viernes, 16 de diciembre de 2011

Alcaldes, a espaldas de la sociedad

El Diario, 15 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
¿A quién se le ocurriría la puntada de cobrar un nuevo derecho, ahora municipal, por el uso de un vehículo, de 300 pesos?

La noticia, ocultada aviesamente por los alcaldes y los cabildos en pleno de toda la entidad –dicen los presidentes municipales solicitantes que aparecieron públicamente como tales– es una puñalada trapera a los chihuahuenses, aún antes, siquiera, de ser discutida y en su caso aprobada por los integrantes del Poder Legislativo.

Todos ellos, diputados y alcaldes, en su momento, cuando fueron candidatos, en algún momento de su campaña electoral ratificaron la promesa de sus respectivos candidatos a gobernadores de que se cancelaría la tenencia vehicular y que no se crearía ningún otro impuesto para resarcir a las arcas públicas de la disminución de los ingresos estatales o municipales por esta razón.

Poco nos duró el gusto, y a los funcionarios públicos –emergidos del PRI y del PAN– la congruencia, pues entre los solicitantes del nuevo cobro se encuentran los alcaldes panistas de Camargo, Ojinaga y Delicias, además de los priístas de Juárez, Cuauhtémoc y algunos otros, aunque la página digital Entrelíneas informó ayer que el diputado Enrique Serrano incluyó entre los solicitantes al alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada, quien ya había dejado traslucir en días pasados tal propuesta, contenida en la iniciativa de Ley de Ingresos.

Públicamente, el alcalde de la capital se retractó de tal propuesta, en cambio, el juarense, Héctor Murguía, impulsó la aprobación de un crédito por 2 mil millones de pesos para el mismo fin que ahora intentan crear un nuevo derecho, el del uso de vehículo, que ya se le paga al gobierno estatal, en lo que es todo un dislate jurídico de quienes conducen las finanzas municipales.

Asombra la actitud de los alcaldes porque con la información proporcionada podemos colegir que se trata de una acción concertada entre ellos –y probablemente la administración estatal, y si no es así, ésta deberá deslindarse de semejante aberración– pues no es una casualidad que los solicitantes sean alcaldes del PRI y del PAN. Y presentan tal propuesta a dos días del límite legal para aprobar las leyes de ingresos municipales, para que no levantara tanto revuelo. Es decir, no solamente a espaldas de la ciudadanía, sino a escondidas.

Sorprende, además, la actitud de los ediles pues en lugar de informar, de cara a sus conciudadanos que los llevaron a ese puesto –y por supuesto de quienes no los apoyaron– de tal propuesta, debió ser el líder de los diputados locales del PRI, Enrique Serrano, quien informara de tal propuesta –crear una nueva contribución, “especial” para infraestructura y equipamiento vial– que se destinaría a gastos de mantenimiento de vialidades como es semaforización, señalamientos, entre otras acciones.

Malos augurios podemos inferir de las declaraciones del diputado juarense pues afirmó que la petición de los alcaldes se hizo partiendo de que se redujo el precio de las placas y la eliminación de la tenencia vehicular, actos que, sostuvo, beneficiaron a unos cuantos y ahora se trata de “beneficiar” a los ciudadanos en general, de ahí que, dijo, “es justo el reclamo que están haciendo los municipios; la autoridad municipal tiene que hacerle frente a las calles”. (Nota de Antonio Hernández, Entrelíneas, 14/XII/11).

¡Ah, pos sí

¿En qué cabeza cabe semejante propuesta?

¿Acaso no están viendo las condiciones en que terminaremos el año y las previsiones del siguiente? ¿A este paso cobrarán por el número de personas que viajen en cada vehículo y las distancias recorridas? ¿Valdrá lo mismo, en adelante, transitar por una vía principal que por una secundaria?

¡Ah, pero eso sí, para que los magnates del transporte urbano eleven sus utilidades se les elabora un nuevo sistema de transporte, se les acondicionan las calles, se les construyen las instalaciones necesarias, se les consiguen los créditos para la adquisición de los vehículos y se endeudan los municipios, pero todo a cargo del total de los ciudadanos y no de quienes han obtenido –y obtendrán– pingües ganancias

¡Viva Toño López de Santa Ana, no te has ido!

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