jueves, 29 de septiembre de 2022

Sin otra que hacer La inutilidad de las propuestas legislativas


 

El Diario, 29 de septiembre de 2022

 Luis Javier Valero Flores
“Para honrar a la comunidad de cabalgantes de todo el Estado que cada año se congregan para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, la diputada Ivón Salazar Morales (PRI) propuso declarar el 14 de septiembre como el Día Estatal del Cabalgante en Chihuahua”. (Nota de César Lozano/El Diario, 27 septiembre 2022).
Con estas palabras, la legisladora Salazar se sumó a la un sinfín de ancestros suyos en los quehaceres legislativos que año con año, a falta de otras propuestas legislativas que debieran elaborar y proponer, por si nos faltaran normas por aprobar, lanzan iniciativas como la mencionada, la que tiene el inconveniente, por añadidura, el de que se propone a partir de un hecho histórico, como lo fue el inicio de la Revolución  Mexicana, que tiene su origen en el poblado de Cuchillo Parado, del municipio Coyame del Sotol.
Independientemente de la discusión generada en el quinquenio anterior acerca del origen del conflicto armado.
La legisladora dijo que, “un punto de encuentro, de coincidencia, que a través del tiempo y del espacio nos mantuvo unidos a pesar de las circunstancias” fueron“los caballos”, que, con motivo de esa fecha era la oportunidad para efectuarles un homenaje a quienes al paso de los años han mantenido esta tradición.
Y como si fueran los tiempos en los que sobran los recursos económicos para homenajear, entregar recompensas y estímulos a distintos actores sociales habló de qué se establecerían tales premios para quienes desarrollan estas actividades.
Sin embargo, con la celebración de este día, podrían sumar decenas las de las fechas que se han propuesto, por diversos legisladores, de distintos partidos políticos para conmemorar la más variada gama de actividades, que no tienen más trascendencia que la de la discusión alrededor de la propuesta y la que se genera, acaso, algunos meses más tarde.
Y es todo.
La iniciativa de la legisladora priísta nos hace revivir una antigua propuesta:
La de cambiar el sentido, contenido, duración, emolumentos, y acaso hasta los mecanismos de elección de los legisladores locales, para ubicarnos en la realidad reclamada por no pocos mexicanos, que deploran y les lastiman los elevados ingresos y prerrogativas de los legisladores, que año con año evidencian la inutilidad de su quehacer durante la mayor parte del tiempo.
¿Por qué no disminuir a la mitad el salario de los diputados?
¿Por qué no disminuir el número de días que deban laborar y con ello les permitiera desempeñarse, a lo largo del año, en sus actividades cotidianas como integrantes de la sociedad sin privilegios?
En algunos otros países, los legisladores, los regidores, los síndicos  desempeñan sus trabajos sólo en una parte menor del año, y existe la legislación necesaria para que los empleadores les otorguen todas las facilidades necesarias a fin de qué puedan desempeñar la función pública para la que fueron elegidos, en la época que deban hacerlo.
En muchos países, no tienen más privilegios que los de las responsabilidades públicas desempeñadas y están muy lejos de la vida de privilegios que tienen los funcionarios públicos mexicanos.
En varias ocasiones hemos propuesto que los ingresos totales de los legisladores locales sean semejantes, por ejemplo, a los obtenidos por los catedráticos de tiempo completo de las universidades públicas, los que para llegar a ese nivel tuvieron que acreditar un largo desempeño académico y docente y sus ingresos, no rebasan, en promedio, los 70 mil pesos mensuales.
En cambio, los legisladores locales, muchos de ellos sin preparación académica más allá del nivel de bachillerato, -aunque en los últimos años eso ha empezado a cambiar- obtienen ingresos directos de más de 100 mil pesos al mes a los que se les agregan algunos arrimadijos que los llevarían, en algunos casos, como los presidentes de las comisiones o los coordinadores parlamentarios, los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado, a tener ingresos extras superiores a los 50 mil pesos.
Todo eso debiera cambiar, significaría, esa sí, una profunda transformación de la vida democrática del país pues llevaría a que la clase política dejara de catalogar la función pública como el mecanismo para elevar su nivel de vida, y nada más.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)
*Columna de Plata-APCJ 2008, 2015, 2017 y 2022

domingo, 25 de septiembre de 2022

Después del “Alito fair” ¿Sin opción la oposición?


 


 

Agradezco a los compañeros de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juarez (APCJ), y a su directiva, el honor de haber premiado al artículo “La Tarahumara sí tiene ley, la del crimen organizado”, como el mejor de 2021-2022 y entregarle al escribiente la Columna de Plata, que año con año premia a lo mejor del periodismo fronterizo.

Debo agradecer a los lectores de este espacio, y a Osvaldo Rodríguez Borunda, Director General de El Diario, por hacer de esta cadena periodística mi segunda casa y ofrecerme la hospitalidad necesaria para publicar en el medio líder de Chihuahua, de manera regular y sin cortapisas, mis opiniones.

Por supuesto, también agradezco a toda la plantilla de periodistas que día a día, sin pausas, hace posible la aparición cotidiana de El Diario.

Por último, pero no menos importante, al enorme pueblo de Chihuahua, principal responsable de que lo anterior sea realidad.

El Diario, 25 de septiembre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

A casi dos años de que tome posesión de su cargo el nuevo presidente de la república, si las elecciones ocurrieran el día de hoy, Morena y sus aliados estarían colocando a uno de sus miembros en la silla presidencial.

Pero no solo, Morena va adelante en la mayoría de las encuestas, en la mayor parte de las entidades en que se efectuarán elecciones estatales entre 2023 y 2024, además de ir adelante en las preferencias en las elecciones a diputados federales y senadores.

Al día de hoy, todo parece encaminarse a una aplastante victoria de los morenistas y sus aliados.

No todo está resuelto, los acontecimientos políticos -a pesar del enorme peso del partido en el gobierno, y de la indudable popularidad del presidente López Obrador-, y como ha ocurrido en otros momentos y otras latitudes, aún pueden presentarse algunos acontecimientos -no solo de carácter político- que podrían incidir en el curso de la próxima elección.

Tales fenómenos pueden presentarse en uno y otro sentido, disminuyendo o aumentando la ventaja del morenaje nacional, como el del sorpresivo viraje del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien pasó de ser opositor a la exacerbación del carácter militarista pretendida por López Obrador, a no solo panegirista, sino rabioso promotor de la ampliación del uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

Con ello, los posibles escenarios rumbo al ’24 cambiaron radicalmente y de la noche a la mañana, las elevadas expectativas que los dirigentes de PAN y PRD sufrieron un descalabro mayor.

No se abona una nueva reflexión cuando se plantea que la única posibilidad de la oposición es impulsar a un solo candidato a la presidencia de la república; y si lo anterior rifa para la disputa presidencial, no se diga en el caso de diputaciones, senaduría y gubernaturas.

Se antoja harto difícil, para la oposición, lograr esa meta, pero es su única alternativa y, quizá, para muchos mexicanos que se han tropezado con la ingrata realidad de la enorme decepción causada por el gobierno, y por el desempeño del presidente.

Y ahora sabemos, por uno más de los excesos verbales del presidente, que la iniciativa de ley no fue elaborada por quien se ostentó -a lo largo y ancho del país- como su autora, una diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, quien propuso “prolongar el periodo mediante el cual la guardia nacional estaría encargada de la seguridad pública.

El presidente, al hacer el berrinche de no haber logrado mayoría calificada para aprobar su propuesta, informó que la “volvería a enviar a la Cámara”, lo que reveló que la supuesta autoría de esa propuesta les corresponde enteramente a los de Presidencia de la República y que, por tanto, una buena parte de las explicaciones al sorpresivo viraje del dirigente del PRI, tienen como fondo las inconmensurables amenazas lanzadas por el oficialismo en sus contra.

Seguramente que las próximas encuestas, realizadas después de la “traición de Alito”, van a mostrar un descenso en las preferencias por el PRI pues una parte de ese electorado podrá estar migrando en sus preferencias electorales al Partido Acción Nacional, y a lo mejor otro segmento, que se antoja muy fuerte, podrá migrar, ya sin pruritos, a Morena.



De esa manera, se perfilan los escenarios rumbo a la elección presidencial del 2024, en el que el PAN, aparentemente tendrá como aliado solamente al PRD.

Y eso se debe a que, si antes de la votación en la Cámara de Senadores sobre esa misma propuesta se apreciaba una profunda división en el PRI, luego de la derrota de la propuesta del presidente en la cámara de senadores, a consecuencia de no alcanzar la mayoría calificada, ahora es más nítida la división al interior del PRI y, por tanto, la disminución de su importancia electoral.

Así, se abre la posibilidad, de que Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, pudiera perfilarse a buscar una alianza con el PAN.

En este escenario, tiene menor importancia un aspecto que en los últimos días ha tomado mayor relevancia, que es la posibilidad de las fracturas al interior de Morena, en el caso de que Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard reaccionaran con molestia frente a la presunta designación de Claudia Sheinbaum o, incluso, la de Adán Augusto López.

Sin embargo, deberá notarse que el electorado de MORENA, lo es del presidente López Obrador, las simpatías que despiertan las siglas y los colores del partido del presidente van muy atrás de las simpatías que mantiene el presidente López Obrador, de tal manera que se puede presumir, no sin sustento, que las previsibles conductas insumisas, ya sea de Monreal, o de Marcelo Ebrard no harán mella en el gran conjunto de las preferencias electorales del partido gobernante en México.

Así, adquiere mayor importancia lo que el principal partido de oposición, el PAN, hará en los próximos meses, entre los cuales está la posibilidad de qué postule como precandidatos a algunos de sus gobernadores, y especialmente, de la mayor importancia para los chihuahuenses, la de la gobernadora Maru Campos, quien ha expresado, en más de una ocasión, y no sin subterfugios, que la posibilidad de la candidatura es un tema atractivo para ella.

Tal escenario abre un sinfín de alternativas en la disputa por los cargos que estarán en juego en el ámbito local, en ese mismo año del 2024. 

Si Maru solicitase licencia para buscar la candidatura presidencial, y que la lograra, entonces el Congreso del Estado deberá nombrar al Gobernador Provisional, y como el PAN tiene la mayoría parlamentaria, lo podrá designar sin mayores problemas.

Pero ese no es el avatar más importante que enfrentaría el grupo gobernante en Chihuahua. 

Tendría que arrostrar la solidez de las preferencias electorales de Morena en Chihuahua (con todo y que AMLO tenga aquí uno de sus peores lugares en calificaciones) además de las consecuencias de varios errores cometidos en el desempeño del actual gobierno, algunos de los cuales les han causado una importante disminución en las calificaciones que los chihuahuenses le otorgan a la primera mujer gobernante en la entidad, 

Todos los escenarios electorales pueden cambiar con la aparición de algunos fenómenos, eventos, circunstancias, pero evaluando en el momento actual, es casi una cosa común, coincidente, en que las calificaciones hacia el gobierno de Maru Campos no gozan del mejor momento. 

En los últimos meses varios eventos han venido acumularse, y han generado, crecientes niveles de rechazo, o de crítica a la actuación de la gobernadora, entre ellos el asunto de las placas, la amenaza de qué se detendría los vehículos que no hubiesen hecho la adquisición de ellas, el tema de los uniformes, y de sus elevados costos, en el Colegio de Bachilleres.

No parece ser una buena decisión, máxime que se rumora el hecho de que el PAN empezará a efectuar una serie de actos en los que placeará a los más fuertes aspirantes, entre los que está la gobernadora Campos.

Contrariamente a lo que piensan muchos en el PAN, el escenario no aparece favorable para su partido en las elecciones locales, MORENA y sus candidatos gozan de preferencias más o menos altas, por supuesto que no son derivadas de su trabajo y de su influencia local, sino de las simpatías despertadas por el presidente.

Pero que al final se podrán contar… en votos.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

*Columna de Plata-APCJ 2008, 2015, 2017 y 2021-2022

jueves, 22 de septiembre de 2022

La zona más segura de Chihuahua



El Diario, 22 de septiembre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

¡Híjole! Asombra que algunos de los gobernantes pierdan la proporción, tanto del lugar en el que ejercen la función, como de la pretensión de pintar un escenario por demás alejado de la realidad.

Ejemplos sobran en el ámbito nacional, ahora y siempre.

Ahora tuvimos nuestra probadita en el ámbito local: “La Sierra es la zona más segura, quizá del mundo”.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, aseguró que la presencia de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno hace de la Sierra Madre ‘la zona más segura, quizá del mundo’, a la que siguen acudiendo miles de visitantes”. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Chihuahua, 21 septiembre 2022).

¡Avísenle al mundo que en nuestra entidad se encuentra el macizo serrano más seguro del planeta!

Y, por favor, también notifíquenle a los habitantes de La Tarahumara… ¡Ah! Y también al “Chueco”, a sus compañeros y la buena cantidad de delincuentes que en distintos momentos y etapas, cada que lo deciden, se aparecen y son capaces de mostrar, también al mundo, su poderío, al tiempo que le envían, también al mundo, que acá tenemos el enorme privilegio de contar con la zona más segura de todo el orbe, según lo declarado por Don Edibray.

¡Díganle también a los habitantes de Mónaco y Liechtenstein, ambos con una tasa de 0 por cada 100 mil habitantes y ningún fallecido; Singapur con una tasa de 0.2; Japón, 0.3 e Islandia, con una tasa de 0.3. O si se quiere confrontar con algún país parecido, Chile tiene una tasa de homicidios de 3.1!

Y es que hasta el 20 de agosto, “mil 464 personas habían sido asesinadas en el estado, de las cuales, mil 293 víctimas son hombres y 171 son mujeres”. (Nota de la redacción, El Diario, 21/09/22).

Si esas cifras se proyectan al año, resultará que, como ha ocurrido con demasiada frecuencia a lo largo de más de tres lustros, la tasa de homicidios en Chihuahua rebasa esos parámetros pues podríamos terminar el año con una tasa de 55.5 homicidios por cada 100 mil chihuahuenses de tal modo que aventurarse a tratar de presumir que en la entidad existe el mejor clima social que nos lleve a esas muy fantasiosas declaraciones, en realidad logra el efecto contrario, es decir, el de que por irreales hacen que no por ellas se incremente el flujo turístico a Chihuahua.

Además, por si fuera poco, luego de los muy lamentables y muy conocidos asesinatos de los sacerdotes jesuitas y el guía turístico de hace unas semanas, en Cerocahui, cuyo principal sospechoso aún continúa prófugo, y luego de que en el ínterin fueron detenidos -tanto por las fuerzas estatales, como federales- varios presuntos delincuentes, lo que despertó las muy justificadas críticas a lo que todo mundo calificó como el muy deplorable estado de la seguridad pública en amplias zonas de la Tarahumara.

De ahí que las declaraciones del responsable del turismo en el estado no tienen justificación alguna.

No es por ahí.

Y es que si, además agregamos algunos datos de la actual situación por la que atravesamos, entonces deberemos reflexionar acerca de la urgente revalorización de la estrategia de la seguridad pública en el estado pues no obstante que desde el ascenso del nuevo grupo gobernante en Chihuahua, las relaciones con los funcionarios federales  de las áreas de seguridad, acreditados en Chihuahua, han mejorado ostensiblemente en relación al gobierno de Javier Corral, sus efectos no parecen reflejarse en el mejoramiento de los índices delictivos.

Al contrario. Nos mantenemos en el grupo de seis entidades en las que se presentan la mitad de los homicidios en el país.

Solo algunos trazos: De acuerdo con el Monitor de Seguridad de Coparmex, 86.5 empresas, de cada 10 mil existentes en la entidad, registraron un robo en 2021.

Más. “Con al menos 21 víctimas dolosas, agosto se convirtió en el mes más letal para las mujeres en Ciudad Juárez durante los últimos 27 meses”. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario de Juárez, 2/09/22).

“Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y seguimientos periodísticos, hasta ayer sumaban 96 mujeres asesinadas durante 2022 en Juárez y el Valle…). (Ibídem).

Y si bien esos son muy fríos datos, hay otro escenario, igualmente doloroso, el de las personas y comunidades -sobre todo de la sierra- víctimas de otra consecuencia de los elevados niveles de violencia, que es el del desplazamiento del que en Chihuahua se estima existen “al menos mil 703 víctimas, La Comisión Estatal de Víctimas del Estado tiene registro de desplazamiento forzado en 56 comunidades de municipios chihuahuenses -todos en la Tarahumara-”. (Artículo de Heidi Segovia Luján, “El desplazamiento forzado interno en Chihuahua, El Heraldo de Chihuahua, 14/09/22)

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domingo, 18 de septiembre de 2022

Falsa disyuntiva: Apoyarse o no en la GN



  • La transferencia de la GN trastocará sensiblemente diversos aspectos centrales de la vida pública
  • La discusión no es si los militares coadyuvan, o no, en la seguridad pública; es si son los responsables
  • Debe ser responsabilidad de las autoridades civiles
  • Apretones presidenciales a los gobernadores
  • La gobernadora chihuahuense, Maru Campos, se mantiene. No deben transferirse funciones a los militares
  • AMLO quiere guardar vino nuevo en odres viejos
  • El colmo, llama a la “paz mundial” mientras le da a su gobierno el giro más militarista de los gobiernos postrevolucionarios

El Diario, 18 de septiembre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Les pedimos disculpas a todos los lectores, debido a la insistencia en el tema abordado recurrentemente a lo largo de las últimas semanas, -la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)- y no reflexionar sobre temas importantísimos de la agenda local, como el del primer año de gobierno de Maru Campos.

A criterio del escribiente esa transferencia será el tema por el cual será recordada, preferentemente, la denominada 4T.

Es de la mayor importancia. Trascenderá más allá de la actual administración y, probablemente, por lo menos, las dos siguientes, independientemente del rumbo que se le dé a este agrupamiento y al papel otorgado a las fuerzas armadas.

Lo será, dicho sin ambages, porque llevará a niveles inimaginables la militarización del país y le otorgará a las fuerzas armadas un protagonismo cuyas consecuencias serán difícil de prever.

No son los únicos temas relacionados con ella, por supuesto que en primer lugar se ubica el de la inseguridad y la creciente violencia que hacen estragos en la sociedad mexicana, ante las cuales las estrategias instrumentadas por los gobiernos de la república, desde fines de la década de los 70 del siglo pasado, han fracasado rotundamente, y que el gobierno de López Obrador ha llevado al extremo de que sean las fuerzas armadas las responsables de la seguridad pública en el país, en una vuelta más a la militarización de la misma.

Ahora, de acuerdo con lo aprobado hasta hoy, el principal responsable, operativamente hablando, es el mismísimo Secretario de la Defensa Nacional.

Por supuesto que esta transferencia influirá decisivamente -lo está haciendo- en la elección presidencial del 2024; pero no solamente, toca también, y demarcará, los límites de las facultades de los gobernadores, y de algún modo, también, el de los alcaldes de los municipios más poblados del país, muchos de los cuales están inmersos en un creciente fortalecimiento de la delincuencia.

Y tiene que ver, obviamente, en la distribución de los recursos presupuestarios, lo que tiene como telón de fondo el de la urgente modificación a la distribución de ellos.

Paradójicamente, quienes hoy están en el gobierno actúan más como los gobernantes conservadores del siglo XIX mexicano, que sus antagonistas, los liberales.

Por ello las aportaciones federales a las partidas municipales y estatales destinadas a la seguridad pública han sufrido, sobre todo en el gobierno de López Obrador, una dramática disminución.

Las consecuencias son catastróficas, y lo serán más en el futuro -ya lo son- pues si no contamos con policías de esos niveles de gobierno capaces, equipadas y suficientes, no habrá fuerzas militares que puedan detener la actual oleada criminal… y la que sobrevendrá.

Más contradictorio resulta que el presidente López Obrador, después de haber prometido hacer, el 16 de septiembre, un discurso defensor de la soberanía nacional, emitió uno promotor de la paz mundial, justamente cuando se iniciaba, bajo su mando, el giro gubernamental más militarista de la época moderna.

A todo ha recurrido el presidente. Ahora a presionar a los gobernadores, ante lo cual, la mayoría se han allanado, en tanto que la chihuahuense, Maru Campos, quien sin desestimar el apoyo federal, planteó, así fuera tenuemente, su oposición a la transferencia de la GN: … mientras haya miedo y esta situación de inseguridad que nos rebasa a todos, por supuesto que se necesita”, dijo.

Y es que, prácticamente en todas las entidades lideresas en la incidencia delictiva la presencia de las fuerzas militares es muy importante, y no solo eso, sino decisiva, a condición de que se mantenga la preeminencia de la conducción civil.



No hay peor ejemplo del cómo actúan los jefes militares que el escenificado por el jefe de la zona militar, el Gral. Jorge Juárez Loera -quien llegó a ocupar el 3o. lugar de la jerarquía militar- en los primeros días del Operativo Conjunto Chihuahua: En esos días, se efectuó una reunión con la presencia de empresarios, funcionarios del gobierno estatal -dirigido por Reyes Baeza-, funcionarios federales y jefes militares.

En su discurso, el Gral. Juárez se dirigió con estas palabras al gobernador Reyes Baeza: “Aquí traigo un mazo, señor gobernador, esa es la orden de cateo que usaremos”.

Todos guardaron silencio. 

El ejército mexicano debió retirarse de Juárez en medio del más profundo descrédito y del gigantesco fracaso ante la matazón del 2008-2011. 

Luego llegarían los contingentes de la policía federal. Con ellos las extorsiones y secuestros crecieron a niveles inimaginables.

Juárez se convirtió, con su presencia, y sin ellos, en la ciudad más violenta del planeta. Luego, la capital chihuahuense sería la segunda más insegura en el mundo.

La reforma de la transferencia de la GN es bastante explícita. 

A partir de la fecha, el Secretario de la Defensa Nacional asume el manejo del “activo del Ejército y la Fuerza Aérea”, y ejercerá “el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;…”.

Asimismo, establece que la GN “para materializar sus fines, debe… Intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyuvancia de las autoridades competentes…”.

Además, tendrá como “niveles de mando” al secretario de la SEDENA y enseguida al titular de la Comandancia de la GN. Y si había dudas acerca del papel del jefe del ejército, a él le corresponde “Formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en lo aplicable a la Guardia Nacional, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional…”.

Al titular de la SEDENA le corresponde Ejercer el control operativo y administrativo de la GN…”. Aún más, le propondrá al presidente al Comandante de la misma.

La oposición aprobó la creación de la Guardia Nacional con la condición de que se mantuviera como un cuerpo de vigilancia de carácter civil.



De la debilidad de las fuerzas civiles habla el hecho de que en 24 entidades hay más soldados, marinos y guardias que policías. (Nota de Rafael López, Milenio, 14/09/22).

Una investigación de MILENIO revela “que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desdoblado en conjunto a 192 mil 831 militares a lo largo del país, mientras que en las 32 corporaciones estatales se desempeñan 193 mil 890 agentes.". (Ibídem).

En esas entidades se encuentran las 6 con los más altos índices delictivos, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Baja California, Guerrero y Chihuahua.

Asombran Jalisco y Sinaloa, estados en los que, en el primer caso, las fuerzas federales son el triple de las estatales. 

Peor está Sinaloa, gobernado por Morena, en el que casi sextuplican a los policías del estado!

En cambio, en Guanajuato, con gobierno panista, “catalogado como el estado más violento del país”, las fuerzas federales son una vez y media mayores a las locales.

Y Chihuahua, que ha ocupado, junto con Sinaloa y Baja California, los primeros lugares en homicidios a lo largo de los últimos 17 años, las fuerzas federales son tres veces mayores a las estatales, 6 mil 364 elementos federales frente a los 2 mil 121 agentes locales.

Peor está Baja California, entidad gobernada por Morena y en la que hay 7 militares por cada policía estatal!!

Si se cree que la violencia generada por el crimen organizado solo podrá ser detenida si se mantiene al Ejército en las calles por más años, se incurre en un gravísimo error debido a que la violencia en lugares cooptados por el crimen organizado no ha disminuido gracias a la mera presencia del Ejército.

Debe instrumentarse una estrategia adecuada de seguridad pública, que ponga el énfasis en que, para enfrentar a la delincuencia hace falta, sí, atacar las causas sociales, pero también, y más en el momento actual, a las bandas criminales y eso sólo se podrá lograr si se despliega una ofensiva en la que lo más importante sea el uso de las herramientas de la inteligencia policial, la detección y monitoreo de los grupos criminales y el ataque a sus líneas de suministros de todo tipo.

Como ocurre en el caso de Chihuahua, no basta con asignar crecientes recursos a la seguridad pública que, por otra parte, nunca serán suficientes, para tener éxito en el combate a la delincuencia.



De acuerdo con una investigación publicada de El Diario, el gasto en seguridad pública se elevó en “282%... pero no hay resultados. Pasó de mil 444 millones de pesos (en 2008) a 5 mil 518 millones (2020) en más de una década. Sin embargo dicho presupuesto no se ha reflejado en una disminución de los índices de violencia, que se mantienen al alza”. (Nota de David Piñón/Miguel Silva, El Diario, 22/12/19).

Son un fracaso, todos.

No ha habido, en todo el sexenio, frases que desnudaran tanto a la 4T en materia de seguridad pública, como las lanzadas por el diputado panista, Jorge Triana, quien les dijo a los morenistas que, “a lo mejor, no se hicieron las cosas tan mal en el pasado” pues “pusieron (el gobierno de AMLO) al secretario particular de Vicente Fox, como secretario de Seguridad y hoy es el gobernador de Sonora; al Secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox lo nombraron Fiscal General de la República; al jefe de la zona naval de Guerrero, cuando la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, es ahora Secretario de Marina; el delegado de la Policía Federal en el estado de Guerrero en esas mismas fechas, hoy es el Secretario de Seguridad Pública de la Cd Mx, bajo un gobierno de MORENA”, ambos en el gobierno de Peña Nieto. 

Más. Al “titular del Consejo de Seguridad Pública en ese mismo gobierno, lo hicieron Fiscal General de Campeche”.

“Al presidente del PAN, durante las elecciones presidenciales del 2006, y jefe de la logística de la presidencia de la República con Vicente Fox, lo hicieron Comisionado de Servicios de Protección Federal, su nombre es Manuel Espino”.

“Y la cereza en el pastel: A un jefe de sección militar durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto lo hicieron jefe de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio”.

El Ejército lleva dos sexenios en las calles y México sigue devastado por la violencia: 

120 mil muertos en el sexenio de Calderón; 156 mil durante la administración de Peña, hoy casi son 134 mil… En tanto que los chihuahuenses caídos en 15 años rebasan los 35 mil.

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jueves, 15 de septiembre de 2022

Las tareas abandonadas por la Federación



El Diario, 15 de septiembre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Apenas se puede creer. 

La creciente situación de inseguridad en la red carretera, puesta en evidencia a raíz del lamentable accidente ocurrido en Villa Ahumada la semana anterior, con la dolorosa pérdida de 10 personas, hizo que, aunque no dejamos de lado las innumerables tropelías y corruptelas de muchos de los integrantes de la desaparecida Policía Federal, frente a la actual situación se deplora que ya no esté presente.

De ese tamaño es la desarticulación efectuada en los agrupamientos que tenían a su cargo la vigilancia de la red carretera, sustituidos por la Guardia Nacional (GN) a partir del actual gobierno.

¿Que tenían muchos defectos? Por supuesto, ahí están las múltiples experiencias de miles de juarenses, en el más que olvidable período del 2008-2011, en el que, además de sufrir las tropelías del crimen organizado, la población debió enfrentar, también, las perpetradas por integrantes de esa corporación federal.

 Y es que la abrupta disminución de la vigilancia en las carreteras ha contribuido seriamente a la drástica elevación de los accidentes en ellas, así como el del incremento del robo.

El accidente de Ahumada mostró la ausencia de elementos federales encargados del levantamiento de las infracciones en las carreteras, así como los necesarios para efectuar los peritajes de los accidentes.

Ciertamente, como en ese caso, los fallecimientos son del fuero común, sin embargo, es necesaria la participación de las agrupaciones federales para la elaboración de los respectivos expedientes, máxime en casos como el mencionado en los que están de por medio el pago, o no, de millonarias indemnizaciones a los deudos que, de otro modo, no podrán acceder a ellas si hay un deficiente armado jurídico de los casos.

Dígase claramente. Los escasos elementos a cargo del patrullaje carretero no están capacitados, al contrario de sus antecesores,  y ya es una moneda común asentar los bajos niveles de preparación de los elementos de la GN sustitutos.

Como lo asientan prácticamente todos los dirigentes de las organizaciones del autotransporte en el país, los militares que llegaron a la vigilancia carretera, apenas rebasan el nivel educativo básico primario. Lo que podrá encontrar explicación en que aproximadamente la mitad de todos los efectivos de las fuerzas armadas son originarios de Oaxaca, una de las entidades lideresas en los niveles de pobreza en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la desaparición de la Policía Federal, por la  corrupción imperante en ella, no faltaba razón, sin embargo, era mejor intentar su mejoramiento y la limpieza concomitante.

Transcurridos más de 3 años del plazo que originalmente se les había concedido, tanto a los mandos de la GN, como a las autoridades, “… datos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia evidencian que dos de cada tres militares que engrosan la GN no cuentan, hasta la fecha, con la certificación que avale contar con la capacitación y aptitudes necesarias para realizar funciones de policía.

Pese a que ese es un requisito indispensable, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Soldados comisionados han relatado a este medio que les han asignado tareas, como la vigilancia de carreteras, para la que no poseen una capacitación completa.” (Animal Político, 28/06/22).

Abundio Muñoz García, asesor nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), “… señaló que la Guardia Nacional no se ve por ningún lado de la carretera, por lo que se carece de una vigilancia y apoyo en caso de una emergencia. (Nota de Manuel Quezada B./Argelia Domínguez, El Diario, 7/05/22).

En ese sentido, abundan las informaciones en el sentido de que los cursos impartidos a los elementos de la GN “se trata de ‘cursos al vapor’ y que son absolutamente insuficientes para dar una preparación integral y adecuada, sobre todo si se toma en cuenta el bajo nivel académico y de habilidades con el que llegan los militares, casi en su totalidad soldados del menor escalafón”. (Animal Político, 17/06/22).

No te miento, de 650 elementos a los que yo capacité, solo entre 35 y 40 habían prendido una computadora en su vida, y de ellos apenas 10 o 15 con un manejo suficiente.” (Ibídem).

Otro aspecto, y no menor, es el de la violación a los derechos humanos. Chihuahua ocupó en 2021 el primer lugar nacional por quejas “ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional con al menos 20 casos”. (Nota de Javier Olmos, El Diario, 7/12/21).

Nunca será innecesario enfatizar que ahí se encuentra una de las inmensas desventajas de usar a las fuerzas armadas como policías, no están preparadas para eso, y después de más de 3 años la conclusión es que la actual administración federal hizo ¡Menos que las anteriores en estos aspectos!

¡Y quieren 5 años más!

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)

domingo, 11 de septiembre de 2022

La GN a la SEDENA. Contra la razón y la legalidad


 

 

"Son tiempos obscuros en los que un gobierno, que triunfó con consignas de izquierda sobre dos regímenes militaristas y corruptos … Los del PAN y el PRI, impone medidas propias de la extrema derecha y se ufana de llamar conservadores a los pocos críticos qué se le oponen”: Jorge Volpi.

  • Sin razones para justificar la transferencia a las fuerzas armadas, mucho menos para violar los mandamientos constitucionales
  • No hay argumentación sustentada a favor de la transferencia de la Guardia Nacional, el país sigue sumido en el mar de violencia y sangre. Los militares han estado presentes en todo el período
  • ¿Estamos frente a la concreción de que “se vayan al diablo sus instituciones”, lanzado por López Obrador años atrás?
  • Alito, el aliado de AMLO. Lo “tronaron” y puso lejos la viabilidad de la alianza opositora
  • Los “martes del Jaguar”, la picaresca campechana de Layda Sansores, cumplió con su encomienda, una  vez lograda, se suspendieron los ataques
  • No tejieron en el aire, había sustento contra el dirigente priista
  • ¿Se mantendrá la alianza en Chihuahua, a pesar de todo?

El Diario, 11 de septiembre de 2022

Luis Javier Valero Flores 

Aprovechando de la manera más oportunista posible que las fuerzas armadas gozan de la mayor credibilidad en el país, y desentendiéndose de sus obligaciones y sus responsabilidades en materia de seguridad pública, el presidente López Obrador ordenó a los legisladores federales aprobar la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA.

Y como es la marca de la casa, sin cambiarle una sola coma a la propuesta que enviara días atrás, en un giro más del creciente autoritarismo con el que se conduce el mandatario mexicano.

Pero no solo operó con los suyos. 

Y que son muy suyos, a tal grado que el fugaz “insumiso”, Ricardo Monreal, en lugar de votar en contra de las iniciativas presidenciales ¡Se abstuvo!



Como decía la vieja canción de la izquierda de los 60-70’s: Ni chicha, ni limonada. 

A la que le podríamos agregar, “sino todo lo contrario”, como decía el ínclito ex presidente Luis Echeverría, cuyo sexenio y parafernalia tanto añora nuestro presidente López Obrador. 

Después de semanas de un intenso golpeteo en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo venció, echando mano de todas las armas sucias que los regímenes priistas usaron en el pasado contra sus adversarios. 

Hoy, los que son distintos, lo hicieron del mismo modo.

Como si fuera barata, obtuvieron pingües ganancias; no sólo sacaron adelante la legalización de la transferencia de la GN, sino que están a punto de destruir la alianza opositora para las elecciones presidenciales del 2024, objetivo central de la operación lopezobradorista.

Siendo de la mayor importancia tal objetivo, el asunto de fondo, el que sigue creciendo en gravedad, también en la percepción ciudadana, es el de la seguridad pública. Al que López Obrador pretende dar una vuelta de tuerca más a lo iniciado en la década de los 70’s -la militarización de la seguridad pública- y a la que Felipe Calderón le imprimió un mayor ritmo, otorgándole a las fuerzas armadas cada vez más protagonismo.

El gobernante nacido en Macuspana lo ha llevado al extremo, sin analizar si la profundización de esa estrategia es la que podrá enfrentar el creciente empoderamiento de la delincuencia, y adoptando la misma conducta que sus dos inmediatos predecesores, pletórica de irresponsabilidad, complicidad e ignorancia frente a ella.

No sólo comete ese error López Obrador, que podría merecer justificadas críticas, sino que le ha agregado un factor aún más riesgoso: Su desprecio, cada vez creciente, por la legalidad vigente, a grado tal que la preocupación despertada por su frase -“no me vengan  con eso de que la ley es ley”- hoy es más que justificada.

Lo es, por una evidencia incontrastable: Las iniciativas aprobadas que contienen la transferencia de la GN a la SEDENA violan la Constitución General de la República.

Y como su control sobre los ministros de la Corte es, también, creciente, se ha dado el lujo de llamar a los opositores a su propuesta a que “acudan a la Corte”.

No solo esa transferencia no garantiza, de ninguna manera, el éxito en el combate a la delincuencia, sino que boicotea la posibilidad de contar con las policías que necesita el país, competentes, capaces, preparadas, bien remuneradas, etc.

Porque no nos cansaremos de repetirlo, la seguridad pública es responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles, y éstas pueden recurrir a la participación de las fuerzas armadas en esas tareas, pero bajo su mando, en una región y un tiempo determinados, y siempre bajo la vigilancia de la autoridad civil.

Todo eso lo ha trastocado el tabasqueño.

Les va a entregar a los jefes militares una buena cantidad de las facultades que son exclusivas de las autoridades civiles. 

Pueden los militares (concediendo, y mucho) efectuar tareas como la de mantener el control de los aeropuertos, de los puertos marítimos; construir aeropuertos y todas las demás tareas que el presidente la República les ha conferido. Bueno, hasta vacunar.

Pero todas esas tareas, responsabilidades y facultades tendrían que ir acompañadas de dos cosas: La más absoluta transparencia en el ejercicio de los recursos, licitadas todas las obras, bajo concursos transparentes y limpios, factibles de ser observados por los ciudadanos, y por una irrestricta rendición de cuentas.

Nada de eso existe en la participación militar del presente sexenio… 

Bueno, también en los anteriores, pero en aquellos tenían muchas menos tareas y, por tanto, menos recursos que los ejercidos ahora.

Ese no es el peor balance que se puede hacer de la actuación presidencial.

Cada vez es más evidente su desprecio por la vía democrática, lo denota el hecho de que, sabedor de no contar con mayoría calificada para hacer modificaciones en la Constitución, las elude y las viola en una clara transgresión a la vida democrática.

Sí, porque la decisión del constituyente, de imponer una mayoría calificada para aprobar normas trascendentales, tenía como sustento que al hacerlas contaran con un extendido respaldo popular.

Si no cuentan con esa mayoría significa -y no debemos ir muy lejos para entenderlo- que una parte de la ciudadanía le otorgó su confianza a una fuerza política distinta a la mayoritaria, la que puede haber ganado la presidencia, pero que necesita el concurso de los otros para sacar adelante las reformas que merezcan los amplios respaldos.

Eso no lo entiende el presidente.

Un gobierno que se ha caracterizado por tener un mayor alto porcentaje de adjudicaciones directas, superior al de Peña Nieto, ha optado por la vía de declarar de Seguridad Nacional prácticamente toda la obra pública.

Al hacerlo, busca impedir que se conozcan los montos entregados, las empresas beneficiadas, la identidad de sus propietarios y, también, impedir que se pueda saber si se emplearon bien los recursos públicos o no.

Pero en lo que no tiene razón, de ninguna manera, es en el uso permanente de las fuerzas armadas en la seguridad pública y pretender que su actuación sea materia del fuero, exclusivamente, militar.

Eso no se puede hacer, a riesgo de poner en peligro la viabilidad democrática del país, y eso es lo que ha estado haciendo el presidente López Obrador que, ante la indigna sumisión del total de los legisladores federales morenistas, ha ordenado, y le han hecho caso, que en el país se haga lo que él decide. 

Ahora bien, en las propuestas del presidente López Obrador no hay la mínima sustentabilidad para la reformas jurídicas que ha impulsado: No hay una evaluación técnica de la estrategia de seguridad pública de su gobierno y tampoco un balance mensurable de la participación de las fuerzas armadas en ella.

Y lo que es peor, el presidente violentó un mandato constitucional: La reforma que creó la GN, establecía que para marzo del 2024, el país contaría con la Policía Federal adecuada, la necesaria para garantizar la seguridad pública. A eso se comprometió el presidente López Obrador con el resto de las fuerzas políticas.



No es el único que ahora aprueba lo que antes criticaba. En 2017 el hoy presidente de MORENA, Mario Delgado, como senador, en contra de la ley de seguridad nacional que pretendía Peña Nieto, quien buscaba lo mismo que ahora han aprobado los morenistas, decía lo siguiente:

“(Con esta reforma) lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Para el ejército mexicano tampoco son buenas noticias porque esta ley impide tener policías profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales”.

“… que sigan haciendo labores de seguridad pública los seguirá exponiendo a mayores casos de violaciones a derechos humanos”.

¡Inaudito!

Un año después López Obrador pregonó lo contrario. 

Cosa semejante a la del Delgado de entonces, sostiene Amnistía Internacional, que aseveró que militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos.

Una de las consecuencias, quizá la más importante de las posturas de Alito, será la ruptura de la alianza, cosa que agradará a no pocos panistas, quienes no ven con simpatía la alianza con el PRI pues consideran un lastre, arrastrar el desprestigio del PRI.

Se presentaría un panorama más atractivo, dicen, porque el PAN aparecería como la única opción de oposición.

Por consiguiente, el partido que pretendía ocupar ese espacio, el MC de Dante Delgado, podría sufrir algún quebranto.

Asimismo, el acompañamiento del PRD al PAN, de ninguna manera enturbia a las simpatías propanistas; es tan pequeña la influencia del perredismo en la sociedad mexicana actual que, a diferencia de, por ejemplo, las elecciones en Chihuahua en 2004, algunos votos panistas no fluyeron al entonces candidato Javier Corral, por considerar que una alianza con los perredistas se contraponía a los principios del tradicional partido de la derecha mexicana.



En esa orientación, prácticamente todas las expresiones priistas locales han sostenido su acuerdo de ir junto a los blanquiazules, no obstante que la gobernadora Maru Campos ha expresado su oposición a las posturas de Alejandro Moreno y, por consiguiente, a la pretensión lopezobradorista, de la transferencia de la GN.

¿Será? 

A pensarla pues el gobernador panista de Durango -saliente-,  José Rosas Aispuro, le dijo al presidente que él “siempre” estuvo de acuerdo en la transferencia?

¡Híjole!

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