Cuotas partidarias y sus problemas

El Diario, 1 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Torpeza, cinismo, inmoralidad o, simplemente, soberbia, de esa de la buena es la mostrada por los todavía funcionarios del Instituto Estatal Electoral, Hugo Alberto Vallejo Quintana y Trinidad Pérez Torres, hasta ayer encargados del despacho, sin nombramiento oficial, pero ocupando cargos en el órgano electoral y recibiendo estipendios evidenciaron –en el extremo- lo que era una certidumbre en los círculos políticos, y algunos alcanzábamos a apreciar, que el reparto de cuotas partidistas en los organismos electorales abarcaba no solamente a los consejeros electorales, sino, también, y con mayor riesgo, a los puestos en la estructura electoral, fenómeno que se repite hasta la saciedad en el organismo federal.

Todo porque al par de jóvenes funcionarios, y al mismo tiempo militantes del Partido Acción Nacional, se les ocurrió inscribirse como aspirantes a miembros del Consejo Estatal, y ganárselo en la votación ocurrida en la asamblea celebrada el domingo anterior, hechos denunciados en el Congreso del Estado el martes por el diputado priista, Gerardo Hernández Ibarra, quien pidió su destitución porque “atenta directamente a la certeza y legalidad del órgano electoral”.

Además, adujo que –el IEE es la institución encargada de velar por los intereses electorales de la ciudadanía con imparcialidad, objetividad e independencia, por lo que al contar en su estructura con integrantes de algún partido político con una responsabilidad como la que implica una consejería estatal, resulta una situación contradictoria a los fines del Instituto–. (Nota de Hiram Ortega, El Diario, 30/XI/11).

La respuesta, airada, de la fracción parlamentaria del blanquiazul no hizo más que evidenciar tal tráfico de influencias en los órganos electorales que, debemos decirlo, no es de ahora, ni abarca solamente a estos dos partidos. Los legisladores del PAN argumentaron que los del PRI tenían ‘la cola larga’ y usaron como ejemplo el del titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Christopher James Barousse, quien, dijeron, asumió el cargo cuando aún era el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario.

Por supuesto que no hay la misma carga entre uno y otro caso. En tanto Barousse era dirigente partidario, y al mismo tiempo funcionario público, en el que no hay un impedimento legal expreso para que así sea, por lo menos para ese cargo; en tanto que para formar parte de la estructura electoral y al mismo tiempo integrar al órgano dirigente de su partido en el estado tampoco existe un ordenamiento legal que lo impida, sí existe un evidente conflicto de interés y una falta, absoluta, de ética política, pues quienes laboran en los órganos electorales, debieran entenderlo, no pueden –no deberían- formar parte de dirigencia partidista alguna

Por supuesto que en ambos casos, a falta de un ordenamiento, claro, preciso, debiera haber una conducta partidaria alejada del patrimonialismo.

¿Cuál es, realmente, el problema? Uno muy sencillo, el que a cambio de otorgar sus votos en la designación de los consejeros electorales, los partidos y los diputados se reparten, (así, con todas sus letras) los cargos de la estructura electoral, van en el paquete, en una conducta totalmente alejada de los principios que le dieron origen a los órganos electorales, que se pensaban ciudadanizados, para dejar fuera de las decisiones, en primer lugar a las estructuras gubernamentales, y a los partidos políticos, en el afán de alejarnos de la añeja estructura electoral en la que todos los funcionarios de estos órganos formaban parte del PRI, entonces partido casi único.

Poco duró el gusto, en cuanto se repusieron, los partidos encontraron el recoveco y empezó el reparto de cuotas, promoviendo a quienes, de alguna manera guardaban identidad con alguno de los partidos para las consejerías, y como lo espacios eran pocos en esa instancia, decidieron ampliar el pastel. Hoy les estalló en las manos merced a la torpeza de los mencionados. Sorprendidos, los diputados panistas no atinaron a responder con un cuestionamiento semejante y reclamar los puestos de quienes, en el órgano electoral, son de filias priistas, o perredistas, o petistas o panalistas, etc.

Los funcionarios impugnados se cuecen aparte ¿Acaso no llegaron a pensar que trabajar en el órgano electoral y ser parte de la dirigencia estatal de un partido no les impedía, por lo menos éticamente, hacerlo? Y eso que apenas empiezan su carrera.