Un veto apreciado

El Diario, 23 de noviembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
La transparencia en la gestión gubernamental ha dejado de ser un tema más en la agenda pública para convertirse, sin duda alguna, en una necesidad apremiante para garantizar el desarrollo económico y democrático del país y de nuestra entidad”, afirmó el consejero presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información a la Pública (Ichitaip), Enrique Medina Reyes, en la inauguración de las Jornadas de Transparencia 2010 organizadas por ese instituto.

Tales palabras fueron precedidas por un hecho inusitado en la historia reciente de la entidad: El gobernador César Duarte realizó más de 30 observaciones a las reformas, aprobadas a la Ley de Transparencia por la legislatura anterior en los últimos momentos de esa gestión.

En términos cristianos quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo en el estado no está de acuerdo en esas reformas y las vetó. Para superar ese veto, (observaciones) el Poder Legislativo tendría que aprobarlas por la mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes en la sesión y a continuación enviarlas de nueva cuenta al gobernador, quien estaría obligado a publicarlas sin más trámite.

Importa detenerse en la truculenta historia de tales reformas, porque ejemplifica la sorda lucha palaciega de fines del sexenio anterior. Rotos los canales de información entre el gobernante Reyes Baeza y el líder de los diputados locales priístas, Fernando Rodríguez Moreno, Baeza anunció a unas cuantas horas del término de su gestión que no las publicaría, por lo que el asunto debería ser resuelto por la actual administración estatal.

La negativa a la publicación obedecía no solamente, diría en su momento el ex gobernante, a no haber sido el autor de las propuestas, sino a que contravenía el espíritu que lo había animado a proponer, al inicio de su gobierno, la ley de transparencia. A su vez, los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia informaron que no habían sido informados de esas propuestas, que no habían pasado por esa dependencia legislativa.

De ese modo, la autoría, no sólo de la redacción de las reformas, sino, también, de la instrumentación, pasó al terreno del coordinador legislativo Rodríguez Moreno y a la presidencia del Ichitaip, pues dos de los consejeros, Claudia Alonso y Fernando Bencomo, informaron que las propuestas no habían sido discutidas en el Ichitaip, más preocupante aún porque, esencialmente, contenían una orientación para otorgarle mayores facultades al presidente del órgano encargado de preservar el derecho al acceso a la información pública, el mismo que ahora nos endilga sendos discursos, totalmente alejados de las pretensiones que el mismísimo gobernador del Estado califica de regresivas.

De ahí que se reciba con beneplácito la acción del gobernante y la propuesta del presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Serrano, de abrir un espacio para la discusión acerca de las reformas necesarias en materia de transparencia y dar un salto en esa materia.

Pero los antecedentes en ese sentido no dan espacio al optimismo, cada que se ha anunciado la realización de tales ejercicios –por supuesto, en los años previos– se culmina con la aprobación de reformas regresivas, que no toman en cuenta la opinión de la mayor parte de los sectores sociales más vivamente interesados en el avance democrático de la entidad en temas como el de hoy.

Sin embargo, el veto del gobernador Duarte da pie a la esperanza.

Ojalá así sea.