Auditoría, otra derrota de la sociedad

El Diario, 22 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La designación de Jesús Esparza como auditor superior del Estado es una verdadera derrota de la sociedad chihuahuense. Lo es aun más debido a que fue elegido prácticamente por unanimidad por el Congreso del Estado. Más allá de las capacidades profesionales del nuevo funcionario, el encargado, ni más ni menos que de fiscalizar el ejercicio de los presupuestos del Gobierno del Estado, municipios y organismos descentralizados, cuenta en su haber una desventaja mayor, por lo menos desde el punto de vista de quienes deseamos ver un trabajo profesional y alejado de los partidarismos, y esto es la cercanía con el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Y si la designación de uno de los cercanos al gobernador César Duarte, para que revise el ejercicio de los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad, es deplorable, más lo es la conducta de los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado, especialmente la del Partido de Acción Nacional, que votó a favor del ahora ungido y cuyo líder, Héctor Ortiz, argumentó como válido para votar a favor el hecho de que “sería de las confianzas del gobernador del Estado”, razón por la cual, dijo, adquiría una doble responsabilidad.

De este modo, culmina un nuevo golpe a la débil autonomía del organismo fiscalizador de las cuentas públicas, que se suma a los cometidos en el pasado, sólo por el elevado temor de los gobernantes a sufrir un escrutinio imparcial, profesional, apartidista, del ejercicio del erario estatal, y al no existir esto quien ve vulnerados sus derechos es la sociedad toda.

No se descalifica por el solo afán de hacerlo, el ahora nuevo auditor del Estado procede de una dependencia encabezada por el gobernante estatal, así se trate de un organismo descentralizado, en un momento en el que quien ocupa la silla principal de Palacio de Gobierno ejerce el poder prácticamente sin contrapeso.

Y tal nombramiento se da en medio de una aguda crisis de credibilidad hacia la fiscalización de las cuentas públicas, especialmente las de Juárez y Chihuahua, las que tradicionalmente se han manejado con criterios políticos totalmente alejados de la transparencia y del buen ejercicio de los presupuestos públicos.

Hoy no es la excepción, antes bien al contrario. Lo decimos por las filtraciones de información generadas en la misma sesión en la que se discutieron los dictámenes de las cuentas públicas de estas dos ciudades y la del Gobierno del Estado, esta última aprobada prácticamente sin una sola irregularidad, ni siquiera administrativa, en un presupuesto de más de 34 mil millones de pesos. Increíble. Pero tales son las consecuencias de efectuar tal clase de nombramientos, recaídos en quienes no poseen una de las características fundamentales para realizar bien la fiscalización de las cuentas públicas: la imparcialidad.

Vamos, pueden ser hasta hombres probos, honrados, diligentes, preparados y capaces quienes ocupen tal puesto, pero puestos en el dilema –frecuentemente– de optar por el cumplimiento estricto de sus obligaciones, o guardarle lealtad al gobernante en turno, deciden, siempre, o casi siempre, por la segunda opción.

Y si a lo anterior le sumamos el hecho de que la Auditoría Superior del Estado no es un órgano autónomo, sin capacidad sancionadora y, como el resto de los cargos públicos al escrutinio y voluntad del gobernante nos encontraremos que poco abona a la transparencia y al rendimiento de cuentas de los gobernantes.

No es poco lo perdido por la sociedad chihuahuense en tales mecanismos del poder, forma parte de las negociaciones ocultas practicadas por quienes han ejercido el poder en Chihuahua en los últimos casi treinta años. Si hubiera un aspecto que mostrara lo lejanos que estamos de los niveles de una democracia desarrollada es precisamente éste, el de la fiscalización de los recursos públicos, en esa materia están reprobados los gobernantes de Chihuahua, y su actuación sólo arroja mayor desconfianza y descrédito en la sociedad.