Sorpresas en ayuntamiento de Chihuahua

Editorial Aserto No. 88, noviembre de 2010
Ninguna de ellas servirá para elevar los decaídos ánimos ciudadanos, ni para aumentar la credibilidad en los funcionarios públicos y, en general, para la clase política. A pesar de las reiteradas menciones efectuadas por el actual alcalde, Marco Adán Quezada, de origen priista, acerca de la salud financiera del municipio de la capital del estado, ahora sabemos, por boca de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, que la situación financiera del ayuntamiento se encuentra en condiciones verdaderamente difíciles, pero al fin y al cabo superables.
La otra sorpresa tampoco es agradable. Al anunciar la reducción de los salarios del primer nivel de los funcionarios municipales, nos encontramos que el salario de los presidentes municipales de Chihuahua, por lo menos los dos últimos, de extracción panista, ascendía a poco más de 140 mil pesos mensuales, sin duda, de los más altos del país, por encima, incluso, del devengado por el Jefe de Gobierno del DF, (quien obtiene 72 mil 852 pesos netos al mes, cifra tomada de la página de la jefatura de gobierno, que publica los montos y nombres de los funcionarios, sin necesidad de solicitar dicha información) y que gracias a la anunciada reducción se ubicará en alrededor del 113 mil pesos mensuales.
Si bien el endeudamiento del ayuntamiento capitalino no fue tan sorpresivo, los mensajes efectuados por los nuevos gobernantes municipales sí hicieron que se llegara a la conclusión más o menos generalizada que tal cosa era cierta, sin embargo, las sorpresas ocurrieron inmediatamente al día siguiente de tomar posesión, cuando el alcalde Quezada anunció que sólo se encontraban patrullando la ciudad poco más de 300 efectivos de la policía municipal y que, en labores administrativas, se encontraban elementos sin los méritos suficientes para encontrarse laborando en esas condiciones, en lugar de efectuar las tareas propias de la policía.
Un día después, otra sorpresa, la del anuncio del despido de más de 500 empleados del municipio, debido, entre otros factores, a lo abultado de la nómina existentes y a la necesidad de disminuir el gasto corriente del ayuntamiento, elevado a tal grado que en dependencias como el Consejo Urbano Municipal hacía meses no se iniciaban nuevos trabajos de pavimentación por no contar con recursos económicos.
No lo plantearon así los nuevos ocupantes del palacio municipal pero se advierte el afán de sus antecesores por utilizar los recursos a su alcance en tareas de proselitismo electoral, para lo cual ubicaron a muchos de sus operadores políticos en puestos de gobierno.
Aún falta saber si las liquidaciones de personal, efectuadas poco antes del término de la pasada administración, se hicieron con base en la ley y no, como es posible se hiciesen, para beneficiar a quienes, por ley, estaban obligados a renunciar ante el relevo de administración.
Más controversial es el otro asunto, el de los salarios, en el que los políticos de todos los partidos desbarran, mienten, ocultan, soslayan e intentan aparentar su ignorancia respecto del salario devengado.
Tales conductas son originadas por una sola razón, lo elevado de los mismos, por encima de los de sus homólogos de prácticamente toda América Latina, de una buena parte de Europa, colocados entre los más altos del planeta y con muy poca correlación con la eficiencia y efectividad de su encargo.
El origen del salario de los funcionarios municipales de Chihuahua capital se encuentra en que al total de los ingresos le sumaban el pago de un bono de “productividad”, que en todos los casos era de 100% y cuyo monto era exactamente al del total de sus ingresos. Ahora, con la nueva medida, a pesar de la anunciada reducción, esos ingresos irregulares se legalizan. Sí, pero no se legitiman ante la sociedad.
¡Vaya sorpresas!