Propósitos de año nuevo

Editorial, Aserto 138-Enero 2015

Contra los deseos de los gobernantes y, sobre todo de la ciudadanía, el año 2015 no apunta al optimismo; al contrario, por lo ocurrido en la parte final del anterior es posible que la economía mexicana atraviese por uno de los peores en los tiempos recientes.

El grupo gobernante insistió machaconamente, para que tuviera mejor acogida social la reforma petrolera, en que la economía mexicana no estaba “petrolizada”. La abrupta disminución de los precios del crudo en el mercado internacional echó por tierra, estrepitosamente, tales afirmaciones.

En los días presentes, el precio internacional del petróleo ronda los 45 dólares por barril, muy por debajo de los 78-79 calculados por los diputados en el presupuesto de ingresos para este año.

El daño a las finanzas públicas será enorme; tan solo de enero a noviembre del 2014 la baja en los ingresos petroleros fue del 3.5%, por lo que seguramente en 2015 se ahondará tal disminución.

No es la única repercusión negativa para México, la reforma energética promovida por Peña Nieto tenía como uno de sus pilares la explotación del gas shale, a través del método de la fracturación, pero el costo de producción ronda los 20-30 dólares razón por la que las empresas interesadas en él probablemente opten por otras alternativas.

Tal disminución repercutió en la economía mexicana, y sumada a otros factores llevaron a una devaluación del peso (algunos sostienen, en el mundo, que es una sobrevaloración del dólar), lo que hará que algunas economías regionales, como la chihuahuense, puedan sufrir repercusiones negativas, las que podrían disminuir si la economía norteamericana lograra un moderado crecimiento, de alrededor del 1%, lo que podría desencadenar, por lo menos, el mantenimiento de la dinámica económica de Chihuahua, tan dependiente de los niveles de consumo de los norteamericanos, dado el peso de la industria maquiladora en la economía chihuahuense.

Así, ante una previsible disminución de las aportaciones federales (por la baja de los precios del petróleo) y un muy modesto crecimiento norteamericano, lo más probable es que para los chihuahuenses el 2015 no sea tan promisorio como la propaganda oficial difunde.

Quizá el entorno económico mejore discretamente con la campaña electoral, dados los niveles de gasto de los partidos políticos, y por las aportaciones  a las campañas electorales realizadas por los capitanes de la industria y la economía chihuahuense, pero es mejor prepararse para un muy discreto crecimiento en este año.

Pero si el entorno económico no es de lo más agradable, lo sucedido en lo político sí que es para preocuparse profundamente. Estamos en la peor crisis de credibilidad de las últimas décadas, la percepción de que la impunidad es el rasgo característico de la clase gobernante se extiende viralmente; tanto el asunto de la “Casa Blanca”, de la familia Peña Nieto, como el de la Unión Progreso, de Duarte y sus compañeros, se presentan como evidencias palmarias de la gran corrupción existente en los medios gubernamentales.

Tiene más explicaciones congruentes el asunto de las inversiones del Gobernador Duarte en la Unión Progreso, que el de la casa de la esposa de Peña Nieto, el conflicto de interés está a la vista de los mexicanos. 

En cambio, el Gobernador Duarte deberá presentar las pruebas más contundentes que demuestren que su fortuna se logró de manera legítima y legal. Demostrarlo se convertirá en el tema central de su gobierno, de no hacerlo irá al despeñadero social y, sobre todo, al político-electoral.

Deberán demostrar, Duarte y su Secretario de Hacienda -Jaime Herrera- y el presidente de la Junta Central de Agua -Carlos Hermosillo- que sus actos estuvieron apegados a Derecho, de lo contrario el despeñadero del gobierno y su partido será cosa de días.

De ahí el enorme reto de la Unión Ciudadana, la agrupación surgida al calor de la denuncia presentada por Jaime García Chávez, de transitar por la ya inminente campaña electoral sin que los ánimos electorales la capturen para convertirla en mero instrumento electorero.

De ese modo, el 2015 se presenta como la oportunidad, por lo menos en el ámbito de las luchas y exigencias ciudadanas en Chihuahua, de transitar hacia estadios superiores.

¿Lo logrará la sociedad chihuahuense? Ese sería uno de los mejores propósitos para el año que inicia.

Fue sugerencia de la CNBV La creación del fideicomiso de César Duarte y Berta Gómez: Jaime Herrera

Aserto 138, enero 2015

Entrevistado en Aserto Radio en las postrimerías del 2014 (el 22 de diciembre), el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, aceptó conversar sobre todos los asuntos más controversiales de la administración estatal, incluido el de la denuncia presentada en su contra por Jaime García Chávez. 

La entrevista se realizó a unos días de la transmisión de un reportaje en el programa “Punto de partida”, de Denisse Merker, a través del canal 2 de Televisa, en el que algunas frases del Gobernador Cesar Duarte concitaron las más agudas críticas en su contra.

Expresar que -a lo macho, no lo leí- en referencia a los documentos signados para la creación del fideicomiso por 65 millones de pesos, le acarrearon al mandatario chihuahuense los más ácidos comentarios.

Herrera argumentó, expuso, clarificó lo sucedido, tanto en aquella entrevista, como, fundamentalmente, la ruta crítica de la creación del fideicomiso y del papel de Duarte en la preservación de la Unión Progreso la que, según él, con la participación del ballezano logró transitar de momentos verdaderamente críticos, hasta convertirse, dice, en una de las mejores en el ámbito nacional.

Claramente molesto por las críticas recibidas y por las aseveraciones realizadas por Jaime García y Javier Corral pues éste propuso un punto de acuerdo en el Senado para que se exhortara a la PGR y a la CNBV a realizar una inmediata investigación. No alcanzó la votación requerida para que se considerara de “urgente” resolución, pero la votación fue favorable a la propuesta. Nadie defendió al gobernante de Chihuahua

Luis Javier Valero Flores

Planteada la posibilidad de realizar una entrevista radiofónica, en el marco de la cena de fin de año ofrecida por el Gobierno de Chihuahua a los medios de comunicación, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, accedió.

Quedaría pendiente la fecha. Días después, luego de que mencionáramos al aire que estábamos buscando una fecha su realización, el Secretario nos habló, propuso una fecha y, firme, anticipó -Para platicar de todo, Javier.

 Al inicio de la entrevista se le planteó realizar una conversación sobre el tema de la Unión Progreso, el presupuesto para el 2015 y el asunto del nuevo financiamiento de 3 mil millones de pesos a partir del fideicomiso carretero.

No era suficiente el espacio de una hora, vehemente, abordó de manera libre el asunto de la Unión Progreso, afirmó que aceptó convertirse en Director de ella en 2010, le plantearon que lo necesitaban pues arrastraba serios problemas, un posible fraude, semejante al de Ficrea, en un proceso de 15 a 18 años. 

Resolvieron poner del conocimiento del problema a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Afirma conocer a César Duarte desde 1999 a partir de su ubicación como funcionario de FIRA-Banco de México, encargado, como responsable de la región que abarcaba a Chihuahua. Ya como Director de Unión Progreso (UP) acudió a él a pedirle apoyo, de gestoría, pues el impacto negativo sería para alrededor de 40 mil familias -cita que el caso de Ficrea afecta a 6 mil familias- para que se ubique la magnitud del problema.

“En el 2007, el Gobernador Duarte me externó su interés en la creación de una Unión Ganadera -la Unión Ganadera División del Norte- para apoyar la ganadería. Le propuse crear una Sofom. Hacia 2008 integró un capital de 6 millones. Lo hizo con muchos esfuerzos”.

Continúa con la historia de la UP, dice que creció con números positivos. “En 2011, se requería capitalizar la Unión. Se invitó a los accionistas a aportar capital y en esa dinámica invité al gobernador para que pudiera hacer una aportación, no necesariamente un capital. Fueron aportaciones para futuros aumentos de capital, en primera instancia, fueron 20 millones de pesos, no fue necesariamente una compra de acciones. Luego, hacia 2012 lo motivé para que aportara un poco más, para entonces ya tenían 50 millones de pesos, habían pasado 5 años desde las primeras aportaciones”.

Las aportaciones “a futuro”

“A mediados de 2012 el resultado era muy positivo para la Unión, al grado que la CNB retoma el proyecto de la creación del banco que había iniciado en 2008. Desde México yo había apoyado este cambio.

“Retomo el proyecto y le pido al gobernador que haga una nueva aportación y él, con el producto de la venta de su ganado -él es ganadero de mucho tiempo atrás- y tiene las escrituras de los ranchos, y tiene el desarrollo de sus ranchos, de la ganadería, y además, líneas de crédito que había hecho con la Unión Ganadera y para ellos, líneas importantes, estamos hablando de 200 millones de pesos para toda la Unión Ganadera. Bueno, hace algunas ventas, aporta y hace un total de 65 millones de pesos. Todos, como aportaciones para futuros. No ha habido una definición de capitalización, como se ha dicho, son aportaciones para futuros…”.

Dispuesto a precisar todo, polemiza imaginariamente con quienes el entrevistador supone son los promotores de la Unión Ciudadana, a la que nunca menciona-

“Me han preguntado si el gobernador es socio de Unión Progreso. No lo es puesto que no está formalizada al transformación de la UP en banco. Para formalizar una aportación se requiere todo un proceso jurídico de autorización para que se materialice. Para que esto se haga, toma como un año”.

Tema central de la denuncia, en lo que a él se refiere, se le acusa de crear un conflicto de interés pues en documentos oficiales aparece como apoderado de la UP, cuando ya se desempeñaba com Secretario de Hacienda: 

“Dos días después de que tomo posesión (como Secretario de Hacienda), en octubre de 2012, la CNBV toma la decisión de comunicarle a la UP de formalizar el cambio a banco. El gobernador me invita el 9 de octubre, yo solicito licencia a la UP, también ha habido fallas en las que dicen que yo no me separé del cargo, desde entonces no formo parte del Consejo, ni soy director, sí soy accionista, nunca lo he negado, tampoco hay peculado, no hay conflicto de interés”, arguye.

Acepta que apareció como apoderado de la UP, “efectivamente, como siendo director habíamos iniciado el trámite para iniciar el banco, la CNBV solicita más adelante solicita que se ratifique el trámite y en diciembre del 2013 la Comisión, claramente consciente de que yo estaba como secretario de Hacienda, me dice que con un poder acotado, conscientes de que no tiene ninguna otra facultad, simplemente para no modificar el nombre del apoderado, de los trámites que se venían haciendo desde 2012, me dan un poder específico y en diciembre de 2013 se presenta, por eso la respuesta que da la CNBV el 21 de marzo de 2014 se señala que aparezco como apoderado”.

“La CNBV consideró conveniente que siguiera como apoderado”

“La CNBV considera conveniente que me mantenga en esa condición para hacer el trámite. No hay un conflicto de intereses (aquí enfatiza el tono) porque jurídicamente yo no tenía ninguna facultad en la Unión Progreso, en última instancia no fue una decisión mía, fue una decisión de la propia autoridad”.

“Fue la autoridad la que pidió se establecieran los alcances de ese poder otorgado, específicamente para el trámite que menciono”.

En este momento, aporta un nuevo elemento, desconocido hasta la fecha, en la creación del fideicomiso adquirido por Cesar Duarte y su esposa Berta Gómez por 65 millones de pesos, cuya instrucción decía que era para “aportaciones en el futuro”, para cuando se creara el banco.

“… para cuidar la figura del Señor Gobernador, la autoridad sugirió la creación del fideicomiso”

Herrera sostuvo que “fue la autoridad la que sugirió que, para cuidar la figura del Señor Gobernador se creara un fideicomiso y bajo el argumento de que están protegidos en términos de la ley bancaria, del secreto fiduciario, se toma esa decisión y se forma el fideicomiso por la cantidad mencionada, de 65 millones de pesos; se ha dicho que se formó en 2012, no, no,no, se formó a mediados de 2013… “, luego señala que probablemente de la notaría No. 6 de Delicias, en la que se escrituró el fideicomiso, “algunas investigaciones nos llevan a que probablemente de ahí se sustrajo la información”.

Insistente, enfatiza que esa filtración viola la ley.

Y defiende la licitud de los recursos aportados por el matrimonio Duarte-Gómez, afirma que “…se utilizó esa figura bajo el interés de guardar el origen lícito de esos recursos, que además, debo decirte, fueron revisados minuciosamente por Banco de México, la SHCP, la CNBV; no lo digo yo, hay documentos que lo demuestran… 

Luego pasa a comentar la situación de su dependencia y asegura que “Chihuahua, hoy tiene unas finanzas equilibradas”.

Enseguida, aborda el tema de la relación de la UP con el gobierno y afirma que ésta se estableció desde muchos años atrás, pero que los antecedentes que encontraron, ya documentados, fueron desde 2002-2005 con las juntas de agua, y que consistieron en la apertura de cuentas bancarias, “la UP está facultada para recibir depósitos, de organismos descentralizados y del gobierno central”, dice.

“La Unión celebra contratos de captación de recursos desde julio de 2012, con el secretario José Luis García Mayagoitia, depositaron 100 millones de pesos, ese fue el saldo de 2012”.

Y lanza los dardos, enérgico, casi hasta molesto, dice indignarse “cuando uno escucha que dicen que se depositaron 80 mil millones de pesos, uno se indigna de las falsedades que se dicen, no se pueden sumar saldos en primer lugar, luego, en la entrevista con Denisse Merker aseguran que la Unión pactó tasas de interés por debajo de las del mercado, y así lo dicen, que la UP anuncia tasas de 7% y se contrataron los depósitos del gobierno a tasas del 3%, de eso nos acusan. Son cuentas absurdas”.

Enseguida explica la dinámica de las tasas bancarias, dice que los depósitos realizados a mayor plazo fijo se elevan, “pero cuando son como las cuentas que abrimos, que son al día, líquidos, es decir que lo depositado se puede tomar ese mismo día, pero el gobierno maneja solamente 3-4 mil millones de pesos al mes”.

Mienten cuando dicen que transferimos 80 mil millones de pesos, no se pueden sumar los saldos de las cuentas

Herrera afirma que para evitar las sospechas sobre el favorecimiento en los depósitos bancarios creó un comité de inversiones “e instruí para que se pactaran los mejores términos de los contratos con los bancos, y que nos vigilara la Auditoría Superior del Estado…”.

-¿Tú puedes documentar eso?

“No, no puedo, está documentado de tal modo que obtuvimos de las mejores tasas bancarias existentes en la localidad. Pero es un absurdo que para acusarnos digan que depositamos 80 mil millones de pesos, lo que hicieron fue sumar saldos, eso no se puede hacer”.

“Pero además, las cantidades en las que el gobierno del estado puede determinar suman alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, no cuadran las cifras…”.

Enseguida, demuestra las tasas bancarias, los saldos promedio por banco en los que el gobierno tiene cuentas, en las que, a una tasa de 4.34% UP se encuentra en los dos primeros lugares, con un saldo promedio, durante 3 años, de alrededor de 52 millones de pesos. Documentos, además, en las que incluye una especie de certificación, firmada por el Auditor Superior del Estado, con las tasas pactadas y los saldos bancarios en cada uno de los bancos en los que el gobierno de Chihuahua tiene cuentas.

Luego entra a una larga explicación del porqué de las respuestas del gobernador a la reportera del programa “Punto de Partida”, la de la famosa frase de -a lo macho, no lo leí-; Herrera sostiene que el gobernador efectivamente no supo, que en todo caso no iba a explicar el detalle “fino” de las cosas del fideicomiso.

Justifica que el gobernador dijera que no dió instrucciones para hacer depósitos en UP, porque, dice, “imagínate que todos los días esté revisando las tasas de interés bancarias” y acusa a los reporteros de manipular las entrevistas, aduce que a él le hicieron una entrevista de una hora y sólo apareció al aire solamente 15 segundos “¿Porqué no pasaron algo más? Pues porque no encontraron resbalones, algo que aprovechar”…

-¿Porqué no hubo una aclaración del Gobierno del Estado?

“Está aquí tu servidor,…”.

-Sí, pero dejaron correr los días…

“Mira, el Gobernador decía en el brindis de fin de año que nosotros estamos para trabajar con la gente; nuestra preocupación, la mía, es encontrar la manera de como traer recursos al estado, cómo logramos hacer más eficientes los recursos propios, cómo logramos traer proyectos importantes, ese es nuestro trabajo, no está en salir a aclarar todo lo que nos achacan, todos los días, las cosas que dice alguien que está mintiendo, para eso está la autoridad, y ésta se encuentra investigando”.

Y luego afirma que “la gente ya se cansó de este proceso y, además, conoce a cada uno de los personajes que se encuentran haciendo esto, y la pregunta es que si debemos dedicarle tiempo a esto, ¿O a nuestro trabajo?”.

Insiste en que las tasas contratadas son de las mejores del mercado.

La Unión tiene años que no genera utilidades, si tengo otros recursos que se vea (que la autoridad lo investigue, quiso decir).

En referencia a las imágenes en las que se le ve acudiendo a las oficinas de la UP, dice “soy accionista”, y reitera “me interesa que la Unión siga bien, tengo el interés personal porque a los ahorradores de la Unión les vaya bien, derivado de una crisis que se generó y hoy, gracias al trabajo de sus integrantes ahora es una de las más fuertes a nivel nacional, y tenemos accionistas de todos los partidos políticos”.

-Entre ellos el presidente municipal de Delicias, Jaime Beltrán del Río…

“No, él no es socio…”

-¿Y porqué participa de las reuniones de la Unión?

“Porque es el auditor de ella, lo es desde hace varios años…”.

Al final de la entrevista, insistente en las explicaciones, reitera: “La Unión tiene un capital de 500 millones de pesos, con una cartera de 3 mil y una captación de alrededor de 3 mil millones de pesos, en donde el gobierno tiene cuentas de 50 millones de pesos y no los 80 mil millones que nos dicen, sí ha habido días en los que depositamos 800, pero de ninguna manera para las falsedades que dicen que adquirimos el Hotel Soberano; Don Arturo Hernández es el dueño del hotel, como seguramente Jaime García Chávez ya pudo constatarlo”. 

En el curso del programa, Jaime García Chávez le planteó la celebración de un debate: “En cuanto a la propuesta de debate con Jaime, te digo, con todo respeto, que no voy a hacer grande lo que no tiene razón de ser más grande, no porque le huya, sino porque para eso están las autoridades, no voy a hacer un debate público de lo que le corresponden a ellas y que están haciendo de una manera correcta, yo no ando buscando votos, no me dedico a buscar foros”. 

-Con esa experiencia técnica, Jaime ¿Tú crees que no caíste en conflicto de interés?

“Si hubiera un beneficio personal o para la Unión, sí lo existiría; el beneficio ha sido para el Gobierno de Chihuahua, los contratos de captación de recursos datan de muchos años atrás…”.

Gracias, Jaime, feliz año.

Los "rehabilitados"

El Diario, 29 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Algo deberán hacer los gobernantes actuales para que la acción estelar de la administración estatal, la cobertura total en la educación en los niveles medio, medio superior y superior, guarde congruencia con dos situaciones develadas en el curso de los últimos días, a cual más de preocupantes porque revelan, por lo menos, enormes incongruencias en el aparato gubernamental: El desusado e ilegal traslado de los reclusos del “Ceresito” de Cuauhtémoc (Centro de Readaptación Social Para Adolescentes infractores, ‘Cersai’) y la deserción escolar en Chihuahua.

Convertida en objetivo central del gobierno de César Duarte, el abatimiento de la participación de los jóvenes en el crimen organizado, a través de las mayores oportunidades en la educación, los recientes sucesos ocurridos en el Cersai de Cuauhtémoc destaparon una auténtica cloaca y, además, pusieron en entredicho la sensibilidad, si bien de no toda la Fiscalía General del Estado, sí, por lo menos, la de la encargada de la Ejecución de Penas (otra vez) pues, entre los acontecimientos y las declaraciones de los padres de los recluidos en ese penal para menores infractores, motivadas por aquellos, asomaron a la sociedad chihuahuense el enorme descuido, menosprecio y hasta olvido de los más elementales sentimientos de solidaridad para con quienes tuvieron el infortunio de caer en uno de esos centros.

Eje de la política gubernamental -hasta hace dos sexenios, por lo menos en el discurso- en materia de reclusión de personas en los centros penitenciarios, fue el de la rehabilitación de quienes hubiesen delinquido, de ahí los sucesivos nombres empleados, centros de “rehabilitación”, o de “reinserción” social.

Fracasada esa política en prácticamente todo el país (la “fábrica de delincuentes”, citada por el entonces gobernador Francisco Barrio, “no se detenía”) y convertidos los penales en los centros neurálgicos del crimen organizado, el gobierno de Cesar Duarte logró asumir el control de los penales en el estado y abatir drásticamente los índices delictivos en ellos.

Bien, pues sí hay un grupo de personas en los que se puede evaluar de mejor manera la eficiencia de las políticas de reinserción social es en los jóvenes infractores, pues por su naturaleza no recibieron penas de perpetuidad, por tanto, con certeza sabemos que, algún día, todos saldrán del penal, por tanto deberá -debería- aplicarse una política de pleno salvamento.

Pero la fuga de dos reclusos del Ceresito de Cuauhtémoc nos reveló otra realidad, la de los penales para los menores infractores. Los evadidos tienen, uno, 19 años, y el otro, 22 ¿Qué hacían al lado de los menores de edad?

Los jóvenes internados en el Ceresito de Cuauhtémoc fueron sometidos a todas las violaciones a los derechos humanos imaginables:

Fueron trasladados sin el conocimiento de sus defensores ni de sus padres, a raíz de una fuga que no fue responsabilidad de los internos; se alegaron razones de seguridad como si fueran delincuentes de elevada peligrosidad y las autoridades de la Fiscalía General del Estado argumentaron que se pretendieron  realizar todas las maniobras de seguridad pública efectuadas en los penales, con la pequeña diferencia que se trataba de jóvenes.

Aún más, fueron escondidos a los padres, luego, éstos, al reclamar, fueron maltratados por los custodios, al igual que los jóvenes; los funcionarios de los reclusorios les mintieron a los padres pues adujeron que el traslado de los menores infractores fue una medida aprobada por la CEDH, dizque para mejorar la seguridad de los reclusorios y preservar la de los internos, pero en el camino cometieron diversas tropelías, amén de infinidad de violaciones a los derechos de los internos, y en la práctica, al trasladarlos a los penales de Juárez y Chihuahua les quitaron la posibilidad de continuar con sus estudios, tal y como lo hacían en Cuauhtémoc.

¿Cual rehabilitación se pretende hacer con la circulación de los reos? ¿Porqué los evadidos, mayores de edad, convivían con el resto de los internos, esos sí menores de edad?

Las dimensiones de las medidas adoptadas por los funcionarios públicos son enormes. La gran mayoría de los reclusos son de escasos recursos económicos y sus familias ahora deberán emplear más dinero para su traslado y estancia en Chihuahua y Juárez, so pena de abandonar a sus jóvenes.

Las dimensiones de esas tragedias -y el consiguiente reclamo- las ilustró una madre de familia: “Yo no tengo dinero para venir a ver a mi hijo cada semana. Nuestros hijos deben estar donde fueron condenados”. (Nota de Cinthya Ávila, El Diario, 25/I/15).

Pero, además, la reubicación es una medida ilegal, contra ella se ampararán algunas familias ¿Qué caso tiene orillarlas a emplear recursos de por sí escasos para estas familias?

¡Ah, pero eso sí, el director del Cersai 3 (de Juárez), Gonzalo Díaz Rojero, les aseguró que el traslado se hizo conforme a “derecho”. ¡Ni la burlan perdonan!

No es el único caso de lo que es una concepción gubernamental alejada del inmenso drama vivido por un buen porcentaje de los jóvenes chihuahuenses.

A ella volveremos.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Insidia

El Diario, 25 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Lo ocurrido el jueves en las Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia, (convocadas por las Comisiones de Seguridad, Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores), en la presentación del Gobernador César Duarte, y la confrontación de éste y los senadores priistas Patricio Martínez y Graciela Ortiz con el también chihuahuense, el panista Javier Corral, bien lo podría retratar un cartón elaborado por Naranjo hace décadas, publicado en Proceso.

Eran los años en los que el gobierno norteamericano “certificaba” los avances de los países en el combate al narcotráfico. Según aquellos parámetros México no “calificó” por la enorme corrupción de sus corporaciones policíacas. 

Eran los años, también, de la construcción de la barda de hierro, que los mexicanos denominamos el “muro de la tortilla”.

Naranjo dibujó el muro. De este lado a un típico mexicano, cadavérico y con el característico sombrero de ala ancha. Del otro lado, el grandote “Tío Sam”, con un frac de la bandera gringa y el sombrero de copa alta.

El norteamericano, desde su altura, le soltó al mexicano el insultante término -¡Corrupto! 

Y el mexicano, de botepronto, le respondió: “Mariguanoo”.

No son pocos quienes sostienen -desde el mundo oficial- que el ríspido intercambio de frases entre Corral y Duarte constituyó una ejemplar respuesta del ballezano a sus detractores. Que ¡por fin! lo puso en su lugar, dicen.

Pero lo sucedido en la Cámara Alta es altamente preocupante y, casi de seguro, en sentido contrario a los deseos del mundo oficial.

Corral le espetó a Duarte “… es una vergüenza que el gobernador de Chihuahua participe en estas audiencias. La presencia de César Duarte, con diseño especial para su lucimiento personal, muestra la profunda hipocresía del PRI y del presidente de la República en el combate a la corrupción y a la impunidad (…)”.

Efectivamente le asistía la razón a la senadora Ortiz cuando afirmó que Corral ya había acusado, procesado y sentenciado a Duarte al sostener aquel que el Senado no podía recibir a un “corrupto”, cosa que aún está en la fase de investigación, luego de que la denuncia presentada por Jaime García Chávez transitara a la oficina del Procurador Jesús Murillo Karam.

Dijo Ortiz que para eso estaban las instituciones, para dilucidar asuntos como el planteado. Dijo otras muchas cosas más, entre ellas que Corral había realizado acciones que “no son de hombres”, en un increíble lapsus misógino.

Digo, porque si esas acciones no son de hombres, es decir ¿De quién son propias?

Pero unos minutos después les cayó encima el mundo. Con la presencia del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, lo que podría hacer pensar a más de uno que Peña Nieto respalda irrestrictamente al gobernante chihuahuense, éste, luego de solicitar permiso, o de avisar al coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, decidió responderle a Corral. 

En lugar de esgrimir los argumentos que nos iluminaran acerca de la licitud de su fortuna, de que los 65 millones de pesos del fideicomiso no fueron aportados de sopetón, que no se habían usado para comprar acciones de Unión Progreso (UP), que eso será después; que nunca estuvieron juntos 80 mil millones de pesos del gobierno en la UP, que el promedio de saldos del gobierno en cuentas bancarias de ella no supera alguna cifra razonable, que todo está en regla, etc.; nada, soltó la bomba, o la que él pensó que lo sería.

Sus hermanos, senador, le dijo, son delincuentes, uno de ellos narco, y porque son eso, usted ha criticado a mi gobierno, porque favorece los intereses del Cártel de Juárez (nombre con el que los chihuahuenses conocemos al grupo criminal y que el mandatario no se atrevió a llamar por su nombre) y pretende, por esas mismas razones, descalificar el trabajo que “los chihuahuenses” hemos realizado en materia de seguridad pública.

¿Cómo? El gobernador de Chihuahua es acusado de la comisión de varios delitos y, al defenderse, acusa a su detractor, a su vez, de criminales, ¡Pero a los hermanos del senador, pero no al senador! y como tiene esos lazos familiares, nos quiso inducir a que Corral también lo es.

Y si así fuera ¿Las acusaciones lanzadas por el gobernador al senador descalifican las que le formularon al mandatario? Obviamente, no.

Hay más. Lanzada así la información, en tanto no se conocían los detalles, podía llevar a la sorpresa, pero resulta que los hermanos Corral ¡Pagaron a la sociedad norteamericana hace 12 y 11 años sus deudas! 

Es decir, en el momento actual no son lo que dijo el mandatario chihuahuense y hasta lo podrían demandar por daño moral. Y si salieron de la cárcel hace más de 10 años, entonces las críticas y denuncias de Corral al gobierno de Duarte no podían obedecer a la mecánica aducida por éste, pues, ya libres y viviendo en El Paso, se les supondría alejados de las actividades delictivas, a menos que el gobernador posea información en sentido contrario. 

Eso nos llevaría a otro escenario, aún peor, aquel en el que el jefe de la seguridad pública de Chihuahua posee información acerca de la participación de los hermanos Corral en el “grupo criminal de la frontera” y no los denuncia ante la autoridad correspondiente.

Y es que lo dicho por el Gobernador Duarte no ofrece margen de duda. Esto dijo, en la parte específica:

“… de ninguna manera puedo permitir que mi nombre ni el de mi familia se señale de manera tan irresponsable como se ha hecho. 

Las acusaciones a las cuales se dice que se tienen pruebas, yo las espero porque de ninguna manera existen, se dice que soy socio mayoritario de un banco, que no existe, entonces empecemos por ahí; y lo que sí existe es un conflicto social generado por una organización crediticia, Unión Progreso… Ese es el origen de toda la serie de imputaciones falsas y señalamientos que por no querer reconocer los avances de Chihuahua se vienen a señalar… 

Yo, hoy, como aquí se ha señalado, un tema de conflicto de intereses y que no debiese yo haber participado en esta mesa, me voy con una duda mayor: Señor senador, quien creo que tiene un conflicto de interés es usted, y no es la primera vez, lo hemos visto a lo largo de muchas acusaciones.

Usted me ha acusado en más de 20 ocasiones de distintas cosas y la autoridad jamás le ha dado la razón porque nunca la ha tenido.

Hoy, me preocupa demasiado el hecho de que sus señalamientos lleven otro fondo, aquí se ha dicho un fondo probablemente electoral, sería el menos mal, A MÍ ME PREOCUPA QUE LA AFECTACIÓN QUE HEMOS HECHO A LOS INTERESES DEL GRUPO DELICTIVO DE LA FRONTERA SEA LO QUE A USTED LO ESTÉ MOTIVANDO A PRETENDER DESESTABILIZAR MI GOBIERNO (Mayúsculas de LJVF).

Su hermano, su hermano estuvo el recaudo de la cárcel fronteriza, EN DONDE TIENE LA MAYOR PRESENCIA EL GRUPO DELICTIVO DE CIUDAD JUÁREZ, Y ESOS INTERESES LOS HEMOS AFECTADO DE FRENTE Y SU HERMANO FUE PROCESADO POR NARCOTRÁFICO (Ibídem), y su otro hermano procesado por fraude financiero en los Estados Unidos y también recaudo en esas cárceles.

Yo no quiero irme, yo no quiero irme, no sería yo irresponsable mencionar un tema de ese tamaño, yo escuché y lo que a mí me preocupa es que esos intereses estén pretendiendo hoy, desde aquí, cambiar la realidad que vivimos en Chihuahua”.

No hay lugar a la duda. Según estas palabras, Javier Corral obedece a los intereses del “grupo delictivo de Ciudad Juárez”, los que pretenden, en el Senado, “cambiar la realidad” de Chihuahua y son los que lo llevan a “pretender desestabilizar” al gobierno de César Duarte.

Bueno, pues la senadora Ortiz debió incluir, también, las palabras del Gobernador Duarte en la clasificación que le había endilgado a Corral, al pedirle que fueran las “instancias correspondientes” las que resolvieran acerca de las acusaciones, “antes de emitir un juicio".

Y es que Ortiz había dicho lo siguiente: “Respeto y quiero –y esa es una expresión cabal– al señor senador Corral, lo conozco desde que era un niño. Lamento profundamente que aquí, dejando de lado todo lo que es la formación que nos debe dar el Derecho, no solamente se brincó el axioma de que ‘nadie es culpable o que todo mundo es inocente hasta que la justicia determine que no lo es’. Aquí ya se acusó, aquí ya se sentenció y aquí se condenó.

Esas circunstancias a las que alude el senador Corral tienen una instancia de resolución, se presentó una denuncia. ¡Ah, pero no se trata de que alguien resuelva esa denuncia! Se trata de venir a hacer estridencia, escarnio; y se trata de venir a incidir y denostar, y eso no es de hombres, eso no es de ciudadanos, eso no es de chihuahuenses…”.

Po’s dan ganas de creerle al ex gobernador Patricio Martínez, quien ahí mismo dijo que “Chihuahua no es el paraíso terrenal, pero era el infierno”.

Sorprende la falta de preparación del Gobernador Duarte para esa audiencia. Se sabía que su comparecencia en el Senado motivaría alguna acción del Senador Corral y no exhibió argumentación alguna para afrontar las acusaciones de éste; en cambio, al dejarlas de lado, optar por la acusación a los hermanos y dejar que infiriéramos la supuesta participación del senador en el grupo criminal, dejó abierta la deducción de que no tiene argumentos para defenderse de las acusaciones.

Pero, luego, el hecho de presentar esas argumentaciones, las que dan lugar a muy preocupantes inferencias, lo obligaría a presentar una denuncia penal pues si sus afirmaciones son ciertas, está obligado a actuar en consecuencia, pues es el principal responsable de la seguridad pública en Chihuahua, y por lo menos en materia de seguridad pública, es el hombre más informado de Chihuahua, o debiera serlo.

Por lo tanto, estaríamos casi obligados a creerle cuando plantea una acusación -o inferencia- tan grave.

Y, perdonen al escribiente, pero lo realizado en el Senado por el Gobernador Duarte no es, para nada, una demostración de sus dotes de tribuno. Ahí simplemente dejó correr una insidia, pero no debatió, éste es el terreno de los tribunos, el debate, el mismo que los chihuahuenses quisiéramos ver y no estos ejercicios en los que se cree que el debate es el concurso de acusaciones.

Pueden serlo a condición de que se presenten de manera argumentada, coherente y sustentada.

Lo contrario, es pura chirinola… 

Ojalá.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

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Temporada de cinismos

El Diario, 22 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

¿Qué decir de la más reciente de las maniobras realizadas por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero?

Se fué de licencia para buscar una candidatura a la diputación federal, pero no cualquiera, sino la del primer lugar de la lista de la circunscripción plurinominal y dejó filtrar la especie que luego, aprovechando su muy ventajosa posición de presidente del comité nacional, trataría de ser el coordinador del grupo parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados, en la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto.

No se desvanecían aún los comentarios adversos por la exclusión de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, a ocupar uno de los tres primeros lugares de la lista de candidatos plurinominales, candidaturas que resolvió el Comité Nacional. Es decir, Zavala quería ser candidata, pero pluri, y no cualquiera, sino las seguras, las de los primeros lugares, las “amarradas”.

En el colmo del cinismo, a su regreso a la presidencia nacional, el martes, Madero expresó que había ¡¡¡“cumplido su compromiso”!!!:

“Hoy vengo a cumplir un compromiso. Al momento de pedir licencia a la presidencia del partido para cumplir una obligación estatutaria (quiso decir que no podía ser presidente y buscar, al mismo tiempo, la candidatura plurinominal por la vía de la designación del Comité Nacional), me comprometí una vez que ésta estuviese satisfecha, regresar al cargo. El día de hoy regresé a mi cargo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para estar en condiciones de seguir consolidando esta agenda de cambios, en el partido y en el país”. ¡Orale!

Dicho en sus verdaderos términos, regresó para tener el control de su partido en plena campaña, para vigilar que la absoluta mayoría de sus compañeros (de grupo, o de ambiciones) se conviertan en diputados federales. Y como en ese partido los presidentes de los comités designan a los coordinadores de los grupos parlamentarios y edilicios, entonces se quitará de la silla dirigencial, nombrará a uno de sus incondicionales como dirigente provisional para que lo unja de coordinador de la nueva bancada y hasta puede que regrese a la presidencia de su partido, si se lo permiten estatutos y mayoría de integrantes del comité nacional… en el cual tiene una cómoda mayoría.

Luego, vencido el plazo para el que fue elegido -a fines de este año, o primeros meses del 2016- se reportará listo para buscar la candidatura presidencial, seguramente en una dura y muy áspera contienda frente al gobernador poblano Rafael Moreno Valle, proceso en el que no lo dudemos estará pletórico de muy sucias jugadas. Todo ello ocurrirá -y ocurre- en el partido que hizo de la honestidad el principal de sus capitales.

¡Ah, pero eso sí, Ricardo Anaya, quien le cuidó el puestecito a Madero, se va de coordinador de los diputados para impulsar la Comisión Anticorrupción!

La ruta anterior fue trazada muchos meses atrás, en contraposición a los deseos de muchos chihuahuenses -basados en rumores salidos de quien sabe donde- en el sentido que Madero sería el candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, como fruto de las “concertacesiones” efectuadas con motivo de la firma del Pacto por México y a que esa sería la sanción que el gobierno de Peña Nieto le aplicaría al Gobernador César Duarte.

Es decir, en esa noción, el PRI habría entregado de antemano la plaza de Chihuahua y que el beneficiario, único, sería Madero.

No era así, la ambición era -es- más grande y el daño inflingido, no tan sólo a su partido, sino al electorado del blanquiazul y, en su conjunto, a la política, será enorme. Maniobras tan faltas de ética política se realizan justamente cuando la iniquidad cubre a la figura presidencial, con el descubrimiento de otra propiedad de Peña Nieto al amparo de sus relaciones con los hombres del poder económico, beneficiarios de los contratos multimillonarios otorgados por el gobierno del mexiquense, en su administración estatal y cuando 12 de los 14 Jefes Delegacionales del PRD en el DF pidieron licencia para buscar una diputación.

Tales hechos se presentan en medio de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa y las muy evidentes ligas de algunos de los gobernantes perredistas guerrerenses con el crimen organizado.

¿A cuál irle? Po’s como los argentinos gritaban hace algunos años: ¡A ninguno!

Los hechos relatados -y otros muchos más-, aunados a la escasísima cultura democrática mostrada por los partidos políticos registrados, en los cuales el método prioritario para designar a sus candidatos es aquel que tanto le reprochamos al PRI, el “dedazo”, ya sea unipersonal, o del grupo mandón en las estructuras partidistas (que luego también se convierte en decisión del dirigente del grupo en cuestión).

Y eso sucede en todos los partidos, pero en todos, tanto en los que ya estaban, como en los que recién llegaron a la palestra electoral, mostrando que, por lo menos en ese aspecto, muy poco aportarán al desarrollo democrático de los mexicanos.

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La elección de Peña en Chihuahua

El Diario, 18 de enero de 2015
Luis Javier Valero Flores
El Presidente Peña Nieto llega en el peor de sus momentos a la elección de la mitad de su sexenio. Como nunca antes presidente alguno -a partir de nuestra época, la de las elecciones no organizadas por el gobierno- ha llegado con la creciente convicción popular de que se encuentra inmerso en un supermillonario conflicto de interés, percepción compartida por una inmensa mayoría ciudadana, cosa contraria a la sufrida por Felipe Calderón que, si bien no tenía las simpatías del electorado priista, no arrastraba su rechazo.
Hoy no es así, una buena proporción del electorado blanquiazul y la totalidad del de la izquierda rechazan de manera muy crítica al mexiquense y sectores importantes del electorado priista mantienen, por lo menos, bajas expectativas acerca del desempeño de uno de los mandatarios más cuestionados en su triunfo electoral.
El problema, para Peña Nieto, para el PRI y para el país, es que los cuestionamientos acerca de la participación del capital privado en el financiamiento de su campaña se han reforzado con la inquietante relación del grupo gobernante con el propietario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, (por las casas de la familia Peña-Rivera y la de Luis Videgaray) beneficiario de múltiples contratos millonarios en el gobierno estatal de Peña Nieto y en el actual, federal, además de facilitador de los vehículos aéreos de la campaña presidencial en el 2012.
El problema es que los conflictos de interés del Presidente Peña, su familia y su equipo, también abarcan a Televisa, la empresa de telecomunicaciones propiedad de la élite empresarial del país.
Por si fuera poco, el caso de los normalistas de Ayotzinapa ha minado seriamente la confianza ciudadana en las instituciones, incluidas las fuerzas armadas. Coincidentemente, el empresario Roberto Servitje, fundador del Grupo Bimbo,  y uno de los ideólogos más importantes de la extrema derecha mexicana, afirmó que "algunos grupos inconformes" le han dado al caso "una dimensión que no tiene”. (Nota de SinEmbargo, 15/I/15).
Y las reformas aprobadas en los meses recientes, en las que las capas dirigentes, demagógicamente, tienen cifradas sus esperanzas no han generado -no van a generar- los resultados económicos que tanto prometieron.
Menos en este año. La petrolización de la economía mexicana es una más que evidente realidad; la salvaje disminución del precio del petróleo nos ha ubicado dramáticamente y ha llevado al gobierno de Peña Nieto a aceptar que nos habían mentido, la multimencionada "cobertura de riesgo" en el precio del petróleo pertenece al pasado y ahora ya nos anuncian la instrumentación de un muy serio programa de recortes presupuestarios.
Tal realidad alcanzó a Chihuahua en el aspecto al que más le había apostado el gobernador Duarte, el de la explotación del gas shale. Videgaray, oficialmente, pospuso la puesta en vigor de la obtención del petróleo "por métodos alternativos".
En ese entorno nacional se desarrollarán las elecciones federales.
Para el partido oficial en Chihuahua las cosas no se presentan de mejor manera, tiene a su favor la tradicional "cultura" priista, el peso de la estructura gubernamental estatal y la federal; eso lo hace favorito frente a su principal adversario y hasta ahora única oposición, el PAN, pues PRD, PT, Panal y  Movimiento Ciudadano, conforman el bloque gobernante en Chihuahua.
Pero el PRI atraviesa por un momento muy difícil, los niveles de aprobación del gobernante estatal y de los alcaldes de las dos principales ciudades están por debajo de sus expectativas y casos como el del ViveBus y la denuncia en contra del Gobernador Duarte, amén de otros de menor impacto en la población, los ha colocado en un muy difícil situación al arranque de las precampañas.
Además, no gobiernan en Delicias y Cuauhtémoc. Por si fuera poco, en Parral debieron recurrir a los servicios de un ex panista (hoy exultante admirador del Presidente Peña Nieto, luego de de haber sido estridente antipriista de una vida completa); les favorecerá, todavía, el llamado "voto verde" y la conformación de los distritos federales, de manera tal que podrían alzarse con el triunfo, más o menos holgadamente, en los distritos 1 (con cabecera en Juárez, pero con varios municipios de población mayoritariamente rural o semirural); el 2 (también de Juárez, tradicionalmente de hegemonía priista, seguramente debido a que es el de mayor proporción de población con los menores ingresos de la entidad) y el 9 con cabecera en Parral.
Puede ganar el distrito 7 (Cuauhtémoc) pero sufrirá una fuerte competencia pues las simpatías por el PAN son grandes en esa ciudad y han crecido en algunos de los municipios más importantes, como Guerrero.
Pero si las simpatías por el PAN se mantienen como hasta ahora, a pesar de lo que ocurre en este partido, de lo realizado en su paso por la presidencia de la república, de los no pocos escándalos de todo tipo, protagonizados por varios de sus más connotados miembros, de los crecientes niveles de corrupción, denunciados o conocidos por las redes sociales, o por sus intensas confrontaciones, es posible que recupere los distritos 3, de Juárez, y el 6 de Chihuahua y pueda alzarse con la victoria en el 5, de Delicias.
Que el PRI chihuahuense salga con un marcador de 6-3 será el premonitorio de muy serios problemas electorales en 2016; pero si acaso perdiera 4 distritos -acaso el de Cuauhtémoc, o el 8 de Chihuahua, o el 4 de Juárez- se convertiría en una catastrófica derrota, con todo y que mantuviera mayoría de triunfos en el estado.
Rasgo importante del proceso electoral -especula el escribiente- será que, salvo en algunos casos, los menos, importarán menos los candidatos y adquirirá un mayor peso las preferencias partidarias, no tanto porque éstas hayan crecido, sino porque en una situación como la actual, en la que el rechazo a las figuras gubernamentales es tan grande (no está a nuestro alcance, aún, una medición certera, pero indudablemente es de dimensiones mayores), en un entorno electoral bipartidista, que el elector, para castigar a aquellos, optará por la alternativa partidista que considere con mayores posibilidades de triunfo y, por tanto disminuirá el peso del candidato en la manifestación de las simpatías electorales.
Sin embargo, para el partido favorito -o el que se cree con mayores posibilidades, o el que detenta el poder- las figuras de los candidatos sí pesará en mayor medida, pero en sentido contrario.
Si el rechazo al gobernante es creciente, es probable que cuanto más cercanos a éste se adviertan los candidatos es probable que deban arrostrar parte del voto de rechazo, caso que deberá afrontar Carlos Hermosillo, candidato en Parral y Fernando Uriarte en Juárez (aunque en menor grado).
Adriana Terrazas -4 de Juárez- deberá enfrentar serios, muy serios riesgos. Además del crecimiento de las simpatías blanquiazules en el distrito, su paso por la administración municipal de Enrique Serrano ha sido escandalosa. Primero, el episodio de su llegada al gabinete, en un claro caso de nepotismo pues su prima era regidora electa y luego el haber sido sorprendida en un más que evidente acto de uso de recursos públicos para favorecer a su partido, condicionando la entrega de materiales por instancias gubernamentales, hecho develado por un trabajo periodístico de El Diario y luego retomado jurídicamente por el PAN.
Georgina Zapata, a pesar de representar la manera en que el viejo corporativismo priista hereda a sus delfines todo, puestos públicos, dinero, canonjías, privilegios sin par, cargos sindicales, probablemente no tendrá problemas en el más cómodo de los distritos para el PRI.
Caso contrario deberá vivir el ex dirigente estatal priista, Alejandro Domínguez (8 de Chihuahua) quien enfrentará la que seguramente es la ciudadanía con mayores niveles de reclamo a la actual administración estatal. Este distrito cuenta con el mayor porcentaje de usuarios del transporte urbano, y no necesariamente de la ruta troncal, sino de las rutas alimentadoras, las que más problemas han generado a los usuarios. No le será fácil.
Y si el panorama aquí descrito -aceptando estar equivocado, aunque puede ser menor- es el prevaleciente en el país, entonces el gobierno de Peña Nieto puede recibir una de las derrotas electorales más catastróficas; a su favor cuenta la profunda división del panismo nacional y la de la izquierda, ahora más que evidente a raíz de Ayotzinapa.
Pero sólo son las elecciones de mitad de sexenio.

Más de 20 a 1

El Diario, 15 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

La visita presidencial, realizada ayer a Juárez, adquirió características del pasado remoto, de cuando el mandatario era aquel funcionario prácticamente omnímodo ante el cual todos los mortales (por lo menos los que habitaban en México) se rendían a sus pies -especialmente los funcionarios públicos- y el cual era recibido con ansia por todos los integrantes de las “fuerzas vivas”, a fin de que destilara cuantiosas sumas para la gran cantidad de obras requeridas en el lugar visitado.

Por supuesto que recibir a tan ilustre ciudadano implicaba asumir que la vida de la ciudad debería paralizarse, -por lo menos eso es lo esperado, y programado- por la clase política anfitriona del huésped más poderoso de México (claro que por encima de los hombres de la empresa y la industria), de tal modo que las molestias generadas por el traslado y estancia del visitante deberían aceptarse mansamente por los habitantes de la urbe o poblado agraciados.

Pero la realidad (esa, que Mario Tarango escribió en su libro no “pide permiso”) se impone. El grupo gobernante en Chihuahua ha presumido largamente su cercanía con el Presidente Peña Nieto. 

Los hechos son contundentes, el estado de Guerrero ha sido receptor en más de 20 ocasiones del presidente; no sólo con motivo de los acontecimientos de Iguala, sino previamente.

Podrán alegar más de uno que los acontecimientos ocurridos en la tierra de “los caminos del sur” reclamaban -reclaman- la mayor de las atenciones del ocupante de la silla presidencial. 

No les falta razón, pero acá entre nosotros, especialmente los habitantes del antiguo Paso del Norte, se presentó la peor de las tragedias: Durante larguísimos meses esta urbe fue la más violenta del mundo.

¿Alguien podrá esgrimir peor catástrofe que esa?

Juárez le exigió al Presidente Felipe Calderón que su gobierno la considerara como una auténtica zona de desastre, porque lo era (y nadie, válidamente, puede argüir que la recuperación de la más grande de las urbes chihuahuenses se encuentra al nivel de mediados del año 2007, es decir, hasta antes de la oleada más criminal de su historia) y que las obras, programas y acciones del gobierno federal acudieran a rescatar a la “frontera más bonita de México”.

Ni los dramáticos reclamos de los padres de las víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar lograron tal propósito. 

El candidato Peña Nieto llegó a Juárez con esa promesa. Su cumplimiento queda no sólo en veremos luego de realizar, apenas, su primera visita a esta ciudad y en la que vino a inaugurar obras que, llamémoslas así, son de las que se realizan en cualquiera de las urbes medianas y mayores en el país. 

Son de “cajón”, diría la voz popular.

Inaugurar un centro de esparcimiento para los policías y sus familiares, así como la del hospital de la mujer y dos distribuidores viales son obras, para una visita presidencial y para una ciudad como Juárez, que no merecen más que medianos aplausos, y eso, aceptando la existencia del presidencialismo ramplón del México de nuestros días.

Un cuerpo policíaco, acorde con las necesidades de la urbe por la que transita el mayor volumen de drogas en el mundo, requiere una inversión infinitamente mayor que la puesta en marcha del mencionado centro; del mismo modo que el funcionamiento del hospital de la mujer, precisamente en la ciudad que concitó la mayor de las atenciones en las décadas pasadas por los feminicidios ocurridos. 

Del mismo modo, inaugurar apenas dos distribuidores viales, en una ciudad atenazada por la inmensa cantidad de obras viales en construcción (que no resolverán el no menos gigantesco problema de la falta de pavimentación en prácticamente la mitad de la ciudad) y, encima de ello, a costa de los ciudadanos y no del presupuesto federal o estatal, puede sonar a un poco menos que una grosería hacia una sociedad que recién emerge de una inmensa tragedia, de tales dimensiones que nos llevó a presenciar un fenómeno, increíble hasta unos años atrás, que la corriente migratoria de los asalariados fuera en sentido contrario, de Juárez a Veracruz, y que la empresarial siguiera las huellas de la migración de siempre, de Juárez a El Paso.

Hoy los índices criminales están a la baja, pero el daño social está hecho, el económico igualmente. Establecer las bases para que esa realidad cambie debiera ser el eje de la actividad gubernamental de quienes hoy están en Palacio Nacional, la desgracia es que, parece, no poseen la talla de los estadistas que se necesitan para realizar tan hazaña.

No, no podía Peña Nieto venir a Juárez a realizar una visita burocrática -como una más en su muy ocupada agenda-; y esperar que los “representantes” de la sociedad le hicieran la larga lista de peticiones (como una carta a Santa Claus, dijo el Gobernador Duarte, en lo que fue la mejor de las analogías para esta visita, pues la mayoría de los niños hacen esa carta y sólo a una ínfima minoría se les conceden sus deseos) y decir, al final, que se analizarían por las instancias de gobierno. 

No, a Juárez debió llegar con el cúmulo de obras, programas y acciones de su gobierno para regresarle a esta ciudad parte de la riqueza que en el pasado poseía, por lo menos la de cuando se convirtió en la capital mundial de la industria maquiladora.

Bueno, por lo menos esa. 

¿Cómo estaremos que ya nos conformamos hasta con tal forma de explotación del capital humano?

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Ávalos, con el plomo en la sangre

El Diario, 11 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Si hubiese que buscar un problema ilustrativo del modo en que las administraciones gubernamentales actúan en los crecimientos poblacionales y ante los las quejas de los afectados por los distintos problemas generados por tales determinaciones, el caso de los vecinos y padres de familia de diversos fraccionamientos y centros escolares, construidos en las cercanías de la antigua Fundidora de Avalos en poco más de década y media, en la capital del estado, es paradigmático.

Han transcurrido varios meses desde la primera protesta organizada de un conjunto de vecinos de diversos fraccionamientos, en la entrada sur de la capital del Estado, quejándose fundamentalmente de la presencia de varios casos de elevados niveles de plomo en la sangre de niños, fundamentalmente en los moradores del Fraccionamiento Rinconadas los Nogales y al mismo tiempo alumnos del kínder instalado a la vera de los “jales” (los residuos minerales de la explotación minera).

Sólo hasta que las protestas subieron de tono y la cantidad de participantes, a fines del año pasado, se apreció una distinta postura de las dependencias gubernamentales estatales.

Diez años atrás (algunas edificaciones un poco antes) se construyó el mencionado fraccionamiento y después, diversas instalaciones escolares. Cuesta trabajo entender cómo fue posible que autoridades de los tres niveles aprobaran la construcción de viviendas y escuelas (Muchos años después, en la misma zona se construyeron las instalaciones de la feria) pues se realizaron a distancias menores a un kilómetro a la acumulación de los residuos de la actividad minera, que colindan con la calle Sierra El Pastor, justo donde se encuentran las escuelas primarias José Vasconcelos, en el turno matutino, y José Guadalupe Posada en el vespertino, así como del Jardín de Niños Martha Andrade del Rosal.

Da pavor apreciar la cercanía del kínder de las montañas de residuos minerales, luego de décadas de explotación de la antigua fundidora de Avalos.

Algunos padres de los niños más severamente afectados iniciaron las gestiones, obtuvieron que la Coespris les realizara estudios y encontraron que más de una decena de niños mostraban cantidades muy por encima de las permitidas de plomo en sangre, lo que hacía compatible la presentación de signos y síntomas con la probable intoxicación por plomo, entre los cuales se encuentran sangrado, dolores y males neurológicos, retraso en aprendizaje por reducción del coeficiente intelectual; así como manchas en la piel, pérdida de memoria, dolor de cabeza, sangrado nasal, dolores musculares, pérdida de cabello, bajo rendimiento escolar y reducción del coeficiente intelectual, sobre todo los niños de la colonia Rinconada Los Nogales, escuela construida a escasos 50 metros de los desechos mineros.

El problema creció, aumentaron los niños que presentaban cuadros más allá de los derivados de las alergias propias del semidesierto hasta que otros padres de familia entendieron que se necesitaba de algo más que simples gestiones ante las autoridades de salud pues sus respuestas eran más que deplorables.

A pesar de los estudios realizados por la dependencia gubernamental, la Secretaría de Salud del Gobierno de Chihuahua determinó realizar otros, en un laboratorio norteamericano. En ellos, 301 niños dieron negativo al plomo en sangre, según el secretario de Salud, Pedro Hernández. Resultados que le merecieron la mayor de las confianzas pues “Quest Diagnostics es un laboratorio reconocido y es de California, Estados Unidos, así que podemos confiar plenamente en ellos”. (Nota de Sarahí Aguirre, El Diario de Chihuahua, 18/XII/14).

Y desestimó las quejas de los vecinos y padres de familia pues "es reducido el grupo de padres inconformes con resultados" y dijo estar dispuestos a efectuar "más estudios a los pequeños en busca de metales pesados que pongan en riesgo su salud", aunque desestimó el temor de los padres de que el plomo haya migrado a los huesos, "pues dijo que los resultados de Quest Diagnostics resultaron favorecedores". (Ibídem).

Además agregó que deberían realizarse "trabajos de estudios de suelo" y que el resto de los resultados realizados se conocerían a "fines de diciembre".

Y como la canción, pasaron las posadas. Ante la falta de respuesta gubernamental, nuevamente los vecinos salieron a la calle, cerraron algunas del centro de la capital chihuahuense y de una de las vialidades periféricas más importantes y dieron a conocer a los medios de comunicación otros casos, presuntamente por intoxicación por plomo, entre ellos, el de un menor de 4 años con un documento expedido "por el laboratorio donde muestra un nivel de 84 de plomo en la sangre". (Omnia, 8/I/15).

Al mismo tiempo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado y la Semarnat anunció que en "pocos días" iniciarían los estudios de impacto ambiental en la región de Ávalos, "en los que serán invertidos nueve millones de pesos", según afirmó Guillermo Márquez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en "estudios que definirán las acciones necesarias para remediar el entorno ecológico de la zona de Ávalos". (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 9/I/15).

Simultáneamente, llegaban a acuerdos vecinos y autoridades para continuar con la realización de estudios y la suspensión de la toma de calles. En esos estudios participarán especialistas del IPN entre ellos José Víctor Calderón Salinas, titular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).

A su vez, el abogado Felipe Ponce, en representación de los habitantes de Rinconada Los Nogales, afirmó que la COESPRIS había detectado "una gran contaminación de metales pesados en el suelo de la colonia, puesto que si los niveles de metales pesados dentro de la norma es de 400 unidades, en la escuela primaria José Vasconcelos, se detectaron hasta mil 600 unidades de metal pesado". (Ibídem).

Además, informó que en 8 de los 23 tinacos analizados de la colonia resultaron con altos grados de contaminación de arsénico, plomo, cadmio y cromo, probablemente porque el agua se contamina por el suelo.

Tal versión fue ratificada por la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris), la que "detectó presencia de plomo en los tinacos de las casas del fraccionamiento Rinconada Los Nogales... Moisés Yáñez, comisionado estatal, informó que la dependencia entregó los resultados de los análisis realizados al agua de las casas y se encontró plomo en el líquido que proviene de los tinacos. Destacó que el agua llega limpia de la red de suministro, pero que se contamina cuando el viento deposita el metal en el tinaco". (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 10/I/15).

A pesar de todos los datos y hechos descritos, hasta ahora las autoridades no han accedido a una de las peticiones centrales de los inconformes, la reubicación de los centros escolares y de las viviendas y tan sólo, a los que lo solicitaron, reubicar a sus hijos en otras escuelas, amén de la promesa de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) de estudiar la posible reubicación y la del Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, de utilizar "todas las instancias, estudios y pruebas que sean necesarias para desmentir o confirmar si existe contaminación con plomo en la colonia Ávalos".

En esa misma postura se encuentra el médico Víctor Samuel Santana Maldonado, Director de Salud quien "aceptó que la zona está contaminada con plomo, pero que aún se analizará si en verdad causa daño a la salud". (El Heraldo de Chihuahua, 9/I/15).

El gobierno estatal determinó realizar, en coordinación con los vecinos, "estudios más avanzados y especializados para determinar un daño ahora a nivel molecular, un estudio superior al realizado en sangre y que permitirá prever daños a futuro en los vecinos", así como "realizar nuevos estudios para determinar posibles daños renales en la población de esta zona". (Comunicado de Gobierno del Estado, 8/I/15).

Si tales fueron las determinaciones finales (hasta hoy) ¿Para qué esperar tanto tiempo? ¿Para qué exacerbar tanto los ánimos?

Más aún, la posibilidad de que la zona tenga una gran cantidad de contaminantes, especialmente los metales mencionados, es gigantesca, vamos, es de sentido común pensar que así sea y sorprende que tal sentido no haya guiado las acciones de los distintos funcionarios, a lo largo de décadas, para permitir los asentamientos humanos y la construcción de centros escolares ¿Aún será tiempo de fincar responsabilidades?

Inaudito

El Diario, 8 de enero de 2015
Luis Javier Valero Flores
Antes de abordar cualquier tema, es obligado recordar a Julio Sherer y su obra, el hombre que con su trabajo periodístico fue capaz de imponerle límites al poder presidencial... y a los otros. Afortunadamente nos dejó un gran legado: Proceso, sus compañeros, su ejemplo y su trabajo periodístico.
A ese ejemplo deberemos acudir quienes asumimos una responsabilidad de estas características.
Y la realidad nos obliga a abordarla de inmediato.
Puestos los funcionarios de la Fiscalía General del Estado a aclarar lo informado por sus compañeros, sólo alargan la cadena de imprecisiones, desaciertos y mentiras en el asesinato de 'El Wicked'.
Ahora fue la Fiscalía General.
Negó que hubiera contradicciones en las versiones ofrecidas a la sociedad por sus subalternos ¡Nooo! ¿Po's cómo cree? ¡Malintencionados que son los reporteros!
Ahora resulta que Jiménez no estaba convulsionando, que lo encontraron "grave", que el médico de la enfermería le proporcionó los primeros auxilios y, "de manera preliminar", diagnosticó que "murió de un infarto por un paro cardiorrespiratorio".
Preguntas del escribiente, nomás por no dejar: ¿Cómo le dió un infarto si ya tenía un paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo son los infartos  en personas que tuvieron un paro de tales características, sobre todo los consecutivos a fracturas de la primera y segunda vértebras cervicales, las que contienen el bulbo raquídeo, lugar en donde se encuentra el centro cardiorrespiratorio (CDR)?
N'ombre, con esas explicaciones, ahora hay que fijarse de qué manera le sobrevienen los infartos a los toros de lidia, especialmente aquellos que no sufrieron una adecuada estocada y, por tanto, les deben dar el puntillazo, es decir, fracturarles las vértebras cervicales para dañar directamente el mentado centro cardiorrespiratorio.
Desatemos la imaginación, de acuerdo con la nueva versión que, por otra parte, avala la versión atribuida a Jaime Cuevas, presunto asesino del Wicked: Jaime se enoja con Jiménez, le busca, lo encuentra, le propina un puntapié, éste cae de rodillas, Cuevas lo estrangula, empieza a convulsionar, en eso llega un custodio, lo lleva -vivo- a la enfermería y ahí le da un infarto "fulminante".
Pero si llevaba el cuello quebrado ¿Cómo le sostuvieron la cabeza? ¿Convulsionaba con las vértebras quebradas y el CDR dañado? ¿Y luego le da el infarto?
¡Increíble!
Pero no es todo, la siguiente parte del informe oficial del Fiscal General del Estado, Don Jorge Enrique González Nicolás, no tiene desperdicio, dice así:
"... se entregaron los resultados de la necropsia, además de estudios especiales, en los que el Médico Legista suscribió que la causa de muerte fue por estrangulamiento; es decir, el paro respiratorio fue producido por la suspensión del flujo de aire...". (Nota de De la Redacción, El Diario, 6/I/15).
Bueno, pues olviden todo lo anterior, ahora resulta que el paro respiratorio fue ¡porque le faltó el aire a Jiménez!
¿Entonces estaba morado, por la falta de oxígeno? Y si lo estrangularon ¿Porqué el médico legista no informó que el cuerpo de Jiménez mostraba las típicas huellas en el cuello, consecuentes con el estrangulamiento?
Por esas razones, po's ya no le podemos creer a lo que nos informa la FGE. Dicen que Jaime Cuevas declaró ser el asesino. Aja!
El cúmulo de contradicciones, tanto de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, como de sus comunicados, sólo nos llevan a sospechar que se pretende ocultar que el asesinato de El Wicked fue una acción concertada, con participación de parte del personal del penal, como de algunos de los mandos de éste; en el diseño y toma de decisiones de gente ajena al susodicho penal.
¿El conjunto de los hechos hasta relatados ponen en entredicho la "certificación" de los penales del Estado de Chihuahua?
Precisemos. Nadie pone en duda los inocultables avances alcanzados en esta materia en la actual administración estatal -sí, la encabezada por César Duarte-, pero, otra vez, con la pretensión de querer demostrarnos una situación, mejor que la verdaderamente existente, cuando aparecen hechos como los ahora abordados  recurren a la peor de las herramientas utilizadas por los gobernantes, la mentira.
Lo ocurrido en el penal de San Guillermo y las mentiras hasta ahora descritas debiera tener lejos de sus cargos a los fiscales, por lo menos al General y al de la Ejecución de Penas, amén de los mandos medios y superiores del penal.
¿Por qué no es así?
Nos van a decir que hasta el término de las investigaciones cuando son, justamente, sus subordinados los que las deben hacer.
¿Las podrán realizar con imparcialidad? Son sus jefes.

¿Muerto El Wicked se cerró el caso?

El Diario, 4 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Luis Javier Valero Flores

La inesperada muerte de José Enrique Jiménez Zavala, mejor conocido como ‘El Wicked’, en la penúltima noche del 2014, según los informes oficiales hasta hoy emitidos, en su celda del Cereso de Aquiles Serdán de la capital del estado, pareciera ser el cerrojo de uno de los capítulos más deplorables de la procuración y aplicación de justicia en “El Estado Grande”. 

Jiménez estaba sentenciado por el asesinato de Marisela Escobedo, la activista que reclamó hasta la muerte el castigo al asesino de su hija, Rubí Frayre, y quien afirmara, hasta el último de sus días, que era la pareja de ésta, Sergio Barraza, quien también falleció meses atrás, de acuerdo con informes oficiales.

Jiménez murió, según los informes ofrecidos hasta hoy, de “muerte natural”, pues, dicen, estaba convulsionando (sin informar porqué convulsionaba) y luego  le dió un fulminante infarto cardíaco. Aseguran que no tenía antecedentes de males cardíacos.

Al caudal de sucesos extraordinarios ocurridos alrededor del asesinato de Rubí y Marisela, se sumaron las dos versiones de la muerte de Jiménez  (extraoficiales, conviene el escribiente) una de las cuales aseguraba que había muerto en la madrugada del 31 de diciembre; y la otra, que había fallecido en la noche anterior, aproximadamente a las 21.30 horas, luego de que un custodio observara a El Wicked sufrir convulsiones.

Protagonista de primera línea en el mundo del crimen, la autoridad le permitió, en la parte final de su vida, la posibilidad de mantener el protagonismo pero ahora ¡Como conferencista para los jóvenes!

Recién cumplía dos años en la cárcel pues fue detenido en octubre del 2012, acusado de ser el autor material del homicidio de la activista Marisela Escobedo y de la masacre ocurrida en el Bar denominado "El Colorado”.

“… Jiménez Zavala declaró que recibió la orden de privar de la vida a la activista por medio de Jesús Antonio Rincón Chavero, un ex policía ministerial a quien apodaban 'El Tarzán’. El 24 de noviembre de 2012, el gobernador César Duarte declaró cerrado el caso de Marisela Escobedo al anunciar la supuesta muerte de Sergio Estrada Bocanegra, asesino de Rubí Marisol”. (Nota de Luz Sosa, El Diario, 31/XII/14).

Según otras versiones, había dicho a sus compañeros en repetidas ocasiones que “no pasaría de este año, que ya era mucho para él”.

“Después de ser parte de la organización delictiva encabezada por José Antonio Acosta Hernández ‘El Diego’ en Ciudad Juárez, Jiménez Zavala se fue a radicar a Chihuahua, donde también participó en hechos delictivos hasta que lo capturaron el 7 de octubre del 2012”. (Nota de lapolaka.com, 31/XII/14).

A pesar de ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó que no supone carpetazo al caso de Marisela, “ya que hay más personas involucradas”, según las declaraciones de José Luis Armendáriz, su presidente, quien informó que visitadores de la CEDH acudieron al penal a “corroborar los hechos y que estos concuerden con las declaraciones oficiales”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 2/I/15).

A pesar de las declaraciones oficiales, en las que se afirmaba que Jiménez Zavala había recibido la orden del ex policía Jesús Antonio Chávez, ‘El Tarzán’, de asesinar a Marisela, en las entrevistas publicadas en distintos medios siempre se negó a proporcionar los nombres de los autores intelectuales o los de sus jefes.

También le atribuyeron una serie de asesinatos, entre ellos la masacre del bar Colorado, en el que cayeran los periodistas Javier Salinas y Javier Moya, en un hecho aparentemente sin conexión, ni con las actividades delictivas de los sicarios, ni con las periodísticas; fue uno de los tantos hechos en los que la guerra de los cárteles causaba los “daños colaterales” descritos por Felipe Calderón.

El móvil del asesinato de Marisela, revelado por Jiménez, llama la atención. Afirmó que ‘El Tarzán’ así lo había resuelto debido a que la búsqueda emprendida por Marisela, del asesino de Rubí, “afectaba las operaciones de La Línea”, y se derivaba de un acuerdo entre esta organización y Los Zetas, agrupación a la que, informó la autoridad en su momento, pertenecía Barraza, Jiménez dijo que las acciones de “Marisela ya hacían mucho en las noticias”. Así lo dijó la versión oficial.

Sin embargo, en una entrevista publicada por El Diario de Chihuahua (8/X/12), dijo lo siguiente: 

“-¿Por qué dieron la orden de matarla?

Era una orden y yo no pregunto. 

-¿De quién recibías órdenes? 

Me lo voy a reservar; vine aquí a asumir mi responsabilidad por lo que hice.

-¿Sabías que era Marisela a quien debías asesinar?

Sí”.

Cuesta mucho trabajo creer que ese fuera el móvil del asesinato, por lo menos para los grupos delictivos que se encontraban en el punto más alto de la confrontación en la entidad y a los que en un esfuerzo mental muy grande nos los podemos imaginar preocupados por el impacto de las protestas de una activista, que sí generaban preocupaciones para las autoridades, pero no mayores que las producidas por los deudos de las miles de víctimas existentes y que La Línea, como sostuvo la versión oficial -avalada por El Wicked-, en ese momento debió estar más preocupada por las incontables bajas sufridas y el gravísimo quebranto que le habían causado las huestes del Chapo Guzmán, que en cuestión de meses la había puesto contra la pared y atentado seriamente en la hegemonía que había construido a lo largo de décadas.

No, es poco creíble tal versión. Además, de acuerdo con la información publicada, la autoridad no tuvo a la mano más elementos para sentenciar a Jiménez Zavala que sus propias declaraciones, ratificadas por éste en distintos momentos e instancias, incluso en sus conferencias, pero no se sabe de alguna evidencia que lo ratificara.

Tal percepción crece al recordar que un año antes de la detención de ‘El Wicked’, la Fiscalía General informó haber detenido al asesino de Marisela. Sostuvo que era Héctor Miguel Flores, alias “El Payaso”. Ricardo Escobedo, hermano de Marisela y quien enfrentara al asesino el día de los hechos, no lo reconoció como tal.

La información proporcionada entonces no dejaba lugar a la duda: “La Fiscalía, en su momento, sostuvo que lograron la identificación de Flores Morán como el presunto responsable ya que en el mes de septiembre de ese mismo año localizaron un arma Sig Sauer, modelo P239, calibre 9 milímetros, cuyas características resultaron compatibles con toda la evidencia pericial que se recabó durante la misma noche en que se privó de la vida a Escobedo Ortiz. A su vez determinaron que el arma que portaba Flores Morán se utilizó en las escenas de crímenes que se ubicaron: Juárez y 12, colonia Centro; Abraham Bandala y Francisco Lugo, colonia Mármol III; Urueta, entre 25 y 27, colonia Obrera; restaurante Buena Vida, colonia Santa Rosa; 27 y Niños Héroes, colonia Centro; así como al exterior del centro nocturno La Cerve”. (Nota de Nancy de León, El Pueblo, 8/X/12).

Coincidentemente, como ocurrió con Sergio Barraza y con El Wicked, la FGE informó que ‘El Payaso’ había muerto en septiembre del 2011, meses antes de vincularlo con el asesinato de Marisela.

Detenerse en estos hechos es de la mayor importancia, han pasado 4 años del asesinato de Marisela, pero el conjunto de cosas que lo acompañaron develaron la pobreza de la procuración y aplicación de justicia ¿Por qué detenerse a reflexionar sobre estos hechos, aparentemente lejanos a las preocupaciones de la mayoría?

Sencillamente porque lo sucedido en relación a estos hechos ilustra lo endeble de las instituciones. 

En primer lugar, un tribunal oral resuelve absolver a Barraza del asesinato de Rubí Frayre. La presión social y la generada por Marisela llevan a que el Gobernador Reyes Baeza presione a que un Tribunal de Casación revoque tal decisión ¡En ausencia del inculpado!

Luego, otro gobernador, César Duarte, le achaca a los jueces integrantes del Tribunal Oral la responsabilidad, los llevan hasta el juicio político, éstos se amparan y luego, en un más que soterrado proceso desaparecen de la escena; se supone que negociaron, jueces y gobierno, una salida venturosa para éste y seguramente algunas prebendas para aquellos, amén de, probablemente, una mayor seguridad profesional.

Pero, curiosamente, en el juicio oral los agentes del ministerio público que vieron el caso fueron más de cinco, ninguno de ellos estuvo presente en el juicio; ninguno de los policías municipales que afirmaron haber recibido la declaración autoinculpatoria de Barraza fueron al juicio, nadie los llamó. Así, los jueces no tenían a la mano elementos para probar, fuera de toda duda, como dice la ley, que el acusado fuera el culpable.

Ni qué decir del Tribunal de Casación, resolvió con los mismos elementos de los que tuvieron a la mano sus colegas, es decir, nada. Ni siquiera llegaron a determinar la causa de la muerte y llegaron al extremo de sostener que, como producto de la incineración del cuerpo de Rubí, había estallado el cráneo, razón por la que no pudieron llegar a la causa de muerte ¡Increíble!

Luego, el viacrucis de Marisela, el rechazo de las autoridades a investigar, a acompañarla para realizar las indagatorias que la llevaron a localizar a Sergio Barraza. Sus protestas frente a Palacio de Gobierno; la custodia “discreta” que le ofreció la Fiscalía General del Estado, tan discreta que la mataron, ahí, a unos cuantos pasos del que debiera ser uno de los lugares mejor resguardados de la capital chihuahuense.

No, seguramente Marisela descubrió cosas más allá de las del asesinato de su hija, por esa la mataron, de ahí que la transparencia en la información acerca del fallecimiento de Jiménez Zavala es materia obligada para la Fiscalía de Chihuahua.

EXONERACIONES.- El Tribunal Electoral de la Federación dictaminó que la diputada María Eugenia Campos no había realizado actos contrarios a la ley electoral y desechó la denuncia presentada por el PRI consistente en que había difundido su informe de labores fuera de los plazos legales, en lo que habían sostenido, los priistas, eran actos anticipados de campaña.

Escuche, de lunes a viernes a las 6 pm, en Chihuahua, Aserto Radio 102.5FM, o por www.antenafm.mx

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Mal, muy mal año

El Diario, 1 de enero de 2015

Luis Javier Valero Flores

Si debiésemos recurrir a una imagen que simbolizara lo ocurrido en el año recién terminado, el escribiente se quedaría -y pensar que los acontecimientos ocurridos nos abrumaron- con la de una joven mujer de 24 años, presentada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Juárez afin de año como responsable de la omisión de cuidados a su abuela de 100 años.

-No la puedo atender, dicen que dijo en su defensa la acusada, salgo a trabajar y regreso muy cansada para atenderla-.

Sin más, los prestos polimunicipales se la llevaron y la presentaron a los medios de comunicación cual si fuera la “Reina del Sur”.

Ahí está representada nuestra realidad. El agudo proceso de degradación social, el acelerado crecimiento de la población senecta, el abandono a que se les condena -por los familiares y por el Estado-; las escasas oportunidades para los jóvenes; los bajísimos salarios, insuficientes para la manutención familiar, y aún más para cuidar a los denominados adultos mayores; la abrupta pérdida de la noción de las consideraciones que los jóvenes debiesen tener para con sus mayores.

Pero también el increíble desprecio de la autoridad hacia los pobres, y si son jóvenes, aún peor; y también a la legalidad vigente ¿Quién los autorizó a difundir la imagen de la joven cual si fuera una criminal?

La falta de respeto a los derechos humanos de los detenidos, por más culpables que sean de los delitos o faltas imputadas, debiera ser la norma de las corporaciones policiacas -y los medios de comunicación- es una tendencia que se fortaleció en el año transcurrido, cuyo momento cumbre lo representa la tragedia de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y las cada vez mayores evidencias de la participación de los cuerpos policiacos federales, estatales y de las fuerzas armadas, en un símil de lo ocurrido en Tlatlaya.

La acelerada degradación no sólo ocurre en lo social; las instituciones -las legales y las extralegales- sufrieron, también, un súbito desgaste. Las declaraciones de los presidentes municipales de Cocula e Iguala, acerca de que los mandos policiacos municipales estaban en manos de ex militares, recomendados por la Secretaría de la Defensa Nacional, pone el acento en un aspecto que hasta ahora creímos agotado en la década de los 80’s del siglo anterior.

Por desgracia no es así. Si existe voluntad para construir la senda de la democracia desarrollada a la que aspiramos, el papel de las fuerzas armadas deberá ser profundamente revisado.

Y si esa institución atraviesa por uno de sus peores momentos, el de la denominada institución presidencial no se quedó atrás; el episodio de la “Casa Blanca”, no es, como creen en los círculos oficiales, una cosa trivial que ya quedó atrás. No, es la prueba más palpable de la profunda corrupción, que ha invadido al mundo de los gobernantes hasta la médula.

No obstante el generalizado rechazo a tal corruptela, la presidencia de la república no ha efectuado maniobra alguna para remediarla. La impunidad ha desatado la ira de no pocos ciudadanos.

Airear, transparentar el ejercicio de los recursos públicos, demostrar que las riquezas propias, las personales, tienen un origen lícito será uno de los requisitos, esenciales, para que la clase gobernante adquiera mayores márgenes de credibilidad popular. 

No se trata solamente de la denuncia presentada en contra del Gobernador Duarte, sino de los numerosos casos de funcionarios (y sus familiares), de todos los niveles gubernamentales, sorprendidos en el goce de los excesos económicos. Y son de todos los partidos gobernantes.

La riqueza exhibida no guarda relación con su eficiencia en el ejercicio gubernamental. Por todos lados aparecen las evidencias de sus ineficiencia y conforme pasen los días y los meses se irán develando las relaciones de muchos de ellos con el crimen organizado, algo que el caso de Ayotzinapa dejó al descubierto palmariamente.

2014 será un año inolvidable, pero negativamente. 

En él parecía que la máquina del tiempo nos llevaba hacia atrás, en todos los aspectos, no sólo fueron las reformas regresivas aprobadas, que nos llevarán a los escenarios de los 30’s del siglo pasado en materia de energéticos, y aún peor, pues las finanzas públicas tienen una mayor dependencia del petróleo, justamente cuando el precio de éste sufre una de sus peores caídas, por lo que la tan cacaraqueada llegada de inversiones con la explotación de los hidrocarburos a partir del fracking habrá de tardarse pues los precios de extracción lo hacen incosteable.

No parece ser un buen año el próximo, cosa que choca con los deseos externados en estos días; pero una cosa son aquellos y otra la terca realidad, esa a la que nos enfrentamos diariamente y a la que, por desgracia, la abrumadora mayoría de nuestros compatriotas llega en absoluta desventaja.

Cambiar tal realidad debiera ser nuestro principal propósito.