domingo, 28 de septiembre de 2014

Denuncia envenenadora

El Diario, 28 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
La denuncia penal presentada por Jaime García Chávez, en contra del gobernador César Duarte Jáquez, del Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, del Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y otros funcionarios, por la presunta comisión de diversos delitos -“peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los que resulten”- pone contra la pared al mandatario y al denunciante.
De la veracidad de los hechos denunciados dependerá, no solamente la confiabilidad del ex legislador perredista, sino también la credibilidad de las instituciones de procuración de justicia.
A su vez, el gobernante chihuahuense ha sido puesto, según se vea, en un predicamento; o en la oportunidad de oro de salir al paso de la infinidad de rumores que lo señalan como el protagonista de incuantificables corruptelas y en la mejor situación para desactivar tan extendida creencia.
Podrán, los integrantes del grupo gobernante, desestimar por ahora la denuncia, pero el antecedente creado por García Chávez, cuando presentó hace años una denuncia en contra del entonces gobernador Patricio Martínez, hace que su respuesta deba inscribirse en los márgenes de la legalidad, a prueba de la desconfianza ciudadana, y le pone en charola de plata, de ser falsos los hechos señalados por el ex perredista, la posibilidad de darle una invaluable imagen de probidad y de buen ejercicio de los recursos públicos, además de hacer que aparezcan como falsas todas las imputaciones realizadas en contra del mandatario, acerca de la adquisición de infinidad de propiedades, como nunca antes había ocurrido en Chihuahua en las últimas décadas.
Ciertamente antes no existía el conjunto de herramientas para la comunicación, como ahora, y que permiten la difusión, en cuestión de segundos, tanto de los hechos reales, como de los falsos que le dan consistencia a los rumores.
Sólo la presentación de evidencias legítimas, de datos “duros”, de pruebas irrefutables puedan llevarnos a conclusiones contundentes respecto de un acontecimiento, o, como es el caso, de una sentencia tan grave como la que hoy nos ocupa.
Quienes gobiernan al Estado Grande podrían, también, simplemente desestimar públicamente la denuncia presentada y por las vías oficiales presentar todas las pruebas de descargo que les permitieran salir airosos de ella y demostrar contundentemente que fue un infundio de García Chávez; congruente, dirán, con la línea política-editorial seguida por éste, al hacer del gobernante chihuahuense objeto de una permanente crítica en los espacios de las redes sociales a los que tiene acceso.
La denuncia pone, también, bajo la lupa a las instituciones a las que ha recurrido el denunciante: A la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional Bancaria, al Banco de México y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Estas deberán mostrar fehacientemente la falsedad de los hechos denunciados por García. Si la desechan, sin investigación alguna la consecuencia es lógica, cantada dados los antecedentes, el activista acudirá al amparo, y de serle negativa la solicitud, a las instancias internacionales.
Seguramente la resolución tardaría años -de darse esta última opción- pero las consecuencias, de ser favorable para el denunciante, sí serían de trascendencia, tanto para los señalados, como para el Gobierno de Chihuahua, independientemente de quien ocupara la principal responsabilidad para entonces.
Si esto último ocurriera, entonces el quebranto para el partido gobernante sería inconmensurable.
Así que está en juego no solamente la credibilidad del denunciado, sino del denunciante, que, además, anuncia la creación de una organización ciudadana especialmente dedicada, según sus palabras, a la vigilancia en contra de la corrupción gubernamental.
No puede desestimarse, tampoco, el entorno en el que se presenta la denuncia. Estamos a unos días del IV Informe de Gobierno de la actual administración y en los prolegómenos de la campaña electoral federal, que en el caso de Chihuahua tiene el ingrediente que, por lo menos en el partido gobernante, señala, casi con certeza, quién podría convertirse en el candidato al gobierno del estado.
No se puede, tampoco, descartar que la filtración de la información, de ser cierta y en ello nos ayudará la presentación de las pruebas, haya sido fruto de las mismas filas del partido gobernante.
Son muchas las vertientes existentes, muchos los intereses que están en juego, la posibilidad de la explotación masiva de los energéticos en territorio chihuahuense no sólo es una más, le acarrea a la situación política y social de Chihuahua un explosivo ingrediente.
La denuncia de García Chávez le cae, además, como anillo al dedo al Partido Acción Nacional, señalado por éste en uno de sus artículos publicados en la página web, como el único receptor, desde el punto de vista electoral, de los quebrantos del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de la poca inserción electoral de la izquierda -o en términos del mismo analista- dada la desaparición de ésta (señalados en esta vertiente el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT), al subsumirse al PRI en el último proceso electoral y en su actual desempeño, y quedar como único referente, de esta corriente, el partido de López Obrador, Morena, pero cuya fuerza aún deberá demostrar en las elecciones del próximo año.
La denuncia, de ser ciertos los hechos consignados, reviste una extrema gravedad, García Chávez señala como adquirentes de un fideicomiso por 65 millones de pesos al Gobernador Duarte y su esposa, Berta Gómez. Figura financiera que, sostiene, usaron para que adquiriera acciones del Banco Unión Progreso, en el que se desempeñaba, antes de ser Secretario de Hacienda, como presidente, Jaime Herrera.
En la conferencia de prensa el denunciante (y en la denuncia) señala los datos del contrato de fideicomiso, al que identifica con el número 744743, formalizado ante el notario público número 6 (aparentemente el Lic. Luis Raúl Hernández Borunda) en noviembre de 2012 y advierte que no existen evidencias de que fueran poseedores de una fortuna de esa cuantía.
Sin embargo, al momento de que se le solicitó fuera mostrada la evidencia, arguyó que esperaría a que las instituciones correspondientes cumplieran con la ley y le hicieran llegar la documentación a la autoridad penal. También dijo que en el curso del proceso podría dar a conocer las pruebas que posee. 
Son tan graves los señalamientos que, por salud pública, tanto el denunciante como los denunciados debieran informar verazmente de las imputaciones y le ofrezcan a la sociedad chihuahuense todos los elementos de una y otra parte.
En aquel tenor parecieran inscribirse también otros hechos denunciados por García Chávez.
Afirmó que a través de la Secretaría de Hacienda estatal se invirtieron 802 millones de pesos en la Unión de Crédito Progreso, a una tasa de 3.93% anual, inferior, según asienta la denuncia, a las tasas promocionadas por la institución bancaria, del orden del 8% anual, razón que lo lleva a señalar un posible quebranto a las arcas estatales.
“Sin embargo, a la fecha se desconoce si esos recursos fueron reintegrados al gobierno del estado a su vencimiento, o si como inversión continúa de manera contable en las cuentas bancarias que ese banco tiene asignadas a sus clientes”.
En la presentación de la denuncia, (y en el texto de la misma) García Chávez le dió cuerpo al extendido rumor consistente en que el mandatario habría adquirido el Hotel Soberano:  
“Se tiene conocimiento que ese monto de 802 millones de pesos invertidos por instrucciones del gobernador e implementado por su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, fue la base para el fondeo obtenido por la Unión para la adquisición de un crédito que grupo financiero Scotiabank Inverlat S. A.  (Scotiabank) tenía contra el deudor hotel Soberano”.
Por esa razón, dice, el propietario del mencionado hotel es el banco recientemente aprobado.
Además, señala al actual Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, como accionista del Unión Progreso en un porcentaje “entre el 6.55 y 9.20%”. En la denuncia señala a Hermosillo con una inversión de 10 millones de pesos.
El banco negó la participación, como accionistas, tanto del gobernador, como de Hermosillo, y sostuvo que “César Duarte Jáquez no es, ni ha sido, socio mayoritario, ni ejerce cargo directivo en la institución”, así como ser propietario, por la vía señalada por García Chávez, del hotel, pues éste es propiedad, “desde su origen, de la sociedad mercantil Chihuahua Real de Hoteles, según consta en el Registro Público de la Propiedad”.
No parece haber las condiciones para la elusión de este asunto, en los pocos días posteriores a la presentación de la demanda corrió -muy pocas pudo emplearse más adecuadamente esta expresión- como auténtico reguero de pólvora en las redes sociales de la internet y se convirtió en uno de los temas más abordados por los sectores de la sociedad más interesados en la vida pública.
ININTELIGIBLE.- A juzgar por la información publicada uno pudiera llegar a la conclusión que la verdadera preocupación del titular de la Defensoría Pública, Jorge Neaves Chacón, es la de igualar en cifras a la Fiscalía General del Estado, esto es, lograr el mayor número posible de sentencias sobre el de las absoluciones. 
Es el mundo bizarro. No se entiende ¿Cómo está eso de que el responsable de los defensores públicos de Chihuahua se ufana de haber cambiado los porcentajes y que ahora se obtengan más sentenciados que absueltos?
Miren, así lo dijo: ““Cuando llegué a la defensoría teníamos un promedio de 80 por ciento de personas imputadas libres o absueltas y solamente un 20% de condenas; mientras que ahora pasa todo lo contrario; es decir, hay 80% de condenas y solamente el 20% de absoluciones”. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 26/IX/14).
¡No alcanza clasificación, siquiera, en el compendio de Ripley!
¡No lo podía haber dicho mejor el Fiscal General de Chihuahua!
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 25 de septiembre de 2014

El fracking en Chihuahua

Aserto 134, agosto 2014
Eufóricos, los promotores, defensores, panegiristas, beneficiarios potenciales de la reforma energética y los voceros del régimen; así como la cúpula panista, no cesan de gritar los supuestos beneficios de la mayor de las reformas realizadas en el curso del actual régimen. Se modernizará México, dicen los priistas; es una victoria cultural nuestra, aseguran los panistas. Entregados a los vaivenes del poder, la cúpula del PRD, de última hora, resolvieron lanzar la propuesta de una consulta popular para echar abajo lo que ellos aprobaron en el Pacto por México.
Avidos, los poderes fácticos del mundo, especialmente los dueños de las finanzas internacionales ya se aprestan a tomar su parte de las enormes riquezas petroleras de México. 
Chihuahua está en su camino, aquí, salvo las escasas y devaluadas fuerzas del perredismo y las emergentes de Morena, parecieran ser las únicas oposiciones a lo que puede convertirse en una inmensa tragedia ambiental, superior, incluso, a lo que ocurre ahora mismo en La Tarahumara con la explotación minera. 
Pero contra tal optimismo, a finales de julio, según una encuesta realizada por el diario Reforma, el 65% de la población seguía estando en contra de la reforma energética. 
De ella, ya desagregados, ni siquiera los simpatizantes del PRI y el PAN estaban a favor pues el 57% del priismo y el 61% del panismo la rechazan.
Más enfáticos, el 72% del perredismo, y el 96% del morenismo la rechazan.


Luis Javier Valero Flores
Promovida como una de las mejores alternativas a la producción de petróleo y, sobre todo, de gas natural para disminuir los costos de la generación de energía eléctrica, ya que sustituiría el uso de combustóleo y otros combustibles en ello, y debido a la creciente idea de que es más barata su obtención, además de que se ha informado de las elevadas reservas existentes en Chihuahua del gas esquisto (shale en inglés), los grupos gobernantes, tanto en el ámbito nacional, como en el local se han convertido en los principales impulsores de la inmediata puesta en marcha de las actividades tendientes a la explotación de tal recurso.
El método preferente -prácticamente único hasta ahora- para obtener el esquisto, es el fracking, consistente en realizar una fractura hidráulica del terreno mediante una perforación vertical hasta llegar a una capa de rocas, que pueden encontrarse hasta los 5 mil metros de profundidad. Una vez localizadas se hace una fracturación horizontal con un radio de hasta 3 kilómetros.
Para obtener el gas deberán inyectarse entre 9 y 29 millones de litros de aguas, acompañados de hasta 650 sustancias químicas, junto con arena para rellenar los espacios de la fractura y “los químicos para diferentes funciones, entre otras, acabar con la vida microscópica que se encuentra en esa capa del subsuelo”. (“Fracking”, Olga Tuda, El Diario, 29/VIII/14).
Con estas operaciones el gas emerge a la superficie, pero las consecuencias pueden ser terribles. “Algunos de los riesgos ambientales más importantes, además del uso de grandes volúmenes de agua, son: contaminación de los mantos freáticos, ríos, suelos y atmósfera; afectaciones a la salud y vida animal; e incremento de la actividad sísmica”, señala el doctor Iván Guerrero, del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. (Ibídem).
Esta técnica podría aplicarse en yacimientos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Oaxaca, de acuerdo con información de Pemex, pero “ha ocasionado en Estados Unidos contaminación del suelo, agua y aire, así como el desplazamiento de pobladores y ha sido prohibida en Francia, Bulgaria y Alemania”. (Nota de Angélica Enciso L., La Jornada, 11/VIII/14).
El fracking se realiza en 34 estados de la Unión Americana.
En 2005, a la llamada ley de agua limpia se le puso una cláusula para dar prioridad a la explotación de hidrocarburos cuando Dick Cheney era vicepresidente estadunidense (2001-2009); antes, el político fue empleado de la petrolera Halliburton, según informó Francisco Cravioto, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Las principales vetas de explotación, por su viabilidad, serían “la cuenca de hidrocarburos Burro Picachos, que va de áreas cercanas a Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca del río Bravo, hasta Coahuila, pasando por Piedras Negras. A un lado está la cuenca de Burgos, que va desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se extiende a casi el centro del estado y la mitad de Nuevo León. Otra cuenca es Sabinas, que pasa por la región carbonífera de Coahuila y llega a Nuevo León”.
“Más hacia el sur está la cuenca Tampico-Misantla, que va del sur de Tamaulipas a la Huasteca potosina, pasa por Ciudad Valles y se extiende a Xilitla y Poza Rica, Veracruz…”. (Ibídem).

Las repercusiones del fracking
De acuerdo a una solicitud de información realizada por la Alianza en pasado, Pemex reveló que había abierto 20 pozos de fracking para hacer pruebas: 16 en Tamaulipas y otros cuatro en Nuevo León. 
Pemex va a invertir 30 mil millones de pesos para estas actividades de exploración, recursos públicos que se usarán para generar información y ponerla a disposición del sector privado, indicó Cravioto.
“De acuerdo con el documento denominado Principales problemas identificados con la explotación de gas de esquisto por fractura hidráulica en México, elaborado por la alianza integrada por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Fundar y Greenpeace, entre otras, enumera implicaciones para el medio ambiente como alto consumo de agua y la competencia de esta técnica con otros usos como el doméstico, el agrícola y el urbano”.
Estas organizaciones llegaron a la conclusión de que “el grado de contaminación que presentan las aguas residuales de esta explotación pone en riesgo la salud de las poblaciones y la integridad de los ecosistemas”.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por infinidad de agrupaciones, organismos gubernamentales, instituciones académicas e internacionales, se han identificado más de 2 mil 500 productos y al menos 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación.
Uno de los más graves problemas de este método de explotación es el agua, la que se obtiene de grandes profundidades (por lo tanto, con un elevado contenido de sales minerales y metales pesados extremadamente tóxicos) la que, una vez usada, deberá disponerse adecuadamente de ella. 
Cualquiera de las modalidades usadas es, otra vez, elevadamente riesgosa, si se decide almacenar se correrán los riesgos de las precipitaciones pluviales y el desborde de presas y cauces artificiales efectuados para contenerla, además de los inconvenientes de la evaporación, con lo que se incrementan las posibilidades de la presentación de las lluvias ácidas y las lógicas consecuencias sobre la producción de cultivos, disposición de agua potable, etc.; si, por el contrario, se decide inyectar el agua al subsuelo, puede ocasionar daños geológicos y provocar sismos, como ha ocurrido en algunas áreas de Ohio, en EU.
Todas las opiniones coinciden, el consumo de gas es menos contaminante que la del carbón o de los sucedáneos, pero “su proceso de extracción, procesamiento y transporte desprende cantidades inaceptables de metano, uno de los más potentes gases que llevan al cambio climático”.
La extracción de gas y petróleo de esquistos ha sido presentada desde hace años como una historia de éxito para el sector energético de Estados Unidos. Las compañías de petróleo y gas, así como el Departamento de Energía, han divulgado estimaciones sobre las reservas existentes que llevarían a pensar en la independencia energética de Estados Unidos para las próximas décadas. Muchos de estos datos están basados en conjeturas más que en datos duros. 
El tiempo de maduración típico de un pozo es muy corto: entre el arranque de actividades y el pico del nivel de extracción pasan unos cuantos años y la declinación comienza muy rápidamente. Dada la corta vida de cada pozo los beneficios son de corta duración. Para mantener niveles de producción estable, se necesita multiplicar el número de pozos. (Fractura hidráulica: ¿espejismo o burbuja financiera?, Alejandro Nadal, La Jornada, 13/VIII/14).
En la zona cercana a Alpine, Texas, se asienta 70% de todo el gas shale de Estados Unidos. Ahí se han encontrado aproximadamente “10 mil 600 puntos con petróleo” bajo la tierra. Además, en el área de Marfa, a unos 30 kilómetros al oeste de Alpine, se concentra la mayor parte del gas shale. Paralelamente, en Presidio, a 140 kilómetros al sur de Alpine y fronterizo con Ojinaga, Chihuahua, se presume que existen reservas por 18 trillones de metros cúbicos del mismo gas. (Nota de Luis Chaparrol, “Lo que el fracking está dejando en Texas”, Proceso 1971, 10/VIII/14).
A unos 500 kilómetros al este se puede divisar lo que podría ser el futuro de los pocos lugares donde el fracking no se ha asentado: Carrizo Springs.
En esa localidad, dice el alcalde, “básicamente el agua es toda química. Tenemos gente enferma que está recibiendo diálisis y no hay que ser un genio para darse cuenta que, hace tres años, antes de que se asentara aquí el negocio, eran muy pocos los enfermos. Definitivamente ha crecido la situación”. (Ibídem).
Lo más importante, empero, es que el fracking ofrece una buena rentabilidad. De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Tasa de Retorno Energético (TRE, es decir, la cantidad de combustible que se gasta en comparación con el que obtiene) en la década de los setenta era la siguiente: la energía de un barril de petróleo permitía sacar 100 barriles de dicho producto. 
Pero conforme las reservas se fueron agotando y el acceso al petróleo de buena calidad se hizo más complicado, el TRE sufrió cambios: en 2013 dicha tasa era de apenas un barril gastado por cada 10 extraídos. El fracking revirtió esta tendencia, ya que utiliza agua y químicos baratos. Hoy, el TRE es de un barril por cada 30, en el peor de los casos.
Lo anterior ha permitido dar altos salarios. Por ejemplo, quienes menos perciben en todo el proceso del fracking son los “veladores” de los ranchos con hidrocarburos: ellos obtienen, al menos, 10 dólares por cada hora del día, los siete días de la semana, más el pago de su vivienda y manutención, según los reportes de distintas compañías en Texas. Una corporación como Exxon Mobil obtiene ganancias netas anuales de 32 mil 600 millones de dólares, según los registros públicos de la firma.
En Carrizo Springs, Texas, el negocio funcionó para los propietarios de ranchos con petróleo y gas shale en el subsuelo. Las leyes de Estados Unidos ofrecen desde hace décadas la posibilidad de comprar tanto el terreno como los minerales en el subsuelo o solamente la superficie del predio. Los rancheros que compraron la licencia por los minerales son quienes ahora obtienen los mayores ingresos por rentar sus terrenos a las compañías petroleras, como es el caso del exgobernador texano Dolph Briscoe, uno de los terratenientes más ricos de Estados Unidos.
Briscoe es propietario de los más de mil pozos en el gigantesco Briscoe Ranch, a las afueras de Carrizo Springs. La renta por un acre (4 mil metros cuadrados) de terreno con permiso de subsuelo es de 15 mil dólares mensuales. Briscoe posee 560 mil acres (más de 226 mil hectáreas).
A pesar de los hallazgos de activistas como Lori y Alt, quienes afirman que uno de cada 20 frackings son poco controlados y los químicos utilizados en el proceso se filtran a los mantos acuíferos, hay quien declara que no hay pruebas contundentes para determinar si este proceso daña la salud.
El Parlamento de Europa, en donde el fracking se ha practicado por más años que en Estados Unidos, emitió un informe en 2011 donde concluía que la fracturación hidráulica “produce una emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación de las aguas subterráneas debido a caudales de fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas de líquidos de fracturación y descargas no controladas de aguas residuales, así como la utilización de más de 600 productos químicos para liberar el gas natural”. (Ibídem).
Desde Bruselas, Antoine Simon, integrante de la organización Friends of the Earth, advierte al gobierno mexicano sobre los daños que provoca la técnica de fracturación hidráulica de las rocas para extraer gas esquisto, al tiempo que denuncia la estrategia de cabildeo global de los conglomerados del ramo para doblar a los gobiernos y apoderarse de ese recurso. En entrevista con Proceso, el activista belga mencionó dos estudios publicados recientemente por su agrupación, en los cuales se documenta la voracidad de las gaseras trasnacionales. (Nota de Marco Apel, “El poder del cabildeo trasnacional”, Proceso 1971, 10/VIII/14).
Alerta: “Es esencial que México se dote de una legislación que controle a esas petroleras desde el comienzo de sus actividades, y que cuente con recursos legales para poder perseguir ante los tribunales los daños medioambientales que produzca el fracking y forzar a las empresas a pagar indemnizaciones”.
“Para nuestra organización –puntualiza el activista–, la única medida aceptable es la prohibición del fracking, puesto que no hay salvaguardas legislativas que eviten los daños ambientales que causa” y propone aplicar medidas “intermedias” para mitigar tales impactos “inevitables”, entre éstos prohibir la “reinyección de las aguas de desechos químicos en los circuitos acuíferos que utilizan las poblaciones locales”, así como imponer la obligación de efectuar evaluaciones de impacto ambiental previos a cada proyecto para conocer los valores de calidad del aire y del agua antes de iniciar los trabajos de exploración.
En Estados Unidos el 20% del gas natural que se consume actualmente procede del esquisto –cifra que en los próximos años podría aumentar a 50%–, según estima un documento de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, conformada por 17 organizaciones y coaliciones de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua o Food & Water Watch-.
“En Estados Unidos cinco de las seis cuencas más grandes de producción de gas de esquisto están en declive. La promesa del presidente Barack Obama de que ese gas podría abastecer al país durante 100 años es un verdadero fracaso.”
Refiere también que “la mayoría de los expertos en el sector afirman que su producción global comenzará a declinar en 2017 o 2018 en aquel país”, y asegura que los operadores petroleros y gaseros “están perdiendo muchísimo dinero, pues el precio del gas ha alcanzado un nivel tan bajo que esas empresas no generan beneficios”.
Se calcula que en Estados Unidos un pozo reduce su capacidad de producción entre 60 y 85% en un año. “Es por eso que las empresas necesitan excavar más cada año, no sólo para aumentar su producción sino para compensar la caída de aquellos pozos que acaban de excavar”, expone Simon.

"Si tuviéramos 10 mil Slims estaríamos a toda madre": Penchyna
En la postura exactamente al contrario, se encuentra el partido gobernante en México. Uno de los principales promotores y defensores de la reforma energética, el Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, David Penchyna Grub, en una inusitada presentación realizada a principios de septiembre en Juárez y Chihuahua, bajo los auspicios del Gobierno del Estado, aseguró que los beneficios de la Reforma Energética “serán visibles en poco tiempo” e hizo un llamado a “no caer en los engaños de sus detractores, pues este avance viene a romper con 80 años de inercia y con los monopolios que se tenían en el sector energético que no beneficiaban económicamente a la población de México”. (Comunicado de prensa, Comunicación Social de Gobierno de Chihuahua, 5/IX/14).
Acompañado del Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez y los Senadores de la República, Patricio Martínez García, Lilia Merodio y Graciela Ortiz González, Penchyna Grub, afirmó que no se privatizó “ni la mitad de un tornillo” y que Pemex y la CFE, pasan a ser empresas productivas del estado que tendrán “que competir para dar mejores precios a los consumidores y con ello acabará la corrupción que consideró no es una cosa de partidos, sino del modelo que se tenía”.
Manifestó que debido a la parálisis de Pemex y CFE, se perdió competitividad ante otros países y puso como ejemplo que México a pesar de ser la sexta reserva de energéticos, tuvo que importar gas de Rusia porque, pues es deficitario en la producción en un 43 por ciento y eso no se podía solucionar sin una reforma. 
Aseguró que la reserva de Cantarel, la más importante de México, producía más de 1 millón de barriles de petróleo al día y ahora sólo produce 300 mil, y que la estimación de producción para el próximo año son de poco más de 2 millones de barriles cuando atrás era de más de tres, además, aseguró que el 43% de las gasolinas que importa el país provienen de Estados Unidos, “por lo que en caso de alguna ruptura de la relación podría traer consecuencias importantes”, declaró en uno más de sus giros pretendidamente simpáticos, como el usado para elogiar al propietario de Telmex, ejemplo paradigmático de como se pueden hacer crecer las fortunas al amparo de la protección e impulso del Estado, con la corrupción y la colusión conniventes.
Como lo ha hecho prácticamente desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma energética, el Gobernador Duarte expresó que “Chihuahua será uno de los mayores beneficiados por las reservas que se tienen en la región de Ojinaga” ya “que es una zona despoblada y pobre que tendrá un gran desarrollo, que será capitalizado por la población por la inversión que se ha hecho en educación para que ocupen los espacios en las empresas”.

El fracking no es el diablo
Sobre el fracking, Penchyna comentó que “los detractores lo han puesto como si fuera el diablo y no hay tal, en Texas en las tierras arriba la gente cría ganado y abajo extraen el gas sin contaminar, esas tierras no perderán valor agropecuario de ninguna manera”.
Dijo que ya existen métodos modernos y ecológicos en el uso del fracking para recuperar el 65 por ciento del agua que se utiliza y manifestó que se ha creado desinformación sobre el tema no solo aquí sino en otras partes del país, donde ni siquiera hay gas y aseguró que el fracking no contaminará los mantos acuíferos del subsuelo ni expropiará tierras.
Casi como heraldos de las más nítidas concepciones del blanquiazul, Penchyna dijo que la reforma energética había puesto “fin a un modelo de explotación monopolizado durante más de 80 años por Petróleos Mexicanos  (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos beneficios no impactaron a los sectores sociales y económicos por falta de competencia (sic)”
¿Y los múltiples beneficios derivados del crecimiento de la industria petrolera en México, amén de que la tercera parte del presupuesto federal proviene de las ventas petroleras? ¡Válgame por estos políticos que mienten tan descaradamente!
Encima de tales frases, todavía se dio tiempo el legislador del PRI para exhortarnos a fin de que conozcamos a “a fondo el contenido de la Reforma Energética para que no sean víctimas de engaños de tipo político, económico o de otra índole”.

Origen y destino
Pero las informaciones acerca del origen (y seguramente también destino de los beneficios) son indubitables: “El paquete de seis dictámenes de la reforma energética que se aprobó por ambas cámaras del Congreso mexicano fue planeado, diseñado y cabildeado desde la oficina de un poderoso senador estadounidense, el republicano Richard Lugar, quien el 21 de diciembre de 2012 pronosticó, en un extenso informe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por John F. Kerry, que los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) –para regular los yacimientos en el Golfo de México– se convertirán en el “Caballo de Troya” para permitir la apertura completa de las inversiones extranjeras en el sector”. (Se gestó en Washington parte de la reforma energética, Jenaro Villamil, Proceso, 10/VIII/14).
La información proporcionada por el semanario es contundente. Revela que Richard Lugar realizó una visita a México en octubre de 2012 y sostuvo reuniones en la embajada de su país con integrantes del equipo de transición de Peña Nieto y con dirigentes de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado, así como con empresarios.
Las entrevistas incluyeron a Luis Videgaray, Emilio Lozoya (actual Director General de Pemex), y los coordinadores del PRI, PAN y PRD en ambas cámaras.
No había lugar a dudas de las intenciones del influyente senador republicano, “las reformas energéticas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos y América del Norte”. (Ibídem).
Es de tal magnitud el escepticismo que hasta impulsores de la reforma energética, -y en su tiempo, del TLC- como el analista Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, luego de elogiar la aprobación (íntegro, su artículo lo publicamos en esta edición) opuso serios cuestionamientos y, contundente, afirmó que no son ciertas las previsiones optimistas de los promotores de la reforma. (Jorge G. Castañeda, “Pemex y microeconomía”, Reforma, 14/VIII/14).
Cosa semejante opina otro destacado académico, el ex rector de la Unam, José Sarukhan, quien llamó a la clase política a no mentir sobre las repercusiones del uso del fracking, basándose en supuestos estudios científicos (Su artículo también lo incluimos, íntegro en la presente edición) los cuales muestran, en su opinión, que “obtener este hidrocarburo (el gas shale) requiere grandes presiones para forzar su salida y un proceso de ‘limpieza’. Ambas operaciones demandan grandes cantidades de energía y agua, y al final del proceso se producen materiales de desecho altamente tóxicos…”. (José Sarukhán, "Fracking: ¿ilusiones sin evaluaciones?”, Reforma, 25/VII/14).
¿Quienes se beneficiarán de estos negocios? Por lo menos cuatro ex funcionarios federales, ex directores generales de Pemex se encuentran trabajando para los consorcios, que ya se aprestan a participar en la explotación del petróleo; para esto, ni tardos ni perezosos, los miembros del gobierno federal ya anunciaron que de las reservas probadas del crudo, por lo menos 6 mil millones de barriles de petróleo, dejaron de ser administradas por Pemex.
Cierto, no privatizaron a la empresa petrolera pero sí el producto; de golpe y porrazo los mexicanos perdimos esa cantidad de petróleo. Si solo lo cuantificáramos en la venta de crudo, pensemos que el barril de petróleo mexicano tiene un precio promedio de 80 dólares.
Así, el Grupo Diavaz, encabezado por Óscar Vázquez Sentíes, figura como uno de los 10 proveedores más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se encuentra en todas las zonas estratégicas de la industria petrolera de México. El ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, dirige el Fondo Evercore México Capital Partners, firma que posee 20 por ciento de la propiedad de Diavaz. Entre los funcionarios que trabajaron para Evercore de Aspe Armella figura el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
A su vez, la empresa constructora Obrascón Huarte Lain Industrial (OHL), que en México preside José Ándres de Oteyza Fernández, quien se desempeñó como secretario de Patrimonio y Fomento Industrial de 1976 a 1982. Entre los integrantes del consejo de administración figuran Carlos Ruiz Sacristán, ex director general de Pemex en 1994, y posteriormente secretario de Comunicaciones y Transportes, de 1997 a 2000, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, así como Jesús Reyes Heroles González Garza, director de Pemex entre 2006 y 2009. Antes fue secretario de Energía, de 1995 a 1997, también en el gabinete del presidente Zedillo Ponce de León.
Por otra parte, Carlos Ruiz Sacristán también lidera la empresa Ienova, operadora de infraestructura energética, subsidiaria de Sempra Energy, acusada en el pasado de defraudación fiscal y lavado de dinero, así como de manipulación de los precios de la electricidad en Estados Unidos y de daños ambientales en México. IEnova ya es propietaria y opera varios sistemas de transporte, almacenamiento y compresión de gas natural y gas LP en los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
El actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue director del Issste y secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también fue consejero de la constructora OHL, que ahora pretende incursionar en el sector energético. OHL México es subsidiaria de OHL España, la séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura del transporte.
Georgina Kessel, secretaria de Energía entre 2006 y 2011 y presidenta del consejo de administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la presidencia de Felipe Calderón, ahora es consejera independiente de Iberdrola, principal generadora de energía eléctrica privada en México y líder en energía eólica; es la quinta más fuerte de Europa y tiene presencia en México con desarrollos en Oaxaca y Puebla.
Otro ex director general de Pemex, que ahora es empleado de empresas transnacionales es Juan José Suárez Coppel, quien fue director de Pemex entre 2009 y diciembre de 2012, y ahora colabora con la empresa Jacobs Nederland BV, subsidiaria de Jacobs Engineering Group, una de las más grandes proveedoras de servicios técnicos profesionales en el mundo.
El primero de octubre de 2012, dos meses antes de que dejara el cargo como director de Pemex, a Jacobs Engineering Group se le otorgó un contrato para la ejecución del paquete de servicios para la planta recuperadora de azufre en la refinería de Tula.
La empresa Oro Negro comenzó sus operaciones en febrero de 2012 y su finalidad es convertirse en un jugador líder en la industria mexicana de servicios petroleros. Tiene como socios a los fondos de inversión Axis, Ares y Temasek. El socio fundador de Axis y presidente del consejo de administración es José Antonio Cañedo White, (Hijo de Guillermo Cañedo, ex socio de Emilio Azcárraga) ex director de Mercados de Capital y Banca de Inversión de Nacional Financiera (Nafin), principal banca de desarrollo en México. Cañedo White también fue presidente del Consejo de Grupo Televicentro, la controladora de Grupo Televisa, la televisora más grande de México.
Gonzalo Gil White, sobrino del ex secretario de Hacienda, durante el sexenio de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, es director general de Oro Negro. Además es socio fundador de Navix y presidente de su Comité Ejecutivo, así como socio en Axis Capital Management, una compañía de inversión privada. Antes de eso estableció varios vehículos de fondeo tales como Navitas Investments, BV y Artro Holdings. En las filas de esta naciente empresa destaca Luis Ramírez Corzo y Hernández, quien fue director general de Pemex de 2004 a 2006. (Con información de Israel Rodríguez, La Jornada, 19 de julio de 2014).
Y la demagogia, siempre la demagogia; como sus compañeros priistas y panistas, Penchyna afirmó que en dos años disminuirán los precios de gas y electricidad.

¿A cambio de qué?

Otra vez Duarte vs Baeza

Editorial, Aserto 134, agosto 2014
Inesperadamente, cuando nadie había manejado públicamente diferendo alguno entre el ex gobernador Reyes Baeza y el actual, César Duarte, éste, en un comentario a iniciativa propia, expresó que él no había endeudado al estado y que “sí había dado resultados”.
La intención del comentario no dejaba lugar a dudas, le achacaba a la administración estatal anterior un endeudamiento no justificado y dejaba, a la conclusión de quienes escucharan y leyeran sus comentarios, que la actual, al contrario de la anterior, sí ha sido eficaz en su tarea gubernamental.
Al día siguiente, a pregunta de los reporteros desestimó efectuar más comentarios y estableció que no era momento de establecer otra polémica. 
Sin embargo, en la última semana de agosto y primera de septiembre, los comentarios continuaron: Días después, luego de la celebración de una conferencia de prensa ofrecida por el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, se filtró a los medios de comunicación una carta del ex gobernador Reyes Baeza al actual mandatario, César Duarte. 
En ella, rechaza haber desviado partidas presupuestales federales a las finanzas estatales, así como ser el causante del desmesurado crecimiento de la deuda estatal. Su deslinde lo ubica en que la revisión de las cuentas públicas de su gobierno no encontró irregularidades en el sentido que ahora le hace el gobernador de Chihuahua e insiste en que se realice una reunión entre representantes de ambos para definir los alcances de la deuda
Este es el texto del comentario de César Duarte que dio origen a la polémica: “Es un tema que había abordado en varias ocasiones y es exactamente en las condiciones que me había referido, lo que se ha pretendido sumar de deuda es un recurso que el Presidente Peña Nieto concedió a Chihuahua que sirvió para pagar pasivos de la anterior administración en la mayor parte de ellos, de insumos, proveedores, de compromisos a corto plazo, de recursos de programas federales que se habían utilizado en otra cosa, que no se gastaron de manera adecuada y que el Gobierno del Estado debía reponer al Gobierno Federal”.
Por las expresiones de la carta de Baeza a Duarte se puede colegir que existió una comunicación telefónica entre ambos inmediatamente después de las declaraciones iniciales de Duarte y que el segundo se comprometió a que Herrera diera una conferencia de prensa en la que aclararía el diferendo.
Pues sí se realizó, al contrario de lo esperado por el ex mandatario, se ratificó el dicho inicial de Duarte y Baeza decidió “filtrar” la carta en la que rechaza “definitivamente” la imputación de haber hecho una “aplicación indebida de recursos federales por 3 mil millones de pesos y la presunta necesidad de su parte de contratación de deuda pública para subsanar las supuestas irregularidades”.
E insiste en revisar “con rigor” la deuda directa, la deuda contingente, la deuda soportada en el fideicomiso carretero, el financiamiento del déficit operativo, el rubor relativo al traspaso de cuentas federales y estatales para financiamiento puente y la situación de los proveedores en septiembre de 2010 y agosto de 2014.
¿Qué sucedió para que aflorara una polémica tan ácida como la actual? ¿En el fondo está la disputa por las candidaturas a las diputaciones federales? ¿Habrá propuesto algunas Baeza que hayan superado el veto del gobernador? ¿O, por el contrario, las propuestas por Duarte no superaron el visto bueno de Baeza?
Lo anterior es de la mayor importancia pues las definiciones para éstas orientarán la candidatura al gobierno del estado y la de las alcaldías mayores de Chihuahua, señaladamente Chihuahua y Juárez.
¿Por qué hasta ahora, cuatro años después del término del mandato de Reyes Baeza se informa de una supuesta irregularidad cometida por la administración de éste, de tal magnitud que sería merecedora, de ser cierta, de sanciones de todo tipo?
¿Es acaso coincidencia que tal polémica se reviviera justamente cuando la Auditoría Superior del Estado diera a conocer el resultado de la auditoría efectuada al Aero Show, promovido por la administración municipal de Marco Adán Quezada, sin duda, ligado a Reyes Baeza? ¿Y que el Auditor del Estado sea uno de los más cercanos al gobernador Duarte?

Muy difícilmente serán coincidencias, todo lo relatado tiene un elevado tufo de la disputa por el poder, y sólo eso.

Visitas

El Diario, 25 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
La visita a la ciudad de Chihuahua, de dos de los más influyentes secretarios del gabinete presidencial, Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Osorio Chong, titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Gobernación, respectivamente, así como la agenda desarrollada por ellos, confirmó que obedeció a asuntos más allá de los estrictamente de su competencia, o que si lo son, no pareciera que revistieran tanta importancia como para efectuar un viaje de más de tres horas (en ida y vuelta), así sea que regresaran de revisar las condiciones en las que quedó Baja California Sur después del Huracán Odile.
¿Venir a la capital del estado a inaugurar la rehabilitación de un tradicional y viejo balneario -el Robinson- para convertirlo en uno dedicado a los policías municipales y familia, para luego comer relajadamente en uno de los restaurantes predilectos de la élite y, finalmente, continuar la conversación con el Gobernador Duarte en la Casa de Gobierno, y sólo para eso?
No cuesta mucho trabajo desatar las especulaciones, más en el entorno en el que el actual grupo gobernante del Estado Grande deberá arrostrar la sucesión gubernamental. La confrontación interna pareciera ser el signo distintivo.
No han pasado muchas semanas desde que el Gobernador Duarte señalara a la administración estatal anterior como la responsable del endeudamiento de la entidad, para el cual el Presidente Peña Nieto le “entregó a Chihuahua” 3 mil millones de pesos, a fin de que el gobierno del ballezano arrostrara bien la parte inicial de su administración.
Luego siguieron los episodios de la conferencia de prensa del Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y la difusión de la carta del ex gobernador Reyes Baeza a César Duarte, con copia a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y… de la Sedatu. ¡Nomás!
Aún están frescas las palabras del Auditor Superior del Estado, Jesús Esparza -el Aeroshow fue una “pamplonada con ruedas”, había dicho, y expresado que las aspiraciones políticas no daban impunidad, en una clarísima referencia al ex alcalde Marco Adán Quezada- y las del diputado local, ex secretario del ayuntamiento, Eloy García Tarín, deplorando tales expresiones y pidiendo (ayer presentó por escrito tal petición) que el dictamen de la Auditoría sobre el accidente fuera devuelto a las Comisiones del Congreso del Estado.
En todos los corrillos políticos tales eventos eran el tema principal, y la certeza del enfrentamiento entre dos de los principales grupos internos del PRI era coincidente. Ni más ni menos que entre el grupo que ha aportado dos gobernadores en los últimos 28 años y quien ahora tiene esa responsabilidad, a menos de medio año de lanzar las candidaturas a las diputaciones federales y, con ello, desatar la carrera rumbo a la candidatura al gobierno del estado.
Justamente en medio de tal confrontación creció el rumor que el Gobernador Duarte sería llamado a colaborar en el gabinete presidencial. 
¿De veras? ¿Cómo se puede ir a ese nivel de gobierno alguien que está confrontado con uno de los integrantes del gabinete de Peña Nieto? ¿Para qué querría el presidente llevar el conflicto a su entorno más cercano?
En tales momentos suelen olvidarse los antecedentes. El Gobernador Duarte llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados gracias a la convergencia de muchos eventos; pero uno de ellos fue determinante, su cercanía con el entonces líder priista de la Cámara de Diputados, -hoy lo es del senado- Emilio Gamboa Patrón. De ahí que pareciera lógica la celebración de la reunión de los senadores electos del PRI (en 2012) en una entidad gobernada por uno de los cercanos a Gamboa.
¿Por qué no se realizó en Toluca, o en Atlacomulco? Porque pertenecen a grupos distintos. El de Gamboa no tiene posiciones en el gabinete presidencial. Tampoco el de Manlio Beltrones, sólo los cercanos al mítico grupo mexiquense.
Ramírez Marín se desempeñó como Presidente de la Cámara de Diputados entre 2010-2011 y ocupó el cargo de Vicecoordinador General de la campaña de Peña Nieto, en la transición ocupó la Vicecoordinación de Seguridad y Justicia del equipo del presidente electo.
Por puritita casualidad es el jefe del sector en el que está el Fovissste, cuyo titular es Reyes Baeza. Puras coincidencias.
No es todo, Osorio Chong y el ex mandatario chihuahuense desarrollaron una amistad política muy fuerte, cuando coincidieron como gobernadores. Corre el rumor que es quien impulsó decisivamente la llegada del deliciense a aquella dependencia.
¿Vendrían solamente a comer?
Parece lógica la temática del encuentro, apaciguar las aguas priistas pues no parecen tener las preferencias políticas a su favor -por lo menos esa es la percepción generalizada- y si se les ocurre tensar aún más las relaciones al interior, gordo favor le harán al PAN.
Más si tomamos en cuenta que el mismo día de las visitas, una parte del priismo le prodigó una cálida ovación al ex alcalde Quezada en el acto del informe de los diputados Pedro Domínguez y Minerva Castillo, en su primera aparición pública. De inmediato sobrevinieron las acusaciones que Marco Adán había llevado “acarreados”.
¡Válgame, así se refieren a sus propios compañeros! ¿Qué irán a decir cuando ocurra lo mismo en los próximos eventos de su partido?
Hay otra vertiente acerca de la visita de los secretarios. Ojalá podamos abordarla el fin de semana.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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domingo, 21 de septiembre de 2014

Diques para el agua y la clase política

El Diario, 21 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
Dos de los principales acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en Juárez develan, muy a su pesar, y el nuestro, varias de las características más deplorables del actual  -o quizá de una parte- grupo gobernante en Chihuahua.
Como todos, los que han accedido al poder -y no solamente en la patria chica- pretenden perpetuarse en el ejercicio del gobierno, cosa válida; el problema aparece cuando recurren a acciones, o ilegales, o de franca ineficiencia.
Para nadie es un secreto que tales son los afanes de quienes ocupan los principales sitios del poder político (y también del económico, y si no es así, que el empresario Eugenio Baeza se desmarque, porque en los últimos meses así lo hemos empezado a catalogar), entre los cuales se ubican los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, respectivamente.
Sobre estos dos existe una extrema vigilancia, ejercida por los sectores de la población más interesados en las actividades políticas. Las cosas ocurridas en sus respectivas administraciones revisten la mayor importancia, máxime que, después del IV Informe del Gobernador César Duarte, el escenario será ocupado, de manera central, por los reales o supuestos aspirantes a la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2016 y, destacadamente, por ellos.
De ahí que asuntos como el despido (¿O renuncia?) del Director de  la Academia de Policía de Juárez, Gilberto Ontiveros Chávez, (que, además, es el Secretario General del Grupo Juventud Esfuerzo, agrupación a la que se le comisionó para efectuar tareas de afiliación al PRI) por obligar a los cadetes de la Policía municipal a afiliarse al PRI y las muy evidentes contradicciones de las declaraciones del alcalde Serrano acerca de las condiciones que privan en el antiguo Paso del Norte en materia de infraestructura pluvial.
Campantemente declaró, con motivo de las precipitaciones ocasionadas por los remanentes del Huracán Odile, que “La actual administración municipal no contaba con información acerca de los puntos de inundación ya que las anteriores autoridades no dejaron esos datos, dijo el alcalde Enrique Serrano Escobar”. (Nota de Martín Orquiz, El Diario de Juárez, 18/IX/14).
Serrano agregó: “La lluvia va marcando los sitios exactos de los problemas, cuando estamos en época de secas si no hay un registro, que no lo había o al menos no lo recibimos nosotros, pues no los ubicas hasta que llueve”. (Ibídem).
Pero un año atrás, cuando se aprestaba a tomar posesión del cargo, con motivo de las lluvias de aquel entonces, afirmó que “… Lo que hice fue mandar un equipo de ingenieros y topógrafos para que hicieran un levantamiento de encharcamientos, porque nosotros vamos a entrar cuando esté seco, de la gente que va a trabajar conmigo en Obras Públicas, para cuando entremos empezar a trabajar en todos esos problemas, de los más grandes a los más chicos e irle buscando solución particular”. (LA COLUMNA, DE LOS REPORTEROS, El Diario de Juárez, 18/IX/14).
Además, dio a conocer las 200 fotos tomadas a los encharcamientos, porque, dijo: “También mandé un fotógrafo para complementar, y cada imagen tiene el domicilio y toda la información de cada caso, esto es muy diferente a que vaya ahorita y me lo platiquen, está documentado. Algunas lagunas las vi en Riberas del Bravo, etapa 8. Es mi material de trabajo para cuando lleguemos buscar soluciones particulares, ante la imposibilidad de hacer un drenaje pluvial. Si podemos, haremos un sistema que maneje el agua pluvial”. (Ibídem).
Además de que, como lo señalan diversas notas publicadas por El Diario y la columna editorial De los Reporteros, desde hace años existen el Atlas de Riesgos y el Plan Sectorial de Agua Pluvial (PSAP), elaborados, entre otros organismos, por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que indican exactamente las zonas inundables, afluentes naturales y demás cuestiones relacionadas con el agua de lluvia y que, lo peor, tales informes y proyectos están publicados en la ¡Página de transparencia del Municipio en Internet!
¿Cuál es el problema? ¿La falta de dinero? 
Puede ser, pero si no se inician las gestiones y se avanzan en las primeras obras, tan necesarias para la megalópolis de la industria maquiladora -a nivel mundial- muy pocos atractivos se les podrán seguir ofreciendo a los inversionistas extranjeros pues si cada que ocurre una tormenta la ciudad se pone en riesgo, y con ello a muchos de sus habitantes, no solamente a la industria y el comercio asentados ahí, otras ciudades podrán ofrecer mejores condiciones para el asentamiento de los negocios y entonces la incapacidad, o ineficiencia de los gobernantes quedará evidenciada pues no habrán emprendido las obras que no lucen pero que sí determinan la viabilidad de una ciudad, tanto en las condiciones de bienestar ofrecidas a sus habitantes, como en las necesarias para el desarrollo económico.
De acuerdo con la información proporcionada por el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, (IMIP), Vicente López Urueta, se requieren alrededor de 3 mil millones de pesos. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 18/IX/14).
Tanto a Serrano, como al Gobernador Duarte les restan dos años de gobierno, ambos tienen pretensiones políticas para el futuro, el primero, así no lo acepte en público, aspira a suceder al ballezano, no en balde es quien ha gozado de la mayor confianza de éste para ocupar los cargos políticos, y el actual mandatario aspira a ocupar posiciones de carácter nacional, ahora o después.
Tienen, por tanto, que demostrar, y no solamente ante la élite del poder, capacidad administrativa y política. Una de ellas, esencial, es la de poder entregar al antiguo paso del Norte como la urbe merecedora de las inversiones (por lo menos ese es el pensamiento que ha campeado en la clase gobernante local, panista o priista) y si no son capaces de darle a esta ciudad la infraestructura pluvial necesaria (la paradoja, de la urbe enclavada en el desierto), pocos merecimientos podrán ofrecerle a aquella y, mucho menos, a la sociedad, principal damnificada de la obra gubernamental de quienes ahora mencionamos.
Pero, sobre todo, demostrar que no los rebasan sus aspiraciones políticas. Por ello, adquiere extremada relevancia el caso de la afiliación forzada al PRI -o el intento- de los cadetes de la Academia de Policía, más allá del desarrollo de las sendas denuncias penales presentadas por el PAN y Morena -los únicos partidos de oposición existentes en Chihuahua (típico, dirían los clásicos, uno a la derecha  del PRI, si es que puede anclarse una agrupación política en el México de hoy en tal extremo dada la pérdida de identidad del ex partido de la “Revolución Mexicana”, y el otro a la izquierda).
Nuevamente son las declaraciones del alcalde Enrique Serrano las que le otorgan confusión a la nueva situación del ex director de la Academia de Policía, Gilberto Ontiveros Chávez.
Primero se informó que había sido cesado, luego de la culminación de “una investigación por parte del Departamento de Asuntos Internos… Serrano Escobar informó que el Municipio no encontró ninguna responsabilidad penal en el funcionario y por lo tanto solamente lo cesó, pues no hay elementos para consignarlo”, se asienta en la nota publicada. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 17/IX/14).
Después, el alcalde Serrano afirmó que había presentado su renuncia al cargo: “No hay nada en la auditoría, no hay ninguna responsabilidad legal, si la hubiera, hubiéramos consignado al director, pero como no hay, lo único que se hizo fue tomar en cuenta su renuncia…”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 17/IX/14).
No es cualquier cosa el asunto, la presunta conducta de Ontiveros configura un delito electoral establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por el condicionamiento a afiliarse al PRI.
A su vez, la denuncia presentada por Morena, incluye, como presuntos responsables, además de Ontiveros, al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz Morales, y a la dirigente local del PRI, Mayra Chávez Jiménez.
Al contrario de la postura oficial -“está muy trillado el tema”, diría el alcalde- si el ayuntamiento encontró evidencias de la conducta irregular de Ontiveros, entonces el dictamen de Asuntos Internos puede ser requerido por las autoridades prejudiciales, o por los denunciantes y, entonces, convertirse en un valiosísimo testimonio de que, efectivamente, sí se cometieron los delitos mencionados y las responsabilidades llegarán muy cerca de la silla principal del Palacio Municipal de Juárez.
Si las actividades partidistas de los señalados fueran solamente las mencionadas, podría pensarse en que el intento de afiliación de los cadetes fue un hecho aislado. No parece ser el caso. 
Desde hace algunos años, desde las alturas de Palacio de Gobierno se ha diseñado una estrategia electoral para ser montada en la estructura de gobierno.
De ese modo, los más altos funcionarios de los dos niveles de gobierno -el estatal y el municipal- han sido designados responsables de tareas y demarcaciones territoriales, como si la actividad electoral fuera el condicionante del ejercicio de la  función pública.
Así, por ejemplo, el director de Alumbrado Público, Héctor Salazar Polanco, es el titular de Afiliación del Comité Directivo Municipal del PRI ¿A qué horas realiza una y otra función?
Y si a los integrantes del gabinete municipal y estatal se les “sugiere”, o se les “indica” la responsabilidad de un territorio, un distrito o un municipio para que realice tareas electorales, pensaría Ontiveros, ¿Porqué no hacer, de una vez, que los policías, todos, sean, obligatoriamente, miembros del PRI?
Cierto, las aspiraciones políticas son absolutamente legítimas, lo que no se vale, es poner la estructura de gobierno al servicio del partido en el poder.
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jueves, 18 de septiembre de 2014

Las mismas imprevisiones

El Diario, 18 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
A unas cuantas semanas del primer aniversario de la tragedia del Aero Show en la capital del Estado, sólo el azar salvó a los juarenses de la eventualidad de una tremenda tragedia, quizá semejante a la de la ciudad de Chihuahua.
La falta de previsión, de conocimiento en el manejo de multitudes, a la eterna conducta de muchos de los ocupantes de los distintos niveles de gobierno, consistente en apostarle a que nada ocurrirá, y a la violación de todos los ordenamientos (así sean pocos y obsoletos) de protección civil, fueron las características centrales del acto con motivo del aniversario del Grito de Independencia en el antiguo Paso del Norte.
El balance fue mínimo frente a las dimensiones de la imprevisión y la irresponsabilidad: Sólo 70 casos de desmayos y sofocamiento, en un “evento que rebasó las expectativas de las autoridades municipales que contabilizaron 35 mil asistentes al evento”, al cual, en voz del alcalde Enrique Serrano, el gobierno municipal no tuvo necesidad de “facilitarles” la llegada pues “no hubo absolutamente ningún camión para llevar gente…”, dijo el alcalde Serrano. (Nota de J. Martínez/J. Olivas, El Diario de Juárez, 16/IX/14).
Además, se congratuló que los incidentes sólo fueran personas desmayadas sin más qué lamentar.
Al tratar de explicar las causas de tales “incidentes”, David Correa, coordinador de Socorro de la Cruz Roja señaló que “probablemente tuvo que ver con lo reducido del espacio y la cantidad de personas que acudieron que en esta ocasión se realizó en el paso peatonal de la Avenida 16 de Septiembre…”.
A su vez, el director de Protección Civil, Fernando Motta Allen, expresó “que pese a esos incidentes, todo se desarrolló de manera tranquila”.
Lo siguiente que dijo es estremecedor, más si pensamos en que él era el responsable de garantizar la seguridad de ese número de asistentes: “Las personas empezaron a empujarse hacia el escenario, yo tuve que intervenir para que dejaran de hacerlo y les expliqué que se podía generar una tragedia si no dejaban de empujarse, pero la gente entendió y el evento continuó en orden”.
¿Sabrá, o alguien le habrá platicado a Motta Allen que en la tragedia de Chihuahua también le pedían a la gente que “se hiciera para atrás” y que no podían hacerlo porque el espacio que tenían detrás también era “reducido” y que, al contrario, sobre todo él, estaba obligado a no recurrir a una maniobra extrema, pero inútil, como lo fue el de pedir por el aparato de sonido que ya no empujaran los de “atrás” porque estaban comprimiendo a los de “adelante”?
Y luego, el balance que hizo: “Las 70 personas que resultaron afectadas son pocas en relación con los más de 35 mil asistentes, sobre todo porque se recuperaron en el mismo lugar e incluso se reincorporaron al evento”. ¡Válgame! Así lo dijo.
Si el espacio que se ocupó para la celebración del evento, por sus características y vías de acceso, llevaría a que quienes fueran llegando se agolparan en la parte más alejada del escenario ¿Por qué no se instalaron vallas que fueran compartimentando -es decir, que fueran separando grupos de personas- y que quienes llegaran a una de esas áreas delimitadas ya no pudieran empujar a los de “adelante”, precisamente para impedir lo que ahora puede relatarse solamente como una anécdota (para la mayoría de nuestros lectores, pero de ninguna manera para quienes sufrieron tal incidente) que pudo llevarlos a desenlaces fatales?
Así, lo que constituyó una nueva etapa en la recuperación de los espacios públicos en Juárez pudo convertirse en una nueva tragedia de las dos urbes mayores de Chihuahua.
Este incidente debe llevarnos a la revisión de los protocolos y a la necesaria mesura de los subalternos hacia los deseos de los titulares de los poderes ejecutivos. Pueden acceder a tales pretensiones, pero garantizar que se realicen dentro de los límites de la seguridad pública y la protección civil.
¿Quién aprobó -en el área de protección civil- el permiso para la celebración del acto? ¿Presentaron el plan de contingencia, que contemplara las rutas de salida, las vías para las llegadas de los grupos de auxilio y otro conjunto, grande, de medidas que deberían haberse tomado antes de la celebración del acto?
Se antoja como una inmejorable oportunidad para revisar los reglamentos de protección civil y toda la regulación municipal relacionada a fin de prevenir tragedias como la que pudo ocurrir en la noche del “Grito de Independencia”.
En tanto, las autoridades municipales de Chihuahua se fueron al otro extremo, decidieron que ya no habría más AeroShow, ni Fiesta del Globo, por “considerarlo un tanto peligrosos para la ciudadanía y las autoridades no pueden arriesgar la integridad física de los habitantes”, como lo asentó el alcalde, Javier Garfio. (Nota de El Diario de Chihuahua 17/IX/14).
Parece desmesurada tal decisión, no porque el escribiente esté de acuerdo o no con la celebración de tales eventos, sí por las razones que se esgrimen; las regulaciones en materia de protección civil debieran ofrecerle a los chihuahuenses la debida seguridad, más allá de los riesgos inherentes a la celebración de espectáculos como los ahora mencionados.
Lo que falló hace un año fueron las regulaciones, las omisiones de las autoridades y la temeridad de un conductor que debió prever las consecuencias del salto que iba a realizar.
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domingo, 14 de septiembre de 2014

El grito

El Diario, 14 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
En los días que corren, el grupo gobernante en Chihuahua atraviesa por dos momentos extremadamente difíciles, uno de ellos, quizá, no aparezca de la importancia del segundo, pero están íntimamente imbricados y, acaso pudiera no convertirse en asunto trascendental parra el futuro mediato, pero, de presentarse en grados inusitados sí se convertiría en el detonante de situaciones más difíciles para el priismo.
En cambio, de no solucionar el segundo aspecto, con toda seguridad se le presentaría al panismo local una inmejorable oportunidad, probablemente la única fuerza político-electoral en Chihuahua que pudiera capitalizar, por ahora, tales eventualidades.
¿Cómo afrontará el grupo encabezado por César Duarte la posibilidad de una rechifla estremecedora en el acto del aniversario del Grito de Independencia? ¿Cómo asumirá la confrontación con el grupo de los Baeza (Quién sabe como se autodenominen los que entre ellos se llaman “los amigos”, pero una cosa es segura, existen, probablemente no con la disciplina y uniformidad de un grupo político, pero sí constituyen una corriente al interior del priismo chihuahuense, y de larga data) que en el curso de la semana, en lugar de amainar se acrecentó?
Vayamos por partes. 
De repente a alguien se le ocurrió que algunas fuerzas de la izquierda y el panismo estarían organizando un operativo para boicotear -gritar, denostar, abuchear, al gobernador Duarte en la noche del 15 de septiembre, pagando 100 pesos a cada persona que aceptara realizar tal manifestación- como si estas fuerzas tuviesen la capacidad para provocar una reacción de tal índole. 
Sí existe, en cambio, una invitación en las redes sociales a llevar silbatos para “pitorrearse” del mandatario.
Para confirmar tales supuestos, y quizá con el ánimo de atenuarlo, el mismísimo gobernador Duarte declaró que no le causarían ruido tales expresiones.
Y ahí aparece el primer dilema para los ocupantes de Palacio de Gobierno. Si reaccionan incrementando las medidas de seguridad, elevando los retenes y aumentando las medidas prohibitivas (Como por ejemplo, el intentar quitar silbatos, pitos y demás artefactos) seguramente le aportarán elementos de irritación a una masa ciudadana -algunos, probablemente no todos y quizá no la mayoría, aunque existen análisis de que sí es este caso- que por los antecedentes puede estar muy proclive a manifestar su descontento por esta vía.
Sí, en cambio, disminuyen tales medidas y dejan que transcurra con la mayor “normalidad” posible (incluso con la presentación, por algunos momentos, de rechiflas y abucheos) tal evento pudiera convertirse en tan sólo un momento de incomodidad, pero nada más, de lo contrario, sí se llegaría a convertir en un catalizador con efectos devastadores para la inminente jornada electoral, entendida esta no solamente como la realización de las elecciones de diputados federales del próximo año, sino comprendiendo éstas y las locales del 2015.
Y en las fiestas patrias se presenta un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años: Los elevados índices de rechazo a la fiesta de la clase política y empresarial en Palacio de Gobierno en la noche del grito de independencia. Lo celebran al más puro estilo del porfirismo y de las cortes de las monarquías absolutistas de la Europa de los siglos anteriores.
¿Cómo pueden asimilar, las masas populares, el hecho de ver llegar a cientos de invitados a la fiesta de Palacio ataviados con sus mejores galas, en medio de una creciente oleada de malestar ciudadano que los discursos oficialistas pletóricos de logros y mejorías que no alcanzan a amainar, y que en estos días se ha visto aderezada por lo que se advierte como una reyerta de las cúpulas políticas por el poder, por el poder mismo?
Y es que la fiesta en Palacio, de ahí el rechazo generalizado, se costea con los recursos públicos ¿De dónde acá debemos, se plantean muchos chihuahuenses, financiarles la fiesta a los políticos, burócratas y empresarios?
Entonces, vistas así las cosas, el tema de los supuestos abucheos a los gobernantes no debiera verse solamente como un asunto de extremada frivolidad, por el contrario, puede ser la manifestación de asuntos más complejos y de mayor profundidad en el seno de la sociedad.
Si a tal eventualidad le sumamos el conjunto de hechos ocurridos en las últimas semanas que, lo asentamos así la semana anterior, es extremadamente difícil sean coincidencias, y si lo son, entonces hablaría de una mala capacidad operativa de Palacio de Gobierno.
Quizá el detonante lo constituyó la sorpresiva declaración del Gobernador Duarte acerca de la deuda, heredada según sus palabras, confirmadas días después por las de su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, del gobierno de Reyes Baeza al que señaló, por la deducción que obligaban sus declaraciones, de no arrojar resultados.
Conocida la carta de respuesta de Baeza, con la consiguiente andanada de declaraciones y de análisis de todo mundo, el auditor del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores le aportó lo suyo a la confrontación.
Levantó ámpula al comentar el informe especial de la Auditoría Superior del Estado sobre el Aero Show y el accidente de octubre pasado. Al referirse a este evento como una “pamplonada sobre ruedas” y precisar -desde su óptica- que no puede darse la inmunidad sólo porque se aspira (a otras posiciones políticas), reflejó lo que sucede al interior del grupo de Palacio, o de una parte de él, que no es otra cosas que las “ansias” y aceleramientos políticos que los llevan a golpear al grupo que detentó el poder el sexenio anterior, porque lo consideran, eso y no otra cosa nos dejaron saber, como apto para la competencia interna para la posición que desde ahora está en juego, la candidatura al gobierno del estado en 2016.
Así lo dijo el Auditor: “El hecho de que una persona tenga una aspiración política no le da inmunidad ni da lugar a impunidad en cualquier acto que se llegue a presentar en el manejo de recursos públicos”.
¿Más claro?
Además, a tales eventos se sumó que (en esos días) se sabía que el ex Sub Director de Gobernación con Marco Adán Quezada y Secretario de Seguridad Pública con Reyes Baeza, Arturo Torres Cardona, sería vinculado a proceso, independientemente de las razones jurídicas, válidas o no para procesarlo.
Las reacciones fueron inusitadas. Por una parte, el ex secretario del ayuntamiento dirigido por Quezada, el diputado Eloy García Tarín, propuso que el informe sobre el Aero Show de la Auditoría Superior del Estado fuera regresado a la dependencia citada y que se presentara con el debido apego a las regulaciones existentes pues dijo que “a la auditoría no le corresponde hacer ponderaciones distintas a lo meramente técnico de sus auditorías y él en sus declaraciones que, han sido públicas, da pruebas irrefutables de querer invadir funciones que son exclusivas del Congreso”.
La sorpresa fue que el rechazo se aprobó por diputados de ¡Todos los grupos parlamentarios, incluido el PRI!
Ante ello, la respuesta del auditor Esparza es de antología: “Lo dicho, dicho está”.
A su vez, sorprendentemente, el ex presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, fue tajante en sus cuentas de Twitter y Facebook: “Existe una norma elemental en la relación de las personas. ‘El respeto se gana con respeto’, demando el trato respetuoso que siempre he dado. ¡Que pasen una buena tarde!”.
Así, las acciones del grupo gobernante (o una parte de él, pero que se percibe con las mismas intenciones del mandatario) ofendieron a una parte del priismo, en un momento crítico para éste, no tan soterrado pues en el fondo lo real es que una parte de la sociedad cuestiona el rumbo del gobierno, su eficacia y sus logros.
Todo eso a dos semanas de la presentación del IV Informe, en un entorno que a algunos pareciera menos adverso que el año anterior pero que ahora podría ser peor pues se advierte una maduración, una consolidación en las posturas de quienes no aprueban la obra gubernamental de César Duarte, colocado en  una situación verdaderamente inédita en Chihuahua, por lo menos en las últimas tres o cuatro décadas.
¿Cuáles serán las verdaderas calificaciones que la sociedad le otorga al ballezano?
En el fondo se aprecia -o se percibe- la disputa por el poder en Chihuahua ¿Quién la resolverá? ¿Será como siempre que el PRI tenía al presidente de la república?
¿Tendrá mano el gobernador Duarte?
La manera en que se resuelva tal situación determinará en grado extremo al candidato o candidata del partido gobernante.
Si bien el PRI tiene una gran capacidad para recuperar terreno perdido en la contienda electoral, la verdad es que la situación no parece ser la mejor, se antoja que habrá una disputa cerradísima en la capital del estado, con posibilidades de que pierdan la alcaldía y 3 de los 5 distritos.
Para el próximo año es probable que haya una división de triunfos en la capital, pero no será fácil el triunfo en el distrito 08, el 06 pareciera que regresa a la “normalidad” de antes, es decir, al alcance de la mano de los panistas.
Otro tanto sucede en Juárez. A la espera del distritamiento, y dependiendo más que en Chihuahua de los candidatos que propongan, los panistas parecieran tener una situación menos favorable pues en el antiguo Paso del Norte el voto opositor se ha dispersado, especialmente en las elecciones federales y las próximas podrían tener resultados semejantes a las más recientes. 
La sociedad juarense ha diversificado sus preferencias; no se olvide que el Verde Ecologista ha ganado algún distrito, que la izquierda mandó al tercer lugar al PAN en la elección presidencial y que éste partido atraviesa por una de sus peores épocas en las simpatías ciudadanas, baste mencionar la escasísima concurrencia alcanzada, por ejemplo, en la última reunión en la que anunciaron la presencia del ex gobernador Francisco Barrio.
No son, por tanto, pequeñas cosas, sin importancia, lo ocurrido en las últimas semanas al interior del priismo; van, en ellas, su futuro inmediato.
Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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jueves, 11 de septiembre de 2014

Cambio de piel

El Diario, 11 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
Las frases no dejaban lugar a las dudas: “… nos tardamos 80 años en entender que las cosas ya habían cambiado y que era necesario cambiar… teníamos unos monopolios y eso no ayuda a las economías”.
Si quien dijera lo anterior fuera un integrante del círculo más cercano al presidente de la “victoria cultural”, es decir, el presidente del PAN a nivel nacional, Gustavo Madero, no nos extrañaríamos, al contrario, son expresiones que han lanzado a lo largo de más de 70 años; desde que nació este partido sostuvo que no era sano para la salud de la nación la existencia de monopolios del Estado, en particular en la industria petrolera.
Pero que viniera a Juárez y Chihuahua el senador priista David Penchyna, Presidente de la todo poderosa Comisión de Energía de la Cámara de Senadores a lanzar discursos que en nada difieren de los integrantes del blanquiazul, querrá decir que el retroceso ideológico y político del partido gobernante en México es tan grande que en los temas centrales de la economía las semejanzas con el blanquiazul son enormes.
Tantas, que al momento de abordar esos temas muy difícilmente de podría apreciar cuáles son de uno y otro partido. 
¿Cómo que se tardaron 80 años en comprender que estaban equivocados? Es increíble ¿Acaso Penchyna militaba antes en el PAN? 
Porque su partido -y sus antecesores- fue el gobernante en todo ese período y, al contrario de lo sostenido ahora por este “brillante” priista, quienes estuvieron al mando de la nación siempre se expresaron en los mejores términos de Pemex y de la política petrolera que, por otra parte, fueron los detonantes del crecimiento económico de México, a lo largo de más de tres décadas, etapa en la que se mantuvo un promedio de 5% anual.
Pero no fueron las únicas frases que revelan nítidamente, la forma de concebir a la política económica, quienes hoy tienen la responsabilidad de dirigir al país.
En otro momento de la conferencia impartida en Chihuahua en Palacio de Gobierno, agregó esta otra perla: “Por cierto, ya le pregunté al gobernador cómo le van a hacer para mantener esos buenos resultados, y el gobernador señaló que con trabajo, inversión y educación, y ésa es la clave de lo que buscamos con la reforma energética, lograr una mejor distribución de la riqueza; pero el problema no es que existan ricos, no es ningún problema que exista Carlos Slim, el problema es que en México debería de haber 10 mil Slims y con eso nos iría a toda madre como país”.
La incongruencia pura ¿Cómo compaginar una postura en contra de los monopolios del Estado, como Pemex y CFE y en cambio hasta elogiar la existencia de los monopolios privados, además de que, éste en especial, el Estado se lo transfirió a precios de regalo y, además, le preservó la exclusividad de la prestación de los servicios de telefonía durante décadas y, cosa no menor, la garantía de tarifas elevadísimas?
¿Cómo se puede elogiar a un hombre que hizo su fortuna -la primera o segunda más alta del mundo- bajo la sombra de la corrupción, que no de otra manera se puede llamar la venta de Telmex a Carlos Slim por Carlos Salinas de Gortari?
Las frases de Penchyna nos muestran de cuerpo entero sus concepciones que, y esa es la desgracia, son las que presidirán en adelante todos los pasos para concretar la reforma energética ¡Mueran los monopolios del Estado! ¡Vivan los monopolios privados! Y si son de mis compadres, ya puestos en el florido lenguaje del senador, po’s más mejor!
El senador fue traído a Chihuahua para publicitar los logros de la reforma energética, especialmente en lo referente a la explotación del gas shale, aspecto en el que insisten -los miembros del grupo gobernante-, de darse podría elevar la producción de gas natural y emplearlo en la generación de energía eléctrica, lo que, prometen cautelosamente, podría abaratar las tarifas.
Puestos a explicar lo que no tiene explicación alguna, como si hubiesen llegado del espacio y estuvieran iniciando sus tareas gubernamentales, como si no tuviéramos antecedentes de sus gestiones administrativas, ahora cambiantemente nos endilgan cifras y cifras. Penchyna dijo -algo que es cierto- “que el 43% de las gasolinas que importa el país provienen de Estados Unidos, por lo que en caso de alguna ruptura de la relación podría traer consecuencias importantes”. ¡De veras, así lo dijo!
Bueno ¿Y por qué los gobiernos, que antes eran de “La Revolución”, no construyeron refinería alguna luego de la última -creo que es la Cadereyta, construida a fines de los 60’s del siglo pasado-? ¿Por qué se dedicaron, en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo a destruir palmo a palmo toda la industria petrolera?
Ahora nos salen que porque no tenemos “una ley de energía no aprovechamos el sol, las corrientes marinas y la fuerza eólica”.
¿De veras por eso no aprovechamos al sol, el agua, la geotermia y el viento en la generación de energía eléctrica?
¡Qué cinismo!
Y las mentiras en el centro de todo, el senador del PRI ¡Sí, es del PRI!, David Penchyna, sostuvo que “sólo creamos 700 mil (empleos) al año” cuando la realidad, según el IMSS, es que en el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo se han creado 900 mil empleos.
Y esos son los que dirigirán la política petrolera a partir de ahora, sólo debemos esperar para ver y sufrir los escándalos de las corruptelas de la apertura petrolera.
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domingo, 7 de septiembre de 2014

Todo los enfrenta

El Diario, 7 de septiembre de 2014
Luis Javier Valero Flores
El detonante del episodio más reciente de la áspera disputa entre el ex gobernador Reyes Baeza y el actual, César Duarte, sin duda lo fue la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acceder a un requerimiento del mandatario chihuahuense de no calificar como deuda, “contra los recursos” del Estado de Chihuahua, los financiamientos obtenidos del fideicomiso carretero.
Días después de la publicación trimestral de junio de la deuda pública de estados y municipios, en la que de todas formas la SHCP le acredita a Chihuahua una deuda de casi 42 mil millones de pesos; sin que existiera motivo público para ello, el gobernador Duarte afirmó: “… es un tema que había abordado en varias ocasiones y es exactamente en las condiciones en las que me había referido, lo que se ha pretendido sumar de deuda es un recurso al cual el presidente Peña Nieto le otorgó a Chihuahua, que sirvió para pagar pasivos de la anterior administración, la mayor parte de ellos de insumos, proveedores, créditos a corto plazo, de recursos de programas federales que se habían utilizado para otra cosa… el Gobierno del Estado los tenía que reponer al gobierno federal, más de tres mil millones de pesos, sólo eran recursos federales. Entonces qué bueno que hoy se aclara que mi Gobierno no ha acrecentado la deuda y mucho menos al grado como se había planteado”.
Y como si alguien lo estuviera retando, afirmó que su gobierno sí daba resultados.
La SHCP había dado a conocer que la deuda directa de Chihuahua es de 25 mil 136 millones de pesos, mientras que los bonos carreteros suman 15 mil 156 millones de pesos.
Lo que sucedió a continuación se puede colegir del contenido de la carta, fechada el 22 de agosto, dos días después de las declaraciones anteriores, que Reyes Baeza le envió a Duarte, con copia a Luis Videgaray, Secretario de SHCP, y a Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
En ella le dijo que esperaría la conferencia de prensa que ofrecería el Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, seguramente anunciada por el gobernador Duarte.
No hay lugar a equívocos. Baeza le reclamó al ballezano la acusación -seguramente por una conversación telefónica- y éste le dijo que todo sería aclarado por Herrera.
Pues sí se realizó, pero al contrario de lo esperado por el ex mandatario, se ratificó el dicho inicial de Duarte. Ante eso, Baeza decidió “filtrar” la carta en la que rechaza “definitivamente” la imputación de haber hecho una “aplicación indebida de recursos federales por 3 mil millones de pesos y la presunta necesidad de su parte de contratación de deuda pública para subsanar las supuestas irregularidades”.
E insiste en revisar, como lo había propuesto en marzo, “con rigor” la deuda directa, la deuda contingente, la deuda soportada en el fideicomiso carretero, el financiamiento del déficit operativo, el rubor relativo al traspaso de cuentas federales y estatales para financiamiento puente y la situación de los proveedores en septiembre de 2010 y agosto de 2014.
Algo está ocurriendo al interior del priismo chihuahuense que no sabemos. Creer que son simples coincidencias es conceder mucho, demasiado, a nuestra clase política. 
Casi al mismo tiempo de todo lo anterior, se dieron a conocer los resultados de la investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado sobre el Aero Show, con el señalamiento que, tanto la administración municipal encabezada por Marco Adán Quezada, como la asociación civil Espectáculos Extremos, organizadora en concreto de aquel espectáculo, habían dado respuesta solvente a la mayoría de las observaciones efectuadas por la Auditoría.
Sin embargo, de todos los señalamientos, prácticamente ninguno podría llevar a la aplicación de sanciones más allá de las administrativas o de recomendaciones de ese tipo. Otro es el golpe mediático buscado.
¿Qué sucedió para que aflorara una polémica tan ácida como la actual? ¿En el fondo está la disputa por las candidaturas a las diputaciones federales? ¿Habrá propuesto algunas Baeza que hayan superado el veto del gobernador? ¿O, por el contrario, las propuestas por Duarte no superaron el visto bueno de Baeza?
Lo anterior es de la mayor importancia, pues las definiciones para éstas orientarán la candidatura priista al gobierno del estado y la de las alcaldías mayores de Chihuahua, señaladamente Chihuahua y Juárez.
¿Por qué hasta ahora, cuatro años después del término del mandato de Reyes Baeza se informa de una supuesta irregularidad cometida por la administración de éste?
¿Es acaso coincidencia que tal polémica se reviviera justamente cuando la Auditoría Superior del Estado diera a conocer el resultado de la auditoría efectuada al Aero Show, promovido por la administración municipal de Marco Adán Quezada, sin duda, ligado a Reyes Baeza? ¿Y que el Auditor del Estado sea uno de los más cercanos al gobernador Duarte?
En la última semana de agosto y primera de septiembre, los comentarios continuaron. Vendrían luego la celebración de la conferencia de prensa ofrecida por el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y la filtración de la carta del ex gobernador Reyes Baeza al actual mandatario, César Duarte.
En ella, rechaza haber desviado partidas presupuestales federales a las finanzas estatales, así como ser el causante del desmesurado crecimiento de la deuda estatal. Su deslinde lo ubica en que la revisión de las cuentas públicas de su gobierno no encontró irregularidades en el sentido que ahora le hace el gobernador de Chihuahua e insiste en que se realice una reunión entre representantes de ambos para definir los alcances de la deuda.
Enseguida, Jaime Herrera, al comentar la carta del ex gobernador, afirmó que en ningún momento el gobernador Duarte o él habían afirmado que se desviaron recursos de las partidas federales; sin embargo, ahí están las frases de César Duarte: “… se ha pretendido sumar de deuda es un recurso al cual el presidente Peña Nieto le otorgó a Chihuahua, que sirvió para pagar pasivos de la anterior administración, la mayor parte de ellos de insumos, proveedores, créditos a corto plazo, de recursos de programas federales que se habían utilizado para otra cosa… el Gobierno del Estado los tenía que reponer al gobierno federal, más de tres mil millones de pesos, sólo eran recursos federales…”.
La precisión tiene importancia pues de ser cierta la afirmación de Duarte, Baeza podría verse en el riesgo de ser sancionado con la suspensión de puesto público o que no pueda ocupar puesto público alguno durante 5 años o, incluso, recibir una sanción penal.
Y por otra parte, ¿En calidad de qué Peña Nieto “otorgó a Chihuahua” 3 mil millones de pesos? ¿Para pagar deuda? Es ilegal, no se deben adquirir empréstitos para pagar otras deudas.
¿Quién miente?
No es un problema semántico, se trata del destino de más de una decena de miles de millones de pesos, más importante que la aparente disputa por el poder que entrañaría que uno descalificara al otro sólo por el afán de -pretendidamente- imponer a uno de los suyos en la pista de la candidatura al gobierno del estado, pasando, obviamente, por la definición de las candidaturas a las diputaciones federales del próximo año.
Insistir en que los bonos carreteros no es deuda es negarse a la realidad, los ingresos por el pago del peaje de las carreteras del estado y las concesionadas son, como lo asienta la SHCP, “ingresos propios” que se dejarán de percibir durante casi 30 años, por lo menos en los montos actuales; por tanto, más allá de los tecnicismos usados, sí están comprometidos recursos económicos de los chihuahuenses, recursos que se gastaron por adelantado, o se están gastando ahora y que las siguientes administraciones estatales no tendrán acceso a ellos porque, es necesario enfatizarlo, la actual se los gastó.
Es justo señalar, también, que una parte de los nuevos financiamientos obtenidos por los bonos carreteros se usaron para pagar algunos del pasado y que, gracias a las nuevas maniobras financieras realizadas para eludir las restricciones en materia de endeudamiento público, no se etiquetan como nuevos endeudamientos usados para pagar viejas deudas de ese mismo tipo, algo que la administración de Peña Nieto habrá de experimentar en algunos de los proyectos de construcción de infraestructura anunciados el pasado 2 de septiembre.
Así que también por ese lado se esclarece de mejor manera la decisión de la SHCP de cambiarle la calificación al endeudamiento obtenido a través de mecanismos como el de los bonos carreteros de Chihuahua.
No se trata, (aunque algo deben haber influido) como los panegiristas del gobierno actual intentan hacernos creer, de la “elevada” influencia del mandatario chihuahuense en el gobierno de Peña Nieto; no, éste anunció que recurrirá al endeudamiento por el orden de los 670 mil millones de pesos para el año próximo, entre los que, muy probablemente, se incluya alguna cantidad con la modalidad de la colocación de bonos en el mercado de valores, igual que el fideicomiso carretero de Chihuahua.
Queda en el aire el cuestionamiento acerca del destino de las sumas recibidas por el gobierno estatal a lo largo de sus ya casi 4 años, como lo señala el dirigente de Morena, Víctor Quintana, pues en ese lapso “invirtió e hizo obra pública por 17 mil 772 millones de pesos, pero recibió financiamientos por 24 mil 697 millones de pesos. ¿A dónde se fueron los restantes 6 mil 925 millones de pesos? ¿A gasto corriente? No, porque la ley lo prohíbe. Entonces, ¿a dónde?”. (El Diario, 5/IX/14).
Herrera lo ha dicho insistentemente, se ha gastado en seguridad pública, educación y gasto social; esa es la pregunta ¿Es legal endeudarse para solventar esos gastos, consistentes, fundamentalmente, en salarios?
CONSULTA “CIUDADANA”.- Increíble, ni para un tema tan a modo tiene fuerzas y confianza el PRI en la ciudadanía. A todo tren, al cuarto para las doce, el gobierno estatal está usando (sí, ese es el término adecuado) a sus empleados para recabar las firmas necesarias para que se realice la consulta popular sobre los plurinominales… el corporativismo a todo tren. 
¿Cuándo, dónde, habremos vivido esto?
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