¿Injerencia federal en las elecciones?

El Diario, 31 de enero de 2010
Luis Javier Valero Flores
Dos eventos ocurridos en la semana pudieran ser evidencia de la indebida participación de instancias federales en las elecciones de este año. Por un lado, la extrañísima resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), Edmundo Jacobo Molina, quien, en abierta injerencia en el proceso electoral local, dictaminó que el Instituto Estatal Electoral (IEE) no tenía facultades para resolver acerca de los contenidos de los spots de radio y televisión transmitidos por los partidos políticos chihuahuenses en la actual campaña electoral; y por otra parte, el inicio de una campaña publicitaria de las dependencias federales de seguridad pública encargadas de la ahora Operación Coordinada Chihuahua.
El miércoles anterior, la Secretaría Ejecutiva del IFE, a cargo de Edmundo Jacobo Molina, le notificó al IEE que éste, como organismo local, carecía de facultades para pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares en materia de radio y televisión. Tal resolución versaba sobre los spots de Carlos Borruel en los cuales éste expresaba en ellos que “puede ser buen gobernador”, lo que contraviene, según el PRI, los ordenamientos acerca de las precampañas.
De manera peregrina, como si no existiera un pacto federal, Jacobo Molina se erigió en autoridad electoral única y se arrogó la facultad de resolver cuales anuncios radiofónicos y televisivos se ajustaban a los lineamientos legales del Estado de Chihuahua.
Jacobo Molina dijo que “tratándose de asuntos que tienen que ver con cuestiones de radio y televisión, la única instancia facultada para conocer de tales procedimientos es esta autoridad federal”. Sí, pero quien es el órgano facultado para evaluar si los contenidos de los mensajes de los partidos y candidatos de la elección en Chihuahua cumplen con la normatividad estatal, es el Instituto Estatal Electoral (IEE).
Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE), la instancia facultada para resolver sobre el diferendo, ordenó el viernes que en 24 horas fueran retirados los spots de radio y televisión del precandidato a la gubernatura del estado por el PAN, Carlos Borruel Baquera y, además, dictaminó que el IEE sí está facultado para llegar al fondo de esa denuncia, a pesar de que se trata de la materia de radio y televisión.
No es la primera ocasión que sucede un episodio de este tipo, es el segundo, dijo Eloy García Tarín, responsable del área electoral priista, quien afirmó que la actuación de Jacobo es para “favorecer a los activos del Acción Nacional”, (Nota de Silvia Macías, El Diario, 28/I/10).
En el caso actual, García Tarín acusó también al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Antonio Gamboa Chabbán, por incurrir en tácticas dilatorias, “en un evidente afán de favorecer al precandidato del PAN, Carlos Borruel Baquera, para que no quedara el antecedente de que violentó la ley, a fin de que, en caso de que sea el candidato a gobernador por ese partido, no pudiera ser impugnada su candidatura”.
Pero no es el único hecho preocupante en la orientación de suponer una indebida participación de las instancias federales en los comicios chihuahuenses. El miércoles, El Diario publicó una información por demás preocupante.
En una nota de Gabriela Minjáres, se da a conocer que el Gobierno federal emprendió en Juárez una campaña para difundir sus acciones en materia de seguridad. Precisamente al inicio del proceso electoral, a la federación se le ocurre decirnos que, “El compromiso es contigo, con México. Por eso en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hombres y mujeres actuamos por ti”, dicen los espectaculares.
¡Gracias al cielo que llegaron, sin ellos no sabríamos que hacer! Gritan a voz en cuello casi millón y medio de juarenses, que de la noche a la mañana se amanecieron con la novedad que habitan la urbe más violenta del mundo, y en ella la federación está cumpliendo “su compromiso”.
Ante maniobra tan evidente, tan burda, el gobernador José Reyes Baeza, siempre tan cuidadoso de sus expresiones críticas al gobierno federal, “externó su preocupación ante la estrategia del Gobierno de Felipe Calderón para mejorar el desarrollo social y combatir la inseguridad en Ciudad Juárez”, pero advirtió secamente que “no permitirá sesgos con fines electorales debido a que este año hay comicios en Chihuahua” y dijo que los recursos extraordinarios federales destinados a la aplicación en programas sociales en Juárez “no deben ser utilizados por organizaciones partidistas que busquen influir en la jornada electoral”, debido a que “sería deshonesto, poco ético y desastroso para la buena marcha de los apoyos compartidos anticrimen”.
No parecieran ser gratuitas las aseveraciones de Reyes Baeza, o por lo menos se infiere que si no existieran elementos informativos a su alcance, que lo llevaran a tales conclusiones, no serían explicables sus expresiones, de no permitir “por ningún motivo, que los recursos pretendan ser aterrizados o ejercidos a través de organizaciones partidistas” y aclarar debieran ser instancias de la sociedad civil quienes manejen tales recursos, “para evitar que con los recursos federales, en el marco de política social contra el crimen de Juárez, se busque llevar agua al molino de algún partido político, con motivo de las elecciones locales”. ¡Pácatelas!
Por ello importa detenerse un poco sobre el episodio anterior en el que el Secretario Ejecutivo del IFE intentó, y logró, dilatar los procesos de las quejas electorales del PRI, con motivo de las supuestas irregularidades cometidas por el ex alcalde capitalino, el panista Juan Blanco.
En abril del año pasado, el PRI presentó una denuncia ante el IFE en contra de Juan Blanco pues este había “incurrido en actos anticipados de campaña” al lanzar spots radiofónicos y televisivos, además de propaganda impresa, en los que acusaba al gobierno estatal de ordenar la aprehensión de Blanco, con la intención de impedirle que se convirtiera en candidato a diputado federal.
Presentada la queja ante el IFE, Jacobo Molina se tardó ¡Un mes! en darle a conocer al PRI cualquier resolución, a pesar de que al día siguiente de recibirla ya había resuelto en sentido negativo, y sin turnarla al pleno del Consejo General.
Ante tal actitud, el PRI recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien finalmente le dio la razón al PRI y determinó que el secretario general del IFE debía estudiar el fondo del caso.
Más allá de la certeza de la queja del PRI, en esa ocasión, el Secretario Ejecutivo del IFE se arrogó facultades, derivó a otro funcionario menor la queja y trató de evitar a como diera lugar que el Consejo General del IFE conociera del asunto.
Meses más tarde, el 30 de junio, Gerardo Cortinas Murra, asesor electoral del Secretario de Acción Electoral del PRI, el desaparecido Miguel Etzel Maldonado, escribió que “En esta ocasión, (a raíz de otra denuncia del PRI en contra del registro como candidato, de Juan Blanco, presentada porque, sostenían los priistas, al ser recipiendario de una orden de aprehensión no podía admitirse su candidatura) el secretario ejecutivo del IFE, en su férrea y terca postura de proteger a los candidatos panistas, aún a costa de vulnerar los principios rectores en materia electoral, en vez de turnar la petición priista al Consejo General, con el afán de permitirle el tiempo necesario a Juan Blanco para que concluyera su campaña electoral, turnó la solicitud a un funcionario de segundo nivel, quien sin tener competencia legal alguna para abocarse a la cuestión planteada por el representante del PRI, dio una respuesta negativa, 15 días después”.
Así ahora, con tal de permitir la transmisión de los anuncios del aspirante panista, primero se asume como autoridad electoral del Estado “Libre y Soberano” de Chihuahua, arguye ser la única autoridad en materia de radio y televisión, y sin ofrecerle a los quejosos oportunidad de defender su querella, resuelve de un asunto que ni siquiera conoce.
Tantas irregularidades en la conducta de un funcionario electoral del rango de Edmundo Jacobo no llevan más que a la consistente sospecha de no tratarse de acciones aisladas, sin intención política, y que más allá de las filias y fobias políticas debería ser deplorada acremente por todas las fuerzas políticas existentes en Chihuahua.
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