Confirmado, guerra antinarco, sin inteligencia

El Diario, 12 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Las revelaciones de WikiLeaks de las comunicaciones entre los funcionarios norteamericanos, acerca del gobierno mexicano y el combate al narcotráfico, no solo desnudaron la increíble sumisión de la actual administración federal ante el gobierno de los Estados Unidos, sino también la enorme ineficacia del equipo dirigido por Felipe Calderón en ese aspecto, catalogado por los norteamericanos como el principal de los retos del panista.
La calificación de la guerra de Calderón efectuada por los norteamericanos, es bajísima. Dos son las principales características encontradas por ellos, la severa incoordinación y desconfianza existente entre las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y la falta de un eficiente aparato de inteligencia, lo que ha llevado a los mexicanos, dicen nuestros vecinos, a depender casi absolutamente de las agencias estadounidenses pues, además, los cuerpos de seguridad nacionales no comparten datos por temor a infiltraciones
La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas. La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”, además de que uno “de los desafíos más importantes es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México… (ya que) la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene unidades de inteligencia que desarrollan información sobre capos del narcotráfico, pero en general no comparten esa información o análisis con las fuerzas desplegadas para la lucha antinarcóticos, como en Ciudad Juárez. Por lo tanto, soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas, con la excepción de información anónima”.
Tales aseveraciones tendrían menor importancia si no fuera porque a unos cuantos meses de iniciada la “guerra” de Calderón, quien se desempeñara como primer jefe de las fuerzas federales en Michoacán, el comandante Javier Herrera Valles, denunció que todos los operativos efectuados bajo su conducción, y ordenados por el Secretario de Seguridad Pública Federal, se realizaron sin el conocimiento previo de los objetivos a alcanzar, ni del terreno a desplegarse, ni, mucho menos, las fuerzas con las que se enfrentarían, que nunca les otorgaron el mínimo de elementos de inteligencia, de investigación previa que los llevara a alcanzar los éxitos que mediáticamente sí se difundían.
Desatada la cacería en su contra, Herrera está encarcelado, acusado de cometer delitos contra la salud. No solo él sufre el hostigamiento oficial, un hijo y un hermano, ambos elementos de la misma agrupación, sufren de acosos desmedidos sólo por denunciar en su momento lo mismo que los funcionarios norteamericanos encontraron en la “guerra” de Calderón.
Incisivos, los informes de los estadounidenses ubican a nuestro país lejos de desarrollar un aparato de inteligencia autosuficiente, “a pesar de que la creación de un sistema coherente y operativo es crítica para el éxito en la lucha contra el crimen organizado” y enfatizan en el hecho de “… que muchas de las capturas exitosas de importantes figuras del narco son frecuentemente respaldadas por la asistencia de EU”, eufemismo usado para encubrir que el éxito de numerosos operativos han tenido como base las informaciones de los EU.
En ese recuento destaca, por supuesto, la eliminación de Héctor Beltrán Leyva y el hallazgo de varias narcofosas en distintos lugares del país, incluida Cd. Juárez y la detención de numerosos presuntos narcotraficantes.
Sin olvidar, ni dejar de lado que la ayuda norteamericana tiene pretensiones más allá del combate al narcotráfico, de ahí su clara tendencia a descalificar al ejército mexicano (lo dijimos una semana atrás, por ser reacio a la “modernización”, que para los norteamericanos significa convertirse en una especie de ariete de sus intereses) es de destacar la incongruencia de los informes de sus funcionarios al momento de evaluar la actuación de los dos agrupamientos militares, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de la Marina (Semar) pues en tanto al primero lo ven lento, con una “nula preparación, sufre aversión al riesgo, está dividido y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado”, y falto de capacitación para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos.
Así lo afirman en otro despacho, en el que los diplomáticos estadounidenses critican la salida del Ejército a las calles de algunos lugares como Juárez y dan cifras: sólo 2% de los detenidos son llevados a juicio, y sólo 2% de los detenidos en el antiguo Paso del Norte han sido responsabilizados de un crimen. Y luego reconocen que los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley, ni tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.
En cambio, a la Semar la catalogan como una fuerza que “está bien entrenada, bien equipada y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia” de los norteamericanos que, según informó Carlos Pascual estos habían situado a “Arturo Beltrán Leyva en un edificio de departamentos localizado en Cuernavaca, donde ABL estaba escondido” y al que una unidad de la Semar le dio muerte, la que, afirma Pascual “fue entrenada intensamente por el Comando Norte hace varios años”.
Pero es justamente la acción más destacada de la Semar, la liquidación de Beltrán Leyva, la que desmiente contundentemente tales argumentos. Ese operativo no fue montado para detenerlo, sino para ejecutarlo, y la sevicia mostrada por sus elementos en el cadáver del narcotraficante ilustra fehacientemente su falta de preparación para acometer la lucha contra el narcotráfico respetando el marco legal vigente.
¿De dónde sacan los norteamericanos que la Marina tiene más preparación que el Ejército para acopiar las pruebas necesarias y enjuiciar a quienes sean detenidos por esta dependencia?
Más aún, a los informantes norteamericanos les bastó un solo incidente para catalogar al ejército mexicano de padecer “aversión al riesgo”, ya que, dicen, se negó a actuar en el operativo contra Beltrán Leyva a pesar de que la revista Proceso documentó que el jefe de la zona militar intentó ingresar, hasta en tres ocasiones, a la zona del combate y de que corrió consistentemente el rumor de que ese día habrían de comer en el departamento del sinaloense.
Pero la descalificación norteamericana hacia el ejército mexicano es contundente, usan ese mismo episodio como demostrativo de su conducta reacia “a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel”.
Es decir, y sin afirmar que tal sea la causa del fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, el informe de los norteamericanos se presta para que la conclusión sea obvia: El Ejército solo encamina sus acciones contra objetivos de poca monta, nunca contra los jefes de los cárteles, lo que nos llevaría a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de los norteamericanos, que gracias a la omisión o la colusión de mandos militares las acciones en contra del narcotráfico no han tenido los resultados esperados por toda una sociedad ahíta de paz y seguridad.
Por otro lado, pero no tan lejana la relación, es de tal envergadura la dependencia mexicana en materia de inteligencia que en la caída de Beltrán Leyva, el embajador norteamericano, Carlos Pascual, enfatizó que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la delegación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo.
Y si a eso se le agrega la inocultable descoordinación existente entre los funcionarios del gabinete y las dependencias encargadas de la seguridad pública, descoordinación que los funcionarios norteamericanos atribuyen a la rivalidad existente entre ellas, de las que dicen “están a menudo presas de una competencia de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro”.
Ante realidad tan apabullante, la administración calderonista solo atina a sostener, vía Alejandro Poiré, vocero del Consejo Nacional de Seguridad que el gobierno no ha perdido el control frente al narco, que hay actividades ordinarias en todo el país, ejemplo de lo cual, dice, es que se censó 99% del territorio; que la estrategia de seguridad ha avanzado “en sus cinco ejes y reporta logros significativos como el debilitamiento de bandas criminales; el reforzamiento de instituciones de seguridad y de justicia, tanto en el ámbito federal como en los estatales, y en la cooperación internacional”.
¿Es necesario decir algo más?
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