Arraigo a la carta

El Diario, 2 de diciembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Los peores presagios se cumplieron. El 24 del mes anterior, en un aparatoso e inesperado operativo, la Policía Federal (PF) detuvo en la ciudad de Chihuahua a cuatro mandos de la Policía Municipal, tanto que hasta el día siguiente se informó de sus nombres.

Así, Víctor Javier Hernández Leyva, Gil Noé Estrada Martínez, Jonathan Manjarrez, Héctor Daniel de Luna Chávez y al jefe de mecánicos Antonio Gerardo Ortega Legarreta fueron aprehendidos, acusados de la presunta comisión de delitos del crimen organizado, en general, y en particular, de formar parte del comando que secuestró y asesinó al abogado Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora Patricia González y, por tanto, formar parte del Cártel de Sinaloa.

Pero con todo y lo escenográfico de su detención, de la certidumbre de las acusaciones interpuestas por la PGR pues, se supone, ninguna autoridad se atrevería a llevar al cabo tales operaciones en contra del agrupamiento policiaco de la que puede ser la segunda ciudad más violenta del país –Chihuahua capital– ahora resulta que en lugar de girárseles sendas órdenes de aprehensión, los polimunicipales recibieron una orden de arraigo ¡Por cuarenta días Con toda seguridad para que la autoridad policiaca federal investigue a ver si tales elementos cometieron algún delito.

Y si no es suficiente ese lapso ¡Ah pues a solicitar otro igual Y si después de ese tiempo no encuentran nada, entonces, como les sucedió a los funcionarios michoacanos, fincarles algún cargo que les permita (a las autoridades federales) enviarlos a la cárcel para que un año después, amparos y juicios mediante, sean liberados y, como es costumbre, ni siquiera pedirles una disculpa, ya no a los detenidos, sino a la sociedad chihuahuense.

Todo lo anterior no implica, de ninguna manera, que el escribiente pudiera alegar la inocencia o la culpabilidad de los arraigados, eso deberá determinarlo el Poder Judicial, pero lo que es merecedor de la crítica de hoy son los elevados grados de ineficiencia de la PGR y la PF, y su acendrada tendencia a tratar de fabricar los mejores escenarios en la “lucha” del gobierno federal en contra el crimen organizado.

Además, y así lo escribíamos apenas la semana anterior, “Que los agrupamientos policiacos detengan a un ciudadano y no informen de las razones, ni de la mecánica del operativo puede resultar razonable, pero que las policías federales sitien, ingresen (aunque esto último no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora) y detengan a policías, y especialmente a jefes de la policía municipal y no informen acerca de ello, agrede severamente la credibilidad ciudadana en las policías y anula las pocas esperanzas de que la actual tragedia vivida por los chihuahuenses, termine prontamente.

Un aspecto del operativo preocupa enormemente, el de que el alcalde de la capital, el priísta Marco Adán Quezada, se informara del operativo a través de los medios de comunicación”.

Y si todo lo anterior es altamente preocupante, el hecho de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, como parece ser el caso, sólo tengan como sustento el que fueron mencionados por Mario González en el ya muy famoso video que fue obligado a grabar.

El mensaje que envían las dependencias encargadas de hacer que se cumpla con la ley es espeluznante: Si tales operativos se efectuaron en contra de jefes policiacos, detenidos sin orden de aprehensión, sin cumplir con el requisito de la flagrancia ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente?

Pues sólo que a mitad de la noche, sin orden de cateo, ni de aprehensión sea sorprendido en su domicilio, detenido, y luego, como no cuentan con las suficientes evidencias para incriminarlo, solicitar una orden de arraigo, con lo que se viola, ese sí flagrantemente, el principio constitucional de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano mexicano.

Sobran los ejemplos del fracaso de las autoridades federales y el abuso cometido por ellas en el uso de la figura del arraigo judicial, no ha servido para, así sea solo atenuar la ola criminal, lo peor es que ahora los procuradores estatales están solicitando que esa figura se extienda a los delitos del orden común.

Al rato van a pedir la legalización de la tortura –claro, en condiciones particulares, como lo explicó el presidente norteamericano, George Bush– para encontrar las evidencias que permitan incriminar a los detenidos bajo arraigo.