Navidad adelantada en Chihuahua

El Diario, 30 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Lo volvieron a hacer, igual que lo hicieron doce años atrás los principales funcionarios de la primera administración estatal panista en Chihuahua, sus antecesores, los salientes funcionarios del gobierno municipal del trienio anterior en la capital del estado, encabezado por Carlos Borruel y Álvaro Madero, se sirvieron con la cuchara grande.

Si en 1998 los 17 más altos funcionarios del gobierno estatal encabezado por Francisco Barrio se indemnizaron por un total de poco más de 17 millones de pesos, ahora, los funcionarios municipales capitalinos recibieron en conjunto más de 23 millones de pesos en bonos de liquidación.

Los indicios de tal desmesurado acto ya se tenían, incluso el Secretario del Ayuntamiento, Eloy García Tarín, en entrevista concedida a Aserto-Radio semanas atrás, hablaba que una parte del adeudo del gobierno encabezado por Álvaro Madero, encontrado por la nueva administración municipal, emanada del PRI, consistía en un anticipo otorgado por el gobierno de Reyes Baeza por la cantidad de 9 millones de pesos y dejó en el aire la sospecha el objeto de tal anticipo, no sin antes dejar en claro que se había otorgado en agosto pasado. Todo lo reveló con una más que enigmática sonrisa.

Ahora, gracias a una investigación periodística podemos saber más de dichas maniobras financieras. El domingo, el otro matutino de la ciudad de Chihuahua informó que, tras solicitar la información a la unidad de Transparencia del municipio del mismo nombre, se reveló que el gobierno emanado del PAN había gastado casi 23 millones 400 mil pesos “para liquidar a funcionarios de primer y segundo nivel, como son directores y subdirectores, así como jefes de departamento, que están considerados como personal de confianza, por lo que sus cargos son renunciables sin derecho a indemnización”.

Semanas atrás, antes del término de su gestión, el empresario Madero, hermano del senador aspirante a la dirigencia nacional de su partido, había negado que se hubiesen otorgado tales prebendas.

La lista agobia, y por los montos, enerva, la frase de servirse con la cucharada grande es pusilánime frente a lo realizado por quienes, hasta el último de los días de su gestión pregonaron a los cuatro vientos de formar parte de la administración más transparente del país.

En esa lista se encuentra hasta el recién elegido dirigente municipal, Miguel Latorre, quien a principios de noviembre, al cuestionar la veracidad del anuncio efectuado por el presidente municipal, Marco Adán Quezada, acerca de la disminución de su salario, dijo que “Los ciudadanos deben conocer el ingreso real y total de cada uno de los servidores públicos. Así tendremos la certeza de que realmente habrá un eficiente manejo del erario”.

Bueno, entre otras cosas, el reporte periodístico dice: “El informe obtenido a través de la Unidad de Información y Transparencia, entre otras cosas, revela que Verónica Estela Rudolfo, subdirectora de la Oficialía Mayor, fue liquidada con 263 mil 462 pesos; Jaime Isaac Calderón Trevizo, subdirector en Atención Ciudadana, recibió 119 mil 958 pesos. Alfonso Moreno Cossío, subdirector en Aseo Urbano, fue liquidado con 139 mil 776 pesos. Otro subdirector quién también recibió liquidación en Atención Ciudadana, fue Miguel Francisco Latorre con 120 mil 233 pesos. También aparece, entre otros, el caso del director general de Aseo Urbano, Ignacio Federico Muruato, con 179 mil 850 pesos… En Seguridad Pública llama la atención el caso de dos jefes de departamento: Gilberto Loya Chávez, quien recibió de liquidación 287 mil 679 pesos y Salvador Aristi Lara (regidor panista en la administración de Juan Blanco 2004-2007), con 230 mil 963 pesos”.

“En la lista de liquidación aparecen dos hermanos del ex alcalde Carlos Borruel Baquera: María Guadalupe Borruel Baquera, jefa de departamento en Atención Ciudadana, a quien se le pagó 180 mil 188 pesos y Raúl Armando Borruel Baquera, inspector de Gobernación, dependiente de la Tesorería Municipal, a quién le pagaron 97 mil 636 pesos”.

Ahí están los hechos ¿Encontrarán algo, luego, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y, acaso más importante, sancionarán a alguien por hechos a todas luces ilegales?