¿Quién los entiende?

El Diario, 25 de febrero de 2010
Luis Javier Valero Flores
Todos los días, por desgracia, las informaciones nos confirman la enorme incapacidad de las autoridades mexicanas encargadas del combate al narcotráfico, o de la esquizofrenia del gobierno federal.
Más aún, un reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, dado a conocer ayer, le enmendó la plana a Felipe Calderón y su tesis acerca de la dinámica de las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Calderón dijo, con la opinión pública nacional atenta a lo que sucedía en Juárez, con motivo de los asesinatos en Villas de Salvárcar, que la guerra de los cárteles tenía como principal explicación la lucha por el territorio entre ellos pues, ¡así lo dijo! Ahora habíamos elevado nuestro ingreso per cápita y, por tanto, nos habíamos convertido en mercados apetecibles para los dedicados al narcomenudeo.
Nadie puede ignorar el crecimiento de tal actividad pero tal argumentación no explica la severidad del problema. La JIFE informó que “los grupos delictivos organizados (mexicanas) han ampliado el control que ejercen sobre las operaciones de tráfico de drogas en todo el continente. Los cárteles mexicanos han llegado a controlar toda la cadena de abastecimiento de drogas ilícitas, desde su envío desde América del Sur hasta su distribución en los Estados Unidos”.
Más aún, el reporte establece que algunas pandillas violentas vinculadas a “los cárteles asiáticos y mexicanos controlan gran parte de la distribución de drogas ilícitas en el mercado callejero de los Estados Unidos”, lo que viene a confirmar un informe de la DEA, de poco más de medio año atrás, en el que dio a conocer el mapa delictivo de las principales ciudades norteamericanas y qué grupos se disputaban el control en cada una de ellas.
Tales hechos explican la fortaleza financiera de los grupos criminales que les permite la contratación de los ejércitos de sicarios en todo el país, amén de la infinidad de operaciones, de todo tipo, necesarias para cimentar y acrecentar su control en vastas zonas del país y en innumerables aspectos de la vida financiera y económica de México.
Ante tan descomunal problema, con vinculaciones a las principales organizaciones criminales europeas, lo natural, lo lógico, lo obvio, sería la existencia de canales de comunicación efectivos entre las agrupaciones policiacas México-norteamericanas (y por supuesto, internacionales); la coordinación de acciones, el establecimiento de centros de inteligencia, ya no comunes, sino que compartieran sus informaciones.
Pero resulta que ante la información publicada ayer por el influyente periódico conservador (muy ligado al Partido Republicano), en el sentido que Estados Unidos planeaba la integración de un centro de mando en Juárez, para compartir información y que oficiales estadunidenses trabajarían con los agentes mexicanos capacitados por el FBI y la DEA en el marco del Plan Mérida, la reacción de los gobernantes federales es verdaderamente increíble. El embajador mexicano en EU, Arturo Sarukhan, rechazó tal coordinación porque México el hecho de que agentes estadunidenses operen en el territorio, “sería violatorio de la ley; imposible que ocurra eso”.
¡¿Qué??!
¡Increíble! ¿Tal reacción se deberá a que este año hay elecciones en 12 entidades y ahora los panistas quieren aparecer como muy “patriotas” oponiéndose a la “intervención del imperialismo norteamericano” en nuestra patria?
Pero si de la misma información se desprende que, conforme a lo acordado en la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano se comprometió a enviar a capacitación a agentes mexicanos, tanto al FBI como a la DEA y ahora resulta que se oponen al trabajo conjunto con aquellas agencias, ahora dispuestas a compartir su información sobre la realidad criminal de México, y se desgarran las vestiduras.
¿A quién pretenden engañar? ¿Acaso piensan que los mexicanos no sabemos que los principales golpes en contra del narcotráfico se realizaron gracias a las informaciones que la DEA les ha proporcionado, entre ellos el último, la ejecución extrajudicial de Arturo Beltrán Leyva y que en muchos de los casos, los hallazgos de las narcofosas en Juárez se debieron a las mismas razones?
¿Para qué se hacen?
Tal conducta sólo concita sospechas y desesperanzas y así, la pregunta que muchos chihuahuenses nos hacemos -¿hasta cuándo se acabará esto?-, no parece tener respuesta.
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