El fracaso del operativo continuará

El Diario, 23 de febrero de 2010
Luis Javier Valero Flores
Con dolor, deberemos dar cuenta del fallecimiento del Profr. José Luis Aguayo, referente de la lucha social –campesina- y política de la entidad durante varias décadas, desde la militancia en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Socialista Unificado de México, en el Partido Mexicano Socialista y finalmente en el PRD. Incansable, en la última parte de su vida se dedicó, con el mismo o mayor entusiasmo, a recrear aspectos de la vida de los pueblos de Chihuahua, a recrearse en la literatura, a rescatar el normalismo y a escribir casi sin respiro. En esas andaba, después de una gira a Baja California, en la que se dio vuelo presentando su libro Vida y obra de Fernando Jordán, pero el vuelo –así lo diría él- ya no dio pa’ más. Se nos adelantó y aquí seguiremos recordándolo con cariño.
Del mismo modo, vaya un fuerte abrazo a Jaime Ríosvelasco, en el doloroso trance de haber perdido a su hijo del mismo nombre. Que el cariño y confort de amigos y familiares le alcance para mitigar en algo tanto dolor.
Pasada la catarsis de las visitas de Felipe Calderón a Juárez, vuelta a la “normalidad” no sólo la frontera sino el estado todo con la aparición de los ejecutados del día a día, en cifras y formas de espanto, dos hechos retratan fielmente el porqué del tremendo fracaso de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh) y de la insuficiencia de la respuesta institucional –Felipe Calderón incluido- a los reclamos de los juarenses, que podemos extender al total de la sociedad chihuahuense.
En la madrugada del sábado anterior, dos hombres fueron detenidos en Juárez. Fueron acusados por el operativo policiaco de intentar ejecutar a una mujer. Ya detenidos, se les vinculó con el cártel “La Línea” y de la comisión de “14 asesinatos”, entre ellos “el multihomicidio en el bar ‘Amadeus’ y el crimen de un agente de Tránsito”, según informó El Diario (Nota del Staff, 22/II/10).
Nada tendría de novedosa tal información si no fuera porque de la comisión de los multihomicidios, las autoridades no tienen más evidencias que las declaraciones de los inculpados, igual que como pasaba antes de las reformas a los procedimientos penales.
Al obtener la declaración autoinculpatoria de los acusados, las autoridades ya no intentaban (en una buena parte de los casos) encontrar pruebas contundentes que demostraran la culpabilidad de los acusados y entonces se daba paso al salvajismo: La tortura para que los detenidos se declararan culpables de los delitos que se les ocurrieran a los agentes policiacos.
La declaración, además, se obtenía sin la presencia de los abogados defensores y los funcionarios derechohumanistas. Es decir, nada nuevo a lo que, con más frecuencia de la deseada, aparece en las notas relacionadas con las acciones del OCCh, esto es, que las autoridades informan de la detención de tal y cual persona, acusadas de tal y cual asesinato y no solo, además, la Procuraduría publica sendos desplegados en la prensa escrita en la que aparecen las fotografías y parte de las declaraciones de los así detenidos.
Pero luego ¡Oh decepción! Algún juez no encuentra más elementos acusatorios que las declaraciones de los detenidos, los que, ya en presencia de los jueces, acompañados y asesorados por abogados, alegan que las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura y entonces el juez no tiene más remedio que ordenar la liberación.
Tal es el esquema hasta ahora vigente en la mayoría de los casos relacionados con el OCCh por lo que ha provocado ya más de mil denuncias de violaciones a las garantías constitucionales de ciudadanos, documentadas por los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos y cuyas conclusiones Felipe Calderón no quiso escuchar en su segunda visita a Juárez –relacionada con el OCCh- después de expresar en la primera, ante la denuncia de la representante de esa mesa de los más de mil casos, que “sinceramente creo que mil casos, mil casos en Juárez de desapariciones forzadas (y otro tipo de violaciones) del Ejército, yo sí quisiera, yo sí quiera que se documentaran).
La representante le dijo en el mismo acto que estaban documentados, la respuesta ya la sabemos: Ninguno de esa mesa fue aceptado en la segunda reunión.
La documentación exigida por Calderón los jueces se la pueden proporcionar. Ayer mismo, en otra nota informativa de El Diario (Edición Juárez) un Tribunal de Garantía, por segunda ocasión, “emitió auto de no vinculación a proceso en favor de tres presuntos sicarios, quienes fueron capturados en agosto del año pasado por elementos de la entonces llamada Operación Conjunta Chihuahua. Sin agregar nuevos elementos de cargo y sólo con las declaraciones incompletas de los sospechosos, el Ministerio Público volvió a ejercer acción penal contra los tres detenidos“y obtuvo la misma respuesta.
Más aún, se presume que las declaraciones fueron obtenidas en “la Guarnición Militar y que de acuerdo con los sospechosos fueron obtenidas bajo tortura”.
Si los mismos procedimientos se siguen aplicando, se obtendrán las mismas consecuencias, si las autoridades no hacen sus tareas aplicando la ley y aplicando medidas de inteligencia, la masacre de Juárez (y Chihuahua) continuará.
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