Reunión de exclusiones y desesperanzas

El Diario, 21 de febrero de 2010
Luis Javier Valero Flores
¿Puede concebirse una reunión con el Presidente de la República, en el marco de la violencia desatada por el narcotráfico y las inocultables violaciones a las garantías individuales de muchísimos ciudadanos, sin la participación de los integrantes de la mesa de Derechos Humanos?
¿Podemos imaginarnos que el encargado de presentar las conclusiones de la mesa económica se tratara de una persona que los dirigentes de los principales organismos empresariales no conocieran y que las conclusiones no fueran las de los empresarios?
Más. ¿Podríamos imaginarnos que el mandatario nombrara como uno de sus tres representantes a quien ha sido ícono de la lucha político-electoral de su partido, precisamente en el marco de una contienda electoral?
No es todo ¿Acaso es compatible que, adentro, ahí donde se le presentaban a Felipe Calderón las conclusiones de las mesas de trabajo, éste, en medio de los momentos de inexplicable frivolidad de la reunión del miércoles anterior, nos informara que en su juventud también fue “algo bravo” en tanto sus policías golpeaban a estudiantes y reporteros?
¿Cómo explicarse que en el curso de una reunión, motivada por la masacre de jóvenes, alguien tuviera el inefable espíritu cortesano como para lanzarle piropos a la esposa de Calderón, y éste las correspondiera en tono bromista?
¿En qué cabeza cabe excluir de la reunión al diputado perredista Víctor Quintana, sin duda el legislador “más bravo” de los actuales? Del mismo modo ¿A quién se le ocurrió aplicarle la misma medida a la activista Cipriana Jurado, una de las voces más críticas del antiguo Paso del Norte? ¿Será casualidad que ambos fueron quienes más y mejor protestaron en la reunión precedente con Calderón? ¿No le habrán perdonado a Jurado que fuera una de las personas que más alzaron la voz, en aquella reunión, para decir que no podía continuar si afuera golpeaban a los manifestantes?
Entre los excluidos se encontraba el coordinador de Cosyddhac, Javier Ávila Aguirre, por pura casualidad el más activo representante de las familias de las víctimas de la masacre de Creel, quien acusó que con tal exclusión se confirmaba la “criminalización de las acciones y propuestas de las defensoras y defensores de los derechos humanos. No es posible que se busquen soluciones de fondo al gravísimo problema y por sistema se descalifique y excluya a quienes representan la voz de quienes han sufrido las mayores vejaciones y violencia como es la población más indefensa…”.
Loable la decisión de Calderón de enfrentar el reclamo de los juarenses y de aceptar el intercambio con quienes solicitaron hablar, pero persiste la duda ¿Habría sido la misma conducta si al recinto hubiesen ingresado las voces más críticas –o de las más críticas- y hubiesen permitido el acceso de los familiares de otras víctimas, que en la reunión anterior tampoco lograron presentar sus quejas a Felipe Calderón?
Y si la forma despierta suspicacias, el fondo de la acción gubernamental deja algo más que desilusión. De las conclusiones de las mesas de trabajo y de los discursos gubernamentales no se desprenden elementos para el optimismo, al contrario, las respuestas a la gravísima crisis de la sociedad juarense fue más de lo mismo.
Una frase se repitió, a la cual los gobernantes intentan tímidamente dar respuesta: Juárez sufre del olvido gubernamental.
¿Será cierta esa frase? ¿Responderá, como explicación, de la gravísima situación por la que atraviesa la ciudad fronteriza más importante del país? ¿O es el reflejo fiel de la política económica, no de ahora, y que originó un crecimiento poblacional, acaso industrial –de una industria de una escasa, por no decir nula, plusvalía- y que muestra con toda crudeza el agotamiento de un modelo económico y de un régimen político?
Si es cierta la última aseveración, entonces la lista de cosas y acciones a entregarle a los juarenses, como resultado del programa puesto en marcha por Calderón –“Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad”- sólo serán parte de las acciones y obras no entregadas a los juarenses, pero sin cambiar un ápice el modelo social existente y que es, en última instancia, una de las causas fundamentales de la tragedia abatida ahora sobre esta ciudad.
Si los roles tradicionales de las familias mexicanas se trastocaron; si los tiempos, ritmos y tendencias de los núcleos familiares cambiaron; si las actividades económicas y la división del trabajo de los miembros de las familias cambiaron; si la educación y formación de los niños y jóvenes fueron asumidas por el barrio, la pandilla, la tele y el ahí se va ¿Qué esperábamos?
Si además el Estado Mexicano no asumió tales tareas, o no asumió sus responsabilidades para propiciar que fueran las instituciones educativas las que cumplieran con tales obligaciones ¿Qué podíamos esperar?
¿Qué estaba olvidada Juárez? ¡Ni duda cabe!
¿Pero la ola homicida se detendrá con la creación de cinco prepas, con la ampliación de las universidades, con la apertura de los centros médicos en fin de semana, con la construcción de canchas deportivas y la dotación de algunas becas?
Por supuesto que son bienvenidas tales acciones, pero no servirán de nada ante la fuerza de los grupos criminales y su cruenta disputa, quizá, y solo quizá, servirán al mediano y largo plazos porque, al terminar la prepa, o la universidad ¿Bastará la calidad de los empleos hoy existentes en Juárez, con salarios, para los profesionistas, de 6 ó 7 mil pesos mensuales, si es que encuentran empleo?
Más grave aún, las respuestas gubernamentales ante la crisis de seguridad pública se antojan absolutamente insuficientes, son más de lo mismo, y ahora peor pues los gobernantes federales ya no quieren ni siquiera escuchar el reclamo de los derechohumanistas y no hacen más que confirmar en el ciudadano común y corriente la desesperanza y, paradójicamente, el deseo de que los jefes de los cárteles –ya se arreglen y paren esto-.
Porque no está de más anotar los datos, sobre todo al momento de evaluar los resultados de la Operación Coordinada Chihuahua, y esto se puede hacer con el terrible recuento de las ejecuciones en Juárez. El año 2007 terminó con 305 homicidios. En enero de 2008 fueron 42 y en febrero 45. En marzo 113 y luego en abril, con la llegada masiva de los militares, bajó a 55, pero al mes siguiente la cifra subió a 135. El año terminó con 1,604 y el 2009 con 2,600.
Además, del conocimiento que públicamente denotan los gobernantes, particularmente Felipe Calderón, de acuerdo con sus exposiciones sobre el tema, en las dos reuniones en Juárez, solo obtenemos un muy mal sabor de boca, pues si a la información conocida le agregamos la ofrecida por el italiano Francesco Forgione (La Jornada, 14/II/10) quien en una investigación, plasmada en el libro “Maffia Export”, afirma que “Los grupos delictivos de México representan hoy una de las rutas fundamentales para la cocaína y la mafia italiana calabresa de la ’Ndrangheta, distribuidora mundial de esa droga”, y que “México corre el riesgo de volverse un narcoestado”.
El investigador italiano sostiene que “Los cárteles de Tijuana, Juárez, Golfo y Sinaloa son las principales organizaciones vinculadas con la mafia italiana”.
Forgione apunta bien, dice que “la dimensión de las mafias en el mundo es principalmente financiera... ¡Los bancos son el verdadero problema! El sistema bancario, escudado en la exigencia del secreto en los movimientos de las transacciones financieras, ha representado el instrumento fundamental que las mafias han tenido para reinsertar su dinero en la economía legal”.
¿Podrán las autoridades mexicanas asimilar algo de lo que los especialistas de todo el mundo llevan años gritándolo?
No parece. Por las respuestas de Calderón a lo planteado por algunos de los expositores poco podemos esperar. Ante el reclamo de más agentes del ministerio público –algo a lo que se habían comprometido desde los tiempos de Mouriño- el michoacano respondió que “no está al alcance de las posibilidades de maniobra del gobierno federal”; ante la propuesta que la policía responda en un tiempo no mayor de cinco minutos cuando se denuncie un delito o que se imponga “un plazo máximo de cien días a la autoridad federal para que presente un sistema de indicadores de impacto, que incluya la disminución de los niveles de homicidio doloso, secuestro y extorsión, al menos a los niveles registrados en 2007”, la respuesta fue “qué más quisiera yo que pudiéramos tener resultados inmediatos”.
¡Híjole!
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