Desencuentros en medio de la guerra

El Diario, 7 de febrero de 2010
Luis Javier Valero Flores
En una nueva fase de los desencuentros entre el gobierno federal y el estatal, a propósito de la “guerra” lanzada por Felipe Calderón en contra del narco, y del enorme fracaso de la Operación Coordinada Chihuahua, el gobernador Reyes Baeza, en el curso del anuncio de la propuesta del traslado de poderes a Juárez, (originada por las reacciones por la masacre de Villas de Salvárcar) no pudo ocultar su evidente molestia por la manera en que el gobierno federal ha tratado la crisis de seguridad pública en Chihuahua y envió una invitación a Calderón a visitar Chihuahua, a fin de que –dijo- se ponga en contacto con los “damnificados de la violencia” pues, dijo, nuestra entidad debería recibir el mismo trato que otras entidades.
No es el único evento demostrativo del bajo nivel de las relaciones entre ambas instancias de gobierno. Reyes Baeza, al solicitar se inviertan 3 mil millones de pesos (de los tres niveles de gobierno), de manera inmediata en Juárez, a fin de afrontar la terrible situación de inseguridad y de rezagos sociales que se han convertido en el mejor caldo de cultivo para la realización de las tareas de los cárteles de la droga en el antiguo Paso del Norte, afirmó que el traslado de los poderes, además de otorgarles plena solidaridad a los juarenses, tendría, también, el objetivo de vigilar que la aplicación de estos recursos presupuestales extraordinarios no se conviertan en botín electoral, o medio para el medro político-electoral.
Pero si la inasistencia de Calderón a Chihuahua es una evidencia de las malas relaciones entre esas instancias de gobierno, de acuerdo con las expresiones del mandatario chihuahuense, las frases usadas por el diputado Javier Corral, en el curso de un debate en la Cámara de Diputados, y el discurso de diversos protagonistas blanquiazules, en el que culpan casi exclusivamente al gobierno estatal de la espiral de violencia presente en la entidad, fueron el grado extremo.
Importa detenerse en el discurso de Corral porque es demostrativo de, o la falta de conocimiento de las causas de la violencia en Chihuahua, o del dolo del legislador, o en el último de los casos, del desatino provocado por el calor de un debate. En cualquiera de los casos, es una lamentable equivocación.
Más aún, a los días, el diputado Corral se desdijo y le pidió al gobernador que leyera bien la versión estenográfica de su discurso y Reyes Baeza intentó “bajarle” el tono a la confrontación pero de todos modos, en el curso de la conferencia de prensa de ayer, sin mencionar por su nombre al panista sí dijo no poseer fantasmas “que me persigan”, ni andar en busca de “reflectores en el debate político”.
Al salir en defensa de Felipe Calderón, ante las críticas de los diputados priistas, Corral fue reiterativo en una acusación que, desde los tiempos de Germán Martínez en la presidencia nacional del PAN, forma parte del arsenal de acusaciones de los panistas a los priistas. Corral sostuvo que los 70 años de gobierno del PRI fueron de corrupción… de complicidad mafiosa con el narcotráfico”.
Y se abrió la compuerta de las acusaciones. Sin decirlo abiertamente, Corral ubicó el origen del agravamiento del problema narcotráfico en Chihuahua a la participación de Reyes Baeza, con distintos modos pero esencialmente coincidiendo en la misma acusación que meses atrás le lanzara la senadora Teresa Ortuño.
Dijo Corral (y los textos fueron tomados del boletín de prensa enviado por su oficina): “¿Por qué en Chihuahua se concentró la disputa de las mafias del narcotráfico? ¿Por qué en mi estado se concentra el 34 por ciento de las ejecuciones del país? ¿Por qué en Ciudad Juárez el año pasado se presentaron 2 mil 635 ejecuciones?... porque el gobierno de José Reyes Baeza ha sido omiso y complaciente con las mafias del narcotráfico. Porque evitó desde el inicio una limpia en el aparato policiaco que le habían heredado con las principales acusaciones de vinculación con el narcotráfico…”.
“¿Por qué se concentró en Chihuahua la disputa de las mafias del narcotráfico? Porque el gobierno de Reyes Baeza es espectador frente a la disputa de los capos del narcotráfico y no puede hacer nada porque en su origen, como gobernador, se encuentra la explicación”.
Ahora puede decir Javier Corral que no dijo lo que dijo, pero las aseveraciones son clarísimas: “En mayo del 2004 las campañas resultan (sic) beneficiadas con dinero ilegítimo, con dinero ilícito. Yo rechacé, como candidato a gobernador, cualquier ofrecimiento de las mafias del narcotráfico. Incluso a mí me señalaban que cometía un error porque del otro lado (ese otro lado era Reyes Baeza, recordemos que fueron los dos únicos candidatos al gobierno del estado) habían aceptado, y el doble, de los dos grupos principales que se disputaban la plaza. Por eso la policía de Chihuahua, por eso la Procuraduría de Chihuahua es espectadora en el tema de las ejecuciones. Por eso los comandos de sicarios llegan a paso lento y se retiran a paso lento”.
Más adelante, al responder preguntas de diputados del PRI, el legislador blanquiazul dedujo que por las razones expuestas “(necesitamos) blindar a las campañas políticas, blindarlas del financiamiento de la delincuencia organizada, porque llegan las propuestas, llegan los ofrecimientos; no todo mundo las rechaza, diputado Ramírez Marín. No todo mundo tiene la consecuencia para rechazar esos ofrecimientos. Por eso creo que en Chihuahua el problema real está en la forma en que se financiaron esas campañas. Si usted hace hoy un recuento -y por supuesto que lo podemos hacer, porque ya está documentado- del gasto de esa campaña (la de Reyes Baeza) con relación a los límites establecidos, a los topes establecidos por la legislación electoral, rebasaron considerablemente tres tantos los topes de esa campaña ¿De dónde salió ese dinero, diputado Ramírez Marín? Ahora yo le pregunto a usted ¿de dónde se financió esa campaña?”.
¿Se necesitan muchas luces para entender que la acusación de Corral fue más que evidente?
Y luego, la fórmula mágica: “… yo creo que llegó la hora de que el licenciado Baeza renuncie a la gubernatura de Chihuahua. Que lo haga por el bien de nuestro estado. Estoy seguro que si el licenciado Reyes Baeza da este paso en los próximos días, va a destensarse el ambiente en nuestro estado”.
Cuando muchos de los actores políticos, especialmente del PAN, critican a la actual administración estatal de ser, por lo menos, “omisa” en el enfrentamiento contra el crimen organizado, muy pocas veces ofrecen el panorama global, complejo, en el cual está inmersa nuestra entidad y a que uno de sus compañeros, Francisco Barrio, cuando aún no concluía su administración, se convirtió en el único gobernador, o ex, señalado en un proceso penal por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según información publicada por El Universal (29/VI/98), en marzo del ’97, Barrio fue mencionado en el “maxiproceso” judicial emprendido por la PGR en contra de los principales cabecillas del Cártel de los Carrillo, por el testigo protegido Tomás Colsá McGregor, el “joyero” de los Carrillo, a quien le confió el “señor de los cielos” que era amigo y les daba protección, entre otros, al gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio. La declaración forma parte del expediente PGR/UEDO No. 157/98, de 2 mil 433 páginas y constituye un anexo del maxiproceso 12/98.
La inmensa frontera chihuahuense ofrece incomparables atracciones a las bandas del crimen organizado, por ella desfilan en uno y otro sentido -y no sólo por las carreteras pavimentadas- drogas, dinero, vehículos, migrantes, armas y sustancias precursoras, necesarias para el proceso de elaboración de las drogas. Quien mantenga el control sobre esas rutas y puntos de acceso tendrá evidentes ventajas sobre los otros consorcios de la droga para la distribución y comercialización en decenas de ciudades de los Estados Unidos y no solamente el control del mercado juarense.
Quien logre asentarse en el territorio chihuahuense tendrá la posibilidad de contar para el traslado de esas mercancías (porque, finalmente eso son) con decenas de miles de jóvenes listos para laborar en tales menesteres, y lo están porque no tienen más opciones que esa.
Más aún, con la renuncia de Reyes Baeza ¿Se acabaría la guerra sostenida en nuestra entidad por dos de los cárteles más poderosos del país, el de los Carrillo y el del “Chapo” Guzmán (por lo menos esa es la información que todos los días nos ofrecen las autoridades lo que explicaría las elevadas cifras de muertos y heridos y la barbarie desencadenada)?
La respuesta es obvia, no. En todo caso deberían renunciar todos los gobernadores y Felipe Calderón, porque si los mandatarios son responsables de las cifras de homicidios de cada una de sus entidades, Calderón es responsable de las bajas ocurridas en el actual sexenio –más de 16 mil- sin que disminuyan ni una sola de las cifras delictivas.
El momento es extremadamente delicado, más para Chihuahua, requerimos de políticos de una estatura distinta, de hombres de Estado, capaces de afrontar el enorme reto y riesgo actuales, y con la necesaria inteligencia para poner en marcha una estrategia radicalmente distinta para enfrentar al crimen organizado, los enfrentamientos que tienen como trasfondo la disputa electoral ni a ellos les servirán.
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