Corral, Aparicio y Peniche mienten

El Diario, 30 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Si no fueran tan temibles nos darían risa. 

Si no fueran tan dañinos nos darían lástima.

Porque como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, 

no son nada si les quitas la sábana. 

“Los macarras de la moral”: JM Serrat.

Nada más preocupante -bueno, sí, la ola homicida, los “sacramenteros” golpeados, los feminicidios, los desaparecidos, la ineptitud de la Fiscalía, la deuda del estado, etc.- que gobernantes mintiendo para justificar o encubrir sus actos represivos.

Pocas veces -a lo largo de casi 40 años de articulista- se ha recurrido al calificativo directo, y nunca un insulto, en contra de funcionario público o dirigente partidario alguno; muchos menos en contra de los ciudadanos sin responsabilidades públicas, pero en esta ocasión no se puede eludir esa clasificación.

A raíz de las acciones represivas de la policía estatal en contra de los colonos de alrededor de la caseta Sacramento en la ciudad de Chihuahua, ocurridos el sábado 24 de mayo, los tres funcionarios, el gobernador Javier Corral, el Comisionado  de Seguridad Pública, Oscar Aparicio, y el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, mintieron descaradamente sobre los hechos, los orígenes del conflicto y la actuación del gobierno del “Nuevo Amanecer”.

Sus declaraciones develaron facetas ilustrativas, tanto de sus personalidades, como del descuido, impreparación y de la frivolidad con la que lo abordaron, además de las evidentes falsedades esgrimidas y que llevan a inferir que si mienten en un asunto tan público, poca veracidad podemos esperar en otros, acaso de mayor relevancia.

El gobernador Corral acusó a Morena de manipular a los colonos para llevarlos a que efectuaran “la obstrucción de vías de comunicación o el bloqueo de casetas”. 

No es cierto, los policías estatales fueron llevados precisamente a lo contrario, a bloquear la brecha levantada, ahora, por los colonos, y que data de más de un siglo de existencia. 

Además, de si fueron o no manipulados por Morena, son los mismos colonos que han precisado tal cuestión, lo central es que el gobernador de Chihuahua no sabía que había ocurrido, fueron sus policías los que cayeron en ese delito, el de obstruir vías de comunicación y, además, en una propiedad privada.

Luego, Aparicio declaró que esa brecha era usada por integrantes del crimen organizado, “para transporte de drogas o de armas (pues) no hay cámaras de video”.

¡El señor Aparicio va directísimo a lo mejor de la picaresca nacional!:

Pues si ya saben que por ahí pasan los delincuentes ¿Porqué no los han aprehendido? ¿Cuántos operativos en esa brecha han servido para detener a los narcotraficantes?

Más. Ahora resulta que esa brecha es más importante que las brechas del noroeste, las de Madera, las de Villa Ahumada, las del Valle de Juárez. 

¡Ay, el Comisionado…!

No fue lo único declarado por Aparicio. Dijo que actuaron a petición de algunos dueños de predios cercanos. De siete que informaron, cinco de ellos ya dijeron que fueron engañados, además de criticar la acción policial.

Además, sostuvo que los policías no golpearon a los ciudadanos y no hubo abuso de fuerza.

Bueno…

Pero el fiscal Peniche sí que no tiene medida. Dijo que la brecha se usaba para encubrir el tráfico de drogas y que habría que investigar si los colonos estaban involucrados en ello pues, dijo, haciéndose eco de los supuestos vecinos, que por esa brecha circulan, así lo dijo, “vehículos desconocidos”!!!

¡¡¡¡Pues entonces andaba erradísima la estrategia en contra de las bandas del crimen organizado, todo por no vigilar la brecha de Sacramento!!!!

Pero no es lo único. El martes, la Secretaría de Hacienda informó que los colonos de Sacramento eludían el pago de la caseta ¡Hasta por 200 millones de pesos al año!

Así, de un golpe, pasaron a ser los principales causantes de la baja recaudación del gobierno.

¡Qué bárbaros!

En tanto, la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua llegó más allá de la caseta.

¿Por qué no la mueven al norte, y ya, se resuelve el problema?

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

El nuevo amanecer, perdido

Voz en Red; Aserto.mx, 28 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

La represión a los dirigentes y activistas de los colonos de los alrededores de la caseta Sacramento, así como a algunos dirigentes y funcionarios públicos de Morena, desde todos los puntos de vista inaceptable, reveló, además de las facetas represoras de la actual administración estatal, la terrible ignorancia del gobernador Corral sobre los asuntos públicos.

Entrevistado en Juárez, Javier Corral dijo, luego de lamentar la participación de los de Morena, que arriesgaban a la gente “con la obstrucción de vías de comunicación o el bloqueo de casetas”.

O es ignorancia del gobernante, o miente descaradamente pues los hechos se realizaron exactamente al revés:  Sus policías iban a cerrar la brecha abierta por los colonos, en un terreno privado, sobre el cual no existe carretera alguna y en la que el gobierno de Chihuahua no tiene facultad alguna; es el paso abierto por los colonos, que viven, en la práctica, en la ciudad de Chihuahua, y que se oponen, por lo mismo, a pagar tarifa alguna por el uso de la carretera.

No bloquearon la caseta.

El colmo son las declaraciones de los encargados de combatir al crimen en Chihuahua, el Comisionado Aparicio y el Fiscal Peniche, dieron a entender que los colonos están coludidos con el crimen organizado.

¡Se dieron cuenta sólo hasta que sus policías golpeaban a inermes ciudadanos, que pueden ser, según sus palabras, los jefes de los cárteles!

¡Increíble!

¿En manos de quienes estamos?

¿Porqué no trasladan la caseta unos kilómetros más al norte, y ya?

IMSS, emblema del neoliberalismo

El Diario, 26 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

La renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS, además de abrir otro debate sobre las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas en el país, y la manera de enfrentarlas, ayudó a develar, también, la pobreza de la capacidad de debate de una buena parte de la sociedad.

No bien terminaba de presentar la renuncia y ya merecía, por parte de sectores de los simpatizantes del presidente López Obrador, descalificaciones muy severas, sin que se discutiera, en esencia, lo planteado por el renunciante, tema que merece una profunda discusión y que debe ser, sin duda, uno de los aspectos más controvertidos en el seno del equipo gobernante: Las medidas que se deben aplicar, en los recortes presupuestales; los porcentajes a recortar, las áreas en que se harán y los paliativos  para enfrentar las consecuencias.

Lo realizado en el país llevó a una drástica disminución en la creación de empleos formales; al crecimiento del empleo informal, a la aguda disminución de los salarios, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, entre otras consecuencias, pero todas estas a la baja recaudación de cuotas obrero-patronales, a lo largo de las casi últimas cuatro décadas.

Lo esgrimido por Martínez es contundente. 

En primer lugar, dice, y le llama la atención a todos los gobernantes de que deberán respetar los marcos regulatorios, el IMSS, al recibir recursos de origen tripartita, no podrán manejarse como si fueran recursos, sólo, del gobierno federal.

La acusación, o dicho más aterciopeladamente, el señalamiento es muy serio:  “… algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social… algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo”.

Va al fondo de otra discusión, no abordada a profundidad, todavía, la de la conducción de los asuntos del gobierno, y en esto, el de la injerencia y/o autoridad de la Secretaría de Hacienda.

Hasta el gobierno de Peña Nieto, Hacienda era el verdadero y único ejecutor de las tareas de gobierno.

Quizá a eso se refiere Martínez Cázares cuando dice que “La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”, para luego arremeter y sostener que… algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Y luego relata el lastimoso estado del Seguro Social: “… muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.

Ese es el fondo de la discusión, tema, indudablemente, de numerosas sesiones con los funcionarios de Hacienda y, seguramente, con el presidente, pero en el que tiene razón el renunciante: “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”. 

Y pone ejemplos: “El IMSS-BIENESTAR que otorga medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos recursos que el último año del gobierno anterior, porque le deben más de mil millones de pesos…”. ¿Qué se puede decir ante lo anterior?

Además, acusa a Hacienda de creer “que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines”, cosa contraria a sus normas internas.

Se queja, además, del despido de empleados eventuales, necesario para “realizar notificaciones, certificaciones, cálculos y cobranza”.

La respuesta del presidente a la renuncia ya forma parte de la picaresca nacional al negar que existiera un despido de enfermeras y médicos eventuales: "No sé está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que 'la calumnia cuando no mancha, tizna’".

Y es que al recortar el gasto superfluo y las “aviadurías”, así como las contrataciones indebidas y todas las corruptelas imaginables, -cosa positiva- deberá ejecutarse en los mejores términos, cuidando en no afectar las tareas sustantivas de las instituciones de salud.

Al parecer, lo que se hizo con el recorte fue lo contrario, pues los directores de once institutos de salud, además de los directores del Hospital Infantil de México y del Hospital General, denunciaron los recortes presupuestales de 2 mil 300 millones de pesos.

Entonces ya no fue la mafia del periodismo, sino funcionarios con responsabilidades concretas en la atención a miles de pacientes en el país; directores, además, de institutos, la mayor parte de ellos con muy altas calificaciones profesionales y académicas en el continente americano, quienes han revelado las desastrosas consecuencias de aplicar un recorte a rajatabla.

Los daños son serios: “Se han diferido consultas y cirugías y está en riesgo la continuidad de procedimientos de alta especialidad, como los trasplantes de órganos que se realizan en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). (Ibídem).

Ante ellos, ni más ni menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, debieron asumirse como gestores de una urgente reunión con los funcionarios de Salud y con el presidente López Obrador.

No son la única evidencia del recorte salvaje, indiscriminado, en estas instituciones.

En el reporte realizado por los directores, se asienta que, si bien no hay despidos, la cancelación de contratos por honorarios ya afectó los servicios de salud pues muchos médicos y enfermeras trabajan mediante ese rubro, el de eventuales o suplentes. (Nota de Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 24 de mayo de 2019).

Precisamente, aplicando las recetas de la doctrina neoliberal, los gobiernos anteriores, con el fin de escatimarles prestaciones laborales a un buen sector de los trabajadores del gobierno federal, los contrataron bajo la modalidad de eventuales y por honorarios, para que ocuparan las “guardias” y las suplencias.

A la llegada del gobierno de la 4T los cancelaron, sin una revisión más puntual, no sólo sobre el carácter de los contratos (los cuales podían esconder, y escondían, innumerables corruptelas), sino sobre las funciones de los empleados contratados bajo esa modalidad.

Bueno, pues ahora los directores se están quejando por la falta de esos empleados, a los que se les pagaba con recursos fuera de los presupuestados ya que requieren asignaciones adicionales.

De la naturaleza de una parte de estos trabajadores, que ya no fueron contratados, dan cuenta las deficiencias aparecidas. Según el mismo reporte, es que aumentan las “en asuntos básicos como la limpieza, la recolección de basura y residuos biológico infecciosos, lo cual aumenta el riesgo de que los pacientes adquieran infecciones intrahospitalarias”. (Ibídem).

No puede haber un “vamos a ver”. “El informe indica que en el HIMFG se reducirán cirugías de alta especialidad, la atención a niños con cáncer, prematuros y con malformaciones congénitas. Además, a partir de este mes y en junio se tendrá que limitar el número de trasplantes renales, médula ósea, hígado, córneas y corazón, lo que aumentará la necesidad de tratamientos sustitutivos en el caso de niños con insuficiencia renal y riesgo de muerte”.

A su vez, otros institutos plantean situaciones semejantes. El Instituto Nacional de Cancerología (Incan), lo padece severamente pues sufrió una retención presupuestal de casi 226 millones de pesos, y cuyos equipos, de tecnología de punta, requieren de insumos para funcionar y producir sustancias radioactivas con las que se combaten algunas neoplasias, las que ahora están en riesgo por el recorte presupuestal.

Ante la importancia del problema y las repercusiones alcanzadas, el viernes, el gobierno federal adelantó 800 millones de pesos, de los 2 mil 600 que había retenido.

El colofón: No bien terminaba de tomar posesión el nuevo director, Zoé Robledo, cuando ya afirmaba cosas semejantes a las de la renuncia de Martínez Cázares: 

“No gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser el fracaso de una acción de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción” (Nota de Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, Viernes 24 de mayo de 2019); además de afirmar la existencia de la concentración en pocas empresas de las compras consolidadas; de compras a precios elevados y una priorización “equivocada” sobre los suministros y medicamentos que más se requieren.

Orale.

Ojalá lo escucharan los funcionarios de Hacienda….. y el presidente.

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Sin vergüenza alguna

El Diario, 23 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Indigna la actitud de los propietarios de las 170 empresas que se ampararon para impedir que se conocieran sus nombres como beneficiarios de las condonaciones de impuestos, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La suma dada a conocer por el presidente López Obrador asciende a más de 400 mil millones de pesos (mmdp), aunque la organización Fundar afirma que rebasan los 620 mmdp. Esta última cantidad significa algo más del 10% del presupuesto federal para 2019, y pareciera ser más creíble, si se toman en cuenta lo que declarara en alguna tarde, durante su gobierno, el entonces presidente Felipe Calderón, cuando afirmó que la elusión fiscal de las más grandes empresas rebasaba la cantidad anual de 400 mmdp.

Al día siguiente, el presidente Calderón fue desmentido por su Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.

Son datos que periódicamente ha aparecido y que develan, crudamente, la existencia del aparato del poder para favorecer a los suyos, en uno de los aspectos más sensibles de la vida de una nación, el pago de impuestos, en dos de sus vertientes más injustas y salvajes, la de la elusión de impuestos -mediante la cual eluden el pago de alrededor de 400 mdp anuales- y la devolución, cuyos montos ahora se revelan de manera oficial por el mismísimo presidente.

Pero nada ha pasado. Es decir, nada había pasado. A partir de la fecha, según el gobierno de la 4T cesarán esas devoluciones.

Y es que, como dijo el Cura Hidalgo, su dios es el dinero y para que no conozcan sus trapacerías al amparo del poder, “Un informe especial, elaborado por el SAT, con fecha del 8 de mayo, enlista los 52 juicios de amparo que impugnaron una orden dictada en agosto de 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que obligaba a la difusión de los favores fiscales y los grupos beneficiados”.

Ahí estaban televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y equipos de futbol, cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Entre las empresas litigantes se encuentran: Pfizer, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 7 Eleven, Cinépolis, Hewlett-Packard, Grupo Carso, América Móvil, General Motors, Cemex, Minera México y Gruma; Industrias Peñoles, AT&T, TV Azteca, Grupo Elektra, Cargill, Volkswagen, Televisa, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Nova (Sky), Grupo Herdez, Sanborn’s, Condumex, Ferrocarril Mexicano, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Jafra, Fuller, Procter & Gamble y Aeropuertos de Cancún”. (Ibídem).

El instituto de Transparencia había ordenado, en el sexenio de Peña Nieto, que el SAT difundiera los nombres de los beneficiarios de las condonaciones  de “entre enero 2007 a diciembre 2013, los montos de condonaciones de enero 2007 a mayo 2015, y las causas de las condonaciones, de enero 2014 a mayo 2016”. (Ibídem).

Es impactante. Del total de las empresas beneficiadas por la condonación informada por el gobierno de la 4T, 108 se beneficiaron del 54% del total de la condonación.

Esta medida es, sin duda, una de las acciones más importantes en la ruta del desmantelamiento de la estructura de un régimen basado en la protección a los más enriquecidos empresarios del país. 

Pero no será una medida que transite por la tranquilidad de debate político, o de las críticas de una parte de los analistas de los medios de comunicación más poderosos, máxime si se encuentran, sus empresas, en las listas, tanto de las beneficiarias de la condonación, como la de quienes pretenden la opacidad de su negativa a aportar fiscalmente lo que les corresponde, de acuerdo con la regulación existente hasta la fecha.

Puede ser que la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco sea una medida con mayor atractivo mediático, y que afecte a unos grupos empresariales, pero la que ahora comentamos es una de mayor trascendencia, de más largo alcance y de una mayor extensión que, además, le redituará al gobierno federal no menos de 100 mdp.

Y esta es la ruta a seguir, si se desea establecer algunas medidas en pro de combatir la injusta distribución de la riqueza.

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Chocan concepciones en gobierno federal

Aserto.mx, 22 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Asoman en distintos espacios del poder las profundas contradicciones de Morena, luego de su arribo al poder. De no procesarlas adecuadamente crecerán los obstáculos para el logro de las ambiciosas metas planteadas por el presidente López Obrador.

Son varios los frentes, el más llamativo, por la eterna lucha por el poder, es el que se genera, precisamente por ello; pero hay otro, acaso más importante, porque es el que se refiere al ejercicio del poder, en el que operadores del gobierno, de distinta ideología y más diversa práctica, chocarán inevitablemente al momento de poner en marcha los distintos programas gubernamentales, o en la reforma de las instituciones.

Mientras continúa el escándalo generado por una errónea manera de hacer las designaciones de nuevos funcionarios y empleados en la nómina del gobierno federal en Chihuahua, que apunta al nepotismo, o por lo menos a la existencia de conflictos de interés, de auténtico choque con la ética política; se suma la sorpresiva renuncia de la Coordinadora del Registro Agrario Nacional, Magda Rubio; mientras que en el segundo aspecto, el de operadores con un origen político, no sólo distinto, sino hasta contrario al del presidente López Obrador, como lo es el caso de Germán Martínez Cázares, quien renunció a la dirección del IMSS, confirma que no se puede gobernar  con un equipo que no comparta la misma visión.

Lo paradójico de la renuncia del director del IMSS es que sus argumentos se basan en acusar a los funcionarios de Hacienda de tratar de imponer, aun más, en esa institución, medidas y prácticas “neoliberales”.

Po’s ora sí no entendí ¿Quiere decir que esa visión, la de las recetas neoliberales, no se fue de la Secretaría de Hacienda? 

Bueno, pues esa es la denuncia de Martínez Cázares.

Para Ripley!

Las muertas de Chihuahua, nuestra realidad

El Diario, 19 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

A la memoria de Neyra Azucena Cervantes, desaparecida 16 años atrás en Chihuahua; y a su mamá, Patricia, que se convirtieron en evidencia fría, tajante, sin atenuantes, del asesinato impune de mujeres en Chihuahua. Como entonces, la tragedia sigue igual.

Los hallazgos periodísticos, que por desgracia retratan la realidad, arrojan verdaderas sorpresas, no sin desaliento pues evidencian el adormecimiento de la sociedad, del total, o de una parte importante de ella, entre la que nos contamos, debido a la magnitud de la tragedia afrontada por la sociedad chihuahuense, víctima y prohijadora de ese fenómeno que causa aún más dolor.

Debo agradecerle a mi compadre (uno más, integrante de lujo de esa galería que al paso de los años ha ido engrosando, por fortuna, a pesar de mis convicciones en materia religiosa) Lorenzo “Cheque” Pérez, por habérsele ocurrido crear esa empresa hemerotecaria que nos permite consultar, al instante, todo lo publicado en el estado y el país sobre Chihuahua: Información Procesada (Inpro).

El feminicidio es un crimen de lesa humanidad que México no ha podido contener, advirtieron diputadas, defensoras de derechos humanos y abogadas de víctimas durante el Segundo Foro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Grisel Pérez Rivera. (Nota de Reforma, 13 de mayo de  2019). 

Los rastros de la impunidad. De acuerdo con distintas investigaciones y reportes, la extinta PGR, ahora sustituida por la Fiscalía General de la República, que aunque hasta el 75% de homicidios cometidos en el país estarían ligados al narco, la PGR solo indagó 0.2% del total de los atraídos por la dependencia en el período 2012-2018 (al cierre de agosto del año anterior).

En ese período, la procuraduría inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero solo cerró dos casos con sentencias condenatorias. Ese porcentaje es inferior, a pesar de todas las versiones que minusvalúan el trabajo de las corporaciones estatales, al de éstas, que es del 5%. Nada para festejar.

Pero entre 2010, de acuerdo con el reportaje “Matar en México, impunidad garantizada”, Chihuahua ocupó el segundo lugar en el índice de impunidad al alcanzar el 98.71% pues de 17 mil 580 víctimas fatales sólo se emitieron 227 sentencias condenatorias, es decir, sólo se sentenció al 2.29% de los presuntos homicidas en ese período, el del ex gobernador, César Duarte.

Nuestra entidad quedó por debajo, solamente, de Colima, que tuvo un índice de impunidad del 98.82%, 5 centésimas más que El Estado Grande.

Nada distinto sucede en el caso de los feminicidios, en Chihuahua, en promedio, han matado a 18 mujeres cada mes en los últimos dos años, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, de enero del 2010 a abril de este año, 2 mil 89 mujeres habían sido asesinadas. (Nota de Jorge Montes de Oca, El Diario de Chihuahua, 9 de mayo de 2019).

“De acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Ciudad Juárez ocupa el primer lugar en la lista de las 100 poblaciones con mayor número de feminicidios en el país, de enero a marzo del presente año. Chihuahua capital se sitúa en el séptimo sitio, y escaños más abajo otros tres municipios –Cuauhtémoc, Guachochi y Guadalupe y Calvo– son parte del listado”. (Ibídem).

Además, Chihuahua fue el estado que más llamadas de auxilio registró por denunciar acoso o abuso sexual, el tercero por reportes donde el agresor fue la pareja y el cuarto en materia de denuncias por violación. Pero no solo, del 2017, a la fecha, durante el gobierno de Javier Corral, la Fiscalía General informó que se han presentado 78 feminicidios.

Y al igual que el resto de los homicidios, la impunidad es la reina de tan siniestra realidad pues de los 38 feminicidios ocurridos, 14 de enero, nueve de febrero, cuatro de marzo, ocho en abril y tres en los primeros días de mayo, cifra que difiere de las oficiales de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer con Razones de Género, quienes investigan únicamente 14 casos cometidos en 2019. (Nota de La Verdad Juárez, 10 de mayo de 2019).

Además, Chihuahua, ocupa el primer lugar nacional en trata de personas con 24 casos registrados en el primer trimestre del 2019, superando a la Ciudad de México que tiene 21 víctimas por este delito, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (Nota de El Diario de Chihuahua,12 de mayo de 2019).

Pero no nos preocupemos, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que se reforzarán las estrategias para combatir la violencia contra la mujer “e incluso se pondrá en marcha la construcción de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez, municipio donde más casos de feminicidio se han registrado en el estado”. (Nota de El Pueblo, 9 de mayo de 2019).

Derivados de los múltiples feminicidios, las diputadas Deyanira Ozaeta del PT y Rosa Isela Gaytán del PRI, han insistido en la declaración de la alerta de violencia de género en el estado, sin embargo, la fracción panista mayoritaria ha relegado a dichas propuestas, ya que evidenciarían a a la administración actual a nivel nacional e internacional. Todos han sido desechados por la mayoría panista y sus aliados de la presente legislatura.

La oleada feminicida ha crecido drásticamente en este gobierno pues en tan sólo cuatro meses del presente año han ocurrido tan sólo diez asesinatos menos que en todo el 2016, “el equivalente a 82 por ciento de dicho año” pues “En 2016 ocurrieron 48 asesinatos”. (Nota de CÉSAR LOZANO, La Opción, 8 de mayo de 2019).

Pero las respuestas oficiales estremecen. El pasado lunes 6 de mayo un grupo de feministas colocó una manta con el mensaje: “¿CUÁNTAS MUERTAS MÁS? ALERTA DE GÉNERO ¡YA! ESTADO FEMINICIDA”. Dicho mensaje duró tan sólo un día, antes de ser retirado por personal a cargo de Gobierno del Estado.

Peor aún, solo en febrero de este año, la diputada panista, Blanca Gámez, presentó una iniciativa para la creación de un protocolo de investigación de feminicidios, pero apenas, en el curso de la semana se dio un plazo de 6 meses a la Fiscalía General del Estado para crearlo y publicarlo, luego de que desde 2011 se había emplazado al Estado de Chihuahua a fin de que aprobara el establecimiento de esta figura.

Pero cifras tan siniestras no difieren grandemente de lo ocurrido a nivel nacional. En los primeros meses de 2019 hubo 10 feminicidios al día en el país. (Nota de ENRIQUE MÉNDEZ, La Jornada, 14 de mayo de 2019).

De enero a marzo se cometieron  227 feminicidios y 637 presuntos homicidios dolosos contra mujeres y niñas. Las entidades con el más alto índice son Veracruz, con 46; estado de México, 21; Sonora, 20; Puebla, 15; Nuevo León, 13, así como Jalisco y Chihuahua con 11 (Según cifras oficiales, proporcionadas por las fiscalías).

Uno de los más recientes casos, el del asesinato de Myrna Zubiate, en la capital del estado, es emblemático. Por muchas razones.

Una joven, residente de una colonia de capas medias bajas, decide acudir a una fiesta de sus vecinos; ahí, uno de ellos, con antecedentes de violencia doméstica (Y no viejos, sino de la mismísima noche de los hechos) decide violarla y luego asesinarla.

¿Porqué las jóvenes chihuahuenses no tendrán derecho a divertirse, salir de sus casas y regresar a cualquier hora, bailar con cualquier persona, sin que deban temer que alguno de los hombres tenga la convicción de poseer el derecho de abusar de cualquier mujer?

Las respuestas a estos cuestionamientos revelan el grado de salvajismo de nuestra sociedad, la chihuahuense; por ello somos líderes en varios de los índices en los que el factor central es el de la violencia hacia las mujeres, y en ello tomamos en cuenta el hecho de que ha crecido la participación de algunas de ellas en la delincuencia, la común, y la organizada.

Por desgracia, su incorporación al tráfico de drogas, y de éstas las más baratas, además del componente de la adicción, tiene el otro, el de las muy bajas condiciones económicas. Contra esos factores no hay, prácticamente, alguna política gubernamental, ni para prevenirla, ni para combatirla y rehabilitar a los pacientes de este mal.

¡Qué importa, son pobres!

Frente a esta realidad, que pareciera no diferir en nada de la existente 30 años atrás, de cuando empezaron a aparecer, con una siniestra y acelerada frecuencia, más cadáveres de mujeres asesinadas cruelmente, y lo que hoy padecemos, sí pareciera ser distinto, pero no, ahora, la oleada feminicida es mayor y la violencia doméstica, en contra de niños y mujeres es infinitamente más grande, y más violenta.

Ante esa realidad, pocos instrumentos, por no decir que nulos, han creado y aplicado las autoridades gubernamentales; sus políticas, si es que las han tenido, no han incidido de manera alguna en la sociedad.

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Así cerró la PGR: En el país, sólo 2 sentencias por homicidios en 8 años

Aserto.mx, 17 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

De acuerdo con distintas investigaciones y reportes, la extinta PGR, ahora sustituida por la Fiscalía General de la República, que aunque hasta el 75% de homicidios estarían ligados al narco, la PGR solo indagó 0.2% del total de los atraídos por la dependencia en el período 2010-2018 (al cierre de agosto del año anterior).

En ese período, la procuraduría inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero solo cerró dos casos con sentencias condenatorias. Ese porcentaje es inferior, a pesar de todas las versiones que minusvalúan el trabajo de las corporaciones estatales, al de éstas que es del 5%. Nada para festejar.

“Datos oficiales de la PGR, obtenidos por Animal Político vía solicitud de transparencia, arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018 dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso”. (Nota de Arturo Angel, Sinembargo, 16 de agosto de 2018).

De ese universo, sólo consignó a los jueces 63 investigaciones, lo que representaría el 15% del total de los homicidios atraídos por la dependencia, pero en el lapso comentado, en el país se cometieron más de 125 mil asesinatos, de los cuales, la organización Semáforo Delictivo, 75 de cada 100 estarían ligados al tráfico de drogas, por lo que debieron ser atraídos al ámbito federal.

Pero el fraude es mayor, pues de los 63 expedientes enviados a los jueces, sólo en ocho de los casos se hizo con sospechosos detenidos!

Más aún, la PGR sólo obtuvo 1 sentencia en cada 200 casos, a cambio, las procuradurías estatales consiguieron sentencias en 5 de cada 100.

Aunque deberá anotarse que tales sentencias son tomadas en cuenta sólo hasta la primera instancia y no de manera definitiva.

De las 402 averiguaciones y carpetas de homicidio iniciadas por la Procuraduría, 77 corresponden al estado de Tamaulipas, lo que equivale a casi el 20 por ciento de los casos.

El segundo estado con más homicidios indagados por la PGR en los últimos ocho años es Jalisco con 32 carpetas de investigación.

Sinaloa, entidad federativa en la que surgió el Cártel de Sinaloa, es el cuarto estado con más homicidios atraídos por la PGR con 26 averiguaciones y carpetas de investigación de 2008 a la fecha.

Después se encuentra Michoacán con 21 averiguaciones previas por homicidio abiertas por la PGR. Los datos evidencian que más de la mitad de estas averiguaciones corresponden a los años 2013 y 2014, justo en el periodo en que la PGR reforzó su presencia ministerial en dicha entidad en el contexto del conflicto con los grupos de autodefensa.

Pero en el otro extremo, el de la impunidad, entre 2010, de acuerdo con el reportaje “Matar en México, impunidad garantizada”, Chihuahua ocupó el segundo lugar en el índice de impunidad al alcanzar el 98.71% pues de 17 mil 580 víctimas fatales sólo se emitieron 227 sentencias condenatorias, es decir, sólo se sentenció al 2.29% de los presuntos homicidas en ese período, el del ex gobernador, César Duarte.

Nuestra entidad quedó por debajo, solamente, de Colima, que tuvo un índice de impunidad del 98.82%, 5 centésimas más que El Estado Grande.

Si sumamos la cantidad de averiguaciones y carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso de 2010 a 2018, tanto a nivel local como federal, el total es de 172 mil 263 casos. La PGR, sin embargo, solo investigó el 0.2 por ciento del total.

Revocación, fallo legal

El Diario, 16 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Tarde le llegó a la sociedad chihuahuense la Ley de Participación Ciudadana, que permite, entre otras cosas, soñar con que se puede revocar el mandato de los funcionarios públicos.

Si al entonces gobernador César Duarte, hubiera pensado, ante la posibilidad, de que por puritita casualidad, su partido y su candidato perdieran las elecciones del 2016, y ocurrírsele impulsar y aprobar esta ley de participación ciudadana, a fin de que su sucesor tuviese, ya, la espada de Damocles consistente en que, reunidas la solicitud de 135 mil ciudadanos, se podría acudir a una votación a fin de dar por terminado, de manera anticipada, el gobierno de Javier Corral.

Pero al gobernador Duarte no se le ocurrió tan maquiavélico plan y a los consejeros ciudadanos del Instituto Estatal Electoral (IEE) no les quedó más remedio que aplicar la ley y basarse en que no puede haber retroactividad en la aplicación de un nuevo mandamiento legal, como lo es la Ley de Participación Ciudadana, aprobada apenas en abril del año anterior.

El órgano electoral decidió basarse en esa interpretación y no por la de que los períodos constitucionales, para los que fueron elegidos los funcionarios públicos de elección popular, no pueden modificarse, bajo ninguna circunstancia, y que los nuevos ordenamientos legales que los modifiquen sólo se podrán aplicar a los emanados del siguiente proceso electoral, que ya hubiese sido convocado con la precisión exigida por el texto constitucional.

Hacerlo de esta manera es hacer prevalecer el mayor mandato ciudadano que es el emitido en las urnas.

Para la elección de gobernador en julio del 2016, los chihuahuenses fuimos convocados a elegir a un ciudadano que ejercería ese cargo del 1o. de octubre del 2016 al 7 de septiembre de 2021 y nada, fuera de lo establecido previamente en la Constitución de Chihuahua y la General de la República, podía modificarlo.

En cambio, los Consejeros del IEE decidieron decretar, para desechar la propuesta de Oscar Humberto González Aguirre, que era improcedente “toda vez que afectaría el derecho fundamental de seguridad jurídica del ciudadano que actualmente ocupa ese cargo”, es decir, que les pareció más adecuado preservar el derecho individual de Javier Corral, antes que el criterio expuesto líneas arriba por el escribiente, pues arguyeron que el “artículo 14 de la Constitución Federal…  consagra como un derecho humano el que una ley no puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de una persona”.

Esta interpretación tiene una explicación.

Hicieron prevalecer el hecho de que “votar y ser votado y permanecer en el cargo por el periodo correspondiente es un derecho humano”, para basarse en lo establecido en la Ley de Participación de que no “no se puede someter a consulta, a través de un instrumento de participación política, los actos que atenten o vulneren los derechos humanos”, como si lo que estuviera en juego se pudiera circunscribir exclusivamente al ámbito de los derechos humanos del funcionario en cuestión.

Más aún, se basaron en la interpretación de que la revocación de mandato era una especie de sanción, o de castigo para el funcionario y no, como lo es, el derecho de la sociedad para evaluar el desempeño del gobernante y llegado el caso, si lo considera no adecuado, dar por terminado su trabajo, que de ninguna manera es una sanción, como el hecho de ser elegido no es, tampoco, un premio.

Otra es la situación en el caso de que algún ciudadano, o alguna institución o dependencia encontrara motivos para sospechar de la comisión de algún delito por el funcionario; ahí sí, en caso de encontrar evidencia suficiente, aplicar las sanciones correspondientes.

 Pero en cualquiera de las interpretaciones la consecuencia es la misma, no se puede aplicar una nueva norma de manera retroactiva.

Además, la discusión de este asunto formará parte de la discusión nacional. Si el presidente López Obrador insiste en poner a votación la revocación de su mandato, que ya le han llamado “refrendo”, pues uno de los argumentos aquí esgrimidos serán de los centrales en la discusión.

Por lo pronto, a pesar de todos los vendavales en su contra, el gobernador Corral libró el de la revocación del mandato, pero no se librará del juicio popular, que en eso se convertirá la elección del 2021, del mismo modo que la del 2016.

En la próxima, como en la pasada, lo que más evaluó el ciudadano, al momento de votar, fue la gestión del gobernador. 

Duarte salió reprobadísmo y Javier Corral va que vuela para igualarlo.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF 

La 4T y su debut en el ejercicio del poder

Vozenred. com; Aserto Multimedia, 15 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

La denuncia pública en contra de varios funcionarios del gobierno federal, consistente en la existencia de prácticas nepóticas, que involucra a los delegados de la Secretaría de Bienestar Social, desde el Delegado Juan Carlos Loera, a los subdelegados de Chihuahua, Parral y Guachochi (Marcelino Gómez Brenes, Luis Fernando Duarte e Ivonne Contreras), ha puesto al descubierto, además del hecho mismo de la contratación que se hizo de familiares de los funcionarios de las dependencias en las que éstos son los jefes jerárquicos, ha develado, además, otro aspecto, por demás criticable, de quienes accedieron al poder al influjo del tsunami lopezobradorista: La meritocracia.

Como lo han hecho las burocracias partidarias que los antecedieron en el poder, algunos morenistas entronizados en los puestos públicos esgrimen como virtud para ocupar esos cargos, los méritos realizados en la etapa previa, la de la lucha por ganar la presidencia de la república.

Sólo que hay dos que tres pequeños problemas: Las leyes prohíben esas prácticas; incurrieron en diversos conflictos de interés, el mayor de ellos, el de que llegaron diciendo que serían distintos, contrarios a quienes los antecedieron en el gobierno.

Era el momento de demostrarlo.

No hacerlo será catastrófico para ellos, para Morena, para el país…

Los apretones del ’21

El Diario, 12 de mayo de 2019

Luis Javier Valero Flores

Pareciera que no resultaron ciertos los argumentos esgrimidos por los impulsores de la homologación de las elecciones locales con las federales.

Decían que, al unirlas, se podría dar espacio a que los gobernantes realizaran sus tareas sin los apremios de las contiendas electorales.

Pues que les digan tal cosa a la larga lista de suspirantes por la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2021, ya está presente en la clase política, en las especulaciones de analistas, editorialistas y en un sector minoritario de la sociedad.

Discreta, pero sólidamente, se está construyendo un nuevo grupo político dispuesto a ganar la gubernatura de Chihuahua. 

Podrían llevar de candidato a Armando Cabada, el alcalde de Juárez, en esa intención se inscribirían actores políticos como Marco Adán Quezada, César Cabello, Lupita Pérez Domínguez, probablemente Alfredo Lozoya -el alcalde de Parral-, además de algunos otros integrantes del PRI.

Su incorporación podría cambiar los números electorales del 2018 y catapultar al juarense a la gubernatura.

Si se hiciera un recuento, frío, dados los antecedentes previos -los de las elecciones del 2018- e incluir el efecto “AMLO”, es muy probable que, si las elecciones se realizaran en el actual momento, el alcalde de Juárez, Armando Cabada, sería quien tuviera la ventaja, por encima de la alcaldesa de Chihuahua, la panista Maru Campos y del candidato (a) de Morena, cualquiera que éste fuera, entre los que aparecen, notoriamente, el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, y el senador Cruz Pérez Cuéllar.

Hay un ingrediente: Cabada y Maru le han apostado a sus respectivos proyectos de alumbrado. Será un factor determinante para sus aspiraciones.

Quienes abanderaran a Morena y PAN deberán, al contrario de Cabada, afrontar la elección (o designación) interna, lo que implicará un desgaste político.

El senador Gustavo Madero deberá superar claramente a la alcaldesa Campos, lo que se advierte muy difícil, dados los niveles de simpatía de la alcaldesa. Si el gobernador Corral insistiese en postular a alguien cercano a él, tendría serios problemas, dadas las bajas calificaciones del mandatario chihuahuense.

En cambio, el senador de Morena, el ex panista Cruz Pérez Cuéllar deberá convencer -y no solo con encuestas- que sería mejor candidato que Loera, el chihuahuense favorito de Palacio Nacional.

Lo paradójico será que en Morena los métodos de designación de sus candidatos a gobernadores se parecen, cada vez más, a los del antiguo partido del régimen, el PRI. En éste, los dirigentes nacionales llamaban a los perdedores y les soltaban -pues fíjate que perdiste la encuesta-.

Una certeza tenemos y es la de que el PRI, por primera vez en su historia chihuahuense, no tiene posibilidad alguna de emerger con un triunfo.

¿Por qué asentar que Cabada arrancaría con ventaja?

Por varias razones. La primera, porque enfrentó -igual que Maru Campos- la candidatura de López Obrador. Obtuvieron números semejantes en la votación, pero las alianzas concretadas por Cabada lo ponen en ventaja.

En Chihuahua todo hace suponer que el ex alcalde Marco Adán Quezada podría ser candidato a la alcaldía o a la diputación federal; asimismo, desde hace tiempo se discute con el alcalde de Parral la posibilidad de que sea candidato a la diputación federal por esa alianza, la que postularía en Cuauhtémoc a la ex diputada federal, Lupita Pérez.

Además, semanas atrás, el ex diputado local y ex alcalde de Jiménez, César Cabello, integrante del grupo en el que participa Quezada, luego de conversar con Cabada, publicó en su muro de Facebook lo siguiente:

“… tuve la oportunidad de conocer un proyecto para Chihuahua que me convence, Armando Cabada representa una opción para nuestro Estado que reconoce la necesidad de construir alianzas, propone hacer política a partir de la esperanza y del trabajo para un mejor Chihuahua…

Me parece que Cabada representa una oportunidad para hacer de Chihuahua un estado seguro y próspero… Me agrada este proyecto y de mi parte le ofrezco mi mejor esfuerzo porque creo que es bueno para Chihuahua!”.

El pronunciamiento ha sido el más nítido acerca de las pretensiones de este grupo que aún conserva fuerza en la capital del estado. 

¿Cuánta? Imposible determinarlo, pero con toda seguridad mayor a la que el PAN conserva en Juárez y que la fuerza de Morena lo empujaría al tercero o cuarto lugar, en disputa con el PRI, en esos niveles, en el antiguo Paso del Norte.

Y si el Caballo Lozoya se integra a tal candidatura, ninguna fuerza sería capaz de competir con ella en el sur del estado. 

Por otra parte, la aparición de Lupita Pérez Domínguez, podría significar la puntilla al PRI cuauhtemense y convertirse en la fuerza con capacidad de disputarle a Morena todos los votos en la puerta de la Tarahumara.

Pero al PAN le quedan dos reductos, Delicias y Camargo, con el atenuante que el segundo municipio no tiene un número importante de electores y que en el caso de Delicias, si bien los candidatos del PAN ganaron, los postulados por Morena estuvieron cerca, muy cerca de ellos.

¿Y Morena?

Lejos del ejercicio del poder local, disminuidos en el Congreso del Estado, cercados varios de sus dirigentes y funcionarios por los escándalos, les queda, como potencial político, el que genere el presidente López Obrador y los programas sociales de su gobierno.

Ausente de las boletas electorales -como el escribiente supone que será- la figura del presidente será una influencia lejana en la disputa electoral, Morena podrá conservar porcentajes importantes de la votación a la alcaldía juarense, pero deberá anotarse que en este caso los votos obtenidos fueron extremadamente parejos frente a Armando Cabada.

Algunos podrán argumentar que el candidato -Javier González Mocken-, por su pasado priista muy reciente, no concitó las suficientes simpatías, pero el hecho estriba en que con todo y el tsunami lopezobradorista, el alcalde Cabada les empató en la elección a la alcaldía. Todo hace suponer que conserva la mayor parte de su potencial electoral.

Si esto es así en la frontera, no cabría esperar mejores números para Morena en la capital del estado, en donde obtuvieron porcentajes cercanos al 25% en la votación de alcalde en 2018. Lo lógico sería suponer que alcanzarían una votación menor pues ahora no se beneficiarían del efecto “Peje”.

Le quedaría, al partido del presidente, el reducto del occidente, con Cuauhtémoc, Guerrero y Gómez Farías como sus principales fuentes de votación, pero enfrentarían, sobre todo en el primero, una fuerte competencia con los independientes.

Pero todo lo anterior tiene un defecto: Hasta ahora es imposible determinar el efecto López Obrador, y menos a casi dos años de las elecciones.

La visión optimista habla de que el efecto de los programas sociales ejercerán su efecto benéfico sobre las candidaturas de Morena, a lo que se sumará, en esa visión, el buen tránsito de la economía nacional, como fruto de las políticas gubernamentales de la 4T.

Lo contrario será catastrófico para Morena. ¿Y qué tal si los votantes no trasladan los beneficios de los programas al ámbito electoral? ¿O que los problemas de la distribución de los programas continúan, o con altibajos, o que los planes económicos del gobierno federal no aterrizan adecuadamente?

Y todavía les falta la designación de los candidatos ¿Y si salen como los gobernadores emanados de las elecciones del 2018?

Sí, porque, de acuerdo con la evaluación de Arias Consultores, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está en el lugar 21 en las calificaciones, pero Cuitláhuac García, de Veracruz, está en el 29; Adán López, de Tabasco, en el 31 y Cuauhtémoc Blanco, ¡En el último, abajo de Javier Corral!

Sorpresivamente, Rutilio Escandón, de Chiapas, aparece en el 5o. lugar. 

¡De cinco, cuatro resultaron mal calificados!

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