El Diario, 29 de julio de 2010
Luis Javier Valero
Las tendencias del abstencionismo electoral no cambiaron en la pasada elección del domingo 4 de julio. Prosiguió su curva descendente elección tras elección. Tal fenómeno es sólo evidencia de otro peor, la creciente pérdida de legitimación social de quienes acceden a las posiciones de gobierno y es reflejo, además, de la también creciente desconfianza y rechazo de la población hacia la clase política.
Si bien la participación electoral superó la de tres años atrás (37 por ciento) y la esperada por las más pesimistas visiones, finalmente, para elegir gobernador sólo participó el 41 por ciento del electorado –seis de cada 10 electores decidieron no participar– que es menor a la presentada seis años atrás. La participación electoral crece, tradicionalmente, en las elecciones de gobernador o de presidente de la república, por esa razón, la comparación debe hacerse con ese tipo de comicios. Normalmente, en las elecciones de mitad de sexenio la participación electoral desciende.
Así, si bien la presentada ahora supera a la del 2007, es incomparablemente menor a las precedentes.
La tendencia es contundente: En 1992, cuando Francisco Barrio ganó las elecciones, votó el 64 por ciento de los electores; seis años más tarde, en los comicios ganados por Patricio Martínez, participó el 56.8 por ciento; en 2004, de las elecciones que emergió gobernador Reyes Baeza, votó el 44.4 por ciento de los inscritos en el padrón electoral. De ese modo llegamos al porcentaje actual. Descenso evidente, aunque el decrecimiento es menor a los períodos anteriores pues entre Barrio y Patricio es menor a los ocho puntos y entre Patricio y Reyes es de más de doce, ahora sólo es de poco más del 3 por ciento.
Las cifras son reveladoras de la gravedad del problema que ahora tenemos como sociedad, el gobernante obtuvo el respaldo del 17 por ciento del total de la población. Podrá decirse, en descargo, que en esta suma se toma en cuenta a la población menor a los 18 años, pero no es sólo ese problema, llega con el 24 por ciento de aceptación de los inscritos en el padrón electoral y ése ¡Sí que es un problema de legitimidad social!
No se está planteando cualquier otra cosa tremendista, ni de que le falta legitimidad a César Duarte y a los ganadores del proceso electoral del pasado 4 de julio, sino de la falta de acuerdo social para el ejercicio del poder, cualquiera que llegase a él, y de los enormes retos que deben asumir quienes lo asumirán a partir de octubre próximo.
Deberán actuar en el gobierno para alcanzar tal legitimidad social, la electoral ya la tienen, la que les otorga el marco legal vigente es suya, pero no deberán olvidar que tan sólo una cuarta parte de los ciudadanos son sus simpatizantes y que menos de uno de cada cinco habitantes de la entidad los impulsó a los puestos de gobierno.
Tales hechos deberán ser parte del motor de su actuación. Las evidencias de tal desapego ciudadano se mostraron en todos los actos de la campaña recién terminada. Los cierres de la misma, tanto de panistas como de priístas mostraron a un elevado porcentaje de chihuahuenses que acudieron a los actos, pero no tanto por el interés de escuchar a los candidatos, sino de oír a los artistas contratados por los equipos de campaña de los respectivos candidatos.
Así, al momento de iniciar el acto político, en el cierre de campaña de Carlos Borruel, una gran cantidad de asistentes al acto musical se retiró, si bien numerosas personas se quedaron a escuchar a los oradores.
Igual sucedió con el acto de César Duarte en Parral. La plaza estaba llena, pero el entusiasmo por el candidato y el interés por su discurso se circunscribían a quienes ocupaban la mitad de la plaza cercana al templete, para el resto, era solamente la oportunidad de escuchar a sus artistas preferidos, de pasearse, de salir de la casa, en fin…
Igual sucede en prácticamente todas las actividades de nuestra sociedad, motivar, incorporar a esa mayoría (que no siempre es silenciosa) es el enorme reto de la nuestra incipiente democracia… y de los gobernantes.
jueves, 29 de julio de 2010
martes, 27 de julio de 2010
Clandestinidad federal
El Diario, 27 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los hechos reportados son numerosísimos, tantos, que ya son considerados como parte del “modus operandi” de los grupos criminales ¿O de algún grupo paramilitar, encargado de efectuar ejecuciones extrajudiciales?
Los relatos de los sobrevivientes y los testigos son extremadamente coincidentes: llegaron, dicen, los integrantes del comando armado, uniformados con vestimenta oficial y a bordo de vehículos de lujo, o camionetas de modelo reciente.
Expresiones semejantes lanzan quienes han sido detenidos por un retén nocturno en alguna de las carreteras, o vialidades de las principales ciudades de Chihuahua. Ahora mismo, a raíz de los últimos acontecimientos en Juárez, y Chihuahua (en ésta se padece un recrudecimiento de la ola ejecutora, lo que puede llevar a la capital del estado a convertirse en una de las lideresas a nivel nacional en este lamentable giro), han aumentado el número de patrullajes efectuados por elementos de la Policía Federal, la CIPOL y el Ejército.
No siempre van juntos los vehículos de estos agrupamientos, y en el caso de los dos primeros no pareciera haber mayor problema, viajan en vehículos oficiales y usan uniformes de sus respectivas agrupaciones; sin embargo, no es infrecuente ver que los soldados viajen a bordo de camionetas particulares, sin placas y sin insignia alguna que los identifique ¿Qué los diferencia de un grupo armado, vestido como ellos? Nada.
Más aún, las camionetas de la CIPOL viajan sin placas ¿No podrían los cárteles en pugna en Chihuahua pintar vehículos con las siglas y hacerlos pasar por vehículos oficiales?
¿Por qué cosas tan evidentes, tan simples, no se hacen en esta difícil coyuntura, como, por ejemplo, que no haya ningún elemento policiaco o militar, en labores de patrullaje, uniformado como ordenan sus reglamentos; usar vehículos oficiales, pintados con los colores oficiales, portar placas y el número del vehículo en caracteres mayores para que puedan ser fácilmente identificados por la ciudadanía?
Algunos responderán que no se debe hacer así porque entonces serían fácilmente identificables, los policías y militares, por los delincuentes. Pero ese es un argumento fácilmente desechable, la experiencia de los últimos dos años y medio nos demuestra que las labores de inteligencia de los cárteles superan con creces tales remilgos.
Pero lo que no puede aceptarse, en aras de la seguridad de la mayoría de la población, es que quienes nos deben defender, quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza legal, transiten en condiciones semejantes a las de los delincuentes y que, al detenerse en un retén, o toparse con un grupo de estas características, no se sepa si es un agrupamiento de fuerzas del orden o un grupo delincuencial.
La impunidad y la corrupción son fuentes inagotables del crecimiento delictivo y sin un combate real contra ellas, nada se logrará frente a la ola delictiva actual.
Y vaya que se cuecen aparte nuestras fuerzas policiales y militares. Los ejemplos de tales conductas irregulares nos los ofrecen cotidianamente. La semana anterior asistimos apesadumbrados a una lamentable competencia de decomisos de carros “chuecos” entre la PFP, Tránsito y la policía municipal juarenses.
Primero, el lunes, elementos de tránsito municipal de Juárez decomisaron los “chuecos” de los federales; luego, el viernes, los federales hicieron lo mismo con los polimunicipales juarenses.
Todo, porque muchos de los elementos encargados de combatir lo que es uno de los principales factores del crecimiento delictivo, los carros chuecos, según Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, también son propietarios de vehículos de ese tipo.
No es el único ejemplo de tal conducta, en hechos no suficientemente aclarados, dos militares fueron agredidos el 9 de marzo pasado en la capital del estado, iban a bordo de un vehículo robado. Luego se correría la información –relevantemente, fue el diputado perredista, Víctor Quintana, quien lo aseguró– que los mílites formaban parte de la escolta de la esposa del jefe de la Zona Militar en ese momento, el general Jesús Espitia.
A los dos días la vocería de la Operación Coordinada Chihuahua debió aclarar que el vehículo había sido asignado por la PGJE a tareas de “inteligencia” ¿Con qué autorización judicial, preguntamos varios entonces?
Tales hechos debieran ser, inmediatamente, aclarados y hacer que, quienes están obligados a hacer que se acate la ley, la respeten, por ahí se empieza.
Luis Javier Valero Flores
Los hechos reportados son numerosísimos, tantos, que ya son considerados como parte del “modus operandi” de los grupos criminales ¿O de algún grupo paramilitar, encargado de efectuar ejecuciones extrajudiciales?
Los relatos de los sobrevivientes y los testigos son extremadamente coincidentes: llegaron, dicen, los integrantes del comando armado, uniformados con vestimenta oficial y a bordo de vehículos de lujo, o camionetas de modelo reciente.
Expresiones semejantes lanzan quienes han sido detenidos por un retén nocturno en alguna de las carreteras, o vialidades de las principales ciudades de Chihuahua. Ahora mismo, a raíz de los últimos acontecimientos en Juárez, y Chihuahua (en ésta se padece un recrudecimiento de la ola ejecutora, lo que puede llevar a la capital del estado a convertirse en una de las lideresas a nivel nacional en este lamentable giro), han aumentado el número de patrullajes efectuados por elementos de la Policía Federal, la CIPOL y el Ejército.
No siempre van juntos los vehículos de estos agrupamientos, y en el caso de los dos primeros no pareciera haber mayor problema, viajan en vehículos oficiales y usan uniformes de sus respectivas agrupaciones; sin embargo, no es infrecuente ver que los soldados viajen a bordo de camionetas particulares, sin placas y sin insignia alguna que los identifique ¿Qué los diferencia de un grupo armado, vestido como ellos? Nada.
Más aún, las camionetas de la CIPOL viajan sin placas ¿No podrían los cárteles en pugna en Chihuahua pintar vehículos con las siglas y hacerlos pasar por vehículos oficiales?
¿Por qué cosas tan evidentes, tan simples, no se hacen en esta difícil coyuntura, como, por ejemplo, que no haya ningún elemento policiaco o militar, en labores de patrullaje, uniformado como ordenan sus reglamentos; usar vehículos oficiales, pintados con los colores oficiales, portar placas y el número del vehículo en caracteres mayores para que puedan ser fácilmente identificados por la ciudadanía?
Algunos responderán que no se debe hacer así porque entonces serían fácilmente identificables, los policías y militares, por los delincuentes. Pero ese es un argumento fácilmente desechable, la experiencia de los últimos dos años y medio nos demuestra que las labores de inteligencia de los cárteles superan con creces tales remilgos.
Pero lo que no puede aceptarse, en aras de la seguridad de la mayoría de la población, es que quienes nos deben defender, quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza legal, transiten en condiciones semejantes a las de los delincuentes y que, al detenerse en un retén, o toparse con un grupo de estas características, no se sepa si es un agrupamiento de fuerzas del orden o un grupo delincuencial.
La impunidad y la corrupción son fuentes inagotables del crecimiento delictivo y sin un combate real contra ellas, nada se logrará frente a la ola delictiva actual.
Y vaya que se cuecen aparte nuestras fuerzas policiales y militares. Los ejemplos de tales conductas irregulares nos los ofrecen cotidianamente. La semana anterior asistimos apesadumbrados a una lamentable competencia de decomisos de carros “chuecos” entre la PFP, Tránsito y la policía municipal juarenses.
Primero, el lunes, elementos de tránsito municipal de Juárez decomisaron los “chuecos” de los federales; luego, el viernes, los federales hicieron lo mismo con los polimunicipales juarenses.
Todo, porque muchos de los elementos encargados de combatir lo que es uno de los principales factores del crecimiento delictivo, los carros chuecos, según Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, también son propietarios de vehículos de ese tipo.
No es el único ejemplo de tal conducta, en hechos no suficientemente aclarados, dos militares fueron agredidos el 9 de marzo pasado en la capital del estado, iban a bordo de un vehículo robado. Luego se correría la información –relevantemente, fue el diputado perredista, Víctor Quintana, quien lo aseguró– que los mílites formaban parte de la escolta de la esposa del jefe de la Zona Militar en ese momento, el general Jesús Espitia.
A los dos días la vocería de la Operación Coordinada Chihuahua debió aclarar que el vehículo había sido asignado por la PGJE a tareas de “inteligencia” ¿Con qué autorización judicial, preguntamos varios entonces?
Tales hechos debieran ser, inmediatamente, aclarados y hacer que, quienes están obligados a hacer que se acate la ley, la respeten, por ahí se empieza.
Agridulce
Editorial
Aserto No. 84, julio de 2010
Poco, muy poco espacio queda para las celebraciones en el Chihuahua de hoy. ASERTO llega, con la presente edición al séptimo aniversario; lo celebramos con un sabor más amargo que dulce. Por las páginas de la revista ha transcurrido, de manera espeluznante, la tragedia vivida por los chihuahuenses, y no solo, en ella viven, por desgracia, la mayor parte de los mexicanos, unos más que otros.
Incapaces de reaccionar como los hombres de Estado, tan necesarios en los momentos de las peores crisis de cualquier nación, los políticos han sometido al país a una vorágine de enfrentamientos y querellas interminables, justamente en la disputa de los gobiernos de catorce entidades (que involucra al 45% del electorado nacional) y la guerra sucia es hoy la forma predominante de la competencia política; no aparecen por ningún lado los actores políticos que llamen a la adopción de formas civilizadas en la disputa por el poder, al contrario, en medio del baño de sangre lo común es la descalificación, el denuesto, la calumnia transmitida por internet, la filtración a los medios de comunicación de grabaciones y documentos comprometedores.
En lucha tan salvaje llevan la delantera quienes le prometieron a la nación –mientras fueron oposición- el cambio democrático que generaciones enteras anhelaron y en la que miles de mexicanos entregaron sus esfuerzos y muchos, otros miles, su vida.
Y es guerra sucia, no porque se deplore que circule la información, sino porque, primero, en la mayor parte de los casos se trata de información de hechos ciertos, es decir, susceptibles de ser considerados como actos delictuosos, y, segundo, porque en lugar de que el denunciante siga la ruta legal, para la presentación de la demanda e investigar hasta demostrar que lo denunciado es cierto, e ilegal, los denunciantes optan por la vía de la denuncia anónima con el único propósito de denigrar al contrario, hacerlo que pierda votos por la vía de deteriorar su imagen y, de pasada, ganar algunos votos. Y no solamente se elaboran tan “sofisticadas” estrategias, sino que hasta contratan expertos en tales métodos de hacer campañas electorales.
Sólo que ahora (y al momento de leer el presente editorial ya tendremos en la mano los resultados) muy probablemente esa guerra sucia, en lugar de surtir los efectos señalados líneas arriba, logre lo contrario, es decir, que inhiba el voto pues la mayoría de la población se siente lejana, y no solo, rechaza la confrontación política debido al elevado rechazo alcanzado por los políticos y la ciudadanía (en un buen porcentaje) los considera a todos por igual –sólo luchan por el poder, dicho en mejores términos, sólo buscan el “hueso”- y esa forma de disputarse el poder finalmente logrará elevar el número de abstencionistas.
Tales resultados deberían preocupar a la clase política. Si las previsiones, en cuanto a la participación electoral, se cumplen de acuerdo con las tendencias mostradas desde hace 25 años, sólo participaría alrededor del 40% del padrón electoral y si la diferencia obtenida por alguno de los candidatos es de 4-5 puntos, resultaría que al ganador lo respaldaría poco más del 24% del electorado, lo que significaría, aproximadamente, entre el 16-18% de la población total.
Ese sería el respaldo popular del siguiente gobernante y esas, de ninguna manera, son buenas noticias, ni para el ganador.
Y si la lucha política es un asunto cada vez más lejano a la mayoría de la población, si ésta no advierte mejoría alguna en la alternancia partidaria, si lo mismo da votar por mengano que por perengano, entonces las consecuencias son lógicas, una cada vez menor participación electoral, porque, además, si la mayoría de la población no participa en los asuntos públicos y esa participación se reduce a la posibilidad de votar, entonces las tentaciones autoritarias, regresivas serán las predominantes, y estas serán las impulsadas, -se equivocan quienes piensen que la clase política será la hegemónica- por los poderes reales.
Que no suceda lo anterior es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente de quienes administren la hacienda pública.
Aserto No. 84, julio de 2010
Poco, muy poco espacio queda para las celebraciones en el Chihuahua de hoy. ASERTO llega, con la presente edición al séptimo aniversario; lo celebramos con un sabor más amargo que dulce. Por las páginas de la revista ha transcurrido, de manera espeluznante, la tragedia vivida por los chihuahuenses, y no solo, en ella viven, por desgracia, la mayor parte de los mexicanos, unos más que otros.
Incapaces de reaccionar como los hombres de Estado, tan necesarios en los momentos de las peores crisis de cualquier nación, los políticos han sometido al país a una vorágine de enfrentamientos y querellas interminables, justamente en la disputa de los gobiernos de catorce entidades (que involucra al 45% del electorado nacional) y la guerra sucia es hoy la forma predominante de la competencia política; no aparecen por ningún lado los actores políticos que llamen a la adopción de formas civilizadas en la disputa por el poder, al contrario, en medio del baño de sangre lo común es la descalificación, el denuesto, la calumnia transmitida por internet, la filtración a los medios de comunicación de grabaciones y documentos comprometedores.
En lucha tan salvaje llevan la delantera quienes le prometieron a la nación –mientras fueron oposición- el cambio democrático que generaciones enteras anhelaron y en la que miles de mexicanos entregaron sus esfuerzos y muchos, otros miles, su vida.
Y es guerra sucia, no porque se deplore que circule la información, sino porque, primero, en la mayor parte de los casos se trata de información de hechos ciertos, es decir, susceptibles de ser considerados como actos delictuosos, y, segundo, porque en lugar de que el denunciante siga la ruta legal, para la presentación de la demanda e investigar hasta demostrar que lo denunciado es cierto, e ilegal, los denunciantes optan por la vía de la denuncia anónima con el único propósito de denigrar al contrario, hacerlo que pierda votos por la vía de deteriorar su imagen y, de pasada, ganar algunos votos. Y no solamente se elaboran tan “sofisticadas” estrategias, sino que hasta contratan expertos en tales métodos de hacer campañas electorales.
Sólo que ahora (y al momento de leer el presente editorial ya tendremos en la mano los resultados) muy probablemente esa guerra sucia, en lugar de surtir los efectos señalados líneas arriba, logre lo contrario, es decir, que inhiba el voto pues la mayoría de la población se siente lejana, y no solo, rechaza la confrontación política debido al elevado rechazo alcanzado por los políticos y la ciudadanía (en un buen porcentaje) los considera a todos por igual –sólo luchan por el poder, dicho en mejores términos, sólo buscan el “hueso”- y esa forma de disputarse el poder finalmente logrará elevar el número de abstencionistas.
Tales resultados deberían preocupar a la clase política. Si las previsiones, en cuanto a la participación electoral, se cumplen de acuerdo con las tendencias mostradas desde hace 25 años, sólo participaría alrededor del 40% del padrón electoral y si la diferencia obtenida por alguno de los candidatos es de 4-5 puntos, resultaría que al ganador lo respaldaría poco más del 24% del electorado, lo que significaría, aproximadamente, entre el 16-18% de la población total.
Ese sería el respaldo popular del siguiente gobernante y esas, de ninguna manera, son buenas noticias, ni para el ganador.
Y si la lucha política es un asunto cada vez más lejano a la mayoría de la población, si ésta no advierte mejoría alguna en la alternancia partidaria, si lo mismo da votar por mengano que por perengano, entonces las consecuencias son lógicas, una cada vez menor participación electoral, porque, además, si la mayoría de la población no participa en los asuntos públicos y esa participación se reduce a la posibilidad de votar, entonces las tentaciones autoritarias, regresivas serán las predominantes, y estas serán las impulsadas, -se equivocan quienes piensen que la clase política será la hegemónica- por los poderes reales.
Que no suceda lo anterior es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente de quienes administren la hacienda pública.
domingo, 25 de julio de 2010
Intromisiones y voto azul rural
El Diario, 25 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Aparentemente sin conexión, pero en el fondo mostrándose como dos evidencias del modo con el que Felipe Calderón y su grupo están encarando los procesos electorales, los resultados en Chihuahua y la postura del gobierno federal, de rechazar el acuerdo del IFE, mediante el cual lo encontraron responsable de haber violado la ley electoral, son caras de la misma moneda.
El órgano electoral llegó a la conclusión que Calderón había violado la ley al transmitir, en cadena nacional, un mensaje en el cual el tema era el de la seguridad pública, por pura casualidad el asunto más criticado por la sociedad, y al cual la mayoría de las encuestas señalaban como el tema que más votos le costaría al partido gobernante en las elecciones estatales del 4 de julio, tal y como ya le había sucedido en las federales del año anterior.
Por todos los medios, la administración federal ha rechazado la resolución del IFE, porque “censura el discurso del Presidente de la República” y porque, dijo el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, el organismo electoral “carece de atribuciones para acusar o sancionarlo (a Calderón) por la difusión de un discurso dirigido a los ciudadanos” y se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos.
El miércoles, el IFE llegó a la conclusión antes señalada, pero que estaba impedido de sancionar a Calderón por las “restricciones legales en torno del Presidente”.
El nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para demostrarnos su lealtad a Calderón, afirmó que la “seguridad nacional no está sujeta a fechas electorales”, pues es un tema “por encima de cualquier interés particular o de partido” y defendió vehementemente los mensajes a la nación como el “necesario” puente de comunicación del Ejecutivo federal con los mexicanos.
Pero tal vehemencia y tal interés de Calderón por imbuirnos tranquilidad, a través de un mensaje en cadena nacional, no apareció en la terrible semana anterior, cuando estalló un coche-bomba en Juárez, masacraron a 18 personas en Torreón, cientos de personas ligadas a los cárteles colapsaron la ciudad de Monterrey, se localizó una narcofosa en la urbe regiomontana y decenas de mexicanos caían abatidos en todo el país, víctimas de la guerra de los cárteles del narcotráfico.
¿Por qué razón Calderón no salió a darnos un mensaje de aliento, con motivo del bombazo y del hallazgo de decenas de kilos del explosivo usado en el atentado juarense, hechos que constituyen un parteaguas en la crisis de seguridad pública?
¡Ah, po’s es que ya no hay elecciones!
Pueden argumentar mil y un cosas, lo cierto es que de la activa participación de Calderón en los procesos electorales hay numerosas evidencias, una de ellas, y constituye una sorpresa, es la elevada preferencia electoral por el PAN en los municipios más pobres de Chihuahua, que rascándole podrá encontrarse la estrecha relación de tal crecimiento electoral con la aplicación de los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Tal podría ser la principal explicación al sorpresivo crecimiento del PAN en las zonas rurales, algo que sólo esporádicamente había tenido, y de manera muy puntual.
Y es que los resultados en los municipios (hasta el último conteo del PREP) sí son sorpresivos, mientras que el candidato priísta a la gubernatura, César Duarte, ganó en 59 municipios (pero no pierde en ninguno de los más poblados de la entidad) y los candidatos a diputados, tanto del PRI, como de la alianza con Panal y Verde, triunfaron en 20 de los 22 distritos, el PAN obtuvo triunfos en 23 alcaldías, el PRD en 2 y la alianza PRD-PAN en Carichí, los candidatos priístas a las alcaldías sólo ganaron en 41 municipios.
Sin embargo, el PAN no sostiene su hegemonía en Chihuahua, Guerrero, Madera, Meoqui, Parral y Saucillo.
Tres años atrás, el PRI ganaba 50 municipios, el PRD uno y el PAN 16.
Así, Carlos Borruel ganó la elección en los municipios de Allende, Bocoyna, Coyame, Santa Isabel, Julimes, Ocampo, Satevó y Uruachi. Llama la atención que salvo en Allende, el panista gana en los municipios donde sus compañeros a las alcaldías también lo hicieron.
Pero además obtuvo elevadas votaciones, casi iguales a las de Duarte en Balleza, Batopilas, Coronado, La Cruz, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe DB, Matachí, Moris, Nonoava, San Francisco de Borja y Valle de Zaragoza. Varias de ellas con triunfos a las alcaldías, es decir, la votación por el PAN fue consistente y, característica generalizada, en municipios con muy elevada marginalidad.
Tal tendencia se ratifica en los resultados de la elección a las alcaldías pues el PAN ganó en Angel Trías (recupera), Ascensión (refrenda), Balleza, Bocoyna, Buenaventura (recupera), Camargo (refrenda), Coronado, Coyame, Delicias, Guachochi, Jiménez, Julimes (recupera), Manuel Benavides, Nuevo Casas Grandes (por tercera ocasión consecutiva), Ocampo, Ojinaga (refrenda), Praxedis G. Guerrero, San Francisco de Borja, Santa Bárbara (recupera), Satevó (refrenda), Uruachi (refrenda) y Valle de Zaragoza.
Mientras en 2007 el PAN ganó en Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Madera, Ojinaga, Camargo, Saucillo, Jiménez y Parral y el PRI en Juárez, Cuauhtémoc y Delicias, en cambio, en 2010, el PAN aumenta el número de alcaldías ganadas, al pasar de 16 a 23. Así, el PRI pierde las alcaldías (que estaban en su poder) de Angel Trías, Balleza, Bocoyna, Buenaventura, Casas Grandes, Coronado, Delicias, Carichí, Guachochi, Ignacio Zaragoza, Julimes, Ocampo y Valle de Zaragoza.
Tal elevación del voto, en zonas tradicionalmente priístas ¿Será porque el PRI siempre había tenido el control de los programas gubernamentales de apoyo al campo y ahora lo tiene el PAN, claro, todavía sin la estructura paragubernamental que había construido el tricolor, pero que parece haber alcanzado elevados niveles de inserción social y con jugosos dividendos electorales?
Lo anterior, junto con las inesperadas visitas –a Juárez– de cuatro secretarios de Estado, muy pocos días antes de las elecciones, incluido el Secretario de Educación, y la resolución del IFE, acerca del discurso presidencial, parecería confirmar que en Los Pinos sólo se piensa en términos de la sucesión presidencial.
La revisión del discurso del 15 de junio confirma el aserto anterior. Nada nuevo existía en ese momento (bueno, lo de siempre en el México de hoy, decenas de ejecuciones en prácticamente todo el territorio nacional) que justificara la cadena nacional para transmitir el discurso de Calderón, el cual tampoco aportaba cosas nuevas a sus discursos de los últimos tres años en materia de seguridad pública.
Entre otras cosas, dijo que “desde el primer día de mi Gobierno, hemos combatido con fuerza y con determinación al crimen organizado”. Luego, en algunas deshiladas frases trató de explicarnos su teoría acerca del crecimiento de los cárteles de la droga, eran de bajo perfil antes (¿se acordará de incidentes, no tan de bajo perfil como el bombazo en un hotel de lujo en Guadalajara, de los sembradíos de Búfalo, de las matanzas en Vallarta, en Cancún, de los levantones y las narcofosas en Juárez, etc.?)
Ubicó al año 2004 como el del recrudecimiento de los enfrentamientos violentos porque en “Estados Unidos se levantó la prohibición de vender armas de asalto”.
A partir de entonces, afirmó, los criminales ampliaron el universo de delitos y el control de zonas del país y entonces, como el Chapulín Colorado, decidió que el gobierno federal “tenía que intervenir, porque las organizaciones criminales se empezaron a meter directamente con la gente, con ciudadanos como tú”.
Pero nada dice, sólo para dar una cifra, que hasta antes de la llegada de las fuerzas federales a Juárez, la proyección de ejecuciones sería de alrededor de mil en todo el año 2008, pero que la llegada de las fuerzas salvadoras las catapultó, sólo en el antiguo Paso del Norte, a poco más de mil 600.
La parte final de ese mensaje era un recuento de las cosas efectuadas hasta entonces por su gobierno, e insistió en la tesis de Genaro García Luna (“no nos damos cuenta, pero vamos ganando la guerra”, dijo): “Tenemos una estrategia de largo plazo contra la delincuencia y que está en curso. En esta primera etapa, estamos debilitando de manera contundente al crimen organizado. Le hemos propinado golpes importantes a todos los cárteles, sin excepción…”.
Como si fuera remate de mitin electoral, dijo que “La razón de esta lucha eres tú y tu familia”.
Y todavía protesta porque el IFE catalogó este discurso de violatorio del marco legal electoral.
Luis Javier Valero Flores
Aparentemente sin conexión, pero en el fondo mostrándose como dos evidencias del modo con el que Felipe Calderón y su grupo están encarando los procesos electorales, los resultados en Chihuahua y la postura del gobierno federal, de rechazar el acuerdo del IFE, mediante el cual lo encontraron responsable de haber violado la ley electoral, son caras de la misma moneda.
El órgano electoral llegó a la conclusión que Calderón había violado la ley al transmitir, en cadena nacional, un mensaje en el cual el tema era el de la seguridad pública, por pura casualidad el asunto más criticado por la sociedad, y al cual la mayoría de las encuestas señalaban como el tema que más votos le costaría al partido gobernante en las elecciones estatales del 4 de julio, tal y como ya le había sucedido en las federales del año anterior.
Por todos los medios, la administración federal ha rechazado la resolución del IFE, porque “censura el discurso del Presidente de la República” y porque, dijo el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, el organismo electoral “carece de atribuciones para acusar o sancionarlo (a Calderón) por la difusión de un discurso dirigido a los ciudadanos” y se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos.
El miércoles, el IFE llegó a la conclusión antes señalada, pero que estaba impedido de sancionar a Calderón por las “restricciones legales en torno del Presidente”.
El nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para demostrarnos su lealtad a Calderón, afirmó que la “seguridad nacional no está sujeta a fechas electorales”, pues es un tema “por encima de cualquier interés particular o de partido” y defendió vehementemente los mensajes a la nación como el “necesario” puente de comunicación del Ejecutivo federal con los mexicanos.
Pero tal vehemencia y tal interés de Calderón por imbuirnos tranquilidad, a través de un mensaje en cadena nacional, no apareció en la terrible semana anterior, cuando estalló un coche-bomba en Juárez, masacraron a 18 personas en Torreón, cientos de personas ligadas a los cárteles colapsaron la ciudad de Monterrey, se localizó una narcofosa en la urbe regiomontana y decenas de mexicanos caían abatidos en todo el país, víctimas de la guerra de los cárteles del narcotráfico.
¿Por qué razón Calderón no salió a darnos un mensaje de aliento, con motivo del bombazo y del hallazgo de decenas de kilos del explosivo usado en el atentado juarense, hechos que constituyen un parteaguas en la crisis de seguridad pública?
¡Ah, po’s es que ya no hay elecciones!
Pueden argumentar mil y un cosas, lo cierto es que de la activa participación de Calderón en los procesos electorales hay numerosas evidencias, una de ellas, y constituye una sorpresa, es la elevada preferencia electoral por el PAN en los municipios más pobres de Chihuahua, que rascándole podrá encontrarse la estrecha relación de tal crecimiento electoral con la aplicación de los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Tal podría ser la principal explicación al sorpresivo crecimiento del PAN en las zonas rurales, algo que sólo esporádicamente había tenido, y de manera muy puntual.
Y es que los resultados en los municipios (hasta el último conteo del PREP) sí son sorpresivos, mientras que el candidato priísta a la gubernatura, César Duarte, ganó en 59 municipios (pero no pierde en ninguno de los más poblados de la entidad) y los candidatos a diputados, tanto del PRI, como de la alianza con Panal y Verde, triunfaron en 20 de los 22 distritos, el PAN obtuvo triunfos en 23 alcaldías, el PRD en 2 y la alianza PRD-PAN en Carichí, los candidatos priístas a las alcaldías sólo ganaron en 41 municipios.
Sin embargo, el PAN no sostiene su hegemonía en Chihuahua, Guerrero, Madera, Meoqui, Parral y Saucillo.
Tres años atrás, el PRI ganaba 50 municipios, el PRD uno y el PAN 16.
Así, Carlos Borruel ganó la elección en los municipios de Allende, Bocoyna, Coyame, Santa Isabel, Julimes, Ocampo, Satevó y Uruachi. Llama la atención que salvo en Allende, el panista gana en los municipios donde sus compañeros a las alcaldías también lo hicieron.
Pero además obtuvo elevadas votaciones, casi iguales a las de Duarte en Balleza, Batopilas, Coronado, La Cruz, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe DB, Matachí, Moris, Nonoava, San Francisco de Borja y Valle de Zaragoza. Varias de ellas con triunfos a las alcaldías, es decir, la votación por el PAN fue consistente y, característica generalizada, en municipios con muy elevada marginalidad.
Tal tendencia se ratifica en los resultados de la elección a las alcaldías pues el PAN ganó en Angel Trías (recupera), Ascensión (refrenda), Balleza, Bocoyna, Buenaventura (recupera), Camargo (refrenda), Coronado, Coyame, Delicias, Guachochi, Jiménez, Julimes (recupera), Manuel Benavides, Nuevo Casas Grandes (por tercera ocasión consecutiva), Ocampo, Ojinaga (refrenda), Praxedis G. Guerrero, San Francisco de Borja, Santa Bárbara (recupera), Satevó (refrenda), Uruachi (refrenda) y Valle de Zaragoza.
Mientras en 2007 el PAN ganó en Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Madera, Ojinaga, Camargo, Saucillo, Jiménez y Parral y el PRI en Juárez, Cuauhtémoc y Delicias, en cambio, en 2010, el PAN aumenta el número de alcaldías ganadas, al pasar de 16 a 23. Así, el PRI pierde las alcaldías (que estaban en su poder) de Angel Trías, Balleza, Bocoyna, Buenaventura, Casas Grandes, Coronado, Delicias, Carichí, Guachochi, Ignacio Zaragoza, Julimes, Ocampo y Valle de Zaragoza.
Tal elevación del voto, en zonas tradicionalmente priístas ¿Será porque el PRI siempre había tenido el control de los programas gubernamentales de apoyo al campo y ahora lo tiene el PAN, claro, todavía sin la estructura paragubernamental que había construido el tricolor, pero que parece haber alcanzado elevados niveles de inserción social y con jugosos dividendos electorales?
Lo anterior, junto con las inesperadas visitas –a Juárez– de cuatro secretarios de Estado, muy pocos días antes de las elecciones, incluido el Secretario de Educación, y la resolución del IFE, acerca del discurso presidencial, parecería confirmar que en Los Pinos sólo se piensa en términos de la sucesión presidencial.
La revisión del discurso del 15 de junio confirma el aserto anterior. Nada nuevo existía en ese momento (bueno, lo de siempre en el México de hoy, decenas de ejecuciones en prácticamente todo el territorio nacional) que justificara la cadena nacional para transmitir el discurso de Calderón, el cual tampoco aportaba cosas nuevas a sus discursos de los últimos tres años en materia de seguridad pública.
Entre otras cosas, dijo que “desde el primer día de mi Gobierno, hemos combatido con fuerza y con determinación al crimen organizado”. Luego, en algunas deshiladas frases trató de explicarnos su teoría acerca del crecimiento de los cárteles de la droga, eran de bajo perfil antes (¿se acordará de incidentes, no tan de bajo perfil como el bombazo en un hotel de lujo en Guadalajara, de los sembradíos de Búfalo, de las matanzas en Vallarta, en Cancún, de los levantones y las narcofosas en Juárez, etc.?)
Ubicó al año 2004 como el del recrudecimiento de los enfrentamientos violentos porque en “Estados Unidos se levantó la prohibición de vender armas de asalto”.
A partir de entonces, afirmó, los criminales ampliaron el universo de delitos y el control de zonas del país y entonces, como el Chapulín Colorado, decidió que el gobierno federal “tenía que intervenir, porque las organizaciones criminales se empezaron a meter directamente con la gente, con ciudadanos como tú”.
Pero nada dice, sólo para dar una cifra, que hasta antes de la llegada de las fuerzas federales a Juárez, la proyección de ejecuciones sería de alrededor de mil en todo el año 2008, pero que la llegada de las fuerzas salvadoras las catapultó, sólo en el antiguo Paso del Norte, a poco más de mil 600.
La parte final de ese mensaje era un recuento de las cosas efectuadas hasta entonces por su gobierno, e insistió en la tesis de Genaro García Luna (“no nos damos cuenta, pero vamos ganando la guerra”, dijo): “Tenemos una estrategia de largo plazo contra la delincuencia y que está en curso. En esta primera etapa, estamos debilitando de manera contundente al crimen organizado. Le hemos propinado golpes importantes a todos los cárteles, sin excepción…”.
Como si fuera remate de mitin electoral, dijo que “La razón de esta lucha eres tú y tu familia”.
Y todavía protesta porque el IFE catalogó este discurso de violatorio del marco legal electoral.
jueves, 22 de julio de 2010
Las alianzas triunfadoras
El Diario, 22 de julio de 2010
Luis Javier Valero
Apagadas las repercusiones postelectorales por varias razones, por la ola de violencia, las catástrofes climáticas, las vacaciones de los actores políticos, o simplemente por el hartazgo de una buena parte de la sociedad, los primeros balances efectuados por el dirigente nacional del partido gobernante, el PAN, no resisten el menor análisis serio.
Puestas en juego doce gubernaturas, contra todos los pronósticos y dados los antecedentes, –así como los resultados de todas las elecciones celebradas después de las presidenciales del 2006– el PRI perdió sorpresivamente tres de ellas –Oaxaca, Puebla y Sinaloa– y debió enfrentar una reñidísima competencia en Durango y Veracruz, y una no menos disputada contienda en Hidalgo.
Salvo en la elección veracruzana, en la que formalmente el candidato del PAN, Miguel Angel Yunes, era militante de ese partido, en el resto, en la práctica, el blanquiazul actuó como un prestador de la franquicia electoral; ninguno de quienes pretendieron la gubernatura, o la alcanzaron en esas entidades, era miembro del PAN. Más aún, en algunos de los casos, los candidatos procedían directamente del PRI y sólo la concreción de una alianza, en todos los casos con el PRD, y en algunos con la suma del PANAL, PT o Convergencia, los llevó al triunfo.
Así, la victoria de Gabino Cué en Oaxaca no se debe a la fuerza del panismo, sino a una multitud de factores entre los cuales pueden ubicarse el fortísimo movimiento popular del 2006, encabezado por la APPO, que casi derroca al gobernador Ulises Ruiz; la persistencia de Cué, y su crecimiento como líder de la oposición, después de haberse desempeñado como alcalde de la capital a principios de siglo, luego de salirse del PRI y buscar la gubernatura hace seis años, la que perdió por escaso margen; la magnitud de las fuerzas de izquierda en la entidad, más allá del PRD; a la concreción de la alianza PAN-PRD; la suma de distintos sectores del PRI y al amplio rechazo ciudadano a Ulises Ruiz.
El mérito del PAN estribó en vencer la resistencia de no pocos segmentos de ese partido reacios a la alianza.
El triunfo de Malova –Mario López–, en Sinaloa, tampoco deberá acreditarse exclusivamente a la fuerza del panismo (no se puede desestimar su inserción, sobre todo en el sur del estado, particularmente en Mazatlán, en donde triunfó por tercera vez Alfredo Higuera como alcalde) pues el senador priísta obtuvo más de una cuarta parte de sus votos en el municipio que gobernó como alcalde (más de 150 mil, contra 30 mil de su adversario) –Ahome, cuya cabecera es la ciudad de Los Mochis–, en lo que se convirtió en una profunda fractura del PRI sinaloense, con ex gobernadores alineados con uno y otro candidato y con el fantasma de las presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
Líder, hace seis años, de las encuestas sobre preferencias electorales, Malova, ahora las encabezaba nuevamente. A pesar de ello, su partido las desestimó. Empeñada la dirigencia nacional priista en dejar a los gobernadores la decisión final acerca de los candidatos, debió soportar una dura derrota a manos de uno de los suyos.
Fenómeno semejante ocurrió en Puebla. El triunfo de la alianza PAN-PRD tiene como telón de fondo el muy amplio rechazo de los poblanos al “gober precioso”, Mario Marín, al hartazgo de una buena parte del electorado priista y a que el triunfador, Rafael Moreno Valle, no posee rasgos ideológicos distintos a los del panismo de aquella entidad, sin duda uno de los más derechistas en el país.
No sería una sorpresa que en pocos meses Moreno decidiera inscribirse como militante del blanquiazul, pero muy pocos podrían acreditar su triunfo a las simpatías despertadas por el PAN entre la ciudadanía. Argumentos semejantes podrían esgrimirse en los casos de Hidalgo y Durango. Si bien en el primer caso podría argumentarse que Xóchitl Gálvez posee un perfil panista, por haber integrado el gabinete foxista, pero ella insistió en ser una candidata ciudadana.
Caso contrario es el de José Rosas Aispuro, priísta destacado, ligado al ex gobernador Maximiliano Silerio, y que ha ocupado casi todos los cargos de elección popular en Durango, todos dentro del PRI. Su candidatura puso en verdaderos aprietos a un partido casi del Medioevo –el PRI– que, para conjuntar los esfuerzos de toda la “nomenklatura” local, postuló como candidatos a las diputaciones locales ¡A los hijos de tres ex gobernadores!
Vistas así las cosas, el panismo poco tiene que festejar.
Luis Javier Valero
Apagadas las repercusiones postelectorales por varias razones, por la ola de violencia, las catástrofes climáticas, las vacaciones de los actores políticos, o simplemente por el hartazgo de una buena parte de la sociedad, los primeros balances efectuados por el dirigente nacional del partido gobernante, el PAN, no resisten el menor análisis serio.
Puestas en juego doce gubernaturas, contra todos los pronósticos y dados los antecedentes, –así como los resultados de todas las elecciones celebradas después de las presidenciales del 2006– el PRI perdió sorpresivamente tres de ellas –Oaxaca, Puebla y Sinaloa– y debió enfrentar una reñidísima competencia en Durango y Veracruz, y una no menos disputada contienda en Hidalgo.
Salvo en la elección veracruzana, en la que formalmente el candidato del PAN, Miguel Angel Yunes, era militante de ese partido, en el resto, en la práctica, el blanquiazul actuó como un prestador de la franquicia electoral; ninguno de quienes pretendieron la gubernatura, o la alcanzaron en esas entidades, era miembro del PAN. Más aún, en algunos de los casos, los candidatos procedían directamente del PRI y sólo la concreción de una alianza, en todos los casos con el PRD, y en algunos con la suma del PANAL, PT o Convergencia, los llevó al triunfo.
Así, la victoria de Gabino Cué en Oaxaca no se debe a la fuerza del panismo, sino a una multitud de factores entre los cuales pueden ubicarse el fortísimo movimiento popular del 2006, encabezado por la APPO, que casi derroca al gobernador Ulises Ruiz; la persistencia de Cué, y su crecimiento como líder de la oposición, después de haberse desempeñado como alcalde de la capital a principios de siglo, luego de salirse del PRI y buscar la gubernatura hace seis años, la que perdió por escaso margen; la magnitud de las fuerzas de izquierda en la entidad, más allá del PRD; a la concreción de la alianza PAN-PRD; la suma de distintos sectores del PRI y al amplio rechazo ciudadano a Ulises Ruiz.
El mérito del PAN estribó en vencer la resistencia de no pocos segmentos de ese partido reacios a la alianza.
El triunfo de Malova –Mario López–, en Sinaloa, tampoco deberá acreditarse exclusivamente a la fuerza del panismo (no se puede desestimar su inserción, sobre todo en el sur del estado, particularmente en Mazatlán, en donde triunfó por tercera vez Alfredo Higuera como alcalde) pues el senador priísta obtuvo más de una cuarta parte de sus votos en el municipio que gobernó como alcalde (más de 150 mil, contra 30 mil de su adversario) –Ahome, cuya cabecera es la ciudad de Los Mochis–, en lo que se convirtió en una profunda fractura del PRI sinaloense, con ex gobernadores alineados con uno y otro candidato y con el fantasma de las presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
Líder, hace seis años, de las encuestas sobre preferencias electorales, Malova, ahora las encabezaba nuevamente. A pesar de ello, su partido las desestimó. Empeñada la dirigencia nacional priista en dejar a los gobernadores la decisión final acerca de los candidatos, debió soportar una dura derrota a manos de uno de los suyos.
Fenómeno semejante ocurrió en Puebla. El triunfo de la alianza PAN-PRD tiene como telón de fondo el muy amplio rechazo de los poblanos al “gober precioso”, Mario Marín, al hartazgo de una buena parte del electorado priista y a que el triunfador, Rafael Moreno Valle, no posee rasgos ideológicos distintos a los del panismo de aquella entidad, sin duda uno de los más derechistas en el país.
No sería una sorpresa que en pocos meses Moreno decidiera inscribirse como militante del blanquiazul, pero muy pocos podrían acreditar su triunfo a las simpatías despertadas por el PAN entre la ciudadanía. Argumentos semejantes podrían esgrimirse en los casos de Hidalgo y Durango. Si bien en el primer caso podría argumentarse que Xóchitl Gálvez posee un perfil panista, por haber integrado el gabinete foxista, pero ella insistió en ser una candidata ciudadana.
Caso contrario es el de José Rosas Aispuro, priísta destacado, ligado al ex gobernador Maximiliano Silerio, y que ha ocupado casi todos los cargos de elección popular en Durango, todos dentro del PRI. Su candidatura puso en verdaderos aprietos a un partido casi del Medioevo –el PRI– que, para conjuntar los esfuerzos de toda la “nomenklatura” local, postuló como candidatos a las diputaciones locales ¡A los hijos de tres ex gobernadores!
Vistas así las cosas, el panismo poco tiene que festejar.
lunes, 19 de julio de 2010
Terror
El Diario, 18 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles son las razones del acto terrorista del jueves anterior en Juárez? ¿Habrá algunas que sus autores puedan esgrimir, válidamente, en la violenta confrontación que sostienen con sus adversarios? ¿Qué cambió en Juárez para que los ataques, antes reservados a integrantes de los cárteles rivales ahora se enfoquen, con una preocupante frecuencia, a elementos de la Policía Federal? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué a los elementos militares no los atacaron con la frecuencia, tino y saña empleadas con los agentes federales?
La escalada de violencia en la entidad –particularmente en Juárez– ha sufrido un dramático giro con la explosión de un auto bomba (según todas las informaciones hasta ahora disponibles) y rebasa cualquiera otro de los temas de la abultada agenda política y social de la entidad y del país, pues los nuevos nombramientos en el gabinete federal ponen de punta los pelos. Pero no más que los sangrientos hechos en el que perdieron la vida tres personas.
Importa detenerse en la mecánica del atentado pues revela claramente la nueva etapa a la que ahora afrontamos. El acto estaba elaborado para ejecutar a las personas que acudieran al asesinato previo de otra vestida de policía municipal. Los ejecutores sabían que acudirían en primera instancia los rescatistas y los agentes federales. Esperaron pacientemente a que se concentrara la mayor parte de esos elementos para activar la bomba, aparentemente con un celular.
Se trataba, y ahí radica lo terrible de esta nueva situación, de victimar a quien fuera.
Casi al mismo tiempo, en una parte muy alejada del bombazo, otro grupo dejaba un mensaje escrito en una barda, en la que “La Línea” se adjudicaba el atentado, amenazaba a quienes formaran parte del grupo de “El Chapo” y anunciaba que tenía más autos con explosivos.
Hasta ahora, si bien con una mayor frecuencia, los ataques de los sicarios eran más o menos dirigidos a objetivos específicos. En varios casos de las masacres existe la presunción que dispararon indiscriminadamente como en los ataques a los distintos centros de rehabilitación y los perpetrados en Creel.
El ataque del jueves nos ubica en el mismo nivel que lo sucedido en Michoacán, entidad en la cual se suscitan frecuentemente ataques a los agentes federales. El del jueves es apenas el octavo o noveno episodio de los acaecidos en lo que va del año, sólo contra los polifederales, hechos que suscitan, o debieran, una honda preocupación, no tan sólo a los gobernantes, sino al resto de la sociedad, y en especial a los integrantes de los cuerpos de rescate y de policía pues de ahora en adelante acudirán con el temor de un nuevo atentado.
A partir de que la Policía Federal sustituyó al Ejército en Juárez, se presentaron los ataques, no quiere decir que en la etapa anterior no se celebrasen enfrentamientos entre militares y sicarios, pero eran eso, enfrentamientos inesperados, fruto de las circunstancias, y prácticamente en ninguno de los casos, acciones premeditadas.
A partir de la sustitución, todo eso cambió, a la par que crecieron las denuncias ciudadanas acerca de los abusos de los federales en contra la población civil, empezaron a darse los ataques a los federales.
Así, la noche del 26 de marzo, un comando armado irrumpió en uno de los hoteles en que se hospedaban algunos elementos federales los acribillaron y murió uno de ellos. Al día siguiente otros dos sufrieron ataques en los que perdieron la vida, uno de ellos fue atacado mientras dormía en su hotel. No habían transcurrido ni 48 horas del primer ataque cuando fueron atacados otros dos polifederales. Sólo sufrieron lesiones.
El 23 de abril, otros siete agentes federales fueron masacrados. Con su muerte, la cifra de agentes policiacos asesinados, hasta esa fecha, ascendía a 29, entre federales, estatales y municipales.
Tan escalofriantes hechos eran acompañados de otros no menores: las acusaciones y las amenazas entre los cárteles. Unos y otros se acusan a través de mensajes por la frecuencia radial de la policía; en mantas, cartulinas y bardas pintadas en las que se acusan, unos a otros, de pertenecer a alguno de los cárteles. Así lo consignó El Diario: “Con mantas, pintas o cartulinas, las corporaciones policiacas responsables de investigar la delincuencia organizada han sido evidenciadas públicamente por los propios grupos criminales en torno a su posible afinidad con una u otra organización. Los textos han revelado datos que autoridades investigadoras han desestimado al calificarlos de ‘distractores’ o ‘reacciones’ a resultados de la Operación Coordinada Chihuahua. Los grupos criminales han expuesto en esos narcomensajes gozar de protección policiaca. Así, han identificado a Cipoles con ‘La Línea’ y a los federales con ‘El Chapo’ Guzmán”. (Nota del Staff, El Diario, 25-IV/10).
Tal preferencia por uno de los cárteles fue documentado en un trabajo publicado por El Diario: “Si bien el comisionado nacional de la Policía Federal (PF) aseguró que los elementos combaten por igual a todas las organizaciones delictivas que operan en Juárez, una revisión del trabajo reportado en 2010 muestra que dicha corporación sí ha realizado más detenciones de uno de los bandos. De acuerdo con los comunicados de prensa difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública federal este año, la PF ha reportado al menos 11 acciones que han resultado en la detención de 31 presuntos integrantes de ‘La Línea’, vinculados con el Cártel de Juárez.
De la organización contraria –identificada por la misma PF como la pandilla Artistas Asesinos, vinculados con el Cártel de Sinaloa y ‘El Chapo’ Guzmán– sólo ha reportado una acción en la que detuvo a cuatro personas. La estadística fue obtenida de 23 comunicados de prensa girados por la Policía Federal en Juárez en 2010, todos disponibles en el sitio electrónico de la Secretaría de Seguridad Pública federal (www.ssp.gob.mx)”. (El Diario, 8/V/10).
Tres días después, el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, negó que la agrupación bajo su mando estuviera infiltrada por el Cártel de Sinaloa, “no hay información contundente”, dijo, y pidió que la ciudadanía denunciara hechos concretos acerca de tales acusaciones. (El Diario, 11/V/10).
La oleada siguió, el 14 de mayo fueron atacados dos federales y al día siguiente otro murió acribillado.
Desquiciado, luego de innumerables quejas de la población por los constantes abusos de los polifederales en los allanamientos de moradas en busca de sus agresores, el vocero de la agrupación, José Ramón Salinas Frías, declaró olímpicamente que seguirían “ingresando a viviendas sin orden de cateo cada vez que lo considere necesario”, luego del asesinato del coordinador de las fuerzas federales, Guillermo Enrique Álvarez Carazo. (Nota de El Diario, 17/V/10)
La racha continuó. El 23 de mayo, nuevamente, un grupo de policías federales fue atacado en el exterior del Hospital de Servicios Médicos Municipales.
El 29 de mayo, otros cuatro agentes fueron agredidos, más de 100 balazos les tiraron, sobrevivieron. El dos de junio fueron masacrados cuatro hombres en la cancha de basquetbol de un fraccionamiento en el cual, se sabía, acudían frecuentemente agentes federales a jugar por las noches.
El 14 de junio, tres oficiales federales fueron ejecutados en calles de la capital del estado. Una semana después, en Juárez, sobrevino otro ataque a dos agentes, sobrevivieron.
El 29 del mismo mes, el acabose: Cuatro ataques contra federales, con el saldo de uno de ellos abatido y otro herido. Pero apenas dos días después otra patrulla federal fue víctima de las balas.
Los dos días siguientes fueron asesinados otros dos agentes.
Hasta la tragedia del jueves.
A pesar de todo, tanto el procurador de la República, Arturo Chávez, y el secretario de Gobierno, Sergio Granados, sostienen que no fue un acto terrorista.
¿No lo es?
Granados fue más lejos, dijo que “No deberíamos de asombrarnos por algo que ha venido pasando desde hace dos años y medio” y que de ninguna manera es un parteaguas el bombazo. Bueno….
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles son las razones del acto terrorista del jueves anterior en Juárez? ¿Habrá algunas que sus autores puedan esgrimir, válidamente, en la violenta confrontación que sostienen con sus adversarios? ¿Qué cambió en Juárez para que los ataques, antes reservados a integrantes de los cárteles rivales ahora se enfoquen, con una preocupante frecuencia, a elementos de la Policía Federal? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué a los elementos militares no los atacaron con la frecuencia, tino y saña empleadas con los agentes federales?
La escalada de violencia en la entidad –particularmente en Juárez– ha sufrido un dramático giro con la explosión de un auto bomba (según todas las informaciones hasta ahora disponibles) y rebasa cualquiera otro de los temas de la abultada agenda política y social de la entidad y del país, pues los nuevos nombramientos en el gabinete federal ponen de punta los pelos. Pero no más que los sangrientos hechos en el que perdieron la vida tres personas.
Importa detenerse en la mecánica del atentado pues revela claramente la nueva etapa a la que ahora afrontamos. El acto estaba elaborado para ejecutar a las personas que acudieran al asesinato previo de otra vestida de policía municipal. Los ejecutores sabían que acudirían en primera instancia los rescatistas y los agentes federales. Esperaron pacientemente a que se concentrara la mayor parte de esos elementos para activar la bomba, aparentemente con un celular.
Se trataba, y ahí radica lo terrible de esta nueva situación, de victimar a quien fuera.
Casi al mismo tiempo, en una parte muy alejada del bombazo, otro grupo dejaba un mensaje escrito en una barda, en la que “La Línea” se adjudicaba el atentado, amenazaba a quienes formaran parte del grupo de “El Chapo” y anunciaba que tenía más autos con explosivos.
Hasta ahora, si bien con una mayor frecuencia, los ataques de los sicarios eran más o menos dirigidos a objetivos específicos. En varios casos de las masacres existe la presunción que dispararon indiscriminadamente como en los ataques a los distintos centros de rehabilitación y los perpetrados en Creel.
El ataque del jueves nos ubica en el mismo nivel que lo sucedido en Michoacán, entidad en la cual se suscitan frecuentemente ataques a los agentes federales. El del jueves es apenas el octavo o noveno episodio de los acaecidos en lo que va del año, sólo contra los polifederales, hechos que suscitan, o debieran, una honda preocupación, no tan sólo a los gobernantes, sino al resto de la sociedad, y en especial a los integrantes de los cuerpos de rescate y de policía pues de ahora en adelante acudirán con el temor de un nuevo atentado.
A partir de que la Policía Federal sustituyó al Ejército en Juárez, se presentaron los ataques, no quiere decir que en la etapa anterior no se celebrasen enfrentamientos entre militares y sicarios, pero eran eso, enfrentamientos inesperados, fruto de las circunstancias, y prácticamente en ninguno de los casos, acciones premeditadas.
A partir de la sustitución, todo eso cambió, a la par que crecieron las denuncias ciudadanas acerca de los abusos de los federales en contra la población civil, empezaron a darse los ataques a los federales.
Así, la noche del 26 de marzo, un comando armado irrumpió en uno de los hoteles en que se hospedaban algunos elementos federales los acribillaron y murió uno de ellos. Al día siguiente otros dos sufrieron ataques en los que perdieron la vida, uno de ellos fue atacado mientras dormía en su hotel. No habían transcurrido ni 48 horas del primer ataque cuando fueron atacados otros dos polifederales. Sólo sufrieron lesiones.
El 23 de abril, otros siete agentes federales fueron masacrados. Con su muerte, la cifra de agentes policiacos asesinados, hasta esa fecha, ascendía a 29, entre federales, estatales y municipales.
Tan escalofriantes hechos eran acompañados de otros no menores: las acusaciones y las amenazas entre los cárteles. Unos y otros se acusan a través de mensajes por la frecuencia radial de la policía; en mantas, cartulinas y bardas pintadas en las que se acusan, unos a otros, de pertenecer a alguno de los cárteles. Así lo consignó El Diario: “Con mantas, pintas o cartulinas, las corporaciones policiacas responsables de investigar la delincuencia organizada han sido evidenciadas públicamente por los propios grupos criminales en torno a su posible afinidad con una u otra organización. Los textos han revelado datos que autoridades investigadoras han desestimado al calificarlos de ‘distractores’ o ‘reacciones’ a resultados de la Operación Coordinada Chihuahua. Los grupos criminales han expuesto en esos narcomensajes gozar de protección policiaca. Así, han identificado a Cipoles con ‘La Línea’ y a los federales con ‘El Chapo’ Guzmán”. (Nota del Staff, El Diario, 25-IV/10).
Tal preferencia por uno de los cárteles fue documentado en un trabajo publicado por El Diario: “Si bien el comisionado nacional de la Policía Federal (PF) aseguró que los elementos combaten por igual a todas las organizaciones delictivas que operan en Juárez, una revisión del trabajo reportado en 2010 muestra que dicha corporación sí ha realizado más detenciones de uno de los bandos. De acuerdo con los comunicados de prensa difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública federal este año, la PF ha reportado al menos 11 acciones que han resultado en la detención de 31 presuntos integrantes de ‘La Línea’, vinculados con el Cártel de Juárez.
De la organización contraria –identificada por la misma PF como la pandilla Artistas Asesinos, vinculados con el Cártel de Sinaloa y ‘El Chapo’ Guzmán– sólo ha reportado una acción en la que detuvo a cuatro personas. La estadística fue obtenida de 23 comunicados de prensa girados por la Policía Federal en Juárez en 2010, todos disponibles en el sitio electrónico de la Secretaría de Seguridad Pública federal (www.ssp.gob.mx)”. (El Diario, 8/V/10).
Tres días después, el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, negó que la agrupación bajo su mando estuviera infiltrada por el Cártel de Sinaloa, “no hay información contundente”, dijo, y pidió que la ciudadanía denunciara hechos concretos acerca de tales acusaciones. (El Diario, 11/V/10).
La oleada siguió, el 14 de mayo fueron atacados dos federales y al día siguiente otro murió acribillado.
Desquiciado, luego de innumerables quejas de la población por los constantes abusos de los polifederales en los allanamientos de moradas en busca de sus agresores, el vocero de la agrupación, José Ramón Salinas Frías, declaró olímpicamente que seguirían “ingresando a viviendas sin orden de cateo cada vez que lo considere necesario”, luego del asesinato del coordinador de las fuerzas federales, Guillermo Enrique Álvarez Carazo. (Nota de El Diario, 17/V/10)
La racha continuó. El 23 de mayo, nuevamente, un grupo de policías federales fue atacado en el exterior del Hospital de Servicios Médicos Municipales.
El 29 de mayo, otros cuatro agentes fueron agredidos, más de 100 balazos les tiraron, sobrevivieron. El dos de junio fueron masacrados cuatro hombres en la cancha de basquetbol de un fraccionamiento en el cual, se sabía, acudían frecuentemente agentes federales a jugar por las noches.
El 14 de junio, tres oficiales federales fueron ejecutados en calles de la capital del estado. Una semana después, en Juárez, sobrevino otro ataque a dos agentes, sobrevivieron.
El 29 del mismo mes, el acabose: Cuatro ataques contra federales, con el saldo de uno de ellos abatido y otro herido. Pero apenas dos días después otra patrulla federal fue víctima de las balas.
Los dos días siguientes fueron asesinados otros dos agentes.
Hasta la tragedia del jueves.
A pesar de todo, tanto el procurador de la República, Arturo Chávez, y el secretario de Gobierno, Sergio Granados, sostienen que no fue un acto terrorista.
¿No lo es?
Granados fue más lejos, dijo que “No deberíamos de asombrarnos por algo que ha venido pasando desde hace dos años y medio” y que de ninguna manera es un parteaguas el bombazo. Bueno….
jueves, 15 de julio de 2010
PRI, sólo diecinueve
El Diario, 15 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
El domingo anterior, al efectuar uno de los muchos análisis que se deben hacer del proceso electoral de este año, el escribiente anotó la posible integración del Congreso del Estado, sobre todo a partir de la importancia que inusitadamente adquirió el acceso de Oscar Villalobos, o no, a la bancada del PRI.
Debo reconocer el error cometido en las siguientes frases, escritas para aquel día: “Si así fuera, el PRI obtendría 1 (diputación plurinominal), el PAN y el PANAL 3, el Verde 2 y una para PT y PRD. Entonces, ya por partidos, al momento de integrar los grupos parlamentarios, el PRI tendría 20 diputados, el PAN 5, el PANAL 4, PT 1 y PRD 1…”.
La postura de Villalobos, sostenida por el dirigente estatal priista, Guillermo Márquez, es que él, con todo derecho, basado en la ley electoral, podría convertirse en el diputado número 20 de su partido. La importancia de serlo o nó, no es una novedad, estriba en que al acceder a la legislatura se convertiría en uno de los precandidatos a dirigir el grupo parlamentario del PRI.
Llegó a tal magnitud la controversia que Villalobos llegó a sostener, en entrevistas radiofónicas, que incluso podía existir “fuego amigo” en su contra.
Los comentarios desatados llegaron hasta el grado de ubicar el primer conflicto en el equipo del gobernador electo, César Duarte, pues, se dice, existen personajes interesados en oponerse al deliciense.
Pueden ser ciertas tales versiones, o nó, lo cierto es que, al parecer, el PAN ha resuelto no impugnar los resultados del distrito de Delicias, con lo que Jaime Beltrán del Río, su candidato en ese distrito, de todos modos accederá a la diputación, pero por la vía plurinominal. Lo mismo sucedería si ganase la querella en los tribunales. En cualquier circunstancia se convertiría en diputado.
Queda, entonces, la controversia acerca de la llegada de Villalobos al Congreso.
No está de más insistir en que es equivocado atribuirle al PRI haber obtenido 20 diputados, eso se deberá hacer, desde el punto de vista legal, hasta el momento que se integre la nueva legislatura, en estos momentos, para los efectos legales, el PRI tiene 13 diputados, la coalición PRI-PANAL-PVEM seis y el PAN dos.
Para los efectos de la ley, las coaliciones cuentan como un solo partido, por tanto, al haber concretado una coalición parcial, en sólo ocho de los veintidós distritos, la coalición no tiene derecho al reparto de las diputaciones plurinominales, por lo que se deberá tomar en cuenta, para la distribución de “pluris”, solamente, la votación obtenida por cada uno de los partidos en los catorce distritos en que postularon candidatos por su cuenta.
Para los efectos de la Votación Válida Emitida [VVE] (al total de la votación se le descuentan los votos nulos, los de candidatos no registrados y los de los partidos que no alcanzaron el 2% de la votación), los partidos de la coalición acordaron entregarle al PANAL el 60% de los votos obtenidos en esos ocho distritos, y al Verde el 40%.
De ese modo, con las últimas cifras del PREP, el PAN obtuvo el 36.67%, el PRI quedaría con el 31.84% de la votación, la coalición con 16.06; el PRD 3.31, el PANAL con el 2.47, PT con 2.07, el Verde el 1.82 y Convergencia con 1.21. Todos los partidos, con excepción del Verde (y obviamente Convergencia) aumentarían ligeramente sus porcentajes al calcular la VVE y el PRI llegaría, probablemente, al 34.25% de la votación (podemos equivocarnos en algunas centésimas, pero no modificaría sensiblemente sus cifras).
Al tomar en cuenta el convenio de coalición resultaría que el PANAL llegaría a más del 12% y el Verde a más del 8%. La ley establece que ningún partido debe tener una sobrerrepresentación en el Congreso mayor a los ocho puntos de su votación.
De este modo, el PRI tendría como límite el 42.25% del total de los diputados del Congreso del Estado, pero resulta que 14 diputados significan ¡El 42.42% de los 33!
Si lo anterior fuera correcto, por sólo algunas centésimas, el PRI no accedería a 14 diputaciones y, por tanto, Villalobos no sería diputado.
De ese modo, al integrarse los grupos parlamentarios, el PRI tendría 19 diputados, el PAN 6, dos de mayoría y 4 “pluris”; el PANAL 3, el Verde 2; PT y PRD con uno, todos plurinominales.
Ojalá no me equivoque nuevamente.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
El domingo anterior, al efectuar uno de los muchos análisis que se deben hacer del proceso electoral de este año, el escribiente anotó la posible integración del Congreso del Estado, sobre todo a partir de la importancia que inusitadamente adquirió el acceso de Oscar Villalobos, o no, a la bancada del PRI.
Debo reconocer el error cometido en las siguientes frases, escritas para aquel día: “Si así fuera, el PRI obtendría 1 (diputación plurinominal), el PAN y el PANAL 3, el Verde 2 y una para PT y PRD. Entonces, ya por partidos, al momento de integrar los grupos parlamentarios, el PRI tendría 20 diputados, el PAN 5, el PANAL 4, PT 1 y PRD 1…”.
La postura de Villalobos, sostenida por el dirigente estatal priista, Guillermo Márquez, es que él, con todo derecho, basado en la ley electoral, podría convertirse en el diputado número 20 de su partido. La importancia de serlo o nó, no es una novedad, estriba en que al acceder a la legislatura se convertiría en uno de los precandidatos a dirigir el grupo parlamentario del PRI.
Llegó a tal magnitud la controversia que Villalobos llegó a sostener, en entrevistas radiofónicas, que incluso podía existir “fuego amigo” en su contra.
Los comentarios desatados llegaron hasta el grado de ubicar el primer conflicto en el equipo del gobernador electo, César Duarte, pues, se dice, existen personajes interesados en oponerse al deliciense.
Pueden ser ciertas tales versiones, o nó, lo cierto es que, al parecer, el PAN ha resuelto no impugnar los resultados del distrito de Delicias, con lo que Jaime Beltrán del Río, su candidato en ese distrito, de todos modos accederá a la diputación, pero por la vía plurinominal. Lo mismo sucedería si ganase la querella en los tribunales. En cualquier circunstancia se convertiría en diputado.
Queda, entonces, la controversia acerca de la llegada de Villalobos al Congreso.
No está de más insistir en que es equivocado atribuirle al PRI haber obtenido 20 diputados, eso se deberá hacer, desde el punto de vista legal, hasta el momento que se integre la nueva legislatura, en estos momentos, para los efectos legales, el PRI tiene 13 diputados, la coalición PRI-PANAL-PVEM seis y el PAN dos.
Para los efectos de la ley, las coaliciones cuentan como un solo partido, por tanto, al haber concretado una coalición parcial, en sólo ocho de los veintidós distritos, la coalición no tiene derecho al reparto de las diputaciones plurinominales, por lo que se deberá tomar en cuenta, para la distribución de “pluris”, solamente, la votación obtenida por cada uno de los partidos en los catorce distritos en que postularon candidatos por su cuenta.
Para los efectos de la Votación Válida Emitida [VVE] (al total de la votación se le descuentan los votos nulos, los de candidatos no registrados y los de los partidos que no alcanzaron el 2% de la votación), los partidos de la coalición acordaron entregarle al PANAL el 60% de los votos obtenidos en esos ocho distritos, y al Verde el 40%.
De ese modo, con las últimas cifras del PREP, el PAN obtuvo el 36.67%, el PRI quedaría con el 31.84% de la votación, la coalición con 16.06; el PRD 3.31, el PANAL con el 2.47, PT con 2.07, el Verde el 1.82 y Convergencia con 1.21. Todos los partidos, con excepción del Verde (y obviamente Convergencia) aumentarían ligeramente sus porcentajes al calcular la VVE y el PRI llegaría, probablemente, al 34.25% de la votación (podemos equivocarnos en algunas centésimas, pero no modificaría sensiblemente sus cifras).
Al tomar en cuenta el convenio de coalición resultaría que el PANAL llegaría a más del 12% y el Verde a más del 8%. La ley establece que ningún partido debe tener una sobrerrepresentación en el Congreso mayor a los ocho puntos de su votación.
De este modo, el PRI tendría como límite el 42.25% del total de los diputados del Congreso del Estado, pero resulta que 14 diputados significan ¡El 42.42% de los 33!
Si lo anterior fuera correcto, por sólo algunas centésimas, el PRI no accedería a 14 diputaciones y, por tanto, Villalobos no sería diputado.
De ese modo, al integrarse los grupos parlamentarios, el PRI tendría 19 diputados, el PAN 6, dos de mayoría y 4 “pluris”; el PANAL 3, el Verde 2; PT y PRD con uno, todos plurinominales.
Ojalá no me equivoque nuevamente.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
La viga en el ojo propio
El Diario, 13 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Las declaraciones del diputado Miguel Jurado Contreras, subcoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en el sentido de solicitar la comparecencia del Presidente Consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Herrera, para que “rinda cuentas sobre la manera en que ejerció los recursos otorgados para este año, principalmente en lo relativo a la promoción del voto” (Nota de Silvia Macías, El Diario, 12/VII/10), ilustran fehacientemente el ánimo y posturas de una buena parte de la clase política.
Apenas dos días atrás, el mismo legislador había expresado una justa autocrítica, al expresar que los partidos le habían fallado a la sociedad.
Nada de malo tendría que se presentara Herrera ante el Poder Legislativo, sería, además de novedoso, enriquecedor escuchar las opiniones de quien dirigió el proceso electoral. Pero ese no es el meollo del asunto abordado por el diputado Jurado.
Para empezar, pide cuentas a quien le tocaba hacer la menor de las tareas en cuanto a la promoción del voto pues éste es un año electoral, es decir, le correspondía a los partidos y sus candidatos realizarlo, ésta, al contrario de la postura de muchos actores políticos, no le corresponde, exclusiva ni mayoritariamente al IEE, esa es una responsabilidad, fundamentalmente, de los partidos y los gobernantes, y más en un año electoral.
Y quien propone una revisión de tal asunto ocupó elevados cargos en la precampaña de su partido, y en numerosas campañas previas ¡Válgame!
No deben escabullirle a sus responsabilidades. A la grave situación nacional en materia económica y de seguridad pública, deberemos agregar la profunda crisis del sistema de partidos vigente en el país.
Que los partidos, los políticos y los legisladores se encuentren en los últimos lugares de credibilidad ciudadana es la mejor explicación del elevado abstencionismo prevaleciente en muchas regiones del país, y especialmente en Chihuahua.
A tal descrédito ha contribuido como ningún otro el partido del diputado declarante. En la mismísima noche del triunfo de Vicente Fox, reunidos alrededor del Angel de la Independencia, miles le exigieron al virtual triunfador de esa noche: “¡No nos falles!”.
Asentar tales argumentos tiene justificación. En el año 2000 se derrotó no solo al PRI, sino a un viejo régimen, devenido en autoritario y carcomido severamente por la corrupción y la desconfianza ciudadana.
Las elecciones de aquel año fueron una especie de referéndum acerca de la permanencia del PRI en el gobierno, la mayoría de los votantes decidieron que no y con ello abrieron un enorme paréntesis de esperanza esperando que las frases foxistas se convirtieran en realidad. No más tepocatas, alimañas ni víboras prietas.
Diez años después, ese partido, que concitó la esperanza de muchos millones de mexicanos, es portador y emblema de la mayoría de los defectos que le achacamos durante años al PRI. Lo logró en muy pocos años, su desgaste es severo, los resultados alcanzados en todas las elecciones posteriores a la presidencial del 2006 lo demuestran.
No hay mejor promotor de la participación electoral que los buenos gobiernos, la congruencia entre el decir y el hacer. En esa fórmula mágica, los políticos mexicanos, especialmente los que fueron integrantes de las fuerzas de oposición hasta antes del 2000, tienen una mayor responsabilidad, la tienen porque nos llamaron a derrotar a un régimen autoritario y a construir uno democrático.
Ahora el PRI está en un virtual regreso. Y lo está con todas sus variantes, las buenas, las regulares y las malas. Chihuahua se ubica entre las primeras, aunque no integralmente, pero lo sucedido en otras entidades da escalofríos. Hoy mismo la mayoría de los priistas sueñan en el regreso a Los Pinos de la mano del gobernante mexiquense, Enrique Peña Nieto, portador y protagonista de los peores defectos del priismo gobernante, no de ahora, de siempre, é impuesto, por la vía de los hechos, por el principal acervo de los poderes fácticos en México, el principal negocio televisivo del país.
Si hubiese necesidad de ejemplos, ahí está lo hecho por ese gobierno en Atenco, ahora señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de gravísimas violaciones al orden constitucional ¡Nomás!
Y todavía andan buscando (los políticos) a ver quién es el responsable del abstencionismo.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Las declaraciones del diputado Miguel Jurado Contreras, subcoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en el sentido de solicitar la comparecencia del Presidente Consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Herrera, para que “rinda cuentas sobre la manera en que ejerció los recursos otorgados para este año, principalmente en lo relativo a la promoción del voto” (Nota de Silvia Macías, El Diario, 12/VII/10), ilustran fehacientemente el ánimo y posturas de una buena parte de la clase política.
Apenas dos días atrás, el mismo legislador había expresado una justa autocrítica, al expresar que los partidos le habían fallado a la sociedad.
Nada de malo tendría que se presentara Herrera ante el Poder Legislativo, sería, además de novedoso, enriquecedor escuchar las opiniones de quien dirigió el proceso electoral. Pero ese no es el meollo del asunto abordado por el diputado Jurado.
Para empezar, pide cuentas a quien le tocaba hacer la menor de las tareas en cuanto a la promoción del voto pues éste es un año electoral, es decir, le correspondía a los partidos y sus candidatos realizarlo, ésta, al contrario de la postura de muchos actores políticos, no le corresponde, exclusiva ni mayoritariamente al IEE, esa es una responsabilidad, fundamentalmente, de los partidos y los gobernantes, y más en un año electoral.
Y quien propone una revisión de tal asunto ocupó elevados cargos en la precampaña de su partido, y en numerosas campañas previas ¡Válgame!
No deben escabullirle a sus responsabilidades. A la grave situación nacional en materia económica y de seguridad pública, deberemos agregar la profunda crisis del sistema de partidos vigente en el país.
Que los partidos, los políticos y los legisladores se encuentren en los últimos lugares de credibilidad ciudadana es la mejor explicación del elevado abstencionismo prevaleciente en muchas regiones del país, y especialmente en Chihuahua.
A tal descrédito ha contribuido como ningún otro el partido del diputado declarante. En la mismísima noche del triunfo de Vicente Fox, reunidos alrededor del Angel de la Independencia, miles le exigieron al virtual triunfador de esa noche: “¡No nos falles!”.
Asentar tales argumentos tiene justificación. En el año 2000 se derrotó no solo al PRI, sino a un viejo régimen, devenido en autoritario y carcomido severamente por la corrupción y la desconfianza ciudadana.
Las elecciones de aquel año fueron una especie de referéndum acerca de la permanencia del PRI en el gobierno, la mayoría de los votantes decidieron que no y con ello abrieron un enorme paréntesis de esperanza esperando que las frases foxistas se convirtieran en realidad. No más tepocatas, alimañas ni víboras prietas.
Diez años después, ese partido, que concitó la esperanza de muchos millones de mexicanos, es portador y emblema de la mayoría de los defectos que le achacamos durante años al PRI. Lo logró en muy pocos años, su desgaste es severo, los resultados alcanzados en todas las elecciones posteriores a la presidencial del 2006 lo demuestran.
No hay mejor promotor de la participación electoral que los buenos gobiernos, la congruencia entre el decir y el hacer. En esa fórmula mágica, los políticos mexicanos, especialmente los que fueron integrantes de las fuerzas de oposición hasta antes del 2000, tienen una mayor responsabilidad, la tienen porque nos llamaron a derrotar a un régimen autoritario y a construir uno democrático.
Ahora el PRI está en un virtual regreso. Y lo está con todas sus variantes, las buenas, las regulares y las malas. Chihuahua se ubica entre las primeras, aunque no integralmente, pero lo sucedido en otras entidades da escalofríos. Hoy mismo la mayoría de los priistas sueñan en el regreso a Los Pinos de la mano del gobernante mexiquense, Enrique Peña Nieto, portador y protagonista de los peores defectos del priismo gobernante, no de ahora, de siempre, é impuesto, por la vía de los hechos, por el principal acervo de los poderes fácticos en México, el principal negocio televisivo del país.
Si hubiese necesidad de ejemplos, ahí está lo hecho por ese gobierno en Atenco, ahora señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de gravísimas violaciones al orden constitucional ¡Nomás!
Y todavía andan buscando (los políticos) a ver quién es el responsable del abstencionismo.
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Contundente
El Diario, 11 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
El lunes anterior el priismo nacional estaba de plácemes. Las fiestas de los priistas duraron hasta la madrugada en distintas ciudades del país. En Chihuahua no era diferente, si bien con algunos “prietitos” en el arroz (y en algunos casos, “prietotes”, como la alcaldía deliciense) la derrota infligida a sus más acérrimos rivales fue disfrutada largamente.
No es para menos, su candidato, César Duarte, obtuvo una aplastante victoria sobre Carlos Borruel al lograr una votación 16.4% superior a la del panista, así como el mayor diferencial de votos jamás alcanzado por candidato alguno en la era de la plena competencia electoral, pues su ventaja es de casi 177 mil votos, es decir, más de la votación alcanzada por alguno de los candidatos triunfadores a las alcaldías de Juárez y Chihuahua y convertirse en la segunda victoria más grande de las alcanzadas por los candidatos del PRI en todo el país, sólo superada por Egidio Torre Cantú, el hermano de Rodolfo, el candidato victimado a seis días de la elección.
Los números son contundentes. Borruel obtuvo 423 mil 409 votos (39.13%) y César Duarte 600 mil 345 (55.54%), por 21 mil 607 del perredista Luis Adolfo Orozco (1.99%). Además, y sorprende porque en esta ocasión hubo organizaciones, así fueran de no tanta incidencia ciudadana, que llamaron a la anulación del voto, pero el porcentaje es uno de los más bajos de las últimas elecciones, apenas el 3.26%, aunque sorprende el elevado porcentaje alcanzado en la mayor parte de los municipios serranos, encabezados por Guachochi, en donde llegó al 9.18%.
A pesar de todo, la participación electoral no llegó a las cifras esperadas por los más pesimistas y rebasó el 40%: 41.4, aunque, como es natural, que sólo 4 de cada 10 ciudadanos acudan a votar debiera preocupar seriamente a la clase política.
Más aún, Duarte gana en 59 de los 67 municipios, pero no pierde en ninguno de los más poblados de la entidad. Sin embargo, el PRI perdió –hasta el cierre del PREP- 26 municipios, 23 a manos del PAN, dos del PRD y Carichí frente a la alianza PAN-PRD.
A su vez, los candidatos priistas a las diputaciones sólo perdieron en un distrito de Juárez, de los 14 en los que postularon, solos, a candidatos; y en la alianza con el Panal y el Verde, otro en esa misma ciudad, de los 8 distritos en que participaron juntos. Así, el PRI, solo, ganó en 13 distritos y con la alianza, otros 7. De estos, uno de los candidatos pertenece al PANAL.
Con tales resultados, a pesar de la extendida postura de contarle al PRI triunfos en 20 distritos, deberemos recordar que para efectos de la distribución de diputaciones, así como para el de las prerrogativas, las coaliciones cuentan como un partido.
Además, resulta que la coalición acordó entregarle al PANAL el 60% de los votos obtenidos en esos 8 distritos, y al Verde el 40%.
De ese modo, con las últimas cifras del PREP, el PAN obtuvo el 36.67%, el PRI quedaría con el 31.84% de la votación, la coalición con 16.06; el PRD 3.31, el PANAL con el 2.47, PT con 2.07, el Verde el 1.82 y Convergencia con 1.21.
Para hacer la distribución de las diputaciones plurinominales se descuentan los votos nulos, los de candidatos no registrados y los de los partidos que no alcanzaran el 2%, por lo que aumentan los porcentajes de los partidos que rebasaron esa cifra.
Anotar tal profusión de cifras tiene importancia porque la polémica está a la orden del día. En primer lugar, porque si se le anotan los porcentajes de la coalición a PANAL y Verde antes de la votación válida emitida, entonces no se contarían los del Verde; pero al tomar en cuenta el convenio de coalición resultaría que el PANAL llegaría al 12.1% y el Verde al 8.12 y el PRI podría arañar una de las diputaciones plurinominales.
Si así fuera, el PRI obtendría 1, el PAN y el PANAL 3, el Verde 2 y una para PT y PRD. Entonces, ya por partidos, al momento de integrar los grupos parlamentarios, el PRI tendría 20 diputados, el PAN 5, el PANAL 4, PT 1 y PRD 1, con lo que César Duarte no tendría problemas en el Congreso y con sus aliados, con toda facilidad, alcanzan la mayoría calificada de dos tercios.
Ante ese panorama, de tan contundente triunfo del candidato a gobernador, sorprenden varios hechos, el principal de ellos, el elevado número de derrotas municipales del PRI, y acaso ligado a otro, el de la sorpresiva alta votación alcanzada por el PAN en la mayor parte de los municipios con población preponderantemente rural, sobre todo en la elección de alcaldes, pero no solo.
Carlos Borruel ganó la elección en los municipios de Allende, Bocoyna, Coyame, Santa Isabel, Julimes, Ocampo, Satevó y Uruachi y obtuvo elevadas votaciones, casi iguales a las e Duarte en Balleza, Batopilas, Coronado, la Cruz, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe DB, Matachí, Moris, Nonoava, San Francisco de Borja y Valle de Zaragoza, con lo que se acabó (por lo menos para esta elección) con el mito del voto “verde”, no por ecologista, sino porque era el voto de las zonas rurales, generalmente elevado a favor de los candidatos priistas.
¿Lo sería porque el PRI siempre había tenido el control de los programas gubernamentales de apoyo al campo y ahora lo tiene el PAN, claro, todavía sin la estructura paragubernamental que había construido el tricolor?
Además, tomando en cuenta a los municipios más poblados, el PAN gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
Sin embargo, hasta ahora, la percepción del triunfo de Duarte ha logrado permear a toda la clase política. Así, Las posturas de los representantes del PAN y del PRD en el IEE, Jesús Limón y José Luis Acosta, respectivamente, en el acto de entrega del acta de mayoría al candidato priista, son de llamar la atención. El primero afirmó que su partido había reconocido la derrota, al tiempo que le deseó éxito a Duarte porque “eso representa que Chihuahua tenga éxito y que viva en paz y en progreso”. A su vez, Acosta afirmó que su partido se suma al proyecto del nuevo gobernador pues “sólo sumando esfuerzos se asegurará el regreso de la paz” al estado.
Tal postura coincidió con las primeras manifestaciones del candidato a la alcaldía capitalina, Antonio López, expresadas con antelación a la de la dirigencia estatal y la de Carlos Borruel, que tardaron más de lo esperado en anunciar –dada la ventaja de Duarte- su reconocimiento al triunfo del priista, con lo que le ha permitido al priismo ufanarse del amplio espectro de apoyos alcanzados por el parralense.
Pero tales resultados deberán explicarse. Una primera conclusión podría ser la de que, mayoritariamente, los chihuahuenses no le achacan al gobierno estatal la principal de las responsabilidades en la crisis de seguridad pública, algo a lo que le apostaron, y mucho, los panistas, nomás recordemos las declaraciones de diversos actores del PAN, incluido el mismo Borruel, o más atrás las de la senadora Teresa Ortuño en contra del gobernador Reyes Baeza, o las gravísimas acusaciones del candidato panista a la alcaldía juarense, César Jáuregui, en contra de su adversario, Héctor Murguía.
En ese aspecto, el comportamiento de electorado chihuahuense no es distinto al del resto del país, pero seguramente que contaron otros factores, el primero, que a pesar de todo, en todas las evaluaciones practicadas, el gobierno de Reyes Baeza sale bien calificado, y segundo, los antecedentes personales de Duarte, sobre todo los derivados de su prolongado tránsito como dirigente social, en la dirigencia de la CNC y en la participación, al lado de otras organizaciones en la lucha por obtener mejores tarifas de energía eléctrica para el campo.
Tales factores resaltan más al comparar sus resultados con los obtenidos por sus candidatos a las alcaldías, lo que hace suponer una mala designación en esos puestos.
Llega, así, César Duarte, con una terrible carga, la derivada de la envergadura de sus propuestas y posturas, y la de la no menos dramática realidad de los chihuahuenses. No está por demás decir que despertó elevadas expectativas en importantes segmentos de la población y que sus reiteradas frases acerca de la falta de orden, para imponerlo como el instrumento necesario para mejorar la seguridad pública.
Otro aspecto, no menos importante, es la baja participación electoral, que motiva, por tanto, la menor legitimación social, la misma que deberá buscar a como dé lugar –y no sólo él- porque el tamaño de los problemas por los que ahora atravesamos así lo requiere.
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
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Luis Javier Valero Flores
El lunes anterior el priismo nacional estaba de plácemes. Las fiestas de los priistas duraron hasta la madrugada en distintas ciudades del país. En Chihuahua no era diferente, si bien con algunos “prietitos” en el arroz (y en algunos casos, “prietotes”, como la alcaldía deliciense) la derrota infligida a sus más acérrimos rivales fue disfrutada largamente.
No es para menos, su candidato, César Duarte, obtuvo una aplastante victoria sobre Carlos Borruel al lograr una votación 16.4% superior a la del panista, así como el mayor diferencial de votos jamás alcanzado por candidato alguno en la era de la plena competencia electoral, pues su ventaja es de casi 177 mil votos, es decir, más de la votación alcanzada por alguno de los candidatos triunfadores a las alcaldías de Juárez y Chihuahua y convertirse en la segunda victoria más grande de las alcanzadas por los candidatos del PRI en todo el país, sólo superada por Egidio Torre Cantú, el hermano de Rodolfo, el candidato victimado a seis días de la elección.
Los números son contundentes. Borruel obtuvo 423 mil 409 votos (39.13%) y César Duarte 600 mil 345 (55.54%), por 21 mil 607 del perredista Luis Adolfo Orozco (1.99%). Además, y sorprende porque en esta ocasión hubo organizaciones, así fueran de no tanta incidencia ciudadana, que llamaron a la anulación del voto, pero el porcentaje es uno de los más bajos de las últimas elecciones, apenas el 3.26%, aunque sorprende el elevado porcentaje alcanzado en la mayor parte de los municipios serranos, encabezados por Guachochi, en donde llegó al 9.18%.
A pesar de todo, la participación electoral no llegó a las cifras esperadas por los más pesimistas y rebasó el 40%: 41.4, aunque, como es natural, que sólo 4 de cada 10 ciudadanos acudan a votar debiera preocupar seriamente a la clase política.
Más aún, Duarte gana en 59 de los 67 municipios, pero no pierde en ninguno de los más poblados de la entidad. Sin embargo, el PRI perdió –hasta el cierre del PREP- 26 municipios, 23 a manos del PAN, dos del PRD y Carichí frente a la alianza PAN-PRD.
A su vez, los candidatos priistas a las diputaciones sólo perdieron en un distrito de Juárez, de los 14 en los que postularon, solos, a candidatos; y en la alianza con el Panal y el Verde, otro en esa misma ciudad, de los 8 distritos en que participaron juntos. Así, el PRI, solo, ganó en 13 distritos y con la alianza, otros 7. De estos, uno de los candidatos pertenece al PANAL.
Con tales resultados, a pesar de la extendida postura de contarle al PRI triunfos en 20 distritos, deberemos recordar que para efectos de la distribución de diputaciones, así como para el de las prerrogativas, las coaliciones cuentan como un partido.
Además, resulta que la coalición acordó entregarle al PANAL el 60% de los votos obtenidos en esos 8 distritos, y al Verde el 40%.
De ese modo, con las últimas cifras del PREP, el PAN obtuvo el 36.67%, el PRI quedaría con el 31.84% de la votación, la coalición con 16.06; el PRD 3.31, el PANAL con el 2.47, PT con 2.07, el Verde el 1.82 y Convergencia con 1.21.
Para hacer la distribución de las diputaciones plurinominales se descuentan los votos nulos, los de candidatos no registrados y los de los partidos que no alcanzaran el 2%, por lo que aumentan los porcentajes de los partidos que rebasaron esa cifra.
Anotar tal profusión de cifras tiene importancia porque la polémica está a la orden del día. En primer lugar, porque si se le anotan los porcentajes de la coalición a PANAL y Verde antes de la votación válida emitida, entonces no se contarían los del Verde; pero al tomar en cuenta el convenio de coalición resultaría que el PANAL llegaría al 12.1% y el Verde al 8.12 y el PRI podría arañar una de las diputaciones plurinominales.
Si así fuera, el PRI obtendría 1, el PAN y el PANAL 3, el Verde 2 y una para PT y PRD. Entonces, ya por partidos, al momento de integrar los grupos parlamentarios, el PRI tendría 20 diputados, el PAN 5, el PANAL 4, PT 1 y PRD 1, con lo que César Duarte no tendría problemas en el Congreso y con sus aliados, con toda facilidad, alcanzan la mayoría calificada de dos tercios.
Ante ese panorama, de tan contundente triunfo del candidato a gobernador, sorprenden varios hechos, el principal de ellos, el elevado número de derrotas municipales del PRI, y acaso ligado a otro, el de la sorpresiva alta votación alcanzada por el PAN en la mayor parte de los municipios con población preponderantemente rural, sobre todo en la elección de alcaldes, pero no solo.
Carlos Borruel ganó la elección en los municipios de Allende, Bocoyna, Coyame, Santa Isabel, Julimes, Ocampo, Satevó y Uruachi y obtuvo elevadas votaciones, casi iguales a las e Duarte en Balleza, Batopilas, Coronado, la Cruz, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe DB, Matachí, Moris, Nonoava, San Francisco de Borja y Valle de Zaragoza, con lo que se acabó (por lo menos para esta elección) con el mito del voto “verde”, no por ecologista, sino porque era el voto de las zonas rurales, generalmente elevado a favor de los candidatos priistas.
¿Lo sería porque el PRI siempre había tenido el control de los programas gubernamentales de apoyo al campo y ahora lo tiene el PAN, claro, todavía sin la estructura paragubernamental que había construido el tricolor?
Además, tomando en cuenta a los municipios más poblados, el PAN gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
Sin embargo, hasta ahora, la percepción del triunfo de Duarte ha logrado permear a toda la clase política. Así, Las posturas de los representantes del PAN y del PRD en el IEE, Jesús Limón y José Luis Acosta, respectivamente, en el acto de entrega del acta de mayoría al candidato priista, son de llamar la atención. El primero afirmó que su partido había reconocido la derrota, al tiempo que le deseó éxito a Duarte porque “eso representa que Chihuahua tenga éxito y que viva en paz y en progreso”. A su vez, Acosta afirmó que su partido se suma al proyecto del nuevo gobernador pues “sólo sumando esfuerzos se asegurará el regreso de la paz” al estado.
Tal postura coincidió con las primeras manifestaciones del candidato a la alcaldía capitalina, Antonio López, expresadas con antelación a la de la dirigencia estatal y la de Carlos Borruel, que tardaron más de lo esperado en anunciar –dada la ventaja de Duarte- su reconocimiento al triunfo del priista, con lo que le ha permitido al priismo ufanarse del amplio espectro de apoyos alcanzados por el parralense.
Pero tales resultados deberán explicarse. Una primera conclusión podría ser la de que, mayoritariamente, los chihuahuenses no le achacan al gobierno estatal la principal de las responsabilidades en la crisis de seguridad pública, algo a lo que le apostaron, y mucho, los panistas, nomás recordemos las declaraciones de diversos actores del PAN, incluido el mismo Borruel, o más atrás las de la senadora Teresa Ortuño en contra del gobernador Reyes Baeza, o las gravísimas acusaciones del candidato panista a la alcaldía juarense, César Jáuregui, en contra de su adversario, Héctor Murguía.
En ese aspecto, el comportamiento de electorado chihuahuense no es distinto al del resto del país, pero seguramente que contaron otros factores, el primero, que a pesar de todo, en todas las evaluaciones practicadas, el gobierno de Reyes Baeza sale bien calificado, y segundo, los antecedentes personales de Duarte, sobre todo los derivados de su prolongado tránsito como dirigente social, en la dirigencia de la CNC y en la participación, al lado de otras organizaciones en la lucha por obtener mejores tarifas de energía eléctrica para el campo.
Tales factores resaltan más al comparar sus resultados con los obtenidos por sus candidatos a las alcaldías, lo que hace suponer una mala designación en esos puestos.
Llega, así, César Duarte, con una terrible carga, la derivada de la envergadura de sus propuestas y posturas, y la de la no menos dramática realidad de los chihuahuenses. No está por demás decir que despertó elevadas expectativas en importantes segmentos de la población y que sus reiteradas frases acerca de la falta de orden, para imponerlo como el instrumento necesario para mejorar la seguridad pública.
Otro aspecto, no menos importante, es la baja participación electoral, que motiva, por tanto, la menor legitimación social, la misma que deberá buscar a como dé lugar –y no sólo él- porque el tamaño de los problemas por los que ahora atravesamos así lo requiere.
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La realidad, la cruda realidad
El Diario, 8 de julio de 2010
Luis Javier Valero
Pendientes aún los resultados definitivos de las elecciones del domingo anterior, y su consiguiente evaluación (para lo cual aprovecharemos el espacio dominical), la terca realidad vuelve por sus fueros y lleva al duelo a distintos segmentos de la sociedad chihuahuense.
No es noticia. La matazón continúa y ahora se acentuó en la capital del estado, con más que alarmantes características, las cuales llegan al grado de considerarse señales enviadas desde las catacumbas del crimen organizado. Así deberá tomarse, por ejemplo, el homicidio del jefe de custodios del penal capitalino cuyo cadáver apareció colgado de una vialidad de esa ciudad.
Al mismo tiempo, el virtual jefe de la Operación Coordinada Chihuahua, el general. Felipe de Jesús Espitia, fue relevado a horas de la jornada comicial, sin más explicación que fue sustituido en el mando de la zona militar ¿Hay preguntas? N’ombre, ninguna.
Todavía no dejan de escucharse los discursos de los candidatos acerca de las cuotas escolares, cuando ya los padres de familia deberán enfrentar tal aspecto de nuestra realidad y otros tendrán que asumir que uno de sus hijos no fue admitido en la UACH, de los más de 5 mil jóvenes que buscaron infructuosamente un espacio en ese centro educativo ¿A dónde irán?
Ocupados por el enorme volumen de noticias, promesas y posturas de la campaña electoral, pocos hicimos hincapié en la propuesta efectuada por el candidato del PAN, Carlos Borruel, acerca de que si, llegaba al gobierno se acabaría el pago de cuotas escolares. Días después, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) declararían que era imposible derogarlas.
A su vez, dirigentes de la Asociación Estatal de Padres de Familia expresaron que se había extralimitado el aspirante panista pues tal asunto era de índole particular, pues esas agrupaciones tienen tal carácter. Ahora, la SEPE envió una circular especificando que quienes carezcan de recursos económicos pueden llegar a un acuerdo “mediante el diálogo y el entendimiento entre ambas partes, buscando en principio un acercamiento”, seguramente que para no cobrarles la cuota, o para disminuirles el monto.
Y nos recuerda, a todos, que las aportaciones, “en ningún caso”, deban ser motivo para condicionar el ingreso a los centros escolares, además de enfatizar que son voluntarias.
¡Bien!
No basta, si las cuotas escolares no son obligatorias, entonces no hay obligación de los padres de familia para atender un llamado al diálogo, basta que se presenten a inscribir a sus hijos, sin la coerción (como en realidad sucede) de la invitación a pasar con la Asociación de Padres de Familia a comentar tan monetario asunto.
Todos estamos de acuerdo en que deba estimularse la participación de los ciudadanos en la dinámica social, pero la coerción no es el mejor instrumento para estimular la participación social. Más aún, el problema de fondo es la falta del presupuesto gubernamental necesario para dotar del equipo básico a las escuelas, así como para el mantenimiento de las instalaciones; esa es una obligación del Estado mexicano pues la educación que imparta éste, así dice la ley, deberá ser gratuita y la educación no se circunscribe, todos lo entendemos, al simple pago del salario de los maestros. De ninguna manera, el gobierno tiene la obligación de cuidar las instalaciones escolares porque de ellas depende, y no en poca medida, la calidad de la educación.
Los asertos anteriores echan por tierra el “novedoso” concepto en boga acerca de que los ciudadanos deben aportarle a la sociedad, que lo que no cuesta se desprecia. Perdón, pero para eso son los impuestos pagados por la absoluta mayoría de la población y entre los servicios que El Estado debe otorgar gratuitamente se encuentra la educación.
Imagínense que el Estado se limitara a entregar las instalaciones de los hospitales y sólo pagara los salarios de médicos y enfermeras, dejando en mano de los usuarios el pago del resto de los servicios que prestaran los hospitales. El símil es apropiado, de ahí entonces que el mantenimiento de las escuelas deberá contemplarse en los respectivos presupuestos.
Bueno, eso decimos nosotros…
Luis Javier Valero
Pendientes aún los resultados definitivos de las elecciones del domingo anterior, y su consiguiente evaluación (para lo cual aprovecharemos el espacio dominical), la terca realidad vuelve por sus fueros y lleva al duelo a distintos segmentos de la sociedad chihuahuense.
No es noticia. La matazón continúa y ahora se acentuó en la capital del estado, con más que alarmantes características, las cuales llegan al grado de considerarse señales enviadas desde las catacumbas del crimen organizado. Así deberá tomarse, por ejemplo, el homicidio del jefe de custodios del penal capitalino cuyo cadáver apareció colgado de una vialidad de esa ciudad.
Al mismo tiempo, el virtual jefe de la Operación Coordinada Chihuahua, el general. Felipe de Jesús Espitia, fue relevado a horas de la jornada comicial, sin más explicación que fue sustituido en el mando de la zona militar ¿Hay preguntas? N’ombre, ninguna.
Todavía no dejan de escucharse los discursos de los candidatos acerca de las cuotas escolares, cuando ya los padres de familia deberán enfrentar tal aspecto de nuestra realidad y otros tendrán que asumir que uno de sus hijos no fue admitido en la UACH, de los más de 5 mil jóvenes que buscaron infructuosamente un espacio en ese centro educativo ¿A dónde irán?
Ocupados por el enorme volumen de noticias, promesas y posturas de la campaña electoral, pocos hicimos hincapié en la propuesta efectuada por el candidato del PAN, Carlos Borruel, acerca de que si, llegaba al gobierno se acabaría el pago de cuotas escolares. Días después, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) declararían que era imposible derogarlas.
A su vez, dirigentes de la Asociación Estatal de Padres de Familia expresaron que se había extralimitado el aspirante panista pues tal asunto era de índole particular, pues esas agrupaciones tienen tal carácter. Ahora, la SEPE envió una circular especificando que quienes carezcan de recursos económicos pueden llegar a un acuerdo “mediante el diálogo y el entendimiento entre ambas partes, buscando en principio un acercamiento”, seguramente que para no cobrarles la cuota, o para disminuirles el monto.
Y nos recuerda, a todos, que las aportaciones, “en ningún caso”, deban ser motivo para condicionar el ingreso a los centros escolares, además de enfatizar que son voluntarias.
¡Bien!
No basta, si las cuotas escolares no son obligatorias, entonces no hay obligación de los padres de familia para atender un llamado al diálogo, basta que se presenten a inscribir a sus hijos, sin la coerción (como en realidad sucede) de la invitación a pasar con la Asociación de Padres de Familia a comentar tan monetario asunto.
Todos estamos de acuerdo en que deba estimularse la participación de los ciudadanos en la dinámica social, pero la coerción no es el mejor instrumento para estimular la participación social. Más aún, el problema de fondo es la falta del presupuesto gubernamental necesario para dotar del equipo básico a las escuelas, así como para el mantenimiento de las instalaciones; esa es una obligación del Estado mexicano pues la educación que imparta éste, así dice la ley, deberá ser gratuita y la educación no se circunscribe, todos lo entendemos, al simple pago del salario de los maestros. De ninguna manera, el gobierno tiene la obligación de cuidar las instalaciones escolares porque de ellas depende, y no en poca medida, la calidad de la educación.
Los asertos anteriores echan por tierra el “novedoso” concepto en boga acerca de que los ciudadanos deben aportarle a la sociedad, que lo que no cuesta se desprecia. Perdón, pero para eso son los impuestos pagados por la absoluta mayoría de la población y entre los servicios que El Estado debe otorgar gratuitamente se encuentra la educación.
Imagínense que el Estado se limitara a entregar las instalaciones de los hospitales y sólo pagara los salarios de médicos y enfermeras, dejando en mano de los usuarios el pago del resto de los servicios que prestaran los hospitales. El símil es apropiado, de ahí entonces que el mantenimiento de las escuelas deberá contemplarse en los respectivos presupuestos.
Bueno, eso decimos nosotros…
martes, 6 de julio de 2010
Apabullante
El Diario, 6 de julio de 2010
Luis Javier Valero
Dos son las principales conclusiones inmediatas a la celebración de los comicios del domingo anterior: el rechazo mayoritario a la gestión de Felipe Calderón en todo el país y el creciente abstencionismo en las entidades con mayores índices de violencia.
No de otra forma podemos leer los resultados de la denominada jornada de “súper domingo”, en la que fue convocado el 39 por ciento del padrón electoral del país a elegir a doce gobernadores. La derrota del PAN, el partido gobernante, es estrepitosa, no la atenúa, ni siquiera, el previsible triunfo de las coaliciones del PAN y PRD en los estados de Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y la cerrada lucha en Veracruz, en el que la diferencia entre el candidato panista y el priista es mínima.
De igual modo, sorprendentemente, el candidato de esa alianza en Durango alcanzó una votación sin precedentes en la vecina entidad (44.7 por ciento de José Rosas Aispuro, contra 46.4 de Jorge Herrera).
Mal hace el dirigente nacional del PAN, César Nava, en vanagloriarse de las cifras alcanzadas y de los triunfos obtenidos, en todos los casos se trata de candidatos que apenas ayer eran militantes destacados del PRI, con la excepción de Gabino Cué, virtual gobernador oaxaqueño, que lleva casi una década fuera del tricolor, luego de haberse convertido en alcalde de la capital con los colores del Partido Convergencia hace nueve años.
Los restantes candidatos, Mario López (Malova) de Sinaloa, y Rafael Moreno Valle, hasta hace muy poco eran priístas. Malova aún se reclama miembro de ese partido. Y en el resto del país puras malas noticias para el blanquiazul. Les debe doler seriamente la derrota en Aguascalientes, entidad en la que perdieron la totalidad de las alcaldías y ahora serán una absoluta minoría en el congreso, luego de gobernar durante doce años de manera ininterrumpida.
De lo ocurrido en el resto del país llama poderosamente la atención el triunfo de Malova en Sinaloa, y fundamentalmente en Los Mochis, municipio (Ahome) del cual fue alcalde entre 2001 y 2004. En todas las encuestas de ese último año salía invariablemente adelante. Su partido decidió no postularlo. Seis años después y convertido ya en senador, se repitió el fenómeno, siempre era el preferido en las encuestas. Nuevamente el PRI decidió optar por otro para la candidatura. Ahora es el virtual ganador gracias a que en Mochis obtuvo ¡118 mil votos, contra 28 mil de su oponente! En el municipio que gobernó obtuvo más del 20 por ciento de los votos totales en la entidad.
Y luego se ufana César Nava de sus candidatos. Cosa semejante ocurrió en Puebla.
Metidos de lleno en el mundo de las paradojas, resulta que el único candidato del PAN, con raigambre en su partido, panista pues, Carlos Borruel, también perdió, junto a su partido en una anunciada y dolorosa derrota que la atenúa el hecho de conservar –o alcanzar– el llamado corredor azul, conformado por Delicias, Camargo y Jiménez y alcanzar un número récord de presidencias municipales (21 o 22), a cambio de perder uno de sus bastiones históricos, el distrito 17 de la capital del estado y conservar, quizá como los únicos en todo el estado, los distritos 03 y 04 de Juárez.
Tales resultados conforman la más baja participación electoral en la historia reciente de Chihuahua y encienden los focos de alerta acerca de la legitimación social de quienes accederán al gobierno a partir de octubre próximo. Según las últimas cifras del PREP, la participación electoral rondaba el 36 por ciento (por tanto, el abstencionismo será del 64 por ciento) y se convertirá en la más baja de la jornada nacional electoral del domingo pasado.
Renglón aparte merecen los dispares resultados de la elección en Chihuahua, respecto de los obtenidos por la mayoría de las últimas encuestas, las previas a la elección, salvo en el caso de la capital en la que la diferencia a favor del candidato priísta, Marco Adán Quezada, rondó los veinte puntos, no así en el caso de Juárez en el que la ventaja de Murguía era menor al 14 por ciento pues en ellas se anunciaba una victoria de los priístas por más de veinte puntos de ventaja.
Habremos de esperar para los números finales y, por tanto, las lecturas respectivas, en tanto anótese que entre los municipios más importantes el PAN gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi; y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
Luis Javier Valero
Dos son las principales conclusiones inmediatas a la celebración de los comicios del domingo anterior: el rechazo mayoritario a la gestión de Felipe Calderón en todo el país y el creciente abstencionismo en las entidades con mayores índices de violencia.
No de otra forma podemos leer los resultados de la denominada jornada de “súper domingo”, en la que fue convocado el 39 por ciento del padrón electoral del país a elegir a doce gobernadores. La derrota del PAN, el partido gobernante, es estrepitosa, no la atenúa, ni siquiera, el previsible triunfo de las coaliciones del PAN y PRD en los estados de Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y la cerrada lucha en Veracruz, en el que la diferencia entre el candidato panista y el priista es mínima.
De igual modo, sorprendentemente, el candidato de esa alianza en Durango alcanzó una votación sin precedentes en la vecina entidad (44.7 por ciento de José Rosas Aispuro, contra 46.4 de Jorge Herrera).
Mal hace el dirigente nacional del PAN, César Nava, en vanagloriarse de las cifras alcanzadas y de los triunfos obtenidos, en todos los casos se trata de candidatos que apenas ayer eran militantes destacados del PRI, con la excepción de Gabino Cué, virtual gobernador oaxaqueño, que lleva casi una década fuera del tricolor, luego de haberse convertido en alcalde de la capital con los colores del Partido Convergencia hace nueve años.
Los restantes candidatos, Mario López (Malova) de Sinaloa, y Rafael Moreno Valle, hasta hace muy poco eran priístas. Malova aún se reclama miembro de ese partido. Y en el resto del país puras malas noticias para el blanquiazul. Les debe doler seriamente la derrota en Aguascalientes, entidad en la que perdieron la totalidad de las alcaldías y ahora serán una absoluta minoría en el congreso, luego de gobernar durante doce años de manera ininterrumpida.
De lo ocurrido en el resto del país llama poderosamente la atención el triunfo de Malova en Sinaloa, y fundamentalmente en Los Mochis, municipio (Ahome) del cual fue alcalde entre 2001 y 2004. En todas las encuestas de ese último año salía invariablemente adelante. Su partido decidió no postularlo. Seis años después y convertido ya en senador, se repitió el fenómeno, siempre era el preferido en las encuestas. Nuevamente el PRI decidió optar por otro para la candidatura. Ahora es el virtual ganador gracias a que en Mochis obtuvo ¡118 mil votos, contra 28 mil de su oponente! En el municipio que gobernó obtuvo más del 20 por ciento de los votos totales en la entidad.
Y luego se ufana César Nava de sus candidatos. Cosa semejante ocurrió en Puebla.
Metidos de lleno en el mundo de las paradojas, resulta que el único candidato del PAN, con raigambre en su partido, panista pues, Carlos Borruel, también perdió, junto a su partido en una anunciada y dolorosa derrota que la atenúa el hecho de conservar –o alcanzar– el llamado corredor azul, conformado por Delicias, Camargo y Jiménez y alcanzar un número récord de presidencias municipales (21 o 22), a cambio de perder uno de sus bastiones históricos, el distrito 17 de la capital del estado y conservar, quizá como los únicos en todo el estado, los distritos 03 y 04 de Juárez.
Tales resultados conforman la más baja participación electoral en la historia reciente de Chihuahua y encienden los focos de alerta acerca de la legitimación social de quienes accederán al gobierno a partir de octubre próximo. Según las últimas cifras del PREP, la participación electoral rondaba el 36 por ciento (por tanto, el abstencionismo será del 64 por ciento) y se convertirá en la más baja de la jornada nacional electoral del domingo pasado.
Renglón aparte merecen los dispares resultados de la elección en Chihuahua, respecto de los obtenidos por la mayoría de las últimas encuestas, las previas a la elección, salvo en el caso de la capital en la que la diferencia a favor del candidato priísta, Marco Adán Quezada, rondó los veinte puntos, no así en el caso de Juárez en el que la ventaja de Murguía era menor al 14 por ciento pues en ellas se anunciaba una victoria de los priístas por más de veinte puntos de ventaja.
Habremos de esperar para los números finales y, por tanto, las lecturas respectivas, en tanto anótese que entre los municipios más importantes el PAN gobernará Delicias, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guachochi; y el PRI lo hará en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Madera.
domingo, 4 de julio de 2010
Referéndum
El Diario, 4 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con un fuerte abrazo y plena solidaridad a toda la familia Hernández Alderete, ante el fallecimiento de la Sra. Elodia Alderete de Hernández.
Nadie lo pensó así, pero las acciones de Felipe Calderón, su protagonismo electoral y su desmedida participación en la vida interna del PAN; los resultados de su gobierno, la confrontación con el PRI, el empeoramiento de la seguridad pública y el agravamiento de la crisis económica, además de celebrarse por primera ocasión tantas elecciones locales (en 12 entidades el mismo día, y que en total de las del año abarcan a casi la mitad del electorado nacional –45% del padrón–, fueron llevando poco a poco a la conformación de lo que puede denominarse como un referéndum sobre el gobierno federal.
Sería el tercero que, por la vía de los hechos, se celebra en el país. Expliquémoslo. No se trata, por supuesto, de un referéndum legal, formal, pero sí, acaso uno más real, el que es capaz de efectuar la sociedad mexicana en las urnas para elegir gobernantes. El primero se efectuó en la elección presidencial del 2000. Ese año, la mayoría de los mexicanos decidió terminar con los gobiernos nacionales emanados del PRI, en eso consistió, finalmente, el eje de la propuesta de Vicente Fox. Prometió acabar con las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas. La mayoría del electorado –relativamente– le creyó y con la votación alcanzada por Cuauhtémoc Cárdenas, el PRI se encontró con que se había convertido en la minoría política.
Seis años después, ante la cercana posibilidad de que la izquierda accediera al poder, las otras fuerzas, las políticas y las fácticas, convocaron a una especie de referéndum acerca de tal posibilidad y hete que la mayoría de los electores del PRI, antes que entregarle su voto a López Obrador, lo hicieron con Felipe Calderón. Por esa razón éste y AMLO se dividieron los triunfos estatales, cada uno la mitad y ninguno para Roberto Madrazo.
Pero la desgracia alcanzó a Calderón. A la mitad de su sexenio la mayoría resolvió no entregarle su voto al partido del gobierno. Ahora, a casi dos años del término de su mandato acude a un referéndum adelantado, por eso la mayoría de las encuestas efectuadas en todo el país muestran una marcada tendencia, en la que existen diferencias, fruto de las distintas realidades, pero por encima de ellas se asoma una característica, aparentemente nacional.
Y es que, contra todos los discursos gubernamentales y de sus candidatos, los dos principales flagelos abatidos hoy sobre nosotros, la inseguridad pública y la crisis económica obedecen a una innegable realidad nacional y con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, adquirieron connotaciones de una verdadera crisis política.
No de otra manera se le puede denominar al severísimo discurso pronunciado por la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y las insensatas respuestas de la administración federal llamando a un diálogo en el que no cree nadie, y menos con las muy negativas señales enviadas por la administración al anunciar, a tres días de las elecciones, una serie de hechos presumiblemente positivos de la economía nacional, como el de que se crearon 500 mil empleos, o la insensible invasión de secretarios de Estado a Juárez, para efectuar “un balance del avance de los programas federales del ‘Todos somos Juárez”.
Así, el país se apresta a presenciar la elección de 12 gobernadores, en lo que parece ser una especie de ensayo (ojalá así fuera) a la celebración de un día nacional de elecciones locales, como alguna vez se ha propuesto desde aquí, es decir, que en lugar de distintas fechas de elecciones locales, y en lugar de empatarlas con las federales, existiera un día nacional de elecciones locales, distinto al de las federales, quizá hasta en el mismo año y así, durante tres años el país no estaría envuelto en fechas electorales.
Pero más allá de tales especulaciones, la elección de hoy reviste características particulares pues se celebra en un entorno verdaderamente adverso, no sólo por la inseguridad y la inquietante realidad económica, sino por el grado creciente de rispidez entre los principales actores políticos y porque la mayoría de la población mantiene un escepticismo mayúsculo sobre toda la clase política y ésta poco hace para cambiar tan creciente percepción.
Tres aspectos, todos negativos, destacan de las campañas recién terminadas: El fortalecimiento del bipartidismo en Chihuahua; el olvido de la agenda de la transición de los candidatos de los dos partidos más fuertes en Chihuahua, y la desmedida participación de los empresarios en el financiamiento de las campañas.
¿Dónde quedó el compromiso de desmantelar las estructuras del viejo régimen, existente hasta el año 2000? ¿Dónde, el del más amplio respeto a la vida sindical y el abandono de las prácticas corporativas del pasado?
Todas esas suenan ahora como simples frases vacías, pero en la pérdida de tales objetivos la sociedad mexicana salió perjudicada y así vemos que los principales partidos se apoyan en sus campañas con lo peor de las cúpulas sindicales para ser favorecidos –así lo esperan– con el voto de los sindicalizados, presionados por sus dirigentes.
Y lo hacen prácticamente todos los partidos.
Ni que agregar acerca del financiamiento privado de las campañas. Es el momento de discutir la continuidad de tal regulación o, si por el contrario, optamos solamente por el financiamiento público de las campañas y los partidos. La injerencia de los más poderosos empresarios en la conducción y realización de las campañas es un enorme obstáculo para la democratización del país.
Y nada de que lo hacen de manera desinteresada, al contrario, mientras más poderoso, más beneficiario resulta de las políticas públicas.
Ante panorama tan adverso para el desarrollo de la vida democrática, quizá lo lógico sería llamar a no votar. Ese es el único acto a la mano del ciudadano para medio incidir en la vida pública, no tenemos más instrumentos que ese.
Al contrario del discurso de la mayoría de los candidatos y partidos políticos, que hablan, ante la actual situación, de fortalecer los valores morales de la familia, de fortalecer a la familia, de recuperar los valores, es momento de que se imponga la visión societaria, ciudadana, popular y comunitaria de cómo podemos salir airosos ante situación tan adversa.
La respuesta social va más allá del ámbito estrictamente familiar, la superación de la actual crisis se dará solamente si la sociedad cambia, si la impunidad y el crimen organizado permeó en la sociedad, ésta es la que puede iniciar su propia reconstrucción. Para tal tarea, por supuesto, deberemos contar con las autoridades adecuadas, con la voluntad de no formar parte del círculo de la impunidad.
A esa inveterada vena le apuesta el presidente del IEE, Fernando Herrera, cuando dice esperar que aumenten las cifras de participación electoral, a pesar de que todos los pronósticos apuntan en sentido contrario. Quizá lo adecuado sea hacer un angustioso llamado a votar y a lo mejor nos encontramos con una sorpresa.
En ese sentido, el de que puede esperarse una reacción social más allá de los partidos y los candidatos, abona el que, a pesar del clima de inseguridad, más de 35 mil chihuahuenses acudirán temprano hoy a asumir sus tareas de funcionarios electorales, sin que se haya presentado un porcentaje inusitado de renuncias, fruto de la inseguridad y a que el aspecto más execrable de la contienda electoral, la guerra sucia, se limite a un reducido grupo de militantes de los partidos, enajenados, incapaces de entender que tales actos no le abonan a sus candidatos, y muy probablemente tampoco le resten a sus adversarios.
Y ese fue otro de los rasgos más importantes de la campaña electoral que hoy culmina, la de que la guerra sucia, que en contiendas anteriores probablemente sirvió para quitarle votos al candidato ajeno y agregarle algunos al propio, ahora no tuvo el mismo efecto y seguramente sirvió solamente para alejar a otro grupo de electores que ven a los partidos y sus querellas bajo el prisma de que sólo buscan el poder por el poder mismo.
Ese es el entorno en el cual deberemos elegir hoy a los gobernantes del siguiente período. Tienen una altísima responsabilidad, derivada de las condiciones prevalecientes, alcanzar la legitimidad necesaria para el ejercicio del poder.
Si la mayoría de la población los percibe como lejanos a sus preocupaciones, ahora tenemos la posibilidad de que si se presentara una participación electoral de alrededor del 40%, significaría que menos del 20% de la población los habría elegido. Tan reducidos porcentajes obliga a buscar la legitimación social a través del ejercicio del gobierno, a fin de solventar las elevadas expectativas despertadas a lo largo de la campaña.
Ojalá así sea.
Luis Javier Valero Flores
Con un fuerte abrazo y plena solidaridad a toda la familia Hernández Alderete, ante el fallecimiento de la Sra. Elodia Alderete de Hernández.
Nadie lo pensó así, pero las acciones de Felipe Calderón, su protagonismo electoral y su desmedida participación en la vida interna del PAN; los resultados de su gobierno, la confrontación con el PRI, el empeoramiento de la seguridad pública y el agravamiento de la crisis económica, además de celebrarse por primera ocasión tantas elecciones locales (en 12 entidades el mismo día, y que en total de las del año abarcan a casi la mitad del electorado nacional –45% del padrón–, fueron llevando poco a poco a la conformación de lo que puede denominarse como un referéndum sobre el gobierno federal.
Sería el tercero que, por la vía de los hechos, se celebra en el país. Expliquémoslo. No se trata, por supuesto, de un referéndum legal, formal, pero sí, acaso uno más real, el que es capaz de efectuar la sociedad mexicana en las urnas para elegir gobernantes. El primero se efectuó en la elección presidencial del 2000. Ese año, la mayoría de los mexicanos decidió terminar con los gobiernos nacionales emanados del PRI, en eso consistió, finalmente, el eje de la propuesta de Vicente Fox. Prometió acabar con las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas. La mayoría del electorado –relativamente– le creyó y con la votación alcanzada por Cuauhtémoc Cárdenas, el PRI se encontró con que se había convertido en la minoría política.
Seis años después, ante la cercana posibilidad de que la izquierda accediera al poder, las otras fuerzas, las políticas y las fácticas, convocaron a una especie de referéndum acerca de tal posibilidad y hete que la mayoría de los electores del PRI, antes que entregarle su voto a López Obrador, lo hicieron con Felipe Calderón. Por esa razón éste y AMLO se dividieron los triunfos estatales, cada uno la mitad y ninguno para Roberto Madrazo.
Pero la desgracia alcanzó a Calderón. A la mitad de su sexenio la mayoría resolvió no entregarle su voto al partido del gobierno. Ahora, a casi dos años del término de su mandato acude a un referéndum adelantado, por eso la mayoría de las encuestas efectuadas en todo el país muestran una marcada tendencia, en la que existen diferencias, fruto de las distintas realidades, pero por encima de ellas se asoma una característica, aparentemente nacional.
Y es que, contra todos los discursos gubernamentales y de sus candidatos, los dos principales flagelos abatidos hoy sobre nosotros, la inseguridad pública y la crisis económica obedecen a una innegable realidad nacional y con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, adquirieron connotaciones de una verdadera crisis política.
No de otra manera se le puede denominar al severísimo discurso pronunciado por la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y las insensatas respuestas de la administración federal llamando a un diálogo en el que no cree nadie, y menos con las muy negativas señales enviadas por la administración al anunciar, a tres días de las elecciones, una serie de hechos presumiblemente positivos de la economía nacional, como el de que se crearon 500 mil empleos, o la insensible invasión de secretarios de Estado a Juárez, para efectuar “un balance del avance de los programas federales del ‘Todos somos Juárez”.
Así, el país se apresta a presenciar la elección de 12 gobernadores, en lo que parece ser una especie de ensayo (ojalá así fuera) a la celebración de un día nacional de elecciones locales, como alguna vez se ha propuesto desde aquí, es decir, que en lugar de distintas fechas de elecciones locales, y en lugar de empatarlas con las federales, existiera un día nacional de elecciones locales, distinto al de las federales, quizá hasta en el mismo año y así, durante tres años el país no estaría envuelto en fechas electorales.
Pero más allá de tales especulaciones, la elección de hoy reviste características particulares pues se celebra en un entorno verdaderamente adverso, no sólo por la inseguridad y la inquietante realidad económica, sino por el grado creciente de rispidez entre los principales actores políticos y porque la mayoría de la población mantiene un escepticismo mayúsculo sobre toda la clase política y ésta poco hace para cambiar tan creciente percepción.
Tres aspectos, todos negativos, destacan de las campañas recién terminadas: El fortalecimiento del bipartidismo en Chihuahua; el olvido de la agenda de la transición de los candidatos de los dos partidos más fuertes en Chihuahua, y la desmedida participación de los empresarios en el financiamiento de las campañas.
¿Dónde quedó el compromiso de desmantelar las estructuras del viejo régimen, existente hasta el año 2000? ¿Dónde, el del más amplio respeto a la vida sindical y el abandono de las prácticas corporativas del pasado?
Todas esas suenan ahora como simples frases vacías, pero en la pérdida de tales objetivos la sociedad mexicana salió perjudicada y así vemos que los principales partidos se apoyan en sus campañas con lo peor de las cúpulas sindicales para ser favorecidos –así lo esperan– con el voto de los sindicalizados, presionados por sus dirigentes.
Y lo hacen prácticamente todos los partidos.
Ni que agregar acerca del financiamiento privado de las campañas. Es el momento de discutir la continuidad de tal regulación o, si por el contrario, optamos solamente por el financiamiento público de las campañas y los partidos. La injerencia de los más poderosos empresarios en la conducción y realización de las campañas es un enorme obstáculo para la democratización del país.
Y nada de que lo hacen de manera desinteresada, al contrario, mientras más poderoso, más beneficiario resulta de las políticas públicas.
Ante panorama tan adverso para el desarrollo de la vida democrática, quizá lo lógico sería llamar a no votar. Ese es el único acto a la mano del ciudadano para medio incidir en la vida pública, no tenemos más instrumentos que ese.
Al contrario del discurso de la mayoría de los candidatos y partidos políticos, que hablan, ante la actual situación, de fortalecer los valores morales de la familia, de fortalecer a la familia, de recuperar los valores, es momento de que se imponga la visión societaria, ciudadana, popular y comunitaria de cómo podemos salir airosos ante situación tan adversa.
La respuesta social va más allá del ámbito estrictamente familiar, la superación de la actual crisis se dará solamente si la sociedad cambia, si la impunidad y el crimen organizado permeó en la sociedad, ésta es la que puede iniciar su propia reconstrucción. Para tal tarea, por supuesto, deberemos contar con las autoridades adecuadas, con la voluntad de no formar parte del círculo de la impunidad.
A esa inveterada vena le apuesta el presidente del IEE, Fernando Herrera, cuando dice esperar que aumenten las cifras de participación electoral, a pesar de que todos los pronósticos apuntan en sentido contrario. Quizá lo adecuado sea hacer un angustioso llamado a votar y a lo mejor nos encontramos con una sorpresa.
En ese sentido, el de que puede esperarse una reacción social más allá de los partidos y los candidatos, abona el que, a pesar del clima de inseguridad, más de 35 mil chihuahuenses acudirán temprano hoy a asumir sus tareas de funcionarios electorales, sin que se haya presentado un porcentaje inusitado de renuncias, fruto de la inseguridad y a que el aspecto más execrable de la contienda electoral, la guerra sucia, se limite a un reducido grupo de militantes de los partidos, enajenados, incapaces de entender que tales actos no le abonan a sus candidatos, y muy probablemente tampoco le resten a sus adversarios.
Y ese fue otro de los rasgos más importantes de la campaña electoral que hoy culmina, la de que la guerra sucia, que en contiendas anteriores probablemente sirvió para quitarle votos al candidato ajeno y agregarle algunos al propio, ahora no tuvo el mismo efecto y seguramente sirvió solamente para alejar a otro grupo de electores que ven a los partidos y sus querellas bajo el prisma de que sólo buscan el poder por el poder mismo.
Ese es el entorno en el cual deberemos elegir hoy a los gobernantes del siguiente período. Tienen una altísima responsabilidad, derivada de las condiciones prevalecientes, alcanzar la legitimidad necesaria para el ejercicio del poder.
Si la mayoría de la población los percibe como lejanos a sus preocupaciones, ahora tenemos la posibilidad de que si se presentara una participación electoral de alrededor del 40%, significaría que menos del 20% de la población los habría elegido. Tan reducidos porcentajes obliga a buscar la legitimación social a través del ejercicio del gobierno, a fin de solventar las elevadas expectativas despertadas a lo largo de la campaña.
Ojalá así sea.
sábado, 3 de julio de 2010
Medro electoral
El Diario, 1 de julio de 2010
Luis Javier Valero Flores
Siempre será criticable medrar electoralmente, pero hacerlo en estos momentos, es verdaderamente desesperante, indignante e insultante.
En tanto que Felipe Calderón lanzaba un discurso más de llamado al diálogo, que se queda en las palabras, respondido severamente por la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, quien puso el acento principal en la crítica a la actitud presidencial de medrar electoralmente al acusar a los delegados federales de actuar con objetivos electorales, un verdadero ejército de funcionarios federales, por pura casualidad, acudieron a Juárez a dar pormenores de las acciones derivadas del programa “Todos somos Juárez”, puesto en marcha por Calderón a partir de los reclamos societarios con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar.
Como lo consigna El Diario (De los reporteros, Juárez, 30-VI-10), los comisionados presidenciales para la supervisión y conducción de tal programa, el secretario de Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, el secretario privado de Calderón, Alberto Vivanco y el ex comisionado de los Pueblos Indígenas, Luis. H. Álvarez, después de “casi un mes” de no aparecer ante la prensa, acompañados de diversos funcionarios federales, a unos cuantos días de las elecciones, prometieron que “todo se cumplirá aun después de que pasen las elecciones”.
Por si fuera poco, el mismísimo martes, en tanto Calderón y Gómez Mont se pasaban el día respondiendo a los priistas, y éstos acudían al sepelio de Rodolfo Torre Cantú, el “titular de la SEP, Alonso Lujambio, sin una agenda muy clara más allá de revisar el avance de programas y obras de esa dependencia”, también acudía al antiguo Paso del Norte. El Diario califica bien la visita, dice que “venía más dispuesto que nunca a atender a los reporteros a los que en visitas anteriores había regateado las entrevistas”.
¡Ah, pero faltan cosas! Ayer, justamente cuando se acaban los tiempos de efectuar proselitismo, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, al que muchos ubican como el precandidato de Calderón a la candidatura presidencial, visitó Juárez.
¿A qué vienen? ¿Quién les cree que los mueve el interés público, la preocupación acerca de los avances de los programas, los mismos que no muestran más avance que lo hecho en décadas, es decir, poco y a cuentagotas?
Entramos, a partir del lunes, en una gravísima crisis política, ahora como fruto de la crisis de seguridad pública, que ese día llegó hasta el más alto de los niveles de los funcionarios públicos (merced a la condición de candidato a gobernador de Torre Cantú, y a que su delantera en las simpatías electorales era notoriamente superior a la de sus adversarios), y los funcionarios del primer nivel del gobierno federal continúan impertérritos en sus actividades, sí, las derivadas de sus cargos, pero de ninguna manera inoportunas para los fines electorales de su partido y facción.
Actos como los aquí relatados ponen en serio entredicho las palabras de Felipe Calderón ¿Quién le va a creer que sus actos están por encima de las querellas electorales, si sus subordinados, encargados de ejecutar sus disposiciones, se apersonan en la ciudad más castigada por la violencia criminal, y en medio de la sangre, sus actuaciones no dejan de tener un indudable tufo electorero?
¿No pudieron esperarse un poco, dejar que las aguas se calmen y que el país asimile la contundencia de los balazos a la salida de la capital tamaulipeca? ¿O será que los resultados mostrados por la casi totalidad de las encuestas, efectuadas en las entidades que realizarán elecciones el próximo domingo, ya hicieron que se perdiera el equilibrio político en quienes tienen las principales responsabilidades públicas en México, y sólo alcancen a apreciar su previsible derrota?
Funcionarios públicos de semejante envergadura no son los que se necesitan en esta hora, necesitamos de estadistas, que vayan más allá de las premuras electorales del último minuto. Si no los hay, deberemos encontrarlos, construirlos…
Correo electrónico: Aserto1@netscape.net
Blog: http://luisjaviervalero.blogspot.com
Luis Javier Valero Flores
Siempre será criticable medrar electoralmente, pero hacerlo en estos momentos, es verdaderamente desesperante, indignante e insultante.
En tanto que Felipe Calderón lanzaba un discurso más de llamado al diálogo, que se queda en las palabras, respondido severamente por la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, quien puso el acento principal en la crítica a la actitud presidencial de medrar electoralmente al acusar a los delegados federales de actuar con objetivos electorales, un verdadero ejército de funcionarios federales, por pura casualidad, acudieron a Juárez a dar pormenores de las acciones derivadas del programa “Todos somos Juárez”, puesto en marcha por Calderón a partir de los reclamos societarios con motivo de la masacre de Villas de Salvárcar.
Como lo consigna El Diario (De los reporteros, Juárez, 30-VI-10), los comisionados presidenciales para la supervisión y conducción de tal programa, el secretario de Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, el secretario privado de Calderón, Alberto Vivanco y el ex comisionado de los Pueblos Indígenas, Luis. H. Álvarez, después de “casi un mes” de no aparecer ante la prensa, acompañados de diversos funcionarios federales, a unos cuantos días de las elecciones, prometieron que “todo se cumplirá aun después de que pasen las elecciones”.
Por si fuera poco, el mismísimo martes, en tanto Calderón y Gómez Mont se pasaban el día respondiendo a los priistas, y éstos acudían al sepelio de Rodolfo Torre Cantú, el “titular de la SEP, Alonso Lujambio, sin una agenda muy clara más allá de revisar el avance de programas y obras de esa dependencia”, también acudía al antiguo Paso del Norte. El Diario califica bien la visita, dice que “venía más dispuesto que nunca a atender a los reporteros a los que en visitas anteriores había regateado las entrevistas”.
¡Ah, pero faltan cosas! Ayer, justamente cuando se acaban los tiempos de efectuar proselitismo, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, al que muchos ubican como el precandidato de Calderón a la candidatura presidencial, visitó Juárez.
¿A qué vienen? ¿Quién les cree que los mueve el interés público, la preocupación acerca de los avances de los programas, los mismos que no muestran más avance que lo hecho en décadas, es decir, poco y a cuentagotas?
Entramos, a partir del lunes, en una gravísima crisis política, ahora como fruto de la crisis de seguridad pública, que ese día llegó hasta el más alto de los niveles de los funcionarios públicos (merced a la condición de candidato a gobernador de Torre Cantú, y a que su delantera en las simpatías electorales era notoriamente superior a la de sus adversarios), y los funcionarios del primer nivel del gobierno federal continúan impertérritos en sus actividades, sí, las derivadas de sus cargos, pero de ninguna manera inoportunas para los fines electorales de su partido y facción.
Actos como los aquí relatados ponen en serio entredicho las palabras de Felipe Calderón ¿Quién le va a creer que sus actos están por encima de las querellas electorales, si sus subordinados, encargados de ejecutar sus disposiciones, se apersonan en la ciudad más castigada por la violencia criminal, y en medio de la sangre, sus actuaciones no dejan de tener un indudable tufo electorero?
¿No pudieron esperarse un poco, dejar que las aguas se calmen y que el país asimile la contundencia de los balazos a la salida de la capital tamaulipeca? ¿O será que los resultados mostrados por la casi totalidad de las encuestas, efectuadas en las entidades que realizarán elecciones el próximo domingo, ya hicieron que se perdiera el equilibrio político en quienes tienen las principales responsabilidades públicas en México, y sólo alcancen a apreciar su previsible derrota?
Funcionarios públicos de semejante envergadura no son los que se necesitan en esta hora, necesitamos de estadistas, que vayan más allá de las premuras electorales del último minuto. Si no los hay, deberemos encontrarlos, construirlos…
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