Impunidad absoluta

El Diario, 4 de diciembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La frase, lanzada al aire por quien tomaba posesión del cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, César Duarte, “prendió”, sobre todo en aquella ciudadanía harta de la ola demencial de violencia desatada y de delincuencia sin freno, y más en aquella predispuesta a escuchar de los gobernantes frases tronantes y conceptos terminantes, y no se diga de aquellos que olvidando toda la tradición y cultura asimiladas de la religión católica-cristiana, más proclives a las máximas del islamismo (diente por diente, ojo por ojo), se solazan en exigir la mano dura contra los “malandros”, así no lo sean y sólo parezcan.

El poder se hizo para poder y no, para no poder, dijo el parralense en, hasta ahora, el mejor de sus días –por lo menos como ciudadano– y arrancó carretadas de simpatía, no solamente en sus seguidores reunidos en la Plaza del Ángel de la capital chihuahuense, sino que encontró eco en decenas de miles. Nos encontrábamos en el punto más alto de la ola homicida en las dos urbes mayores del “Estado Grande” y Duarte llegaba cobijado por un discurso extraordinariamente crítico a la administración saliente, encabezada por el deliciense José Reyes Baeza Terrazas, a quien se le señalaba en los corrillos populares –por lo menos– como un gobernante timorato para afrontarla.

En las primeras semanas, el discurso enérgico contra la delincuencia se concretó en la aprobación del Congreso del Estado –de manera fast track– a diversas iniciativas del gobernador, entre ellas, destacadamente, la de la prisión vitalicia –eufemismo adoptado para encubrir el de cadena perpetua– que tenían como objetivo principal el de hacerle sentir a la sociedad chihuahuense que ahora sí había la intención de hacerle frente al crimen, organizado o no.

Pero hete aquí que al cabo de un año de gobierno la peor descalificación a ese discurso provino, no de alguna fuerza política de la oposición electoral, o del vasto y diverso Chihuahua social, no, provino, quizá sin saberlo, o probablemente en el afán de deslindar a la autoridad local de su responsabilidad en la preservación de la seguridad pública, sino de adentro, de muy adentro de la administración estatal.

Extrañamente, los partidos políticos de oposición (bueno, el PAN, porque a los otros difícilmente, en el entorno local, podemos ubicarlos en ese campo) callaron.

El fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, declaró que estaban en riesgo de no resolverse alrededor de 6 mil asesinatos, de los presentados en Juárez (y el Valle de Juárez) de 2008 a la fecha, debido a que “la Fiscalía General del Estado reporta carecer de medios suficientes para aclarar este tipo de ilícitos”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 15/11/11)

“Me da mucha pena decirlo, pero un gran número de estas carpetas, si no hacemos lo que tenemos que hacer en coordinación con las autoridades federales, van a ser investigaciones muy difíciles que van a ir avanzando muy lentamente o que no van a avanzar… Y esto lo digo con toda la sinceridad, por las limitaciones que tenemos aquí, una fiscalía local está limitada a la localidad”.

Esa cifra deriva del análisis efectuado en conjunto con los agentes del Ministerio Público Federal que trabajan en las oficinas de la Fiscalía del Estado, pues llegaron a la conclusión que en esos homicidios se presumen “efectuados por grupos de la delincuencia organizada”. (Ibídem).

Argumentó que probablemente todos pueden ser atribuidos a tales grupos pero jurídicamente son los únicos que reúnen, documentalmente, los requisitos para ser catalogados de esa manera.

A pesar de tal realidad, la PGR no los ha atraído a la esfera federal, porque argumenta que los delitos deben reunir características tales como la participación de tres o más personas, la existencia de un acuerdo previo entre ellas y que lo hayan hecho reiteradamente.

El fiscal González esgrimió algunas impedimentas de las autoridades locales para afrontar a la delincuencia organizada, entre ellas el de que no pueden solicitar los estados de cuentas bancarias, ni las listas de llamadas de teléfonos celulares, ni la intervención de los teléfonos para realizar alguna investigación.

Al día siguiente, la misma reportera informó que de acuerdo con fuentes de la fiscalía, los “homicidios cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, como los fusiles de asalto AK-47 o pistolas 9 milímetros, son los más susceptibles a ser clasificados como crímenes de la delincuencia organizada y, por tanto, poco probable que sean resueltos en la Fiscalía General del Estado”.

Más aún, en la mayoría de los casos existe la presunción de la participación de más personas, además de las que hubiesen disparado, indicios que demuestran que “el delito fue cometido por personas involucradas en el crimen organizado”.

Pero si aceptáramos como buenos los argumentos del Fiscal, existe otro problema, no menor, y es que el mismo funcionario informó que existen 22 agentes del Ministerio Público adscritos a la investigación de los homicidios cometidos en esa zona, lo que llevaría a que cada fiscal tiene a su cargo las indagatorias de ¡Casi 300 homicidios

Sin embargo, la reportera informó que “el personal entrevistado ayer reportó continuar con una carga de 500 a 600 carpetas de investigación”.

Pero, bueno, ese es el total acumulado de ejecuciones, las del sexenio pasado y las del actual, de rezago tan grande podría no tener la responsabilidad la actual administración, el problema está en que hasta el día de ayer se habían presentado 2 mil 847 ejecuciones en el presente año, más las ocurridas en los dos últimos meses del año anterior –poco más de 600– lo que haría un total de más de tres mil 200 en el presente gobierno y de las cuales deberían estar informando del estado que guardan tales investigaciones, el número de detenidos por tales casos y los sentenciados de manera definitiva, para poder ufanarnos de que la cultura de la legalidad inició ahí en donde tienen la principal de las responsabilidades en esta materia.

¿Y qué tenemos como resultados?

En primer lugar, y no se escatima reconocimiento, la detención de numerosos acusados de ser autores de varios secuestros y extorsiones, lo que ha arrojado una disminución de tales delitos, pero del esclarecimiento de la mayor parte de los homicidios ocurridos, nada, entre ellos algunos de los más emblemáticos. Además, un desmesurado crecimiento del robo de vehículos en Juárez, especialmente los cometidos a mano armada.

No descubrimos el agua tibia al afirmar que tal situación, de gravísima impunidad, es un perfecto círculo vicioso y da pie a la comisión de una gran cantidad de delitos pues los delincuentes tienen, ellos sí, la certeza de que muy probablemente no serán detenidos, de ahí a que atentados tan dolorosos –todos lo son, pero algunos lo son aún más– como el realizado en contra de Norma Andrade, caiga en la incertidumbre de si fue producto de la violencia generalizada presente en Juárez, o bien, una agresión más a una activista social, ciertamente retirada desde algunos meses atrás, pero cuya hija, Malú García Andrade, ha sufrido diversas agresiones y amenazas que la han llevado a abandonar el antiguo Paso del Norte.

Razones por las cuales no puede desestimarse un ataque de tal naturaleza que, por otro lado, sólo escepticismo despiertan las declaraciones de las autoridades de que, ahora sí, encontrarán a los responsables. Porque aún está presente la salvaje agresión a la familia Reyes Salazar, a la que prácticamente desintegraron y en la que lo mismo atacaron a quienes participaban activamente en el movimiento social, como a quienes no lo hacían, y todo lo anterior sin anotar el asesinato de Marisela Escobedo, a un año de su comisión y sin dato alguno de su esclarecimiento.

Ante realidad tan aplastante es obligado hacer una pausa; ciertamente la ola homicida tiene un componente nacional –muy importante– pero el esclarecimiento de los homicidios es parte consustancial a la implantación del Estado de Derecho, y en ello tiene una elevada responsabilidad la actual administración, a la que se le puede revertir, y de muy fea manera, la elocuencia discursiva de la toma de posesión.

Porque si bien podemos argumentar que el hecho de que Chihuahua haya alcanzado el primer lugar nacional en la comisión de delitos –según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, elaborada por Inegi– pero con datos del 2010, (Nota del Staff, El Diario, 22/IX/11) al momento de que se presente la correspondiente al presente año, las cuentas no serán tan optimistas como en las esferas oficiales quisieran. De esa dimensión es el reto.