).
Increíble, el mandatario que más estridentemente ha despotricado en contra de los empresarios más poderosos, entre los que ha calificado a algunos como parte de la “mafia del poder”, ahora les concede facultades extremas, entre las que destacan el cuidado de la salud de los mexicanos, para que las mercancías introducidas al país, casi libremente  por ellos, no generen plagas o enfermedades al campo nacional.
Y ello en perjuicio de una dependencia que se ha convertido, a lo largo de más de 20 años, en parte del cuidado, que forma parte de las políticas de seguridad nacional del Estado mexicano. “Porque el principal objetivo del Senasica es prevenir los riesgos a la salud de la población, y además generar condiciones de productividad del campo”.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero
Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)
https://www.inpro.com.mx

Maru ¿Candidata presidencial?

El Diario, 9 de octubre de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

En lo que fue el inicio formal de sus actividades encaminadas a convertirse en la abanderada del blanquiazul, y eventualmente de la alianza opositora, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, mediante una entrevista, primero, (“Yo sí quiero, pero hoy soy gobernadora al 100%”. Nota de Enrique Gómez, El Universal, 2/10/22) y luego con su participación en el foro “Cambiemos México ¡Sí Hay de Otra!”, formalizó su deseo, frente al panismo y la sociedad mexicana, de ser la candidata del PAN.

El evento de arranque de las actividades del panismo en busca de la presidencia de la república contó con la participación de Santiago Creel (Ex Secretario de Gobernación del foxismo, candidato al gobierno de la Cd Mx, derrotado por AMLO), Mauricio Vila (Gobernador de Yucatán) y de  Juan Carlos Romero Hicks (Ex gobernador de Guanajuato y ex rector de  la Universidad de Guanajuato).

Sorpresivamente, el gobernador queretano, Mauricio Kuri, también fuerte aspirante presidencial y no militante panista, no acudió al cónclave blanquiazul.

No hay margen a la duda sobre las posturas de la mandataria chihuahuense. Sostiene “que el gobierno federal no ha generado políticas públicas que impacten de forma positiva a los ciudadanos, a mediano ni a largo plazo”. Afirma que “se ha concentrado el poder de la República y se ha dejado a un lado el trabajo de los estados y los municipios”. (Ibídem).

Además, punto clave en el momento político que vive el país, se pronunció por la desmilitarización del país y por no cambiar las tareas asignadas al Ejército en la Constitución.

Presume como el principal de sus logros como gobernadora haber alcanzado el “reordenamiento financiero del estado… esto quiere decir que todos los compromisos que van asumidos en el Presupuesto de Egresos del Estado realmente se cumplan”.

Y ha planteado como tema central de sus propuestas el de decirle a los mexicanos que “hay otra forma de gobernar, en la que generemos acceso y acciones que le den una mejor calidad de vida a la población”.

Crítica de las posturas asumidas por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se pronunció porque éste se defina en la conformación de la alianza.

En un tono que pretende se advierta como ambivalente repite, las veces que puede, que se convertiría en la candidata del PAN “si mi partido me necesita”, pero, enfatiza, desea ser muy clara con los chihuahuenses: “Quiero enviar un mensaje muy claro a los chihuahuenses, que mientras tanto soy gobernadora al 100%, y que esto no genere un mal mensaje”.

Al momento de definir al presidente López Obrador pisa con tiento y dice que el mandatario es “una buena persona, con una buena causa, realmente ama al país”, y no se puede separar de las concepciones de la clase política -por lo menos las expresadas públicamente- cuando se refieren al presidente (cualquiera que éste sea, independientemente del partido, que le achacan a los subordinados del mandatario todos los defectos y errores) “pero creo que todo el gobierno federal, en sí, no ha sabido generar políticas públicas que realmente impacten, en mediano y largo plazo, de forma positiva a los ciudadanos”.

Y deplora que se esté concentrando “todo el poder de la República, y estamos dejando a un lado el trabajo de los estados y los municipios”.

Aparentemente, a juzgar por las expresiones de Jesús Zambrano -dirigente del PRD- y de Enrique de la Madrid -el hijo del expresidente Miguel de la Madrid- aspirante a la candidatura del PRI, y por los continuos viajes a la Cd Mx y a otras entidades en las que los candidatos de Va por México han ganado las gubernaturas, Maru ha desarrollado una buena plataforma de lanzamiento en las élites partidistas.

“Ha levantado la mano. Ella misma nos lo ha comentado”, dijo Jesús Zambrano. (Nota de Yuliana Nieto, Entrelíneas, 30/09/22). Asimismo, De la Madrid dió la bienvenida al hecho de que se pronunciara por buscar la candidatura.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para la gobernadora Maru Campos. 

El primer año de su gestión atraviesa por varios temas, en los que no solo tiene bajas calificaciones, sino que son la base para que un buen número de chihuahuenses califiquen mal su desempeño en este período. (Según Mitofsky, en la última encuesta, luego de meses apenas por encima del 40%, en septiembre se ubicó en el 48% de aceptación).

Sin duda que a lo anterior se sumará el anuncio de su decisión, cuando apenas ha cumplido el primer año de su gestión gubernamental, la concebía como extremadamente compleja, por la desastrosa gestión de sus dos inmediatos antecesores.

Da la impresión de haberse convencido, por la indudable simpatía que su posible candidatura despertó en círculos nacionales del PAN, pero que, con dificultades, podría ubicarse como la de las favoritas en el electorado panista del ámbito nacional y menos si se sopesan varios acontecimientos que sí pesan en ese ámbito, como el de los asesinatos de los sacerdotes y el guía turístico en La Tarahumara, que ha quedado como una vívida imagen, además del número de homicidios acaecidos en su administración, que mantienen a Chihuahua, como en las últimas dos décadas, en el “top ten” de las entidades más violentas del país.

¿Cómo presentarse como aspirante a la presidencia, se dirá más de un ciudadano en el resto del país, si no han sido capaces, los panistas, porque, válidamente, la ciudadanía fuera de Chihuahua, desconocedora de las diferencias entre Maru y Javier Corral, ubicará a los dos como gobernantes emergidos del mismo partido, el PAN, y podrá, no sin razón, decir que no portan las credenciales adecuadas para encabezar un gobierno que afronte al que es, seguramente ya, el principal problema en el país, la violencia.

Más aún, hay otro problema, igualmente difícil de resolver, el de la enorme deuda del gobierno estatal, que ubica a los chihuahuense en el primer lugar per cápita en el país. 

¿Cómo puede la gobernante combinar su atención sobre tan agudos problemas locales y al mismo tiempo emplear sus mayores capacidades para acometer la mayor de las tareas que un mexicano puede desempeñar, la presidencia de la república?

Si algo ha aportado la época de la alternancia partidaria, es que las candidaturas presidenciales se construyen en el ámbito regional, que son el producto de los liderazgos, precisamente regionales.

Eso puede alcanzar la actual gobernadora chihuahuense -por supuesto entre los electores afines a su ideología y práctica política- pero para ello se necesita construir el liderazgo y, para su desventura, dependerá, de manera directa, de su desempeño al frente del gobierno de Chihuahua, lo que de ninguna manera podrá evaluarse adecuadamente si apenas ha llegado al primer año de su gestión.

Y resulta que el balance no es precisamente favorable para sus afanes presidenciales. 

Bajo su administración, Chihuahua permanece como una de las lideresas en los índices homicidas, además de que ha sido sumamente criticada por “los viajes al extranjero, (y por los) descuentos extraordinarios a empresas para la compra de terrenos”, (Nota de Itzel Ramírez, La Verdad, 8/09/22); por el reemplacamiento de vehículos cuando apenas se superaba la fase crítica de la pandemia; luego, por la amenaza de detener vehículos que no portasen las nuevas placas; las varias veces en que se ha anunciado la elevación de las tarifas del transporte urbano; el elevado costo de los uniformes de los estudiantes del Colegio de Bachilleres.

A pesar de sus iniciales pronunciamientos sobre la violencia prevaleciente en la entidad, ésta no ha menguado (“Aunque las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución del homicidio doloso durante los meses de enero a julio de 2022, comparado con el mismo periodo de 2021, con 25 por ciento menos asesinatos”, Ibídem), dos hechos, uno derivado directamente del control que los grupos delincuenciales mantienen sobre algunas regiones del estado (el asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas) y otro, derivado de un accidente de tráfico, el acaecido en Villa Ahumada, en el que un grupo delincuencial advirtió a los choferes que los castigaría si excedían los límites de velocidad, con lo que demostró, en los hechos, el control de las bandas criminales sobre este importante centro de población y que lo ejerce no solamente en regiones de La Tarahumara.

Lo anterior contradice lo expresado por ella: “Quiero enviar un mensaje justamente muy claro a los generadores de violencia: a partir de hoy se encontrarán con un Estado fuerte, un Estado que siempre protegerá la vida y la paz de los chihuahuenses, vamos a recuperar la paz en el Estado…”, afirmó en su discurso en la Plaza de la Mexicanidad en Juárez. (Ibídem).

A lo anterior habríamos de sumarle la creación de la Plataforma Centinela, plan que incluye la instalación de cámaras y la construcción de un edificio que sería la sede de la Secretaría de Seguridad Pública y cuyos montos y procesos de adjudicación han desatado las críticas, por el hecho de que, por ser una construcción de seguridad pública, deberán mantenerse bajo reserva (confidencial) los detalles, tanto de la adjudicación de los contratos, así como de los detalles, hechos que no han podido comunicar adecuadamente quienes acompañan a Maru en el gobierno, y que, además, no se ha valorado suficientemente si son las herramientas adecuadas, necesarias para el momento delictivo por el que pasamos.

Inobjetablemente que el principal tema de críticas al gobierno encabezado por Maru Campos, es el del pago de solamente 3.4 millones de pesos que “hizo Parques American Industries por un terreno que vale 40 veces más (137.5 millones de pesos)… El descuento se le hizo a la empresa propiedad del empresario Luis Lara Armendáriz, quien apoyó a Campos en campaña e incluso le prestó un jet de la compañía”. (Ibídem).

Semanas después, las empresas Lear  y Perfiles del Real se sumaron a la lista de las empresas beneficiadas por esa política de subsidiar a los grandes consorcios empresariales asentados, o por asentarse, en la entidad.

Así, la conclusión parecería obvia. La gobernadora chihuahuense aún tiene pendiente una asignatura: Construir un liderazgo nacional a partir de un buen desempeño estatal.

Si lo hiciera, los chihuahuenses saldríamos ganando. Querría decir que hizo un buen gobierno.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

https://www.inpro.com.mx

Un día muy malo para el país

El Diario, 6 de octubre de 2022

 Luis Javier Valero Flores 

La mayoría de los senadores tomaron una decisión, el martes, que conforme pase el tiempo habremos de lamentar seriamente. 

Ese día, en el pleno de esa cámara tomaron la decisión de prorrogar hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, con lo que, de facto, decidieron que esa materia dejaría de ser responsabilidad de la autoridad civil.

Lo hicieron en el peor de los momentos, cuando las fuerzas armadas son el centro del escándalo desatado por las filtraciones de #guacamaya, que las han mostrado como ajenas al respeto a la legalidad; ambiciosas, con planes que le dan a conocer al presidente hasta que van muy avanzados y cuando las fuerzas policiacas civiles cursan, quizá, la peor crisis en la que prácticamente todos los grupos criminales existentes hasta este momento se han empoderado al grado de marcar la agenda de las fuerzas de la seguridad pública de todo el país, de todos los órdenes de gobierno, ante el pasmo -por decirlo suavemente- del presidente de la república.

Hay que decirlo claramente, en contraposición al discurso oficial, y al mayoritario prevaleciente, el fracaso en el combate a la inseguridad no es de, solamente, las fuerzas policiacas civiles, sino, también, de las agrupaciones armadas, las que han participado directamente en este tema, con altibajos, en ese combate.

Chihuahua es, dolorosamente, ejemplo de ello, ya sea en la sierra, o en el centro de la entidad, o en el norte fronterizo, los asesinatos siguen acumulándose, independientemente del color partidario del gobernante en turno, o del color de los uniformes de las fuerzas del orden.

Todas, absolutamente todas han fracasado.

Sirvan como ejemplo los hechos de que, cuando desaparecieron los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, todos los jefes policiacos municipales de la región eran militares, en activos y licenciados, o en retiro, pero que, dadas las regulaciones de la Sedena, todos deberían obtener, para ejercer esos cargos civiles, la autorización del General Secretario de la Defensa Nacional.

Más. En algún momento, de la primera década de este siglo, la mayoría de los secretarios de seguridad pública estatales eran militares en las mismas condiciones que las relatadas en el ámbito municipal de aquella región de Guerrero, hoy asolada nuevamente por una masacre en San Miguel Totoloapan, en la que se habla, de acuerdo con los primeros reportes, de cerca de 20 víctimas fatales.

¿Era necesaria la reforma propuesta por López Obrador?

De ninguna manera, lo que debió hacer la actual administración, era haber efectuado lo que sus antecesores no fueron capaces de hacer, crear los organismos policiacos necesarios para, no solamente combatir a la delincuencia, sino prevenirla y que, cuando fuera necesario, como está regulado hasta este momento, con la legislación previa a la del 2019 y a la posterior, que se hiciera uso de las fuerzas armadas para coadyuvar con las policías civiles.

Hoy parece estar lejano tal escenario, cuando la militarización -y no solo de la seguridad pública- es un hecho prácticamente irreversible, bajo este gobierno, y que muy difícilmente será revertirlo, cualquiera que fuera la fuerza ganadora en la presidencia de la república y del Congreso en las elecciones del 2024.

López ha cometido un gravísimo error, el de empoderar a las fuerzas armadas a un grado que ningún presidente de la era moderna había osado, rompiendo, así, una de las reglas de oro de la democracia contemporánea: El poder político debe estar en manos de los civiles, no de los militares.

El presidente ha hecho exactamente lo contrario, ahora hasta una empresa turística les ha autorizado, algo que #guacamaya ha develado y que al paso de los días sumirá al mandatario en cada vez una más profunda crisis de credibilidad.

Resultó que el presidente que clamó a los 4 vientos que no mentía, es desmentido casi a diario por las revelaciones de las hacktivistas.

Nos llevaremos como recuerdo suyo las estridentes y molestas carcajadas de cuando se mofaba de los medios que daban cuenta de las masacres perpetradas en su gobierno.

¿Se reirá igual en la intimidad?

Ojalá que no.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO): https://www.inpro.com.mx

Revelaciones de #guacamaya cimbran. A merced del crimen organizado

 

• El ataque cibernético a la Sedena desnudó al gobierno federal
• Develó numerosas mentiras presidenciales
• La Sedena se sumó a las varias dependencias federales víctimas de un ataque de tales características
• El hackeo mostró la ineficacia de la estrategia de seguridad pública
• Otorgó más elementos para acreditar los enormes avances del crimen organizado, a costa de la pérdida del control del gobierno de la 4T de numerosas zonas del país y de crecientes áreas de poder
• No solo en la sierra la que rifa es la ley del crimen organizado, también en el desierto chihuahuense
• A vuelta de rueda transitan los trailers que cruzan Villa Ahumada, después de la advertencia de los criminales, que serían “tableteados” los que excedieran los límites de velocidad, luego del fatídico accidente en el que murieron 10 personas
• Chihuahua, entre los estados con el menor número de policías estatales por número de habitantes

Luis Javier Valero Flores El Diario, 2 de octubre de 2022

Es un verdadero desastre, por donde se le vea: A más de 4 meses y medio del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y del guía Pedro Palma, en Cerocahui, el presunto asesino sigue libre; a 3 años del “culiacanazo”, Ovidio Guzmán sigue libre y los autores del terror de ese día, igual. 

Todos los días, en algún lugar del país, un grupo criminal siembra el terror, circula libremente un convoy en alguna ciudad, o perpetra alguna masacre; no baja de 70 el número de homicidios cometidos diariamente… ya son más de 135 mil los ejecutados en el actual sexenio.

En Villa Ahumada un grupo criminal amenaza con tabletear a los traileros que excedan la velocidad de sus vehículos… y lo cumple.

Hasta el 26 de enero de este año, según Enrique Irazoque Palazuelos, responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a partir de diciembre de 2018, han asesinado a 52 periodistas y a 97 personas defensoras de derechos humanos. En el actual sexenio asesinan a 10 mujeres cada día y todos los días nos enteramos de hechos delictivos en zonas casi por completo controladas por los grupos criminales.

Por si faltara algo para coctel tan explosivo, nos anochecimos el jueves con el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo autodenominado #guacamaya.

Sirva de ejemplo, para dimensionar el gravísimo ataque sufrido por la Sedena, el siguiente episodio:

Recién llegado a Chihuahua, como jefe de la zona militar local, un general con los rangos más altos en el ejército. Por azares de la vida conversamos acerca de la violencia abatida sobre nuestra entidad a finales de la primera década del presente siglo y las medidas necesarias para enfrentarla, así como al tráfico de drogas y el crimen organizado.

Con un tono pesaroso, le relató al escribiente que a unos cuantos días de llegado al nuevo cargo, ordenó, -y encabezó- efectuar un recorrido por Guachochi y su zona aledaña. 

Adentrados en lo más agreste de La Tarahumara, conforme avanzaba su convoy empezaban a ser más frecuentes las intromisiones de los delincuentes en la radio de los vehículos militares.

Todos los que viajaban en el convoy escuchaban los reportes de los delincuentes, aderezadas con las mentadas de madre, que daban cuenta del avance de los militares -¡Ya pasaron por el cerco de Don Fulano… ¡Entraron al rancho de Mengano… ¡Le dieron vuelta al cerro bola…- 

La tensión y la desesperación entre la tropa aumentaba por momentos, hasta que el general tomó el micrófono del radio y con un lenguaje semejante les dijo que estaba bien, que se regresaría, que ya le pararan a sus amenazas.

En el camino de regreso, encontraron un plantío de mariguana y detuvieron a dos campesinos.

Al llegar a Guachochi se los dejaron al agente del ministerio público federal adscrito al lugar.

Pero éste no se los aceptó.

-N’ombre, mi general ¿Para qué me los deja? ¡Lléveselos a Chihuahua! ¡Usted se va y aquí me deja la broncota!

El jefe militar era un hombre inteligente y razonable. 

-¿Qué hizo, general?

-Pues que quería, me los llevé a Chihuahua, ahí los dejé en las oficinas de la PGR.

Los detenidos fueron liberados a los días por falta de pruebas.

El grupo criminal había accedido fácilmente a la red radial del ejército, la que, por las evidencias ahora relatadas era altamente vulnerable.

Por eso no es cualquier cosa lo revelado por el periodista Carlos Loret de Mola. 

Ni siquiera lo más importante -con toda la trascendencia que tiene- son las revelaciones sobre el estado de salud del presidente, lo que, de suyo, ni siquiera debería conocerse por estos mecanismos, pues en tratándose de la salud del primer mandatario, debiera ser de acceso público.

No, lo hecho por el grupo de “hacktivistas” “Guacamaya”, quien sustrajo 6 terabytes de información -prácticamente toda clasificada, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores de la SEDENA, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022-, es de la mayor gravedad, pues devela la elevada vulnerabilidad de la información manejada por la dependencia encargada de la seguridad nacional, propia de cualquier agrupamiento militar.

Parte central de las revelaciones conocidas hasta ahora -pues es tanta la información contenida en esos archivos hackeados, que deberemos esperar algunas semanas para saber que otras impactantes cosas se revelarán- son los detalles del “culiacanazo” y que muestran gráficamente las mentiras lanzadas por el presidente López Obrador, en su permanente afán de restarle importancia a los yerros de su gobierno y en querer imbuir en la población que “vamos bien, vamos requete bien…”.

Otra anécdota, que ilustra muy bien el grado de desinformación del grupo gobernante, es la de que en el reciente concierto del grupo “Firme” en el zócalo de la Cd Mx, patrocinado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cantaron ¡El corrido de Ovidio Guzmán!

A pesar de ello, el grupo fue elogiado hasta la saciedad por Sheinbaum.

Ovidio Guzmán López tenía una orden de aprehensión, con fines de extradición, girada el 2 de abril del 2018 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., “por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud”.

Luego de su liberación, ninguna dependencia del gobierno federal trató de intentar nuevamente su detención (y aparentemente el gobierno norteamericano, por lo menos públicamente, no volvió a insistir en la detención).

Ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa levantaron cargos en contra del hijo de El Chapo Guzmán -ni contra sus cómplices- por los evidentes delitos cometidos en el “culiacanazo”, en el que apareció como uno de los jefes de quienes desataron el infierno en Culiacán, responsables de la comisión de varios homicidios, lesiones, ataques a las vías de comunicación, etc.

No sólo fue vulnerada la vida de los culiacanenses, sino también la credibilidad del presidente, quien, primero negó estar informado de los hechos, versión en la que fue apoyado por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo -hoy flamante gobernador sonorense- y, segundo, que la decisión de liberar a Ovidio había sido de los mandos civiles y militares, no de él.

Meses después debió reconocer que él lo había ordenado. 

Hoy sabemos, por #guacamaya, que así fue: “A las 19:30 horas, se recibe la orden por parte del C. Presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, al tomar la decisión con personal del Gabinete de Seguridad, con el fin de que cesen los desmanes, y las Fuerzas Operativas se replieguen, después de los hechos que se suscitaron en Culiacán, Sinaloa, por el operativo en contra de Ovidio Guzmán’, indica el mismo informe de la SEDENA, dirigido a su titular, Luis Cresencio Sandoval González”.

“… yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende”, dijo el presidente el 19 de junio del 2020.

Todo se deriva de una más que errónea concepción presidencial de cómo se debe ejercer el gasto público. López Obrador ha ordenado diversos recortes presupuestales a todo el gobierno federal, lo que ha derivado en un sinfín de consecuencias a cual más de dañinas para el funcionamiento de prácticamente todas las dependencias.

De acuerdo con Verónica Becerra, “especialista en ciberseguridad”, del segundo semestre del 2021 a la fecha, “cerca del 60% de las dependencias federales de México sufrieron un ataque cibernético”. (Nota de Luis Pablo Segundo, Reforma, 1/10/22).

La razón de ello, sostuvo, es el recorte en las compras de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y “por la carencia de personal altamente capacitado en la materia”. (Ibídem).

La situación se agravará en 2023 pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla un crecimiento de solo el 4% a los recursos públicos para ese fin, que en la práctica significa un decrecimiento debido al índice inflacionario, que será del orden del 8%, por lo menos.

Y el Ejército no canta mal las rancheras. De acuerdo con la misma fuente, las “licencias del sistema informático de seguridad perimetral de la Sedena vencieron el 31 de agosto. Uno de los componentes no pudo ser renovado, y los otros dos, se contrataron 20 días después”. (Ibídem).

Hay más. También en el sector privado prevalece esa vulnerabilidad: “El estudio Cyberthreat Defense Report, llevado a cabo desde 2014, reportó que México ocupa el cuarto lugar mundial en ataques de hackeo, con un 90.6% de empresas que señalaron haber sido atacadas exitosamente. Colombia ocupa el primer lugar con 94%, Turquía el segundo con 94% y España el tercero con 92%”. (Nota de El Universal, 30/09/22).

Sin duda que atender este tema es prioritario, pero otro, central en la seguridad pública, el del número de efectivos necesarios para preservarla, es de la mayor importancia.

A propósito de la polémica desatada con motivo del anuncio de la construcción de la torre centinela, en Juárez, según el reporte del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, Chihuahua “se encuentra entre los seis estados con el número más bajo de policías estatales en el país. Cuando la media nacional es de 0.9 agentes por cada mil habitantes, la entidad apenas tiene 0.3, … el informe identifica a 2 mil 395 personas adscritas a las instituciones encargadas de la seguridad pública estatal, cifra más baja que los 2 mil 559 que se reportaron el año pasado”, además de ocupar el lugar 17, por el menor “presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales, con 2 mil 201.6 millones de pesos”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 30/09/22).

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO): https://www.inpro.com.mx