Investigarlos a todos

El Diario, 23 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La decisión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, de solicitarle al Congreso del Estado la instauración de un juicio político contra los jueces que absolvieron en primera instancia a Sergio Barraza, –Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, y los agentes del Ministerio Público y de la Policía Municipal de Juárez que intervinieron en el caso del presunto asesino de Ruby Frayre– que le ofreció una salida al enredo gubernamental, originado por la premura de aparecer como muy preocupados por el asesinato de Marisela Escobedo, no deja de ser una bocanada de aire fresco en estos deplorables sucesos, representativos de la crisis estructural de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración y aplicación de justicia.

Pero ahora sabemos que también deberán ser investigados los encargados de evaluar a los aspirantes a los cargos de jueces y agentes del ministerio público, pues, ¡bonita cosa ahora nos venimos enterando que los jueces, no aprobados para acceder a esos cargos en la capital y que por obra y gracia de quién sabe quién aparecieron como jueces ¡de la ciudad más conflictiva del país

Por eso se agradecen los buenos oficios de la CEDH. No importa que sean para enmendarle la plana al Gobierno del Estado, que para eso también se creó este organismo, si esto da lugar a un verdadero proceso de investigación de todas las instancias que fallaron en este problema.

¿Quién, de la policía municipal juarense, decidió que la denuncia del padre de Sergio Barraza no tenía fundamento?

¿Cuántos funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado desestimaron las continuas denuncias de Marisela Barraza?

¿Y los agentes del Ministerio Público, y sus jefes, encargados de acreditar la responsabilidad de Sergio Barraza, más allá de conformarse con una declaración autoinculpatoria de éste?

¿Cómo explicarnos que, ante la presión social lograda por Marisela, un tribunal –de casación–, con las mismas evidencias a la mano que sus compañeros jueces, dictaran sentencia condenatoria en ausencia del enjuiciado?

¿Acaso al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de entonces, Rodolfo Acosta Muñoz, no le parecieron, por lo menos, raras ambas sentencias y no tomara cartas en el asunto?

Hasta ahí lo concerniente en el caso de Ruby Frayre ¿Y el de Marisela? ¿En dónde está la tajante orden de cesar a los funcionarios de la Fiscalía que debieron estar al tanto de la seguridad, “discreta”, de Marisela?

¿Dónde la perentoria orden de investigar al personal de seguridad de Palacio de Gobierno que pudo ser testigo del crimen? ¿Dónde la exigente orden de la Fiscalía General para investigar el incendio de la maderería de Marisela y su pareja y el asesinato de su cuñado, primero, para esclarecerlos y, segundo, para informarle a los chihuahuenses sí estos cuatro hechos criminales tienen conexión entre sí o no?

Iniciar un proceso así, con la activa participación de los familiares de Marisela Escobedo, de la CEDH y de las organizaciones de la sociedad civil cercanas a aquellos sí podría convertirse en un verdadero parteaguas, a partir del cual podríamos empezaríamos a construir esperanzas de que los nuevos gobernantes están apostándole no solo energías, sino fundamentalmente inteligencia y respeto al marco legal para afrontar la gravísima crisis por la que atravesamos.

De lo contrario solamente tendremos, a cada nuevo salvaje episodio, sólo enérgicas declaraciones cuya vigencia dura menos de un día, el tiempo suficiente para que un nuevo hecho sangriento nos robe la atención.

Otra es la ruta del Congreso del Estado en lo referente a la solicitud de juicio político en contra de los jueces del primer proceso de Sergio Barraza. Una vez ratificada la denuncia por el presidente de la CEDH, deberá convocarse a un período extraordinario para conocer del caso, en su caso aceptarlo y nombrar a la Comisión Instructora, la que deberá someter al Pleno del Congreso un dictamen.

Bueno, ojalá no nos vayan a salir con el sambenito de que las sesiones del proceso serán privadas. Orear, transparentar su actuación (y la del resto de las actividades investigadoras de este caso) es obligado, la opacidad sólo llevará a mayor desesperanza.