Fundamentalismo calderonista

El Diario, 4 de febrero de 2010
Luis Javier Valero Flores
Fiel continuador de la tónica foxista, -abordar todos los temas nacionales en el curso de las ya muy frecuentes giras internacionales- Felipe Calderón se da el tiempo necesario para aparecer como el más emblemático de los varios asuntos en los cuales tiene interés su partido y la alta jerarquía de la iglesia católica.
Ahora sabemos, merced a sus declaraciones, lanzadas en Tokio, que el principal interesado en la presentación de la controversia constitucional acerca de los matrimonios homosexuales, como recientemente aprobara la Asamblea Legislativa del DF.
Importa desmenuzar claramente los propósitos de Calderón, pues sus afirmaciones son extremadamente llamativas. Las realizó justamente cuando al país entero lo cimbraba la tragedia de los jóvenes victimados en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, y como si este asunto no revistiera la mayor de las preocupaciones, tema al que acudiremos el fin de semana pues con ese motivo se destapó la cloaca política y nos ofreció la oportunidad de mirar, bien a bien, a la clase política mexicana y mostrarnos sus enormes carencias.
Más aún. Calderón se refirió, no al asunto de las adopciones, que concitó la mayor parte de las opiniones contrarias a tales reformas, sino directamente a los matrimonios entre homosexuales, a los que, claramente se opone, por lo que pretende erigirse en guardián de las preferencias sexuales de los mexicanos y, peor aún, con la controversia presentada por la PGR, siguió a pie juntillas las indicaciones de la jerarquía católica, que en las últimas semanas se ha lanzado con todo en el intento de impedir, no que otras legislaturas sigan el ejemplo de la capitalina, sino derogar la reforma.
Pero si la controversia constitucional presentada por la PGR está redactada de acuerdo con la visión ofrecida por Calderón en su declaración desde Japón, entonces ya podemos asegurar que la Suprema Corte de Justicia ratificará el carácter legal de la reforma defeña. Felipe Calderón aseguró que la “la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, y ahí hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero no tiene éste ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio”.
Y no es así, la norma constitucional no señala, en ninguna parte, que los matrimonios deban realizarse entre un hombre y una mujer. Al pronunciarse, Calderón nos mostró los elevados grados de hipocresía con los que se comporta. Aseguró respetar “las preferencias sexuales de las personas y a las parejas constituidas por personas del mismo sexo”. Sí, pero no al amparo de la ley. Mejor que vivan de ilegales, -los respetamos pero que no pretendan legalizar su unión para que no caigamos en pecado, pareciera sermonearnos Calderón, justamente en la línea de pensamiento de los obispos católicos, uno de los cuales, seguramente el más connotado de ellos, el cardenal Norberto Rivera, afirmó el 11 de enero que “las leyes que se contraponen a Dios son inmorales y perversas, porque al ir contra la voluntad divina, terminan por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” y, por tanto, ellos sólo obedecerán las “de Dios”.
Por lo que la Iglesia católica, dijo, continuaría con sus manifestaciones de inconformidad por la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo y el derecho de éstas a adoptar niños.
Pues parece que en Los Pinos tiene al principal de su activistas, medio desconocedor de las normas constitucionales y a quien, con medio país en medio de la violentísima guerra de los cárteles de la droga (que involucra a decenas de miles de jóvenes) una de sus principales preocupaciones es si las parejas homosexuales gozan de derechos legales igual que el resto de los mexicanos.
¿Es de primera importancia destacar tal tema, que involucra a una minoría de la población mexicana?
Por supuesto que sí, por dos razones, ambas, al parecer, lejanas del ejercicio del poder por los panistas hasta ahora arribados al poder: La primera, su pretensión de imponerle a los demás, es decir, al conjunto de la sociedad, sus concepciones religiosas, y segundo, que con lo anterior, poco les importa violentar los derechos de las minorías.
Y ambas pretensiones son, esas sí, absolutamente intolerables.
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