Aquelarre

El Diario, 9 de febrero de 2010
Luis Javier Valero Flores
Pues vaya que nos quedamos cortos con los comentarios vertidos el domingo. Ayer fue el aquelarre. Con motivo de la crisis de seguridad pública en Juárez y la más reciente de las masacres ocurridas en esta ciudad, priistas y panistas se tiraron con todo –y eso que todos hablan de la cooperación de todas las fuerzas políticas y la coordinación entre las instancias de gobierno- en medio de los actos de la visita del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a Juárez. Bueno, hasta el PRD se aventó la puntada de aprobar en su Consejo Nacional que solicitarán al Senado la desaparición de poderes en Chihuahua.
Imposible desligar las promesas de los funcionarios gubernamentales de la campaña electoral en curso, subyace en sus acciones y discursos esa preocupación y enerva que tal pudiera ser el motivo verdadero de las repentinas preocupaciones de muchos de los declarantes. Concita desesperación el encono con el que –especialmente los panistas- se refieren a los de enfrente y a las propuestas elaboradas por la contraparte.
Ciertamente, el gobernador Reyes Baeza lanzó, una más, crítica al desapego federal en relación a los rezagos sociales de Juárez, luego de las punzantes frases del diputado blanquiazul Javier Corral. Pero seguramente mientras preparaba su visita a Chihuahua, Gómez Mont aprobaba la redacción de un boletín de su dependencia en el que le recriminaba que la situación se le había salido de control a las autoridades estatales.
Luego, la mayoría de las reacciones de los panistas, ante la propuesta de trasladar los poderes a Juárez, rayan en el enfrentamiento: Demagógica, electorera, simuladora, mediática. En el colmo, el líder de los diputados del PAN, Fernando Alvarez Monje, dijo aceptar el traslado siempre y cuando renunciara el alcalde juarense, Reyes Ferriz.
Como de rayo le contestó el secretario del ayuntamiento, Guillermo Dowell, Alvarez Monge es la voz del narcotráfico, dijo, sólo porque la propuesta del legislador coincide con “las voces de crimen organizado que la han pedido” y aseveró que el líder legislativo “representa los intereses del narcotráfico cuando toma sus banderas”.
¡Híjole!
Y en eso de hacer declaraciones tremendistas, seguramente mientras repartía leche a los chihuahuenses, la delegada de Liconsa, María Eugenia Campos, ex diputada federal, criticó fuertemente la propuesta de Reyes Baeza, la calificó de mediática y electorera, enjuició que se haga a escasos meses de celebrarse una elección constitucional y se preguntó “¿Porqué no se hizo eso cuando ocurrió la masacre en Creel, o cuando ha habido otras tragedias?”, sin detenerse a pensar que esa misma pregunta se le puede –se le debe-hacer a su jefe, Felipe Calderón ¿Por qué hasta ahora?
Y como si fuera una acción concertada -¡para nada!- el líder nacional del PAN, César Nava, salió en defensa del gobierno federal y reiteró que la decisión de trasladar la sede de los Poderes del estado a Ciudad Juárez es propagandística, inconstitucional e ilegal.
Fue más lejos, él sí pudo apreciar que “la estrategia contra la delincuencia y el crimen organizado desarrollada por el gobierno federal en Chihuahua no sólo ha sido la correcta, sino que oportuna, por lo que lejos de cambiarla lo que se debe hacer es revisarla y corregir lo que no funciona”.
Bueno, ha sido tan correcta la estrategia que los muertos de la guerra de los cárteles, en lugar de disminuir, se han más que duplicado en los dos años de la “guerra” de Calderón al narcotráfico y los demás índices, particularmente en Juárez, han alcanzado niveles inimaginables.
¿De dónde sacan, quienes así lo dicen, que la estrategia contra el crimen organizado en Chihuahua ha sido la correcta? ¿Qué, acaso, no es Juárez, hoy, noticia mundial, y no por los progresos sociales alcanzados, o por los elevados niveles de bienestar y de disminución de la desigualdad social, sino precisamente por lo contrario, responsabilidad que, por igual, debemos achacar a los dos partidos gobernantes en la entidad en las últimas dos décadas y que ahora nos muestran, diáfanamente sus alcances?
Y sostener lo anterior no implica, de ninguna manera, que el traslado de los poderes se considere sea una medida tendiente a resolver la gravísima situación por la que pasan los juarenses. Esta no se resolverá, ni con esa medida, de corte político, ni con la creación de la figura de comisionado –otro- que tendría en sus manos la conducción de las tareas de rehabilitación social, tan necesarias en el antiguo Paso del Norte, y la dirección de las operaciones policiacas y militares, como ya se filtró en los medios de la ciudad de México.
Por supuesto que son variadas y complejas las soluciones, pero todas ellas requieren de auténticos hombres (por supuesto que también mujeres) de Estado, y no de politiqueros.
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