Chapo, promoción criminal

El Diario, 11 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Pareciera de novela policiaca, no lo es. El primer indicio del fracaso absoluto de la operación Rápido y Furioso, instrumentada por las agencias norteamericanas, consistente en dejar comprar –en realidad venderles– armas a las bandas de narcotraficantes mexicanos, fue escalofriante: las armas usadas para asesinar al abogado Mario González, hermano de la ex procuradora Patricia González, eran de esos lotes.

La realidad es peor. La entrega de alrededor de 2 mil 500 fusiles de asalto y otro tipo (suficientes para armar a todo un regimiento del ejército norteamericano compuesto de ese número de elementos) se había hecho a uno solo de los cárteles, el de Sinaloa, jefaturado por Joaquín Guzmán Loera. A ese grupo pertenecía el que asesinara al hermano de la ex procuradora.

Pero no es el único dato que contribuye a una más sombría conclusión, la de que el gobierno norteamericano, o sus agencias, y en ellas algunos departamentos y jefes impulsaron –impulsan– el fortalecimiento de tal grupo delictivo.

Al descubrimiento de la operación Rápido y Furioso se le sumaron dos hechos, la develación de que la Drug Enforcement Agency (DEA) ha lavado dinero del narcotráfico desde 1984 y que uno de los principales beneficiarios de tal operación es precisamente el mencionado grupo criminal. Además, en el curso del juicio seguido a Vicente Zambada, en cortes de los Estados Unidos, la defensa de éste logró que el gobierno estadounidense aceptara entregar al juez una declaración certificada de un testigo protegido, informante de la DEA, y a quien Zambada acusa de ser el enlace entre él y el gobierno norteamericano debido a que el hijo del Mayo Zambada está acusando a éste de patrocinar sus actividades a cambio de denunciar a los otros grupos criminales.

La conclusión no podría ser más obvia: Con estos datos podríamos afirmar que el gobierno de los Estados Unidos le proveyó al Chapo Guzmán armas, dinero y protección oficial. Y cuando decimos protección oficial es la del más alto nivel, quizá hasta la de presionar por todas las vías posibles, incluida la intervención en la elaboración, conducción y ejecución de los operativos en contra de los cárteles del narcotráfico en México, y en la conducción de las fuerzas policiacas y militares mexicanas en tal combate.

Percepción que sería reforzada por las numerosas evidencias de que en la “guerra” de Calderón, se advertiría un favorecimiento a los grupos del Cártel de Sinaloa, como El Diario ha demostrado al efectuar un comparativo del número de integrantes de este agrupamiento y el del Cártel de Juárez, aprehendidos en el curso del combate al narcotráfico.

De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Proceso la semana anterior, “el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera”, exigidas por el juez –documento firmado, además, por el fiscal federal Patrick Fitzgerald– lo que le permitiría no presentarse como testigo en el juicio seguido a Vicente Zambada, en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago.

Esa es la aceptación implícita de que “Loya Castro es el representante legal del Chapo enlace entre el cártel de Sinaloa y la DEA”.

La negativa del gobierno norteamericano a desclasificar la información de la relación de Loya Castro con la DEA, obedece al hecho de que la defensa de Zambada afirma saber de la existencia de un documento en el que Loya y la dependencia norteamericana firmaron el compromiso mencionado por Zambada.

El argumento de la defensa es que la DEA está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes por medio de un acuerdo firmado (cuyas evidencias –arguyen– están en la Corte) con Loya Castro, a nombre del Chapo y de la organización mencionada. “Hasta el momento, el gobierno de Obama no ha desmentido el argumento de la defensa de que El Vicentillo era informante de la DEA, pero niega que haya alcanzado un acuerdo con el hijo del Mayo Zambada”. (Nota de J. Jesús Esquivel, Proceso 1830, 27/XI/11).

En otro inquietante reportaje, aparecido en el mismo número de Proceso, bajo la autoría de Andrew Kennis y Jason Mcgahan, se llega a la conclusión que El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y Furioso. “Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadounidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley”.

La punta de la madeja de tal tráfico de armas lo constituyó el hecho de que el 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez y las pruebas periciales (por supuesto las realizadas por los norteamericanos, los que ofrecen el servicio completo pues facilitan las armas asesinas y luego ellos mismos investigan si las emplearon en las acciones) demostraron ser las de Rápido y Furioso.

Eficientes a más no poder, el mismo día que encontraron el cadáver de Mario González, “Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y Furioso”.

Sólo 8 meses después de estos hechos, los norteamericanos le informaron a la Procuradora General de la República, Marisela Morales, Procuradora General de la República.

“Esa información aparece en el informe Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado”.

Los reporteros afirman que, con base en el informe de los congresistas estadounidenses y otras fuentes, la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa, percepción reforzada por la declaración de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien en una comparecencia “sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y Furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF”.

Las armas usadas en contra del hermano de la ex procuradora de Chihuahua no fueron las únicas detectadas en nuestra entidad. El 30 de abril de este año, el Gobernador del estado, César Duarte, informó del “decomiso más importante en la historia de Juárez”. (Nota de El Diario, 1/V/11). El arsenal incluía una “ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores…”. La casa donde fueron encontradas, sabrían después las policías, pertenecía a “José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez”.

Además, por si fuera poco, armas de Rápido y Furioso fueron las usadas para asesinar a un empleado del consulado norteamericano de Juárez y a dos personas más. Esas armas, dice el secretario de Justicia de EU, Eric Holder, “matarán gente por años” a ambos lados de la frontera.

Sólo nos faltaba saber acerca del financiamiento. Ahora ya lo sabemos: Agentes de la DEA lavaron millones de dólares de cárteles, de acuerdo con la información publicada por The New York Times, (Nota de Ginger Thompson, 4/XII/11).

¿Terminarían, también, en las manos del Cártel de Sinaloa? Probablemente sí, poco nos falta para saberlo, ojalá no después de otros 50 mil muertos más. Pero, esa, es otra historia.

¿Felipe Calderón y su gobierno estarán al margen de esto?

Ojalá sí, ojalá. Imposible estar seguros de ello.