jueves, 31 de marzo de 2016

Entrañas

El Diario, 31 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
Pocas veces nos habían permitido los integrantes de la cúpula del PRD asomarnos a las entrañas de la podredumbre de este partido; enterarnos, de primera mano y por parte de algunos de los más conspicuos de sus dirigentes, de las triquiñuelas y, en consecuencia, de los enormes grados de corrupción política de éste que fue el referente de la izquierda electoral durante buena parte del final del siglo XX en México.
La oportunidad nos la ofrecieron los integrantes del Grupo Galileos -de reciente cuño,   cuyos dirigentes más connotados son el Vicecoordinador de los Diputados Federales y ex Presidente Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, y Fernando Belanzaurán, ex integrante, al igual que Acosta, de Los Chuchos-, en la carta enviada al Comité Nacional de su partido con motivo de su propuesta de que el PRD apoye al candidato del PAN, Javier Corral, en la disputa por la gubernatura de Chihuahua.
Amén de que el asunto en concreto ha arrinconado a la dirigencia local y a su candidato, Jaime Beltrán Del Río, le permitirá al candidato Corral iniciar la campaña de la mejor manera -independientemente de los actos de arranque- en el ánimo del gran electorado pues su candidatura es la que ha recibido la mayor parte de las atenciones y ha logrado, desde el inicio, colocar en el primer lugar de la discusión política la actuación del Gobernador César Duarte y las acusaciones en su contra, además de sacar del primer plano al candidato oficial, Enrique Serrano.
No es poca cosa, han logrado poner en la discusión pública al gobernador Duarte y no al candidato Serrano.
¿Con qué responderá el equipo de este último?
Deberá ser algo mejor, mucho mejor que los obuses lanzados por el dirigente estatal, Guillermo Dowell, basados en las declaraciones del ex presidente Carlos Salinas.
Ahora, de acuerdo con la información más reciente, el Comité Nacional del PRD ha resuelto llamar a Beltrán del Río para que esclarezca su relación con la financiera Unión Progreso -unión de crédito y no banco, como afirman los Galileos- pues una de las evidencias de la "cercanía" de éste con el Gobernador Duarte es un video publicado en el portal www.delpueblo.com en el que declara ser asesor de la financiera, lo que servirá para que la cúpula perredista valore de mejor manera su postulación y la posibilidad de apoyar a Corral, lo que ha motivado el rechazo absoluto de la dirigencia estatal perrediana, la formal y la real, ambas aliadas a la actual administración estatal.
Sólo para refrescar la memoria, recordemos que en la última legalización de carros "chuecos", uno de los requisitos para sus propietarios era pagar el registro en el padrón de la Unión Democrática Campesina (UCD), dirigida por Pável Aguilar, -hoy Secretario General del Comité Estatal del PRD- y ya con esa constancia podían hacer los trámites en la Secretaría de Hacienda.
Pero esa es la "peccata minuta" local, la nacional, develada por los Galileos estremece.
Al dolerse de ser llamados por la dirigencia nacional junto con los diputados mexiquenses que aprobaron la llamada Ley Atenco -que criminaliza la protesta social- se deslindaron duramente: “Mientras tales legisladores mostraron sometimiento a Eruviel Ávila y un abandono de nuestra línea programática en un tema tan delicado para el país, nosotros proponemos al PRD enfrentar a César Duarte. A ellos los citan por servir a un gobernador autoritario, incapaz y corrupto; a nosotros por querer combatir a uno igual o peor”.
Y los acusan de no "enfrentar en serio y polarizar con el PRI".
La propuesta de Los Galileos es semejante a lo propuesto por Corral al candidato independiente José Luis Barraza: Construir un “frente opositor único contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, en este caso a partir de la realización de una encuesta "a fines de abril... para conocer al candidato peor posicionado en Chihuahua, para que decline por el más favorecido bajo el compromiso de conformar gobiernos de coalición", en un llamado que incluye a Morena, partido que podría hacerlo y buscar mantener su registro partidario en la elección de diputados locales, de esa manera, aparentemente, estamos en vías de tener una disputa gubernamental entre dos bloques de fuerzas, el oficial y el de la oposición de una parte de las derechas y de las izquierdas.

domingo, 27 de marzo de 2016

El cuento de nunca acabar

El Diario, 27 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
El titular del periódico, si no revelara un drama, podría ser hasta caricaturesco: "Caen con armas y droga, los liberan… y los matan". (Nota de Staff, El Diario de Juárez, 24/III/16).
Es sólo un ejemplo, pero uno más, y que, como casi todos, termina en tragedia; además, revela las oscuras coincidencias mediante las cuales un grupo de delincuentes ejecuta la orden de eliminar a alguno, o a varios de sus contrincantes, ex secuaces, rivales de amores o de negocios, o del "personal" que cometió alguna falta, según la percepción de los grupos criminales y que, casualmente, se encuentran en el lugar en el que caen fatalmente.
"Dos hombres fueron baleados la noche del pasado martes a un lado del Hospital General de Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), minutos después que salieron de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), a donde fueron consignados por autoridades estatales horas antes al ser arrestados con armas y drogas. De las tres personas, dos fallecieron, mientras que el otro logró escapar corriendo del lugar, dijeron testigos. La agresión ocurrió cerca de las 10:40 PM". (Ibídem).
Al detenerlos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) les encontró mariguana, una pistola, un revólver y un fusil de asalto R-15 de uso exclusivo del Ejército.
En el lugar fallecieron Moisés Abraham Rosales Gutiérrez y Miguel Ángel Peña Peña. Sobrevivió José Manuel Zamarripa Gardea; habían sido liberados por un agente del  Ministerio Público de la Federación porque "determinó que la portación de armas de fuego y traer droga no son delitos graves. Tampoco les fijó fianza...". (Ibídem).
La liberación obedeció a que, según esto, tales hechos no son constitutivos de delitos graves. Lo peor es que, de acuerdo con la información proporcionada por la PGR, después de realizarles "un peritaje a las armas" y no encontrarles antecedentes penales, fueron liberados.
La coincidencia fatal y la pregunta inquietante es la misma ¿Cómo supieron los asesinos que los detenidos serían liberados en una hora absolutamente inusual, para ultimarlos a unos pasos de la PGR y que, además, -más aspectos inesperados- estaban esperando un camión de transporte urbano para trasladarse a sus domicilios?
Cuesta trabajo creer en tantas coincidencias.
Por doquier aparecen las contradicciones, la primera, la liberación de los detenidos  bajo supuestas nuevas regulaciones, a pesar de que las víctimas fatales "ya habían sido detenidos como 'carjackers' en el 2009 y en el 2015" y, como ahora en posesión ilegal de armas de fuego y  por traer mariguana.
Más. El reporte de la FGE no establece la fecha de la detención, pero sí dijeron -seguramente de motu proprio- pertenecer "a una pandilla antagónica (sic) que tiene presencia en esta ciudad fronteriza... ”. (Ibídem).
Las contradicciones crecen, en número e importancia. Mientras que la FGE informó inicialmente "que las armas aseguradas fueron enviadas a los laboratorios de balística forense", para verificar "si fueron utilizadas en homicidios en esta ciudad o en los municipios de Guadalupe y Praxedis", funcionarios de la dependencia notificaron al periódico que tanto los detenidos como las "evidencias" fueron entregados casi de manera inmediata a la PGR.
En tanto ésta informó que sí les hizo tales peritajes y no encontró antecedentes, ni en las armas, ni de los detenidos ¿Será?
Ahora bien, se alega la puesta en vigor de nuevas regulaciones, las del sistema de justicia penal en el ámbito federal, para que los detenidos obtuvieran prontamente su liberación; el problema es que tal cosa ocurría, también, con el antiguo; igual liberaban, en horas, a los detenidos, en circunstancias similares a las abordadas el día de hoy.
Sin embargo, el Código penal sí establece la posibilidad de establecer la prisión preventiva bajo determinadas circunstancias, semejantes a las relatadas, siempre y cuando el Ministerio Público Federal se hubiese atenido a los delitos supuestamente cometidos por los detenidos, entre los cuales se ubican la portación de armas "que no se usan para fines recreativos", el acopio de armas (no sólo el de portación), así como el formar parte de "una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir", delito que la autoridad investigadora no tendría mayores obstáculos para fincárselo a los detenidos (por supuesto, si fueran culpables, por lo cual se harían acreedores a una sanción de cinco a diez años), además de la comisión de delitos en "pandilla", definida en la misma regulación, como la "reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito".
Es decir, si no existiesen tantas "coincidencias", estos supuestos delincuentes estarían, en el peor de los casos, detenidos y sujetos a investigación -probablemente vivos- y de ser culpables se le habría causado un quebranto a las bandas del crimen organizado y, por añadidura, la disminución de los riesgos para la sociedad en virtud de que se trataba de hombres supuestamente armados, según la FGE.
En el caso contrario, si nos atenemos a las declaraciones de sus familiares, (que algo deben tener de razón, en virtud de que las víctimas esperaban un camión urbano ¿Pues qué no formaban parte de uno de los cárteles presentes en la ciudad? ¿Dónde, pues, sus compañeros? ¿Y porqué los familiares no fueron avisados de su liberación?) entonces se reintegrarían a sus actividades, en esta hipótesis, de carácter lícito.
Detenerse tanto en un asunto, aparentemente tan sin importancia, o de una importancia menor, según sean las concepciones de cada uno de los lectores (hay por ahí uno de los comentaristas del chat de El Diario, que se congratuló de los asesinatos bajo las palabras de "qué bueno, tres lacras menos") implica detenerse en la urgente necesidad de la tan llevada y traída "colaboración" entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos los funcionarios de los tres poderes, algo que en el caso de la entidad es un asunto totalmente inexistente, pues si el abordado fuera un caso único no habría mayor preocupación, por desgracia ocurre lo contrario y pasan los años sin que cambie tal situación ¿Dónde los acuerdos para que se investiguen hechos como el ahora relatado, símil de otros casos, también con consecuencias negativas y de proporciones mayores?
¿Dónde los resultados de los exámenes de confianza del personal de la PGR y de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, adscritos a Chihuahua? ¿Dónde las bases de datos de los miles y miles de detenidos a lo largo, solamente, de la última década?
La clase política mexicana le apostó a la estrategia elaborada por los círculos del poder de EU para combatir el tráfico de drogas, pero ha sido absolutamente incapaz de afrontarlo con eficacia, en parte por la enorme corrupción imperante en el mundo oficial, pero, fundamentalmente, porque no hay posibilidad alguna de éxito en el combate violento a tan redituable y degradante negocio.
El problema es que -parodiando a aquel viejo líder petrolero, que acuñó la frase para referirse a Pemex- si se hunde la seguridad pública en el país, nos hundimos todos.

jueves, 24 de marzo de 2016

Vive bus, pesadilla total

El Diario, 24 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
Como reza una de las frases más recurrentes -sobre todo entre los economistas-, la peor de las tormentas, es decir, "la tormenta perfecta" para la oposición, se ha abatido sobre el PRI y sus candidatos; los choferes del transporte urbano de la capital, mayoritariamente afiliados a la CTM, decidieron cumplir su amenaza, realizada un par de semanas, y paralizaron la ciudad por unas horas.
A contrapelo de la asamblea del priismo, aquella, la que resolvió formalmente el método de designación del candidato al gobierno de Chihuahua, en la que Doroteo Zapata, líder de la CTM chihuahuense, hizo la propuesta, en una ceremonia que parodió aquellas reuniones del pasado, de cuando Fidel Velázquez "destapaba" al candidato del PRI a la presidencia de la república, ayer los choferes de esa central -y de otras más pequeñas- resolvieron parar el transporte urbano capitalino, provocando el caos total en la ciudad lo que develó la enorme incapacidad gubernamental para resolver de manera definitiva la transformación del sistema de transporte urbano, lo que se convertirá -es, ya- en el principal problema no resuelto de la administración estatal de César Duarte.
Las consecuencias no se constreñirán al ámbito del transporte, es seguro que una parte de los usuarios -los más desarrollados democráticamente- castigarán al gobierno con el único instrumento que tienen a la mano, el voto, por lo menos en la capital, de ahí que el candidato del PRI, Enrique Serrano, se haya apresurado a declarar que el Vive Bus representa un problema, "sólo en la capital".
Y es que, por lo menos en las primeras horas del paro, el caos fue total en las áreas aledañas a la terminales pues en tanto los choferes paraban,  en protesta por la falta de respuestas a asuntos tan elementales como el pago de horas extras, afiliación al IMSS, etc., grupos de usuarios bloqueaban la Av. Pacheco en protesta por la falta de servicio y amenazaban (hasta el momento de redactar las presentes notas) con secuestrar camiones para poner en marcha el servicio que el gobierno estatal no ha sido capaz de proporcionarlo, como es su obligación, por más que declare que lo ha concesionado, pues en última instancia es el responsable legal de su prestación.
Así, por la vía de los hechos los usuarios han destapado una de las posibles soluciones, la de la requisa, a fin de que la autoridad estatal tome en sus manos la totalidad del transporte urbano y no solamente, como hasta ahora, la ruta troncal, en virtud de que los concesionarios no han tenido capacidad para hacerlo, ni, tampoco, para cumplir con sus obligaciones patronales.
Ahora bien, de ser cierto, como afirman los concesionarios, la incosteabilidad del transporte como negocio, entonces es momento de que se empiece a transparentar el financiamiento realizado por el gobierno de César Duarte al mismo, realizado para garantizarles las utilidades que reclaman los concesionarios.
Desde hace meses se dice que los ingresos no han podido, ni siquiera, igualar los egresos de la prestación del servicio, lo que ha motivado el subsidio gubernamental a los concesionarios, sin reglas, sin regulación, sin partidas presupuestadas para ello.
Entonces más vale requisar el transporte, retirar las concesiones (para lo cual se requiere el puntual cumplimiento de la ley a fin de que los amparos que promuevan no prosperen) y poner en funcionamiento un nuevo servicio de transporte urbano en la capital.
Les va en ello el triunfo en las elecciones próximas.
Sí, porque de no hacerlo es muy probable que una parte importante de su electorado (casualmente el que mayoritariamente usa el transporte urbano público) podría "despertar" electoralmente y castigar al PRI, así su candidata a la alcaldía, Lucía Chavira, podría "pagar" las consecuencias de una política absolutamente errática, de la cual da cuenta el hecho que por la Secretaría de Desarrollo Urbano -responsable de la planeación urbana y de la movilidad- han transitado, ya, seis secretarios, amén de por lo menos tres responsables directos del Vive Bus, y en la fase previa, otros dos.
¿Por qué no se ha resuelto este problema?
¿Será por la cercanía de Doroteo Zapata a la actual administración estatal? ¿Será cierto que el PRI requiere de los servicios electorales de la central sindical, a pesar del enorme rechazo que tiene entre los choferes?
¿O será que el gobierno de Duarte lo necesita para mantener el control corporativo en la gran masa de asalariados de la industria maquiladora, más que desde el punto de vista electoral, y de eso se aprovecha la dirigencia sindical para mantener en vilo a la población de la capital chihuahuense?
Es muy alto el costo, puede convertirse en uno mayor, el electoral y si ya ni éste les importa, entonces más vale buscar a quien encomendarnos.

domingo, 20 de marzo de 2016

Cruje la estructura

El Diario, 20 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
Exultantes, los integrantes de la cúpula del poder priista en Chihuahua -que en el acto realizado en el auditorio Manuel Bernardo Aguirre el sábado anterior fueron colocados en la parte inferior- aún no terminaban de vanagloriarse por la asamblea de ratificación de Enrique Serrano como candidato del PRI a la gubernatura, cuando, repentinamente, les cayó encima el mundo: El coordinador de la campaña, Javier Garfio, intempestivamente, renunció a ella, y ¡Se regresó a la alcaldía de Chihuahua! con lo que provocó una minicrisis en el seno de la administración municipal de la capital, cuyo rasgo principal fue la evidente molestia del alcalde en funciones, Eugenio Baeza, el propietario de la poderosa empresa Bafar.
A los evidentes problemas de falta de entusiasmo de la base militante del PRI por su candidato, evidenciada de muy sombría manera en la referida asamblea, se agregó el que es un, por lo menos, repentino diferendo entre Enrique Serrano, César Duarte, Eugenio Baeza y Javier Garfio.
Podrán hacer mil y una declaraciones diciéndonos que no pasó nada, la realidad es más que terca; el coordinador de la campaña, por alguna razón, la deja justamente a unas horas de la definición de las candidaturas de alcaldes, diputaciones, regidores y síndicos, luego de un proceso no exento de apretones, minirrupturas y, ahora sabemos, serios distanciamientos.
La decisión de Garfio provocó serias consecuencias en dos ámbitos, el de la campaña de su partido y en la administración municipal.
¿Qué llevó al alcalde Javier Garfio a regresar?
Como todos los asuntos más controversiales de la actual administración estatal muy probablemente la sociedad chihuahuense se quedará sin respuestas. Igual le sucederá a la militancia del PRI.
No sólo eso, el regreso del alcalde develó las serias deficiencias discursivas de muchos de sus compañeros, usadas para justificar de una y mil maneras un regreso polémico, seriamente cuestionado por la sociedad chihuahuense, que está reclamando, en todos los tonos, la incongruencia del presidente municipal de la capital.
Frente a la realidad -al irse Garfio de licencia a buscar la candidatura gubernamental, 9 de sus colaboradores fueron sustituidos, a su regreso, por lo menos seis renunciaron- diversos actores políticos del priismo nos endilgaron una cantidad inmensa de declaraciones en las que el principal enfoque está orientado a "tranquilizarnos", a enfatizar en que no hay problemas, que la marcha del municipio no está alterada, que los programas tienen continuidad y hasta se atreven a afirmar que Garfio y Baeza siguen siendo amigos como siempre.
¿A qué sociedad creen dirigirse?
Por supuesto que algo muy serio ocurrió al interior del grupo gobernante, como para que el coordinador de campaña renuncie a 5 días de la ratificación de Enrique Serrano como candidato del PRI y que lo haga sorprendiendo, no sólo a la sociedad chihuahuense, sino también al alcalde en funciones, Eugenio Baeza, (“El regreso de Javier como Presidente, me tomó por sorpresa como cuando me anunciaron que yo asumiría el cargo de Alcalde de Chihuahua”, declaró el mismo día del relevo, ahora sabemos, inesperado. Nota de la redacción, El Heraldo de Chihuahua, 18/IIII/16) que contrasta con la de Garfio ("Se tomó esta decisión en  común acuerdo”. Ibídem).
Inútilmente, los dirigentes priistas intentaron realizar un control de daños por medio de simples declaraciones, a todas luces ineficaz, en medio de una situación de auténtica crisis.
Así, la coordinadora de los regidores, Patricia Hernández dijo que Garfio “Le dará continuidad a los programas”; el síndico, Héctor Barraza, ubicado en los nuevos tiempos, dijo que “los chihuahuenses votaron por un proyecto que encabezó Javier Garfio…”; el nuevo dirigente municipal, Andrés Pérez Howlett: “El relevo (sic)… fue consensuado en el afán de que el Ing. Javier Garfio concluyera proyectos que tenía pendientes; esto no va a afectar a la ciudadanía”.
Ya estaba hablado, dice Francisco Salcido, vocero de Serrano, desde hace días se había pactado la renuncia y el regreso a la alcaldía, pero, entonces ¿Porqué dijo Eugenio Baeza que lo había tomado de “sorpresa”?
En lo que es, hasta ahora, la única declaración del equipo de campaña y de la dirigencia del PRI, Salcido sostiene que ahora Garfio tendrá la oportunidad de “cumplir los compromisos con los chihuahuenses". ¿Entonces Eugenio no lo podía hacer y por eso se regresó el ballezano?
A su vez, Rodrigo de la Rosa, líder de los diputados locales, declaró que no sabe, pero que “seguramente quedaron (Baeza y Garfio) en los mejores términos”. Bueno, pues no dejan de ser encomiables sus deseos, pero no tienen que ver con la realidad, Eugenio ni siquiera esperó en la sesión de cabildo para saludar al alcalde Garfio; se fue antes, para no encontrárselo.
Al irse Garfio en busca de la candidatura al Gobierno de Chihuahua, había la duda de su regreso, cuando lo confirmaron como coordinador de la campaña (nunca se dijo que de la precampaña) tuvimos la certidumbre de su separación definitiva del cargo pues se convertía en el segundo hombre más importante de la campaña (eso son los coordinadores en el priismo, recuerden que hasta llegan a suplir al candidato) y, por extensión, si el PRI se alzara con el triunfo, sería uno de los más importantes hombres del hipotético nuevo gobierno, el de la continuidad.
Y participar en el nuevo gobierno le daría la posibilidad de intentar, nuevamente, en el 2021, convertirse en el candidato.
De ahí que asegurar que el regreso obedece a su deseo de rehacer el equipo en la alcaldía no parece ser correcto, ni, tampoco, el de que se regresaba para evitar el desenmascaramiento de Baeza por las irregularidades supuestamente encontradas en su administración, pero ¿Quién se atrevería al inicio del nuevo gobierno a levantarle cargos a quien hubiese sido el coordinador de campaña?
¿De veras Eugenio Baeza estaba haciéndole la campaña a Luis Enrique Terrazas, como asienta más de una columna política interesada?
No parece haber evidencias de ello, al contrario, la declaración de Baeza, en la que acepta haber impulsado al regidor Andrés Pérez Howlett a la dirigencia municipal priista descarta aquella especulación.
Además, si Serrano ganara, Eugenio podría aspirar, también, a la candidatura al gobierno pues la amistad y cercanía, además del impulso recibido por el Gobernador Duarte lo hacían candidateable para cualquier posición en el futuro inmediato; nada lo llevaba, priísta como lo es de hace rato, a enlazar su futuro político al “independiente” Terrazas.
Quizá una de las explicaciones del regreso de Garfio, si es cierta la ruptura en las alturas, se encuentre en su declaración, cuando pidió licencia, al expresar que se iba “con tranquilidad, porque había un gran equipo (en la alcaldía)”.
Bueno, ese equipo fue desmantelado por el suplente, luego de efectuar una de las más severas críticas, sin discursos, con hechos, de dimensiones tales como el del despido de 500 empleados y decir que lo hacía en aras de la eficiencia administrativa.
Más indicios acerca de las verdaderas razones de todo este embrollo en el partido del gobierno nos las ofrece cuando aseveró haber dejado “una campaña estructurada a Serrano” y sentir que cumplió con la tarea pues, dijo, “el compromiso inicial con el candidato Serrano fue apoyarlo, para buscar fortalecer la unidad en torno a su proyecto y esto se cumplió”.
Sin duda que el PRI está en problemas. Su candidato se queda, así sea momentáneamente, sin coordinador de campaña. En el aire se percibe la seria disputa al interior del grupo gobernante, la designación del sustituto de Garfio deberá ser -o debiera- consensuada, ya no solamente en el seno del grupo gobernante sino, también, con el resto de los grupos al interior del PRI y como se aprecia, deberán buscar la aquiescencia de muchos de los grupos empresariales pues la manera en que “desocuparon” a Eugenio Baeza no agradó a muchos de ellos.
Y deberán apurarse pues, a diferencia del acto del PRI realizado el sábado anterior, el del PAN -la toma de protesta de Javier Corral-, celebrado el jueves pasado, el júbilo de los asistentes fue la nota principal. El entusiasmo revelado en el primer acto efectuado en la capital del estado, días atrás, después de su designación, ha crecido en la base del blanquiazul y esa puede ser la diferencia.
Sí, porque en tanto el triunfo del PRI depende de la capacidad de la cúpula partidista para arrastrar a la base y a su electorado (literalmente, jalar la carreta), en el PAN ocurre lo contrario, sus militantes están tan entusiasmados como hace tiempo no ocurría.
Y es que en la Convención del PRI -con la presencia de más de 8 mil personas- fuera del ruido de las porras de los grupos juveniles y de algunas de las centrales sindicales, los asistentes no se entusiasmaron con los discursos, parecía como si el acto les fuera totalmente ajeno, a pesar de que era evidente su militancia.
No es una exageración, es el peor inicio de campaña del PRI, de 1998 a la fecha.
Será una competencia extremadamente reñida, porque el PAN tiene a un candidato con mayor prestancia discursiva y porque el entorno le es sumamente favorable.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

jueves, 17 de marzo de 2016

¿Y los “maxi” procesos contra los “narcos”?

El Diario, 17 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
Más allá de la controversia desatada sobre la relación de Kate del Castillo con Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), con mucha frecuencia nos avasallan las informaciones que denotan la increíble impunidad con la que actúan delincuentes y autoridades en el tráfico de drogas.
Por demás está en insistir que se ha convertido en un detonador de la degradación social -a todos los niveles-; quizá sea el principal factor de la aguda pérdida de la credibilidad institucional, amén del enorme daño inflingido a las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de justicia.
La mas reciente es la información ofrecida por el Departamento de Justicia ¡De los Estados Unidos! consistente en que una de las armas encontradas en el último escondite del “El Chapo Guzmán, está asociada con el Operativo Rápido y Furioso, un fallido programa del gobierno norteamericano de rastreo de armas traficadas”. (Nota de Associated Press, 16/III/16).
La información es absolutamente oficial, se encuentra en una carta dirigida por aquel departamento al Congreso, en la que los funcionarios aseveraron “que un fusil calibre 0.50 recuperado tras el arresto de 'El Chapo' en enero fue rastreado hasta Rápido y Furioso”. El fusil fue una de las 19 armas de fuego recuperadas del escondite y fue “comprado en el 2010 por alguien no conocido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en el momento”. (Ibídem).
Desde hace meses, el Congreso norteamericano inició una investigación para determinar la responsabilidad de diversos funcionarios del gobierno de EU en la entrega de armas y dinero a los cárteles mexicanos, que habían elaborado y ejecutado el operativo.
Como toda la política encaminada a combatir el tráfico de drogas, fue un absoluto fracaso, algunas de las armas de ese operativo fueron usadas en el atentado en contra de dos agentes del ICE cerca de San Luis Potosí y el asesinato del abogado Mario Ángel González Rodríguez, hermano de la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González y ahora en los escondrijos del narcotraficante más renombrado de la última década.
El problema es que a pesar de su detención y la de uno de sus más acérrimos enemigos, Vicente Carrillo (y muchos más), literalmente, no pasa nada.
El negocio sigue tan boyante como siempre, al que simplemente se le siguen agregando episodios a cual más de deleznables, como el de la fuga y la más reciente de las capturas, o el de la especulación acerca de la extradición de Guzmán, pero en ningún sentido, ni en el de las fugas, ni en el de las capturas, aparecen las redes financieras del lavado de dinero, ni las de las empresas encargadas del traslado de la droga y los precursores de la cocaína.
Nada, sólo nos edulcoran la existencia -o por lo menos eso pretenden- con los supuestos o reales éxitos en la detención de infinidad de jefes de los grupos criminales, pero en materia del desmantelamiento de las estructuras criminales no hay nada.
Por eso se extrañan los “maxi procesos” realizados en distintos momentos, en Estados Unidos o en Italia, en los que no sólo se fincaron cargos contra los supuestos jefes de los grupos criminales, sino, también, contra ejecutivos de distintos bancos y empresas financieras, de servicios, de transporte, de venta de vehículos, etc., es decir, de los distintos rubros que negocios como el del trasiego de la droga requieren, así como el de los funcionarios públicos involucrados en el “negocio”.
En cambio, y para que la opinión pública se entretenga, se coloca como el principal asunto relacionado con este tema el de las relaciones de una actriz que pretende efectuar una película sobre “El Chapo” y al cual, se aprecia por sus escritos, le guarda una muy discutida empatía, además de que las autoridades federales están más preocupadas en “castigar” a la diputada sinaloense, Lucero Guadalupe Sánchez, por haber usado una falsa credencial para visitar a Guzmán.
Es de no creerse ¿A poco, en serio, no investigaban, no verificaban la identidad de los visitantes de interno tan renombrado? ¿Sólo hasta que estalló el escándalo, se dieron a la tarea de investigar? Increíble.
¿Y quiénes están detenidos, de la larga lista de funcionarios con responsabilidades en ese caso? 
Nadie, todos se hacen eco del inefable Agustín Carstens (hoy reconocídisimo Director del Banco de México) cuando acuñó una de sus mejores frases: “No pasa nada, es un simple resfrío”, a propósito de la crisis financiera mundial del 2008.

¡No pasa nada!

domingo, 13 de marzo de 2016

¿En cuántos?

El Diario, 13 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
Lo impactante, sí fue la nota informativa publicada el mismo día en la revista Proceso y en el periódico capitalino La Jornada. Por primera ocasión se develó en alguno de los medios de comunicación más importantes del país lo que ha sido la realidad cotidiana de los habitantes del occidente y del noroeste del país desde hace años: Los grupos criminales ahí asentados, en una vasta zona de la sierra Tarahumara.
No sólo existen, desde hace años imponen su ley; al paso de los años han ido conquistando cada vez más territorio.
En un buen número de municipios, los policías son designados por ellos o los dirigen; sus retenes resuelven acerca del tránsito de vehículos por las zonas por ellos vigiladas; llevan un control puntual de los vehículos existentes y de los visitantes, los que después de determinadas horas deberán dar cuenta de sus traslados.
Eso era el pasado, ahora, de acuerdo con el reportaje publicado en ambos medios de comunicación, han resuelto ascender en la escala de sus aspiraciones, resolvieron ubicar a los suyos en algunas alcaldías: 
“Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores del trasiego de droga, de acuerdo con la lista que dio a conocer el Comité Directivo Estatal del tricolor el pasado fin de semana.
Desde principios de febrero, antes de la emisión de la convocatoria del PRI, los aspirantes más fuertes a las presidencias municipales de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura recibieron mensajes intimidatorios, presuntamente del crimen organizado, ordenándoles no participar en los procesos internos ‘porque sólo habría un candidato’.
En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios. En Namiquipa, Arturo Quintana aplicó el mismo método para respaldar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.
En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: ‘Más vale que se calmen; el presidente municipal va a ser Juanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN’, declararon a La Jornada habitantes de esa localidad, a condición del anonimato”. (Nota de Miroslava Breach Velducea, La Jornada, 4 de marzo de 2016).
Más aún, en Chínipas “competiría Juanito, sobrino del líder de Los Salazares. Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez”. (Ibídem).
Entre la lista de municipios con el mismo problema, se ubica a Buenaventura, Gran Morelos, Uruachi y Urique. A su vez, Mario Vázquez, presidente del Comité Estatal del PAN, identificó a los municipios de Chínipas, Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura, Rivapalacio y Balleza, “por la injerencia directa de grupos criminales en el proceso electoral para renovar alcaldías”. (Ibídem).
Es de tal gravedad lo informado por las reporteras, es de tal magnitud lo que se advierte, por la información, que lo más deplorable será que el asunto se convierta en, sólo, parte de la controversia electoral, pues denota la aguda pérdida de espacios por las instituciones, a manos del crimen organizado y, también, que estamos frente a un escalamiento de los grupos criminales en la búsqueda de los espacios del poder institucional.
En otras palabras, podría decirse que algunas zonas de la entidad son vivo ejemplo de lo que se ha denominado “El Estado Fallido”, porque las instituciones del Estado mexicano han sido sustituidos por esos grupos, quienes pretenden, ahora, intervenir directamente en la designación de todos los gobernantes, por los menos a nivel municipal, y llegar a acuerdos con las autoridades del nivel inmediato superior, en aras de una supuesta gobernabilidad.
Hoy estamos frente a una etapa “superior”. De acuerdo a la información publicada y a lo que se sabe en la región, los jefes de los grupos delictivos están resolviendo, de facto, quiénes serían los candidatos del PRI en algunos municipios, por la vía de amenazar a los aspirantes priistas que son ajenos a sus pretensiones y obligando a que el resto de los partidos se desista de proponer candidatos a las alcaldías para que sólo se postulen los aspirantes que ellos resuelven.
Y tal parece que avanzan en sus pretensiones, por lo menos en el caso de Bachíniva y Chínipas, dos municipios gobernados por el PAN, este partido resolvió no postular candidatos a las alcaldías debido a las amenazas a sus militantes.
¿En cuántos ocurrirá lo mismo?
De ahí lo preocupante del giro imprimido al discurso de los principales protagonistas del PRI para enfrentar a quien aparece, hasta ahora, como su principal adversario, Javier Corral, del PAN.
Y no sólo. En medio de los señalamientos de la prensa del centro del país, acerca de las desapariciones ocurridas en Cuauhtémoc, el mandatario estatal, César Duarte, acusó al alcalde de esa ciudad, Heliodoro Juárez, a asumir una conducta permisiva, que ha llevado a que la policía municipal cuauhtemense, trabaje “para los intereses del crimen organizado”, como lo afirmó en el noticiero Primero Noticias, de Carlos Loret de Mola, de Televisa.
Ante ello, el diputado de Cuauhtémoc -emergido, como el alcalde Juárez, del PAN- Humberto Pérez Mendoza, recordó que el jefe de la policía municipal fue nombrado por el Congreso del Estado y que los exámenes de confianza por los que pasan los policías municipales son aplicados por la Fiscalía General del Estado.
La pregunta es obvia. Cualquier ciudadano, de tener esa información en las manos, debiera denunciarlo, pero el gobernante no está en esa situación, está obligado no sólo a denunciarlo, sino fincarle cargos, no bastan los señalamientos públicos, si sólo en éstos, querrá decir que sus intenciones no son las de combatir las conductas delictivas, sino las del lucro electoral, de ahí que tales señalamientos se perciban, sólo, como un mecanismo para desprestigiar a los protagonistas del partido contendiente.
Lo mismo ocurre con otro señalamiento realizado inicialmente por el Gobernador Duarte, y del cual se han hecho eco, no sólo el candidato Enrique Serrano, sino hasta el mismísimo dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, el realizado en contra de Javier Corral, cuando, para atacarlo dijo: "Yo lo único que sé, es que los hermanos de Corral estuvieron en la cárcel por narcotraficantes”, en respuesta al anuncio de Javier Corral que, en caso de ganar, arrancaría proceso judicial en contra de César Duarte por corrupción.
Más cuidadoso de las formas, porque sabe que la prensa nacional recogerá puntualmente sus palabras, Beltrones lo acusa de tener un hermano narcotraficante. Y lo hace con el mismo objetivo, el de descalificar al candidato panista.
Y aquí se hace necesario el emplazamiento: Ambos pertenecen al partido gobernante, los dos gozan -uno más que el otro- de la confianza del Presidente Peña Nieto ¿Porqué no le piden a la PGR que investigue si sus acusaciones son ciertas?
Además ¿No se darán cuenta que al hacerlo victimizan al candidato blanquiazul, amén de que éste y sus hermanos podrían demandarlos, en virtud de haber compurgado sus penas más de 14 años atrás?
La respuesta del PAN no es menos estremecedora. El dirigente estatal, Mario Vázquez, adujo que el gobernador Duarte tendría que responder, también, por los lazos familiares, pues quien fuera el jefe de la policía municipal de Ciudad Juárez en la administración del Teto Murguía, Saulo Reyes Gamboa, quien fue detenido por la policía norteamericana por tráfico de drogas, en ese momento “estaba casado con su sobrina Estela Ganem Duarte, hija de Carmen Sofía Duarte Jáquez, hermana del gobernador de Chihuahua”, dijo Mario Vázquez Robles. (Página oficial del Comité Estatal del PAN, 12/III/16).
Pensar que el asunto del narcotráfico es un tema trivial, que puede formar parte de las discusiones electorales sin más trascendencia, es negarse a realidades como las aquí relatadas de los municipios de la Tarahumara. 
Los chihuahuenses hemos sufrido bastante como para que este tema sea, solamente, parte de las “chirinolas” de los partidos en temporada electoral.

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jueves, 10 de marzo de 2016

¡Valiente conmemoración del Día de la Mujer!

El Diario, 10 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
“Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 
ARTICULO 35. En cualquier momento, previo o posteriormente al citatorio, la Dirección General podrá determinar la suspensión temporal del o los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento administrativo, en el sentido de imponer o no sanción…
ARTICULO 36. Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para la suspensión a que se refiere el artículo anterior, si el nombramiento del servidor público de que se trate, incumbe directamente al titular del Poder Ejecutivo”. 
¡Vaya paradoja! Precisamente en el Día Internacional de la Mujer, “la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Lobera, presentó una queja administrativa ante la Contraloría del Estado, en contra del secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, por violencia institucional”, con el objeto de que se inicie un procedimiento administrativo que pudiera desembocar en la aplicación de alguna sanción.
La denuncia incluye, además, la solicitud de la separación temporal del Secretario García Rodríguez, cosa que obligaría al Gobernador César Duarte a hacer un pronunciamiento sobre el caso que al paso de los días se presentará como un asunto que deberá afrontar merced a las presiones de distintas agrupaciones derechohumanistas, feministas, dependencias gubernamentales y hasta las de organizaciones internacionales.
Es de no creerse. Que la titular de la dependencia estatal encargada de velar por los derechos de las mujeres en Chihuahua, demande a uno de sus compañeros por violencia institucional, exactamente el Día Internacional de la Mujer, no sólo deja mal parado al grupo gobernante, sino que echa por tierra los avances presumidos a lo largo de la gestión de César Duarte.
“La mejor manera de conmemorar este día es incorporando esta perspectiva de género en nuestro quehacer cotidiano para fortalecer los derechos y la participación de las mujeres en todos los ámbitos”, dijo Saldaña en la presentación de la denuncia y acusó al responsable de la política social del gobierno de Chihuahua de carecer de “sensibilidad de perspectiva de género y (de) no haber aplicado el Programa Interinstitucional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sus obligaciones en esta materia… ”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 9/III/16).
“Son actos constitutivos de violencia; es obligación del Estado prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en atención a que en este trámite se reclaman cuestiones que han venido afectando su integridad física”, agregaría.
No tuvo que ir muy lejos por la respuesta, ni, tampoco, esperar mucho. 
El dirigente de los diputados locales del PRI en el Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa (perdón, pero no falla, es un permanente contribuyente de la picaresca mexicana) descartó la posibilidad de la existencia de “violencia institucional”, al tiempo que catalogó la denuncia como un asunto “mediático”, y se instaló como un instrumento de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, pues afirmó que “… Habría que ver cuáles son los motivos que han movido a la licenciada Emma Saldaña a estas actitudes en contra de las instituciones que se supone que ella misma representa… Hemos visto las actitudes de la licenciada Saldaña, poco serias, poco congruentes; aquí vino y nos tildó de faltos de institucionalidad con el tema de los códigos, pero nunca vimos una respuesta real, institucional de la licenciada en este tema”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 9/III/16).
Bueno, pero falta, aún, ver cual sería la respuesta del titular del Poder Ejecutivo en Chihuahua, la denuncia de Ema lo obliga a, por lo menos, anunciar la separación temporal, o no, del secretario de Desarrollo Social.
¡Híjole, qué conmemoración!

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lunes, 7 de marzo de 2016

Asuntos pendientes


Mega Radio Juárez, 7 de febrero de 2016
Luis Javier Valero Flores
 Las declaraciones de la mujer que la semana anterior apareció como hija de Joaquín Guzmán Loera -‘El Chapo’- son espeluznantes, desnudan al régimen político y descalifican el “combate a las drogas” que los gobiernos de la república han emprendido a partir de la década de los 70’s del siglo pasado.
Casi medio siglo después, la derrota de esa política es completa, pero las secuelas de ella son inmensamente dolorosas, Juárez es emblemático en ese sentido, aquí, las decisiones de los gobiernos y de las dirigencias del crimen organizado se han traducido en muerte, dolor, tragedias inconmensurables, degradación social, incremento de las adicciones y en la desesperanza de la juventud.
Ahora, por las informaciones aparecidas la semana anterior, en la que se da cuenta del involucramiento de personajes del crimen organizado en varios municipios de la sierra y del occidente de Chihuahua en la designación de candidatos del PRI, se ha llegado a lo que se antojaba inconcebible, el de mencionar por sus nombres y sobrenombres a varios de ellos, algo que era, sólo, del conocimiento público en esas regiones, particularmente en los municipios de Bachíniva, Balleza, Batopilas, Buenaventura, Chínipas, Gran Morelos, Guachochi,  Guazaparez, Namiquipa, Rivapalacio, Urique y Uruachi, en los que han impuesto  un control sobre la población, por encima de las autoridades, que ahora llega hasta la pretensión de amenazar a los precandidatos del partido oficial, que no son de su agrado, a fin de que desistan de sus aspiraciones.
Lo mismo hacen con el resto de los partidos, las medidas son suficientemente  intimidatorias como para que alguien las desoiga.
Por eso es lo preocupante lo que está ocurriendo alrededor del Chapo Guzmán. Está presionando a los gobiernos de México y Estados Unidos a fin de obtener una disminución sensible de las penas a compurgar, en el caso de Estados Unidos, a cambio de la entrega de una inmensa cantidad de información. Muchos piensan que lo importante de ella sería la lista de los políticos involucrados.
Puede no ser cierto eso, al gobierno norteamericano, por supuesto que le interesaría, pero más que nada, para ellos es vital tener la información total de quienes son los principales traficantes del total de las drogas, para obtener el control absoluto (o el mayor posible) sobre el trasiego de estupefacientes hacia su país, así como el del control sobre el contrabando de armas y sustancias precursoras de las drogas.
Sabedor de ello, Guzmán pretende negociar su extradición y disminuir su permanencia en la prisión y, ¿Por qué no? hasta la de convertirse en “testigo protegido”, en libertad.
De ahí sus amenazas, para, en el caso de México, negociar la no extradición, la disminución de sus penas (de manera soterrada) a cambio de no dar a conocer la mentada lista de políticos involucrados en el narcotráfico.
En cualquiera de los dos escenarios, los miles de muertos, heridos y saldos que nos dejó -y nos deja- la guerra de las bandas criminales y la supuesta guerra del gobierno contra ellas, se convertirán, solo, en asuntos pendientes.

Por eso, determinar si la hija, es o no auténtica del Chapo Guzmán es irrelevante, lo importante es que el mensaje que transmite es el mismo que días atrás los abogados del capo: O lo tratan mejor, o revela los nombres de los políticos a los que les financió las campañas, y algo más.

domingo, 6 de marzo de 2016

Ominoso silencio

El Diario, 6 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
CAPÍTULO IV. DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. 
El lunes, en el curso de la presentación del informe de Ema Saldaña al frente del Instituto Chihuahuense de la Mujer ocurrió un gravísimo incidente.
No se trata, como muchos pudieran catalogar, (al fin y al cabo, ya ven como son escandalosas las mujeres) como un asunto intrascendente. 
Todo lo contrario, pudiera ser el principal mentís a la actuación de la presente administración estatal en materia del combate a la violencia ejercida contra las mujeres y se convertirá, al paso de los días, si no actúan de manera distinta a la ahora adoptada, en un pesado baldón para el gobierno de Chihuahua.
En el informe, “La activista Luz Estela Castro Rodríguez denunció a nombre de todas (las organizaciones de mujeres y derechohumanistas presentes en el acto), la violencia que ha ejercido el secretario de Desarrollo Social estatal, José Luis García Rodríguez, contra (Ema) Saldaña Lobera”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 1/III/16).
La denuncia pública fue ratificada por la funcionaria. Ema Saldaña afirmó “que desde que asumió el cargo, -García Rodríguez- no ha cesado de gritarle en público y llegó hasta jalonearla porque no estaba de acuerdo con las políticas implementadas y porque ella cuestionaba apoyos del DIF estatal, que no cumplía para apoyar a niños y mujeres víctimas de violencia”.
Interrogado el Secretario, se mostró sorprendido por los señalamientos y afirmo que “no hay por parte mía ni de ningún otro funcionario ninguna presión hacia la directora del instituto, y tendré que conocer cuáles son los motivos por la expresión que se acaba de dar…”. (Idem).
Estremecen las descripciones de la violencia ejercida por el funcionario encargado de instrumentar todas las políticas sociales, y de reconstrucción social, del gobierno del estado, en contra de la funcionaria -de la misma administración-  encargada de aplicar todas las políticas gubernamentales para combatir la violencia y la discriminación en contra de las mujeres. Es la peor de las contradicciones y las paradojas del gobierno estatal en su recta final.
Ema afirmó que “José Luis García le gritó en varias reuniones con funcionarios federales y estatales del sector social, como el delegado de la Sedeso, cuando ella cuestionó la inoperancia del plan de intervención tras el asesinato del niño Christopher Márquez Mora, en mayo del año pasado, debido a que no estaba planeado con perspectiva de género y humanización”. (Nota de Patricia Mayorga, Proceso, 28/II/16).
“… Yo no soy responsable de que las cosas no se cumplan (…) es una larga historia. Incluso con anterioridad solicité al propio Secretario General (de Gobierno), Mario Trevizo, no tener contacto con este funcionario (García) y le pedí expresamente que no quería que acudiera hoy al informe, pero sí vino”. (Idem).
Ese asunto podría ser el que desencadenó lo que ahora denuncia la funcionaria llegó hasta el Congreso del Estado, en el que se hizo un exhorto al DIF (cuya presidenta es la esposa del gobernador Duarte, Berta Gómez) para “que cumpliera con ese acuerdo (el de planear las acciones con perspectiva de género y humanización) y la situación molestó al secretario”. (Ibídem). 
Probablemente el roce se presentó por la cercanía de José Luis García con la Sra. Gómez y la insistencia de Saldaña.
No es el único ingrediente, el esposo de ésta, Sergio Granados, fue Secretario de Gobierno con Reyes Baeza y actualmente es el coordinador de la campaña de Lucía Chavira, precandidata única a la alcaldía de Chihuahua, esposa, a su vez, de Marco Adán Quezada, quien, según cuentan, en la audiencia en la que la fiscalía se desistió de las acusaciones penales en su contra por el caso del Aero Show, estuvo recibiendo mensajes de texto del dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, para corroborar que efectivamente se estaban desistiendo de la acusación.
Así que a los ribetes propios del asunto, se le añaden éstos de carácter político, del enfrentamiento entre el actual gobernador, César Duarte, y el exgobernador Baeza, que durante largas semanas del actual sexenio ocupó la atención pública, y que ahora se ha dejado de lado por la necesidad de enfrentar sin diferendos la campaña electoral.
Por ello, seguramente, Saldaña no ha resuelto si presentará una denuncia formal “Es algo que tengo que pensar, es algo que me he cuestionado, que yo he entrado en mis procesos silenciosos, dentro de mí, Emma Saldaña, y digo: Yo me he dedicado a la defensa de las mujeres, he trabajado en contra de la violencia, y si yo hubiera visto, de verdad, a una mujer que le hacen lo que a mí me hicieron, yo me hubiera visto obligada a defenderla”.
Y ese es el meollo del problema ¿Cómo quedan, ante la sociedad, los funcionarios públicos involucrados en este conflicto, si en lugar de actuar como se le aconseja a las mujeres violentadas, agredidas (en cualquiera de sus acepciones), en este asunto se deja de lado?
Lo que sorprende aún más es el ominoso silencio de los principales funcionarios del gobierno estatal que, tanto por la gravedad de las acusaciones, como por la calidad de la receptora de las agresiones (funcionaria del mismo gobierno y encargada del Ichimu) ni siquiera se haya emitido el menor pronunciamiento ni el anuncio del inicio de una investigación, que le esclarezca a la sociedad chihuahuense algo que de suyo es altamente preocupante y que ya mereció la atención de algunos medios de comunicación de difusión nacional, como el programa de Brozo, de Televisa, en el que la feminista Martha Lamas, consejera del Ichimu, ratificó lo que había declarado acerca del informe de Saldaña: 
“Yo nunca había estado en un informe tan atípico en el que a los funcionarios se les dice en su propia casa sus verdades. El secretario de Desarrollo Social ha estado bastante grosero con ella. Fue muy valiente que (Emma Saldaña) denunciara eso y lo del juez golpeador. Es un informe democrático e inédito. Es un mensaje fuerte de una persona que ha estado trabajando y que reconoce que puede hacer su trabajo gracias al Movimiento de Mujeres”.
En el informe, Saldaña relató que César Duarte, conociendo su actividad previa en la agrupación “Fátima”, dedicada a la atención de víctimas del virus del VIH, decidió aprovechar “que el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas dejó preparados los Centros de Justicia para las Mujeres (que son parte de la sentencia del Campo Algodonero) que se implementaron en esta administración” e invitarla a dirigir el instituto, “se arriesgó a ponerme”, dijo, con lo que se logró que Chihuahua sea la única entidad en el país que cuenta con esa infraestructura, como consecuencia del asesinato de Marisela Escobedo, cuya muerte, sostuvo, “generó políticas de género” en Chihuahua.
Presente en el acto, Lorena Cruz, directora del Instituto Nacional de Mujeres, elogió abiertamente el desempeño de la titular de la dependencia local, así como al “Movimiento de Mujeres de Chihuahua”, al que catalogó como “el más influyente en el país”, con lo que el asunto debiera convertirse en tema de esa dependencia, si existe la congruencia, y como método para prevenir la perpetuación de la violencia contra las mujeres, en cualquier ámbito de la vida social de Chihuahua.
Al día siguiente de la publicación de las notas informativas de la periodista Patricia Mayorga, el portal digital Laopción. com.mx, sin que viniera al cuento, publicó una nota en la que señaló que Mayorga pudiera estar envuelta en “líos judiciales” a raíz de que es una de las firmantes de la solicitud de un amparo, en el litigio que sostienen distintos periodistas, miembros del Colegio de Periodistas, acerca de la legítima representación de esa agrupación, en lo que pareció más un intento de desacreditar el trabajo realizado por la reportera, que de señalar un delito específico cometido por ésta, pues el portal adujo, para sustentar su dicho, que Mayorga habría mentido ante una autoridad judicial, por las cosas que se argumentan en el amparo señalado, lo que desató una andanada de críticas en las redes sociales y una manifestación de las organizaciones de mujeres, en la que pidieron la renuncia del Secretario García, además de deplorar la publicación del mencionado digital.
Siendo, por tanto, un asunto que pone en entredicho lo hasta ahora realizado por la administración estatal, sorprende el silencio, porque, a pesar de todo, de los diferendos de Saldaña con García, con el magistrado Filiberto Terrazas, acusado de violencia doméstica -y de pasada, por este asunto, con el Poder Judicial- así como con Héctor Murguía, entonces alcalde de Juárez, (a quien acusó de ejercer violencia de género en su contra, a lo que Murguía respondería que “solamente una persona sumamente desequilibrada puede pensar que se trata de un conflicto de género”), el Gobernador Duarte la ha sostenido en el cargo.
Y, además, porque es muy grave lo sucedido; porque el mensaje enviado a las mujeres de Chihuahua es que si a la titular de la dependencia encargada de combatir la violencia contra ellas le sucede lo aquí relatado ¿Qué pueden esperar las más humildes chihuahuenses?

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jueves, 3 de marzo de 2016

Licencias

El Diario, 3 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
¿Cuáles son los argumentos válidos para pedir licencia a un cargo de elección popular? Al cúmulo de privilegios de la clase política debemos sumar este, cuya frecuencia hace que pareciera adquirir carta de legitimidad.
Sus consecuencias son tan importantes que debemos obligar a la clase política (por puritita casualidad, la encargada de legislar) a poner limitantes a la exagerada discrecionalidad para acceder a un cargo de elección popular y que a la vuelta de cualquier cambio político o burocrático, lo dejan para ir en pos de una mejoría en cualquiera de los dos ámbitos.
Abruman las licencias solicitadas por un sinnúmero de funcionarios de elección popular que, al calor de las contiendas electorales, intentan llegar a la siguiente posición, en lo que erróneamente se le ha dado en llamar “carrera política”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó hace ya bastantes años -quizá en la década de los 90`s del siglo anterior- que poseer un cargo de elección popular y buscar otro del mismo carácter no violaba regulación alguna, que formaba parte de los derechos de los ciudadanos ubicados en tal circunstancia.
Lo resolvió a partir de un litigio planteado por el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Ronk, quien se inconformó contra una reforma electoral en la que la legislatura de Baja California, para evitar el “chapulineo” (término usado para describir como los miembros de la clase política, “saltan” de un puesto a otro) aprobó que los candidatos a los puestos de elección popular no podían ocupar otro cargo público, obtenido por esa misma vía.
Quizá ya sea tiempo de que los organismos electorales -y, sobre todo, la sociedad- revisemos de nueva cuenta tal resolución; lo que hoy presenciamos es un verdadero escándalo.
Y si bien prevalece el criterio anotado anteriormente, lo lógico es que se le impusieran, por lo menos, algunas limitantes a las solicitudes de licencias -esto es, a la intención de separarse del cargo público para el cual fue elegido por los ciudadanos, confiados, éstos, se supone, en que era merecedor de su confianza como para otorgarle la custodia de una parte de la hacienda pública-, es decir, que se pueda otorgar sólo cuando el argumento sea de tal manera importante -para el servicio público- que lo haga imposible de negárselo y no sólo atenerse al criterio individual, personalísimo, del funcionario, que puede determinar arbitrariamente cuando puede separarse temporalmente del cargo para el que fue elegido.
Dejando de lado -como ya lo advertimos líneas arriba- el de la búsqueda de otro cargo de elección popular, el colmo podría llegar como en el caso de la diputada local del PRD, Mónica Guerrero, (que probablemente no se registre a final de cuentas, como era su pretensión, a la candidatura a la alcaldía de Chihuahua) el problema es que ella es suplente de Hortensia Aragón -que se separó del cargo para ocupar el de diputada federal, en ambos casos por la vía plurinominal-  y al separarse -si así ocurriera- ese lugar no podría ser ocupado por nadie.
Más de uno de los lectores podrá argumentar que no hay problema por el hecho de ser de representación proporcional (plurinominal, en la jerga popular), pero no es así, los ciudadanos que votaron por los candidatos a diputados locales de cada partido, al hacerlo estaban, también, optando para que un número determinado de los candidatos de las listas plurinominales accediera a la diputación.
Sí, cuando el ciudadano vota por diputados, en realidad está haciéndolo en dos sentidos, el particular, el voto por el candidato de mayoría relativa (el del distrito) y por la lista del partido, que es una definición a favor de las propuestas, programa de gobierno y posturas del partido que postula a esos candidatos.
Y si los funcionarios dejan su cargo, en la práctica le están haciendo un fraude a su electorado. De ese modo, uno de los obstáculos para otorgar licencias debería ser que no se puede otorgar si el cargo quedara acéfalo.
Ese es un escenario, el otro, por lo menos aparecido en esta campaña, es el de cómo se puede otorgar una licencia a un funcionario de elección popular si éste decide solicitarla para asumir un cargo partidario, o la conducción de una campaña electoral (como es el caso del alcalde Javier Garfio, coordinador de la campaña de Enrique Serrano) o, en otro escenario, el de que no se puede otorgar si al hacerlo se vulnera seriamente el principio de la división de poderes, como fue el caso del magistrado presidente del STJ, José Miguel Salcido.
Debiera existir una valoración legal acerca de la pertinencia de tal licencia, que determine que la nueva tarea es superior jerárquicamente, desde el punto de vista de las responsabilidades frente a la sociedad.

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