Impunidad norteamericana

El Diario, 13 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Las informaciones acerca de la grosera, torpe e irresponsable intromisión de prácticamente todas las agencias norteamericanas relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando de alcoholes, explosivos, medicamentos; las encargadas de la seguridad nacional y las del espionaje internacional, abruman. Es de tal magnitud que no existe en ellas la menor coordinación con las similares del gobierno mexicano, la cual no sólo es inexistente, sino contraria a los deseos de quienes han efectuado las numerosas operaciones dirigidas a distintas ramas del crimen organizado en México.
No sólo fue la del otorgamiento de armas a los cárteles, ahora se ha destapado la cloaca del lavado de dinero a los distintos grupos de criminales existentes en el país, en maniobras reconocidas por los más altos funcionarios del gobierno norteamericano, en operaciones desconocidas por las autoridades mexicanas, en lo que constituye la más grande operación intervencionista del gobierno norteamericano, desde los tiempos de la Revolución Mexicana, en los asuntos nacionales, ante la cual la respuesta del gobierno federal ha sido la del pasmo, más preocupado en defenderse de las demandas ante organismos internacionales y de la conducción de la elección presidencial.
Pero lo anotado líneas arriba es un asunto de la mayor preocupación, o debiera serlo para quienes dirigen la “guerra” contra los cárteles de la droga, pues tienen a la mano las declaraciones, los testimonios, los documentos, las evidencias plenas de la comisión de una gran cantidad de delitos, por quienes autorizaron el ingreso de armas a nuestro país, las cuales, ya se ha demostrado, se usaron en la ejecución de numerosas personas, algunas de las cuales merecieron el calificativo de alto impacto, como el de Mario González –hermano de la ex procuradora Patricia-, el del agente del ICE, Jaime Zapata, y de Lesley A. Enríquez, empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como el de su esposo, Arthur H. Redelf, ambos ciudadanos estadunidenses, y también el de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, cónyuge de otra funcionaria mexicana que laboraba en esa representación diplomática.
Ahora, las autoridades mexicanas tienen, también, en materia de introducción ilegal de dinero a nuestro país, suficientes evidencias –como en el caso anterior- como para emprender las acciones legales que cualquier gobierno soberano emprendería, ya no en las condiciones en las que nos encontramos nosotros, sino hasta por la comisión de un solo asesinato, ya no se diga por las decenas de miles de homicidios, razón por la cual, incluso el gobierno norteamericano, podría –debería- ser enjuiciado al igual que ahora se ha solicitado se haga con Felipe Calderón y un sinnúmero de funcionarios hasta delincuentes como Joaquín Guzmán.
Es que no se trata de cualquier cosa, el número de armas introducidas –las que se conoce públicamente- y la cantidad de dinero suministrado a los cárteles, es de tal magnitud que ahí podrían explicarse no pocos de los miles de asesinatos ocurridos en el país y que han deteriorado gravemente la seguridad pública.
¿Por qué no inicia la PGR las debidas averiguaciones previas en contra de quienes resulten responsables de los delitos de introducción ilegal de armas, de asociación delictuosa, crimen organizado, homicidio, lavado de dinero y hasta terrorismo, en contra de los funcionarios norteamericanos que han atestiguado en los distintos juicios seguidos en las cortes de EU, y en las comparecencias convocadas por las dependencias legislativas de la Cámara de Representantes y la de Senadores?
¿Asimismo, contra funcionarios de la embajada, consulados y representantes de las agencias norteamericanas en México?
Es que hay un aspecto dejado de lado, en el que se impone la generalizada creencia popular consistente en que se cree en la buena fe de las autoridades norteamericanas. Así sucede en el presente caso, tanto en la operación de la introducción de armas y de lavado de dinero se cree que hubo una sana intención de quienes ordenaron y operaron tales maniobras para aprehender a los integrantes de las bandas criminales, así como el definitivo desmantelamiento de éstas.
¿Y quién puede afirmar, válidamente, que en el curso de las operaciones –o incluso en su misma elaboración- no existió un objetivo distinto al argüido públicamente, es decir, la búsqueda del fortalecimiento de uno solo –o de algunos- de los grupos criminales para mantener el control de la cantidad y calidad de las drogas introducidas a EU?
¡Ah, si hubiera alguien que defendiera la integridad y soberanía nacionales!
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